EDITORIAL DE LAMPADIA

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La gran limitación de los sistemas de pensiones en el Perú es la falta de cobertura, pues más del 70% de los peruanos no tienen acceso efectivo a un régimen pensionario.

Por lo tanto, la obligación del Estado es facilitar el acceso de todos los peruanos a un sistema de pensiones, obligación que ha sido ignorada olímpicamente por la comisión del Congreso. La comisión Omonte, se dedicó más bien a malograr el único componente pensionario que funciona bastante bien, el Sistema Privado de Pensiones (SPP), sistema que ha sabido cautelar los ahorros de los ciudadanos, multiplicar sus aportes y mejorar sustancialmente nuestras experiencias con los sistemas de reparto.

Lo que propone la malograda comisión es que el Estado tome el control del sistema de pensiones, estatizar su manejo y poner, en manos de la política de turno, el destino de los ahorros pensionarios. Una propuesta absolutamente desenfocada que no resuelve ningún problema, solo destruye.

El nuevo monstruo estatal estaría a cargo de

• recaudar los aportes de los ciudadanos,
• de acreditarlos a algún operador financiero,
• de determinar el destino de las inversiones de los fondos de pensiones y
• de licitar las empresas financieras que administrarían los fondos. Un sistema claramente ineficiente y vulnerable a la mala política.

Ver en Lampadia: El asalto ha llegado. Estatizan las pensiones.

El ciudadano perdería su capacidad de elegir donde cautelar su ahorro previsional. Además, se propone que el Estado capture parte de los ahorros individuales para alimentar un sistema solidario de reparto, una función que debiera recaer en el erario nacional.

Este es el producto de una comisión que escucha, pero no entiende. Ha hecho caso omiso de las advertencias del BCR, de la SBS, del MEF, y de cuanto experto desfiló por el espacio congresal, para solo calentar asientos.

¿Torpeza? ¿Mala leche? ¿Politiquería? ¿Agendas políticas escondidas? Juzgue usted estimado lector.

Hasta ahora, la única propuesta que permitiría universalizar las pensiones y hacerlas sostenibles, es humildemente, la propuesta de Lampadia, que se basa en usar parte de los pagos por IGV que hacen los ciudadanos desde los 18 años, a cuentas individuales.

Para facilitar el análisis de este importante tema, líneas abajo presentamos los antecedentes del SPP, la situación actual y el detalle de nuestra propuesta de solución. 

Antecedentes

El Perú fue uno de los primeros países en el mundo, en adoptar un sistema previsional de capitalización individual, que permite superar la trampa de los quiebres de financiamiento que han perseguido a todos los países desde la instauración de los sistemas de pensiones estatales en 1883, por iniciativa de Otto von Bismark, el ‘Canciller de Hierro’ de Prusia y unificador de Alemania.

En 1980, José Piñera ideó un sistema de pensiones contributivo de capitalización individual. Desde entonces, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha sido adoptado por muchos países, que han encontrado en él, la posibilidad de ofrecer pensiones sostenibles que no absorban parte importante de los siempre escasos recursos públicos.

Como toda creación humana, este sistema tiene que irse adaptando en el tiempo a cambios estructurales, como, por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida. Una realidad demográfica que afecta todos los esquemas pensionarios, que eventualmente debería llevar a incrementar los años de trabajo. Sin embargo, las políticas populistas propician jubilaciones más tempranas.

Más allá de las necesidades de hacer ajustes, el SPP es una clara expresión de capitalismo popular, que liberó a los jubilados del Estado, de su condición de rehenes de la politiquería de las izquierdas de las ‘ideas muertas’. Razón por la cual, el sistema fue víctima de largas campañas de desprestigio y formación de mitos, que, en el caso del Perú, terminaron por desdibujarlo ante la opinión pública.

Veamos donde estamos

En el Perú, el talón de Aquiles de los sistemas pensionarios, tanto del SPP, como del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, es que su cobertura solo alcanza a los trabajadores del sector formal. Esto deja fuera de los beneficios previsionales al 75% de la PEA. 

Nuestra propuesta

La verdad es que el sistema de pensiones sí necesita una reforma de raíz. No pensamos que este sea el mejor momento para emprenderla, pero ante la soltura de huesos de los congresistas para abocarse al tema, reiteramos nuestras propuestas al respecto.

Actualmente, el 70% de los trabajadores están excluidos de la cobertura de un sistema mínimo de pensiones. El 40% pertenece el SPP, pero menos de la mitad cotiza; el 27% pertenece el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), pero solo el 7% tiene beneficios. Además, un 1% pertenece a otros regímenes.

La cobertura de pensiones es largamente insuficiente. En buena medida porque el sistema está basado en los asalariados, los formales que deben aportar parte de su renta, cuando el 70% de los trabajadores son informales y no tienen obligación de cotizar.

Todos los intentos de llevar a los informales a afiliarse a un sistema de pensiones, han fracasado. Por esta razón, en Lampadia, en enero del 2014, propusimos un modelo de generación de pensiones que no se basara en recaudar parte de la renta, como actualmente, sino en parte del gasto. La idea es usar los pagos individuales de IGV como fuente de aportes individuales para la formación de fondos previsionales.

El sistema establecería que todos los ciudadanos, desde la edad de 18 años, aporten a su fondo individual de pensiones una parte de lo que paguen por IGV cada vez que consuman. En otras palabras, cada vez que un ciudadano consuma, el Estado le devolvería para su fondo individual, digamos cinco puntos de los 18 pagados por IGV.

Veamos una simulación de rangos de aportes:

Estos cálculos están basados en que una persona con un ingreso mensual de S/. 1,500, que consume el 80% de su ingreso, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y 65 años, destinando un punto de IGV de sus compras a su fondo individual, con una rentabilidad real anual de 7%, una renta vitalicia equivalente de S/. 181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12.1%. Con 5 puntos de aporte, la pensión llegaría a 905 soles y la tasa de reemplazo sería del orden de 60.5%.

Este modelo previsional permitiría lograr un sistema de las siguientes característica:

• Universal
• Voluntario
• Formalizador
• Autofinanciado

Universal

Al definirse que los aportes se den mediante devoluciones de una parte de los pagos de IGV por parte de todos los ciudadanos desde los 18 años de edad, se supera la exclusión de los trabajadores independientes y se alargan los aportes al empezar a darse con anterioridad.

Voluntario

Algunos analistas criticaban que los aportes sobre la base de planillas de remuneraciones fueran obligatorios. Pues los aportes vía IGV no necesitan ser obligatorios, pues el incentivo del canje es más que suficiente para su adopción universal.

