EDITORIAL DE LAMPADIA

El gobierno acaba de publicar un decreto legislativo sobre los contratos entre los colegios privados y los padres de familia, abiertamente atentatorio contra la propiedad privada, la libertad de empresa y la Constitución. En efecto, el DL 1476 interviene groseramente los mencionados contratos obligando a las partes a modificarlos y estableciendo que si los padres no aceptan los nuevos términos tienen derecho a exigir la devolución de una serie de pagos que se hicieron incluso con años de anterioridad, lo que sin duda llevará a la quiebra a muchas instituciones y dejará sin escuelas a aquellos a quienes pretendía beneficiar. El zarpazo intervencionista es tal que, de mantenerse, este DL puede ser el fin de la inversión privada en la educación.

Con cargo a realizar un análisis más detallado del DL, lo que salta a la vista es la abierta violación del artículo 62º de la Constitución:

“La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

El gobierno viola además el derecho constitucional a la libertad de empresa y a la reserva tributaria. Es cierto que la situación de los padres y los colegios es muy complicada, pero esa misma situación ya había llevado a renegociar en la mayor parte de casos. La renegociación tiene que ser voluntaria. Y si bien la cuarentena escolar permanente hasta fin de año generó una situación de tensión y desconfianza entre los padres de familia y los colegios, la verdad es que esa desconfianza fue alimentada en cierta medida por Ministerio de Educación (Minedu). Ello ocurrió con amplia difusión en medios y con la siempre cordial colaboración del INDECOPI, que desde el primer día no tuvo mejor idea que enfrentar a los padres con los colegios.

Por supuesto que los padres tienen problemas serios. Los colegios también. Pero el MINEDU se había demorado, incluso incumpliendo los propios plazos de sus normas, en dar los lineamientos que le correspondía. El Gobierno ha ido alargando la cuarentena de a pocos. Sin embargo, desde el primer día se demandó a los colegios que bajen los precios en porcentajes imposibles, pagando a sus profesores sin cobrar, pero sin tener idea clara de cómo iba a ser la nueva realidad.

El Presidente Vizcarra anunció el 22 de abril que el año escolar iba a ser virtual, probablemente hasta fin de año. Pero la norma con los nuevos lineamientos para el 2020 recién se publicó el sábado 26 de abril por la noche, dando 7 días, que incluían dos feriados -que se cumplieron el sábado 2 de mayo-, para presentar el nuevo plan de recuperación.

Para los colegios era realmente muy difícil, sin esa norma, plantear un nuevo plan de pensiones a los padres. Se han pasado todo el mes de abril trabajando incesantemente para ajustar su servicio a distancia y rehacer sus costos, cada uno desde su perspectiva y particular realidad. Hay colegios con y sin fin de lucro, religiosos y laicos, de bajas y altas pensiones, nacionales y extranjeros, etc. Cada colegio se ha ido manejando con sus padres de la mejor manera posible. Ninguno quiere perder alumnos y todos quieren poder funcionar el 2021.

Pero el MINEDU, INDECOPI, las asociaciones de protección al consumidor (que viven de las multas de INDECOPI) hicieron lo imposible por desprestigiar a la educación privada e incitar a los padres de familia. Populismo clásico. Han cuestionado a los colegios de bajo costo por no dar un servicio a distancia de “calidad mínima”, como si “Aprendo en Casa” fuera suficiente o siquiera comparable al trabajo en tiempo real que están haciendo muchos privados. Y a los colegios más costosos por no sentarse a negociar con los padres, como si se tratara de sindicatos.

Si los padres no están a gusto con el servicio y no pagan, el servicio no puede ser suspendido, como sucede desde hace años. Los padres tienen también la alternativa de pasar sus hijos a un colegio público, que es lo que alienta la gran campaña mediática que está desarrollando el MINEDU. Esperemos que aquellos burócratas que están detrás de estas acciones y cuyos hijos estudian en los colegios más caros de Lima, los trasladen a la escuela pública que es tan buena y superior a la privada.

