Jaime Spak
Para Lampadia

Cuando se produjo la renuncia de Aníbal Torres a la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de su ingenuo intento por conseguir una denegación fáctica de confianza, la idea que todos tenían en mente era que lo único que Castillo deseaba es el cierre del Congreso.

Hoy en día esta idea hay que tomarla muy en serio.

Castillo no tiene capacidad de enmienda, no tiene capacidad de manejar ni siquiera una clase de primaria.

Menos la tiene para manejar un país.

Si este señor no se hubiera dedicado a obrar de manera deshonesta desde que asumió el poder y por el cual tiene abiertas 7 carpetas de investigación fiscal, hace mucho tiempo habría renunciado.

No lo puede hacer, pues al día siguiente sabe que acabará en prisión preventiva y seguramente luego de los juicios pasará una larga temporada en prisión.

El haber nombrado a Betsy Chávez como presidenta del consejo de ministros, una mujer que fue censurada por el congreso cuando fue ministra del trabajo con los votos de Perú Libre incluidos, es una señal que el enfrentamiento continuará.

Pero además ha trascendido que el consejo de ministros firmó un acta en donde dejan claro que se trató de una negativa de confianza.

Al ser este un delito, la totalidad de ministros que firmaron esta acta acabarán siendo denunciados penalmente.

Curiosamente la única que no firmó fue Dina Boluarte, pues ya debe de estar preparándose para tomar la posta presidencial.

El Congreso no le dará el voto de confianza a Betsy Chávez, ya que esta mujer tiene serios cuestionamientos. Haber contratado en puestos del Estado al padre y a la hermana de su pareja, y también por haber incluido en el nuevo gabinete a personas que han traicionado a los partidos que los llevaron al congreso como el caso de Heidy Juárez.

Esta mujer que fue elegida por el partido APP de Acuña fue acusada de grabar y luego de difundir un dialogo entre Cesar Acuña y Lady Camones, que dio lugar a la censura de Camones y se vio obligada a dejar la presidencia del Congreso donde había sido elegida semanas antes.

Esta señorita Juárez fue expulsada de APP y se pasó a las filas de Podemos. Acepto ser ministra sin siquiera consultar con su nuevo partido, del que acaba de ser expulsada también.

Hace algunos meses Heidy Juárez indicó en una entrevista, que va a firmar la moción de vacancia contra Castillo porque “el Perú es mucho más que este gobierno improvisado y corrupto “(sic). Ahora es miembro de este gobierno.

Este es un típico caso de la calidad de personas que están ocupando curules en el congreso y ahora forman parte de gobierno, dejando de lado los más esenciales valores éticos y se venden por un plato de lentejas y un sublime.

Lo que resulta muy sintomático es que la vicepresidenta Dina Boluarte haya decidido no continuar en el gabinete.

Es un hecho premonitorio que se está preparando para la sucesión.

Cuando renunció Torres, congresistas de Perú Libre y del Bloque Magisterial fueron de la opinión que Castillo debía de convocar a un gabinete de ancha base que logre sacar al Perú del entrampamiento político que se encuentra.

Ellos mismos consideran ahora que poner de Premier a Chávez es una nueva provocación de Castillo y compañía.

Esta semana se está debatiendo la posibilidad de suspender de sus funciones a Castillo por 12 meses, y si esto prospera, para lo cual se necesita una mayoría simple, pues en ese momento Boluarte sería la sucesora y la nueva presidenta de la República.

De acuerdo a los rumores que se tejen en estos días, también existe la probabilidad que los congresistas, sabiendo lo que les espera de las intenciones de Castillo de cerrar el Congreso y luego convocar a una asamblea constituyente para perpetuarse en el poder, piensan en la posibilidad de una vacancia.

No solamente estarían poniendo a Castillo fuera del poder, sino que los ministros que hayan sido cómplices en las fechorías del primer mandatario estarían incursos en delitos penales.

Por ello nos sorprende que gente de cierto prestigio como Kurt Burneo, que evidencia serios problemas de salud y Cesar Landa, que, ha sido presidente de TC, y que fue despedido sin asco de la cancillería ahora haya regresado con el rabo entre las piernas.

Será que la angurria supera a la auto estima.

Para agregarle gasolina al fuego, la cereza de la torta la acaba de poner Castillo al nombrar al tan criticado fascista, misógino, etc. etc. de Aníbal Torres como asesor del Consejo de Ministros.

Es decir, a la persona más cuestionada del gobierno y por la cual todos los peruanos nos sentíamos aliviados al haber salido del gobierno, lo hace ingresar por la puerta falsa para que siga azuzando a la gente y dividiendo al Perú.

Nos esperan hechos muy complejos en los próximos días.

No nos sorprendamos que antes de fin de año tengamos la sucesión de presidente y ojalá esta mujer pueda enmendar los rumbos de un país maravilloso, que ha caído en manos de una cúpula de gente lumpen que no tiene más intención que llenarse los bolsillos y dividir al Perú.

Para resumir la situación de la política peruana está más enredada que una pelea de pulpos.

El Congreso ahora si debe de ponerse fuerte y sacar del poder a Castillo, antes que este oscuro personaje acabe con nosotros.

Si eso sucede y juramenta Boluarte, no nos sorprendería que la investigación del congreso en contra de ella genere luego una suspensión en el cargo de presidenta de Perú

Tendríamos una primera presidente mujer con un efímero paso como gobernante.

Es decir, no solo en los últimos meses habremos tenido 5 gabinetes más de 80 ministros, 100 viceministros, sino que siguiendo el oscuro récord del Perú en un lapso de 18 meses tendríamos 3 presidentes adicionales.

Es decir, en los últimos 6 años, Perú tendría el triste récord mundial de tener 7 presidentes.

Ya podríamos hacer una miniserie para Netflix, que le pondríamos de título “La Sucesión “.

No hay duda que en el Perú, la realidad supera largamente a la ficción. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Nunca imaginé que alguien que aspirara a gobernar el país y dedicara tantos meses a una campaña electoral, llegara al día de su investidura como presidente, sin un gabinete ministerial previamente coordinado y estructurado, al punto que, después de propalada la agenda para la juramentación del gabinete para la tarde del 28 de julio, ésta se tuviera que reprogramar para dos días posteriores, entendamos dos días sin gobierno (mal comienzo).

Si tras doscientos años de vida republicana, los 33 millones de peruanos, con el Presidente de la República a la cabeza, no somos capaces de identificarnos como Nación y si pretendemos retroceder al pasado, repasando la historia de sólo una de nuestras líneas de origen, sin reconocer que todas las sangres han dado su aporte al país que hoy somos, tenemos un grave problema. Ahí empiezan las divisiones y la imposibilidad de mirar el futuro como un país integrado. Lamento decir que, si no corregimos esa tara de origen, llegaremos igual de fracturados al Tricentenario.

Me hubiera gustado escuchar un mensaje unitario y debidamente estructurado, no esta lista de lavandería, repetitiva, que trasluce desconocimiento de varios temas y poca idea de lo que cuesta cumplir esos sueños, ni su impacto en las finanzas públicas. Debo reconocer también, el temor que infunde el pensar que el modelo de corrupción practicado en las regiones, será el que se traslade al concepto de “un gobierno del pueblo (que) ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba”.

Una pequeña dosis de coherencia hubiera sido suficiente, para advertir que un mensaje que habla de “orden en la economía y predictibilidad”, no es compatible con la insistencia respecto a convocar a una Asamblea Constituyente. Decir que no se pretende estatizar la economía, mientras todo lo económico se sustenta en la inversión pública, resulta poco consistente.

Cómo no estar de acuerdo con la lucha contra la corrupción, pero quejarse de ver libres a los empresarios ligados al caso Lava Jato, es una frescura. Esta situación, es totalmente imputable a la Fiscalía de la Nación y al gobierno de Vizcarra (su aliado), que negoció a espaldas de todos los peruanos una “colaboración eficaz” con la cabeza corruptora, permitiéndoles, no sólo cobrar todo lo que quisieron, sino que quedaron en libertad de volver a su país. Como si la fiscalía le hubiera dado al “Padrino” el beneficio de ser colaborador eficaz… (sólo para niños).

No reconocer que, gracias al modelo económico aplicado durante las tres últimas décadas, se redujo en dos tercios los niveles de pobreza y se mejoró las condiciones de vida de los ciudadanos y paralelamente pretender culpar “al modelo” por la incapacidad de protección sanitaria que la pandemia desnudó, es mezquino.

Igualmente, no entender que ese estado de indefensión, se debió fundamentalmente a la incapacidad de gestión del Estado y los altísimos niveles de corrupción en los gobiernos nacional, regionales y locales, que nos dejaron con hospitales abandonados a medio construir, sin oxígeno y sin dinero, es patético.

Felizmente ha reconocido la necesidad urgente de reactivar la economía y generar oportunidades de trabajo, pero sus ideas de “promoción de la inversión” son raras, por decir lo menos. Afirmar que, “hoy se tiene una anomia crítica en el sector de minería, energía e hidrocarburos”, significa no saber siquiera que, estas actividades (las formales) son las más sobre-reguladas y exigidas del país. Sería interesante, ya que pretende ser la cabeza del ejecutivo por este lustro, se ilustre un poquito sobre el asunto, pero no a partir de gente dedicada a la extracción ilegal de minerales.

¿De cuándo aquí el Estado es capaz de reducirle costos y facilitar procesos a la inversión privada? ¿Es compatible acaso “mantener la estabilidad jurídica”, con el pedido de una Asamblea Constituyente que puede cambiarlo todo? Ciertamente, no hay coherencia.

Obviamente, quienes armaron el rompecabezas del mensaje presidencial, entienden que la inversión privada se reducirá dramáticamente en los años venideros y por eso, han puesto el acento en maximizar la inversión y gasto público. Sólo los proyectos “Tren Inca” y “Tren Grau”, ferrocarriles longitudinales de la sierra y la costa, que no tienen siquiera expediente técnico, significan no menos de US$35 mil millones de “financiamiento internacional”, lo que representa incrementar la deuda en más de 15% del PBI, lo que agregado al nivel actual 36.5% y al 5% de déficit del año 2021, nos estaría asegurando un nuevo nivel de deuda del orden de entre 56% y 60% a futuro. Esto, sin contar los 5 hospitales para cada región ofrecidos para el 2026. Debemos pues tener claro, que las reglas de prudencia y transparencia fiscal quedarán en suspenso por largo tiempo y que la calificación de nuestra deuda soberana como “grado inversión”, está en grave riesgo. Es pues importante y urgente tener un ministro de economía y finanzas que cuadre los números y le haga ver al profesor, la cantidad de ceros que implica lo dicho en su mensaje, pues supongo que jamás ha visto, ni imaginado esas cifras.

