Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Desde hace algún tiempo, en el Perú hemos sido capturados por la telenovela Moqueguana de la pulla, el chisme y la comidilla entre el Congreso y el Ejecutivo. Entre sus carencias e incapacidades para el manejo de la cosa pública, Vizcarra siempre busca alguien en quien descargar su incapacidad. Lo lamentable es que, la prensa ha venido siguiendo con sus reflectores y cámaras los detalles cotidianos de este sainete, manteniendo distraída a la población y sin llamar la atención sobre asuntos importantes para el país y sus generaciones futuras.

Mientras tanto, el partido comunista del Perú, Patria Roja, ha convocado en julio al foro virtual; “El rol del maestro/a comunista en la lucha por una nueva republica” , en el que se amalgama la dirección del SUTEP y de la representación comunista de Patria Roja.

Ya viene siendo tiempo de analizar temas más profundos y plantearnos alternativas de solución, no sea que, en poco tiempo, nos encontremos “sorprendidos”, como nos sucedió con nuestro manejo de la salud frente a la crisis del COVID-19 y ya sea muy tarde para reaccionar, porque la izquierda comunista nos ganó el espacio de las generaciones jóvenes, adoctrinándolos durante años en que disfrutaron de libertad para hacerlo.

Para analizar y empezar a elaborar, es necesario conocer nuestra situación actual, así:

Según el INEI, al año 2020, en nuestro país tenemos 66,583 colegios, de los cuales 13,580 son privados y 53,003 son públicos. De este universo que atiende la educación básica regular EBR (inicial, primaria y secundaria), 46.9% está ubicado en zonas urbanas y 53.1% en zonas rurales, de esto últimos el 99% a cargo del sector público. A inicios del 2020 sólo 60 colegios cuentan con acreditación de calidad.

En términos de información respecto a facilidades tecnológico-digitales y acceso a Internet, no hay ninguna certeza, pues el Estado ha venido jugando con la información.  Mientras que, en junio del 2014 el entonces ministro de educación Jaime Saavedra informaba que 74% de los colegios públicos a nivel nacional (más de 35,000) contaba con acceso a Internet, al igual que 50% de los colegios privados, en el año 2019 la ministra Flor Pablo declaró que el 79% de los colegios públicos no tenían acceso a Internet y el 55% de los profesores no tenía habilidades de tecnología digital. De modo que, la vigencia de esa información no está corroborada a la fecha (baste mencionar que, el 5 de julio 2020, el MTC anunció que “204 establecimientos educativos y de salud tendrán Internet gratuito y de alta velocidad”). ¿A quién creerle? Lo cierto es que, a la fecha, sólo 1,200 colegios privados cuentan con plataforma virtual para dictado de clases no presenciales, lo que se ha podido corroborar durante la emergencia sanitaria.

La población escolar asciende a 9.04 millones de alumnos, de los cuales 8.03 millones corresponden a EBR, para lo cual contamos con 548,621 docentes (~493.8k EBR, ~27.5k Ed. No universitaria, magisterial, tecnológica y artística, ~13.0k Ed. Básica alternativa, ~10.5k Ed. Técnica Productiva y ~3.9k Ed. Especial), del total 63% son mujeres y 37% son hombres. Del universo de maestros, 16.8% tiene postgrado y 67.6% trabajan en el sector público.

Lo preocupante de todo este resumen, es que la mayoría de maestros, especialmente los que enseñan en colegios públicos que, como se ha mencionado, manejan el 99% de la educación rural, pertenece al SUTEP y no es secreto que, esta organización sindical está controlada por distintas facciones del comunismo, Patria Roja en particular y gran influencia del MOVADEF. Por otro lado, baste entrar a la página web del SUTEP para identificar, por su orden de aparición, cuáles son sus prioridades y estas son:

1. Historia, recordando sus inicios sin reconocimiento legal entre 1972 y 1984.
2. Huelgas históricas.
3. Reconocimiento legal.
4. Estatutos y reglamentos.
5. Pliego de reclamos.
6. Propuesta pedagógica.
7. Congresos pedagógicos.

Como se puede observar, los aspectos pedagógicos no son siquiera “la quinta rueda del coche” para el SUTEP, sino las sexta y séptima. Es evidente que sus huelgas y temas de conflicto social están en la primera línea, son su “leitmotiv” y es en manos de ellos, que estamos dejando la formación de nuestros niños y jóvenes.

Lo aquí mencionado, se ha podido corroborar con el material usado por televisión para las clases no presenciales. Uno puede observar material lleno de carga ideológica comunista y de adoctrinamiento no muy sutil, pero reiterado, al punto que se ha llegado a plantear “diferencias elitistas” por el correcto hablar del idioma castellano, por ejemplo. Por otro lado, se aprecia poca orientación a las ciencias y a las matemáticas, mientras hay alta propensión a entrar en temas sociológicos e historia reciente distorsionada y, por supuesto, ningún esfuerzo por una educación orientada al desarrollo de habilidades tecnológico-digital.

En el Perú, hay una queja generalizada por nuestra estructura productiva y nuestra alta dependencia de la industria extractiva, en particular de nuestra industria minera, mientras que, se resalta, no hacemos investigación, desarrollo e innovación. Aquí debo decir que, debemos sentir merecido orgullo e inculcarlo a todos los peruanos, por nuestra actividad minera, una de las pocas en que hemos alcanzado talla mundial y niveles de competitividad universal. Pero por otro lado, ¿cómo podemos quejarnos de no poder competir en investigación, desarrollo e innovación, si ni siquiera inculcamos amor y preferencia por las ciencias y la matemática?

Obviamente, si desde el colegio a los niños no se les inculca la importancia de la matemática y no se les muestra un método divertido de aprendizaje, a cargo de maestros que disfruten el curso y su enseñanza, además de hacerles ver su utilidad, es imposible que después, se inclinen por las ciencias y la tecnología a nivel universitario y peor aún, que quieran mañana más tarde dedicarse a la investigación científica.

Debo reconocer que, los profesores escolares de hace medio siglo en el Perú y en particular en los colegios públicos, eran unos señores profesores. Autores de libros en muchos casos, que también ejercían cátedras universitarias. Los colegios particulares trataban de contratarlos para el dictado de algunos cursos. Ellos no sólo eran conocedores de sus materias, sino que tenían grandes valores y actitud digna, que los hacía maestros queridos, admirados y respetados por sus alumnos. De otro lado y especialmente para cursos de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, anatomía, zoología, botánica, física y química, se contrataba también ingenieros, médicos y en general, profesionales que por su formación, dominaban esas materias.

Debo suponer que, el maltrato que el Estado le ha dado a los maestros durante todas estas décadas, ha menguado la vocación por esta noble profesión y ha deteriorado la formación y calidad de los profesores, lo que a su vez ha deteriorado el nivel educativo de los alumnos. A riesgo de ser criticado por mi “comentario machista”, el hecho que, sólo cerca de un tercio de los profesores escolares sean hombres, me induce a pensar que esta actividad se maneja como un “ingreso familiar complementario”, pues con las remuneraciones asignadas, es muy difícil sostener a una familia con los niveles de dignidad que corresponde a un maestro.

Si realmente queremos que el Perú esté en condiciones de competir en la era del conocimiento, creo fundamental replantearnos todo nuestro sistema educativo, debemos establecer como política de Estado el cumplimiento de este objetivo y establecer un “Pacto Social” para cumplir con:

1. Construir una currícula con más énfasis en las ciencias y entrenamiento tecnológico-digital.
2. Usar plataformas tecnológicas que permitan a nuestros escolares recibir las mismas materias y con igual nivel y calidad que la recibida por escolares del primer mundo.
3. Debemos renovar nuestra infraestructura educativa, construyendo cerca de 3,000 colegios, con estándares adecuados, cada año.
4. Atraer a profesionales jóvenes y con mística por la profesión de educador, para promoverlos con incentivos profesionales y económicos al logro del nivel que merecen, como forjadores de la Nación y responsables de la educación.
5. Abrir la mente de nuestros niños y jóvenes al conocimiento universal, facilitarles la información de lo que está sucediendo en el mundo de hoy y en tiempo real. Un joven escolar del Perú, debe estar recibiendo los mismos “impulsos de conocimiento” de aquellos que están en Singapur, China, India, Estados Unidos, Canadá o cualquier país de Europa y Oceanía.
6. Para lograr esto, debemos hacer que el Internet, la red dorsal de fibra óptica y todas las facilidades tecnológicas educativas estén gratuitamente a disposición de los escolares, universitarios y maestros.

Creo que dado los años de inacción que hemos dejado transcurrir, debemos poner este objetivo nacional en el centro de nuestro tablero político y no permitir que pase un día más sin que se tome acción al respecto.

Si no lo hacemos ahora, nos lamentaremos, al igual como nos lamentamos por la falta de facilidades y capacidad sanitaria, ante la pandemia.