Formalizador

Una de las grandes ventajas del sistema propuesto es que propende a una acelerada formalización, puesto que, bastando el DNI, todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden pasar a formar parte de los registros de aportantes y llevar la evasión del IGV hacia su eliminación. El canje de IGV por aportes individuales a fondos privados de pensiones, es muy atractivo para que se deje de hacer y, por lo tanto, que se deje de exigir comprobantes por todas las transacciones de los ciudadanos. Un aporte de 10 Soles a los 18 años, con un rendimiento promedio de 7% anual, representa 240 Soles a los 65 años.

Autofinanciado

Este es el tema que le cuesta más entender a la mayoría de economistas. Veamos:

• Actualmente se evade IGV por aproximadamente 6.5 puntos (de 18), algo que disminuiría sensiblemente.
• Con el sistema propuesto se puede cerrar el defectuoso sistema de la ONP que tiene un déficit fiscal de S/. 70,000 millones. Ver en Lampadia: ONP: Inclusión o Exclusión 
• El nuevo sistema permite que se vayan eliminando las exoneraciones de IGV, generando otra fuente de compensación financiera.
• Nuestro IGV nominal es muy alto, 18%. El IGV real no pasa de 8%, entre evasión e inafectaciones.
• Si asumimos una recaudación neta de IGV de 10% como sostenible a largo plazo, tendríamos espacio para promover el canje por aportes pensionarios.

Por lo tanto, puede estimarse que, en el largo plazo, el canje de IGV por pensiones individuales puede ser de una buena parte de 18 puntos del IGV nominal, suficiente para establecer un incentivo poderoso y volúmenes adecuados de pensiones. Ver en Lampadia: El IGV y las Pensiones.

Esta propuesta tiene seis años, solo ha sido recogida por algunos economistas y ha sido descartada por las AFPs, que prefieren seguir con un sistema cojo como el actual, que ya nos ha llevado a reacciones y normas equivocadas, como la del 95.5% y las que se airean estos días.

La propuesta de Lampadia debe ser complementada con una pensión mínima que compense a quienes no lleguen a acumular suficientes aportes.

En su ámbito de vigencia, el SPP, para los afiliados aportantes, ha sido muy exitoso en rentabilidad y pensiones. Debemos pues rescatar lo bueno que se ha logrado y llevarlo de manera realista hacia una cobertura universal. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Insistimos en que los candidatos presidenciales no parecen haber tomado conciencia de que si llegan al poder no podrán manejar un Estado que se habrá vuelto inviable debido a las leyes que ha aprobado este congreso, que lo han vuelto estructuralmente desfinanciado.

En el siguiente cuadro hemos valorizado el costo de dichas leyes. Como vemos, asciende a casi 6% del PBI de gasto permanente, sin contar la ley de devolución de fondos de la ONP, en la esperanza de que sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y considerando que se trataría de un gasto por una sola vez. Pero si agregamos ese costo, estaríamos hablando de 8.27% del PBI,

Un incremento del gasto público del orden del 6% del PBI equivale a poco menos de la mitad de la recaudación anual. El déficit fiscal sería como mínimo de ese tamaño. En realidad sería mayor, porque ya tenemos un déficit y más aún porque, del lado de los ingresos, se han aprobado leyes que los reducirán, porque afectan el crecimiento de la economía. Estamos hablando de la reciente ley agraria que frenará el crecimiento de las agroexportaciones, de la ley de topes a las tasas de interés que dejará sin crédito a millones de micro y pequeños empresarios, anulando esa fuente de crecimiento, y de las leyes que merman los fondos privados de pensiones, que reducen el ahorro nacional disponible para financiar proyectos públicos y privados. 

Con bastante más gasto de un lado, y con menos ingresos de otro, nuestro Estado colapsa. Se vuelve inviable. Queda estructuralmente desfinanciado. El próximo presidente no podrá gobernar. El malestar social alcanzará límites intolerables. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La reforma del sistema de pensiones tenía que priorizar la falta de cobertura, el mayor problema actual. El 70% de los peruanos no tienen respaldo para la vejez.

Pero la bendita ‘comisión especial multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto para la reforma integral del sistema previsional peruano’, se dedicó a malograr lo que mejor funciona, el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Actualmente, el SPP da una pensión promedio de S/. 1,181, a diferencia de los S/. 784 que da el sistema público de la ONP, que solo cubre a los que hayan aportado 20 años (el 60% se queda sin nada).

Además, es muy notorio que, a la fecha, de los 100,000 millones de soles que se han generado en el SPP, dos tercios son producto de la rentabilidad acumulada, gracias al efecto ‘mágico’ de la tasa de interés compuesto. (Por ejemplo, 10 soles aportados a los 18 años, con un rendimiento anual de 7%, genera 240 soles a la edad de 65 años).

Fuente: AFP Horizonte

Todos los intentos de llevar a los informales a afiliarse a un sistema de pensiones, han fracasado. Por esta razón, en Lampadia, en enero del 2014, propusimos un modelo de generación de pensiones que no se basara en la renta, como actualmente, sino en el gasto. La idea es usar los pagos individuales de IGV como fuente de aportes individuales para la formación de fondos previsionales.

El sistema establecería que todos los ciudadanos, desde la edad de 18 años, aporten a su fondo individual de pensiones una parte de lo que paguen por IGV cada vez que consuman. En otras palabras, cada vez que un ciudadano consuma, el Estado le devolvería para su fondo individual, digamos cinco puntos de los 18 pagados por IGV.

Veamos una simulación de rangos de aportes:

Estos cálculos están basados en que una persona con un ingreso mensual de S/. 1,500, que consume el 80% de su ingreso, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y 65 años, destinando un punto de IGV (1 de 18) de sus compras a su fondo individual, con una rentabilidad real anual de 7%, una renta vitalicia equivalente de S/. 181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12.1%. Con 5 puntos de aporte, la pensión llegaría a 905 soles y la tasa de reemplazo sería del orden de 60.5%.

Este modelo previsional permitiría lograr un sistema Universal, Voluntario, Formalizador y Autofinanciado. Ver en Lampadia: Pensión para todos.

De esta manera, los trabajadores independientes, informales o no, que no cuentan con ingresos por planilla, pueden tener acceso al sistema de pensiones. El incentivo de recibir una pensión por pagos de IGV ya efectuados (a pérdida desde el punto de vista del ciudadano), debe ser suficiente para que todos pidamos comprobantes de pago, formalicemos el empleo y aumentemos la recaudación efectiva de IGV, que hoy no pasa de 10%.

El sistema previsional no es un juego. Es un tema que determina la calidad de vida de nuestros ciudadanos después de su vida laboral y, además, la salud fiscal del Estado.

En general los sistemas pensionarios son un fracaso en la gran mayoría de países, incluyendo a los países más ricos. El modelo tradicional para el manejo de las pensiones es el sistema de reparto. Un sistema en el que los trabajadores mantienen con sus aportes corrientes a los jubilados, una suerte de ruleta, en la cual ellos también serán mantenidos por los futuros trabajadores.

