Fausto Salinas Lovon
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

¿Cual es el escenario de las elecciones parlamentarias, luego que la mayoría del Tribunal Constitucional dejando un funesto precedente en pro del híper presidencialismo, ha convalidado estas elecciones parlamentarias?

Veamos algunos datos relevantes.

• Hay 22 partidos en disputa, 4 más que en las elecciones del 2016, donde hubieron 18. Nuestra política está más atomizada que antes.
• Las 22 organizaciones políticas en disputa no están obligadas a superar la valla electoral para mantener su inscripción política, por tratarse, según la decisión del JNE, de elecciones extraordinarias. Quiere decir que estas elecciones no tamizarán a los partidos para el 2021 y la atomización se prolongará por lo menos hasta las siguientes elecciones generales.
• El presidente Vizcarra, artífice de estas elecciones al disolver inconstitucionalmente el Congreso, no tiene partido en estas elecciones. ¿No era lógico pensar que debió buscar una mayor presencia parlamentaria para obtener la gobernabilidad que reclamaba?
  De tener una bancada diminuta, el gobierno pasará a carecer de bancada parlamentaria.
• Hay 2,325 candidatos al Congreso para 130 curules. Quiere decir que la competencia es de 17 a 1 por cada escaño.
• El 40% de los candidatos son mujeres. El 90% de las candidatas mujeres NO TIENE EXPERIENCIA EN CARGOS DE ELECCION POPULAR. El porcentaje es de 79.3% en el caso de hombres. La inexperiencia es la regla.
• 1,100 de los 2325 candidatos ha prestado servicios al Estado por más de 120 millones de soles. Uno de cada dos candidatos es por tanto “caserito del Estado”, que ahora van por un sueldo fijo.
• Hay más de 200 candidatos con sentencias judiciales en contra, más de 100 con sentencias por omisión de alimentos y cerca de 20 involucrados en actos de violencia familiar.

Con estos datos, no es extraño que, a menos de 10 días de las elecciones parlamentarias, si apreciamos la constante de los sondeos disponibles a la fecha, más de la mitad de los peruanos no saben por cual agrupación política votar (menos por qué candidato) o votarán en blanco, nulo o viciado.

Este panorama debiera llamar inmediatamente a reflexión acerca del sentido político (dejando de lado el sinsentido constitucional) de esta elección. La renovación del Congreso tiene como premisas (avaladas por la mayoría del Tribunal Constitucional), el obstruccionismo al gobierno, la falta de mayoría del ejecutivo en el Parlamento y la necesidad de una renovación de la clase política parlamentaria. El panorama nos muestra que nada de eso se va a superar. El gobierno ya no tendrá una bancada diminuta: no tendrá bancada. El congreso estará más dividido que antes del 30.09 y la calidad parlamentaria con candidatos sentenciados, procesados, incumplidores de obligaciones alimentarias, agresores sexuales y proveedores del Estado no va a ser mejor.

¿Tuvo sentido político entonces la disolución del Congreso?

Como van las cosas no. Porque el país necesita enfrentar en serio sus males, no atribuirlos a las instituciones que interesa desacreditar para cambiar. Debemos dejar de aplaudir medidas efectistas que sólo atacan la epidermis del problema, que contentan de manera efímera al electorado, pero no que enfrentan los problemas de fondo del país. La corrupción, la idoneidad y la medianía no eran atributo exclusivo del Congreso anterior de mayoría fujimorista. Son problemas estructurales de nuestra sociedad que hay que enfrentar en serio y no solamente cambiando a los congresistas que no te agradan por su orientación política.  La nueva composición del nuevo parlamento puede ser la prueba del sinsentido político de esta medida. Lampadia

Una cámara única, con su sistema electoral basado en la representación regional, trae el parlamento las mismas visiones sub-nacionales de los gobiernos regionales. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de que la importante labor legislativa se inspire también en una visión compartida del país que debe moldearse y construirse.

Un Senado debe ser la amalgama que le dé contenido político al Perú ‘unitario’. (Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.)

El voto del domingo no debe distorsionarse por pasiones políticas de ningún color, ya sea por una sentida animadversión contra el Congreso, o un rechazo a las actitudes del ejecutivo.

La Constitución no es un elemento de la coyuntura política, su carácter es estructural y su normativa de largo plazo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es asombrosa la falta de conexión entre la experiencia electoral de los partidos que están en el Congreso y las leyes que dan. Me refiero específicamente a la reciente ley 30689 sobre el financiamiento de las organizaciones políticas. A estas alturas ya es obvio que los partidos siempre han financiado sus campañas con donaciones que no fueron reportadas a las autoridades electorales o que fueron reportadas fraccionándolas y atribuyéndolas a aportantes fantasma. Esto desde el 2003, en que existe la obligación de dar cuenta. Antes ni siquiera era necesario darse ese trabajo.

Hay varias razones por las que se oculta al donante. Una tiene que ver con el monto máximo de la donación señalado por ley, que siempre fue muy bajo. Apenas excedía los 200 mil soles. Si un aportante quería dar más, era inevitable dividir ese monto y asignarlo a falsos aportantes. O simplemente no declararlo bajo ninguna forma.

En el caso de aportes empresariales, hay, hasta cierto punto también, un asunto de conveniencia: ni el partido quería verse asociado a una empresa grande –a un banco, por ejemplo-, y menos a una empresa extranjera, ni la empresa acaso querría que se supiera, no vaya a ser que ganara algún candidato distinto al que o a los que apoyó y terminara sufriendo alguna consecuencia.