¡Señor Vizcarra, señores congresistas y ciudadanos con aspiraciones políticas, háganse una! Lampadia

EDITORIAL

El ‘putsch’ de Movadef iniciado con la huelga de maestros de 54 días, sigue causando estragos políticos en el país. Ante el anuncio de una posible censura de la responsable del sector, la ministra Marilú Martens, el gobierno de PPK se apura a pedir cuestión de confianza y pone a todo el gabinete en un interinato que correrá en paralelo a una nueva paralización del país.

La versión oficial sobre la huelga, pretende hacernos creer que los radicales que coparon el manejo de la huelga fracasaron, pues se mantuvo la evaluación de maestros. La verdad es que la evaluación ha quedado debilitada, además, el gobierno de PPK, consolidó el retroceso al respecto, que dio Humala con Rojas, Saavedra y Mora, desde el 2012, en la negociación que hizo el ministerio de educación con el Sutep y el Conare, según confesión de Mora.

Por otro lado, es evidente que la huelga no tenía objetivos reivindicativos, sino políticos. Aunque, los maestros conducidos por los radicales consiguieron adelantar el aumento a dos mil soles, de mayo 2018 a noviembre 2017, bajar la edad de jubilación a 55 años, etc.; la huelga fue el mecanismo con el que el Conare, Pukallakta y Movadef, dieron el golpe de gracia al Partido Comunista del Perú (Patria Roja), en el control de la representación sindical del magisterio.

En cuanto a la ministra, es claro que ella no tuvo la capacidad de manejar la huelga y evitar el daño a los niños y jóvenes, con la pérdida de buena parte del año lectivo, ni la toma de control de la representación de los maestros, por parte de los radicales. Todo el mundo tuvo que darle la mano. La huelga terminó con una ministra que ‘les agradeció a los maestros’ por ponerle fin.

Pero el mayor problema no es si la ministra estuvo o no, a la altura de las circunstancias, durante la huelga. El verdadero reto viene ahora, después de la huelga, con el agravamiento de la situación de la educación escolar y los graves problemas de representación sindical de los maestros.

Ahora se necesita, temporalmente, un ministro con un perfil más bien político que académico. Alguien como Fernando Rospigliosi, que ordene la casa, que redefina roles y relaciones del ministerio, los maestros, los estudiantes, los padres de familia, y el sindicato, o los sindicatos.

Por lo tanto, lo último que el país necesita es mantener a la ministra Martens a cargo de la cartera. En consecuencia, mal hace el gobierno en plantear una cuestión de confianza por alguien que debe salir de la manera más digna posible, sin tanto escándalo. Además, pareciera que el pedido del gobierno no se ajusta a las normas constitucionales, según lo expresa hoy en El Comercio el constitucionalista Enrique Bernales:

Según Bernales, no se está discutiendo alguna política en conjunto del Gabinete, sino una responsabilidad individual correspondiente a la cartera de Educación.

— ¿Es acertada la medida del Gobierno?

No se ajusta a la Constitución. Las responsabilidades colectivas son distintas que las individuales. Y los artículos 123, 128 y 132 distinguen con toda claridad que los ministros son individualmente responsables por la gestión de la cartera a su cargo. La pretensión de que un Gabinete se sustituya y haga cuestión de confianza -cuando corresponde solamente responder por ella al ministro en cuestión- no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sustento constitucional. Es un error pretender solucionar una crisis agravándola.

— En su pedido, Zavala cita el artículo 133 de la Constitución.

Ese artículo tiene que leerse de manera sistemática con el artículo 119. Cada ministro es responsable en la cartera a su cargo. El artículo 133 no puede leerse independientemente del 119, sino sería una antinomia constitucional. El principal error de este Gabinete es que no conocen la Constitución.

— ¿Cómo debió plantearse el pedido?

Ahí tienen el caso de Alfredo Thorne [ex ministro de Economía]. Lo quiso censurar el Parlamento, hizo cuestión de confianza y no comprometió al Gabinete. El Congreso le dijo no hay confianza y se fue, se acabó la historia y se resolvió el problema. ¿Por qué buscar agravar las crisis? ¿O lo que se cree es que es una solución empujar para llegar a la disolución del Congreso?

(“Pedido de Zavala no se ajusta a la Constitución“, El Comercio, 14 de setiembre de 2017)

Por otro lado, como sabemos, los halcones de PPK vienen coqueteando con la idea de disolver el Congreso y llamar a otra elección legislativa, con el propósito de diluir la mayoría de Fuerza Popular (FP).

Pero, plancha quemada, según Ipsos, de darse otras elecciones, FP lograría hasta 91 escaños, ver cuadro:

¿A qué viene entonces el envalentonamiento del gobierno? ¿Es solo otro capricho del Presidente, que el Primer Ministro Zavala no puede contrariar?

En nuestra opinión, el Ejecutivo está siendo irresponsable al jugar con la posibilidad de afectar la insipiente recuperación de la economía, o el tímido ‘rebote’ económico, según el Presidente de BCR. El gobierno de PPK no puede contagiarse de la carencia de inteligencia emocional de la que ha hecho gala, nuestro escritor, Mario Vargas Llosa. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ruptura de la unidad y la pérdida de autoridad del CEN del Sutep, y la atomización de las dirigencias magisteriales no es sino la última manifestación de un proceso de fragmentación política e institucional que se agravó a partir del 2000 y no tiene cuando cesar.

En este caso no es solo que Patria Roja, que domina el Sutep, no está en el Congreso. Si no que las dirigencias regionales del Sutep ya no pertenecen a Patria Roja, sino al Movadef o a Puka Llacta o a Proseguir. Todos los canales de comunicación están rotos y la fragmentación es absoluta. El país se desarticula y feudaliza cada vez más, complicando la gobernabilidad y el progreso nacional.

Correspondientemente, la autoridad central del Estado es cada vez más débil. Los fiscales no fueron capaces de denunciar a los dirigentes que bloquearon caminos y tomaron aeropuertos, que son delitos mayores. El gobierno central, por su parte, no pudo lograr que los gobiernos regionales aplicaran la ley a fin de proceder a los descuentos de los maestros que no asistían a clases. Y, en general, como sabemos, ministerios clave como los de Educación y Salud tienen dificultades para aplicar políticas sectoriales a nivel nacional, para no hablar de los problemas de corrupción vinculados a una obra pública que también se ha descentralizado radicalmente en los últimos 25 años: ha pasado de un 5% de la inversión pública ejecutada por los gobiernos locales a un 45% en los última década y media, a lo que debe sumarse alrededor de un 20 o 25% que es ejecutado por los gobiernos regionales.  

Si a eso sumamos la proliferación de movimientos regionales liderados en ocasiones por aventureros políticos que se organizan para asaltar el apetitoso botín presupuestal de los gobiernos subnacionales, lo que tenemos es, en combinación con esa anarquía, la proliferación de bandas criminales dedicadas a la extorsión de obras y a la usurpación de terrenos, en alianza con fiscales y jueces, entre otras cosas.

El asunto ha llegado a tal extremo que ahora hay paros regionales contra la corrupción y la impotencia de la autoridad central para sancionarla. 

Después del Niño costero, la población de Andahuaylas bloqueó la carretera y cerró la ciudad durante 14 días en protesta contra la corrupción del alcalde en las obras municipales, contra el gobernador y contra fiscales y jueces acusados de connivencia y corrupción. La población exigía sanción y destitución, y nada de eso se podía hacer desde la provincia o la Región, pero tampoco desde el gobierno central. No había mecanismos legales para actuar. El Viceministerio de Gobernanza Territorial, recientemente creado, tuvo que llevar al juez supremo decano y al contralor regional. Este último  solicitó congelar las cuentas de la municipalidad, y la propia PCM abrió una mesa de partes para recibir denuncias. Lo mismo ocurrió en el distrito de Lagunas, en Ucayali, que bloqueó el rio de ese nombre durante dos meses con el mismo tipo de demandas.

Lo menos que podemos hacer es leer bien el mensaje que esos paros envían: lo que están pidiendo es una reforma de la descentralización y del Estado que restablezca la autoridad central en el país y establezca mecanismos eficaces de intervención, control y sanción contra la corrupción.

El problema es que ninguno de los partidos que compitieron en el proceso electoral del 2016 planteó una reforma de la descentralización en sus planes de gobierno. Pero hay que diseñarla y ejecutarla.

Lo primero es una ley que tipifique mejor los delitos vinculados al bloqueo de carreteras y toma de aeropuertos como delitos que afectan la seguridad y la economía nacionales, a fin de establecer una jurisdicción o una Sala Nacional para juzgar a quienes cometan esos actos, porque ya sabemos que los fiscales locales tiene temor de hacerlo. De lo contrario, las poblaciones seguirán sometidas a dictaduras sindicales que consiguen paralizar actividades clave como el turismo, la minería y la propia economía de la población por medio de acciones de fuerza y amedrentamiento.