En esta última década han ido desfilando, uno tras otro, ministros de educación, ocho para ser precisos, cada uno con una visión diferente y con su propio equipo asesor y directivo. Resultado:  absoluta discontinuidad e inexistencia de una política educativa clara y definida. Pero lo que no cambia es la animadversión y el acoso a los colegios privados, en particular a los de bajo costo. Se sostiene que son malos y que están por debajo de los públicos, a pesar de que, por ejemplo, los resultados PISA no avalan esta afirmación ¹. El COVID-19 les ha dado la oportunidad de acelerar el proceso y la están aprovechando.

Pero es irresponsable: van a recibir miles de traslados a través de su plataforma virtual, pero cuando volvamos a lo presencial no van a tener donde ubicar a esos alumnos ni presupuesto para afrontar este mayor gasto.

Es comprensible la situación de los padres de familia, seriamente afectados en sus ingresos, pero es lamentable como algunos se han dejado llevar por esta prédica populista sin percatarse de lo que hay detrás, convirtiendo de la noche a la mañana al colegio que escogieron tan cuidadosamente en un tramposo. De un día al otro se perdió totalmente la confianza. Gran logro de MINEDU e INDECOPI.

Ya consiguieron demoler prácticamente a los colegios de menos de S/ 300 (alrededor de 60%), dejando sin trabajo a miles de personas. ¿Quiénes siguen ahora? Los colegios de pensiones más altas, ese otro 40%, sean de la naturaleza que fuera.

Nadie desde el gobierno ha reconocido el enorme esfuerzo de directivos y profesores de los colegios privados y hasta el Presidente se ha permitido llamarles la atención. Ahora nos encontramos ante un Decreto Legislativo que terminaría de sepultar la inversión en el sector. Triste final. Lampadia

¹ https://www.lampadia.com/analisis/educacion/publicos-y-privados-aliados-por-la-educacion

Líneas abajo compartimos el comunicado del sector privado sobre el DU 002-2020 que afecta severamente a la educación escolar privada:​

COMUNICADO
CON REFERENCIA AL DECRETO DE URGENCIA 002—2020 EN EDUCACIÓN

Las Asociaciones, Instituciones Educativas Privadas, Profesores y Padres de Familia abajo firmantes formamos parte de la educación privada formal y de calidad del país.