No puedo dejar de mencionar al duende, que debe haberse infiltrado en la confección del discurso, al darle un rol protagónico a PETROPERU, involucrándolo en toda la cadena de la actividad, desde la exploración y explotación hasta la comercialización. No sólo por el hecho que, los limitados recursos del Estado deben destinarse principalmente a salud, educación, nutrición y seguridad, en lugar de arriesgarlos en actividades empresariales de alto riesgo, sino por la incoherencia de involucrar recursos y esfuerzos del Estado en combustibles fósiles, cuando quiere reducir la emisión de gases de efecto invernadero para “convertirnos en un país carbono neutral para el 2050 y reducir emisión de gases de efecto invernadero del 30% al 40% para el 2030”.

Felicito la idea de darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, pero el mejor rol debiera ser en la educación, así tendríamos muy buenos profesores de; lenguaje, matemáticas, física, química, valores y disciplina. Podríamos contar con nuestros oficiales para observar a los maestros de la educación pública y saber qué están enseñando a nuestros jóvenes, controlando y neutralizando el adoctrinamiento que el PCP ha trabajado por más de 20 años. Parece muy bien también, que demos uso pleno a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, ya que nos obligarán a pagar por ella.

Lamentablemente no podemos dejar de referirnos al planteamiento de la Asamblea Constituyente, puesto que, al margen de paralizar la economía, es una amenaza a nuestro sistema democrático. La descripción de una “Asamblea Constituyente del Bicentenario plurinacional, popular y con paridad de género, que además de contar con candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas, debe incluir un porcentaje de candidatos provenientes de los pueblos indígenas, nativos y originarios, del pueblo afroperuano e independientes provenientes de gremios de organizaciones populares y de la sociedad civil”, destruye el concepto de igualdad entre los ciudadanos y establece categorías diferentes, con cuotas al gusto del proponente, lo que se convierte en un retroceso histórico.

No sólo no reconoce al Perú como Nación y propone crear categorías de ciudadanos para la constituyente, sino que luego nombra en la PCM a un individuo como Bellido, con lo que le ha declarado la guerra a la democracia. Estamos advertidos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La ciudadanía del Perú no alcanza a salir de su asombro ante las reiteradas mentiras del gobierno. Ya no se trata sólo del reporte de infectados del MINSA y su permanente “desfase”, respecto a los informes cotidianos de las Direcciones Regionales de Salud, ni del control de fallecidos por COVID-19 que, vergonzosamente, no merecen el crédito, ni el respeto de las organizaciones internacionales, por ser abiertamente discrepantes con la realidad y que, no nos quedará más que rectificar.

El caso de la falta de oxígeno a nivel nacional es emblemático.  Ante la notoria incapacidad del gobierno y sus funcionarios para solucionar el problema, las empresas privadas ofrecieron sus plantas de oxígeno en donación y otras donaron el suministro de oxígeno durante toda la pandemia. Southern Perú ofreció al Sr. Zevallos (entonces PCM) la donación inmediata del suministro de 20,000 litros semanales de oxígeno de muy alta calidad (al 98.5%) desde el 22 de mayo, no obstante, y a pesar de la emergencia sanitaria, no actuaron con la diligencia debida y transcurrieron más de dos meses sin dar curso a la aceptación y ejecución de la donación. Este es un caso de lenidad y delito flagrantes que, involucran al presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de Salud y al Gobernador Regional de Arequipa.

Ya es historia conocida que el PCM derivó al CENARES, el ofrecimiento de tal donación y se pasearon de “Herodes a Pilatos” sin resolver. Recién después de dos meses, el Sr. Cateriano aceptó la donación. Lo grave es que, durante esos dos meses, han fallecido más de 1,000 ciudadanos en Arequipa por falta de oxígeno, por la increíble indolencia de las autoridades mencionadas. Pero ahora nos enteramos de la complicidad del Sr. Vizcarra, quien ha salido a la TV a “explicarnos” que no se recibió oportunamente la donación, por el alto nivel de humedad que contenía ese oxígeno. ¡Me indigna que nos mientan con tamaño descaro y nos traten como a ignorantes! Sí, sin justificarse exigían oxígeno al 99%, cuando la norma internacional acepta 93% (ahora después de dos meses y muchos muertos se adecuó “la norma”) y este oxígeno donado era al 98.5%, pero al señor Vizcarra, su aritmética  de ingeniero no le da para entender que, siendo falsa su afirmación encubridora, en el peor de los casos, máximo tendría 0.5% de humedad de exceso y el oxígeno se suministra previo paso por agua destilada para aumentar su nivel de humedad…  En este caso, el Sr. Zevallos ha contestado que; así son de lentos los procesos y que él no es responsable de las demoras incurridas para la aceptación de tal donación. ¿Para qué lo designaron Primer Ministro, si no era siquiera capaz de ocuparse de aceptar diligentemente la donación ofrecida, ante la imprevisión del gobierno y ocuparse de su pronta llegada a destino?

Casos como este se vienen replicando en Huánuco, Cajamarca y Puno entre otros.

Por eso hemos venido insistiendo en la necesidad de que se centralice la gestión de la salud y las compras del Estado, evitando así la corrupción. Ya el Congreso de la República que tanto critica el Sr. Vizcarra, remitió al ejecutivo en el mes de mayo, la autógrafa de la ley para autorizaba al gobierno central, tomar el control, gestión y el manejo presupuestal de la salud, en los gobiernos regionales que considere conveniente. En esas circunstancias, el ejecutivo prefirió ponerse de perfil, no asumir sus responsabilidades e insistió en seguir distribuyendo dinero a los gobiernos regionales y municipales, dejando la responsabilidad de la gestión y las compras para combatir el COVID-19 en esos niveles de gobierno. De más está decir que a Vizcarra le ha venido funcionando el juego de no asumir las responsabilidades, lo que le ha permitido culpar a todos y él salir indemne.

Tragicómico resulta que, ahora, el Sr. Vizcarra explique que la información de contaminados dada por las regiones no es confiable, “pues no se debe considerar las pruebas hechas por ellas, porque las regiones han comprado material médico y pruebas serológicas que no necesariamente pasan las certificaciones de calidad del gobierno central”. Si esto es así, ¿por qué estimuló esas compras? ¿estuvo el Sr. Vizcarra promoviendo la corrupción sin control?

Con lo dicho, ya nada debe sorprender, pero lo visto el domingo 19 de julio, fue surrealista. Una autoridad como el presidente de la República, no puede llegar en medio de una crisis a inspeccionar un hospital público y salir corriendo sin control. No apreció la situación, las condiciones en que se encontraban los pacientes y personal de salud, ni las razones por las que se sentían abandonados a su suerte. Si se trataba de la incapacidad del gobierno regional para gestionar, debió quedarse en Arequipa, convocar a las autoridades competentes y resolver el desastre que ahí había y, con sus ministros, tomar el control e impartir las directivas, además de denunciar al Gobernador Regional por los malos manejos.

¿Cómo es posible que en el almacén general de medicamentos e insumos de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa se haya “descubierto” 43 toneladas de equipos,  material médico, equipo de protección personal (EPPs) para el personal de salud, donados por las empresas en solidaridad con el pueblo arequipeño y recién se den cuenta? ¿Cómo es posible que, por razones ideológicas, desinterés o corrupción manifiesta, no se haya recibido oportunamente el oxígeno donado?

El nivel de irrespeto que ha demostrado por los ciudadanos del Perú el Sr. Vizcarra es inaceptable y está claro que no tiene autoridad moral para hablar de lucha contra la corrupción. En nombre de esos miles de muertos anónimos, cuyos deudos se concentran en la imagen de la Sra. Celia Capira, no aceptamos que se sigan burlando de nuestra inteligencia y, por lo tanto, exigimos a la Fiscalía de la Nación inicie las acusaciones correspondientes por los delitos de lesa humanidad que han cometido los involucrados en este caso. Por otro lado, queda claro que el Sr. Vizcarra, no sólo ha resultado absolutamente incapaz de gestionar el país, sino que es el promotor de una corrupción masiva, vergonzante y que ha generado muertes por acción u omisión dolosa.

¡En el holocausto sacrificaron al pueblo judío en la cámara de gas, en Arequipa y varias regiones del Perú, vienen sacrificando al pueblo peruano negándole el oxígeno! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. Hay miedo, angustia y al mismo tiempo hay una conciencia colectiva y hasta global casi inédita, una ‘rara hermandad’ como decía Rolando Luque. Hay una acción nacional, a la que nos subordinamos. Pero la paralización general tendrá consecuencias en la economía que serán probablemente desastrosas si no encontramos la forma de paliarlas. ¿Se justifican las medidas extremas que el gobierno está adoptando, con el riesgo de estrangular la economía y retornar a niveles de pobreza que hace décadas no veíamos?

Según el doctor Moisés Rosas, ex jefe del SIS, médico y estadístico, si respondemos a medias permitiendo que funcione la economía, 125 mil peruanos podrían morir en un año aniquilados por el coronavirus. Y este sería un cálculo conservador: considera solo un 1% de los infectados, que llegarían a 12.5 millones en un año tomando en cuenta que un 50% de la población urbana puede ser contagiada en ese periodo de tiempo (los gobiernos de Alemania y Gran Bretaña están actuando en el supuesto de que el virus infectará entre el 60 y 70% de su población).    

Lo que le está faltando al gobierno es dar los números, para tomar conciencia. La siguiente es una proyección del número de infectados desde el día 1 hasta el 29 de marzo. Para esa fecha tendríamos 3,701 personas contagiadas identificadas, como podemos ver en el siguiente cuadro, enviado por una fuente del MINSA:

Constatamos que la proyección para el día de ayer coincidió con la realidad: 145 casos. En días anteriores el número de infectados era mayor que lo previsto. Se entiende que si en los próximos 7 días la realidad da números sostenidamente menores que la proyección, ello podría significar que las medidas están empezando a dar resultados. En realidad, si la incubación del virus dura 7 días, recién la cuarentena empezaría a tener efecto en la segunda semana. Se esperaría que a fines de mes la curva empiece a aplanarse. Es decir, que el número de nuevos casos sea menor cada día.

¿Por qué no se publican estas proyecciones? En Perú había hasta ayer 145 casos oficiales. Esto significa que tendríamos entre 725 y 1,450 casos reales, pues según la OMS por cada caso diagnosticado hay entre 5 y 10 no diagnosticados. Ahora bien, respecto de los identificados, la mortalidad oscila entre 0.5 y 2%. Si fuera 1%, por cada 100 infectados uno muere. En Perú no ha muerto nadie aún, aunque el primer caso sería inminente. El porcentaje de hospitalizados -respecto de los identificados- oscila entre 15% y 20%; teníamos ayer 19 hospitalizados. Y el porcentaje en UCI es alrededor del 5%; teníamos ayer 5 pacientes en UCI, tres graves.