También se necesita fortalecer los organismos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de que puedan investigar y denunciar a fiscales y jueces cómplices de autoridades corruptas y organizaciones criminales.

Lo segundo es revisar el proceso de descentralización para redistribuir competencias entre los tres niveles a fin de asegurar la aplicación de políticas sectoriales de nivel nacional y la capacidad de control, intervención y sanción cuando un gobierno subnacional desacata o incumple alguna política o norma de carácter nacional.

Esto puede conllevar la centralización de importantes funciones en sectores clave como Educación, Salud, Transportes, minería y pesquería y desarrollo forestal, por ejemplo. Queda claro que no existe masa crítica profesional suficiente para construir 25 gobiernos centrales en el país. Por supuesto, eso necesita un acuerdo político.

Además, se requiere aplicar lo que nunca se hizo: un proceso de certificación de competencias para trasladar las funciones que realmente los gobiernos subnacionales pueden manejar.

En realidad, nada de esto se está trabajando, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. El viceministerio de Gobernanza Territorial, que posee una Secretaría de Descentralización, ve aspectos operativos pero no está elaborando ninguna propuesta al respecto. Según el viceministro Javier Fernandez Concha, sí está construyendo, en cambio, una metodología de planificación territorial, porque –señala- no existe un ente que planifique el desarrollo regional o local. No hay verdaderos planes regionales o locales, sino listados de obras que responden a motivaciones con frecuencia crematísticas.  Se busca que la metodología de planificación en diseño calce con el CEPLAN y con el MEF, con el nuevo sistema de inversión pública llamado Invierte.Pe, que contiene una lógica más racional desde que prioriza las obras en la medida en que cierran brechas identificadas y cuantificadas. 

En la base está un Estado sumamente ineficiente y burocratizado, compuesto por empleados públicos nombrados que carecen de las calificaciones  necesarias o, si las tienen, pueden darse el lujo de no trabajar o trabajar al mínimo porque no hay evaluaciones y saben que no pueden ser despedidos.

En ese sentido, una reforma complementaria es la del régimen del servicio civil, que debe ser implantado a todo nivel, pero que lamentablemente no ha merecido hasta ahora una prioridad política por parte del gobierno. Dicho régimen lleva a las entidades públicas a definir bien sus objetivos y a elaborar un cuadro de personal con los perfiles adecuados, a convocar luego a concursos internos y externos para llenar esos puestos con  mejores remuneraciones en los niveles medios y altos a cambio de aplicar evaluaciones de desempeño con capacitaciones con la eventual salida de la carrera burocrática a la tercera desaprobación.

Por supuesto, la recuperación de la autoridad central y de la naturaleza unitaria del gobierno requieren, también, una reforma política que ayude a reconstruir un sistema de pocos partidos estables y presentes en el territorio, poniendo requisitos más fuertes para la inscripción y funcionamiento de los movimientos regionales, de modo que los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan en lo posible a partidos políticos presentes en el Congreso, para que existan canales de comunicación que permitan procesar los problemas y demandas de manera adecuada y oportuna. Es algo que se está trabajando en el Congreso, aunque no parece haber mayor consenso en torno a las reformas clave necesarias para alcanzar ese resultado. De ello nos ocuparemos en un próximo informe. Lampadia

La infausta ‘huelga magisterial 2017’ va llegando a su fin con resultados que solo podemos calificar de una de las mayores irresponsabilidades históricas de nuestra clase política.

Más de 50 días de huelga y ni siquiera se ha compartido con la ciudadanía, información seria sobre la situación y perspectiva de la educación escolar en el Perú. ¿Qué mejor ocasión para ello, que la de tener todos los días, en todos los medios, el tema de la educación de nuestros niños y jóvenes?

No se ha aprovechado la circunstancia para poner encima de todo el imperioso objetivo de privilegiar la calidad de la educación. No se ha aprovechado la ocasión para poner encima de la mesa, con sinceridad y transparencia, los problemas y los retos de la educación. No se han mostrado los datos que necesitan nuestros ciudadanos para tener una visión mejor informada de nuestra realidad. Más bien, los ciudadanos hemos sido adormecidos con elementos distractivos, medias verdades o mentiras abiertas. Estamos seguros, que hoy, nuestra sociedad está más confundida que empoderada para influir en el diseño del futuro escolar.

Veamos si en Lampadia podemos rescatar un mejor análisis del tema:

• Calidad, reto y encaminamiento

La calidad de la educación escolar en el Perú es una de las peores del mundo, por lo tanto, la sociedad debiera hacer un gran esfuerzo de superación, en el menor tiempo posible.

Si a ello, le agregamos que estamos viviendo una nueva revolución tecnológica (Cuarta Revolución Industrial), que está transformando la vida de las personas, empresas y países, en todo el mundo; con impacto especial en la educación; el reto de superarnos requiere absolutamente, de toda nuestra atención.

Dicha revolución aporta un cambio de paradigma muy importante para la calidad de la educación: la transición de la producción en masa, a la producción en segmentos ‘tamaño uno’. En otras palabras, la educación del futuro será individualizada y, además, basada en el desarrollo de capacidades más que de aprendizajes.

El enfoque de la educación en el Perú sigue siendo regimentado, centralizado e inspirado en los paradigmas del siglo xx. El Ministerio de Educación, bajo la batuta del ex ministro Saavedra, adormeció a nuestra clase dirigente, haciéndole creer que podían desentenderse del tema, pues bastaba con tenerlo a cargo, apoyado por las múltiples consultorías que contrató con la PUCP, mientras combatía el aporte del sector privado a la educación.

• La tragedia de los maestros

La profesión de maestro es una de las más importantes de toda sociedad. Como en todas partes, hasta hace varias décadas, nuestros maestros eran respetados, contaban con los mismos instrumentos y prácticas educativas que se empleaban en el resto del mundo y sus remuneraciones estaban acordes con la realidad del país, sin ningún maltrato relativo a otro sector.

Pero, como hemos explicado en Lampadia (ver: La tragedia de los servidores del Estado ), la hiperinflación creada desde los años 70 por las políticas socialistas de la dictadura militar, mantenida y exacerbada por Belaunde II y García I, desquició la vida de todos nuestros servidores públicos. Ellos tuvieron que recurrir al cachueleo para sobrevivir y finalmente pasaron a jornadas laborales de medio día, con lo que se perdió, tanto para los maestros, como para los médicos y policías, la vocación de servicio.

Ver el perfil de la gran hiperinflación peruana, que duró 25 años y llegó a un pico de 7,482% en un solo año:

A medida que subía la inflación, fueron bajando los ingresos reales de los maestros. Veamos como caen al 12% real, desde la dictadura militar hasta fines de los años 90. Desde entonces empieza la recuperación, multiplicándose por 3.6 veces hacia mediados de la presente década.

Así, fue que nuestros maestros fueron empujados, junto con el resto de los servidores públicos, a privilegiar su esfuerzo por sobrevivir, por encima de cualquier otra cosa.

El siguiente gráfico, muestra la evolución del salario de los maestros durante cada período de gobierno:

Contrariamente a lo declarado por el Presidente PPK, hace cuatro días en el sentido de que hay que entender los reclamos de los maestros, pues sus ingresos habrían estado estacados durante los últimos diez años, podemos ver, según informa Macroconsult, que si bien durante el gobierno de García II bajaron 10% (la economía creció más rápido que sus salarios), durante el gobierno de Humala, el crecimiento fue de 65% real. Lo terrible, es más bien, que este aumento se hizo sin que los maestros se comprometieran con una gesta por la calidad, sin que renuncien a la agenda política de la ‘lucha de clases’, y sin que colaboren, como plantea, Jaime de Althaus  con apoyar el desarrollo de los proyectos mineros y otros, para tener de donde seguir mejorando sus ingresos. Gran irresponsabilidad de Jaime Saavedra.

• El desarrollo sindical

En las condiciones descritas, era solo natural que los maestros, el mayor conjunto de servidores del Estado, buscaran en el desarrollo de un sindicato reivindicativo, el mecanismo más adecuado para negociar con el resto de la sociedad sus mejoras relativas, que, en un país estancado, solo podían lograrse a costa del resto.

Así se sustentó el nacimiento y fortalecimiento del SUTEP, que eventualmente fue capturado por el Partido Comunista del Perú (Patria Roja), que aún hoy día se adscribe a la ‘lucha de clases’. Además, el SUTEP controla la Derrama Magisterial, que hoy maneja alrededor de 1,800 millones de soles.

Durante los últimos años, Patria Roja ha ido perdiendo el liderazgo y el control del sindicato magisterial. Quienes disputan la supremacía del gremio son el CONARE, Pukallacta y otros grupos vinculados al MOVADEF, organismo de fachada de Sendero Luminoso.

Hoy día, los movimientos filo terroristas están muy cerca de tomar el control definitivo de la representación sindical y luego de la Derrama, cuyo directorio está controlado en su gran mayoría por el SUTEP.

