Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hoy lunes hay una reunión sobre el “Pacto Perú” propuesto por el presidente de la República. Ya hemos dicho que es casi un contrasentido buscar un pacto en el momento en que los partidos están compitiendo en una carrera electoral, aunque si vamos a insistir en ello habría que hacerlo no sobre temas sobre los que estamos de acuerdo, como son varios de los propuestos, que sería perder el tiempo, sino sobre cómo resolver los dos grandes temas estructurales que impidieron dar una respuesta satisfactoria a la pandemia: el sistema salud y la alta informalidad. Es decir, como incluir a los peruanos en el Estado social (Salud) y en el Estado legal (formalidad). Daríamos un salto cualitativo como nación y como república.

Pero mientras tanto, y para que el Pacto Perú no parezca una evasión lúdica, lo urgente es un pacto con el Congreso, para encauzar constructivamente esos impulsos legislativos que amenazan con socavar seriamente las posibilidades de recuperación económica y las bases del crecimiento futuro. Un Pacto que aterrice en una agenda legislativa conjunta y vinculante, algo que no fue planteado por el Primer Ministro Walter Martos en su discurso de investidura.

De hecho, vemos que el presidente Vizcarra ha incluido en la reunión de hoy del Pacto Perú el tema de la devolución de los fondos a aportantes al sistema público de pensiones administrado por la ONP. Quizá el gobierno quiere arreglar por medio del Pacto Perú lo que no ha podido resolver en relación directa con el Congreso. Recién el viernes pasado, a último minuto, el Premier Martos acudió al Congreso junto con la ministra de Economía para presentarle al presidente del Congreso una alternativa al dictamen que se iba a aprobar en el Congreso ese día. Se ha logrado postergar unos días el tema, pero no cabe duda que el Congreso volverá con lo suyo si antes no se llega a un acuerdo.

El Pacto Perú no es el escenario para definir subsidios o apoyos a la población en el corto plazo, y menos para administrar soluciones populistas en beneficio, por añadidura, de sectores de la población relativamente favorecidos. Debe ser un pacto para acordar soluciones de mediano plazo, de difícil negociación, a los problemas estructurales del país. Y en este momento lo urgente, como decíamos, es más bien el pacto entre el Ejecutivo y el Congreso para definir una agenda legislativa vinculante que incluya medidas que ayuden a una estrategia sanitaria inteligente y a la recuperación económica nacional, y unas reformas políticas que permitan una mejor elección y ayuden a la gobernabilidad del próximo gobierno. En suma, para darle perspectiva y tranquilidad al país, reduciendo la incertidumbre generada por las perforaciones populistas y evitar que se terminen de desactivar todos los mecanismos que aseguran la solidez del crecimiento económico.

Dicha agenda legislativa conjunta, por lo demás, es un mandato del art. 29 de la ley del reglamento del Congreso, como hemos dicho tantas veces. No hay sino que cumplir la ley.

Ahora bien, si no se llegara a un acuerdo por ninguna vía y el Congreso aprobara la ley de la devolución de los aportes a la ONP, el gobierno tendría, obviamente, que observarla, pues el artículo 79° del Constitución dice claramente que “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”.  Además, el art. 12º establece que “Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles”. No se pueden tocar. La inconstitucionalidad es tan flagrante que los congresistas podrían ser acusados por infracción constitucional, si no estuvieran protegidos por la inmunidad.

Pero el Congreso, irreductible en el error y en la infracción ilegal, insistirá y la promulgará. El gobierno entonces tendrá que plantear ante el TC una demanda de inconstitucionalidad, pero en la medida en que el TC se tomará cuando menos 4 meses en resolver, la pregunta es qué puede hacer el Ejecutivo para no aplicar una ley evidentemente inconstitucional.  

Puede intentar dilatar el tiempo demorándose en reglamentar, y formulándole consultas con Congreso acerca de cómo financiar un monto que no está en el presupuesto, por ejemplo. Pero al final tendrá que tomar la decisión de no aplicar la ley por varias razones. Primero, por la sencilla razón de que no hay partida presupuestal para ella. Se trata de una imposibilidad práctica. Cualquier disposición en la ley señalando que la devolución de aportes se financiará reasignando, por ejemplo, dinero de otras partidas, tampoco sería constitucional porque el art. 80º de la Carta Magna dice: “Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto”. Eso significa que la iniciativa en una reasignación presupuestal debe venir también del Ejecutivo.