La estrategia drástica de aislamiento social funcionó en la China, aunque al costo probable de una caída del 9% de su PBI en el primer trimestre según estimaciones de Goldman Sachs, algo insólito para ese país. En Corea se aplicó una estrategia más fina y algo menos destructiva que combinó un despliegue masivo de pruebas o kits de diagnóstico (que nosotros no tenemos) para identificar a los infectados y sus entornos, aislarlos y monitorearlos al milímetro, junto con cuarentenas por zonas. En esos países la cultura de responsabilidad colectiva o de conciencia comunitaria es mayor. 

El Reino Unido ensayó una estrategia distinta, para no afectar la economía, y ya dio marcha atrás. Partió de la premisa que se trata de una epidemia que no se puede frenar y entonces decidió no frenarla sino, por el contrario, permitir la vida normal de modo que toda la población se infecte para que cuando ya no haya nadie más a quien contagiar, la epidemia implosione sola. Es la llamada “inmunidad de grupo o de rebaño”. Mientras tanto, eso sí, debía aislarse por completo por cuatro meses a los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Pero ese aislamiento absoluto es imposible.

Finalmente el prestigiado Imperial College publicó un estudio[1] revelando que aún aplicando una combinación de estrategias de distanciamiento social habrían cientos de miles de muertes. El gobierno dio marcha atrás, pero probablemente ya es muy tarde. Como quizá lo sea también en Estados Unidos, donde el presidente Trump desoyó los consejos de los expertos hasta que ya no pudo negarlos.

Según Moisés Rosas, la decisión clara del presidente Vizcarra en este tema obedezca a que, siendo ingeniero, lee la data. Y saca las conclusiones. Pero sería bueno que el Ministerio de Salud o la PCM difundan precisamente toda esa data, para que a la gente no le quede dudas que no hay más remedio que vivir lo que estamos viviendo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al ser el Estado una entidad monopólica, carece de los apremios de la competencia para mejorar sus servicios, reducir sus costos y simplificar sus procesos. Por el contrario, su tendencia es a incrementar el gasto y las regulaciones en detrimento del ciudadano, de las empresas y del contribuyente.

Las consecuencias son que atiende mal al público, atiende mal su propia demanda interna (a los alcaldes, por ejemplo), no resuelve o se demora en hacerlo y frena la iniciativa privada y estatal. Por supuesto, le cuesta mucho innovar.

Es posible que la tecnología –la digitalización- ayude a controlar estas tendencias naturales, en la medida en que simplifica la vida al usuario, ayuda a recabar y ordenar información y simplificar procesos, y permite una participación del ciudadano en sistemas de reclamaciones y denuncias. Eso requiere, por supuesto, de un Estado profesional y meritocrático, que funcione por resultados, incluso para premiar la reducción de normas y trámites de modo que estos no vuelvan a crecer luego de una simplificación.

Llamó la atención, en ese sentido, que el Premier César Villanueva mencionara algunas reformas novedosas en estos campos en el discurso de investidura en el Congreso. Anunció que se retomará la reforma del Servicio Civil con concursos transparentes y meritocráticos –algo fundamental-, se simplificará la organización absurda del Estado, se establecerá plataformas de servicios administrativos compartidos en regiones, habrá libros de reclamaciones en las dependencias públicas y se creará un sistema único de trámites virtuales para gobiernos regionales y locales para que no tengan que venir a Lima. 

Incluso planteó una reforma de la descentralización, eliminando superposiciones y delimitando mejor las funciones entre los tres niveles de Gobierno. Y agencias para la coordinación multisectorial.

Veamos qué es lo que efectivamente se está haciendo en relación a algunos de los anuncios que hizo. En qué consisten esas propuestas.

Plataformas de servicios compartidos

Dijo Villanueva: “haremos plataformas compartidas de tareas administrativas ya que el ejecutivo tiene más de 2,000 sedes administrativas fuera de Lima que se traducen en altos costos y baja articulación y coordinación”.

La secretaria de Gestión Pública de la PCM, Mayen Ugarte, nos refiere que se tuvo la iniciativa de solicitar a todos los ministerios y entidades del gobierno central que reportaran información sobre todos los locales que tienen en las regiones. Y el resultado fue ese: poseen más de 2,000 locales en el interior. Pero, además, con un patrón de ocupación irracional: mientras algunas oficinas son enormes y están casi vacías porque tienen poquísimo personal, otras están hacinadas. En Piura, por ejemplo, hay 220 oficinas del gobierno central. Mientras la Cancillería tiene una casa grande de dos pisos en la que solo laboran 5 personas, Provías, cuya presencia si se justifica, tiene un local ajustado. También existen amplios espacios destinados a almacenar trastos viejos de los que no se deshacen porque las normas lo impiden. En muchos casos duplican funciones de los gobiernos regionales o locales.

En suma, un desperdicio enorme de recursos. La solución que se ha diseñado, entonces, es la siguiente: allí donde hay un MAC (Mejor Atención al Ciudadano), que son esos locales que concentran hasta 27 servicios de atención al ciudadano -desde revalidación de licencias de conducir hasta certificados de antecedentes penales y judiciales pasando por duplicados del DNI, etc.-, y la entidad tiene trámites que los ciudadanos realizan, entonces la idea es que esa entidad vaya al MAC.

Si no hay MAC, o no hay trámites al público, entonces la idea es que oficinas saturadas se trasladen a locales relativamente vacíos de otras entidades, y compartan los gastos administrativos. Por supuesto, esto supone mejorar las normas relativas al pago de servicios compartidos, que hoy por hoy prácticamente lo impiden porque pagar algún servicio de un tercero podría ser visto como malversación. Se ha formado una Comisión para estudiar este tema y formular una política de espacios públicos que incluya también la posibilidad de fusionar oficinas administrativas.

A nuestro juicio, esta comisión debería aprovechar para hacer un análisis de inutilidad de algunas oficinas y entidades, a fin sencillamente de suprimirlas.  

Más MAC

El presidente del Consejo de Ministros también anunció: “Multiplicaremos el número de plataformas de servicios compartidos en regiones, empezando este año con la implementación de, al menos, cuatro nuevas plataformas en Arequipa, Cajamarca, Ucayali y el sur de Lima. Simplificaremos las reglas y la organización, a veces absurdas, del Estado para facilitar la vida a un ciudadano que no entiende porque tiene que ir a seis entidades públicas diferentes para resolver su problema”.

Se refiere a los MAC. En estos centros el ciudadano no tiene que movilizarse a distintas oficinas del Estado, sino que lo tiene todo concentrado en un solo local, pues se atienden hasta 27 trámites distintos de diversos sectores. El Estado, por su parte, ahorra en gastos administrativos. El MAC de Lima Norte (Los Olivos), por ejemplo, atiende 7 mil personas por día. Literalmente revienta. En la actualidad existen 5 MAC, en Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Piura. Este año habrá 4 más, en las ciudades indicadas por el Premier. La idea es que haya uno por departamento.

Pero hay una evolución ulterior: los 16 trámites más demandados en los MAC y que están digitalizados pasan al software MAC Express, que se coloca en las plataformas de atención de las municipalidades que lo soliciten, para que ellas en cada ventanilla pueden darle al vecino su certificado de antecedentes o la verificación de su título profesional por parte de Sunedu o lo que fuere. Para eso la PCM capacita al personal municipal que atiende en las ventanillas. Esto potencia enormemente la facilidad al usuario.

Ahora, es evidente que, si todos los trámites se pudieran hacer de manera virtual o digital, por internet, no se necesitaría los MAC. Mayen Ugarte nos responde que en realidad hay una proporción significativa de la población que no está conectada a internet o que le cuesta hacer trámites por esa vía, de modo que aún tiene que haber facilidades para trámites presenciales por unos 20 años más, calculan. 

El Premier anunció que se ampliará la plataforma digital gob.pe., que permite unificar las plataformas digitales de las entidades y hacer algunos trámites por internet. De eso nos ocuparemos en otro informe.

Libro de reclamaciones

El Primer Ministro también anunció que se implementará “el Libro de Reclamaciones en todas las entidades públicas como un sistema único para que se pueda supervisar cómo se da solución a las quejas y reclamos de los ciudadanos en toda dependencia del Estado”.

Así como el Indecopi tiene a su cargo la rectoría del sistema de reclamaciones ante las empresas del sector privado, esa función, para las entidades del Estado, le corresponde a la PCM, pero nunca la ejecutó. Pues bien, se ha decidido implementar efectivamente un sistema en línea de quejas y reclamos, que parte de un libro de reclamaciones en toda entidad pública enlazado a un sistema de seguimiento de los reclamos, que permita no solo informarle al usuario acerca del estado y resultado de su queja, sino mejorar el servicio o revisar el procedimiento en cuestión, o llamar la atención a la persona quejada si la queja apunta al maltrato de un servidor público.

Para ello, en tres meses se llevará a cabo un piloto en tres comisarías, dos Ugel y un hospital regional. La idea es que el sistema esté implantado en todas las entidades públicas en un año y medio. Evidentemente la aplicación de un sistema así, que facilita la participación del ciudadano, puede tener un efecto determinante en el mejoramiento de los servicios públicos.

Consulta en línea a 500 mil servidores públicos

Lo interesante es que se montará, además, un sistema de información que permita canalizar la percepción y aportes de los propios servidores públicos acerca de qué trabas encuentran ellos en el propio Estado que les impiden lograr resultados. Lo anunció también César Villanueva: “recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que, finalmente, se traducen en problemas o demoras para la gente”.

La idea es organizar una encuesta y consulta pública en línea para preguntarles a 500,000 servidores públicos qué les impide trabajar bien, qué obstáculos tienen para cumplir sus funciones, cómo sortean esos obstáculos si lo hacen o si se resignan a la inacción, etc. Es decir, convertir a los servidores públicos en agentes de cambio. Se ha hecho ya el trabajo de campo con entrevistas en profundidad, definiendo tipos de perfiles de servidores por edad principalmente, para definir bien las preguntas. La encuesta se aplicará en julio y agosto.  

Manuel Maldonado, de la Secretaría de Gestión Pública, nos explica que las respuestas a las entrevistas y encuestas se procesan con inteligencia artificial. Ya tienen el software para eso. Es importante, porque una experiencia similar, pero dirigida al usuario, que fue “dimetutraba.pe”, al final fue poco efectiva porque no se pudo procesar la cantidad de información que produjo la ciudadanía. Todo esto se hace con apoyo de la GyZ alemana.

A partir de esta información, la idea es identificar “agrupaciones o clusters de problemas”, nos explica Melissa Donayre a cargo del proyecto, que lleven a simplificar las reglas con las que se funciona y eliminar controles burocráticos inútiles.

