Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 6 de octubre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Muchos exigen – a los gobernantes – hacer obras. Obras como hospitales, escuelas, carreteras, etc. Pero el Presupuesto Público está más orientado al gasto corriente – o sea, a la gestión de los servicios públicos – que a la inversión en obras de infraestructura.

Ahora bien, detrás de las obras suele estar escondida la corrupción. Por lo que esas exigencias no – siempre – son por amor al chancho, sino por amor a los chicharrones. 

En fin… el hecho es que la ciudadanía – numerosa y silenciosa – merece mejores servicios públicos. Aparte de una buena educación, la población requiere deporte, cultura y ciencia. Los pacientes detestan la crueldad de las colas – y el maltrato – en los centros de salud. Y ¡qué sentirán cuando tienen que pagar – por lo bajo – por un servicio gratuito!

Las licencias de conducir deben entregarse en el acto – sin coimas de por medio – a quienes hayan cumplido los requisitos de ley. Es decir, a quienes hayan aprobado los exámenes médicos, de conocimientos, y de manejo. No a una damita – hija de un congresista – que jamás rindió ningún examen… por el solo hecho de ser hija de papá.

Vamos… hay que desenmascarar a los corruptos. Y si son poderosos… con mayor razón. Y si son trabajadores del Gobierno Regional… sancionarlos como corresponde. Sin abusos ni arbitrariedades. Más sí, con todo el rigor de la ley.

No hay que quejarnos del Gobierno Central – o del MEF – por falta de presupuesto para inversión. Más bien, los gobernantes debemos mejorar los servicios de nuestras jurisdicciones, con el – mucho o poco – presupuesto que tengamos.

En el Gobierno Regional de Ica – por ejemplo – nuestro presupuesto es más o menos S/. 700 millones anuales; de los cuales S/. 640 millones son para gastos corrientes y – apenas – S/. 60 millones para inversiones. Nos guste o no, así es el tema en la Región… y en el resto del país.

Por tanto, la lectura de la situación es así… dedícate a gestionar bien tu presupuesto. Concéntrate en mejorar los servicios de salud, educación, transportes, etc. Prioriza las obras de infraestructura porque solo vas a poder hacer unas cuantas. O mejor dicho… unas pocas. Y dale su merecido a los corruptos.

Pues bien, en eso estamos… mejorando nuestros servicios públicos. Padres de familia, escolares, pacientes, y público en general… poco a poco, cada vez más ciudadanos reconocen las mejoras que estamos logrando en todas nuestras direcciones regionales.

Nuestros críticos saben – aunque jamás lo van a reconocer públicamente – que hemos reducido al mínimo las colas en los hospitales de Nasca, Regional Ica, Socorro Ica, y Pisco; y para fin de año habremos logrado lo mismo en nuestros hospitales de Palpa y Chincha. Es decir, nuestro compromiso de “cero colas” en los seis hospitales de la Región, está a la vuelta de la esquina.

Más consultas externas. Menos tiempos de espera. Más y mejores intervenciones quirúrgicas. Mejor trato a los pacientes. Sanción a los cobradores coimeros. Transparencia y meritocracia en los concursos públicos. Eso está ocurriendo en nuestros hospitales.

Y lo mismo está sucediendo en nuestras demás dependencias… en todas. Incluidos los Centros de Servicios Subregionales, donde la población es atendida en sus respectivas provincias, sin tener que movilizarse hasta la sede del Gobierno Regional en Ica.

Al mismo tiempo, los corruptos están saliendo a la luz… como tenía que ser. Lo lamento por ellos. Pero las personas corruptas – aparte de estar podridas por dentro – suelen maltratar a los ciudadanos. Por ello – precisamente – está mejorando la atención del Gobierno Regional… porque cada vez quedan menos funcionarios corruptos en la institución.

Reitero lo dicho en ocasiones anteriores. Mientras haya corrupción… habrá confrontación. Y nos está yendo bien. Los corruptos – y los periodistas que los apañan – están profundamente perturbados… histéricos. Sus denuncias no tienen ni pies ni cabeza. ¡Buena señal! Eso significa que estamos pisando callos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 29 de Setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Cuando asumió el cargo el año pasado, el Presidente Kuczynski tuvo una ocurrencia muy comentada… entregó a sus ministros un listado de siete mandamientos, los cuales – al igual que los 10 mandamientos del catolicismo – debían guiar el accionar de su equipo de gobierno.

“Debes ser absolutamente incorruptible” dice el primer mandamiento. Los siguientes mandamientos – del segundo al sexto – tienen que ver con la modestia, el trato a las personas, el conocimiento del país, los ministerios, y la PCM. El último mandamiento – el sétimo – dice así: “Toma las cosas con calma, sonríe y reza”.

Analicemos – brevemente – el último. Estamos de acuerdo… siempre es bueno tomar las cosas con calma, sonreír y – sobre todo – rezar. El atolondramiento no es bueno… y menos en gestión pública. Pero el extremo opuesto tampoco es bueno. Por ejemplo… algunos funcionarios – digamos flojos – podrían interpretar este mandamiento como “Ráscate la panza, no asumas ninguna responsabilidad, aplica la mecedora, y finalmente… sonríe y reza”. Y eso no es – precisamente – lo que quiere el Presidente.

Al contrario, a veces hay que tomar al toro por las astas y actuar con prisa y sin pausa; incluso hay ocasiones en las que es mejor no sonreír y proceder con severidad – sobre todo – frente a la corrupción e indolencia de algunas personas. A la corrupción hay que confrontarla, caiga quien caiga… rápido.

Lo de rezar – eso sí – hay que rezar… siempre. Sin embargo, no deja de causarme gracia ver cómo algunos corruptos – con un cinismo de telenovela – también rezan… ¡y con qué devoción! Pero ese es otro tema. Además – estoy seguro – el Señor de Luren sabe perfectamente quién es quién en su rebaño.

El hecho es que – con las aclaraciones del caso – los siete mandamientos de PPK son muy pertinentes, y constituyen una buena guía para todos los que estamos involucrados en la gestión pública. Tomarlos en cuenta a la hora de gobernar, es – ciertamente – un buen consejo.

Sin embargo – y a eso quería llegar – me parece que al primer mandamiento le falta algo. Como que está incompleto. En mi opinión, al “Debes ser absolutamente incorruptible”, yo le agregaría – y en mayúsculas – “… Y DARLES SU MERECIDO A LOS CORRUPTOS. Yo completaría así el primer mandamiento.

Y para que se entienda bien… darles su merecido a los corruptos es simplemente sancionar – con todas las de la ley… y en al acto – a los funcionarios o servidores que cometan faltas en el ejercicio de sus funciones. Y desenmascarar – porque no se les puede sancionar formalmente – a los corruptos que gozan de inmunidad o autonomía, como ciertos congresistas, consejeros regionales, periodistas, dirigentes gremiales, etc.  

Es que no se puede gobernar – siendo absolutamente incorruptible – con permisividad o pusilanimidad frente a gente corrupta enquistada en las gerencia o direcciones de nuestras instituciones públicas; inclusive con gente corrupta en los mandos medios o bajos del aparato estatal. No se puede gobernar – siendo absolutamente incorruptible – sin pararle el macho a políticos o personas en general, que exigen favores indebidos como dar trabajo a allegados, o contratar a amistades para hacer obras o adquisiciones sin la transparencia debida.

Tampoco se puede gobernar – siendo absolutamente incorruptible – con funcionarios que abandonan su trabajo y cobran como si nada. O con funcionarios que rinden cuentas de viáticos con facturas falsas. ¡Cómo se va a gobernar – bien – con funcionarios que encarecen presupuestos para cobrar coimas – previamente – concertadas con proveedores de su misma calaña! No se puede gobernar sin combatir a las mafias que trafican con licencias y permisos que sólo ellos pueden otorgar.

Puesto en positivo… hay que gobernar con gente honesta, eficiente y servicial, como los muchos servidores del Gobierno Regional de Ica.

Entonces… “debes ser absolutamente incorruptible… Y DARLES SU MERECIDO A LOS CORRUPTOS”. He ahí el primer mandamiento del Gobierno Regional de Ica. Y perdón por la apropiación intelectual de los demás mandamientos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 22 de septiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Los maestros levantaron la huelga que dejó sin clases a millones de escolares durante varias semanas en – prácticamente – todo el país. Una lástima… tanto para los escolares que quedaron a la deriva en materia educativa, como para los maestros que la pasaron mal – muy mal – en las interminables manifestaciones y marchas de protesta.

La apreciación general quedó más o menos consensuada. Los maestros tienen motivos – de sobra – para protestar. Están mal remunerados. El Estado les tiene una cuantiosa “deuda social” que se viene pagando con cuentagotas. Las pensiones de jubilación son pobrísimas. Con justa razón – en el aspecto remunerativo – los maestros se han ganado el aprecio y el respaldo de gran parte de la ciudadanía.

Más bien, lo que no ha quedado claro – y valdría la pena que se aclare – es si los docentes aceptan – o no – la evaluación por desempeño. A ese respecto, la ciudadanía sí la tiene clara… los maestros deben ser capacitados y evaluados – como todo el mundo – para permanecer y escalar en la carrera magisterial. Y si luego de tres evaluaciones – el docente – saliera desaprobado, debería dejar el magisterio… al menos en el Estado. Eso es lo correcto… eso es lo justo.

Pero no. Muchos maestros – sobre todo dirigentes – se han mostrado retrecheros respecto al tema de la evaluación. “Sí, pero no” ha sido la expresión más recurrente de los líderes del magisterio. Como que se están haciendo los locos con la evaluación que – dicho sea de paso – es un tema no negociable. En ese sentido, estamos de acuerdo con el Ministerio de Educación. ¡Sí a la evaluación por desempeño… sí a la meritocracia en el magisterio!

En síntesis, los maestros han quedado bien, más no sus dirigentes. Intransigencia, radicalismo vandálico, afán de figuración, politiquería barata… esa es la impresión que dejaron los dirigentes magisteriales en la conciencia ciudadana. Mucho afán de figuración y poco afán por la educación.

En fin… el hecho es que la huelga terminó. ¿Y ahora…? “¡Ahora, pues!” Ahora tenemos que tragarnos el sapo. Ahora – lamentablemente – tenemos que aplicar los descuentos a los maestros por los días no trabajados y recuperar las clases perdidas. Para ello, los maestros – que acataron la huelga – están trabajando horas extras, sábados y feriados, hasta completar el tiempo perdido. En ese sentido – escuchen bien – los maestros que recuperen las clases perdidas recuperarán también sus remuneraciones. Obviamente, el pago se hará progresivamente, conforme vayan recuperando las clases.