Más allá de la ineficiencia de los estados para administrar fondos, todo funcionaba teóricamente hasta que se empezó a alargar la esperanza de vida. Todos los modelos de reparto entraron en déficit, creando inmensos huecos fiscales que muchas veces superan el PBI de sus economías, o en países más pobres dejando a los jubilados con pensiones miserables.

Afortunadamente, hace unos 40 años, en Chile, se creó el sistema de cuentas individuales de ahorro para pensiones sujetos a capitalización individual, manejados por especialistas financieros privados.

Esto transformó el tema de las pensiones y lo hizo sostenible financieramente. Este modelo fue adoptado por muchos países, con distintas variantes, entre ellos el Perú desde 1993.

Pero en el Perú, sobre la base de un desconocimiento generalizado del tema pensionario, y por la natural preferencia de lo actual sobre lo futuro, nuestros políticos han encontrado un espacio para hacer populismo con propuestas engañosas. Entre el retiro del 95.5% al momento de la jubilación, los retiros anticipados, y las devoluciones de aportes, se está condenando a millones de peruanos a no tener pensiones, y eventualmente al Estado, a tener que responder con alguna variante de la limitada pensión 65.

La comisión de reforma ha recibido múltiples recomendaciones, que han tirado en saco roto. En lugar de construir sobre lo avanzado y de mejorar el sistema, pretende regresar a pensiones administradas por el Estado con un componente importante de reparto, con una canasta común financiada por aportes individuales. Ver en Lampadia: Se viene un camello para el manejo de las pensiones.

La propuesta de la comisión de reforma es regresiva, anti moderna y empobrecedora de la calidad de vida de los peruanos. Tenemos que salir al frente para evitar semejante despropósito. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso no solo se ha propuesto demoler el sistema privado de pensiones, dejando sin pensión a los aportantes, sino que, como si fuera poco, se ha propuesto dinamitar el Estado, la estabilidad fiscal del Estado. Abrirle boquete tras boquete hasta hundirlo.

Lo último ha sido el propósito de insistir en la ley observada por el Ejecutivo que disponía devolver los fondos de las ONP, que tiene un costo de 17 mil millones de soles. Un verdadero coche bomba.

Antes de eso dos dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución tendrían también consecuencias letales. El primero deroga un decreto de urgencia que ordenaba el proceso de negociación colectiva en el Estado y ponía límites a los acuerdos. Y el segundo deroga otro decreto de urgencia relativo a las reincorporaciones por mandato judicial de personas que ni siquiera habían ingresado por concurso público y para las que no existía plaza presupuestal.

Ambos temas se habían escapado completamente de control, amenazando seriamente la disciplina fiscal del país, una conquista nacional que es una de las pocas fortalezas del Perú. Resulta que en muchas entidades públicas las negociaciones colectivas se resuelven en laudos que otorgan aumentos y beneficios inmanejables que pueden convertirse en una bomba de tiempo fiscal y que generan una situación caótica e injusta donde pequeños grupos son privilegiados en detrimento de la calidad de los servicios públicos para todos los peruanos. En el caso de las reposiciones judiciales el costo, según el MEF, alcanza los S/ 151 millones cada año y podría llegar a más de S/ 1,300 millones.

Era indispensable ordenar y poner límites a esos temas, para desactivar la bomba de tiempo que ya se encendió. Por eso, es muy irresponsable derogar esos decretos de urgencia. Se trata de dictámenes desvergonzadamente clientelistas orientados a satisfacer el pedido de los sindicatos con la idea ilusa de ganar el voto de los empleados públicos. Solo se piensa en el interés político inmediato.

Estos han sido los últimos dos torpedos de una batería que ya ha disparado toda una serie anterior. Tuvimos el que regalaba nombramientos y ascensos automáticos a todo el personal de Salud y Essalud, que no solo entraña un costo fiscal permanente de 4 mil millones de soles, sino además la anulación de la meritocracia en el sector. Fue observado por el Ejecutivo y aprobado por insistencia. Ha sido demandado ante el Tribunal Constitucional.

Se aprobó el que reponía a 14 mil maestros que no habían pasado evaluación, que también destruye el principio meritocrático. Y otros más.

No solo se revienta el fisco, sino que se sabotea la meritocracia, indispensable para tener un Estado al servicio del ciudadano y no de sí mismo, o de sus empleados. Al Congreso no le interesa otra cosa que sus propios apetitos políticos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es curioso observar la avidez con la que los congresistas se agitan por los fondos de pensiones, sus reacciones hepáticas contra las AFPs, el sueño de su propia ONP y el deseo exacerbado por echar mano y entrometerse en el manejo del dinero de los ciudadanos, que deben acumular fondos con fines previsionales para su vejez.

Más curioso aún, que primero, bajo un velo populista, promuevan el retiro de los fondos acumulados, destruyendo la base de acumulación constituida para los momentos más difíciles de la vida, hasta el punto de impactar el valor de las inversiones efectuadas en beneficio de ese futuro, cuando corresponda descansar y no sufrir angustias que, cuando joven, son de menor impacto.

Todos los ciudadanos debemos tener, no sólo el derecho, si no también el deber de conciencia, de generar ese fondo previsional. Deberíamos aportar voluntariamente, pero estaría muy bien que el Estado haga un trabajo educativo en los ciudadanos, haciéndoles ver la importancia de ese esfuerzo e inducirlos a que aporten a un fondo de pensiones, para aumentar el porcentaje de la población que lo haga. Pero debe estar claro para todos, que el fin supremo del aporte periódico de ese “grano de arena”, es que sea debidamente administrado y maximizar su rentabilidad. Cualquier idea diferente, es un atentado contra la propiedad del ciudadano y por lo tanto, tenemos derecho a exigir que ¡con mi plata no te metas!

Ahora “descubren” en el congreso, que menos del 30% de la PEA está afiliado a una AFP o a la ONP. ¡Bingo!, si ese es el porcentaje de actividad formal en el Perú, ¿de dónde van a conseguir más afiliados? La inefable presidente de la comisión multipartidaria del congreso, después de haber promovido el retiro de fondos, so pretexto del COVID-19, ahora dice, que como se viene manejado como un sistema de ahorro y no como uno previsional, ese sistema no es sostenible. Lindos, primero destruyen y después se quejan que no funciona.

Lo mejor de la historia es que, quieren constituir un organismo estatal que centralice el manejo de los fondos previsionales. ¿Nadie le ha dicho a esta gente, que el manejo estatal es absolutamente ineficiente? ¿Adónde han visto a un burócrata tomando decisiones de inversión bajo condiciones de riesgo de mercado? ¿Quién va a alinear sus objetivos con los del futuro pensionista? Para eso existe un número importante de entidades y profesionales que ya lo vienen haciendo, particularmente las AFP.