Sistema de trámites para gobernadores y alcaldes

Ahora bien, ocurre que el Estado maltrata no solo a los ciudadanos sino también a los propios alcaldes, que, según el Primer Ministro, pasan en promedio ¡168 días en Lima! en su primer año de gobierno, haciendo gestiones para su comunidad. Y no los reciben en los ministerios. Villanueva anunció entonces que “Se creará un sistema único de trámite para gobiernos regionales y locales”

La PCM encuestó a los alcaldes para ver por qué viajan tanto a Lima. Lo hacen porque no les contestan el correo, o no les aceptan el documento que envían o que traen, o para hacer seguimiento al trámite que han iniciado. Muchas veces vienen para hacer una consulta, y si tienen la suerte de ser recibidos, cuando quieren aprovechar para hacer una segunda consulta, les dicen que tienen que sacar cita nuevamente. La municipalidad, por ejemplo, puede subir por internet el perfil de un proyecto para que sea considerado en la programación presupuestal del MEF, pero para dar de baja un proyecto el alcalde o el funcionario tiene que venir a Lima. Además, tienen que ir al JNE a obtener un documento que certifique que son alcaldes.  

Lo que se va a hacer, entonces, nos explica Ugarte, es poner en marcha un sistema que permita ingresar el trámite y hacerle luego seguimiento en línea desde la localidad del alcalde, sin necesidad de venir a Lima, con plazos de respuesta.

Las reuniones Gore y Muni – Ejecutivo

Por eso –agrega Mayen Ugarte- las reuniones Gore – Ejecutivo tienen mucho éxito, porque los gobernadores regionales toman acuerdos directamente con los ministros. La consecuencia es que ahora vienen a Lima la tercera parte del tiempo que venían antes. Los Gores, como se sabe, funcionan como ruedas de negocios: los gobernadores regionales se reúnen individualmente con cada ministro. 

Ahora se ha decidido aplicar la misma lógica con los alcaldes: los Muni –Ejecutivo, que se realizan cada 15 días en una región distinta, al que asisten los ministros y todos los alcaldes de la región. Y en la Secretaría de Descentralización se les hace seguimiento a todos los acuerdos que se toma con los ministros. Según parece, los alcaldes están muy contentos con esta práctica.

Por supuesto, todas estas iniciativas son complementarias a la tarea central de la PCM, que es la simplificación de normas y procedimientos y la digitalización del Estado. Pero de eso nos ocuparemos en otro informe. Lampadia

Algo que ya se percibía de los efluvios del poder, permitía intuir la existencia de un movimiento que pretendía ir debilitando la figura del vicepresidente Martín Vizcarra, como el eventual sucesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ante la posibilidad de escenarios políticos que lo alejen del poder.

Ahora, ante el pedido expreso de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, el partido de mayor representación congresal, de que PPK renuncie y permita una sucesión constitucional que destrabe el nudo político que ha paralizado al país, así como por la inminencia de un segundo proceso de vacancia; se ha desatado una campaña contra Vizcarra, que linda en la desesperación.

El día de hoy, los promotores de esta campaña se han multiplicado en los medios para apabullar a Vizcarra. La figura más común que se está repitiendo, es el pedido de que Vizcarra se pronuncie sobre la vacancia. Como siempre, estos dislates son reverberados en los medios, con gran soltura y aparente sensatez. Por ejemplo, esta mañana en RPP, Patricia del Rio, decía que no puede ser que Vizcarra no se pronuncie.

La pregunta es: ¿Por qué y sobre qué, debe pronunciarse Vizcarra?   

El vicepresidente es la figura de respaldo del presidente de la República ante cualquier evento que determine la ausencia del mismo. Si como en estos días, la figura presidencial está fuertemente cuestionada, se repiten los pedidos de renuncia, y nos amenaza un voto del Congreso por la vacancia, lo último que debe hacer el vicepresidente es pronunciarse, comprometiendo su posición, que debe mantenerse ajena a la situación del presidente, y mantener su independencia para, si la situación lo exige, asumir la presidencia de la República, en las mismas condiciones de PPK, representando a todos los peruanos.   

Es interesante ver las expresiones de las personas que, ya sin vergüenza, están socavando la figura del vicepresidente.

Las siguientes son citas textuales del recorte mostrado:

• Debe hablar, el vocero de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, emplazó al embajador a que fije una postura sobre la vacancia de PPK y que aclare si se ha tenido conversaciones con el fujimorismo, tal como lo sugirió Maritza García. “El señor Martín Vizcarra tiene que decir si está en esta componenda política (con el fujimorismo) o no lo está. Es importantísimo que, en este momento, el vicepresidente se pronuncie”, indicó.
• Gilbert Violeta le pidió a Vizcarra que deslinde de estos trascendidos. “Sería lamentable para una figura respetable, como Martín, que eso sea cierto.
• Guido Lombardi fue más radical. “Yo esperaría que Vizcarra fuera claro, como Mercedes Aráoz, sobre la vacancia (…). Haría bien, por su honor personal y por la estabilidad del país, en pronunciarse sobre este asunto”, dijo.
• Mercedes Aráoz se sumó al pedido de sus colegas. “Vizcarra está trabajando. Él dice que está trabajando. También quisiera escucharlo. Espero que pronto salga a plantear el tema (de la vacancia) porque es un hombre leal al presidente”, detalló. Ante la insistencia de la pregunta, la titular de la PCM indicó que si ella tuviera el cargo de Vizcarra, “sí defendería al mandatario, porque tiene principios”. “A mí no me engañan con el saborcito gracioso ‘ay te voy a cuidar’, ‘te voy a hacer meme’, eso es mentira”, dijo en referencia a los rumores de una posible negociación entre el fujimorismo y el primer vicepresidente.
• No hay conversaciones, la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, negó que su partido haya tenido alguna reunión particular o conversación con el embajador en Canadá.

En la misma nota, Fernando Rospigliosi afirma que el silencio de Vizcarra es conveniente.

El oficialismo está tratando de presionar y desacreditar a Martín Vizcarra con ese tipo de declaraciones. No solamente han pedido que se pronuncie, sino también han insinuado que es parte de una suerte de conspiración contra PPK. Es claro que el vicepresidente estaría dispuesto a reemplazar a Kuczynski si este es vacado, por eso no ha dicho nada hasta ahora. A Vizcarra le conviene quedarse mudo, no debería meterse en esa discusión y caer en la provocación, porque si entra al debate se expone a nuevas críticas, no importa lo que le digan los adversarios. Los pocos partidarios de Kuczynski dirán que Vizcarra es un traidor, pero la gran mayoría piensa que es lo mejor. Según las encuestas, PPK es un presidente con bajísima popularidad e inmensa desaprobación.

Está pues claro de donde viene esta campaña antidemocrática. Basta de politiquería. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no debería ser vacado, porque no corresponde y dañaría la imagen del Perú, pero sí convendría al país su renuncia.

Según el artículo 117° de nuestra Constitución, “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Es decir, si se presume que el Presidente ha cometido un delito puede ser investigado pero no acusado sino hasta luego de terminar su mandato (y aquí estamos hablando de hechos cuya naturaleza presuntamente delictiva no ha sido todavía precisada y que ocurrieron antes de que fuera elegido Presidente). La Constitución, en este sentido, busca blindar al Presidente a fin de que pueda culminar su mandato.

El problema es que la propia Constitución contradice su espíritu cuando, en el artículo 113°, establece que la Presidencia de la República vaca por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Pasamos del blindaje más duro a un mecanismo de destitución presidencial sin fundamentación rigurosa, subjetivo, que se presta fácilmente a la arbitrariedad de la mayoría.

Cuando las constituciones del siglo XIX establecieron la vacancia por “incapacidad moral permanente”, estaban significando “incapacidad mental”, que es fácilmente verificable. Cuando luego el concepto muta para convertirse en sinónimo de “inmoralidad” o “falta de ética”, entramos en el terreno de la indeterminación, de la atipicidad. Un delito es un hecho objetivo tipificado en el código penal que se puede y debe probar, y para eso está el debido proceso. Las mentiras no están tipificadas, aunque se pueden eventualmente demostrar, pero ¿cuán grave debe ser una mentira para que acarree la vacancia? ¿Tiene sentido que el presidente no pueda ser destituido por delitos supuestamente cometidos, y si lo pueda por una mentira, o por una falta moral?

En todo caso, lo que detonó el fallido proceso de vacancia de diciembre fue lo que a todas luces era una mentira clara del presidente al negar relaciones contractuales con Odebrecht que después se descubrieron ciertas. Su excusa fue que él no sabía nada porque su empresa se la había entregado a Gerardo Sepúlveda, de quien le separaba una muralla china pese a que se había reunido con él en varias ocasiones mientras era ministro.

Se puede argumentar que la mentira presidencial justificaba presentar una moción de vacancia, aunque ningún debido proceso hubiese sido suficiente para demostrar que la consecuencia de esa mentira debía ser indubitablemente la vacancia. La decisión, como se argumentó, era en última instancia política. Es decir, potencialmente arbitraria. Y potencialmente abusiva, porque una vez dado un motivo, la fatalidad de las leyes de la política lleva a utilizar una institución como esa –la vacancia- hasta el extremo, más aún si carece del freno del debido proceso, que es impracticable en ausencia de tipificación. Es decir, dada la existencia de esa institución, es difícil no usarla, sobre todo si, como en el caso de los dos grupos de izquierda en el Congreso, sienten que cobrar la cabeza de un presidente “neoliberal” es lo más parecido a una revolución, cuando menos simbólica. De hecho, son ellos los que están planteado nuevamente una moción de vacancia.   

Nuevos hechos

La justificación para el pedido de vacancia original fue, como decíamos, una mentira de PPK: haber negado contratos que podían implicar cuando menos conflicto de interés. Ahora han aparecido nuevos hechos: tres contratos de Westfield Capital con Odebrecht para el Proyecto Olmos, la Interoceánica Norte y para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur respectivamente, firmados mientras el PPK era ministro. Y que luego de esos contratos, Odebrecht haya conseguido efectivamente los proyectos. Y reuniones entre Barata y PPK cuando este era ministro.

Pues bien, esos son hechos que el fiscal Hamilton Castro está investigando para ver si los contratos fueron determinantes para que salieran los proyectos y si en las reuniones de Barata con PPK se acordó los mencionados contratos con Westfield. Porque, de haber sido así, estaríamos ante una forma de soborno o alguna otra figura del derecho penal que el fiscal tendría que determinar.

No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta

Pero todo eso nos lleva al terreno del art. 117° de la Constitución: que el presidente sólo puede ser acusado luego de terminar su periodo. Si la fiscalía encuentra suficientes elementos de convicción, lo acusará, pero luego de terminar su gobierno.

La vacancia, por lo tanto, no aplica. No hay una nueva mentira del presidente. Estos nuevos hechos revelados están dentro de los que fueron negados por la primera y única mentira. Y esa ya se resolvió en el proceso de vacancia, con resultado negativo. No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta. Ese, que es un principio del derecho penal, con mayor razón rige ante una falta moral.