En realidad, la ley peruana es muy sencilla y justa; hora trabajada… hora pagada. O lo que es lo mismo; hora no trabajada… hora no pagada. Una perogrullada que – al parecer – no le entra en la cabeza a ciertas personas. Pero ni modo… el Gobierno Regional de Ica está para que la ley se cumpla en su justa medida, tal como – en su momento – fue esclarecido por el mismísimo Contralor General de la República.

Por ello resulta deplorable que autoridades como la Congresista Betty Ananculí, la Consejera Regional Dery Gonzales, y – por supuesto – algunos dirigentes confundidos conminen al Gobierno Regional a no realizar ningún descuento a los maestros huelguistas. Eso sería ir contra la ley, y no lo podemos aceptar.

Más bien, invocamos a nuestros maestros a seguir con el plan de recuperación de clases – el cual se viene cumpliendo a la perfección – para que recobren sus haberes lo antes posible.

Por otro lado, la Dirección Regional de Educación ha diseñado un programa de capacitación – complementario al del Ministerio de Educación – para que nuestros maestros obtengan excelentes calificaciones y asciendan a lo más alto del escalafón magisterial.

¡Estamos – pues – con los maestros! ¡Sí a las mejoras salariales! ¡Sí a un mayor presupuesto público para educación! Pero también… ¡sí a la meritocracia y a la evaluación por desempeño! Que todo sea por nuestra niñez y juventud escolar. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si el nuevo gabinete que preside Mercedes Araoz quiere afianzar la gobernabilidad y realizar las reformas que el país necesita para salir de la trampa de los ingresos medios, tiene que empezar por acercarse a los sectores menos conectados al mercado y al mundo de la formalidad. Tiene que establecer puentes con los sectores menos integrados, con el pueblo. Tiene que cambiar el signo del gobierno y a percepción que existe acerca de él.

Fuente: martarepupilli.com

En el campo

Desarrollo rural integral, Sierra Productiva y reconversión de Juntos

Lo primero es enganchar con el vasto número de familias campesinas andinas, para apoyar decididamente sus esfuerzos de incorporación económica y cerrar de una vez por todas la vieja herida colonial. Para ello necesitamos una política de desarrollo rural integral agresiva. Eso significa:

• Masificar los reservorios familiares
• Multiplicar el riego por aspersión
• Desarrollar pastos cultivados
• Y otras tecnologías de Sierra Productiva en las familias campesinas (comenzando con 100 mil familias)
• Reconvertir Juntos de manera gradual en un programa productivo para que las familias pasen de recibir dinero a generarlo -elevando su dignidad
• Integrar estas políticas con las de vivienda y saneamiento rural, con los programas de lucha contra la desnutrición y la anemia, con la transformación de las escuelas rurales en escuelas productivas y con los Institutos Viales Provinciales.

Todo esto articulado desde la PCM como programa integral prioritario.

Titulación

Al mismo tiempo, empoderar a las comunidades y familias con la titulación de la propiedad comunal y también individual o familiar al interior de las comunidades que lo pidan, para ponerlas en igualdad jurídica con el resto de la nación, permitirlesuna relación más horizontal con las empresas mineras y que puedan firmar contratos para la siembra de plantaciones forestales maderables en sus tierras, con empresas forestales modernas. Esto mismo en la Selva, donde, además, hay 300 mil familias que producen 450 mil has. de café que podrían triplicar sus rendimientos si hubiese una política de mejora de la productividad.

Alianza con los pequeños mineros

Cesar el acoso legal contra los mineros informales derogando los decretos legislativos que establecen requisitos que no se pueden cumplir, y pasar a una política de formalización y de apoyo tecnológico a los pequeños mineros a partir de la fiscalización de las plantas procesadoras.

En las ciudades

Incorporación masiva a Essalud y pensiones

En las ciudades el gobierno podría avanzar rápidamente con la incorporación de la gran cantidad de independientes e informales a Essalud y al sistema de pensiones permitiendo que parte del IGV que pagan en las compras que hacen puedan aportarlo a esas instituciones, tal como lo ha propuesto Lampadia. Esto, de paso, ayudará a la formalización y a una mayor recaudación, facilitadas también por la masificación de los comprobantes de pago electrónicos que podrían ser emitidos desde cualquier celular. El ministerio de la Producción deberá convertirse en una gran agencia de desarrollo de los pequeños negocios. 

CLAS en postas y escuelas

Lo ideal sería restablecer los Comités Locales de Administración de salud (Clas), donde las comunidades locales conforman un directorio que gestiona las postas médicas. Y hacer lo mismo con los colegios, devolviéndoles autonomía, y transferir los mejores colegios a sus profesores dentro de un sistema de vouchers o cupones, como propuso en su momento Pablo Bustamante.

Simplificación y anti corrupción

La presidenta del Consejo de Ministros debería, además, desplegar un liderazgo activo en las políticas de simplificación administrativa, eliminación de procedimientos que no pasen el análisis de calidad regulatoria, la aplicación de tupas estandarizados y la digitalización del Estado, haciendo ver como eso facilita la vida al ciudadano y al empresario.

Estas reformas deben venir acompañadas de una fuerte campaña contra la corrupción movilizando denuncias de la gente. Hay que generar una cruzada anti corrupción.Y exigir el ISO Anti-soborno a todos los estudios de abogados y empresas constructoras que contraten con el Estado.

Meritocracia

Pero un Estado al servicio de la gente supone un Estado profesional y meritocrático. La meritocracia debe convertirse en una gran causa. Al respecto, lo primero es ponerle voluntad política a la implementación del régimen de la ley de Servicio Civil, que no parece estar en el radar del gobierno, en todo el Estado, incluyendo los gobiernos sub nacionales donde el patrimonialismo cunde. Complementariamente, la PCM podría crear una comisión para diseñar la reforma de la descentralización, a fin de recuperar la eficiencia de la gestión estatal.

Atención primaria de la justicia penal

Además, en las ciudades es necesario atacar de manera efectiva la inseguridad y la impunidad, que afectan más a los que menos tienen. Se trata de ponerle más fuerza a las políticas basadas en la colaboración municipal-policial y al programa de Barrio Seguro, yendo a una policía comunitaria. Pero, para frenar la desalentadora sensación de impunidad que se manifiesta cuando se libera a pequeños delincuentes y raqueteros, es necesario juntar en locales municipales a la Policía, un fiscal, un juez y una carceleta, de modo de poder condenar a penas de días o semanas a dichos pequeños delincuentes, juzgándolos en flagrancia de ser posible. Es decir, establecer una política de atención primaria de la justicia penal. El Acuerdo Nacional por la Justicia debería servir para coordinar y expandir esta política, que contaría con la facilidad de que los locales serían proporcionados por las municipalidades distritales.

La gran inclusión laboral

Una vez que el gobierno ha establecido una alianza clara con los sectores populares rurales y urbanos a través de estas distintas políticas y programas, entonces puede plantearse buscar un diálogo profundo con la CGTP, la CTP y las fuerzas políticas para buscar una legislación laboral inclusiva, que permita que esos mismos sectores populares, que no tienen derechos laborales, empiecen a tenerlos. Esta sería la revolución inclusiva más importante de las últimas décadas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso está dedicada a debatir y aprobar las normas que permitan regular mejor las elecciones municipales y regionales del 2018,[1] pero todavía no aborda las reformas de fondo necesarias para reconstruir un sistema de partidos funcional, asegurar la gobernabilidad y mejorar la representación, ni, como veremos, existe aun consenso sobre ellas.

Fuente:  Blog: Polítika

Entre los congresistas no parece existir conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma política de verdad o se encuentran cómodos con la manera como llegaron al Congreso y no quisieran cambiar el statu quo. Son producto de la disfunción y por eso no ven la necesidad de remediarla.

Pero basta revisar el último proceso electoral para advertir las características del problema. El libro “Perú, elecciones 2016”, cuyo editor es Fernando Tuesta, contiene ensayos muy ilustrativos al respecto. Varios de ellos dan cuenta de cómo se manifestó en esa elección la naturaleza altamente personalista de la política peruana y la inexistencia de partidos propiamente tales: la gente vota por la persona, y los partidos son meros vehículos para la movilidad política de los candidatos.

Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, por ejemplo, muestran cómo los candidatos al Congreso han postulado antes a cargos sub nacionales por diversas agrupaciones regionales o locales, o al propio Congreso por partidos políticos distintos al que en esta ocasión los postula. Lo que hay es una altísima movilidad. Los partidos no tienen existencia propia. Son meros vehículos, como decíamos. Milagros Campos anota cómo el transfuguismo, es decir, cambiar de partido, es una manera de reelegirse.

Y el problema es que las reglas electorales y las que regulan las organizaciones políticas agravan esta situación. Más específicamente, impiden que los partidos se institucionalicen y socavan la democracia interna o colisionan con las normas que la regulan. Así, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca demuestran cómo los miembros o militantes de los partidos tienen pocas posibilidades de alcanzar las candidaturas congresales, puesto que éstas son obtenidas por políticos regionales (líderes de movimientos regionales) en negociaciones directas con los dirigentes del partido, quienes los escogen porque ya son conocidos y por su capacidad de aportar recursos.

Evidentemente, si las élites partidarias prefieren captar políticos regionales competitivos sin vínculos con la organización,  ¿para qué elecciones internas? Ellas y los Comités Locales se convierten en un problema.

Esta simbiosis entre partidos y movimientos regionales o locales atenta no sólo contra la democracia interna en los partidos sino también contra la propia consolidación de los partidos políticos en el territorio. En cada elección municipal el porcentaje de alcaldes que pertenece a movimientos regionales es mayor, y los partidos tienen cada vez menos presencia, pero eso no es problema a la hora de las elecciones nacionales porque los partidos reclutan precisamente a esos líderes conocidos y acaudalados de movimientos locales.

De lo que se desprende que una reforma necesaria sería eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones subnacionales o ponerles requisitos más fuertes para inscribirse y participar, u obligarlos a adscribirse a un partido.