1. Nos une el compromiso con la educación como medio para lograr una sociedad más humana, justa y solidaria. La diversidad de ofertas pedagógicas que se desarrollan en nuestras aulas, ofrecidas a todos los sectores de la sociedad, son la mejor manera de democratizar la educación.
2. Los primeros y principales supervisores de la calidad educativa que brindan nuestros colegios son los padres de familia, quienes año a año manifiestan su confianza y reconocimiento al renovar su matrícula. Nuestros estudiantes merecen una escuela de calidad, por ello, actualmente nos encontramos en pleno mantenimiento de nuestros locales y en revisión de nuestros planes de trabajo para el año que se nos viene. Los resultados de la prueba PISA muestran un mejor resultado en las escuelas privadas y queremos hacerlo cada día mejor.
3. Nosotros, somos los primeros interesados en que los establecimientos ilegales sean cerrados y los promotores sean denunciados por estafa. Los establecimientos ilegales (264 según funcionarios del MINEDU) están identificados desde el 2018 y saludamos que finalmente se actúe al respecto. Consideramos que para esto no hacía falta un Decreto de Urgencia.
4. El Decreto de Urgencia cierra también las puertas a muchos profesores experimentados que laboran o podrían laborar en el futuro en nuestros colegios, al exigir el título profesional y no los grados académicos (bachiller, maestría, doctorado) que ya ostentan.
5. Rechazamos el Decreto de Urgencia porque es un atropello al derecho que tienen los colegios privados a definir su “axiología, sistema pedagógico, los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones de la institución educativa privada; los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres y/o madres de familia, tutores o apoderados”, pues sujetan a los colegios privados a las limitaciones de las normas legales vigentes en lugar de las leyes que nos regían, tal y como se expresa en el Art. 3 de la Ley N° 26549 y Art. 5° del DL 882, se nos quita la libertad y la autonomía consagradas en el Art. 13 de la Constitución del Estado. Esto muestra el afán del MINEDU de tener una escuela única (la Estatal), quitando a las familias el derecho que tienen, consagrado por la Constitución, de elegir la educación que quieren para sus hijos.
6. La gran mayoría de los colegios privados del Perú no cobra cuota de ingreso, y los que lo hacen son colegios formales. No entendemos la urgencia, ni la pertinencia de legislar sobre esto en la “lucha contra la informalidad”. Este Decreto de Urgencia está generando más tensión entre familias y colegio al alentar la irresponsabilidad y falta de compromiso de los padres morosos.
7. Los colegios privados están siendo obligados a educar sin la posibilidad legítima de cobrar oportunamente por el servicio educativo que brindan. Estas leyes populistas castigan a los padres de familia que sí cumplen, porque los costos educativos se dividen entre los padres responsables. Este decreto ha empeorado el problema, además de haber desperdiciado la oportunidad de solucionarlo. El alto índice de morosidad hace que cada vez sea más difícil pagar puntualmente a nuestros trabajadores docentes y no docentes; pagar el agua, la luz, y los arbitrios.
8. El cambio de la aplicación del silencio administrativo positivo para la creación, ampliación de servicios educativos, traslado, reapertura, fusión o división, cierre o receso de servicios educativos, cierre de la institución o cualquier otra modificación a la autorización de funcionamiento inicial de los Colegios Privados, a un silencio negativo, castiga a los colegios formales por la inercia y burocracia de las instituciones estatales y elimina la certeza jurídica respecto de sus procedimientos administrativos iniciados.
9. SOLICITAMOS que el DU02-2020, se modifique tomando en cuenta lo señalado en los puntos 5, 6, 7, y 8 de este comunicado.
10. SOLICITAMOS que se nos convoque para elaborar el Reglamento y no se nos vuelva a sorprender.
11. SOLICITAMOS, que las Condiciones Básicas del servicio que se establezcan en el reglamento sean exigidas y cumplidas también por los colegios del Estado como lo dispone el Artículo 7° de la Ley Marco de la Inversión Privada (D.L. N° 757).
12. La presencia de la educación privada en el Perú, garantiza la vigencia de la pluralidad de ofertas educativas en una sociedad democrática que valora la libertad de los padres para decidir qué tipo de educación desean para sus hijos.

Lima, 17 enero de 2020

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 28 de setiembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Primero… lo primero. ¡Qué está pasando en nuestros hogares! Allí, en el seno de nuestras familias. Allí, donde el espacio es inviolable frente a cualquier intervención externa. Allí, donde los padres son el máximo ejemplo para los hijos, y los hijos son todo imitación frente a los padres.

Lo digo porque resulta que las denuncias más frecuentes registradas ante nuestra Policía Nacional en Ica son – nada menos que – las de “violencia familiar”. O sea, el esposo le pega a la esposa… o viceversa. El padre – o la madre – le pega al hijo o hija. El tío abusa del sobrino o sobrina. Y hasta el abuelo entra en la colada. Repito… ¡qué está pasando en nuestros hogares! En Ica hay más denuncias por violencia familiar, que robos y asaltos callejeros… por ejemplo.

Nuestros hogares – léase… nuestras familias – están en una profunda crisis. Estoy convencido de que ahí está el germen de la violencia – y la crisis moral – que azota a nuestro país. Toda la podredumbre que vemos en el Sistema Nacional de Justicia, en el Congreso de la República, y – en general – en el Estado y en nuestra sociedad, viene de nuestros hogares. Toda la agresividad que se vive a diario en las calles viene – también – de nuestras familias violentas y disfuncionales. ¡Qué está pasando en nuestros hogares!

Más aún. ¡Cómo es posible que haya anemia en Ica!… si somos grandes productores de frutas y hortalizas. Si producimos de todo… pescado, carne y huevos, leche, menestras, papa, etc. Si tenemos pleno empleo. Si cada vez se venden más vehículos nuevos, ropa de marca, licores, electrodomésticos, computadoras, celulares… y hasta viviendas nuevas. Si la concurrencia a nuestros centros comerciales es cada vez mayor. Y nuestra economía crece y crece sin parar. ¡Cómo es posible que haya anemia en Ica!