La única salida es la renuncia

Dicho esto, sin embargo, también es cierto que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ya no es viable. Su autoridad y credibilidad –dos caras de la misma moneda- se han reducido al mínimo. La consecuencia es que ya no puede gobernar. Si él quisiera convocar en este momento a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros para recomponer relaciones con el Congreso, sería prácticamente imposible que alguien que en otras condiciones tuviera esas capacidades, ahora pudiera aceptar, porque no podría lograr resultados. Es más, el desgobierno que eso implica lleva a los distintos actores a funcionar por la libre, cada uno tratando de maximizar ganancias políticas sea con proyectos de ley tan populistas como contraproducentes –véase por ejemplo las propuestas del Defensor y de Javier Velásquez Quesquén para regular precios de los medicamentos-, sea con acciones de fuerza que terminan obligando al gobierno a ceder con medidas que también resultan contraproducentes.

Por supuesto, en ese ambiente las indispensables reformas para sacar al país de la trampa de los ingresos medios, pierden cada vez más oxígeno. Tampoco los funcionarios toman decisiones y los ministros se limitan a administrar lo mínimo. Todo se detiene, creando las condiciones para un círculo vicioso de impotencia gubernamental y protestas que puede llevar a los peores escenarios. 

Por eso, lo mejor para el país sería la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, dejando el cargo en manos del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien tendría que plantear como condición para asumir la Presidencia acuerdos de gobernabilidad con la oposición. Para ello deberá nombrar a un Premier de altas condiciones, capaz de organizar gobierno y de elaborar una agenda conjunta –que incluya reformas- con el Congreso de la República. Hay que pensar en el país. Lampadia

Fernando Cillóniz B. 
Gobernador Regional de Ica
Ica, 16 de noviembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

¡Cínicos! Le roban al Estado… pero se ofenden cuando se les llama corruptos. Desprecian a la población. Dicen que están en contra de la corrupción. Y que, por luchar por el bienestar de la ciudadanía, fueron injustamente destituidos.

¡Están mal de la cabeza! Mitomanía… se llama esa enfermedad. Eso de creerse sus propias mentiras es un trastorno psicológico. Y claro… como cuentan con el respaldo – cómplice – de periodistas como Pillaca y Casavilca, de consejeros como la Barco, y de congresistas como Oliva y Segura – entre otros – creen que tienen patente de corso para delinquir.

Lo de Pillaca y Casavilca es descarado. Ambos son – indiscutiblemente – los más fervientes defensores de la corrupción en Ica. Se la tienen jurada a la Directora del Hospital Regional. Y no se cansan de pujar todo tipo de insultos contra el Gobierno Regional.

Deben tener algo de gallinazo o rata… porque ¡cómo les atrae la basura¡, Ahora se les ha dado por buscar “basura bio contaminante” en los botaderos de la ciudad. Todo vale para incriminar a la Directora de nuestro principal nosocomio.

Pero lo que no saben este par de periodistas perturbados es que los “residuos bío contaminantes” de nuestros hospitales – aparte de recibir un tratamiento de esterilización previo a su eliminación – se entregan a empresas especializadas que transportan dichos residuos a botaderos autorizados por el Ministerio de Salud… fuera de Ica. Los residuos hospitalarios que se eliminan en los botaderos de Ica no son bío contaminantes. Así que ¡plancha quemada!

Lo revelador del caso – sin embrago – es que sólo les atrae la basura del Hospital Regional de Ica. No así… las basuras de las clínicas privadas u otros centros de salud de la ciudad. ¿Más claro?… ni el agua. Lo único que quieren – este par de carroñeros – es la cabeza de la Dra. Diana Bolívar.

Precisamente… la Médico Colegiada – Gerente de SERVIR – que ha dignificado la salud pública en la Región. La que ha eliminado las colas en el hospital más importante de Ica. La que ha puesto orden en la institución. La que en – apenas – 50 días de gestión, hizo lo que – en 50 años – no pudieron hacer todos los que la antecedieron.

Esa es la persona que tanto cuestionan estos malos periodistas… secundados por los personajes antes mencionados. A los que habría que agregar – aunque parezca difícil de creer – al mismísimo Colegio Médico del Perú.

Todos – tendenciosamente – dicen que estamos “destituyendo a trabajadores” … y punto. ¡Hipócritas! Mencionan el verbo y sustantivo (destituir trabajadores), pero omiten – deliberadamente – el adjetivo calificativo (corruptos). La frase completa – con verbo, sustantivo y adjetivo – es “destituyendo a trabajadores corruptos”. Porque sí… estamos destituyendo a trabajadores corruptos que le roban al Estado, y maltratan a la ciudadanía.

Como se ve; el adjetivo es clave. Porque “destituir a trabajadores” es un acto abusivo. En cambio “destituir a trabajadores corruptos” es un acto de justicia.

Hablando de corruptos; hay un tal Santa María – connotado dirigente sindical del Gobierno Regional, que no tiene nada de Santa… y menos de María – que ha sido destituido por cobrar viáticos con facturas falsas. ¡Una deshonra para el sindicalismo regional!

Un tal Chancos fue destituido por tirarle un ladrillo a nuestro Director Regional de Salud. Dicho sea de paso, gracias a un video publicado por el periodista Casavilca, obtuvimos las pruebas fehacientes para incriminar a dicho tira-ladrillo.

Uno de apellido Gavilano fue destituido por emborracharse en el trabajo y faltarle el respeto a su superiora. Y así por el estilo… en lo que va del año hemos destituido – con ratificación del Tribunal de SERVIR – a 16 trabajadores CORRUPTOS. Insisto… el adjetivo es muy importante.

Pongámoslo así; mientras haya corrupción… habrá justicia. Trabajando con gente honesta y eficiente – no con corruptos – estamos mejorando el bienestar de los iqueños. Por ello, no pararemos hasta sacarle la contumelia a toda la pandilla. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable que los buenos esfuerzos no se continúen cuando se cambia de gobierno. Pero lo que es incomprensible es que una administración integrada por profesionales modernos y calificados como la presente, haya casi descontinuado una reforma fundamental para la instauración de la meritocracia en el Estado peruano: la contenida en la Ley de Servicio Civil (30057), promulgada en junio del 2013. 

Esa ley buscaba incorporar a los empleados públicos que están bajo el régimen CAS (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), que carece de beneficios, y a los que están en otros regímenes[1], a un nuevo sistema con beneficios sociales que establece una carrera universal en el Estado –es posible pasar de una institución a otra- basada en evaluaciones de desempeño (con salida a la tercera desaprobación) y que supone que cada institución realiza un mapeo de puestos y de procesos e identifica los perfiles profesionales que requiere en función a un análisis de los objetivos de la institución, luego de lo cual convoca a concursos a los cuales se puede presentar el personal de la entidad y de fuera. Uno de los efectos es que, en la nueva estructura de personal, las escalas medio-superiores tendrían una remuneración mayor que la actual con la finalidad de atraer talento que, como sabemos, se ha ido alejando del Estado luego de los límites absurdos que estableció el gobierno de García.

Se trata de una reforma de la máxima trascendencia, que permitiría redefinir y ajustar el número y calidad del personal de cada entidad a su naturaleza y objetivos, y establecer un régimen meritocrático que permita alcanzar un Estado profesional en el cual las entidades puedan establecer y cumplir metas fiscalizables. Es la reforma ‘weberiana’ por excelencia.

Pues bien, resulta que ni el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni -menos aun- el Congreso se percataron claramente de que esta reforma estaba en curso. A los pocos meses de iniciado el gobierno el Congreso debatió y finalmente aprobó una ley que pasaba los CAS de Essalud al régimen del DL 728, que da beneficios y estabilidad absoluta a cambio de nada. El régimen del Servicio Civil, en cambio, ofrece los mismos beneficios sociales que la 728, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones de desempeño y dentro de una estructura bien pensada y eficiente, orientada a metas. El gobierno no reaccionó y dejó pasar esa ley, que fue aprobada. Ahora los trabajadores administrativos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso han presentado proyectos de ley para exonerarse de la ley de servicio civil por temor, por supuesto, a la meritocracia.

Es inaceptable que la clase política no tenga convicción acerca de la necesidad de ir hacia un Estado profesional. Y que un gobierno tecnocrático no le dé prioridad a una reforma tan importante como esta. La decisión política de llevarla a cabo es indispensable, además, porque su aplicación no solo es difícil por compleja, sino que engendra todas las resistencias imaginables del statu quo, y por lo tanto requiere de la máxima voluntad y convicción políticas. Ojalá Mercedes Araoz la adopte.

Avances

Pese a todo, ha habido algunos avances. Es cuestión de darle impulso al proceso. En la actualidad son 334 las entidades del Estado que han iniciado el proceso de transición. Ellas implican a 100 mil servidores civiles, alos 19 Ministerios, a varios organismos públicos y a 39 de 47 universidades.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

Pero, como podemos ver en el siguiente gráfico, ninguna entidad ha llegado aún a la etapa de realizar concursos. De los 19 ministerios, 11 han realizado su mapeo de puestos, mapeo de procesos y han identificado, según eso, sus áreas de mejoras y han terminado, entonces, el informe respectivo. Pero ninguno tiene todavía aprobada su nueva dotación de personal –estructura de puestos- y los perfiles respectivos. Es algo que deben presentar y discutir con Servir, y es el paso inmediato a la realización de los concursos para llenar esos puestos.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

De las 334 entidades que han comenzado el proceso, hasta el momento solo 41 tienen “resolución de inicio”, que significa que ya completaron los mapeos. Estas comprenden a 31,700 servidores públicos de los cuales un 62% está en el régimen CAS, 16% son locadores de servicios, un 9% está en el régimen del DL 276, un 8% en el del DL 728 y 5% en otros.

Según Cortez, la ONP, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el gobierno regional de Piura y curiosamente el Despacho Presidencial, son las entidades más avanzadas. Como anécdota, el jefe del SENASA “encerró” a los responsables para que se dediquen solo a esa tarea hasta terminarla, y puso a sus segundos a cargo de sus funciones de línea mientras terminaban.  Y ya hicieron cambios que se desprendieron del análisis.

Estas 41 entidades son las que aparecen en el siguiente cuadro:

Sinceramiento institucional y resistencias

Lo interesante es que, en este proceso, las entidades descubren sus deficiencias y problemas. Descubren, al hacer su mapeo de procesos, que no están ordenadas precisamente por procesos o que estos no son lineales y simples sino complicados y confusos. Improductivos, en suma. Un proceso es la cadena de actos administrativos necesaria para entregar un servicio. Según el jefe de Servir, Juan Carlos Cortez, a algunas entidades les cuesta mucho el ordenamiento de sus procesos.  Lo común es que cada empleado se focaliza solo en su tarea y carece de una visión de conjunto y menos de una solidaridad con el resultado. Pero el mapeo de puestos y procesos es una mirada al espejo: le permite a la entidad saber a ciencia cierta cuánta gente tiene, qué hace cada uno, si se está duplicando funciones, si tiene sentido lo que se está haciendo. La institución, así, se sincera consigo misma y se ordena.