Pero allí no queda la cosa. En este contexto, el voto preferencial resulta funcional a las dirigencias partidarias porque incentiva a los candidatos al Congreso a hacer campaña con sus propios recursos, sin necesidad de usar recursos del partido, promoviendo de paso la imagen del candidato presidencial. Pero, claro, esto se hace a costa de una plataforma programática cohesionada y genera una competencia fratriciada entre los candidatos del mismo partido.

En suma, movimientos regionales liderados por políticos locales con recursos,  y voto preferencial, son instituciones que se refuerzas mutuamente, pero a costa de la institucionalización partidaria y de la democracia interna. No tiene sentido exigir formas mas acabadas de democracia interna si no cambiamos la combinación perversa de movimientos regionales con voto preferencial.

La solución acá es pasar a un sistema para elegir congresistas basado en distritos uninominales (o binominales), donde el candidato haría campaña pero contra los candidatos de otros partidos, no del suyo propio, eliminando el  efecto perjudicial de la competencia fratricida y de la destrucción del mensaje programático único. Este sistema tiene además un efecto reductor en el número de partidos y resuelve el problema de la representación porque el elector sabe quién es su representante y puede comunicarse con él. Le da sentido real a la democracia.

Por supuesto, un corolario de la complementariedad entre movimientos regionales y voto preferencial en la elección de los congresistas, es la fragmentación posterior de las bancadas parlamentarias, pues no existe realmente identificación partidaria.

Lamentablemente, no existe entre los congresistas de Fuerza Popular conciencia del efecto de estos mecanismos en la institucionalidad partidaria, y no hay consenso acerca de las reformas necesarias para prevenirlo. Ursula Letona me confesó de manera sincera que “hay mucha reticencia a eliminar el voto preferencial porque somos fruto del voto preferencial”. Pero más grave aun fue el desconocimiento de sus efectos: “creo que el esquema se ha mantenido porque no resulta tan dañino para la democracia, yo creo que más importante es cómo se genera la lista de candidatos, tiene que haber un sistema que le permita también al partido colocar candidatos”. Luego le pregunté:

-¿Pero tú no crees que se pueda eliminar el voto preferencial y canjearlo por un sistema uninominal?

-“De lo que he visto, no. No he visto ningún consenso”, me respondió.

Daniel Salaverry es de la misma opinión: “No hay una decisión de la bancada aún en esos temas, sin embargo mi opinión es que se puede mantener el voto preferencial”.

Si dos importantes representantes de la bancada mayoritaria están en contra de eliminar el voto preferencial, parece claro que esta reforma fundamental no se realizará. Y como tampoco se está planteando nada en el sentido de eliminar la participación de los movimientos regionales o poner requisitos mas fuertes para ella, pues se mantendrá el síndrome destructivo de la institucionalidad partidaria.  

Salaverry quizá se da cuenta de que mantener ese esquema impide la democracia interna, y tal vez por eso se opone a que los organismos electorales organicen las elecciones internas en los partidos. Obvio: las dirigencias tienen que poder reclutar a políticos locales con recursos. Si hay elecciones internas supervisadas, ese margen se achica.

De otro lado, sin embargo, el dictamen del grupo de Patricia Donayre mantenía el requisito para inscribir un partido de reunir un número de firmas equivalente al 4% del padrón electoral. Es una valla muy alta. Si se mantiene, se tiende a consolidar el monopolio de los partidos ya inscritos, lo que obligaría a que se conviertan en verdaderamente democráticos de manera que cualquiera que quiera hacer política y no tenga mas remedio que ingresar a un partido existente, pues tenga las garantías de que se respetará la voluntad de los electores internos si postula a un cargo partidario o a una candidatura.

Pero no hay consenso para que las elecciones internas sean universales –un militante un voto- ni para que los organismos electorales organicen dichas elecciones. Y menos serían éstas congruentes con mantener la nociva diada movimientos regionales-voto preferencial.

De modo que no hay lógica ni reforma por ninguna parte. Eso sí, Ursula Letona está de acuerdo –aunque a título personal- con el restablecimiento de la bicameralidad y con  la elección del Congreso junto con  la segunda vuelta presidencial o después de ella. Pero Fuerza Popular no ha discutido aun estos temas. Lampadia

Después de un decepcionante primer año de gobierno, manejado por tres economistas, el presidente, el premier y el propio ministro de economía, el bi-ministro a cargo de la PCM y del MEF, Fernando Zavala, nos presenta un nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el período 2018-2021.

El MMM se propone dinamizar la economía a través de la llamada “senda de la recuperación” en tres fases, con el objetivo de aumentar el gasto hasta el 2018 y, posteriormente, reducir el déficit fiscal, para lo cual tendrán que impulsar un aumento en los ingresos del gobierno, además de apostar por un aumento considerable en la inversión privada. Una ecuación con varias incógnitas, ¿lo lograremos?

La proyección del crecimiento para el 2017 se ha revisado hacia abajo varias veces. El año comenzó con un anuncio del Banco Mundial que proyectaba un crecimiento del PBI del Perú de 4.2%. Para febrero, seis entidades ya habían reducido su previsión de crecimiento a aproximadamente 3.5%. Ahora el MEF anuncia un crecimiento de tan solo 2.8%, la Cepal plantea 2.5% y Apoyo Consultoría 2.1%.

La situación es pues, verdaderamente grave, el Perú se ha alejado de su positivo ciclo de inversión y expansión y, en el mejor de los casos, se encamina a un crecimiento mediocre de un 4% anual a partir del 2018.

No hemos llagado a esta situación por impactos externos, sino fundamentalmente por daños auto infringidos; primero por el gobierno de Humala que cortó la inversión minera y sus encadenamientos multisectoriales, con lo que se paralizó el crecimiento; y luego por no haber enmendado las cosas desde el cambio de gobierno del año pasado. Lo más reciente, los errores del gobierno de PPK (ver El Gobierno tiene que reaccionar – ¡YA!), los hemos resumido como:

• Mantener el coqueteo político con el humalismo y las izquierdas
• Definir la orientación política del gobierno en función de su enfrentamiento con FP
• No haber enfrentado los llamados conflictos sociales, especialmente en minería y turismo
• No haber destrabado las inversiones en infraestructuras
• El ‘Friaje de Thorne’, que cortó el gasto público y colapsó la demanda interna
• No haber evitado la parálisis de los proyectos de infraestructuras, la caída del sector construcción y llevarnos a enfrentar el riesgo del corte de la cadena de pagos, por el escándalo de corrupción del Lava Jato. (Por ejemplo, no haber seguido lo recomendado oportunamente por Lampadia, Riesgo de ‘bust-crediticio’ en el Perú).

Como dijimos en Lampadia el 15 de agosto pasado, Solo el crecimiento salvará al Perú. El Perú no puede resignarse a la mediocridad, nuestra tarea por el desarrollo integral y la búsqueda del bienestar general nos exigen algo mejor, máxime, teniendo los recursos y el potencial para emprender una revolución productiva.

Es pues muy preocupante que el MMM revise a la baja el crecimiento de los próximos años, que el MEF estimaba antes en un ya limitado 5%. “El PBI se acelerará a 4.0% en el 2018 y consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4.0% en el 2019-2021”.

Veamos qué quiere hacer el MEF. El gobierno ha desarrollado un programa de tres fases:

• 1era Fase: Busca la aceleración de nuestra economía mediante una política fiscal expansiva, orientada principalmente al proceso de reconstrucción (obras de rehabilitación y prevención), la continuación de la refinería de Talara y al despliegue de infraestructura para los Juegos Panamericanos.Según el MMM, esta mayor expansión fiscal, a través de los distintos encadenamientos que genera, dinamizaría la actividad económica y mejoraría las expectativas de los agentes económicos. Como dice Apoyo, en el Norte y Lima se dinamizará la economía, dejando al Sur en figuritas. Ver: La economía tendrá un rebote en el 2018 y se sentirá con más fuerza en Lima y el norte del país.
• 2nda Fase: Gracias al impulso del 2017, el 2018 debería empezar con una aceleración de la inversión pública (17.5%) debido a la reconstrucción (1.2% del PBI) y las obras de construcción de los Panamericanos (0.3% del PBI). La inversión privada crecería 3.5% gracias a un alza en los precios de metales y el destrabe de importantes megaproyectos de infraestructuras y mineros. Sin una estrategia adecuada para enfrentar a los anti mineros, es muy difícil que se ejecute algún proyecto minero importante, sobre todo después de la debilidad mostrada durante la huelga de maestros.
• 3era Fase: En el periodo 2019-2021 se consolidaría la recuperación de la economía, llegando a un crecimiento de 4% en un contexto de retiro gradual del impulso fiscal, mayor dinamismo del sector privado y condiciones externas favorables.
  Para lograrlo, será necesarioavanzar en la simplificación de los procesos de inversión, mejorar la calidad regulatoria, reducir los costos logísticos, dar un mayor impulso a la inversión en infraestructuras e impulsar a los sectores con un amplio potencial de productividad como el de la acuicultura, forestal, turismo y minero. 

Las primeras reacciones con respecto al informe del MMM han sido de incredulidad. Entre los temas más debatidos están las proyecciones fiscales, las cuales muestran incremento de la deuda pública (de 25.9% del PBI para el 2017 hasta 27.8% del PBI en 2021), llevándolocerca de su límite legal.

Además, en el caso de los ingresos públicos, que han venido cayendo, el MMM destaca que si bien las proyecciones incluidas para el 2017-2018 están en línea con lo propuesto, el cumplimiento de los supuestos para el 2019-2021 dependerá de la efectividad de las medidas tributarias propuestas, como la reducción de la evasión del IGV, el Impuesto a la Renta, una mejor focalización del Impuesto Selectivo al Consumo y una mejora en los mecanismos de fiscalización de la Sunat. El Consejo Fiscal (CF), por su lado, ha opinado que “las previsiones para los años 2017-2018 están en línea con las perspectivas de crecimiento local e internacional […]. Sin embargo, para los años siguientes, el CF expresa su preocupación respecto a las cifras de ingresos fiscales consignadas”, sobre las proyecciones fiscales incluidas en el proyecto de MMM 2018-2021.

Algunos, como el ex viceministro de Hacienda Carlos Oliva, afirman que “no son más que una mera buena intención, porque hay problemas estructurales como la informalidad y la falta de cultura tributaria que hacen que la resolución de la evasión sea más un plan de mediano y largo plazo.” Otros, como César Peñaranda, gerente de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Lima, señaló que para aumentar los ingresos fiscales se requiere una reforma tributaria integral: “Eso exige una acción bien pensada, bien organizada, para poder llevarla adelante sin ahogar a quienes cumplen”.