• Obsolescencia social y fortalecimiento político

Con la recuperación de la economía ya no hace sentido que se mantenga la existencia de un sindicato reivindicativo, pues hace buenos 15 años hemos pasado de ser una sociedad estancada, donde el modelo político era ‘ganar-perder’ (solo podías mejorar a costa de los demás), a un modelo ‘ganar-ganar’, donde el crecimiento permite que todos progresemos juntos.

Por lo tanto, hace años debimos empezar a desarmar, por obsoleto, el poder del SUTEP y transitar hacia una verdadera revolución educativa que revalore al nuevo maestro y empodere a nuestros niños y jóvenes para una vida plena en el siglo xxi.

Pero, la irresponsabilidad de nuestra clase política ha evitado el transito (necesariamente duro), de reconvertir los elementos estructurales de la educación pública. Uno de los mayores responsables de esta pérdida de enfoque, fue el ministro Saavedra, que prefirió convivir con el statu quo.

• El aporte de la educación privada

A diferencia de otros países, donde la educación es fundamentalmente estatal, en el Perú la participación de la educación privada viene creciendo de forma importante.(Ver presentación de Antonio Rodríguez Lobatón, miembro del Instituto Riva Agüero, en diciembre, 2014, La educación en el Perú y una meta inalcanzable, fuente de los datos que presentamos líneas abajo).

En otros países, la mayor parte de la educación privada goza de subsidios estatales, mediante vouchers educativos o aportes directos, lo que la hace, factualmente estatal. En cambio, en el Perú, el desarrollo de la educación privada es puramente el aporte del sector privado. En el año 1984, la educación privada no pasaba de 15%, sin embargo, desde el año 2000, la matrícula privada se incrementó notablemente, mientras la educación pública, entre 2002 y 2013, perdía alrededor de un millón de alumnos. Hoy se estima que, a nivel nacional, la matrícula privada llega al 30%. El Lima alcanza al 48% y en ciudades como Arequipa y Trujillo, los porcentajes son similares.

En cuanto a la inversión privada en educación, en 1994 alcanzaba el 1.9% del PBI, y la del Estado 2.8%.

Para el año 2000, el aporte privado llegó al 2.6%del PBI y, el total ya superaba el 6% establecido por el Acuerdo Nacional.

En la actualidad, se estima que el aporte privado es de entre 3 y 3.5% del PBI, prácticamente lo mismo que aporta el Estado.

Pero los gobiernos nunca han reconocido públicamente este importante aporte. Quién hizo todos los esfuerzos posibles por ocultarlo y desmerecerlo fue el ministro Saavedra, de triste recordación en Lampadia, donde hace años venimos propugnando una verdadera revolución educativa.

Afortunadamente, el Presidente PPK si lo reconoció hace pocos días, indicando que, en conjunto, el Estado y el sector privado invertían anualmente, más de 6% del PBI.

• La derrota que está a punto de sufrir el Estado

Según la información que tenemos, el gobierno estaría a punto de hacer concesiones absolutamente inadecuadas a las beligerantes dirigencias filo terroristas que están a punto de tomar el control total del SUTEP y la Derrama Magisterial. Se estaría por acordar:

• La dispensa de todos los delitos cometidos durante la huelga.
• No hacer descuentos por los días no trabajados.
• No ir adelante con despidos a los dirigentes violentistas y maestros que dejaron de trabajar.
• Adelantar el aumento general de dos mil soles a noviembre del presente.
• Diluir la evaluación del magisterio y las exigencias de calidad.
• Seguir haciendo aumentos sin el correspondiente compromiso por la calidad de los maestros.

Como un solitario acto de consecuencia y responsabilidad con el futuro de la educación en el Perú, en Lampadia insistimos en ir adelante con una revolución educativa.

Ver:

• Líneas de acción y compromisos para la educación del siglo XXI
• SUTEP: Llegó el momento de decir ‘BASTA’
• Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio

Estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra vida nacional. Ante ello pedimos grandeza y sentido de propósito. Lampadia

Hace pocos días propusimos en Lampadia algunas decisiones sobre cómo manejar la crisis de la educación escolar en el Perú. Ver: El ‘putsch’ de los maestros (de la política) – SUTEP: Llegó el momento de decir ‘BASTA’. Ahora que la crisis sigue agravándose, queremos hacer algunas puntualizaciones.

Fuente: larepublica.pe

En principio calificamos la huelga como un ‘putsch’, para enfatizar su contenido político subversivo. Ante ello, propusimos:

• Declarar en emergencia la educación escolar.
• Descontar todos los días no trabajados en la huelga.
• Retirar el reconocimiento del Estado al SUTEP.
• Retirar el reconocimiento del Estado a todos los movimientos sindicales, incluyendo expresamente al CONARE.
• Suspender el reconocimiento de todos los sindicatos de maestros por un período de cinco años.
• Afiliar a los maestros al ‘Pacto Social por la Educación’, ofreciendo buenos salarios, capacitación, tecnología e infraestructuras adecuadas, a cambio de la despolitización del magisterio y la aceptación de la meritocracia y su compromiso con la calidad educativa.
• Ofrecer un 10% de aumento adicional a los maestros que se afilien al Pacto y devolver los descuentos por la huelga.
• Despedir definitivamente a todos los líderes violentistas de los sindicatos, incluyendo expresamente a aquellos maestros que hayan firmado en apoyo a Movadef.
• Suspender definitivamente la retención de las remuneraciones de los maestros a favor de la Derrama Magisterial, por parte del ministerio y autoridades regionales.
• Si los maestros desean hacer aportes futuros, tendrán que hacerlos voluntaria e individualmente de sus remuneraciones netas.

Analicemos la situación actual y el sustento de las acciones propuestas:

1. La educación escolar adolece de graves problemas de calidad y necesita emprender una profunda transformación para permitir que nuestros niños puedan mantener el mismo nivel de preparación para la vida y el trabajo que los de los países más avanzados.
2. Desde esa perspectiva es muy claro que necesitamos hacer reformas que son incompatibles con el manejo politizado del sindicato magisterial, el SUTEP, que hasta la fecha sigue comprometido con la lucha de clases y otras propuestas ajenas a los fines educativos del país y que responde a los dictados del Partido Comunista del Perú (Patria Roja).
3. Durante los últimos años y, en mayor medida en los últimos meses, Patria Roja viene perdiendo el control del SUTEP, por los aprontes de organizaciones como el CONARE, Puka Llacta y otros manifiestamentes vinculadas al movimiento terrorista de Sendero Luminoso, y que hoy amenazan con tomar el control del sindicato ‘único’ de maestros.
4. En cuanto a los maestros, debemos destacar que, sin dudas, la gran mayoría de ellos están completamente alejados de la política y de los movimientos subversivos y más bien son víctimas de esa suerte de dictadura sindical que ejerce el SUTEP.
5. Así como nuestros niños necesitan la mejor educación, nuestros maestros requieren que revaloricemos su labor al más alto nivel. Tenemos que darles programas de reconversión laboral y de capacitación en técnicas modernas de educación, buenas infraestructuras que faciliten su trabajo y, por supuesto, remuneraciones más altas, que estén a la altura de su muy noble tarea.
6. Ante el riesgo de la penetración de los movimientos subversivos y el desenfoque de las dirigencias magisteriales, el gobierno tiene la obligación de preservar el sistema educativo, cuidar la buena educación de nuestros niños y proteger a los maestros de la dictadura sindical que solo inhibe su reconversión y mejor desarrollo personal.
7. Estos objetivos y necesidades, están por encima de los derechos sindicales que han sido abusados mediante comportamientos disfuncionales, para el beneficio de dirigencias politizadas que condenan a la educación y al magisterio a condiciones de atraso y pobreza inaceptables.

Así como Alemania proscribió la participación de los movimientos de inspiración Nazi en la vida de su sociedad, el Perú debe perfeccionar sus normas para excluir de la vida nacional a los movimientos filo terroristas o a aquellos vinculados a los mismos.

En este espíritu, es muy inconveniente que el Presidente de la República reciba en Palacio de Gobierno a los representantes de los comités de lucha que han venido liderando  la abusiva huelga violentista de más de cincuenta días y que con su intervención haya desautorizado las gestiones de la ministra de educación.

Siempre es doloroso y peligroso tomar decisiones audaces, pero hay momentos en la vida de las naciones en que debemos enfrentar los riesgos que pueden llevarnos a situaciones inmanejables como la captura del gremio magisterial por organizaciones filo senderistas. 

Es el momento para #sacarfuerzasdeadentro. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Introducción

¿Cómo piensan los anti-mineros peruanos? Más allá de sus discursos y de cómo los anti-mineros justifican de su accionar conflictivo: ¿cómo piensan sobre la minería y el desarrollo?