La razón es muy sencilla. La anemia se mide en niños de 3 a 36 meses de edad. O sea, en niños recién nacidos… hasta niños de 3 años. Precisamente, la edad en la que los niños no concurren a las escuelas… donde el Estado sí podría intervenir. La edad donde los niños están – al cuidado de sus padres – en los hogares.

Al pan, pan… y al vino, vino. Los hogares peruanos están en crisis. La crisis moral nace en los hogares. La violencia ciudadana también. Incluso la anemia. Y todos tenemos vela en este entierro. No sólo el Estado.

Por ello – dada la importancia y relevancia del tema – he querido referirme a la educación en la región Ica, como una responsabilidad muy importante y difícil de gestionar… que le compete – en primer lugar – a los padres de familia, – en segundo lugar – a los directores y maestros de las escuelas, y – en tercer lugar – a las autoridades y ciudadanos en general. Como se ve – al margen del ranking de las responsabilidades – la educación es tarea de todos… no solo del Estado.

A este respecto, hay países que sancionan a los padres de familia, cuando los hijos cometen actos delincuenciales. Yo creo que se trata de una medida justa. Y yo agregaría. Si un niño – o niña – tiene anemia, y proviene de una familia que tiene casa propia, carro nuevo, televisor de pantalla plana, laptop, celular, etc.… ya saben quiénes son los responsables. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La inyección de gerentes públicos preparados por SERVIR en algunas entidades del Estado ha tenido un impacto decisivo en la modernización de esas entidades que no ha sido suficientemente resaltado. En esta nota vamos a ver la manera como gerentes públicos en las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGELES) de Lima vienen aplicando medidas o sistemas para disminuir o eliminar distintas modalidades de corrupción que se dan en los colegios y en la propia UGEL y para simplificar cargas para el usuario.

Gerentes públicos 

Andrés Corrales, Gerente de Desarrollo de Gerencia Pública  de SERVIR, nos explica que los gerentes públicos son seleccionados meritocráticamente y asignados por convenio a la entidad que los solicita por tres años renovables y no pueden ser removidos por retiro de confianza (aunque sí por mal desempeño) aun si el puesto que desempeñan es un puesto de confianza. Tienen metas e indicadores de desempeño construidos junto con SERVIR, entidad que los supervisa y evalúa. Además, gozan de una política remunerativa especial (sobre todo en provincias) y pueden ser recolocados en otra entidad.

Al decir de los cuatro gerentes públicos con los que conversamos, pertenecer al cuerpo de gerentes públicos es un valor, otorga un status, un sello de calidad. Hay una identificación de cuerpo y comparten incluso una mística de innovación. Y han preparado un  proyecto de código de ética. 

En la actualidad hay 155 gerentes públicos en funciones en diversas entidades (ver cuadro). En realidad, SERVIR ha capacitado alrededor de 500 funcionarios como gerentes públicos, pero la mayor parte de ellos, si bien laboran en el Estado, no lo hacen bajo el régimen laboral de gerentes públicos (Decreto Legislativo 1024), sino, por lo general, como funcionarios de confianza aunque asignados también por SERVIR.

Algo interesante es que en el Poder Judicial 29 de las 35 Cortes Superiores tienen gerentes públicos, y esos gerentes se han mantenido pese a los cambios de presidentes de Corte, lo que constituye un logro en sí mismo. Sin duda han ayudado a racionalizar la administración judicial.

Pero el segundo sector que más ha demandado gerentes públicos –su designación depende de la demanda, del interés de la entidad en tenerlos, no de una política nacional para incorporar gerentes públicos- ha sido el ministerio de Educación, no para la sede central ni para la dirección  regional de Lima, sino para las UGELES de Lima.

Andrés Corrales nos explica que todas las UGELES del país tienen indicadores de desempeño fijados por el Ministerio de Educación y están dentro de un programa de incentivos del MEF, de modo que reciben un presupuesto adicional si cumplen las metas. Fuera de eso, los propios  Gerentes Públicos de las UGELES de Lima tienen que cumplir metas o  indicadores de gestión propios fijados por SERVIR luego de un proceso de consulta y talleres de trabajo con participación de los directores de las UGELES, la Dirección Regional de Educación, representantes de MINEDU y los propios gerentes públicos. Esos indicadores de gestión se agrupan en cuatro tipos: indicadores de resultados, de procesos, de innovación y de desarrollo de sus equipos.