Sin embargo, por las declaraciones de Claudia Cooper, viceministro de economía, el MEF, en vez de plantear una reforma coherente, estaría pensando en eliminar exoneraciones tributarias. “Vamos a racionalizar las exoneraciones. (…) Vamos a reducir exoneraciones y dar otro tipo de beneficio, para que sea menos dañino”. Dios nos coja confesados, no vayamos a pasar del ‘Friaje de Thorne’ a la ‘Sequía de Cooper’. Por un lado, se quiere incentivar el crecimiento de la inversión privada, y por otro se desenvaina la espada fiscalizadora para distorsionar el peso tributario. No nos olvidemos, que hasta ahora, el Perú no ha podido abandonar la hipócrita práctica de llamar exoneraciones a lo que, en muchos casos, son en escencia inafectaciones. (A diferencia de las inafectaciones, las exoneraciones deben ser reafirmadas todos los años en la Ley del Presupuesto de la República). 

El eje central para el impulso del crecimiento es la inversión pública y su eventual rebote en una mayor inversión privada. Para que la economía peruana retome su ritmo de crecimiento, el MMM incentivará el aumento de la inversión pública en obras de infraestructuras, como Línea 2 del Metro de Lima, que garantiza una inversión de S/. 400 millones y la construcción de ocho sedes para los Juegos Panamericanos (S/. 600 millones), además de la inversión de S/. 23 millones para el proceso de Reconstrucción con Cambios en el norte del país.

La inversión privada, según el MMM, crecerá 3.5% en el 2018, debido al mayor impulso fiscal, que generará oportunidades de negocio. Esto se debe a que el marco normativo será más ágil, tanto para la obtención de predios como para la aprobación de permisos ambientales, lo cual permitiría reiniciar el círculo virtuoso de mayor inversión-empleo-consumo.

Luego de caer por cuatro años consecutivos, la inversión minera crecería alrededor de 5% en el 2018, gracias al desarrollo de nuevos proyectos, afirma el MMM. ¿?Entre los proyectos que contribuirán a una recuperación de la inversión minera en el Perú está el inicio de construcción de Mina Justa, que demandará una inversión total de US$ 1,300 millones, y Michiquillay de US$ 1,950 millones, el cual se adjudicaría en el segundo semestre del 2017, pero no se podría dinamizar hasta un tiempo después. “Esta recuperación se da en un contexto de mejora de la posición financiera de las empresas mineras”, añadió el MEF. Esta es, lamentablemente, una apuesta sin sustento político, mientras el gobierno no se esté dispuesto a enfrentar los conflictos sociales.

‘Nos preocupa señor Presidente’

Como se decía en un antiguo programa radial, nos preocupa la distancia entre lo planteado y la realidad, sobre todo después de haber observado la debilidad del gobierno para enfrentar los conflictos sociales, los conflictos (reiterados) entre el Ejecutivo y el Congreso, y el conflicto interno en el partido de PPK. Tres conflictos o la ‘La Triple Corona de Espinas’ que lleva el gobierno, sin acusar dolor. Particularmente, queremos dejar constancia de los temas que nos preocupan y que pensamos deben ser manejados con mayor destreza que la exhibida hasta ahora:

• Todas las balas de la recuperación descansan en la inversión pública, que adolece de debilidades estructurales
• La inversión minera no se reactivará hasta que el gobierno no sepa comunicar a la ciudadanía sus beneficios y hasta que no ejerza el imperio de la ley para combatir a los anti mineros
• Lo mismo va por el turismo, la segunda víctima de los movimientos anti inversión privada
• En el sur no se tiene ningún proyecto importante de inversión pública, y los de inversión privada están paralizados. Falta de pan y olla caliente, una explosiva combinación, que puede desestabilizar la mesa completa
• La disrupción fiscal, que puede generarse con la ‘racionalización de exoneraciones’, que puede incidir en afectar la dinámica de la inversión privada
• La ‘Triple Corona de Espinas’, los tres niveles de conflicto que enfrenta el gobierno sin mostrar capacidades adecuadas para hacerlo: los sociales, con FP y con los PPKuis.

Pero nuestra mayor preocupación es que ahora solo queda un camino para la recuperación del crecimiento y la armonía social y política:

• Un plan de acción concertado entre el Ejecutivo y el Congreso
• Un programa de comunicación gobierno-ciudadanía sobre la situación, posibilidades de mejora y la necesidad de mantener la paz social y apoyo a los proyectos de inversión
• Un pacto tripartito: Ejecutivo-Congreso-Sistema Judicial (Fiscalía y Poder Judicial) para enfrentar con firmeza los conflictos político-sociales, que permita, por ejemplo, desarraigar de sus localidades a los violentistas que capture la policía y poder procesarlos en Lima.

Tenemos que pensar en grande, un país de múltiples y grandes necesidades, y con infinitas posibilidades de desarrollo productivo, no puede resignarse a la mediocridad ni a la anomia social. Hay que ponerse delante de los problemas, con fuerza de espíritu, sentido de urgencia y confianza en el futuro. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ruptura de la unidad y la pérdida de autoridad del CEN del Sutep, y la atomización de las dirigencias magisteriales no es sino la última manifestación de un proceso de fragmentación política e institucional que se agravó a partir del 2000 y no tiene cuando cesar.

En este caso no es solo que Patria Roja, que domina el Sutep, no está en el Congreso. Si no que las dirigencias regionales del Sutep ya no pertenecen a Patria Roja, sino al Movadef o a Puka Llacta o a Proseguir. Todos los canales de comunicación están rotos y la fragmentación es absoluta. El país se desarticula y feudaliza cada vez más, complicando la gobernabilidad y el progreso nacional.

Correspondientemente, la autoridad central del Estado es cada vez más débil. Los fiscales no fueron capaces de denunciar a los dirigentes que bloquearon caminos y tomaron aeropuertos, que son delitos mayores. El gobierno central, por su parte, no pudo lograr que los gobiernos regionales aplicaran la ley a fin de proceder a los descuentos de los maestros que no asistían a clases. Y, en general, como sabemos, ministerios clave como los de Educación y Salud tienen dificultades para aplicar políticas sectoriales a nivel nacional, para no hablar de los problemas de corrupción vinculados a una obra pública que también se ha descentralizado radicalmente en los últimos 25 años: ha pasado de un 5% de la inversión pública ejecutada por los gobiernos locales a un 45% en los última década y media, a lo que debe sumarse alrededor de un 20 o 25% que es ejecutado por los gobiernos regionales.  

Si a eso sumamos la proliferación de movimientos regionales liderados en ocasiones por aventureros políticos que se organizan para asaltar el apetitoso botín presupuestal de los gobiernos subnacionales, lo que tenemos es, en combinación con esa anarquía, la proliferación de bandas criminales dedicadas a la extorsión de obras y a la usurpación de terrenos, en alianza con fiscales y jueces, entre otras cosas.

El asunto ha llegado a tal extremo que ahora hay paros regionales contra la corrupción y la impotencia de la autoridad central para sancionarla. 

Después del Niño costero, la población de Andahuaylas bloqueó la carretera y cerró la ciudad durante 14 días en protesta contra la corrupción del alcalde en las obras municipales, contra el gobernador y contra fiscales y jueces acusados de connivencia y corrupción. La población exigía sanción y destitución, y nada de eso se podía hacer desde la provincia o la Región, pero tampoco desde el gobierno central. No había mecanismos legales para actuar. El Viceministerio de Gobernanza Territorial, recientemente creado, tuvo que llevar al juez supremo decano y al contralor regional. Este último  solicitó congelar las cuentas de la municipalidad, y la propia PCM abrió una mesa de partes para recibir denuncias. Lo mismo ocurrió en el distrito de Lagunas, en Ucayali, que bloqueó el rio de ese nombre durante dos meses con el mismo tipo de demandas.

Lo menos que podemos hacer es leer bien el mensaje que esos paros envían: lo que están pidiendo es una reforma de la descentralización y del Estado que restablezca la autoridad central en el país y establezca mecanismos eficaces de intervención, control y sanción contra la corrupción.

El problema es que ninguno de los partidos que compitieron en el proceso electoral del 2016 planteó una reforma de la descentralización en sus planes de gobierno. Pero hay que diseñarla y ejecutarla.

Lo primero es una ley que tipifique mejor los delitos vinculados al bloqueo de carreteras y toma de aeropuertos como delitos que afectan la seguridad y la economía nacionales, a fin de establecer una jurisdicción o una Sala Nacional para juzgar a quienes cometan esos actos, porque ya sabemos que los fiscales locales tiene temor de hacerlo. De lo contrario, las poblaciones seguirán sometidas a dictaduras sindicales que consiguen paralizar actividades clave como el turismo, la minería y la propia economía de la población por medio de acciones de fuerza y amedrentamiento.

También se necesita fortalecer los organismos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de que puedan investigar y denunciar a fiscales y jueces cómplices de autoridades corruptas y organizaciones criminales.

Lo segundo es revisar el proceso de descentralización para redistribuir competencias entre los tres niveles a fin de asegurar la aplicación de políticas sectoriales de nivel nacional y la capacidad de control, intervención y sanción cuando un gobierno subnacional desacata o incumple alguna política o norma de carácter nacional.

Esto puede conllevar la centralización de importantes funciones en sectores clave como Educación, Salud, Transportes, minería y pesquería y desarrollo forestal, por ejemplo. Queda claro que no existe masa crítica profesional suficiente para construir 25 gobiernos centrales en el país. Por supuesto, eso necesita un acuerdo político.

Además, se requiere aplicar lo que nunca se hizo: un proceso de certificación de competencias para trasladar las funciones que realmente los gobiernos subnacionales pueden manejar.

En realidad, nada de esto se está trabajando, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. El viceministerio de Gobernanza Territorial, que posee una Secretaría de Descentralización, ve aspectos operativos pero no está elaborando ninguna propuesta al respecto. Según el viceministro Javier Fernandez Concha, sí está construyendo, en cambio, una metodología de planificación territorial, porque –señala- no existe un ente que planifique el desarrollo regional o local. No hay verdaderos planes regionales o locales, sino listados de obras que responden a motivaciones con frecuencia crematísticas.  Se busca que la metodología de planificación en diseño calce con el CEPLAN y con el MEF, con el nuevo sistema de inversión pública llamado Invierte.Pe, que contiene una lógica más racional desde que prioriza las obras en la medida en que cierran brechas identificadas y cuantificadas. 