Por supuesto, hay una tercera razón, obvia: cuando el aporte no es empresarial, cuando la fuente financiera es ilegal (gobiernos extranjeros, narcotráfico, minería ilegal o cualquier otra forma de organización criminal).

La ley 30689 sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, aprobada en noviembre del año pasado, no enfrenta estos problemas, sino que huye de ellos. Las soluciones que propone son una reacción a las revelaciones del escándalo Lavajato, y no a las condiciones que hicieron posible que algo como eso ocurriera. Entonces, dentro de un espíritu de castigo, prohíbe que las empresas hagan aportaciones a los partidos. No solo eso: modifica el artículo 11 de la ley de Contrataciones para agregar un impedimento para contratar con el Estado: haber “efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral, por todo el período de gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda”.

Al mismo tiempo, sin embargo, mantiene la norma que ya existía sobre el financiamiento público, que no prevé ninguna asignación para las campañas electorales de los partidos sino solo para gastos de capacitación y equipamiento de locales.

Por lo tanto, la única fuente de ingresos de los partidos para financiar sus campañas, provendría de los aportes de sus militantes o de los ciudadanos, que solo podrán donar hasta un límite máximo de 120 UIT (498,000 soles) por año. Cuando menos este límite fue subido. Pero de poco servirá porque muy pocos ciudadanos se animarán a donar dinero en futuras elecciones luego de que todos quienes aportaron a las últimas campañas de Keiko Fujimori, Alan García y Ollanta Humala vienen siendo citados a la fiscalía para ser interrogados.

El resultado será que los partidos o no podrán hacer campaña, o tendrán que recurrir, una vez más, ya no a empresas formales –prohibidas de aportar bajo pena de no poder contratar con el Estado si lo hacen-, sino a fuentes ilícitas tales como gobiernos extranjeros, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal e incluso a las mafias de usurpadores, extorsionistas e incluso de proveedores, todas las cuales están ansiosas por conseguir protección y convalidación estatal para sus actividades.

Si no se modifica la ley, esto es algo que se presentará en proporciones masivas e incontrolables en las elecciones regionales y municipales de octubre. En ellas triunfarán fácilmente los candidatos del narcotráfico y de las demás redes ilícitas, porque los candidatos limpios carecerán de financiamiento. Como nunca, entonces, nuestros gobiernos regionales y locales caerán en manos de asaltantes y mafiosos.  

De lo que se desprende que la ley 30689 es muy peligrosa para el país y debe ser radicalmente modificada a la brevedad. Para comenzar, debe autorizarse a las empresas a donar montos –incluso mayores a los establecidos en esta ley- para las campañas electorales, pero de manera transparente y pública. La donación incluso debería ser reconocida como gasto por el fisco, a fin de facilitar su ocurrencia. Derogando por supuesto el impedimento para contratar con el Estado en el caso de que el candidato apoyado gane la elección. Es obvio que, si la donación es pública, los ojos de la ciudadanía y de los órganos de control del Estado estarán abiertos para ver si hay algún tipo de favoritismo para la empresa aportante.

Al mismo tiempo, como propone el penalista Carlos Caro, la ley debería penalizar la conducta de quien reciba o entregue donaciones o aportaciones destinadas a un partido político sin dar cuenta de ellas a la ONPE o violando los límites previstos en la legislación electoral, “pudiendo incluso establecerse agravantes cuando el hecho es de especial gravedad por la suma aportada o el delito se comete a través de una organización criminal”.[1] Esto fue lo que hizo España en el 2015 (artículo 304 bis de su Código Penal).  

Pero es importante que todo esto vaya junto: se penaliza a quien da o recibe dinero no declarado (aunque venga de empresas formales) o por encima de los límites, obligando así a la transparencia, pero se debe incentivar dicha donación haciendo posible considerarla como gasto de la empresa para efectos tributarios. Hay que romper el pacto ocultador. Es un cambio cultural. 

Carlos Caro agrega lo siguiente: “los partidos políticos deben ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo cual no requiere de una ley del Congreso porque, según el artículo 3.4 de la Ley 29038, basta un decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia… Con ello los partidos deberán nombrar oficiales de cumplimiento independientes, sin sujeción a la cúpula partidaria y que velen por el registro veraz de los ingresos y gastos, la prohibición de operaciones en efectivo y, de ser el caso, reporten las operaciones sospechosas ante la UIF y el Ministerio Público. Estas obligaciones administrativas generarán el deber partidario de conocer el origen y destino de los recursos, ya nadie podrá alegar con éxito que no sabía, no conocía o no sospechaba”.[2] 

Una alternativa, por supuesto, a la formalización de las donaciones de personas jurídicas sería prohibir toda publicidad pagada por los partidos y organizaciones políticas y que sea el Estado quien asuma el costo de la publicidad. Es una propuesta que han hecho Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén del APRA. Ya existe la llamada “franja electoral”, que tendría que ser potenciada y habría que pensar bien en qué proporciones se distribuyen los espacios entre los partidos postulantes.  Esta solución tiene la ventaja de que en la medida en que el gasto en publicidad en medios suele ser el mayor gasto de campaña, el que no tenga que hacerse disminuye sustancialmente la dependencia de las candidaturas respecto de fuentes de financiamiento sean formales o ilegales.

Esta solución, sin embargo, no funcionaría para las elecciones regionales y municipales, para las que no existe franja, y organizarla sería muy complicado y costoso.

Por lo demás, una ventaja a adicional del sistema de aportaciones por parte de personas jurídicas, es que ayuda a comprometer a las empresas con el destino nacional, algo importante en un país en el que la élite empresarial no ha asumido realmente su responsabilidad en la dirección del desarrollo nacional. Lampadia