Segundo, más importante aún, porque, como señala Jorge Trelles, el Artículo 46° de la Constitución establece que “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”. Es obvio que el Congreso está asumiendo una función que no le corresponde. El MEF, por lo tanto, no estaría obligado a aplicar la presunta ley

No solo eso. Acto seguido ese mismo artículo dice: “La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”

La única salida sería que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley para hacer los pagos, pero no como una devolución de aportes que ya se gastaron en pagar a los jubilados, es decir, que no existen, y que no es posible por la intangibilidad, sino como un bono adicional a los que ya se han dado pero esta vez para los aportantes a la ONP. Es decir, para gente que en muchos casos sigue trabajando y tiene ingresos, y que está en el sector formal que, como sabemos es privilegiado en el Perú. Así somos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Tiene sentido el “Pacto Perú” propuesto por el Presidente de la República? Creemos que sí, pero con otra finalidad, menos temas, quizá más actores. Y antes que eso, el pacto inmediato y urgente es el de una agenda legislativa conjunta con el Congreso.

Comencemos con la finalidad. El Presidente la definió así: “Este pacto debe ayudarnos a todos los peruanos a transitar este proceso de transición en paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral”. En realidad, un proceso electoral es una competencia, una contraposición de ideas y programas. Entonces pedirles a los que están compitiendo a que se sienten a acordar, equivale a forzar un poco la naturaleza de las cosas.

Pero, pese a ello, sí hay una razón, de fuerza mayor, para buscar un acuerdo. Nace del hecho de haber tenido los peores resultados en el mundo en la lucha contra la pandemia, en lo sanitario y en lo económico. La causa de esos pésimos resultados no estuvo solo en los errores del gobierno, sino en que se confabularon además dos problemas estructurales: la precariedad de la salud pública y la altísima informalidad. Tienen en común que se trata de dos formas de exclusión social masiva. Por lo tanto, sí tiene sentido sentarse a llegar a acuerdos sobre cómo resolver, de una vez por todas, esos problemas estructurales. No podemos correr el riesgo de volver a fallar nuevamente.

Y hay una razón adicional para buscar un acuerdo en torno a esos temas: que son aquellos en torno a los cuales precisamente no hay acuerdo. No tiene sentido sentarse a buscar acuerdo en torno a temas en los cuales todos estamos de acuerdo. Eso es lo que ocurre con por lo menos dos de los cinco temas propuestos por el Presidente: calidad educativa y lucha contra la pobreza.

En cuanto a calidad educativa, el Consejo Educativo Nacional acaba de publicar el Proyecto Educativo nacional al 2036,[1] que es en cierto sentido el acuerdo nacional por la educación. Eso ya está. Las mejoras que puede haber son de gestión y énfasis, y dependen del programa de cada gobierno. Salvo que se acuerde algo como lo que propone Fernando Cillóniz: una institución autónoma de los gobiernos -tipo BCR- que maneje la educación pública. Pero eso debería formar parte de otro pacto, que no ha sido planteado: uno sobre la reforma del Estado, que incluye una reforma de la descentralización.

Estos son los cinco temas propuestos por el Presidente:

La lucha contra la pobreza tampoco requiere acuerdo. Se sabe que la pobreza se reduce principalmente con el crecimiento. Cambios en los programas sociales tales como transformar Juntos en Juntos Productivo, por ejemplo, no requiere un acuerdo. Es una mejora que entra dentro de la discreción gubernamental.

De los cinco puntos, solo el primero coincide con los problemas estructurales que afectaron la eficacia de la lucha contra el virus, aunque habría que plantearlo mejor, lo que no es motivo de este artículo. El segundo tema planteado por el Presidente podría contener en alguna medida el problema de la informalidad o, dicho de otro modo, la reforma de la formalidad, para que sea incluyente, para incorporar a los peruanos al Estado legal. Pero está centrado en temas como eliminar prácticas anticompetitivas, que no requieren acuerdo nacional.

El “Pacto Perú”, entonces, debería concentrarse solo en esos dos temas: cómo incluir a los peruanos en una buena Salud Pública y cómo incluirlos en la formalidad, en el Estado legal. En el fondo es un solo tema: la inclusión de los peruanos en el Estado nacional. Si lo resolvemos, habremos dado un paso gigante hacia nuestra conformación como república.

Y esos sí necesitan acuerdo por una sencilla razón: las soluciones que requieren para ser resueltos generan resistencias en los grupos beneficiarios del statu quo. Por eso son políticamente complicados. Y por eso cabe preguntarse por los actores de esos acuerdos: ¿sólo los partidos políticos, como plantea el Presidente, o también los sectores involucrados y la sociedad civil?. Lo segundo entraña el riesgo de que, precisamente, no se llegue a acuerdo alguno, como ocurre siempre, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Trabajo cuando se plantea cualquier reforma. Pero debe intentarse, con toda la seriedad del caso. Quizá se pueda manejar en dos pisos, dejando a los partidos como la última instancia.

Si queremos agregar más temas relevantes, tenemos el de la reforma del Estado y la descentralización, antes mencionado, que también requiere de un acuerdo para ser ejecutable. O un mandato claro solicitado por el candidato que gane las elecciones presidenciales.