En la base está un Estado sumamente ineficiente y burocratizado, compuesto por empleados públicos nombrados que carecen de las calificaciones  necesarias o, si las tienen, pueden darse el lujo de no trabajar o trabajar al mínimo porque no hay evaluaciones y saben que no pueden ser despedidos.

En ese sentido, una reforma complementaria es la del régimen del servicio civil, que debe ser implantado a todo nivel, pero que lamentablemente no ha merecido hasta ahora una prioridad política por parte del gobierno. Dicho régimen lleva a las entidades públicas a definir bien sus objetivos y a elaborar un cuadro de personal con los perfiles adecuados, a convocar luego a concursos internos y externos para llenar esos puestos con  mejores remuneraciones en los niveles medios y altos a cambio de aplicar evaluaciones de desempeño con capacitaciones con la eventual salida de la carrera burocrática a la tercera desaprobación.

Por supuesto, la recuperación de la autoridad central y de la naturaleza unitaria del gobierno requieren, también, una reforma política que ayude a reconstruir un sistema de pocos partidos estables y presentes en el territorio, poniendo requisitos más fuertes para la inscripción y funcionamiento de los movimientos regionales, de modo que los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan en lo posible a partidos políticos presentes en el Congreso, para que existan canales de comunicación que permitan procesar los problemas y demandas de manera adecuada y oportuna. Es algo que se está trabajando en el Congreso, aunque no parece haber mayor consenso en torno a las reformas clave necesarias para alcanzar ese resultado. De ello nos ocuparemos en un próximo informe. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Del conjunto de reformas que el país requiere para dar el salto que nos permita salir de la trampa del ingreso medio y no recaer en la pobreza, los Poderes del Estado, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Kuczynski, han logrado avanzar de manera todavía incipiente y en distintas medidas en lo relacionado a desregulación y simplificación administrativa, digitalización del Estado, formalización tributaria, reforma policial, diseño de un nuevo sistema de inversión pública, reforma electoral y algunas iniciativas limitadas de reforma judicial. Pero todavía está en formulación la propuesta de reforma del sistema de protección social, que incluye la reforma integral de la Salud, de las pensiones y de la protección frente al despido (reforma laboral), no hay prioridad política para la aplicación de la ley de servicio civil y no hay planteamientos acerca de la necesaria reforma de la descentralización ni se están ejecutando aun estrategias para sacar adelante los proyectos mineros.

Comencemos por lo más avanzado y prometedor: lo relativo a un Estado moderno, digital, facilitador y profesional. Es decir, la reforma del Estado, o del Poder Ejecutivo, para ser más precisos. Aunque en esto los avances son desiguales, incluso en lo relativo a simplificación administrativa, que es donde se observa más determinación.

Fuente: zurse.com

Simplificación administrativa y desregulación

La simplificación administrativa no solo le hace la vida más fácil al ciudadano y a las empresas, sino que elimina oportunidades de corrupción. Se aprobó ya el reglamento y la metodología del llamado “análisis de calidad regulatoria” por el que tendrán que pasar cada tres años todos los procesos administrativos o trámites de los distintos ministerios y entidades públicas. De acuerdo al cronograma aprobado, este trabajo tendrá que estar terminado en setiembre del 2018. Las distintas instituciones realizan su propio análisis que es revisado y validado por una oficina central en la PCM. Los procedimientos que no pasen el examen serán derogados. Si esto se hace bien, puede ser una verdadera revolución facilitadora.

El Indecopi ha empezado ya a in-aplicar barreras burocráticas con efecto general, una atribución concedida por uno de los recientes decretos legislativos. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, nos informa que hasta la semana pasada se habían presentado 66 casos de inaplicación con efectos generales, todos declarados fundados aunque todavía en apelación o dentro del plazo de apelación. De ellos, uno, relativo a carnets de sanidad, es ya firme (ya no es posible exigir carnets se sanidad salvo para actividades que realmente lo necesiten, como manipulación de alimentos). Si la norma de inaplicación con efecto general hubiese estado vigente el año pasado, cuando se in-aplicaron, pero solo para el caso particular, 710 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, el ahorro potencial para el conjunto de ciudadanos y empresas habría sido de 1.17 millones de soles. El ahorro efectivo para las empresas que demandaron fue de  278 millones de soles.[1]      

De otro lado, en las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (DL 1272), se abrió la vía legal para que PCM vaya simplificando y uniformizando los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAS), estableciendo procedimientos estandarizados. Este es un trabajo complejo que todavía no ha producido frutos.  

Un tema clave es la simplificación de las licencias de funcionamiento (DL 1200 y DL 1271).Para esto es indispensable aprobar el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSEs). Según Pierina Polarrollo, “el  proyecto está listo, y es muy bueno. Se elaboró sobre la base de una propuesta del IFC-Banco Mundial. Busca poner énfasis en las edificaciones que suponen mayor riesgo y simplifica enormemente el trámite para los locales de riesgo bajo (la calificación del riesgo se hace sobre la base de una matriz que contiene criterios muy objetivos). Y abre el camino para tercerizar las inspecciones en manos de empresas como SGS (aunque solo en caso de que las municipalidades lo quieran por el tema de la autonomía municipal)” 

Una mala noticia en este tema fue la ley aprobada recientemente por el Congreso que deroga un decreto del 2014 que eliminaba la obligación de renovar cada dos años las licencias o las inspecciones mencionadas. Un retroceso lamentable, que podría ser parcialmente atenuado con el reglamento arriba mencionado.

Respecto de los brevetes para  conducir, el ministro de Transportes Bruno Giuffra ha anunciado una reforma total al corrupto y kafkiano sistema actual: “Las licencias de conducir particulares durarán 10 años y para renovarlas solo será necesario un examen médico. ¡Vamos a modernizar todo!”, ha declarado. Estamos a la expectativa.

Pero donde no ha habido avance hasta ahora ha sido en la simplificación de las certificaciones ambientales en ningún sector: ni para obras de Vivienda y saneamiento, ni para inversiones en el agro, en minería y energía, obras viales, etc. En muchas ocasiones las exigencias en relación a estudios de impacto ambiental son francamente absurdas. Es algo vital que está pendiente.

Tampoco hay avances en la simplificación de los registros sanitarios para alimentos y medicinas (Digesa, Digemid). Un decreto legislativo que simplificaba el tema fue anulado por el Congreso, lamentablemente.

Digitalización del Estado

En lo que se refiere a digitalización del Estado, que es una reforma fundamental porque no solo trae enorme celeridad sino también transparencia y menor corrupción, por fin se ha empezado un trabajo serio. Durante el gobierno esto quedó librado a la iniciativa de las propias instituciones. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ubicada en la PCM, no ataba ni desataba. Desde noviembre del año pasado, sin embargo, el gobierno puso como directora de esa oficina a una ex funcionaria de Microsoft, Lienecke Scholl, que le ha dado un impuso notorio. A julio de este año 50 servicios web estaban ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas hacían uso de esos servicios. Además, desde el 25 de julio fue posible pagar por internet (pagalo.pe) más de 50 trámites que antes había que pagar físicamente en las agencias del Banco de la Nación. Y el asunto, según parece, está recién comenzando. Se avisora  grandes avances en los próximos meses en este tema.

Además, la Sunat está desarrollando la tecnología para iniciar a partir del 2018 la masificación de los comprobantes de pago electrónicos, de modo que el 2019 el 100% de las transacciones en el país se efectúen de esa manera. Para ello los pequeños comerciantes podrán emitir dichos comprobantes desde sus celulares, incluso desde celulares simples, sin necesidad de que sean Smart Phones. Con ese sistema el pequeño contribuyente ni siquiera tendría que preparar su liquidación de impuestos, sino que esta le vendría preparada automáticamente por la Sunat. No solo eso, a fin de incentivar el uso de comprobantes electrónicos, la idea es que la Sunat pueda descontar también  automáticamente una parte del IGV que pagan los contribuyentes para aportarlo a su AFP o a Essalud, como una manera de generalizar las aportaciones y la cobertura de Essalud y del sistema de pensiones. Una verdadera revolución social y una reducción radical de la informalidad tributaria.

Una novedad que puede traer un cambio también revolucionario en el sistema judicial, es el expediente digital. Se está concretando un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para implementarlo. El Poder Judicial  tiene el apoyo del MEF en esto. Pero se está dejando la parte penal para el final.

Ley de servicio civil y presupuesto por resultados

Otra reforma crucial que forma parte consustancial de la reforma del Estado es la aplicación de la ley de servicio civil en todas las instituciones del Estado y a todo nivel. Es la implantación masiva de la meritocracia. Esta reforma, sin embargo, no ha merecido una prioridad política por parte del gobierno, algo que sorprende tratándose de un gabinete técnico que debería ser particularmente sensible a la profesionalización del Estado. Esperemos que esa voluntad política se forme en los meses venideros, porque no podemos seguir con una gestión pública de naturaleza patrimonialista, sobre todo en los gobiernos sub nacionales. 

Esta ley obliga a repensar los objetivos de cada institución y a redefinir el cuadro de profesionales que requiere en función de esos objetivos, y luego llama a concurso interno y externo para ocupar las plazas, y establece evaluaciones de desempeño para el ascenso y la permanencia. Además, algo muy importante, paga relativamente bien a los funcionarios de nivel medio y alto, severamente afectados por la reducción de sueldos que decretó de manera demagógica el ex presidente Alan García, debilitando el Estado.

Lo que no tiene sentido es, como lo dispuso una resolución del Tribunal Constitucional, aplicar esta ley al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen desde hace mucho tiempo un sistema meritocrático y bien remunerado que les ha permitido alcanzar niveles de excelencia. La ley del servicio civil es un instrumento para que el sector atrasado del Estado acceda a niveles profesionales, pero en casos como los mencionados solo serviría para afectar negativamente estándares ya alcanzados. También debe advertirse el sin sentido de que el proyecto de ley del Congreso para excluir a estas dos entidades de la ley Servir, pretenda excluir de paso al personal administrativo del propio Congreso. Inaceptable.

Esa reforma, además, es indispensable para consolidar otra en la que sí hemos registrado avances, que es la de la instauración del presupuesto por resultados. En la actualidad el 71% del presupuesto nacional funciona en el marco de programas por resultados. Esto ha sido un logro del Ministerio de Economía Finanzas, en un proceso que comenzó con Luis Carranza cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alan García. Pero, repetimos, no se sostendrá si no tenemos una burocracia profesional y meritocrática, y relativamente bien pagada.