¿Se habrá enterado esta gente del congreso, que 2,520 entidades del Estado retienen y no han pagado a las AFPs S/.12,912 millones, de los cuales S/.7,753 millones corresponden a obligación del gobierno central y S/.2,505 millones a los gobiernos sub-nacionales? ¿Que descontarle a los trabajadores y no transferirlo a esas entidades es “apropiación ilícita”, léase robo penado teóricamente con pena de cárcel?

En esas condiciones, ¿hay alguna razón para que el Estado, quien ya se está robando cerca de 13 mil millones de soles, ha demostrado ser incapaz para todo, quiera agarrarse nuestro dinero como antaño? Recordemos que, hasta comienzo de los 90s, ese dinero lo recibía el Seguro Social del Perú y lo usaban para hacer cualquier obra sin sentido y sin rentabilidad para el pensionista, dejando que la inflación se comiera los aportes. ¿Quién asumió la responsabilidad de esos fondos “evaporados”? Nadie, pues el Estado es un “perro sin dueño”, en el que los  funcionarios de los niveles más altos de la administración, cambian cada 20 días.

¿Por qué un nuevo cambio ahora? Desde que existía el Seguro Social del Perú, luego Instituto Peruano de Seguridad Social, posteriormente la Oficina Nacional Previsional y la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, nos han cambiado las normas, porcentaje de aportes, edades de jubilación, tiempo mínimo de aportaciones y ahora discuten que quieren cambiar nuevamente las reglas y condiciones. ¿Nadie va a garantizar la intangibilidad de nuestro fondo de pensiones? ¿Quieren hacer como en Argentina y “cerrar en masa” con los fondos acumulados? ¿Cuándo vendría el siguiente cambio, en 20 años?

Pregunto: ¿Cuántos de los 130 congresistas existentes, cuentan con un fondo previsional en una AFP o están afiliados a la ONP? Puedo asegurar, que ni siquiera la mitad de ellos ha efectuado aportes continuos durante los últimos 5 años. ¿Por qué tienen ahora tanto interés por echar mano del dinero de terceros?

En un país donde menos del 30% tiene empleo formal, la decisión de generar un fondo previsional debe se autónoma, aunque el Estado debe cumplir un rol educativo e inducir a que todos lo tengamos.

Por favor, quienes no están preparados, no se pongan creativos. No generen más incertidumbre en los ciudadanos mayores, que esperan una jubilación sin angustias, ni sobresaltos. Así que ¡con mi plata no te metas! Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre cóomo parar la hemorragia populista.

Participan Natale Amprimo, constitucionalista, Jaime de Althaus y Fernando Cilloniz.

Las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo permanecen. La hemorragia populista, que ya tiene varios meses, parece no detenerse. El último episodio ha sido la observación del proyecto de devolución de los fondos de la ONP.

Con este proyecto no solo se afecta la restricción de originación de gasto, también se afecta la intangibilidad de los fondos y reservas de la seguridad social.

¿Qué se puede hacer?

• Se puede hacer una acción de inconstitucionalidad en el TC, pero eso demoraría varios meses y no cabe una cautelar.
• Un pensionista si podría hacer una acción de amparo para captar su fondo.
• Por otro lado, la Constitución establece que el presidente puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Se puede sacar un decreto de urgencia argumentando que la ley afecta severamente el equilibrio presupuestal, suspendiendo los efectos de la ley, digamos, por un año, para tener el tiempo suficiente para cuestionarlo en el TC.
• Que el Congreso insista en la aprobación de una ley, no le quita al Ejecutivo la posibilidad de emitir un decreto de urgencia cuando se afecta la situación económica y financiera.
• En este caso el Congreso puede anular el decreto de urgencia, pero el Ejecutivo puede emitir otro. Al final, lo que obtienes es tiempo para que el tema se vea en el TC.

Lampadia

Ante las disparatadas e inconstitucionales propuestas del Congreso para desarticular el Sistema Nacional de Pensiones de la ONP, que pretenden ‘devolver’ dineros que no existen, creando un grave problema fiscal y abandonando millones de ciudadanos a una vejez sin pensiones, el gobierno ha producido una apurada contrapropuesta que combina medidas estructurales y de coyuntura, que nos parecen sensatas.

El documento explica adecuadamente las diferencias entre el Sistema Privado de Pensiones, que acumula fondos individuales de propiedad de los aportantes; y el Sistema Nacional de Pensiones, un sistema de reparto que se basa en flujos intergeneracionales, en el que los más jóvenes pagan indirectamente las pensiones de los jubilados, aunque con un déficit de un tercio que debe ser cubierto por el Estado.

Como han explicado el BCR, el MEF, la SBS, y una cantidad abrumadora de economistas y analistas, el proyecto del Congreso solo crea más problemas que soluciones a la necesidad de dar alivios a la población.

El ejecutivo propone combinar un bono para generar alivios de corto plazo, con una flexibilización de las reglas de la ONP, permitiendo ampliar el ámbito de cobertura del sistema.

De todas maneras, la propuesta tiene un costo importante, según podemos apreciar en la siguiente lámina.

En el siguiente enlace se incluye la propuesta del gobierno:

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/a6173-ppt_onp_consejoministros_vf2.pdf

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Cada vez que se discute de política me viene a la memoria, con nostalgia, mis tiempos de adolescencia y juventud, cuando existían partidos políticos y parlamentarios formados doctrinariamente en sus partidos. Ciertamente, yo coincidía con algunos y disentía con otros, pero debo reconocer que, en todos los casos, uno encontraba; lógica, buena argumentación y conocimiento académico, pero sobre todas las cosas, propuestas inteligentes en busca de las mejores soluciones a los problemas del país, con una mirada de largo plazo.

Recuerdo que muchos estudiantes universitarios, asistían a las galerías del congreso o seguían por la televisión cuando ésta empezó a transmitirlos, para escuchar los debates y aprender de personajes, diputados y senadores, capaces de defender con pasión sus proyectos, pero con gran racionalidad y muy buenas formas, especialmente en la cámara de senadores. Entre diputados no faltó algunas disputas y ofensas, que se zanjaban mediante un duelo, como caballeros, incluyendo designación de padrinos y todos los formalismos del caso. Esto último, con el correr de los años, decayó en algunas grescas (como la de Popy Olivera con Rómulo León), para finalmente caer en una requintada de madre al Presidente de la República, al más propio estilo de las barras bravas del estadio.

