Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE y Perumin 2019
Para Lampadia

Ya he escuchado algunas veces la presentación de “La doctrina de la transformación a través de la propiedad”. Ciertamente el concepto es brillante y sería materia de un libro de texto para que, cualquier “alma blanca” que desee estudiar el complejo fenómeno de la propiedad del suelo y del material del subsuelo, ya que aplicando la teoría de los precios tendríamos el problema resuelto.

Como bien dice nuestro ilustre economista Hernando De Soto, es suficiente títulizar la propiedad en favor de los individuos, con título real, suficiente y que les permita transferir el bien ahí representado, para poder negociarlo libremente en la bolsa.

Bien explica que, cuando va a la comunidad y dice; que lindo el cerdito de la comunidad, le contestan: No, el cerdito es mío. Lo mismo cuando pregunta por el auto o la casita de la comunidad, el comunero le contesta: No, el auto y la casita son míos. Dicho esto, no pasa lo mismo con el terreno.

Hace más de 20 años tratamos en el distrito de Oyón de desarrollar un lindo programa habitacional para los trabajadores mineros, dicho sea de paso, miembros de la comunidad todos. El proyecto consistía en desarrollar una adecuada habilitación urbana, por cuenta de la compañía minera, desarrollar un proyecto arquitectónico adecuado para vivienda permanente, contratar una empresa de construcción que ejecute el proyecto con reducción de costos por economía de escala y financiarlo a largo plazo con la banca, aprovechando un crédito hipotecario. El respaldo de la compañía minera a su trabajador con el uso de la cuenta sueldo reducía el riesgo crediticio lo que minimizaba la tasa de interés.

La única condición para este lindo proyecto era que los terrenos de “propiedad” de la comunidad y ocupado por los distintos comuneros, se transfieran de forma individual a nombre de los miembros de la comunidad que los ocupaba y así hacer del inmueble un bien hipotecable.

El resultado, aunque no me lo crean, fue la negativa de la comunidad para el otorgamiento de la propiedad individual en favor de sus miembros. Si este proceso generado en un área de vivienda, para uso de los miembros de la comunidad y sus familiares dependientes resultó imposible de materializar, ¿se imaginan que pasaría con la propuesta inopinada de transferir los derechos de propiedad de la tierra, en grandes extensiones, a los comuneros?

Una pregunta adicional: ¿Quienes son los miembros de la comunidad? ¿Los que están inscritos? ¿Los que nacieron en ella? ¿Los que viven en ella? ¿Los cónyuges de los que nacieron en la comunidad y están empadronados? ¿Los que se han ido sumando por invitación de los dirigentes de la comunidad a cambio de alguna prebenda? ¿Los herederos de los que habiendo nacido en ella migraron a Lima y tienen más de una generación nacida fuera, pero retornan cada vez que hay un posible interés económico en ciernes? ¿Los “parajinos” que pastan su ganado en distintas zonas de las que aprovechan sus pastos cuando los hay?

Con los antecedentes mencionados no quiero ni imaginar lo que significaría pretender dar títulos de propiedad a quienes ni siquiera se reconocerían entre ellos como “miembros firmes” de la comunidad. Recordemos que en el Perú y especialmente en el Perú andino, no eres nadie si no tienes un litigio en el poder judicial, lo que explica el número inimaginable de abogados con los que contamos.

El “autor de la idea” gusta de referirse al propietario del terreno superficial, como “dueño de la tapa de la botella”, sin cuyo permiso es imposible retirar (explotar) los recursos naturales ahí disponibles, valorándole la propiedad del subsuelo y el reconocimiento que se le debiera por ello en la superficie.

El problema es que mucha gente piensa (muchos periodistas y “opinólogos” incluidos) que cuando el Estado le otorga a una persona una concesión, prácticamente le entrega la llave de una vitrina llena de metales que empezará a retirar a su gusto y sin costo ni riesgo. No tienen ni idea que se debe de iniciar un proceso de exploración largo, costoso y de alto riesgo. El Viceministro de Minas en conferencia reciente informaba que de cada mil iniciativas de exploración, probablemente una se convierta en un proyecto y operación minera exitosa. Pocos saben que, la exploración es ni más ni menos que la investigación científica de las entrañas de la tierra y que luego de años de inversión y estudio se podría alcanzar a definir un proyecto técnicamente viable, económicamente factible, ambientalmente amigable y socialmente aceptado. Y ahora resulta que al final, el propietario de la superficie te reclama el valor de tu investigación y desarrollo. Casi, casi como que después de años de investigación de laboratorio identifiques una fórmula, con un principio activo que cura una enfermedad y cuando quieras patentar el descubrimiento y producto desarrollado, te digan que no hay patente y que debes compartirlo gratuitamente. Así, nadie invertiría en investigación químico-farmacéutica, como que, cada vez se invierte menos en exploración en el Perú.