Las corrientes de pensamiento hostiles a la minería, en Perú, son diversas, pero responden a dos fuentes ideológicas básicas: marxistas y pos-extractivistas. Ambas ideologías son anti-sistema y anti-globalización, no les gusta la economía de mercado ni valoran las actividades empresariales. Comparten una cultura de victimización y resentimiento social, pero sus opiniones divergen notablemente cuando se refieren a sus utopías de sociedad.[1]

Esas diferencias tienen un rol principalmente identitario, es decir, definen quienes pertenecen a sus organizaciones y quiénes no. Además, esas dos corrientes tienen concepciones y lógicas políticas distintas, y sus opiniones sobre las otras corrientes no son muy positivas. Quienes queremos que la conflictividad disminuya necesitamos entender sus ideologías y cómo razonan sobre la minería. En los conflictos, ellos son aliados y coordinan por medio de mecanismos de redes conocidos como SPIN. Ver en Lampadia (Ferreira & Olcese, 2017)[2].

Ninguna de las corrientes que operan en Perú (marxista o pos-extractivista) es autóctona ni autónoma.[3] Ellas son extensiones locales de corrientes radicales globales, desarrolladas en Europa y Norte América. Los operadores locales se dedican a adaptar el lenguaje y la simbología de sus ideólogos del norte a las características culturales y políticas del contexto peruano.Los pensadores-fuente de esas corrientes (Boaventura de Sousa Santos, Alberto Acosta, Serge Latouche, Eduardo Gudynas, etc.) no representan a ninguna frontera de conocimiento (no ganan premios Nobel, ni lideran el avance científico en ningún campo). Son todos profundamente occidentales en su formación intelectual, y en su forma de pensar la sociedad y la política, incluidos aquellos que critican la influencia intelectual de occidente.  En las universidades europeas y americanas ellos pertenecen a corrientes académicas de menor peso, pero aquí en el “Sur Global” ellos son reconocidos intelectualmente y tienen capacidad de incidencia en instituciones públicas, medios de comunicación y gobiernos. 

El marxismo es la más antigua de las dos corrientes, con casi un siglo de presencia en el Perú. Los pos-extractivistas, en general, son de surgimiento más reciente; menos de un cuarto de siglo. Ello hace que existan diferencias generacionales en la composición de sus militantes. Los pos-extractivistas son, en promedio, 20 a 30 años más jóvenes que los marxistas.

El marxismo ha influenciado mucho a los pos-extractivistas. Los principales ideólogos de los pos-extractivistas son ex-marxistas que conservan mucho de sus viejas creencias, o se formaron intelectualmente en corrientes de pensamiento influenciadas por el marxismo. Sin embargo, no incluiremos esos ideólogos ex-marxistas en estas notas. Los trataremos posteriormente, cuando describamos la ideología de los pos-extractivistas.

La tragedia de los marxistas peruanos

Fue el periodista José Carlos Mariátegui (abuelo del periodista Aldo Mariátegui) quien, después de una estadía en Europa, se dedicó a la difusión del marxismo en Perú, fundando una revista (Amauta) y creando un partido político, que en sus inicios se llamó Partido Socialista y que después se alineó con la revolución rusa, con la dictadura del proletariado, se afilió a la 3ª Internacional Comunista y cambió su nombre a Partido Comunista.

Después de su muerte, los marxistas peruanos se han dividido entre las diversas tendencias del marxismo internacional (comunistas ligados a Rusia, comunistas ligados a China, trotskistas de todos los matices, partidarios de la revolución cubana, etc.). La historia de la izquierda peruana es una secuencia infinita de divisiones, fusiones, nuevas divisiones, y de ataques recíprocos entre esas corrientes. Las siglas se han multiplicado tanto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con muchos integrantes de izquierda, no ha logrado identificar todas las ramificaciones ni reconstruir todos los procesos de división.

El colapso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el fracaso de los experimentos socialistas africanos y el giro de China hacia la economía de mercado representaron un golpe demoledor a la autoridad del marxismo como teoría matriz para entender la evolución de las sociedades. Esa secuela de fracasos en el contexto global hizo que, después de los 90, ser marxista perdiera el brillo intelectual y el barniz heroico de los años 60 y 70.

Sin embargo, en el caso de la izquierda peruana el factor el principal que precipitó su crisis moral y política fue el desarrollo del fenómeno terrorista en los años 80. La incapacidad ideológica y política de la izquierda peruana para responder al terrorismo desdibujó su imagen en la sociedad, generó costos decisivos de reputación política, y creó condiciones favorables para su sustitución por otras corrientes anti-sistema.

El grupo terrorista conocido después como Sendero Luminoso, SL, nació del Partido Comunista Peruano que publicaba el periódico Bandera Roja. Sendero Luminoso era una fracción asentada en la ciudad de Huamanga, que incluía en su periódico el lema: “Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui” como elemento de distinción ideológica.

Fue Sendero Luminoso la organización política que, en 1980, instaló el terrorismo como estrategia política en el Perú, y cambió la forma de hacer política en el país y dio un giro decisivo en la historia de la izquierda peruana. Por su alto nivel de sectarismo y prácticas genocidas, SL sometió a la población andina, especialmente a los sectores campesinos e indígenas más pobres, a sufrimientos indescriptibles.

El otro grupo terrorista importante, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, conocido como MRTA, nació de una combinación de corrientes radicales, originalmente ligadas al gobierno militar del Gral. Velasco Alvarado, el Partido Socialista Revolucionario, y diversas corrientes favorables al uso de la violencia en la política (MIR, UDP, etc.). El MRTA tuvo una importancia política y militar mucho menor que SL, pero se hizo famoso por el secuestro de la Embajada de Japón en Lima en 1996, tomando de rehenes a cerca de 800 personas.

La mayoría de la izquierda marxista no ingresó al terrorismo, pero tampoco supo combatirlo ideológicamente. La postura confusa de la izquierda hacia la violencia política y el terrorismo terminó siendo percibida por la población como dubitativa y, en algunos casos, como cómplice del terrorismo (Pásara, 1990).[4]

La postura de la izquierda respecto al terrorismo le ha generado un alto costo, destruyendo gran parte de su discurso y simbología política (banderas rojas, estrellas, consignas pro-lucha armada, etc.), debilitando su histórica influencia sobre los sectores pobres, perdiendo amplios segmentos sociales para las corrientes políticas que sí enfrentaron al terrorismo de una manera clara y decidida.

Otra consecuencia de esa conducta hacia Sendero Luminoso y MRTA es que hoy amplios sectores de la población asocian la izquierda con el terrorismo. Ello representa una importante vulnerabilidad de su imagen política, y se manifiesta cada vez que hay campañas electorales. La presencia de militantes de izquierda en actos violentos, en especial en los conflictos mineros, refuerzan en la opinión pública la idea de que la izquierda piensa y actúa en forma similar a los grupos que desencadenaron el terrorismo en los años 80. 

Los marxistas y la minería

A diferencia de los pos-extractivistas, los marxistas no son conceptualmente anti-mineros. Según la doctrina económica de Marx y los ejemplos de Rusia, China y los pocos países socialistas aún existentes, la minería, aunque subordinada a la industria, es parte de las fuerzas productivas que deben potenciarse hacia la sociedad comunista. Lo que sí es crítico para ellos el control autocrático del poder político por el partido comunista y el control estatal de las grandes empresas: minas, industrias, grandes comercios, banca, etc.

En la teoría marxista, la minería puede existir, siempre y cuando esté supeditada al Estado y a los marxistas como gobernantes. El objetivo de largo plazo de los marxistas no es acabar con la minería, sino controlar los recursos mineros para sus fines políticos y económicos. Una de las razones que, en la práctica, los hace anti-mineros es que para ellos las grandes empresas en general, y las corporaciones extranjeras en especial, pertenecen al bloque de los enemigos históricos del país, y consideran un deber patriótico combatirlas y, hacer todo lo posible para derrotarlas.

Para los marxistas está bien que un gobierno populista, como Chávez o Lula, utilice a los recursos naturales para la manipulación política. Para ellos, la explotación masiva de los recursos naturales está bien, si les posibilita eternizarse en el poder. Las experiencias recientes de los gobiernos populistas latino americanos (Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, etc.) han hecho evidente esa diferencia entre los marxistas y los pos-extractivistas.

Aunque los marxistas peruanos no está contra la minería como actividad económica, si son contrarios a la economía de mercado y a las empresas privadas que se dedican a la minería, y en forma muy especial, a las empresas mineras con capital extranjero. Para ellos, las empresas mineras, por su gran escala y por tener capital extranjero, son pilares de un modelo económico explotador y están en el lado opuesto a ellos en la contradicción política principal. Los marxistas resultan siendo anti-mineros en el contexto peruano de hoy porque son anti-capitalistas. Si ellos llegaran al poder, ellos expropiarían las empresas mineras y crearían empresas estatales para utilizar la minería para sus fines políticos.