Uno siempre tiene la ilusión de encontrar una “clase política” más educada, mejor formada, con recursos intelectuales y argumentos, capaces de presentar propuestas racionales, que denoten amor al Perú y deseos de impulsarnos a mejores niveles dentro del concierto de las naciones y por eso, esperamos demuestren algún nivel aprobatorio en su coeficiente intelectual. !Pero es como pedirle peras al olmo ¡Las propuestas legislativas recientes, demuestran que, estos congresistas, no serían capaces de aprobar la prueba PISA de comprensión lectora (veamos al congresista Arapa de Acción Popular afirmando que la avionetas están esparciendo el COVID-19 en Puno). El sólo hecho de proponer que se devuelva los aportes a la ONP, que es un impuesto para pagar a los jubilados cada mes que transcurre, con el argumento que hoy les falta plata a los aportantes, es absolutamente irracional. Si no, ya que estamos en eso, ¿por qué no proponen una ley para devolvernos el impuesto a la renta recientemente pagado, para compensar los menores ingresos que estamos teniendo por la pandemia? !Que buena idea! ¿No les parece?

Ya decían los antiguos profesores: la ignorancia es atrevida. Y hay que reconocer que estos han salido súper atrevidos, ¿serán súper ignorantes?

Pero no, no lo piensen ni por un minuto. Estos mañosos, saben que la población tiene grandes necesidades y que tienen una altísima propensión a pensar en las “soluciones” de corto plazo, sin considerar las consecuencias de largo plazo. Por eso, darles ahora un dinero que los retirará definitivamente de un sistema de pensiones para la vejez, vende, sin importar que después no tendrán una seguridad social que atienda su salud en el futuro, ni que puedan pasar a la mendicidad cuando viejos, ya que, salvo raras excepciones, ni sus hijos se ocuparán de ellos.

Soy un convencido de que, este “presente griego”, se lo debemos al Sr. Vizcarra y sus adláteres, a quienes hoy compensa con puestos en la burocracia dorada, por haberle allanado el camino a sus tropelías contra la constitución.

• No fue capaz de mirar al Perú como a un pueblo que anhelaba desarrollo y bienestar y mejorarlo, en cambio, nos llevó a un “proyecto” destructivo.
• Se peleó innecesariamente con el congreso, hasta disolverlo, con la consecuente elección de este impresentable grupo de individuos sin visión de país.
• Como parte de su vendetta, propició la no reelección de congresistas, conduciéndonos a tener esta gente que quiere, en pocos meses, captar la atención popular, sin importar los costos para la nación.
• De la mano de la fiscalía, contribuyó a la destrucción de los partidos políticos, que ahora son “organizaciones criminales”.
• Anuló la posibilidad de regresar a la bicameralidad, lo que nos llevaría a contar con una cámara reflexiva, que evite la aprobación descontrolada de esos proyectos de ley que, ahora, se están convirtiendo en un problema, que sólo se pueden detener a nivel del Tribunal Constitucional (TC).

Pero no cantemos victoria, porque resulta que este congreso, tiene hoy la responsabilidad de reemplazar a seis de los miembros del TC y por más que haya nueve manadas diferentes, ya estas han demostrado que, cuando quieren imponer alguna barbaridad, siempre logran una súper mayoría de más de 100 votos, requiriéndose 87 votos para la designación de cada miembro de TC ¿que saldrá de ahí? Además, ya se ha demostrado en el pasado que el TC puede, por algún subterfugio, someter nuevamente a votación, temas que ya han sido resueltos, incluyendo para ello, la modificación del voto de algún ex miembro del TC…

Como vemos, no podemos pensar que las declaratorias de inconstitucionalidad a las leyes aprobadas por insistencia del Congreso, ni de aquellas que se irán aprobando en los próximos meses, contará con la “malla de contención” del TC. Recordemos que, “por fina cortesía” de Vizcarra, quien hizo cuestión de Estado y disolvió el congreso por la elección de los miembros del TC, ahora tendremos el peor de los escenarios; leyes absurdas aprobadas por insistencia del Congreso, en base a intereses subalternos que, aunque el ejecutivo demande la inconstitucionalidad de las mismas, muy probablemente tales demandas serán declaradas improcedentes y destruirán nuestro Estado.

Cada vez que veo a Vizcarra, no puedo dejar de ver en él, el reflejo de la imagen del expresidente de gobierno español Rodríguez Zapatero, tanto por su apariencia física, como por el rol que aquel jugó, debilitando las instituciones españolas, al punto que la entregó a los impresentables de la izquierda, cercana al Foro de São Paulo y al gobierno de Chávez, en su tiempo, y de Maduro de hoy.

Dios quiera que yo me esté equivocando, pero si no constituimos un frente de partidos con pensamiento racional y republicano, el populismo y sus waripoleras de la izquierda, tendrán el campo libre para destruir a nuestro país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hoy lunes hay una reunión sobre el “Pacto Perú” propuesto por el presidente de la República. Ya hemos dicho que es casi un contrasentido buscar un pacto en el momento en que los partidos están compitiendo en una carrera electoral, aunque si vamos a insistir en ello habría que hacerlo no sobre temas sobre los que estamos de acuerdo, como son varios de los propuestos, que sería perder el tiempo, sino sobre cómo resolver los dos grandes temas estructurales que impidieron dar una respuesta satisfactoria a la pandemia: el sistema salud y la alta informalidad. Es decir, como incluir a los peruanos en el Estado social (Salud) y en el Estado legal (formalidad). Daríamos un salto cualitativo como nación y como república.

Pero mientras tanto, y para que el Pacto Perú no parezca una evasión lúdica, lo urgente es un pacto con el Congreso, para encauzar constructivamente esos impulsos legislativos que amenazan con socavar seriamente las posibilidades de recuperación económica y las bases del crecimiento futuro. Un Pacto que aterrice en una agenda legislativa conjunta y vinculante, algo que no fue planteado por el Primer Ministro Walter Martos en su discurso de investidura.

De hecho, vemos que el presidente Vizcarra ha incluido en la reunión de hoy del Pacto Perú el tema de la devolución de los fondos a aportantes al sistema público de pensiones administrado por la ONP. Quizá el gobierno quiere arreglar por medio del Pacto Perú lo que no ha podido resolver en relación directa con el Congreso. Recién el viernes pasado, a último minuto, el Premier Martos acudió al Congreso junto con la ministra de Economía para presentarle al presidente del Congreso una alternativa al dictamen que se iba a aprobar en el Congreso ese día. Se ha logrado postergar unos días el tema, pero no cabe duda que el Congreso volverá con lo suyo si antes no se llega a un acuerdo.

El Pacto Perú no es el escenario para definir subsidios o apoyos a la población en el corto plazo, y menos para administrar soluciones populistas en beneficio, por añadidura, de sectores de la población relativamente favorecidos. Debe ser un pacto para acordar soluciones de mediano plazo, de difícil negociación, a los problemas estructurales del país. Y en este momento lo urgente, como decíamos, es más bien el pacto entre el Ejecutivo y el Congreso para definir una agenda legislativa vinculante que incluya medidas que ayuden a una estrategia sanitaria inteligente y a la recuperación económica nacional, y unas reformas políticas que permitan una mejor elección y ayuden a la gobernabilidad del próximo gobierno. En suma, para darle perspectiva y tranquilidad al país, reduciendo la incertidumbre generada por las perforaciones populistas y evitar que se terminen de desactivar todos los mecanismos que aseguran la solidez del crecimiento económico.