Para completar el cuadro, resulta que ahora, ya no son sólo los “dueños de la tapa”, esto es los que viven en la superficie del área explotable, sino todos aquellos por donde se va a transportar el concentrado o producto final, incluso a cientos de kilómetros de distancia, hasta llegar al puerto, tal como ocurre en el sur del Perú.

Pues bien, esta extensión de la idea a lo largo de la carretera, es la misma que se debe aplicar a TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Esto es que, los recursos naturales pertenecen a la Nación y el fruto de cerca de la mitad del valor creado en su explotación beneficia a la población más necesitada para brindarles salud, educación, agua y desagüe, seguridad, justicia y pensión digna para los ancianos e infraestructura básica. Impedir su desarrollo y explotación es un robo imperdonable a los más pobres del país.

¿Qué privilegio tiene el que está en un poblado del Cusco respecto al que está en Tumbes (donde producen muchos alimentos y combustible que consumen en Apurímac) con relación a un recurso mineral explotado en Apurímac?

Cuando ponemos las cosas bajo esta óptica, me provoca repetirle al autor de la brillante teoría lo que decía el buen Cantinflas: Ahí está el detalle joven. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La provincia cusqueña de Espinar es un microcosmos en el que se juntan muchas de las taras que afectan nuestro desarrollo. Problemas de contaminación en el agua revelados por un informe de la Dirección General de Salud que, por supuesto, no precisa la causa, aprovechamiento político de la situación para acusar a la mina (Antapaccay) de ser la causante, competencia entre facciones de izquierda de cara a las elecciones del 2021 por ver cual se radicaliza más contra la mina, una empresa minera incapaz de comunicar y explicar, una planta municipal de agua potable muy mal gestionada e ineficiente para tratar los minerales, un Estado desarticulado y ausente que no resuelve los problemas de contaminación ni atiende a las personas afectadas.

La provincia tiene una larga historia de informes de distinta autoría que demuestran la existencia de metales en los ríos o en los animales y personas que superarían los niveles permisibles, pero ninguno establece la causa de esa contaminación –si es la actividad minera o es de origen natural, dada la configuración mineralizada de los suelos. Tampoco se precisa si esas concentraciones de metales son causa de enfermedades.

La constante, sin embargo, es que los estudios son inevitablemente aprovechados por ONGs y políticos de izquierda para acusar a la mina (Xstrata Tintaya primero y Antapaccay, de Glencore, ahora) de ser la causante de la presencia de elementos dañinos.

El último informe, que ha desatado un nuevo movimiento contra la mina, ha sido elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud y dado a conocer en diciembre pasado. Revela la presencia de metales como arsénico, hierro, manganeso y aluminio por encima de los niveles permitidos en varias muestras del agua destinada al consumo de la población de Espinar.

Por supuesto, el informe no indica el origen de esos metales, si provienen del agua naturalmente mineralizada de los ríos Apurímac y Huayllumayu, que son los que abastecen a la planta de agua potable de Espinar, o si proceden también de la operación minera. Pero ya la ONG Derechos Humanos sin Fronteras y el propio alcalde Lolo Arenas, se lanzaron a culpar a la empresa minera y convocaron a una marcha que se realizó a fines de enero exigiendo al gobierno declarar el sistema de abastecimiento de agua en emergencia sanitaria.

La OEFA viene realizando un estudio para establecer la “causalidad” de la presencia de metales en el agua en Espinar, cuyos resultados aún no han sido entregados. Pero basta mirar el mapa en Google Earth para percatarse de que es prácticamente imposible que la actividad minera de Antapaccay pueda afectar la calidad del agua en Espinar. En efecto, la planta de agua de la ciudad se abastece, como decíamos, de los ríos Apurímac, que es el que aparece más a la izquierda en la imagen, y el río Huayllumayo, que es el que aparece al centro. Pero la actividad minera de Antapaccay emite agua tratada al río Cañipía, que está en otra sub cuenca, separada por una cadena de cerros de los ríos proveedores, y además en una cota superior. Es prácticamente imposible que haya filtraciones de una sub cuenca a la otra. Por lo demás, el agua que Antapaccay vierte al río Cañipía es tratada, inocua, y más bien sirve para compensar el déficit hídrico de ese río. Es decir, es un activo ambiental.