Y tenemos por último el tema de la reforma política y de la justicia, que sí fue propuesto por el Presidente. Pero este asunto debería ser tratado en otro marco: el de la gestación de una agenda legislativa común entre el Ejecutivo y el Legislativo, tarea insoslayable de Cateriano, tanto para contener la hemorragia populista como para acordar efectivamente las reformas que se requieren para que el próximo gobierno tenga un Congreso que le permita gobernar. Es decir, en este caso el escenario es el Congreso, y los actores, las bancadas allí representadas.

En suma, el Pacto Perú debería reducirse a las dos reformas estructurales ya impostergables sobre las que no hay acuerdo: la salud y la informalidad, agregando quizá la reforma del Estado y de la descentralización. Fuera de eso, el acuerdo sobre la reforma política debe formar parte de la construcción de una agenda legislativa común, que es el pacto político de necesidad inmediata y urgente. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

El discurso del presidente Vizcarra en el Congreso tuvo algunos anuncios positivos, pero pecó de una falla fundamental: no se hizo cargo del hecho de que el país ha tenido uno de los peores resultados sanitarios y económicos en el mundo, no evaluó las razones de ello y por lo tanto no se enfocó en lo que se requiere hacer para remontar esos resultados.

No hubo planteamiento alguno acerca de cómo se mejoraría la estrategia sanitaria para contener un rebrote de la pandemia que puede terminar de arruinar la reapertura de la economía. Quizá no ve salida porque no concibe una alianza con el sector privado para llevar adelante con éxito, por ejemplo, una estrategia de identificación, aislamiento y abastecimiento de los contagiados y sus contactos, para cortar la cadena de contagio. O una estrategia conductual para infundir hábitos. O de distribución de alimentos para que la gente salga menos.

En lo económico-social anunció que por fin, después de más de tres meses, se terminará de repartir el primer bono universal, y luego, el próximo mes, se distribuirá uno segundo, algo que aliviará a las familias y de paso ayudará a reactivar el consumo, aunque no explicó si se hará con inclusión financiera (billeteras electrónicas).

Pero no mencionó los más de 3 millones de empleos formales que se han perdió solo en Lima, sin contar los empleos informales, ni qué se va a hacer para recuperarlos a la mayor velocidad posible. Esa es una tragedia con la que no ha empatizado. Entonces no habló de la necesidad de simplificar radicalmente las normas sectoriales, laborales y municipales para que los emprendimientos puedan volver a levantar vuelo y a contratar gente; es decir, una formalidad mucho más ligera e inclusiva.

Tampoco otorgó la prioridad máxima a las inversiones mineras, incluyendo Tía María, que por supuesto no fue mencionada. Sí destacó la cartera de proyectos por 57 mil millones de dólares, pero no puso el énfasis suficiente en la importancia estratégica de esas inversiones en este momento, más aún considerando que son las únicas que tienen mercado, financiamiento y productos con buen precio internacional. Tenía que explicar, persuadir.

Si hubiese evaluado los errores cometidos en lo sanitario y en lo económico, hubiese visto que la causa principal de los malos resultados ha estado en la ausencia de una alianza con el sector privado para llevar a cabo las estrategias, aprovechando la capacidad tecnológica, logística y de planeamiento de las empresas. Se esperaba entonces que ahora sí planteara dicha alianza, para reconducir con mayor eficiencia lo que viene. Pero, lejos de eso, repitió dos o tres acusaciones de malas prácticas anticompetitivas. ¡El gobierno puede prescindir del actor que maneja el 80% de la economía nacional!

El otro gran error cometido por el gobierno estos últimos meses, ha sido haber descuidado su relación con el Congreso, permitiendo una incontenible hemorragia populista. El Presidente no llamó la atención sobre la manera en que esos proyectos y leyes socavan el futuro del país y entorpecen la recuperación. Debió en todo caso demandar la elaboración de una agenda legislativa común, algo que por lo demás es un mandato contenido en el artículo 29 de la ley del Congreso. No lo hizo.

Sí planteo lo que llamó el “Pacto Perú”, convocando a todas las fuerzas políticas que van a participar en el proceso electoral. Cierto es que se requiere de un espacio en el que se pueda discutir y consensuar soluciones a problemas estructurales que vayan más allá de la coyuntura, precisamente para encauzar los impulsos populistas del Congreso, pero 5 grandes temas son demasiados y algunos innecesarios.

La pandemia ha puesto en evidencia dos grandes problemas: la precariedad de los servicios públicos de salud, y la informalidad. Concentrémonos en acordar soluciones para esos dos grandes temas. El segundo, la informalidad -o la reforma de la formalidad- ni siquiera figura entre los 5 temas. Y por lo menos dos de ellos son obvios y no necesitan acuerdo porque ya existe: lucha contra la pobreza y calidad educativa.

Necesitamos conversar sobre aquello sobre lo que no estamos de acuerdo, para salir del entrampamiento que nos agobia. Lampadia