La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) comunicó recientemente que un grupo de ONG locales ha iniciado una campaña que busca declarar de interés público un medicamento para el VIH/SIDA, con el objetivo de suspender los derechos de patente que protegen a este medicamento hasta el año 2018. Esta solicitud revela un desconocimiento del sistema legal de protección de la propiedad intelectual, así como de las causas que justifican la existencia de las patentes en el mundo. 

Bajo la normativa internacional sobre propiedad intelectual, un gobierno puede permitir que una medicina patentada sea producida como genérica en casos excepcionales bajo el mecanismo de las licencias obligatorias. Así, en casos de urgencia nacional solo el Presidente de la República está facultado para otorgar una licencia extraordinaria temporal (y no exclusiva) para abastecer al mercado interno con el medicamento demandado, mediante un Decreto Supremo. No obstante, las licencias obligatorias no son instrumentos diseñados para generar ahorros en la seguridad social, sino para brindar una alternativa que posibilite soluciones rápidas en caso se enfrente una epidemia o crisis generalizada en la salud pública. De ahí su naturaleza temporal.

Las patentes no son instrumentos populares, porque brindan exclusividad. Sin embargo, son instrumentos necesarios para incrementar la oferta de bienes socialmente deseables que no se producirían en mercados sin protección. En efecto, para producir medicamentos de última generación se requieren grandes inversiones en investigación y desarrollo, así como largos plazos de ejecución. Los costos de investigación y desarrollo representan la mayor parte del costo de las medicinas, por ello su precio puede ser mucho más alto que el de su costo directo  de producción. La fórmula de elaboración de estos medicamentos se consigue a través de un conocimiento generado por la investigación que tiene naturaleza económica de “bien público”. Esto significa que en un mercado desregulado, una vez generada la molécula, sería imposible evitar que otros accedan a su formulación (comportamiento del “free rider”), con lo cual desaparece todo incentivo a generar nuevos medicinas. Esto determinaría una situación típica de una relación “perder-perder”, en la que por un lado perderían los laboratorios y por otro, el conjunto de la humanidad.

La teoría económica nos enseña que la intervención en los mercados se justifica cuando existe alguna falla, que en este caso, es la pérdida de bienes (medicinas) deseables para la sociedad. Así, se justifican los incentivos por parte del Estado para que el mercado genere dichos bienes. De esta manera, las patentes juegan un doble rol: primero incentivar la innovación y, segundo, permitir que la industria farmacéutica recupere sus costos.

Tendencia mundial

Como reseña The Economist, con el aumento de los ingresos y la reducción de la pobreza, ha crecido la esperanza de vida en los países emergentes, así como la demanda por medicinas contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas. En China e India, las medicinas representan el 43% del gasto total en salud, mientras que en EEUU y Europa solo el 12%. Los gobiernos de estos países quieren expandir el acceso a los tratamientos médicos, ante lo cual se ha vuelto una tendencia en los últimos tiempos que varios países emergentes, como Brasil y Sudáfrica estén pensando en diseñar reformas que afecten las patentes. Precisamente, este uno de los puntos que está retrasando el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, una ola de innovación está produciendo nuevas moléculas para tratamientos complejos: solo en el 2012 se aprobaron 39 patentes en EEUU, la cifra más alta desde 1996.

En el caso peruano, el reclamo puntual explicado por ALAFARPE, se da porque algunas ONG argumentan, falazmente, que el costo del tratamiento para el VIH/SIDA se eleva debido a que un medicamento útil para tal fin está protegido por una patente. Como explica ALAFARPE, existen alternativas de bajo costo que pueden ser usadas. Además, en el caso reseñado se está haciendo un pedido que no se condice con las regulaciones internacionales sobre las licencias obligatorias. Las patentes son necesarias y no deben desvirtuarse.

“Más licencias obligatorias no son convenientes para los enfermos del planeta; la protección de las patentes de las medicinas, sí.”  (“More compulsory licensing is not in the interests of the world’s sick; protection for drugs patents is.” – The Economist, Pharmaceutical pricing, The new drugs war, 4 de enero del 2014). Lampadia

Esta semana se reanudará en el Congreso la discusión del proyecto de ley Nº 2102/2012-CR, que propone la creación de un organismo regulador de precios de medicamentos. Indecopi ha presentado objeciones al respecto, pero estas parecen no haber sido suficientes para convencer al Congreso. La propuesta, que “busca poner  los medicamentos al alcance de todos los ciudadanos”, muestra un total desconocimiento de los fundamentos más básicos de la teoría económica y tendría el efecto contrario, como lo hemos explicado antes en el artículo Normas Contra-Propósito.

Uno de los argumentos expuestos en el proyecto de ley a favor de un organismo que controle los precios de los medicamentos es que “existe un oligopolio encubierto por los grandes laboratorios farmacéuticos que fijan el precio de venta”. Argumento errado de por sí pues este tipo de prácticas se encuentran reservadas para los monopolios naturales (servicios públicos).Más aún, como señala Augusto Rey, presidente de ALAFARPE (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos), a la fecha no existe ninguna prueba que sustente tal afirmación. La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI concluyó en enero del año en curso una investigación orientada al mercado de productos oncológicos, señalando que no existían indicios que sugirieran la existencia de prácticas colusorias que afectarán el precio de medicamentos.

El proyecto tampoco toma en cuenta que un paciente no puede cambiar libremente un medicamento por otro. Por ejemplo, un paciente a quien se le ha recetado ácido valproico para tratar un desorden bipolar no puede sustituirlo por paracetamol (distribuido por GlaxoSmithKline bajo el nombre Panadol). Sucede que en el mercado de medicamentos existe un concepto que quienes proponen esta ley parecen no conocer: la patente. La idea detrás de las patentes es otorgaral laboratorio que desarrolla el medicamento un monopolio temporal para su comercialización. Dado que los laboratorios de investigación necesitan realizar grandes inversiones para desarrollar una nueva molécula que dé origen a un nuevo fármaco, es necesario que luego perciba ingresos que le permitan recuperar la inversión del producto exitoso, pero también de los que no lo fueron. De lo contrario: ¿por qué alguien invertiría en un negocio en el cuál sabe que va a perder dinero?

Por un lado, entonces, una entidad reguladora que controle los precios de los medicamentos terminaría impidiendo el acceso a fármacos de última generación. Por el otro, resulta redundante para medicamentos de uso terapéutico pues existe amplia competencia, lo que ha tenido como consecuencia una caída constante en los precios de adquisición para la seguridad social y el MINSA.

Si no hay incentivos para entrar al mercado, los medicamentos más recientes simplemente dejarían de comercializarse. Como sucedió durante el tiempo en que hubo control de precios en el Perú, quedarían en el mercado solamente los medicamentos de bajo costo y mala calidad, o aquellos que maneje el mercado negro, excluyéndose los medicamentos de última generación y de buena calidad, tal como declaró anteriormente para Lampadia Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Esta norma terminaría por afectar más a los pobres, que no pueden traerlo por Courier o en sus maletas, como una familia acomodada.

Durante el control de precios se generó un éxodo de laboratorios que recalaron en Colombia y Chile, y el desabastecimiento de los fármacos de última generación. Mientras tanto, los programas del gobierno de turno no hacían sino apelar al precio más bajo posible sin considerar la calidad, plantea Rey. ¿Por qué no contar en el Perú con productos innovadores, además de medicinas genéricas de calidad, compartiendo un mercado público y privado que promueva la competencia? De lo contrario se estaría condenando a los pacientes que necesitan estos medicamentos a no poder acceder a los tratamientos adecuados.