Según nos informan, al alcalde Lolo Arenas se le ha mostrado estas imágenes incluso en 3D, pero no le interesa la verdad. Insiste en culpar a la mina. Por supuesto, aun hay que esperar los resultados del estudio de la OEFA. Pero también es notoria la incapacidad comunicacional y relacional de la empresa minera, que no es capaz de explicar la realidad.

Competencia entre facciones de la izquierda

Lo que ocurre, según fuentes bien informadas, es que la tradicional desinformación deliberada en Espinar acerca de las causas de la contaminación se ha acentuado en esta coyuntura, aunque parezca mentira, debido a la competencia que ya desde ahora se da entre facciones de la izquierda nacional por posicionarse frente a las elecciones generales del 2021. En las ONGs ambientalistas de la zona, como la vicaría de Sicuani y “Derechos sin Fronteras”, siempre ha tenido mucho predicamento Verónica Mendoza, líder de Nuevo Perú. Gregorio Santos, de otro lado, que perdió las elecciones en Cajamarca, no las perdió precisamente en Espinar, donde su candidato, Lolo Arenas, triunfó. Santos, que se ha aliado con Vladimir Cerrón, gobernador de Junín que posee un partido inscrito, Perú Libertario, desea postular a la presidencia de la república por ese partido, pero necesita recuperar terreno en Cajamarca –como veremos- y avanzar en Junín y en el Cusco. Ha efectuado recientemente un recorrido por el sur y la consigna en el caso de Sicuani es desplazar al mendocismo encarnado en “Derechos sin Fronteras” de Jaime Borda y Vidal Merma, y también a los alfiles enviados por Walter Aduviri, a costa de atacar más fuertemente a la mina.

Es algo penoso. La izquierda siempre se construye destruyendo al capital, a la inversión, al desarrollo del país. Esto no es novedad. En Cajamarca está haciendo lo propio, aunque allí sí aprovecha una afectación real, el derrame de agua de relave ocasionado por la minera Goldfields hace unas semanas, así como el hecho de que ni Activos Mineros ni la Dirección General de Minería han comenzado con la remediación de los pasivos ambientales en Hualgayoc, que vienen de la Colonia, pero a lo que el gobierno se había comprometido el 2016 cuando se declaró emergencia ambiental esa zona. Por supuesto, gran compromiso, pero a la hora de la ejecución nada porque no se había presupuestado un centavo para tal efecto. No obstante, Heydi Araujo, funcionaria de la OEFA, nos informa que en diciembre pasado ya se otorgó 54 millones de soles para realizar un nuevo estudio y licitar recién la remediación quizá a fines de marzo.

Pero la intención de Gregorio Santos iría más allá: abroquelar las rondas campesinas contra el inicio de Michiquillay, y mantener, por supuesto, la oposición a Conga. Es decir, recuperar y cohesionar su base social y política a costa del desarrollo de Cajamarca y del país.

Las taras del Estado peruano

Pero, junto a estas derivas perversas de la izquierda, están también las taras del Estado Peruano. La mineralización del agua de los ríos de la provincia de Espinar se conoce desde siempre –hay un río que se llama “Salado”- pero fue estudiada y demostrada por lo menos desde el año 2010. El 2013 la mesa de diálogo, con presencia del gobierno central, aprueba un Plan Ambiental Sanitario, cuyas acciones principales, según la OEFA, no han sido ejecutadas aún. Lo que se requiere, nos dice Heydi Araujo, son básicamente tres acciones:

• Reforzar los servicios de salud de la provincia para atender a las personas diagnosticadas con presencia de metales pesados. Esto depende del gobierno regional.
• Modernizar la planta de tratamiento de agua Virgen de Chapi para tratar metales pesados, y
• Dotación de agua de calidad para el consumo de animales de pastoreo y mejoramiento productivo del sector agropecuario.

La incapacidad de avanzar en estas líneas pone de manifiesto las carencias del Estado en sus tres niveles y los problemas de un proceso de descentralización fallido. Se denuncia la existencia de metales pesados en el agua, pero la municipalidad es incapaz de gestionar la planta de agua a fin de que pueda tratar dichos metales. El agua potable no debería estar en manos de empresas municipales.