Dicha agenda legislativa conjunta, por lo demás, es un mandato del art. 29 de la ley del reglamento del Congreso, como hemos dicho tantas veces. No hay sino que cumplir la ley.

Ahora bien, si no se llegara a un acuerdo por ninguna vía y el Congreso aprobara la ley de la devolución de los aportes a la ONP, el gobierno tendría, obviamente, que observarla, pues el artículo 79° del Constitución dice claramente que “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”.  Además, el art. 12º establece que “Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles”. No se pueden tocar. La inconstitucionalidad es tan flagrante que los congresistas podrían ser acusados por infracción constitucional, si no estuvieran protegidos por la inmunidad.

Pero el Congreso, irreductible en el error y en la infracción ilegal, insistirá y la promulgará. El gobierno entonces tendrá que plantear ante el TC una demanda de inconstitucionalidad, pero en la medida en que el TC se tomará cuando menos 4 meses en resolver, la pregunta es qué puede hacer el Ejecutivo para no aplicar una ley evidentemente inconstitucional.  

Puede intentar dilatar el tiempo demorándose en reglamentar, y formulándole consultas con Congreso acerca de cómo financiar un monto que no está en el presupuesto, por ejemplo. Pero al final tendrá que tomar la decisión de no aplicar la ley por varias razones. Primero, por la sencilla razón de que no hay partida presupuestal para ella. Se trata de una imposibilidad práctica. Cualquier disposición en la ley señalando que la devolución de aportes se financiará reasignando, por ejemplo, dinero de otras partidas, tampoco sería constitucional porque el art. 80º de la Carta Magna dice: “Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto”. Eso significa que la iniciativa en una reasignación presupuestal debe venir también del Ejecutivo.

Segundo, más importante aún, porque, como señala Jorge Trelles, el Artículo 46° de la Constitución establece que “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”. Es obvio que el Congreso está asumiendo una función que no le corresponde. El MEF, por lo tanto, no estaría obligado a aplicar la presunta ley

No solo eso. Acto seguido ese mismo artículo dice: “La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”

La única salida sería que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley para hacer los pagos, pero no como una devolución de aportes que ya se gastaron en pagar a los jubilados, es decir, que no existen, y que no es posible por la intangibilidad, sino como un bono adicional a los que ya se han dado pero esta vez para los aportantes a la ONP. Es decir, para gente que en muchos casos sigue trabajando y tiene ingresos, y que está en el sector formal que, como sabemos es privilegiado en el Perú. Así somos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La ciudadanía está observando un sinnúmero de propuestas y proyectos de Ley que, sinceramente, cuando las leemos, parecieran chistes de mal gusto. Peor aún, cuando vemos y oímos a los congresistas que las defienden, uno no sabe si tienen claros los conceptos de los que están hablando y tienen la base técnica y conocimientos profesionales suficientes para acometer los temas que están tratando y discutiendo. Debo confesar que, han logrado exceder mi capacidad de ser sorprendido, pues es claro que sus argumentos no son coherentes.

Leía hoy en el periódico que, el “Presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República” indicaba a la prensa que, el proyecto de ley para el “Retiro de los Aportes a la ONP” venía siendo revisado exhaustivamente porque, decía, “estamos siendo bastante responsables y no podemos emitir algo sin sustento”.

Por otro lado, leía una propuesta de FREPAP para que se otorgue un “bono de reconocimiento” a los aportantes de la ONP, en situaciones extraordinarias como esta pandemia, que les permita superar la situación.

En defensa de los señores congresistas debo decir que, los únicos requisitos para ser elegidos como representantes al Congreso son; ser peruano de nacimiento y tener 25 años de edad. Consecuentemente, ellos no tienen la culpa de llegar a asumir esa responsabilidad sin los conocimientos y preparación necesaria. Aquí tiene el poder ejecutivo una grave responsabilidad.

Es el poder ejecutivo quien debe interactuar intensamente con los señores congresistas, comisionar a funcionarios y asesores de los distintos ministerios para discutir las mejores opciones legales con las distintas comisiones del congreso y explicar las consecuencias de las distintas opciones legales que cada partido y sus representantes puedan finalmente decidir.

Esa misma tarea educativa y de difusión debe hacerse con la ciudadanía, pues desde el congreso se legisla sobre los derechos ciudadanos y, en casos como estos, el ciudadano tendrá derecho a optar. En consecuencia, también debe estar preparado para tomar sus decisiones de manera bien informada.

En los casos que menciono, nadie se ha tomado el trabajo de hacerle saber a los señores congresistas y analizar con ellos que, el sistema de pensiones manejado por la ONP, es un sistema de reparto, en el que, los trabajadores activos aportan una contribución a la ONP para ser distribuido mensualmente entre los jubilados quienes, en su tiempo, aportaron a esta misma entidad o al Sistema Nacional de Pensiones de su época. Aquí nadie tiene una cuenta de acumulación personal con fines previsionales y, consecuentemente, no tiene propiedad alguna que reclamar.

De otro lado, nadie les ha explicado que el “bono de reconocimiento”, es un título que da derecho a su usufructo sólo el día que uno se jubila.

Está muy mal que, desde el Estado, no se haya hecho el menor esfuerzo por educar a la población y explicarle que, este sistema de la ONP es completamente diferente al de el Sistema Privado de Pensiones (AFP). Que, mientras los aportes a la AFP van a una cuenta personal de inversiones, para ser administrados de acuerdo al perfil de riesgo que cada aportante está dispuesto a asumir (en función a su apetito de riesgo y el tiempo que le reste para la jubilación), mientras que en la ONP no es así y que en ese sistema no son dueños de nada más que de su derecho a participar del reparto que les ha de tocar cuando se jubilen, siempre que hayan aportado durante un mínimo de 20 años.

Es claro que, si no les definen las bases de cada sistema, no comprenderán la diferencia y pensarán que se pueden regular de maneras análogas. ¿Puede el poder ejecutivo destacar a un equipo de especialistas en los distintos temas para realizar esa labor y analizar con ellos las distintas opciones legislativas y sus consecuencias?

Recordemos que el poder legislativo tiene la facultad de formular y aprobar leyes y que, los congresistas no son necesariamente especialistas en los diferentes temas, pero tienen la responsabilidad de que sus propuestas de ley estén acordes al marco constitucional y mantengan coherencia con el cuerpo legal que desean modificar.