El caso de Patria Roja

Para el entendimiento del rol de la izquierda marxista en la conflictividad minera es bueno considerar al Partido Comunista del Perú, conocido como Patria Roja, por su periódico. Ese partido, en los años 70 y 80, estaba alineado con el Partido Comunista de China, era defensor de la violencia política, y su periódico tenía por lema “El poder nace del fusil”. A pesar de su discurso radical, Patria Roja no optó por el terrorismo sino por la construcción de poder popular y la participación en los procesos electorales.

Hoy, Patria Roja ejerce una influencia política determinante en el sindicato unitario del magisterio público (SUTEP) y en estudiantes universitarios, y conserva una presencia política nacional con mayor peso en algunas regiones mineras. El ex-dirigente de rondas campesinas y ex-gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, hasta muy recientemente, era uno de los líderes destacados de Patria Roja. Por estrategia política, Santos se presentó siempre como parte de un movimiento político, Movimiento de Afirmación Social, MAS, distinto a su organización matriz, Patria Roja.[5]

La postura de Patria Roja respecto a la economía de mercado y a las empresas mineras se expresa claramente en una declaración de su Comité Central:

En la actualidad, con la aplicación del capitalismo salvaje, el neoliberalismo, el Perú viene siendo presa de la voracidad de las transnacionales que saquean sus recursos. El gobierno [de García], lejos de la demagogia electoral, se ha puesto de rodillas frente a los dictados del imperio, aunque ello signifique mayor miseria y exclusión para las grandes mayorías, y la pérdida de la soberanía nacional.[6]

La postura anti-minera de Patria Roja se expresa en su oposición a los proyectos mineros, a las operaciones mineras (Río Blanco, Conga, Yanacocha, Tintaya, etc.), y recientemente al proyecto Tía María. César Barrera Bazán, ex-congresista de Patria Roja y uno de sus principales líderes, en la declaración Tía María es inviable, celebró el paro en contra de la implementación del proyecto, y se expresó de la forma siguiente:

El espíritu colonial apátrida y centralista de la ultraderecha y el extractivismo cree que en pleno siglo XXI puede con facilidad instalarse donde se le dé la gana, a nombre del ‘progreso` y de la ‘máxima ganancia’ que, salvo raras excepciones, solo les ha llegado a ellos.[7]

La comparación entre sus documentos actuales y antiguos evidencia que Patria Roja está siendo influenciada por el discurso pos-extractivista. Por ejemplo, la oposición al “extractivismo” es una novedad en el discurso de Patria Roja, y es más notable en sus organizaciones juveniles, asumiendo como suyas las tesis de la ideología pos-extractivista.

Refiriéndose a los impactos imaginarios de la minería en Ayabaca, Huancabamba y en Cajamarca (proyecto Conga) la Juventud Comunista de Patria Roja argumenta que:​

 

(1) Acabaría con las nacientes principales de los ríos Piura y Cajamarca (el Quiroz y el Chinchipe), lo que ocasionaría la carencia de agua potable y problemas de alimentación de toda la macro región, además de la contaminación al momento del transporte de los minerales hacia el mar mediante el minero-ducto.
(…)
(7) Afectará las formas de vida tradicional de las comunidades, la tranquilidad pública, desplazamiento de cientos de familias y la desmembración de la organización comunal.
(8) La llegada de gente foránea traerá otras costumbres, acrecentará los actos de corrupción y vandalismo en la zona, vicios (alcoholismo, prostitución), la apertura de discotecas y bares en toda la zona minera.[8]  

Esta oposición entre la minería y la protección ambiental, y la postura contraria a la modernidad no eran parte del discurso de Patria Roja, años atrás. Como hemos ya explicado, los marxistas siempre han sido favorables al uso de los recursos naturales y a las ideas de progreso económico y de modernidad. Este giro anti-progreso de los marxistas peruanos es consecuencia de la incapacidad de los líderes de Patria Roja para recrear su discurso político en los espacios del marxismo clásico.[9]

Patria Roja es hostil a la minería también por razones de estrategia política. Como Alberto Moreno (2002) explica extensamente, su partido se fortalece promoviendo conflictos sociales. Eufemísticamente él dice que el partido se fortalece en las luchas. En su visión de ruta al poder, Patria Roja combina dos formas de lucha política: construcción de “poder popular,” vía la promoción de la conflictividad, y participación en elecciones.

Los elementos del poder popular son tres: (1) el impulso de los Frentes de Defensa, (2) la promoción de la auto-defensa de masas, y (3) las asambleas populares. Es con estas tres estructuras que Patria Roja se propone tomar el poder político. Moreno deja claro que el uso de la violencia no-armada y la intimidación a los opositores son componentes de la auto-defensa de masas y del ejercicio del poder por las asambleas populares.

En el contexto actual, la conflictividad minera resulta siendo uno de los principales motores de la lucha por el poder de Patria Roja, haciendo la promoción de los conflictos mineros central a su estrategia política.[10] Patria Roja resulta promoviendo la conflictividad social anti-minera por que los conflictos sociales sirven a su estrategia de poder.

Patria Roja ha desarrollado una especie de marxismo tropical, cada día más mezclado con elementos de la narrativa pos-extractivista e indigenista radical, evidenciando su real subordinación respecto a los nuevos núcleos productores de ideología anti-sistema.

El ‘ejército de reserva’

Como lo explica Paul Collier[11] en sus estudios sobre los conflictos ligados a los recursos naturales, la ambición (la extracción de rentas políticas y económicas) es una de las principales causas de dichos conflictos. Los marxistas, asimilando elementos pos-extractivistas han encontrado en la conflictividad minera una ruta efectiva para luchar por sus ambiciones políticas. Naturalmente, esas ambiciones se ocultan detrás de un discurso ideológico lleno resentimientos y victimización, pero no hay que basarse en los discursos para entender las acciones. Para ello están la economía y la ciencia política moderna.

Para entender la dinámica local de la conflictividad minera no hay que pasar por alto la existencia de otros grupos marxistas menores, cuyos nombres no son muy conocidos,[12] y la existencia de varios miles de ex-militantes de los partidos de izquierda que se disolvieron en los últimos años, de su periferia política y ex-militantes de los grupos terroristas que quedaron dispersos después de derrotados. La organización de conflictos sociales es una de las pocas actividades que alimentan sus expectativas de acenso social y político.

Esos miles de ex-militantes están dispersos en las casi 200 provincias del Perú y funcionan como una especie de ‘Ejercito de Reserva’ de la conflictividad. Ellos viven de los recursos públicos donde algún líder de orientación radical gana el control de una instancia gubernamental sub-nacional u organización social, y se movilizan como organizadores de conflictos o como activistas cuando algún conflicto se desencadena. Algunos de ellos logran cargos directivos en sus localidades, e incluso llegan a elegirse como alcaldes distritales y provinciales y en el caso de Gregorio Santos como gobernadores regionales. Los Frentes de Defensa, tan valorados por Patria Roja, son sus organizaciones de preferencia.

Conclusiones

Los marxistas peruanos surgieron en los años 30 y se dividieron por 50 años. Los marxistas moderados compartieron el poder político durante el gobierno del Gral. Velasco Alvarado en los 70. Los marxistas más radicales alcanzaron el máximo poder político con Sendero Luminoso en los años 80. La postura confusa de los marxistas moderados hacia el terrorismo los golpeó éticamente y los ha alejado de su soporte social tradicional. Hoy, amplios segmentos de la población perciben a los marxistas moderados y algunos sectores la izquierda como fuerzas próximas al terrorismo y no confían en sus gestos políticos. Sólo en el entorno de los proyectos mineros ellos conservan sus fuerzas políticas y organizacionales.

El colapso global del marxismo (Rusia, China, intelectualidad europea, etc.) dejó a los marxistas peruanos huérfanos de soporte ideológico internacional y sin capacidad de renovación intelectual. Los marxistas, en Patria Roja, en el Parido Comunista Peruano, o dispersos en otros grupos de izquierda, han perdido su capacidad de renovación intelectual. Ellos viven hoy un proceso de disolución ideológica, más rápido en la clase media y más lento de las provincias alejadas. La influencia de las ideas pos-modernas, especialmente de los pos-extractivistas, es cada día mayor en los discursos de los marxistas y ex-marxistas.