A continuación el testimonio de cuatro gerentes públicos de UGELES de Lima: Aníbal William Castillo Valverde, Jefe de Planificación y Presupuesto de la UGEL 01; Martín Perinango Beltrán, Jefe de Planificación y Presupuesto de la UGEL 04; Froilán Osorio Ruiz, Jefe de Administración de la UGEL 07, y Julio Cesar Fernández Medrano, Asesor jurídico de la UGEL 01.

Continuidad versus cambios constantes

“Tenemos contratos renovables por tres años, lo que nos permite hacer reformas. Los Jefes de UGELES no son gerentes públicos, pero han sido contratados meritocráticamente vía concurso por el ministerio, y también se quedan tres años. Entonces hay una correspondencia muy productiva entre el jefe de  la UGEL y nosotros. Por contraste, en el ministerio no hay continuidad en los cargos directivos. Por ejemplo, últimamente cambiaron a los sectoristas tres veces en un año y medio. Primero cesaron a los que estaban y pusieron a unos muchachitos jóvenes sin experiencia. Luego se fueron al otro extremo y designaron a funcionarios antiguos de la 276, muy rígidos y resentidos.  El funcionario de confianza que viene por un año y que no conoce, destruye todo. Además, con cada cambio cambian a su vez de políticas. Temas que hemos avanzado y soluciones que hemos propuesto, quedan en nada”, me explican.

Tramitología y sistemas que no conversan

En efecto, los gerentes públicos innovan. Diseñan programas y soluciones para atender mejor a los profesores y padres de familia, reducir tiempos y colas, pero no tienen eco en el ministerio y no les dan el presupuesto necesario, y menos los replican a otras UGELES. En la UGEL 01, por ejemplo, donde hay 1,381 instituciones educativas públicas, 10 mil docentes activos y 6 mil cesantes, se atiende 420,000 consultas al año sobre trámites, expedientes, incluyendo a padres de familia pidiendo certificados de estudios.

“Había un embalse muy grande y largas demoras porque los sistemas administrativos no conversan entre sí, pues cada quien tiene su feudo. Entonces hemos integrado todos los sistemas y aplicativos en una sola plataforma pero no nos dan presupuesto. Se podría replicar en todas las UGELES”, nos dice uno de ellos. 

Los sistemas que no conversan entre sí son:

-El “Nexus”, que es un programa de administración de personal, “que ha sido capturado por un grupo de personas”.

-El sistema de planillas

-El sistema de emisión de constancias de pago

-El Legis, que es el sistema de legajos

“Hay que digitalizar todo para poder sacar en el día lo que ahora demora meses. Tenemos propuestas para financiar la digitalización. Pero se quedan en el MINEDU y no toman decisión porque cambian permanentemente la gente en la Dirección de Planificación Estratégica”. 

Corrupción de los trámites en las UGELES

Evidentemente, las demoras en los trámites en la UGEL fomentan la corrupción. Los docentes acuden a la UGEL por su CTS, pensiones, licencias, permisos, constancias de pago, de cese, informes escalafonarios, actas y certificados. Lo común era pagar para acelerar el trámite e incluso para obtener certificados de estudios fraguados.

Nos cuentan lo siguiente: “La UGEL era como un mercado; todo el mundo entraba y salía. Los profesores iban directamente a la oficina del funcionario, y todo se resolvía bajo la mesa.  Entonces se puso una plataforma de atención con 27 ventanillas. Los usuarios, docentes o padres de familia, ya no entran a las oficinas sino que son atendidos en ventanilla. Pero no fue suficiente. ¿Qué ocurrió? Que la jefa de la plataforma era una secretaria que no tenía el perfil profesional para ese cargo, y resultó que lideraba una organización mafiosa de trámites. Cobraba 1,000 soles en cuatro partes por contratar gente para hacerle el trámite al usuario. Su hijo y otros familiares trabajaban atendiendo módulos sin contrato ni nada. Bueno, ella fue denunciada y ya salió. Ha sido reemplazada por un muchacho 28 años, sociólogo capacitado que viene de la dirección regional, quien ha cambiado a los ventanilleros”.