Lo preocupante es que, estas propuestas que no reconocen las bases jurídicas de origen, se están impulsando sin tomar en cuenta su falta de coherencia. Si después de haber hecho desde el ejecutivo todos los esfuerzos por instruirlos y orientarlos persistieran en el error, quedaría claro que no les preocupa los destinos de la Nación que juraron defender y la ciudadanía los juzgará. Lampadia

Fernando Muñoz Nájar Perea
Para Lampadia

Nuestros políticos, en su mayoría, tienen siempre el mismo comportamiento populista. Aquí precisaremos algunos conceptos y cifras y haremos una propuesta de una reforma de pensiones que podría resolver el problema de los independientes, que son la gran mayoría de la población. Alejándonos del pensamiento de esos políticos que tratan de ganar popularidad a costa del dinero de los trabajadores en los Fondos de Pensiones, causándoles daño en su futura pensión.

Revisemos las propuestas de los políticos en las últimas crisis:

• En la crisis del 2008 se propuso: que las AFP paguen.
• En el Niño Costero se propuso: que las AFP paguen.
• En el Corona Virus se propone: que las AFP paguen.

Y cuando llegue el día de la jubilación le dirán:

Que Dios te pague la pensión, porque tú ya la gastaste.

Y el congresista “amigo” le dirá:

¿por qué la gastaste?, tú tienes la culpa.

Cada día es más urgente hacer una “reforma de pensiones”, que incluya en los colegios un curso dedicado a enseñar la necesidad de las pensiones de jubilación. Así se eliminarán las propuestas “salvadoras” de las crisis para regalar los fondos de las AFP a sus propietarios, quienes además son una pequeña porción de la población.  

Para las etapas de crisis deben crearse seguros de desempleo, utilizar los fondos de emergencia, etc. Las propuestas ya han desvirtuaron la finalidad de la CTS, ahora quieren hacerlo con las AFP. Utilizan la engañosa frase “las AFP no te quieren dar tu plata”. Sucede que el dinero es del trabajador y lo recibe cuando se jubila, es así de sencillo. Cualquier cosa diferente es mentira y aceptarla le costará muy caro al trabajador.

Antes de analizar la propuesta de una posible reforma precisemos algunos conceptos, que luego de 27 años de funcionamiento de las AFP no se han entendido, en especial respecto del dinero del Fondo de Pensiones en las AFP:

• El dinero del Fondo NO es de las AFP, es de cada trabajador. Ahorrado con esfuerzo, con el sacrificio de sus ingresos mensuales en toda su vida laboral. Es un robo al trabajador utilizarlo para otro fin.
• El dinero del Fondo es de propiedad del trabajador, y si este fallece, constituye herencia al igual que una casa, un auto o cualquier bien. La AFP NUNCA se queda con un sol del trabajador.
• El dinero del Fondo tiene como objeto lograr una pensión de jubilación para el trabajador. Que al cumplir 65 años tendrá una expectativa de vida de 87 años, en promedio, deberá vivir de su pensión 22 años. Es claro entonces que NO es para solucionar crisis, NO es para cuando se cae la economía del país, tampoco para fenómenos del clima, ni para problemas de epidemias. Tampoco para viajar o comprar autos. Hay que repetirlo, para esos fines están la CTS, los seguros de salud, ahorros, etc., y los supuestos fondos de contingencia del Estado.
• Ese dinero es INTANGIBLE según la ley que creó el SPP. Pero ese término no lo entienden los congresistas, ni los presidentes de turno y menos la prensa roja.
• El rendimiento del Fondo del trabajador va a la cuenta del mismo trabajador, la AFP NO puede tocar un sol de ese dinero. La AFP se sostiene de las comisiones que cobra, no de las utilidades del Fondo del trabajador. Para hacer clara la diferencia existen dos contabilidades separadas la de la AFP y la del Fondo.
• El dinero del Fondo está invertido 55% en el Perú y 45% en el extranjero, por dos razones: i) para una amplia diversificación de la inversión la cual produce mayor rentabilidad para el trabajador y ii) porque en el Perú NO hay suficientes instrumentos financieros de largo plazo en donde invertir. Más claro, no hay obras de infraestructura nuevas hace tiempo, o hay muy pocas y son de lentísimo inicio, porque nuestros gobiernos no las han realizado.  
• El dinero del Fondo normalmente tiene fluctuaciones, que van de acuerdo a la economía del país y del mundo. Es natural que se reduzca y que luego recupere con creces. Como sucedió en la crisis del 2008, en que inicialmente se redujo por pérdidas en la bolsa, pero meses después se recuperó con creces. Para eso está bien invertido y controlado por la SBS día a día. Igual sucede hoy con el problema del Corono virus.

Veamos la composición de la Población Económicamente Activa (PEA) o en edad de trabajar, dividiéndola en dependientes e independientes, según estén o no en una planilla de sueldos de una empresa:

Revisemos ahora cuántas son las personas que están en una AFP y cuántas en la ONP (cuyas pensiones son bastante reducidas) y que porcentaje del total de la PEA representan:  

Preguntas que surgen luego de ver las cifras:

¿Por qué no se hace un sistema para los 13 millones de trabajadores que no tienen acceso a ningún sistema? ¿No es el grupo más grande sin derecho alguno a pensiones y salud?

¿Por qué nadie menciona que la ONP deja sin pensión a un tercio de sus aportantes? ¿Ignorancia de lo que pasa en la ONP? ¿tal vez porque es empresa pública y siendo pública no tiene importancia que deje en la calle a miles de peruanos? 

¿Por qué en cada crisis se pretende arreglar el problema del Perú dando dinero de su propio Fondo a los trabajadores afiliados aportantes a las AFP?, Si son solo el 18.2% de la PEA? (aportantes 3,2 MM / PEA 17.6 MM)? ¿Es por odio hacia el sistema de AFP?

Revisemos también cuántos son los pensionistas en las AFP, que actualmente son beneficiarios del dinero de su Fondo:

Estas casi 180 mil personas viven de su pensión actualmente y hay más de tres millones en camino de recibir su pensión al cumplir los 65 años, si es que los congresistas se lo permiten, si no, al jubilarse tendrán que vivir en la miseria o en la incertidumbre, como la mayor parte de los trabajadores peruanos.

Una propuesta responsable para los trece millones de independientes

Es esta una importante coyuntura para hacer cambios en favor de la población, cambios dirigidos a dotar de beneficios a los que no los tienen y que hasta hoy el Estado no ha sido capaz de brindarlos.

La propuesta es la siguiente:

Crear un fondo para pensiones y salud, dirigido a los casi 13 millones de trabadores independientes, utilizando una porción del IGV y del ISC que paga cada uno de ellos, trasladándola, a una cuenta individual a su nombre.

Con el dinero de esa cuenta se pagará su seguro de salud y se creará un Fondo para su futura pensión.