El gobierno regional, por su parte, es incapaz de mejorar los servicios de Salud en la provincia para tratar a las personas afectadas. La descentralización del sector Salud sin control ni rectoría central ha sido un problema en el país.

Y ni la Dirección Regional de Agricultura ni el Ministerio de Agricultura son capaces de dar una respuesta a la necesidad del desarrollo agropecuario de la zona.

Es increíble que siendo la minería tan importante para el desarrollo nacional,  y habiendo la descentralización en buena cuenta feudalizado el país, la presidencia del Consejo de Ministros no haya nombrado hasta ahora a funcionarios coordinadores del Estado cuando menos en las regiones mineras, que tengan el poder para hacer que los sectores y los gobiernos regionales cumplan  los compromisos acordados en las mesas de diálogo o de desarrollo y ayuden a atender con oportunidad demandas y problemas que se presentan. Recién se va a crear, con financiamiento externo, unas Agencias de Desarrollo Regional, con función articuladora, pero en 5 regiones ¡que no son mineras! (La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura). Absurdo.

1,462 compromisos pendientes

Según el informe Willakniki de la Secretaría de Diálogo y Gestión Social (SDGS) de la PCM, existe un total nada menos que de 1,462 compromisos suscritos con las comunidades y pueblos que no han sido cumplidos hasta ahora.

De ellos, 1,118 corresponden al Estado, de los cuales 695 (62%) compromisos pertenecen a los sectores, 202 (18%) a los Gobiernos Regionales, 146 (13%), a los Gobiernos Locales y 61 (6%) a empresas públicas. Lo frecuente es que el Ministerio o los gobiernos sub-nacionales asumen un compromiso y luego no lo incluyen en su presupuesto. No le hacen caso, acaso como un reflejo del desprecio colonial a lo andino. Recién en los últimos meses la SDGS está montando un sistema de seguimiento de los compromisos, pero sin capacidad coercitiva. Lo que hace falta, como decíamos, es un coordinador presente en las regiones que, además, ayude a que funcionen los sistemas de alerta temprana para anticipar los conflictos.

El canon de la corrupción

Ahora bien, muchos de estos problemas se resolverían si hubiese un manejo adecuado del canon y las regalías mineras. La gestión actual de esos recursos, en manos principalmente de las municipalidades, es un gran desperdicio que no genera desarrollo local sino corrupción y conflictos. Urge una reforma que establezca organismos de desarrollo locales o fideicomisos o PMOs que gerencien esos recursos aplicando un plan de desarrollo integral y sostenible de las zonas. Los alcaldes podrían participar en un consejo consultivo o directivo.

Para no hablar de la incapacidad del Estado de implantar el imperio de la ley cuando actos de protesta devienen en delitos tales como el bloqueo de carreteras o el ataque a policías. En el corredor minero se mueven impunemente unos abogados especializados en la extorsión a las empresas mineras que instigan tomas de carreteras para exigir compensaciones, y ni el gobierno ni la fiscalía son capaces de armarles un caso.  

Lo único que ha mejorado en estos últimos años es la presencia de la OEFA, incómoda para las operaciones mineras que no respeten los estándares ambientales, pero fundamental para que la población encuentre un árbitro estatal imparcial que la defienda de eventuales agravios ambientales. La OEFA realiza estudios de evaluación ambiental y paraliza actividades cuando hay afectación.

Conclusión

El Perú no puede darse el lujo de mirar displicentemente el enorme potencial que le brinda la minería para conseguir los recursos que permitan financiar nuestro desarrollo y la mejora de los servicios públicos.

Es hora de organizar el Estado para facilitar la inversión minera y para que los recursos que genera esa inversión se conviertan en desarrollo rural, local y regional efectivo y tangible en las regiones mineras. Lampadia

En Lampadia queremos compartir el caso de éxito de Cerro Verde, un ‘activo ambiental’ que es un claro ejemplo de cómo una empresa minera ha logrado generar una  relación beneficiosa entre la operación minera y la población peruana.

Este desarrollo se basa en una inversión inteligente en sus zonas de influencia. Una de ellas es el proyecto llamado “Círculo virtuoso del agua”, que maneja la empresa, quienes en un proyecto ganar-ganar han recuperado el río Chili que atraviesa la ciudad de Arequipa, después de décadas de deterioro y abandono por los sucesivos gobiernos locales.