Varias personas despachaban en el café de enfrente resolviendo. Fuera de eso –nos relatan-, justamente la pareja de la directora del colegio que le tramitó el certificado falso a la congresista Yesenia Ponce, tenía una oficina  anticorrupción al frente de la UGEL.

“Hemos recibido amenazas, anónimos por correo, pero felizmente recibimos el apoyo del jefe de UGEL. Sin ese apoyo no hubiéramos podido hacer nada. Es la importancia de que el jefe de la UGEL también haya sido contratado meritocráticamente”, agregan.

“Y si es indispensable que algún profesor o padre de familia ingrese a las oficinas, la idea es que no haya oficinas cerradas. Todo con vidrio y transparente. El ciudadano debe ver lo que se está haciendo”, refieren. 

Las Ugeles de provincias hacen pasantías en Lima para ver cómo funciona el sistema, y lo están replicando.

La Dirección Regional de Educación (DREM) ideó un motor de
motor de búsqueda en el sistema de tramite documentario (Sinad), para agilizar los trámites. 

La corruptela de los recursos propios

Desde 2007 los colegios pueden realizar actividades lucrativas y empresariales tales como alquilar sus locales o parte de ellos para actividades de diversa índole, incluso comerciales (alquiler de playas estacionamiento, comedores, canchas, tiendas, etc.) Esto para financiar necesidades de mantenimiento o capacitaciones. Pero –nos informan los gerentes públicos- con frecuencia las labores de mantenimiento o las capacitaciones no se materializaban. ¿Qué pasaba? Que el monto que se cobraba en el contrato era muy bajo, pero el pago real era mucho más alto. La  diferencia iba a los bolsillos del Director y de los miembros de comité de recursos propios, integrado por el Director del colegio, el subdirector, un docente y un representante de la  Asociación de Padres de Familia (APAFA). Parte de los pagos se iban en comilonas, por el día del maestro por ejemplo. En el propio contrato se establecía que la empresa contratante debía dar un banquete el día del docente.

Como será de apetitoso este rubro que –nos cuentan- mafias de APAFAS se meten a estos colegios para extorsionar y manipular esos recursos. Como hemos indicado, en el Comité de Recursos Propios hay un representante de la APAFA, pero con frecuencia se observa que familiares de esta persona alquilan quioscos u otras facilidades. No solo eso, hay representantes de APAFAS en los Comités que no tienen hijos en el colegio. Les hacen firmar al padre la patria potestad y aparecen como apoderados de algún alumno. Y cambian de hijos cada año. Por supuesto, han formado una Comisión Nacional y Federación Nacional de APAFAS. En una ocasión extorsionaron a la propia directora de una UGEL para que se reconociera una APAFA: pidieron sus expedientes hasta que le encontraron una queja por defectos en alguna tramitación, y con eso la extorsionaron.

Las UGELES de Lima han empezado a poner coto a estas prácticas. Ahora un equipo de contabilidad de la UGEL va a los colegios para verificar el uso de los recursos y orientar su correcto destino. Pero ocurre con frecuencia que el Director desaparece con toda la información o simplemente arguye autonomía para el manejo de esos recursos. “Cuál será el nivel de ingresos indebidos por esta vía que hay un director que tiene su propio equipo legal para justificar y defender los contratos que tiene. Ya tenemos a dos colegios en la mira por malos manejos. Hay denuncias de docentes y padres pero no quieren firmar por temor a represalias, maltratos y demoras”, precisa uno de los gerentes.

Algo interesante es que han diseñado un aplicativo en la computadora, visualizable por los padres de familia, denominado “fiscaliza tu cole”, en el que cada director de institución educativa debe registrar la información acerca de los contratos que tienen y el uso de los recursos. Algo extraordinario.

En el ministerio de Educación decidieron en cierto momento replicar este sistema en todo el país, pero cambiaron a los directores y el propósito se perdió.

Una idea que estaría cobrando fuerza es que la UGEL, en la medida que está dirigida por jefes contratados meritocráticamente y por gerentes públicos de SERVIR, sea la que administre esos recursos y lleve a cabo la licitación de las canchas y los locales. De paso, si sobran ingresos en un colegio, estos pueden ser re-direccionados a otros más necesitados.