Reforma de las descentralización

Pero en nuestro Estado hay un problema estructural: el proceso de descentralización, que ha transferido la mayor parte de las competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales sin que estos tengan las capacidades suficientes y dándoles una autonomía tal que impide al gobierno central intervenir cuando un gobierno sub-nacional desacata o no puede cumplir una disposición, una norma o una política nacional. El resultado es la pérdida de autoridad y rectoría del gobierno central, la imposibilidad de aplicar políticas sectoriales, la afectación severa del principio constitucional del gobierno unitario y la cuasi feudalización del Estado peruano.

Es indispensable una reforma que no solo le devuelva autoridad y capacidad de intervención y control al gobierno central, sino que redistribuya funciones de una manera racional entre los tres niveles de gobierno y recertifique la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de asumir las funciones que les correspondan.

Otra falla grave de la descentralización es la referida a las capacidades discrecionales absolutas de gobernadores y alcaldes, la debilidad de la rendición de cuentas a las que están sujetos y la ausencia una segunda instancia en sus decisiones, una institución esencial para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de ciudadanos y empresas. Ver el Lampadia: Patente de corso para la corrupción

Empresas de saneamiento

Por último, está el tema de las empresas municipales de saneamiento (EPS), cuya gestión es un desastre al punto que los ingentes recursos que el Estado peruano invierte cada año en agua potable y redes se pierde en la corrupción e ineficiencias de estas empresas. No cabe duda que requieren una reestructuración profunda. Aquí la solución debió ser que el Estado capitalizara las ingentes deudas que tienen, sobre todo con el Fonavi, para concesionarlas a asociaciones público privadas (APPs), pero el nivel  primitivo de nuestra ideología económica impide hacerlo. De todos modos el ministerio de Vivienda, a través de la OTASS, ha empezado a intervenirlas para racionalizarlas y modernizarlas, algo que no se había hecho antes. En la actualidad 13 de las 48 EPS están en el régimen de “apoyo transitorio”, gestionado por la OTASS, y el resto ha ingresado a un programa de asistencia técnica. Es posible incluso que se contrate gerencias privadas para manejar algunas de ellas.

Donde sí se estableció por medio de un decreto legislativo la posibilidad de la intervención de APPs fue en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, como si la participación privada solo valiera para los desechos. Actualmente hay alrededor de 200 de esas plantas y ninguna funciona. Lamentablemente, el Congreso derogó el decreto legislativo que establecía esa opción. Sin embargo, uno de los frutos del diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue el acuerdo de enviar al Congreso un proyecto de ley que restableciera dicha solución. Este ya fue remitido y debería ser aprobado.

Este es el balance del avance de las reformas relativas al Estado, más específicamente, de las referidas al Ejecutivo, porque aquí no hemos hablado de la situación de las reformas judicial, policial y del Congreso. Lo dejamos para próximas entregas. Lampadia

Hace un año, una vez elegido como Presidente de la República, PPK recibió un amplio apoyo de los analistas económicos, de los representantes del mundo empresarial y de los medios de comunicación de Lima, configurándose la promesa de un gran gobierno.

Fuente: Peru21

Lamentablemente, la dura prueba de la realidad, nos trajo un año de muchos problemas y frustraciones. Ahora, después del discurso del Presidente en el Congreso, se ve otra vez, una tendencia a dar un cheque en blanco al gobierno, cuando lo que debiéramos hacer es comprometernos con una mayor acción cívica, planteando soluciones y criticando desaciertos, como lo ha pedido el propio Presidente: “Confiemos en nuestro futuro. No dejemos de criticar las limitaciones del presente, pero hagámoslo con espíritu constructivo y siempre con propuestas”.

Ese es y siempre ha sido el espíritu de Lampadia. Llámennos la atención, cuando no lo hagamos así.

Nuestra visión del 2016

Entre los temas de mayor impacto tenemos:

• La ‘mala lectura del gobierno de Humala’ o pésimo diagnóstico de la situación del Perú, después de cinco años del nacionalismo expresado en un proceso de transferencia irresponsable, conducido por Mercedes Araoz, segundo vicepresidente del país. Algo que solo  ahora, a un año de la toma de mando, se reconoce en boca del mismo PPK. La consecuencia más grave de ello, es el haber perdido la oportunidad de explicar a los ciudadanos los errores cometidos y sus consecuencias.
• El ‘niño costero’, un shock externo, que no fue resultado de una acción del gobierno, que nos trajo terribles desgracias personales e inmensos costos económicos.
• El escándalo del ‘Lava Jato´; qué si bien apareció como un huracán con las denuncias de corrupción económica y penetración política en la región, por parte de Lula da Silva y sus brazos empresariales (Odebrecht et al); el manejo del tema por parte del gobierno, sin saber cómo reaccionar, ni qué medidas tomar, determinó la parálisis de innumerables proyectos de inversión, empresas y el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos en la economía. (Ver en Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)).
• El ‘Friaje de Thorne’, de entera responsabilidad del gobierno, como acaba de reconocer Fernando Zavala, “El último trimestre del año pasado, el MEF hizo un ajuste que, viéndolo hacia atrás hoy, no se debió hacer”. Pero que, sin embargo, no reconoce el presidente PPK, como lo expresó con claridad, días antes del discurso del 28. Este recorte fiscal, al inicio de un gobierno, con una economía débil, fue  un error mayúsculo que hizo colapsar la demanda interna.
• El ‘enfrentamiento político’ entre el Ejecutivo y el Congreso propiciado por el presidente PPK desde el inicio de su gobierno: “Les pido que hagamos una alianza [con los gobiernos regionales y municipales]. Una alianza cuyo eco llegue hasta al Parlamento. Esto por supuesto, originó una reacción equivalente y muchas veces negativa desde el Congreso controlado por Fuerza Popular.

Además de estos sucesos, el primer año de gobierno de PPK estuvo signado por una falta de liderazgo y capacidad de propuestas para enmendar tantos desaciertos acumulados durante los últimos años.

Lo positivo del discurso de PPK

Aspectos que debemos destacar:

• El homenaje a los sacrificados y efectivos funcionarios del Estado que dieron todo de ellos para paliar la desgracia que nos trajo el ‘niño costero’, y el reconocimiento del apoyo del sector privado. Hace algunos días, describiendo el esfuerzo desplegado en la crisis, el Comandante General de Operaciones del Pacífico, Vice-Almirante de la Marina de Guerra, Fernando Cerdán, dijo: “Por algún tiempo fuimos una Gran Nación”.
• Las disculpas del presidente por haber subestimado los esfuerzos para superar los problemas que tuvimos que enfrentar.
• La oferta de promover los proyectos de inversión.
• Los proyectos de ley para la Autoridad de Transporte, el CNM, obtención de predios para los proyectos, tratamiento de aguas y desechos, etc.
• El planteamiento de una legislación laboral pro-empleo.
• El reconocimiento de que en los últimos años “perdimos el camino al progreso”.
• La explicación de lo que podemos aprender de Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, recientemente invitados como asociados de la Alianza del Pacífico.
• La contundente condena al régimen chavista de Venezuela y el compromiso del Perú con los venezolanos.
• La apertura de acciones hacia el Bicentenario.
• El compromiso con mantener abierto el diálogo político.

Es evidente que en los discursos de Fiestas Patrias no se pueden tocar todos los temas, pero en este caso llama poderosamente la atención, que no se hayan mencionado los conflictos socio-políticos vinculados a la minería y el turismo, ni los desmanes de los huelguistas, hechos en nombre de los maestros y los médicos. Reiteramos nuestra crítica al Ministro del Interior, que ha dejado avanzar la violencia sindical más allá de los límites aceptables.

A pesar del mal primer año de gobierno y de algunas observaciones sobre su enfoque, persistimos en nuestra visión positiva del Perú, que en esencia es prácticamente infinito en posibilidades de desarrollo para todos los peruanos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Acompañado de 200 funcionarios y empresarios nacionales, el ministro en Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, acudió a la convención minera de Toronto a persuadir a las empresas mineras del mundo a invertir en el Perú. Llevaba esta vez como argumento el índice de los países más atractivos para la inversión minera, en el que el Perú había mejorado 8 puestos pasando del puesto 36 al 28 entre 104 territorios, desplazando por primera vez a Chile al puesto 29. Por supuesto, se cuidó de no mencionar que en el otro índice, el de percepción de políticas,  que incluye la percepción de directivos y ejecutivos acerca de la interpretación y aplicación de regulaciones existentes, las regulaciones ambientales, impuestos, la incertidumbre acerca de reclamos de tierras en disputa y las áreas protegidas, infraestructura, acuerdos socioeconómicos, estabilidad política, asuntos laborales, seguridad entre otros, el Perú figuraba en el puesto 54, allí sí bastante detrás de Chile, por ejemplo. 

Y es que nuestro país no ha encontrado aun la fórmula institucional para convertir la ventaja geológica en ventaja económica y social. Es decir, para prevenir los conflictos sociales y establecer una relación armoniosa entre inversión extractiva y comunidades o poblaciones circundantes ni para contrarrestar la acción de buscadores de rentas políticas o económicas ni  menos aun para aprovechar la mina como una palanca para el desarrollo rural.[1] El hecho es que una parte importante de la cartera de proyectos mineros que el ministro presentó y que bordea los 46 mil millones de dólares, no tiene visos de realizarse dadas las condiciones políticas y sociales imperantes en algunos proyectos.

El ministro, sin embargo, explicó a los inversionistas que hay ahora una nueva estrategia que no solo busca la simplificación administrativa para facilitar la exploración y la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que son kafkianos, sino también crear un entorno social favorable a las inversiones. Esto último mediante la puesta en marcha del llamado Fondo de Adelanto Social, creado en el decreto legislativo 1334  y mediante la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fondo de Adelanto Social
La idea del Fondo de Adelanto Social es precisamente adelantar intervenciones en etapas tempranas de cada proyecto, pero es algo que todavía está en diseño y aun no se ha reglamentado. Al respecto, Cesar Delgado Sayán, de Cesel, ha propuesto hace ya un tiempo que dicho Fondo ejecute un plan de desarrollo que nazca de un Estudio de Desarrollo Integral que se realizaría de manera paralela al Estudio de Impacto Ambiental y ha propuesto una arquitectura institucional para ello. De esa manera no solo se ejecuta un plan bien concebido, sino que se ata el desarrollo local a la inversión minera de modo que la mina aparezca como parte de la solución y no del problema.