Para llevar adelante esto se forma una “Comisión de Tránsito”, integrada por el secretario general, el jefe de presupuesto, de recursos humanos y un representante del Ministro. Dicha comisión realiza el mapeo de puestos y de procesos e identifica mejoras en esos aspectos y cuanta gente se requiere para cada proceso. De allí sale la dotación de puestos y luego el perfil de cada puesto, para que el concurso sea transparente. 

Además, la dotación o estructura de puestos debe responder a los objetivos de la institución, lo cual supone una discusión acerca de estos objetivos. Se trata, en suma, de un proceso muy interesante y muy desafiante que, por eso mismo, encuentra resistencias en los sindicatos -por lo general opuestos a las evaluaciones meritocráticas y a definir procesos que impliquen mediciones claras de resultados y cumplimiento de metas-, pero no solo en los sindicatos. También frecuentemente en los propios jefes, que confían más en personas de su confianza que en aquellos que puedan ser escogidos meritocráticamente, y que no están acostumbrados a un trabajo orientado al cumplimiento de metas.

Por eso mismo es indispensable que el gabinete Araoz forme una voluntad política clara de llevar adelante la instauración del régimen de la ley de Servicio Civil, porque se trata de un esfuerzo complejo con resistencias de modo que sin empuje político no va a llegar a destino.

Sinergia con Análisis de Calidad Regulatoria

Por lo demás, una reforma como esta en las entidades estatales, hace sinergia perfecta con las reformas de simplificación administrativa dispuestas en los decretos legislativos del año pasado. Se viene simplificando y eliminando trámites en varios sectores y ya se inició el Análisis de Calidad Regulatoria sector por sector, que debe culminar en octubre del 2018. Este análisis, que lleva a simplificar o eliminar todo trámite o procedimiento inútil, costoso o innecesario, no se puede hacer si no se identifica el proceso del que forma parte, si no se hace el mapa del proceso. Entonces, si de simplificar esfuerzos se trata, lo lógico sería hacer las dos reformas a la vez, porque una supone parte de la otra.

Hay quienes afirman que el Perú es una “Republica Empresarial” en la que las políticas públicas se dan en función de los intereses de los empresarios. Se han planteado edulcoradas teorías respecto de cómo los supuestos “Dueños del Perú”, son los grandes empresarios, que tendrían bajo su control las políticas públicas, que dirigirían según sus intereses. Esta hipótesis es utilizada para identificar a los grandes empresarios,como los culpables de los múltiples problemas del país, figurándolos alejados del mercado y de la democracia.

En realidad, este supuesto control empresarial es una influencia vaga, volátil, con muchas indefiniciones y niveles intermedios. En múltiples ocasiones los sectores hostiles a la inversión privada consiguen avanzar en políticas públicas sumamente nocivas para la actividad empresarial y para los supuestos “Dueños del Perú”. Estas políticas públicas no amenazan únicamente las fortunas personales de algunos individuos, sino también el dinamismo económico del que depende la reducción de la pobreza en el país. Por ello implican un riesgo para los intereses empresariales, y para el bienestar de la inmensa mayoría de peruanos.

Como ejemplo de la lejanía o incapacidad de la defensa de intereses empresariales, por parte de los supuestos dueños del país, podemos mencionar tres casos frente a los cuales los empresarios y sus gremios no han sido capaces de tomar medidas oportunas, relevantes y concertadas, acordes con los intereses del país ni con los suyos propios.Tres casos de prevalencia de las agendas de los anti-mineros, sobre las del país:

1. El mito de las cabeceras de cuenca
2. La “indigenización” de la población rural
3. La “Justicia Intercultural”

Veremos cómo en estos tres ámbitos los anti-mineros han mostrado un avance sostenido que no ha sido evitado, por quienes consideran que la minería puede ser un motor de desarrollo para el país. Esas tres líneas de incidencia van minando gradualmente el potencial minero del país y pueden hacer que el Perú sea, literalmente, “un mendigo sentado en banco de oro”.

El mito de las cabeceras de cuenca

El caso de las cabeceras de cuenca fue alertado desde Lampadia, una vez promulgada la ley de “Protección de las Cabeceras de Cuenca” que da a la ANA la potestad de declarar intangibles, áreas del territorio nacional. A esto se agrega que se brinda legitimidad pública a la anticientífica creencia, al mito de la existencia de “zonas generadoras de agua” que desconoce el ciclo del agua y los patrones de precipitación en los diversos pisos ecológicos del país. Esta falacia es uno de los pilares discursivos de los activistas anti-mineros. En Lampadia hemos tratado los múltiples aspectos negativos y tendenciosos de esta ley. Ver: Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’, Centrando el debate sobre las cabeceras de cuenca.

El debate público respecto a esta ley nos muestra que, al momento que la misma era materia de discusión en el Congreso, no hubo participación relevante del sector minero para contrapesar los esfuerzos de incidencia de los anti-mineros en los agentes decisores. Como se puede apreciar, las instituciones hostiles a la minería, tales como AIDESEP (Celebre promotor del “Baguazo”) fueron escuchados por los congresistas frente a la inacción del sector privado que no hizo llegar ningún parecer criticando los supuestos falsos de la ley, ni evidenciando a la opinión pública, los riesgos que su aprobación traería para la minería metálica en los pisos alto andinos. 

Finalmente, la ley fue aprobada por un Congreso con mayoría de Fuerza Popular y promulgada por un Ejecutivo de Peruanos Por el Kambio, firmada por Fernando Zavala y por el mismo Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de las opiniones previas, contrarias de la PCM y del Ministerio del Ambiente. Ambas fuerzas políticas (legislativo y ejecutivo) se asumen como defensoras del rol de la inversión privada, pero terminaron aprobando una ley concebida y promovida por instituciones y personas directamente involucradas en la promoción de conflictos sociales en contra de la minería.

Para nuestra sorpresa, hemos escuchado a algunas personas del sector público, defender una ley que ha sido considerada como un gran avance por los enemigos de la minería.  Esto nos señala los resultados del esfuerzo discursivo hegemónico de los anti-mineros frente a la inacción del empresariado y de sus gremios. ¿Cuántos eventos, estudios, apariciones en medios, o presentaciones frente al Congreso desplegó el sector privado para impedir que se promulgara semejante ley? La élite empresarial ha regalado a los anti-mineros un instrumento de política y de discurso de gran importancia para sus objetivos de impedir el desarrollo minero del Perú.

“Indigenización” de la población rural

Otra de las líneas de incidencia desplegadasha sido la “indigenización” de la población rural. ONGs y movimientos políticos hostiles a la minera han realizado esfuerzos sostenidos encaminados a que el mayor segmento posible de la población sea considerado por el Estado como parte de los “pueblos originarios”.

Por ello,diversas organizaciones hostiles a la minería, y del Ministerio de Cultura, realizaron un gran esfuerzo que para incluir una pregunta de auto-identificación étnica en el reciente Censo. Para los anti-mineros los “indígenas” constituyen un potencial “sujeto histórico” dado que, gracias a sus peculiaridades culturales, es menos sensible a los sentidos comunes del neoliberalismo.

Podemos estar seguros que los resultados de la pregunta de auto-identificación podrían desencadenar una dinámica política muy funcional a los grupos anti-mineros, pues en aquellas áreas en las cuales una mayoría de la población se haya identificado como indígena podría ser políticamente más viable el exigir que las mismas sean reconocidas oficialmente como territorios indígenas y jurídicamente especiales. Esto debería ser preocupante para el sector minero puesto que se puede deslegitimar los acuerdos entre las empresas y la población local. Se podría argüir, inclusive a posteriori, que dichos acuerdos no reúnen los estándares nacionales e internacionales de relacionamiento con pueblos indígenas, tales como la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT.

Tanto en el Censo como en el caso de la Ley de Cabeceras de Cuenca, los anti-mineros realizaron años de esfuerzos con el fin de impulsar en primer lugar la presencia de preguntas específicas en el formato y en segundo para que la formulación de la misma sea la más afín posible a sus intereses. Desde el año 2015, organizaciones como ONAMIAP -de clara vocación anti-minera- han participado en mesas de trabajo conjuntas con el INEI, y posteriormente desplegando una intensa campaña de promoción de la auto-identificación indígena. Por el lado del sector privado, se han empezado a visibilizar los graves defectos técnicos en el diseño de la pregunta; pero en menor medida los riesgos sociales que se derivan de la misma. Tampoco se dio incidencia directa con el INEI como la que fue realizada por las organizaciones anti-mineras.

Justicia Intercultural

La justicia intercultural es otra de las líneas de incidencia permanente por parte de los grupos anti-mineros. Este enfoque impulsa un separatismo jurídico en la población rural y urbana que tenga modalidades de organización paralelas al Estado. Considera que existe una justicia originaria que preexiste a aquella del Estado Peruano. Para quienes impulsan este enfoque las rondas campesinas, comunidades campesinas y pueblos nativos tienen derecho a administrar justicia en “sus territorios” sin interferencia del sistema judicial nacional excepto en caso de graves violaciones de derechos humanos.

Justicia ordinaria y justicia indígena, justicia alternativa, justicia comunal, justicia rondera
Fuente: SERVINDI – Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso

Este enfoque es defendido por una muy activa coalición en diversos estamentos. Por un lado, el presidente del Poder Judicial está plenamente comprometido con impulsar la justicia intercultural. Es especialmente relevante que se hayan creado múltiples cursos de “pluralismo jurídico” en las que se forma a los jueces. Desde la sociedad civil, el principal actor es el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que se dedica a dar la batalla de ideas, brinda apoyo legal a movimientos anti-mineros y divulga sus ideas entre los movimientos sociales. La justicia intercultural tuvo entre sus aliados a la ex ministra de justicia Marisol Pérez Tello, quien hizo lo posible por fortalecer esta corriente.

La justicia intercultural significa un grave riesgo para el sector extractivo. Brindaría a organizaciones sociales,que pueden ser fácilmente capturadas ideológicamente por los anti-mineros -como lo son las rondas campesinas-, prerrogativas semejantes a las del Poder Judicial. Es difícil pensar que un inversionista considere que tiene seguridad jurídica si sus operaciones dependen de los “fallos” que brinden organizaciones rurales, atomizadas, inestables y potencialmente ideologizadas.