Hay otras corruptelas. Por ejemplo, el proceso para aprobar la creación de una escuela privada dura 60 días, pero con silencio administrativo positivo. Se presenta el expediente a la UGEL y resuelve la Dirección Regional de Educación (DREM). Lo que ocurre es que el funcionario, que ha recibido un pago, esconde el expediente o lo deriva a un área que no corresponde, y así se pasan los 60 días y la solicitud se aprueba automáticamente. Lo que proponen es pasar a un sistema de silencio administrativo negativo.

Corrupción en contratación de docentes

Los docentes contratados, no nombrados, representan alrededor del 20% del total de maestros en Lima. Había muchas denuncias de injusticias en su contratación. Cuando postulan hay orden de mérito. Pero ese orden de mérito puede ser alterado si se paga o se es allegado. Los encargados esconden las mejores plazas para los favorecidos. “Había grupo enquistado en tres áreas articuladas (Informática, Recursos Humanos y Área Pedagógica), dos de los cuales eran familiares, que cobraba tarifas para vender puestos. Había docentes que se quejaban, seguimos todo el circuito de la queja y nos apoyamos en un circuito cerrado de cámaras. Los sacamos, hubo amenazas”, narra uno de los gerentes públicos.

Este grupo enquistado se quedaba a trabajar hasta tarde en la elaboración de cuadro de méritos: alteraban el orden según las coimas que recibían.  “Entonces diseñamos aplicativo para poner sólo el puntaje, y el software hace el cuadro de méritos. El expediente es procesado en el día y se notifica inmediatamente apenas se otorga la plaza. Que no duerma porque puede para cualquier cosa”, explica uno de los gerentes. 

También se ha diseñado una aplicación para que los interesados en postular pueden ver la ubicación de los colegios y la distancia y tiempo desde sus casas al centro educativo. Esto para que puedan decidir mejor a qué colegios y a qué plazas postular, pues se indica también qué plazas están vacantes. Dicho sea de paso, faltan docentes en matemáticas, inglés y soldadura principalmente. 

Contratación de bienes y servicios.

En las compras siempre hay ocasión para la corrupción, pero las UGELES adquieren principalmente papel cuadernos y otros bienes y servicios como limpieza y seguridad a través de Perú Compras, dentro del llamado “convenio marco”. Se quejan de que los jefes de logística no saben de logística, no son gerentes públicos. 

Y se quejan de la Contraloría: “El control perjudica. Persigue a los íntegros por tonterías, y el Estado se queda con los corruptos y los tibios. Presumen la mala fe. Si no encuentran responsabilidad es traición. No conocen de gestión. Si tuviéramos experiencia de gestión, nos contaminaríamos, dicen”. 

En resumen, los gerentes públicos cumplen una función creativa muy importante que ayuda a facilitar el trabajo de los profesores y padres de familia y reduce espacios de corrupción en las UGELES de Lima. Su fructífera continuidad en sus cargos contrasta con los cambios constantes en las direcciones del Ministerio, donde debería haber también gerentes públicos y no los hay, o donde debería acelerarse el tránsito hacia el régimen de la ley de Servicio Civil en toda la institución. En ese sentido, una  conclusión es que el Estado está desperdiciando el aporte de los gerentes públicos al depender su designación del interés de las entidades en contratarlos en lugar de obedecer –su designación- a una política general. Lampadia

Continuamos nuestro esfuerzo por mostrarle a la sociedad los varios caminos que se abren en el mundo para una mejor educación. Solo la toma de consciencia por parte de la sociedad civil, podrá generar las presiones necesarias para que las autoridades del sector, los padres de familia y el sindicato de maestros, tengan que asumir las responsabilidades que nos lleven en el menor tiempo posible a volcarnos a desarrollar una nueva estrategia educativa.

Esta tendrá que recoger las mejores prácticas globales, ser adaptada con sapiencia a nuestra realidad y llevada a cabo con el apoyo de toda la sociedad. Su dirección es de un esfuerzo colectivo grande para poder avanzar tres años en uno, estableciendo prioridades básicas y sobretodo, como hemos visto en nuestras últimas publicaciones, empoderando al alumno, haciéndolo el centro absoluto de los servicios educativos en ambientes abiertos, participativos, entretenidos y retadores.