Esta propuesta tiene la ventaja de que el independiente no tendría que pagar un sol, su aporte sale de los impuestos que hoy paga. La mayoría de independientes desconoce cuánto es lo que paga por IGV y por el ISC día a día.

La ley que se propone debe prohibir que el ciudadano retire, tome prestado el dinero o lo use para un concepto diferente. Deberá también especificar penas privativas de libertad para toda persona que incentive, plantee o trate de cambiar su uso. Evitando de esa forma que políticos inescrupulosos de siempre propongan utilizar ese dinero para ganar votos, causando miseria en la etapa de jubilación de los trabajadores y/o desapareciendo el servicio de salud.

La administración del Fondo que se crearía se licitaría a instituciones privadas y públicas, de reconocido prestigio. Debería estar a cargo de la SBS.  

El procedimiento sería sencillo, el trabajador se identificaría con su número de DNI al adquirir un bien o un servicio, la SUNAT separaría una porción del IGV que se depositaría directamente en la cuenta individual administrada por el Fondo de independientes.

La finalidad del Fondo de Independientes será único y exclusivo:

• Pagar el seguro de salud que el trabajador libremente escoja y
• Crear un fondo dirigido a su pensión de jubilación que también iría a la administradora que el trabajador escoja libremente.   

Considerando que la recaudación del IGV y el ISC en el año 2019 ha sido de 42,600 millones de soles, un monto casi igual al del impuesto a la renta, sería muy razonable que una porción se utilice directamente para brindar salud y pensiones al trabajador que paga esos impuestos.

Se entiende que esta facilidad estará dirigida exclusivamente a los trabajadores independientes. Una ventaja adicional es que permitiría a la SUNAT identificar a las personas con un nivel alto de consumo que no tributan.

Fuentes:

• SBS para datos de las AFP.
• Sunat para datos tributarios.
• ONP no hay información exacta.

Las cifras han sido respetuosamente redondeadas para facilitar su comprensión.

Lampadia

La ONP planea dejar de lado los procesos de tercerización que permitieron notables mejoras de la atención a los jubilados. Según nuestra información se estaría por cambiar los procesos de Atención al Cliente en los 34 Centros de Atención al Público, cambiando el modelo de outsourcing por uno de atención directa.

Este es un error enorme que va a costarle al Estado (a todos los peruanos) un sobrecosto de cerca de $20MM anuales para una tasa de valor ganado a todas luces negativa con el nuevo administrador estatal. ¿Que no hemos aprendido nada? ¿dónde esta la responsabilidad del Estado? ¿Quién asumirá los costos? ¿El asegurado? La irresponsabilidad de decisiones similares sin un adecuado balance beneficio-costo solo trae pobreza y mediocridad con un serio impacto económico que se traduce en mayores costos de proceso, menor productividad, pérdida de experiencia, necesidad de reaprendizaje y nuevo entrenamiento, riesgo laboral y sindical con el incremento de puestos estatales y riesgo logístico en la cobertura del servicio donde estado siempre ha demostrado ser ineficiente. En suma, un sobrecosto absolutamente innecesario cuya factura será pagada nuevamente por el contribuyente de a pie, mediante el perjuicio de los jubilados.

Los procesos de tercerización agregan valor en particular ahí donde el Estado no es eficiente y permiten contratar operadores que obligan a gestionar en función de estándares específicos necesarios para cada componente del proceso de atención, en este caso de los jubilados. La tercerización de los procesos en el modelo ya desarrollado con la experiencia en la ONP en la atención al público suele fijar estándares de proceso para optimizar los niveles de colas, las demoras máximas en todos los procesos, y establecer penalidades por las fallas.

En cambio, lo que propone ONP con este retroceso hacia una gestión directa, conducirá a que el personal de la entidad responderá a los procesos burocráticos tradicionales donde nadie asume responsabilidades ni puede ser castigado ante fallas del servicio. Se premia la ineficiencia y se desincentiva el estimulo a mayores productividades. Es simplemente el regreso al limbo de la ineficacia en los servicios públicos.

Desde la creación de la ONP, este servicio se viene desarrollando bajo el modelo de tercerización, habiéndose logrado significativos progresos tales como la disminución en los tiempos de atención y los tiempos de espera en los centros de atención al público, se lograron tres premios de Creatividad Empresarial, medición del servicio por indicadores de gestión prediseñados y contratación en función de ‘Service Level Agreements’ (SLA), o estándares de calidad de servicio.

Sin embargo, desde el 2015, la ONP incorporó personal propio para las atenciones de Inicio de Trámite (parte del proceso de Atención al Público), con malos resultados, veamos:

a. DETERIORO DE LA ATENCIÓN:

• El tiempo para otorgar una cita pasó de 4 días a 10 días.
• Los tiempos de espera del público en las oficinas para ser atendidos en el Inicio de Tramite se incrementaron en 167% (de 3.27 minutos a 11.15 minutos).
• Los tiempos de atención se incrementaron de 25 a 72 minutos por atención.

b. MAYORES COSTOS:

• La productividad mostrada por el personal de la ONP extrapolada a todo el servicio de Atención al Público generaría un costo anual de S/. 64’260,000.84 contra los S/. 25’670,227.12, del servicio tercerizado, es decir, un sobrecosto del 150% en personal.
• En el piloto de una parte del proceso se utilizó el doble del personal para realizar la misma operación, es decir, se paso de 41 personas en la empresa tercerizada a 80 personas directas de la ONP.

c. RIESGO OPERATIVO:

Existe un riesgo de sindicalizar la atención al público, teniendo el sindicato recién formado en la ONP, un incentivo perverso y arma de mayor poder para negociar a costa del perjuicio al pensionista.

d. EN ADICIÓN:

• Como parte de la transformación digital, el servicio de outsourcing atiende casi un 30% de las transacciones en forma automatizada, siendo la institución de mayor RPA (Robotic Process Automation) en el Perú.
• El proceso tercerizado ha demostrado ser mucho más eficiente, con personal motivado, con un esquema de compensación variable orientado al logro de resultados (disminución de los tiempos de atención y de espera así como en la satisfacción del pensionista y la calidad en la atención brindada). El esquema de pago fijo de la ONP ha disminuido drásticamente la productividad, con lo cual la ONP ha perdido valor en este proceso.
• El servicio requiere 40% más de capacidad de atención en las mañanas lo cual exige personal a tiempo parcial, modalidad que no es posible con personal directo.
• Dejar la tercerizacion requiere hacer más de 12 concursos diferentes (limpieza, equipos de computo, suministros, materiales de oficina, sistemas, gestores de colas, mantenimiento, etc.).

Este cambio hacia el deterioro de la calidad de servicio a los jubilados de la ONP es un tremendo despropósito. No hay manera de justificar semejante desarrollo, excepto por intereses subalternos y el abandono de una de las poblaciones más necesitadas y sufridas del país, los viejitos. Lampadia