Quienes han estudiado la conflictividad social ligada a la minería saben que los grupos promotores de conflictos se aprovechan de las debilidades del Estado en las provincias alejadas para crear zonas de impunidad para el uso de la violencia. La fragmentación jurídica del Estado incrementaría notablemente las zonas en donde grupos locales podrían volverse autónomos para ejercer la justicia al margen del sistema jurídico nacional.

Quienes impulsan la justicia intercultural realizan eventos académicos, enseñan diplomados, dictan capacitaciones a jueces, inciden sobre funcionarios públicos y coordinan con organizaciones sociales. Mientras tanto, la mayoría del sector privado ni siquiera es consciente de esta amenaza. En un campo de juego abandonado por una de las partes solo se puede esperar un resultado, la victoria de quien está en la cancha.

Como podemos ver los anti-mineros tienen líneas de acción en las que han logrado avances sistemáticos mientras que el sector minero no toma las medidas correspondientes. Es posible que, en algunos años, ya con los hechos consumados, esta sea una decisión de la que se arrepientan los empresarios, con profundas consecuencias para el país en su conjunto.

Los grupos anti-mineros avanzan en su agenda política conuna militancia activapara hacerla realidad en Perú.

¿Cuándo es que las élites empresariales y sus gremios van reaccionar y asumir una postura más activa en la formulación de las políticas públicas? La realización o frustración del potencial minero y la reducción de la pobreza en el Perú dependerá de ello. Lampadia

El esfuerzo de reconstrucción de los daños del ‘niño costero’, parece encaminarse a repetir la historia de frustraciones que hemos vivido muchas veces después de desgracias naturales. La semana pasada colapsó la estructura de comando organizada por el gobierno, coincidiendo con otras sensibles bajas en las filas del mismo.

Qué semana tan mala para el gobierno del Perú, la del 22 al 27 de octubre pasado. En pocos días el Estado perdió tres funcionarios clave.

• El Viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha, que estuvo llamado a desarrollar una nueva estrategia para enfrentar la conflictividad socio-política. Dejó el cargo sin haber logrado ningún avance.
• El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, despedido aceleradamente por la primera ministra, Mercedes Araoz, después de los variados escándalos generados a raíz del último censo, descargando así su responsabilidad, en vez de pedir cuentas ante la ciudadanía y luego hacer los ajustes necesarios.
• El jefe de la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, luego de haber generado una reacción de protesta por parte de las autoridades regionales y locales de las zonas más afectadas por el ‘niño costero’.

En el caso de la llamada Reconstrucción con Cambios, lamentablemente, el gobierno, con la soberbia que lo ha caracterizado muchas veces, prefirió seguir a ciegas con un esquema desestructurado y basado en lo que en la banca tradicional se conocía como ‘namelending’ (préstamo por el nombre), y se contentó con nombrar a cargo una suerte de Zar, un personaje (Pablo de la Flor), que sería suficiente para organizar y conducir un proceso muy complejo, que obviamente, se lo tragó.

Fuente: andina.com.pe/

¿Acaso no sabíamos que, desde la apurada e irresponsable descentralización de Toledo, luego acelerada por García II, se había fracturado el país, y era muy difícil emprender un proceso que debía coordinar los esfuerzos de varias regiones y del gobierno central?

¿Acaso no sabíamos que, en muchas de nuestras regiones, no se habían instalado capacidades de gestión que permitieran emprender actividades complejas y mantener relaciones constructivas con el gobierno central?

La emergencia del norte, era justamente, una buena ocasión para superar dichas limitaciones y generar una estructura de comando integradora, que sirviera luego de inspiración para la reforma de la descentralización.

Con el afán de permitir el diseño de un esquema de trabajo efectivo, el 27 de marzo pasado, publicamos en Lampadia: Después de la desgracia – Hagamos las cosas bien, para un Perú Grande.

Entonces, preocupados con las limitaciones del Estado en este tipo de emprendimientos, y con el apuro del Presidente de la República, al hablar de un ‘Zar’, quisimos poner a disposición del país una de las mejores experiencias de reconstrucción de nuestra historia, la de la ‘Junta de RehabilitaciónyReconstrucción de Arequipa’, organizada después de los terremotos de los años 1958 y 1960.

En el artículo enfatizamos algo muy importante, el involucramiento de la sociedad civil:

En nuestra opinión, la lección más importante de la experiencia arequipeña es el involucramiento de la sociedad civil, tanto en la promoción de los esfuerzos de reconstrucción, como en su propia ejecución. En consecuencia, para enfrentar la actual situación, tal vez debiéramos pensar en identificar e involucrar a los ciudadanos notables de cada zona a apoyarse, e inclusive, en la organización nacional que debiera ser liderada por la sociedad civil y no solamente por funcionarios del Estado.

Absurdamente, el gobierno diseñó un esquema que estaba llamado a fracasar.

• No se involucró a la sociedad civil. No se convocó a los ciudadanos notables de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote.
• Se tomó mucho tiempo en hacer planes.
• No se desarrollaron acciones de emergencia que generaran el alivio a los más afectados y la validación del proceso de reconstrucción.
• No se fijaron reglas para el manejo del proceso que superaran los designios de la descentralización, si era necesario mediante leyes de emergencia que hubieran salido sin problemas, dada la sensibilidad que embargaba a toda la nación.
• Se jugó a mostrar escrúpulos morales y actos discriminatorios en la selección de las empresas constructoras, antes de pensar en la efectividad del proceso.
• No se contrató el diseño de un plan general con expertos internacionales.
• Se tasajearon las actividades de reconstrucción en miles de proyectos, dificultando su manejo, en vez de hacer consolidaciones.
• En vez de que la superestructura asumiera las responsabilidades del manejo del proceso, este se delegó a los gobiernos regionales y locales, y se estableció, que ‘en el caso de que hubiese dificultades, intervendría el comando central’.

Por supuesto que hubo dificultades y, lamentablemente, Pablo de la Flor, hizo declaraciones desafortunadas que desataron una ola de rechazo desde las regiones, debidamente atizada por inquinas predecibles.

Ahora estamos a fojas cero, con una gran frustración a cuestas. Y el gobierno se apresta a nombrar a ‘Nicolás II’, un nuevo Zar, que solo puede terminar de hacer colapsar el proceso de reconstrucción.

Lo que se necesita es un pequeño espacio de reflexión sobre cómo perfeccionar el esquema de reconstrucción. Hoy no es tarde. No se podrá decir lo mismo en unos meses. ¡Cuidado! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Uno de los mayores estropicios del Estado peruano en los últimos años ha sido el fallido intento de formalizar a los mineros informales. El gobierno del ex presidente Humala dio unos decretos legislativos que establecieron unos requisitos imposibles de cumplir, condenando en la práctica a la ilegalidad a cientos de miles de mineros informales con consecuencias que veremos más adelante. Y el gobierno actual ha convertido la llamada minería ilegal en una forma de crimen organizado.

No es de extrañar entonces que se esté preparando un paro nacional de los mineros artesanales, tal como ha informado la Central Nacional de Mineros (Cenami), exigiendo un proyecto de ley que derogue total o parcialmente los decretos legislativos y normas que impiden la formalización de la pequeña minería y la artesanal y que, por el contrario, la convierte en organización criminal. Será el primer conflicto que tenga que enfrentar el nuevo gabinete presidido por Mercedes Araoz.

El antecedente de esas normas es la ley 27651, “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, promulgada el año 2002. Como sabemos, quizá el problema fundamental en todo esto es que la gran mayoría de mineros informales opera en concesiones de terceros, y lo que debería procurarse son contratos de cesión o de alquiler entre el titular y el minero informal. Según Rafael Belaunde, el problema que tenía esta ley, es que co-responsabilizaba al titular de la concesión y al minero artesanal por eventuales pasivos ambientales. Entonces, para el titular de la concesión, los contratos de cesión carecían de incentivo. “Un titular formal prefiere padecer la invasión que asumir la obligación ambiental derivada de la cesión temporal o de un contrato de riesgo compartido. Por ello, no se suscribieron contratos entre titulares y explotadores informales e invasores y la norma no consiguió el objeto perseguido. Demás está señalar que pretender desalojos en lugares como San Luis en Yauca o Secocha en Arequipa, lugares donde se asientan miles de mineros, es imposible”, explica Belaunde.

Decretos legislativos de Humala empeoraron las cosas

Pues bien, a principios del 2012, se promulgaron los Decretos Legislativos 1100 y 1105 para superar las limitaciones de la ley 27651. Pero resultaron peores que la ley que pretendieron mejorar. Los requisitos y trámites para la formalización resultaron tan complicados que para el 2016, “de los 70,000 mineros informales que iniciaron los trámites respectivos, sólo 107 mineros artesanales habían logrado cumplirlos (menos del 0.2%). En palabras de Luis Garrido, dueño de una planta, “le exigen al pequeño minero que produce una tonelada al mes lo mismo que el que produce 500 toneladas. Por ejemplo, debe tener manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y un oficial de cumplimiento con rango gerencial. En Chile, en cambio, los permisos son automáticos hasta 10 mil toneladas al mes de producción”.

Consecuentemente –concluye Belaunde-, “debido a las irracionales exigencias del DL 1105, 69,893 mineros artesanales han sido condenados a la ilegalidad.  Se trata, pues, de una exclusión en masa”. Y, en realidad, son muchos más. Se calcula su número en alrededor de 300 mil.

Pero la cosa no queda allí. Según Belaunde, “una vez ilegalizados los mineros artesanales, es de aplicación el Decreto Legislativo 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal. La interdicción consiste en el decomiso y la destrucción de los activos dedicados a ella.  ¿A qué activos se alude?: dragas, equipos portátiles de succión, retroexcavadoras, cargadores frontales, camiones, compresoras, perforadoras, chutes, molinos, motobombas, o cualquier equipo similar, sin importar su tamaño o capacidad”. 

PPK convierte minería ilegal en crimen organizado

Según Luis Garrido, el gobierno de Humala satanizó a los pequeños mineros y los metió a todos en un mismo saco, pues los decretos legislativos mencionados no separan claramente la minería aluvial de la subterránea. En la propia minería aluvial se podría trabajar con tecnologías limpias, que no usan mercurio, pero eso no se promueve. Y los decretos legislativos dados por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, aunque simplifican algo, se mantienen dentro de la misma lógica.Es más, uno de ellos, el DL 1351, incorpora en el Código Penal a minería ilegal – aquella que se realiza en lugares prohibidos y la que pueda afectar el ambiente – como crimen organizado.