Sin ser ideológicamente contrarios a la actividad minera, los marxistas resultan siendo anti-mineros por razones de estrategia política, pues la promoción de la conflictividad es lo que más les ha resultado para atacar la economía de libre mercado y avanzar en su lucha por el poder político. Por sus intereses políticos, los marxistas peruanos promueven y van seguir promoviendo conflictos sociales que bloquean el desarrollo de la minería en el país. Lampadia

[1] Existen otras corrientes de pensamiento, también muy variadas, que, sin ser hostiles a la actividad minera, tienen propuestas sobre la conflictividad social que, en la práctica, resultan negativas para el desarrollo de la minería y de la democracia. Sin embargo, no vamos abordar estas otras corrientes en estas notas. Dejaremos su tratamiento como tarea para futuros trabajos.
[2] Ferreira, C. & Olcese, F. (2017). Como se organizan los conflictos mineros. Lampadia. Accesible en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/spin-explica-la-convergencia-de-fuerzas-anti-mineria
[3] Los teóricos de la dependencia, Raúl Prebisch, Celso Furtado, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, etc.) eran latino americanos. Habían sido influenciados por Max Weber y André Gunder Frank, pero el desarrollo de la teoría de la dependencia era creación local. En el caso de los anti-mineros no se observa esa independencia intelectual. Ellos inventan algún término propio, como Buen Vivir, o Sumak Kawsay, pero no van mucho más allá de ello.
[4] Pásara, L. (1990). El doble sendero de la izquierda legal peruana. Nueva Sociedad, 106 (marzo-abril, 1990), pp. 58-72. Buenos Aires, Argentina: Fundación Friedrich Ebert.
[5] La ruptura reciente entre Gregorio Santos y Patria Roja ha debilitado mucho la presencia de ese partido en las regiones más conflictivas del Perú. Actualmente, podemos decir que el movimiento político de Gregorio Santos, DD-MAS, en proceso final de ruptura orgánica con Patria Roja, lidera la corriente marxista más importante para la conflictividad minera.
[6] Patria Roja, (2008). Qué es y qué se propone Patria Roja, párrafo 14. Accesible en febrero de 2017 en: http://www.patriaroja.pe/comunicate-con-nosotros/
[7] Barrera, C. (2015). Tía María es inviable. Accesible en febrero de 2017 en: http://es.slideshare.net/URVIOLA/patria-roja-ta-mara-1
[8] Juventud Comunista. (2007). Efectos de una posible extracción minera en Ayabaca y Huancabamba. Accesible en febrero de 2017 en: http://jotacepiura.blogspot.pe/2007/08/efectos-de-una-posible-extraccin-minera.html
[9] Si sus líderes históricos: Marx, Engels, Lenin, Mao, etc. supieran de las nuevas ideas de Patria Roja, ellos serían expulsados en forma inmediata del movimiento comunista internacional. 
[10] Moreno, A. (2002). Democracia Directa y estrategia revolucionaria (3ª Edición). Lima, Perú: Patria Roja
[11] Collier, P. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers, 56, 563-595; doi:10.1093/oep/gpf064. 
[12] Algunos de esos grupos son favorables al uso de la violencia en sus estrategias de construcción de poder popular, y conservan mucho de la retórica violentista de los años 80s.

Llama la atención que se deje consentir que los jóvenes peruanos estén representados por la CGTP, Patria Roja, SUTEP, Tierra y Dignidad y otros colectivos comprometidos con una opción política electoral, usando como acicate el golpe de estado del gobierno de Alberto Fujimori.

Además, por más reclamos democráticos que se puedan manifestar, también llama la atención la cobertura mediática del evento: transmitida “minuto a minuto” por la página web del Comercio, promocionada y difundida por casi todos los demás medios como un evento ecuménico.

En verdad pareciera que detrás de los entendibles y justificables reparos y rechazos al golpe del 5 de abril, lo que hemos visto habría sido, en buena parte, una convergencia de muchos actores, por la que algunos elementos políticos arrogaron indebidamente la representación política de todos los peruanos y especialmente de los jóvenes, sin transparentar la presentación de sus ideas. Además, el evento también tuvo la presencia de grupos que planteaban temas específicos como el matrimonio gay, el aborto, el apoyo a los artistas y otros, que no tenían vinculación con la etiqueta del evento.

Curiosamente, a solo cuadras de este, en el Estadio Nacional, se desarrollo otro evento, el concierto del grupo musical Colplay, muy vinculado a los jóvenes, donde habrían acudido, sin cálculos interesados, unas 45,000 personas. Ver imagen del Estadio:

Para muchos peruanos el 5 de abril (1992) es una fecha dolorosa y tremendamente criticable. En el año 1992 sin embargo, mereció el apoyo de cerca de 90% de la población. Como se afirma hoy, sus causas y consecuencias no fueron simplemente la instalación de una dictadura. Esa fecha originó muchos eventos que marcaron nuestra historia para bien y para mal. Entre los eventos históricos que los peruanos debiéramos analizar y debatir desapasionadamente, está el 5 de abril del 92, que hoy sigue envuelto en papel periódico y no iluminado por el juicio ponderado de la historia.

Ojalá los peruanos podamos celebrar espacios de unión entre nosotros. En ese sentido queremos terminar esta nota compartiendo una canción de espíritu universal como es “Viva la Vida”  de Coldplay es: “Viva la Vida”. Activar el enlace a la canción más abajo. Lampadia

El desarrollo de los colegios de Alto Rendimiento tendrá un importante impacto en la cultura social del país, permitirá que los peruanos nos acerquemos a la ‘cultura del éxito’ y adoptemos un ‘sentido común’ permeable a la meritocracia.

El mayor anhelo de una familia es el acceso de sus hijos a una educación de calidad que les abra las mejores oportunidades posibles de superación y de lograr una vida rica en realizaciones y prosperidad.

Los colegios de alto rendimiento implican generar mejores capacidades y oportunidades de desarrollo a sus alumnos. De alguna manera reconocen el esfuerzo individual de los mejores alumnos y sus actitudes positivas hacia la prosperidad, lo que establece modelos de vida positivos.

El hecho de que los padres de familia aspiren a que sus hijos puedan terminar su educación escolar en colegios de alto rendimiento implicará necesariamente un opción por el éxito y la meritocracia.

Creemos que así se transformará nuestra cultura. Ello nos hará más exigentes con los servicios educativos y, por supuesto, también con los de  salud y seguridad pública. Una vez que un padre de familia se engancha en los caminos de prosperidad de sus hijos también proyectará su propia vida y la de la nación y la acción política en espacios de meritocracia.

Si este proceso se acompaña con la dignificación de los maestros, dándoles mucho mejores ingresos, capacitación, acceso a las tecnologías modernas e infraestructuras educativas de primer nivel; si efectivamente podemos llevar el presupuesto de educación pública de 3.5% a 5% del PBI, más 4 o 5% del sector privado (hoy está en 3%), podremos invertir en educación escolar el 10% del PBI. Ver en Lampadia nuestra propuesta de ‘Dignifiquemos el rol de los maestros’ y Educación y Habilidades para el Futuro.

Una de las grandes trabas de la transformación educativa en el Perú y en muchos países del mundo son las militancias gremiales de los sindicatos de maestros. En el caso de nuestro país, esto ha probado ser especialmente difícil pues, ante la pobreza a la que condenamos al magisterio, era lógico que se refugiaran en la protección sindical.

El empobrecimiento de la profesión del maestro fue producto de un país que por 30 años se cerró a la inversión privada (60s, 70s y 80s) y a los mercados internacionales, que solo logró el estancamiento de toda la sociedad: ciudadanos, empresas y Estado.

Evidentemente, esta realidad convirtió al magisterio en ‘bocatto di cardenale’ para la infiltración política del gremio. Hasta hoy día el SUTEP sigue suscribiendo la ‘lucha de clases’ y está controlado por Patria Roja, un partido político de ideología comunista al que el Conare (Movadef –  Sendero Luminoso) le está disputando el control.

En el nuevo escenario que se nos abre con la cultura del éxito y la meritocracia, será muy difícil que los maestros dejen de adoptar otros valores, pues les estaríamos ofreciendo que a cambio de meritocracia, de una clara opción por la calidad educativa y de alejarse del refugio gremial (cooptado por la ideología); reciban los honores de una profesión que nunca debió devaluarse y ser parte de una de las más admiradas profesiones del país.

Ahora que hemos paladeado, recientemente, la sensación de abundancia y que tenemos la oportunidad que nos abre esta nueva cultura y este mejorado sentido común, tenemos que ser conscientes de que necesitamos que la economía del país siga creciendo y generando la riqueza que haga posible estas realizaciones.

¡Todos por la educación! ¡Todos por la cultura del éxito, la meritocracia y  la calidad educativa! No desmayemos, la prosperidad está a nuestro alcance. Lampadia

Ver otras publicaciones relacionadas:

• La meritocracia es la clave para mejorar la educación
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• Instalemos un Estado Meritocrático en el Perú
  http://www.lampadia.com/politica/instalemos-un-estado-meritocratico-en-el-peru
• 10 razones que explican el éxito de Singapur
  http://www.lampadia.com/analisis/globalizacion/10-razones-que-explican-el-exito-de-singapur/

Por Hilario Yalta (Cajamarca) especial para Lampadia

Un artículo del prestigioso historiador Antonio Zapata, publicado en La República, sostiene que la detención preventiva de Gregorio Santos Guerrero conducirá a su reelección en las elecciones del cinco de octubre. Como Gandhi o Mandela, Santos ganará las elecciones desde la cárcel.