Veamos otras propuestas, esta vez del BID.

6 iniciativas de conocimiento abierto que están mejorando la educación

Por Antonio Moneo, Sección de Aprendizaje y Gestión del Conocimiento, BID

Publicado por el Blog del BID

30 de junio de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Derribar barreras físicas. Deshaciéndose de requerimientos de más papeleo. Permitiendo un acceso simple a la información que generamos. Estos son los pilares del movimiento del conocimiento abierto, una tendencia que está ganando momentum y que pronto se convertirá  en un importante motor para la economía de muchas naciones.

La información juega un papel clave en la educación y no es sorpresa que ésta tenga mucho que ganar por el incremento del libre acceso a las fuentes de conocimiento. Solo en los EEUU, el movimiento del conocimiento abierto puede traer mil millones de dólares al sector educativo.

Tomando esto en cuenta, te mostramos seis proyectos que nos muestran el inmenso potencial que tienen las plataformas de conocimiento abierto para abordar problemas complejos en el sector educativo:

CIMA

El Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA) es el portal de Estadísticas Educativas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta innovadora plataforma presenta 40 indicadores comparables entre sistemas educativos de América Latina y el Caribe e incluye perfiles nacionales para visualizar el panorama educativo en cada país. De esta manera, con su uso se ayuda a promover el diseño e implementación de políticas educativas efectivas basadas en la evidencia y que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes en la región.

Open Text Book

Open Text Book es una iniciativa nacida en Estados Unidos que propone el acceso libre y gratuito a los contenidos de los libros de texto, aprovechando la flexibilidad de las licencias de la plataforma Creative Commons. Este movimiento comenzó a tomar forma en 2010 y ha tenido un fuerte impacto en las universidades americanas. Según algunos estudios, en algunos casos, se han logrado tasas de ahorro en libros hasta del 80%.

Portal de Datos Abiertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

El Portal de datos abiertos de la UNAM es un ejemplo de cómo los datos abiertos pueden servir para generar herramientas pedagógicas. Por ejemplo, más de un millón de entradas del Instituto de Biología dan cuenta de todas las especies identificadas por la Universidad en el mundo, creando un repositorio de gran valor para estudiantes, investigadores y público en general.

El caso Chile: Formulación de políticas educativas utilizando técnicas de análisis de datos masivos

En Chile, este trabajo del Centro de Investigación Avanzada en Educación, ganador  del premio Gobernarte del BID, demuestra el potencial que los datos pueden tener para la formulación de políticas públicas educativas. El proyecto utilizó y comparó datos del censo de población con los datos de matrícula para comprender el desplazamiento de los estudiantes a las escuelas. Se detectó que existen desequilibrios en la oferta educativa y que, en ocasiones, los estudiantes más desfavorecidos se ven obligados a recorrer mayores distancias para poder llegar a la escuela. También demostró que este desplazamiento incluye recorridos por zonas con mayores tasas de inseguridad, lo cual permite predecir y prevenir fenómenos de alto impacto social como la deserción y el abandono escolar.

México: Mejora tu escuela

Esta exitosa plataforma permite a los ciudadanos conseguir información sobre el rendimiento de las escuelas en ese país. Con una metodología de análisis de datos que toma como base los resultados agregados de los alumnos en matemáticas y español, la plataforma genera un índice de rendimiento para cada escuela en el país. Los resultados se transforman en un “semáforo educativo” que permite realizar comparaciones entre escuelas. El proyecto genera información relevante para los padres y también para los diseñadores de políticas, quienes pueden identificar las escuelas que necesitan mayor atención. La aplicación también permite conocer los programas públicos para la mejora de la educación.

Open Badges

Esta iniciativa puesta en marcha por Mozilla Foundation, busca generar una categorización más precisa de las habilidades profesionales de las personas a través de un sistema de certificados digitales que son accesibles y reutilizables. En el sector educativo, estos certificados se han utilizado para reconocer los esfuerzos de los profesores y educadores que apuestan por la innovación, así como para facilitar la transición de la universidad al mercado laboral.

Lampadia