Este proyecto ha permitido que la ciudad blanca se convierta en una ciudad líder en gestión hídrica y, quizás más importante aún, se han mejorado los estándares ambientales del río Chili, lo cual ha permitido que la flora y la fauna pueda empezar a recuperarse después de años de contaminación.

Líneas abajo compartimos la presentación del exitoso caso de la gestión hídrica realizada por Cerro Verde en Arequipa, la primera ciudad del Perú que limpia y recicla prácticamente el 100% de sus aguas servidas:

Cerro Verde: Un caso de éxito en la gestión hídrica peruana

Asesoría Integral en Comunicación Estratégica
Sociedad Minera Cerro Verde
Publicado por la Revista Minería
Glosado por Lampadia

Recientemente el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Arequipa, Ronald Fernández, señaló que las próximas cosechas que brinde su famosa campiña tendrán un sabor especial, ya que los distintos productos alimenticios llegarán a las mesas de las familias con mayores estándares de calidad ambiental.

Esta situación, destacó Fernández, se debe a que desde la construcción del Sistema de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, la cantidad de restos coliformes en el río Chili (fuente de vida y riego para 17 mil hectáreas de cultivo en Arequipa aproximadamente) ha disminuido ostensiblemente, lo que permite que sus aguas puedan ser bebidas por los animales y utilizadas también en el riego de productos agrícolas.

Para comprender mejor esta buena noticia, debemos recordar que fue en el año 2002 que la minera Cerro Verde dio inicio a una estrategia para brindar un beneficio real a la población de Arequipa (que hoy alcanza a más de un millón de habitantes), centrando su objetivo en dos temas fundamentales: dotar de agua limpia a las familias y descontaminar el río Chili, teniendo en consideración que la Ciudad Blanca se encuentra ubicada en el desierto de Atacama, lo que provoca que de manera periódica se vea amenazada por la falta del recurso hídrico.

Contando con el apoyo de las autoridades regionales, provinciales y locales, además de dirigentes sociales, agricultores y representantes de Sedapar, el desarrollo de la estrategia incluyó:

• La captación de mayor cantidad de agua con el fin de regular el sistema de represas de Arequipa
• La construcción de uno de los sistemas de tratamiento de agua potable más modernos de Sudamérica (PTAP II)
• El mejoramiento de las líneas de distribución de agua potable
• El retiro de los desagües del río Chili
• Tratamiento posterior de las aguass mediante la construcción del Sistema de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, asegurando así la ejecución de obras que garanticen la cantidad y calidad del agua en favor de los distintos usuarios de la ciudad (población, agricultura, industria y minería).

En el caso específico del Sistema de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, que trata aproximadamente el 99.5% de las aguas servidas de Arequipa metropolitana, Cerro Verde financió con recursos propios su construcción (valorizada en US$ 500 millones de dólares) y a cambio utiliza un promedio anual de 1 metro cúbico por segundo de aguas residuales tratadas, en un acuerdo que demuestra que la empresa privada, las autoridades y la población, pueden trabajar en base a objetivos comunes y beneficios colectivos de manera coordinada.

“La Enlozada contribuye al desarrollo de la actividad de la mina Cerro Verde, al darle mayor vida útil y mejorar la productividad, pero sobre todo permite mejorar la salud y calidad de los productos que eran regados con aguas servidas del río Chili, disminuyendo así los altos índices de enfermedades gastrointestinales en la población más vulnerable de Arequipa”, destacó Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Relaciones Comunitarias de Cerro Verde.

Cumpliendo con la apuesta realizada para generar mayor desarrollo en la región, durante el período 2005 – 2017, Cerro Verde aportó US$ 647 millones en temas de agua y saneamiento, lo que ha permitido a Arequipa convertirse en una ciudad líder en gestión hídrica. Y tan importante como ello, el mejoramiento de los estándares ambientales del río Chili han permitido que la flora y la fauna pueda irse recuperando tras muchos años de contaminación. En ese sentido, es necesario continuar los esfuerzos para evitar que las empresas y personas continúen arrojando desechos al río Chili.

El denominado “Círculo virtuoso de agua”, promovido por Cerro Verde, constituye hoy un caso de éxito en la minería peruana, reconocido también en el exterior, y cuyo impacto puede ser graficado con el titular que publicó uno de los principales diarios de Arequipa, tras informar sobre el primer año de operaciones de la Planta de Tratamiento: “La Enlozada salvó al río Chili”. Lampadia