Viceministerio de Gobernanza Territorial: el Estado en el territorio
La idea del viceministerio de gobernanza territorial, por su parte, es la de contar con una autoridad que pueda coordinar a los sectores y a los gobiernos regionales y locales en el territorio no sólo para acompañar y fortalecer la acción de los gobiernos sub nacionales, sino, en lo relativo a los conflictos, para identificar un pedido o un reclamo social en el momento en que nace a fin de atenderlo eficiente y rápidamente. Es decir, coordinar al Estado para que resuelva problemas, hacer efectiva su presencia en el territorio.

Para ese fin el nuevo viceministerio junta tres oficinas que estaban separadas: la Secretaría de Descentralización, la ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ahora llamada Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Por medio de la Secretaría de Descentralización se conseguiría la coordinación inter gubernamental e intersectorial.

La idea fue crear una instancia -el Viceministerio- que tuviera más peso político que la ex Oficina Nacional de Diálogo, precisamente para lograr las coordinaciones inter sectoriales e inter gubernamentales en el territorio, algo que aquella Oficina nunca pudo conseguir. El nuevo Viceministerio sería –repetimos- un gran órgano coordinador del Estado en el territorio para atender los pedidos o reclamos antes de que escalen y, en general, para manejar las situaciones que se presenten. Se trata de darle presencia y capacidad de gestión al Estado, algo que no tiene. No solo no la tiene. En ausencia de partidos políticos, con frecuencia ocurre que el Estado (gobiernos sub nacionales) es capturado por intereses mafiosos o disruptivos que forman parte del problema de la conflictividad, no de su solución.

Para recuperar presencia y capacidad de la autoridad central del Estado en el territorio, el Viceministerio tendrá oficinas en las zonas conflictivas y en las regiones, implementadas sobre la base de las que tenía y aun tiene la Oficina Nacional de Diálogo, pero potenciadas. Según Javier Fernández Concha, Vice ministro de Gobernanza Territorial, la idea es que los alcaldes, por ejemplo, ya no tengan que venir a Lima para hacer gestiones sino que las hagan en esas Oficinas, que tendrían capacidad de resolución y coordinación intersectorial.

Alerta temprana
Una tarea de esas Oficinas será tener un sistema de alerta temprana que emita reportes de información preventiva, incorporando para esa tarea a subprefectos y teniente gobernadores por ejemplo. Eso a fin de detectar un pedido social apenas se gesta, a fin de atenderlo en el acto. Para poder atenderlo es que las Oficinas desconcentradas tendrán poder de coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales.

En ese sentido, al Viceministro no se le escapa la necesidad de evaluar la conveniencia de que la estructura de subprefectos y tenientes gobernadores pase del ministerio del Interior a la PCM, o que, cuando menos, la PCM tenga la rectoría de ese sistema.

Dar solución al pedido social desde que nace es clave, pues un reclamo no atendido se convierte en un escenario atractivo para la aparición de actores externos que buscan obtener rentas económicas o políticas exacerbando las demandas, incluyendo nuevas y eventualmente alentando medidas de fuerza que terminan violentando el orden legal. Sebastiao Mendonca explica, en reciente libro publicado por Lampadia,[2] cómo buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan los sentimientos de agravio que una mina pudiera generar, la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, y una institucionalidad estatal débil o ausente, para difundir un relato anti minero y movilizar a poblaciones para las cuales termina siendo más fácil desarrollar una forma conflictiva de extraer rentas de la empresa minera que integrarse productivamente a la economía moderna.

¿Cómo desactivar la dinámica perversa?
Según Javier Fernández Concha, “cuando ingresan otros actores por lo general se empieza a desnaturalizar el pedido original y se incluyen otras demandas  más radicales hasta que llega un momento en el que se pierde el control y ya no se sabe bien por qué razones se está uno movilizando y adoptando medidas de fuerza. Es en esas circunstancias que se instalan las mesas de diálogo, pero en ese momento los funcionarios firman cualquier cosa con tal de resolver la crisis. Las mesas de diálogo se convierten, así, en mesas de capitulación, de rendición, y generan entonces un inventario de compromisos imposibles de cumplir, que luego se convierten en el germen de un nuevo conflicto porque alimentan la actividad de actores externos, en un círculo vicioso ya establecido”.   

El problema es que hay zonas del territorio nacional en las que esa dinámica perniciosa se encuentra ya instalada de manera regular. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el corredor minero del Sur. ¿Qué hacer entonces para desactivar  esa dinámica perversa allí donde ya está arraigada? Lo primero que se requiere, según Fernández Concha, es un buen diagnóstico de campo acerca de cuál es la causa del conflicto, que comienza por identificar el pedido social original que debe ser atendido y cuáles son los componentes e intereses que luego se han agregado, diferenciándolos del pedido originario. Esto implica identificar a su vez al conjunto de actores y micro poderes presentes y el papel que juega cada uno: la propia empresa, autoridades, rondas campesinas, comerciantes, acumuladores políticos, asesores económicos que buscan comisiones, ONGs, minería informal o ilegal, etc.[3]

La información será recogida directamente por los funcionarios de las Oficinas desconcentradas de la PCM antes mencionadas, pero también pidiéndosela a los sectores, gobiernos locales, sub prefecturas y comisarías. Sobre la base de ese diagnóstico se trazará una estrategia distinta para cada zona, porque cada zona es un sub mundo. El Viceministerio también se propone elaborar un análisis de las minerías informal e ilegal, a partir del mapa respectivo del INEI, a fin de elaborar estrategias caso por caso, sea para formalizar, para persuadir a los dueños de las concesiones, para hacer interdicción o para la reconversión en otra actividad.  

Cuando hablamos de conocer la dinámica de las relaciones entre los distintos actores y micro poderes locales para tratar de influir en ella, estamos hablando, en buena cuenta, de manejo político, acompañado de capacidad ejecutiva, para desactivar dinámicas viciosas. Estas Oficinas deberían tener promotores en el terreno que informen correctamente y deberían, asimismo, tal como recomienda Mendonca en su libro, formar a los líderes locales tales como presidentes o ex presidentes de las comunidades, profesores rurales, religiosos, empresarios rurales, etc., en temas tales como verificación del buen uso de los recursos provenientes de la mina, cómo verificar los impactos ambientales reales de la actividad minera, negociación y acuerdos con las empresas mineeras, institucionalidad de control de las empresas mineras. Y también deberían infundir tecnologías que aumenten la productividad de la economía campesina, como veremos. 

Aplicar la ley
Pero mientras no se logre desactivar las dinámicas viciosas y un conflicto degenere en acciones de cualquier naturaleza que violenten el marco legal, el Estado debe ser capaz de aplicar la ley y sancionar al infractor. Eso requiere un trabajo mucho más afiatado con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Significa fortalecer la inteligencia policial, la capacidad de fundamentar bien las denuncias por parte del Ministerio Público, y establecer una jurisdicción nacional para juzgar los casos de violencia. Es obvio que la impunidad es un aliciente para el desarrollo de estrategias violentas, de modo que sin duda una de las tareas de la PCM será coordinar con esas instituciones para establecer una política que permita desincentivar métodos de lucha delictivos.

Desarrollo rural e incorporación al mercado 

Pero no solo se trata de atender un pedido cuando se gesta, desactivar dinámicas conflictivas instaladas y sancionar las violaciones de la ley, sino, además, y sobre todo, procurar y facilitar el desarrollo rural y local para que las comunidades puedan incorporarse con todo su potencial a la economía de mercado.

Estamos hablando de que las familias puedan instalar en sus chacras las tecnologías de Sierra Productiva (mini reservorios, riego por aspersión, pastos cultivados, etc.) a fin de aumentar exponencialmente la productividad de sus labores e incrementar sus ingresos en la medida correspondiente. Uno de los efectos secundarios de esta transformación es que la mina ya no será vista como un blanco de reclamos para obtener recursos de todo tipo, o como un objeto de extorsión en última instancia, sino como un mercado para los productos de las unidades productivas familiares. Es decir, se pasaría de una dinámica de oposición a una de complementariedad. La diferenciación social, en lugar de agravarse, tendería a reducirse, restando bases sociales a los buscadores de rentas económicas y políticas, a los emprendedores destructivos.[4]

Javier Fernandez Concha no tiene en su radar todavía algo como Sierra Productiva, pero si ve la necesidad de elaborar planes de desarrollo concertados que partan desde abajo, desde los caseríos, y que tengan una visión compartida. Así como empoderar a líderes locales y fortalecer la capacidad de gestión de las propias comunidades y organizaciones sociales para manejar fondos sociales, por ejemplo.

A nuestro juicio, el Viceministerio de Gobernanza Territorial debería tener como brazo ejecutor al programa Sierra Productiva, que allí donde se ha introducido ha tenido siempre un gran efecto pacificador y constructivo. La gente, concentrada en su negocio y en su propio progreso, se olvida del conflicto salvo cuando es realmente justo, y más bien busca oportunidades para ampliar su mercado. Esa es la solución.

Pero para esto sería interesante que las empresas mineras aprendan a relacionarse con su entorno comunal de una manera mucho más creativa y productiva, al estilo del modelo aplicado por Bear Creek en Corani, Puno, que basa su relación con las comunidades no en ofrecerles empleo en la mina sino en convertir sus ventajas comparativas en competitivas (ver en Lampadia:  El secreto de la minería peruana) Familias que vendían lana de alpaca en bruto, ahora venden hilados y ropa inteligente y antiséptica enhebrada con hilos de plata -obteniendo ingresos 25 veces superiores-, protectores solares sobre la base del ichu, una cerveza artesanal a partir de una fruta silvestre local, entre otros productos desarrollados a partir de los recursos locales. Los propios ingenieros de la mina trabajan, junto con jóvenes locales, en la investigación y desarrollo de esos productos. 