El comentario de Zapata es, en realidad, el resumen de lo que piensa la “clase política” de Lima, obsesionada aun por los sucesos del 2011. Los observadores políticos capitalinos contemplan a Cajamarca con los criterios y aun las imágenes generadas por las masivas movilizaciones de ese año: se considera que Cajamarca está unida alrededor de Santos, contra Yanacocha y contra Conga; que Santos es un líder respetado y querido por la población y que existe una voluntad masiva de luchar contra el centralismo capitalino , uno de cuyos errores habría sido encarcelar a Santos, porque inexorablemente el electorado se va a poner de su lado y lo va a reelegir. Ese es un razonamiento mecánico, un conjunto de paradigmas explicable en quienes no conocen el ir y venir diario de la opinión pública y la política de Cajamarca.

Refleja un hecho lamentable: Lima no entiende a Cajamarca. La dinámica provinciana es diferente a la capitalina. Los “hondos y mortales desencuentros” de que hablaba Degregori prevalecen en la mentalidad limeña, aun en personas tan reflexivas y conocedoras de la historia del Perú como Antonio Zapata.

La mencionada “victimización” de Santos no se va a producir por un conjunto de razones que no se perciben –todavía- en la capital:

La reacción inmediata

Según el esquema capitalino ese mismo día, el 25 de junio, al conocerse la detención de Santos, Cajamarca debería haber quedado paralizada, las carreteras tomadas y las calles bloqueadas. La respuesta popular debió haber sido masiva y contundente. Pero nada de eso ha ocurrido. Para sorpresa general, las movilizaciones han sido muy pequeñas, mínimas: unas 80 personas en Cajamarca, 100 en Jaén. Todo lo contrario a lo supuesto en el esquema vigente en la capital. Cajamarca no se ha solidarizado con Santos, no lo considera una víctima. Santos ha sido encarcelado y Cajamarca ha recibido su detención en calma.

La reacción mediata

Patria Roja o más bien una parte de Patria Roja la que encabeza Idelso Hernández ha convocado a una “movilización” para el día 10. Como se sabe aquí, existe una escala numeral, de abajo a arriba en el lenguaje formalizado del movimiento antiminero. Una “vigilia” es menos numerosa que un “plantón”. Una “movilización” es una marcha más o menos concurrida y un “Paro”, el más alto nivel de la escala, es una paralización urbana y un bloqueo de carreteras. Cuando se necesitan un mínimo de 15 días para organizar una “movilización” los organizadores están dando una muestra de debilidad antes que efectuar una demostración de fuerzas. Lo anterior desmiente también, como es obvio, la teoría de la “victimización”.

El proceso político

Cajamarca vive, desde el 2012, una etapa de recesión económica, fraccionamiento político y desmovilización social. Esas tres tendencias se expresan en la dramática reducción de la actividad económica y la circulación monetaria, la división interna de los políticos, el volumen siempre decreciente de las movilizaciones y la sensación, creciente entre los pobladores, de que sus líderes se aprovecharon de la lucha contra Conga para lanzar sus propios proyectos partidarios. Santos, protagonista central de las movilizaciones de los años previos es considerado como el responsable de la recesión; los diferentes grupos políticos y gremiales se están dividiendo en fracciones antagónicas y por eso, sus partidarios necesitan un largo políticamente largo, dos semanas, para organizar una “movilización” de respaldo.

Las encuestas

Como producto de ese mismo proceso, la intención de voto por Santos está bajando en las encuestas desde varios meses antes de su detención; quienes están ganando en la pugna estadística son Osías Ramírez y Absalón Vázquez. Al margen de que sean o no precisas exactas, como se supone en la capital, todas las encuestas coinciden en reflejar una tendencia coherente con el proceso histórico que estamos describiendo. Santos estaba cayendo en las encuestas antes de su arresto.

La caída de un caudillo

Santos no es o era un líder marxista leninista sino un caudillo provinciano, cortado con la misma tijera que los Benel o los Puga de decenios pasados: autoritario, poderoso, carismático. Con la detención de Santos ha perdido a su líder más carismático, con una altísima presencia mediática y notable capacidad organizativa. Naturalmente que el MÁS va a tratar de mantener en agenda la imagen de Santos pero eso va a ser cada vez más difícil. Los “mensajes” de Santos reales o supuestos, como el publicado algunos días son un recurso ingenioso, pero no impacta. El nuevo candidato, que va a conducir realmente la campaña, es Porfirio Medina; no es un líder carismático ni un orador eficiente. Es un “apparattchiki”, un hombre habituado al trabajo clandestino y al perfil bajo, inadecuado para conducir una campaña electoral.

El dinero negro. Una campaña electoral cuesta mucho dinero. Santos controlaba los fondos negros de las contratas y las licitaciones, que ahora, estén donde estén, no se van a poder canalizar. El propio Santos admitió durante la audiencia en que se decidió su encarcelamiento que muchos de los depósitos registrados en sus cuentas o las de los familiares eran, en realidad, aportes destinados al MÁS. Tampoco contara con los abundantes recursos logísticos del Gobierno Regional. El nuevo Presidente Regional, Cesar Aliaga, no se va a arriesgar a ir la cárcel por la reelección de Santos. Tiene mucho que perder y nada que ganar si Santos es reelegido.

El SUTE

El poderoso sindicato magisterial la herramienta política con que Patria Roja ganó las elecciones, la “correa de transmisión” entre el partido y la base rural, las rondas campesinas. En estos meses, Santos ha perdido el control del SUTE. La semana previa a la detención, el actual comando del SUTE Regional ha efectuado un Paro y una marcha contra Santos, algo que no había ocurrido nunca. Sus dirigentes, como Luis Espino y Narda Silva, son los primeros en insistir que Santos no es un perseguido sino un delincuente común. El SUTE, la columna vertebral de Patria Roja, no va a apoyar a Santos. Espino, secretario general del SUTE Provincial, ha pedido a los maestros “Que voten por quien quieran, pero que no voten por Santos guerrero”.

La mentalidad andina

Los códigos culturales de una sociedad andina, que recién sale del feudalismo como Cajamarca, valoran mucho los criterios de poder, de fuerza. Santos se había construido una imagen de líder poderoso, conductor de las masas, invulnerable frente al Estado. Su detención destruye esa imagen: se lo percibe ahora como débil, vulnerable. La gente piensa que Santos “ya perdió”. En la mentalidad andina, en la situación actual, al margen delos juicios valorativos de inocencia o culpabilidad, la sensación es de derrota. La gente va a votar por un Presidente Regional que pueda gobernar y ejecutar las obras que le ha ofrecido, no por un Presidente preso. El electorado, en ese sentido, es pragmático.

La corrupción y la obra pública

La gente, en general y más aún en la sierra, se preocupa poco de la corrupción, pero pide efectividad en las obras: “que robe, pero que haga obra”. Lo que impacta a la población no es tanto que un político haya robado, sino que no ha hecho obra. Santos no ha cumplido sus promesas electoras de obra pública. Y las obras incumplidas más significativas son precisamente los tres Hospitales de Chota, Jaén y Cajabamba, asignados precisamente a Wilson Vallejos y sus asociados; se trata de tres localidades de alta concentración electoral. Tampoco ha cumplido otro compromiso ineludible: la construcción de una carretera vecinal hasta cada capital de distrito. La percepción va a ser pues inversa: “Santos robó y no cumplió”.

La ruptura del Frente Único

Entre 2011 y 2012, Santos encabezó un Frente Único, una acumulación de diversas fuerzas, no exclusivamente de Patria Roja que se movilizaron contra el Gobierno y el proyecto Conga: desde los ecologistas de Arana hasta los radicales y etnocaceristas de Saavedra entre diversas fuerzas antagónicas de la izquierda. No fue una acumulación de fuerzas espontanea, sino el producto de una serie de presiones provenientes de los grupos radicales y ecologistas que trabajaron mediante paros, movilizaciones, tomas de local y amenazas de revocatoria, que empezaron en agosto y finalmente obligaron al Presidente Regional a pronunciarse contra Conga y el Gobierno recién en noviembre. Aparentemente, Santos era el líder, pero en realidad mantenía un difícil equilibrio, una frágil alianza anti Conga. Una muestra de esto es el famoso episodio del 3 de diciembre, donde Santos quiso dialogar con Lerner, pero Saavedra se lo impidió con una sola señal en negativo. Esa centralización –expresada en su mejor momento en el CUL; Comando Unitario de Lucha – ya no existe. Los diversos líderes de la izquierda cajamarquina están buscando su propio espacio político, quieren a su vez disputarse la herencia electoral de Santos. Saavedra ya organizó su propia lista (Luchemos por Cajamarca ) y Arana, que apoya nominalmente a Santos, quiere ser candidato a Presidente Regional y está embarcado en una silenciosa lucha interna, orientada ya no ,tanto a ganar el Gobierno Regional, sino restarle oportunidades a Patria Roja en las elecciones del 2016. La unificación del movimiento de izquierda, indispensable para victimizar electoralmente a Santos, ya no existe. Lampadia