Pérdida de recursos fiscales y contrabando a Bolivia

El resultado de esta ilegalización masiva para el Estado peruano ha sido la pérdida de importantes recursos fiscales que se recaudaban en el aeropuerto Jorge Chávez. Según el ex minero artesanal y ex vice ministro de minas Juan Carlos Ramírez, antes del 2012 el oro procedente de la minería artesanal o informal se exportaba por el aeropuerto Jorge Chávez como cualquier otro producto. Salían alrededor de US$ 3 mil millones de dólares al año, que necesariamente estaban controlados y pagaban alrededor de US$ 450 millones de dólares en impuestos, que ahora bien que los necesitaríamos. Pero. “al haberse satanizado toda la minería del oro que no fuera Newmont, Barrick, Poderosa, Horizonte y un par más, con los DL de Humala, este flujo económico (que es el 1.5 % del PBI) se hizo ilegal instantáneamente y comenzó a evadirse de contrabando a Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. En este momento el oro peruano pasa al Banco Central de Bolivia donde le ponen un sello pagando 5% del valor y lo exportan. Si regresamos a la situación anterior al 2012, cuando empresas que exportaban por el Jorge Chávez le compraban a las plantas procesadoras y estas a pequeños mineros, restableceríamos el flujo económico y armaríamos la base de datos de exportadores nuevamente. Con esa base, podemos ir hacia atrás a las plantas y pequeños mineros que lo producen”.

Liberalizar la cadena y formalizar a partir de las plantas

Lo que propone Ramírez, en suma, es liberalizar por completo toda la cadena e insertar medios de generación de información a partir de la formalización y fiscalización de las plantas de procesamiento, y de allí hacia atrás. “La mejor ley es la que no existe. Cuando tú haces ilegal el alcohol generas a Al Capone, Lucky Luciano y la corrupción; cuando haces ilegal el oro generas a Peter Ferrari y la corrupción”, añade.

Esto se puede hacer incluso en Madre de Dios. Ramírez propone que allí se instale una refinería de oro, que podría ser de la suiza MKS o PAMP (Productos Artísticos Metales Preciosos). Los pequeños mineros tendrían que hacer una separación gravimétrica, sin usar mercurio. Las tecnologías existen.

Antes de estas leyes, las plantas de procesamiento retenían los impuestos que debían pagar los mineros informales y pagaban a nombre de ellos. Restablecer ese sistema permitiría construir información acerca de los informales e ir formalizándolos. El propio plan de Peruanos por el Kambio proponía un esquema similar, pero no lo están ejecutando.

Garrido explica que antes del 9 de octubre del 2014, la planta procesadora, que actuaba como agente de retención, le retenía al pequeño minero el 18% del IGV y el 4% del valor de la venta (a título de impuesto a la renta). Y le emitía una liquidación de compra. Pero a partir de esa fecha obligan a que el pequeño minero facture y emita su guía de remisión. El resultado es que muchos abandonan y ya no venden a las plantas formales porque la Sunat les impone multas, cobranzas coactivas y embargos cuando no han pagado el IGV o el IR.

Sólo 5,000 pueden facturar y formalizarse
Además, sólo alrededor de 5,000 pequeños mineros pueden facturar porque son los únicos que tienen contrato con los titulares de las concesiones en las que operan. Como consecuencia de la obligación de facturar y que solo lo pueden hacer los que tienen contrato con el concesionario, “las plantas formales casi no trabajan o lo hacen a medias. Entonces los propios mineros procesan o aparecen los “molineros” que procesan en pozas usando cianuro, o mercurio con los quimbaletes. Esos sí son destructivos ambientalmente”, explica Garrido.

Es decir, las normas que se dieron para formalizar están produciendo más informalidad y más destrucción ambiental. Parten del principio de que se formaliza sólo el que tiene título o contrato. Pero solo alrededor del 5% lo tiene. Entonces son excluyentes por definición.

Por eso, no se entiende cómo el gobierno va a lograr la meta anunciada por la Premier Araoz de llegar a 55 mil mineros formalizados el 2021, una cifra además, poco ambiciosa considerando un universo de alrededor de 300 mil informales. Es imposible si no se resuelve el principio de que solo se formaliza el que tiene título o contrato con el concesionario.

La Premier ha anunciado también un proyecto de ley para crear el Fondo Minero. Según nos explica la ministra Aljovín, “el Fondo Minero financiará asistencia técnica y capacitación para temas de seguridad y uso de tecnologías limpias para cuidado del medio ambiente. Asimismo, apoyará en asistencia para presentar los requisitos exigidos en el proceso y facilitará acceso a mercados (otorgando certificaciones, por ejemplo). También comprará a precio justo de mercado el oro extraído”. Todo eso está muy bien, pero de nada servirá mientras subsista la restricción mencionada.

La solución
Ahora bien, ¿cómo resolver el problema de los informales precarios en concesiones ajenas? Ramírez recuerda que la Cerro de Pasco trabajaba con pequeños mineros: les daba compresoras, equipo minero en general y les compraba, que es lo que hace Enhami en Chile. Se trata, en buena cuenta, de un contrato de alquiler. Y en caso de encontrarse un yacimiento grande en las zonas trabajadas por los pequeños mineros, estos se obligan, en el contrato que firman a retirarse. ¿Quiénes se oponen a una solución como ésta? Los abogados, con el argumento de que son invasores a los que se les va a dar un derecho. Como dice Ramírez, habría que hablar con los estudios Grau, Echecopar, Muñiz, Rodrigo, etc., para que “cobren por dar soluciones, no problemas”.

Además, según Garrido el 90% de los denuncios de concesiones se efectúan para especular. “El Estado debe mediar e ir resolviendo el problema caso por caso”. Además, hay aquí una labor fina de hacerle comprender al inversionista que el modelo de negocio en minería ya cambió y que para obtener la licencia social es bueno llegar a acuerdos. Refiere que Hudbay en Velille, Cusco, por ejemplo, denuncio 14 mil hectáreas y le dijo a los mineros informales: yo les doy 400 hectáreas y les ayudo en sus permisos, y Uds. me dan la licencia social. “De esa manera todos ganan. Les ha cambiado la vida.  Otras empresas, en cambio, dicen esto “es mío, quiero más”.

En resumen, de lo que se trata es de simplificar drásticamente los requisitos para la formalización (ver anexo preparado por Rafael Belaunde) y actuar a partir de plantas formales de procesamiento hacia atrás, restableciéndoles a dichas plantas la condición de agentes retenedoras de impuestos.

ANEXO
SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA MINERIA ARTESANAL
Rafael Belaunde

Decenas de millares de ciudadanos pobres se dedican a la actividad minera artesanal en zonas del territorio donde no existen posibilidades laborales alternativas. De acuerdo a la Ley General de Minería, el Estado protege y promueve la minería artesanal y la pequeña minería. Sin embargo, los reglamentos no sólo han desvirtuado ese precepto, lo han contravenido.

La minería artesanal es aquella que extrae y procesa un máximo de 25 TM/día. Esta es la categoría a la que pertenecerían la mayoría de mineros informales, si los requisitos para la formalización fueran razonables. Los llamados mineros informales, o son concesionarios artesanales que no pueden cumplir con los agobiantes requisitos legales, o son ilegales que explotan exiguos volúmenes en áreas concedidas a terceros (invadidas), o áreas del Estado.

Se sugiere que la problemática artesanal sea encarda diferencialmente en función al ámbito geográfico y a la existencia o inexistencia de titularidad por parte del minero. Cambios propuestos a la ley y a sus reglamentos:

1. Reducción en costa y sierra de la concesión mínima, de una cuadrícula de 1,000 X 1,000 metros a la cuarta parte (500 X 500 metros), que sería una sub cuadrícula de la actual.
2. Concomitantemente, elevación del Derecho de Vigencia a US$ 5/hectárea/año, excepto para las primeras 1,000 hectáreas que seguirían con el régimen de US$ 3/ha/año y constituirían límite máximo para la categoría. Estas normas desincentivarían el acaparamiento especulativo y liberarían áreas. (Uno de los problemas actuales es la inexistencia de áreas libres donde ubicar informales).
3. Simplificar y reducir los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental haciéndolas compatibles con el insignificante impacto que una operación artesanal genera. Las DIA en áreas desérticas deben ser mucho menos rígidas y engorrosas que para zonas agrícolas o selváticas. El CIRA debería poder ser firmado por cualquier arqueólogo colegiado y tendría categoría de Declaración Jurada.
4. Disponer que el COM (Certificado de Operación Minera) sea documento suficiente para ejercer actividad minera, eliminándose el permiso de inicio de actividades. Antiguamente, el título de la concesión otorgaba automáticamente las prerrogativas que hoy otorga el COM. Otra traba es que el COM puede ser de exploración o de explotación, distingo absurdo para la problemática artesanal.
5. Prohibir el uso de cianuro y de mercurio fuera de plantas autorizadas que cuenten con sistema de retorta para el mercurio y relaveras impermeabilizadas tanto para el cianuro como para el mercurio.
6. Instalar plantas de procesamiento y/o facilitar su instalación en lugares estratégicos para servir y fiscalizar a la minería artesanal y para desincentivar el uso de quimbaletes que, salvo para fines de gravimetría, debiera quedar proscrito en un plazo prefijado.
7. Reducir los límites del área protegida de las Líneas de Nazca a la pampa en donde efectivamente se encuentran, para crear en el área liberada un parque minero artesanal donde ubicar a informales que carecen de concesiones. Repetir el esquema en Puno (en torno a La Rinconada), en la zona de Chala y en las otras zonas de concentración de informales, en base a las áreas que reviertan al Estado como consecuencia del incremento de DV. Es oportuno indicar que la reserva de las Líneas de Nazca ocupan más área que la comprendida entre Ancón y Pucusana, y entre La Punta y Chosica. Es decir, un área mayor a la de las provincias de Lima y Callao juntas. Las líneas en sí, ocupan un fragmento minúsculo de la reserva. De haberse aplicado similar criterio en torno al cerro Baúl en Moquegua (importante sitio arqueológico) Cuajone, Quellaveco y los Calatos estarían dentro de áreas protegidas.
8. Crear un sistema de concesiones particular para el llano amazónico a efectos de reducir aún más el hectareaje mínimo, a 10 hectáreas, incrementando el DV a US$ 20/ ha/año en la amazonia, debido a que el impacto minero en los depósitos aluviales en zonas profusamente vegetadas es muy superior al causado por las explotaciones subterráneas en zonas áridas y poco propicias para la agricultura, a efectos de crear un fondo para la reforestación.
9. Flexibilizar la compra, el transporte, el almacenamiento y el uso de cantidades poco significativas de explosivos.
10. Adecuar las multas por incumplimiento de obligaciones burocráticas (DAC) a niveles no confiscatorios y fijar plazo razonable de prescripción (2 o 3 años) para los procesos de fiscalización. La actual espada de Damocles es un instrumento de amenaza y extorsión de burócratas inescrupulosos.
11. Crear Derechos Especiales sobre ciertos derechos caducos a efectos de permitir que en ellos se permitan actividades mineras por parte de mineros sin concesión, previo empadronamiento, tal como se sugiere en 7.

Lampadia