Sebastiao Mendonca, por su parte, formula en su libro un conjunto de prácticas que las empresas minerías deberían desarrollar para reducir la conflictividad: prevenir los sentimientos de agravio, dinamizar las cadenas locales de valor, manejo preventivo de la conflictividad, construir legitimidad, mecanismos de comunicación, fortalecer la institucionalidad local y mejorar las acciones de responsabilidad social.[5]

La Sociedad Nacional de Minería, a su vez, no ha sido capaz de difundir ni capitalizar en relato social eficaz los activos ambientales y las buenas prácticas de desarrollo comunal que han desarrollado algunas de sus asociadas. No las ha sistematizado. En general, aun hace falta construir el sentido común de la minería como palanca del desarrollo nacional y de la propia diversificación productiva. La minería debe ser vista como parte de la identidad nacional. La batalla tiene que darse también en el terreno ideológico si queremos que nuestro país aproveche sus recursos para conquistar el desarrollo para todos. Lampadia

[1] Sobre la manera como buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, una institucionalidad estatal débil o ausente y empresas y gremios poco inteligentes, leer el libro recientemente publicado por Lampadia “Para reducir la Conflictividad Minera”, de Sebastiao Mendonca Ferreira.

[2] Ver “Para Reducir la Conflictividad Minera”, Sebastiao Mendonca Ferreira, Publicación de Lampadia

[3] Según Mendonca, los actores o grupos conflictivos son de dos tipos: (a) organizaciones políticas y ONG que, por razones de ideología e intereses, no quieren que la minería dinamice el progreso del Perú, y (b) los emprendedores destructivos que, por intereses económicos buscar generar dinámicas de extracción de rentas con las cuales puedan beneficiarse (p. 23).

[4] Ver el mencionado libro de Sebastiao Mendonca.

[5] Ver “Para reducir la Conflictividad Minera”, capítulo V, Lampadia.

Convertir las ventajas comparativas de las comunidades en competitivas

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Una experiencia que el recientemente creado viceministerio de Gobernanza y Desarrollo Territorial de la PCM debería mirar si quiere encontrar y difundir estrategias empresariales eficaces en la prevención de conflictos sociales, es el proyecto minero de plata Corani, de Bear Creek, en Carabaya, Puno, que viene trabajando desde el 2013 y se encuentra en la etapa de estudios definitivos para iniciar la construcción el 2018 con una inversión de alrededor de 700 millones de dólares.

Andrés Franco, vice presidente de Desarrollo Corporativo de Bear Creek, autor del modelo de inversión social de la mina que le ha permitido desarrollar una relación óptima con el distrito de Corani y cinco comunidades campesinas, lo pone así: “basamos nuestra relación con las comunidades no en ofrecerles empleo en la mina, sino en convertir sus ventajas comparativas en competitivas”.

Se trata de lo siguiente: las familias comuneras son ganaderas, pastan alpacas y vendían lana como tal.  Solo el 5% de mujeres hilaban con ruecas artesanales para tejer chompas y chullos para el autoconsumo. Lo que Andrés Franco les propuso fue no vender lana en bruto sino con valor agregado. Y aceptaron. Primero aprendieron a clasificar la lana con un equipo de medición de fibras; luego se ejecutó un programa de mejoramiento genético que ha logrado pasar de un 25% de fibra baby alpaca a un 52%; luego aprendieron a hilar artesanalmente pero de manera uniforme mejorando las ruecas; paralelamente aprendieron a leer fichas técnicas para copiar modelos y confeccionar ropa; después compraron con sus propios medios máquinas lineales de tejer, y a partir de allí confeccionan chompas, polos, medias, etc., con otras maquinas, de coser. Es “ropa inteligente”, que incorpora hilos de plata que poseen varias propiedades vinculadas a la salud y a la medición de los ritmos vitales.

La empresa les ayudó a buscar y conseguir las máquinas y les brindó la tecnología, pero las propias familias compraron sus equipos e instalaron sus talleres, con su propio esfuerzo. Hay 32 empresas familiares en este momento.

De esa manera elaboran ahora, por ejemplo, medias con hilos de lana enhebrados con hilos de plata. Los hilos de plata son antibióticos: eliminan hongos, cierran heridas, atacan a cualquier tipo de bacteria y evitan el mal olor. Por eso, su eficiencia es de 7 días de uso continuo del mismo par de medias, sin necesidad de cambiárselo. “El Ejército, la Policía y hospitales quisieran comprar pero las familias no pueden cumplir con pedidos a gran escala todavía por interrupciones en la energía y el internet. Sí atienden pequeños pedidos de 50 o 100 unidades”, explica Franco.

Es extraordinario que los minerales peruanos posean esas propiedades antisépticas. Hace poco Lampadia publicó un artículo mostrando cómo el cobre ya se usa en hospitales para eliminar o repeler las bacterias. Ver: ¡Viva el Cobre!

En Corani las familias comuneras fabrican también ropa inteligente: polos o chompas de lana con hilos de plata, incorporándoles, además, unos chips que miden la temperatura, el ritmo cardiaco y la respiración para saber si el chofer de un camión o el personal de seguridad de una empresa, por ejemplo, está con sueño o durmiendo o con pánico o stress, además de masajearlo. La idea es vender esos polos a empresas de transportes o de seguridad. O al Ejército. Producen asimismo casacas para militares, inyectándoles parafina, que absorbe el calor del cuerpo con un efecto refrigerante.

El problema que tienen por el momento no es tecnológico, sino de formalización. Empresas de transportes, por ejemplo, les han pedido hasta 20 mil de aquellos polos, pero reclaman facturas. Lo que ocurre es que la primera empresa que se formalizó sufrió una intervención de la Sunat que la obligó a pagar una multa tal que tuvo que cerrar. La solución ha sido formar una cooperativa de financiamiento y asistencia contable a las empresas familiares, para que puedan lidiar con la Sunat.

El hecho es que por el momento atienden pedidos pequeños, de 50 o 100 polos o chompas. La mayor parte de la producción se va como hilados a Francia. De todos modos, si antes de que llegara la mina las familias vendían el kilo de lana  a 5 dólares, ahora venden a Francia 100 gramos de lana transformada en hilados a 7.5 dólares (75 dólares el kilo). Es decir, a 25 veces más. Las medias arriba mencionadas se han colocado a 60 soles el par. Una chompa o polo de 350 gramos con hilos de plata incluidos, se vende a 320 dólares. Chalinas de alpaca con plata que protegen contra los gérmenes de la gripe, se han colocado a 120 dólares.

Pero hay mucho más. Han descubierto, por ejemplo, que el ichu, que abunda en el altiplano, tiene zinc, que es protector solar. Entonces la empresa ha investigado y desarrollando un protector solar al que le agregan cobre para estimular el colágeno del rostro, plata para matar bacterias y hierro para estimular la circulación sanguínea. Y es antiarrugas. Ya están en la etapa de sacar los permisos y la certificación HACCP (APPCC – El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, referido a la inocuidad de los alimentos).

También han descubierto que pueden elaborar cerveza artesanal de 8% de alcohol usando, en lugar de lúpulo, una fruta llamada Humpikusawa que posee un alto contenido de magnesio y da en un arbusto que crece por encima de los 5 mil metros  que carece de toda utilidad económica o alimenticia. Ya hicieron la investigación y el desarrollo y tienen la certificación. Cada botella de 330 ml. se vende a 25 soles.

Han descubierto el uso de la inmunoglobulina de llama para las alpacas, lo que reducido la mortandad de 50% a cero. También tienen un procedimiento para elaborar fruta seca a partir de la fruta que compran a 60 km. en Madre de Dios: la liofilizan aprovechando la poca presión y el frío extremo, la embolsan y la dan a los niños en el recreo de manera de complementar sus deficiencias en vitaminas y aminoácidos. Ahora quieren vender esa fruta seca.

Andrés Franco refiere que también tienen un sistema de limpieza de agua con estiércol de alpaca, y llaveros con temas andinos que en caso de perderse se pueden encontrar con el celular (ya tienen un pedido de 1,000 de estos).

A la fecha ya tienen 32 iniciativas en investigación y desarrollo. ¿Cómo lo hacen? Pues en el ‘centro de investigación’ de la mina, a 5,000 msnm. El propio Andrés Franco lo dirige y dicta clases en él, y participan los ingenieros electrónicos, textiles y de sistemas de la propia mina junto con un grupo de jóvenes de la zona, desde el cuarto de secundaria hasta los 30 años, “donde estimulamos el conocimiento de la física, biología, química, matemática e ingenierías aplicándolo a investigar los recursos naturales de la zona… por ejemplo: nos dicen que hay una raíz que evita las canas y la caída de cabellos, entonces la investigamos  con rigor científico”, explica Franco. “Formamos grupos de trabajo”, añade. 

-¿Pero para qué necesitan ingenieros textiles en la mina?, le pregunto.

-“Para lograr ropa para minería que mejore la productividad, como chalecos de seguridad con planchas de Ichu mezclado con ácido pálmico para lograr mantener la temperatura y control de la salud de trabajadores”, por ejemplo.

Otro elemento central de la relación con las comunidades es que todos los comuneros saben perfectamente en qué van a consistir los procesos tecnológicos de la futura operación minera. El propio Franco o un ingeniero de la mina se los explica, por ejemplo, de la siguiente manera: “Recoge una piedra o roca de la zona y les pide que la golpeen con un martillo (que simula los chancadores y moliendas de minería). Luego colocan la piedra chancada en un vaso con agua, con PH8… y lo que flota es el concentrado o el producto final.  Se seca y listo para embarcar…”. Saben entonces cómo se va a realizar y con qué insumos el chancado primario, la molienda SAG, la flotación de plomo y plata y la flotación de zinc, de modo que son invulnerables a los argumentos de los anti mineros que aprovechan el desconocimiento de las poblaciones aledañas para infundirles miedo a la contaminación. 

Es más, “tenemos un convenio con la comunidad por medio del cual ellos explican a las poblaciones vecinas el estudio de impacto ambiental ya aprobado. Los responsables de hacerlo son los jóvenes de ciencia y tecnología, por su buena base en biología y química”. La relación de confianza es tal que la empresa no contrata a una empresa de seguridad sino que ha firmado convenios con las rondas campesinas para la seguridad de la mina.

Esta mina es mucho más que una mina. Es un laboratorio social de relaciones con las comunidades y un laboratorio de investigación científica que está descubriendo usos insospechados de los recursos naturales de la zona, que les están permitiendo a las familias campesinas transformar su producción con una tecnología y un valor agregado tales que les permiten dar el salto a la economía nacional y global e incrementar sus ingresos de manera notoria.

Es una mina que está descubriendo el enorme potencial de la sierra peruana, más allá de los minerales. Lampadia