Entre el cruce de sables e intereses políticos que abundan en los medios nacionales, la entrevista de Jaime de Althaus a Francisco Tudela nos muestra con objetividad cómo debemos apreciar los intereses del Perú en relación a la CIDH y demuestra que detrás de sus pergaminos hay más política que derecho.

Francisco Tudela, Ex canciller de la República: “La CIDH está haciendo política como si fuera derecho”

Precisa que el delito de lesa humanidad no figura en la sentencia de extradición de Chile y por tanto no era legal juzgar a Alberto Fujimori por ello

Entrevista a Francisco Tudela
Por Jaime de Althaus
El Comercio
08 de enero de 2018

Francisco Tudela, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori, analiza en esta entrevista el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski y las medidas que se podrían adoptar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

— El gobierno está muy entrampado y depende, en alguna medida, de lo que haga Fuerza Popular, pero Fuerza Popular también está entrampada en su lío interno. ¿Esto tiene salida? 

Yo creo que la salida es dejar que los procesos judiciales prosigan su camino sin interrupción, pero evidentemente la fractura de Fuerza Popular es mala para el país y su recomposición es un imponderable; la situación del presidente estando investigado tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Lava Jato es, también, un imponderable. Mientras tanto, creo yo que no hay que contribuir a este proceso de desintegración tan fuerte que está viviendo el país. Siendo la coyuntura económica internacional positiva para el Perú, el riesgo-país se ha incrementado sustancialmente porque hay una percepción muy grande de inestabilidad, el no poder predecir quién va a ser el sucesor del presidente Kuczynski. Yo debo decir con franqueza que nunca he visto una situación como esta.

— Bueno, el presidente puede ser investigado pero no acusado durante su mandato, pero nuevos temas que aparezcan podrían provocar nuevos pedidos de vacancia, no puede conseguir ministros. ¿Debería renunciar? 

Creo que es una opción que recae enteramente sobre él. Es él quien tiene que decidir, porque es él quien aprecia mejor que nadie cuál es su verdadera situación. La renuncia no es un escenario ideal, pero un escenario de renuncia respetando el orden establecido en la Constitución en el cual el primer vicepresidente asume la Presidencia de la República y todo sigue hasta el 2021 no es un escenario catastrófico. El escenario catastrófico hubiera sido aquel que el presidente impuso al país en su discurso a la nación antes de ir a defenderse al Congreso: que él renunciaba y forzaba a los dos vicepresidentes a renunciar, lanzándonos al garete, al mar abierto con enormes incertidumbres.

— Parte importante del problema político del presidente tiene que ver con el indulto, que ha enajenado a todos sus aliados. ¿Es válido el indulto dado a Alberto Fujimori?
Yo creo que sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está haciendo una evaluación jurídica desde mi punto de vista. Está haciendo política como si fuera derecho. En el fondo lo que está diciendo es que el indulto implica impunidad, y en ese sentido creo yo que la comisión está equivocada. La comisión en su texto invoca la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Pero el delito de lesa humanidad no está en la sentencia de extradición chilena. De acuerdo al Código Bustamante, tratado que rige internacionalmente la extradición y del cual Chile y el Perú son firmantes, nadie puede ser juzgado por delitos que no estén contenidos o imputados en la sentencia de extradición y esa es la razón por la cual, arbitrariamente, los juzgadores del ex presidente Fujimori colocan lesa humanidad en la sentencia, pero tienen que hacerlo con efectos solo declarativos, sin efectos penales, porque no está en la sentencia de extradición y, por tanto, era ilegal juzgarlo por lesa humanidad. Más aun, el Ministerio Público peruano aprecia correctamente esta situación y cuando presenta cargos contra el ex presidente no coloca el cargo de lesa humanidad. En cuanto al Caso Pativilca, aún no iniciado, la Corte Suprema de Chile sí considera entre los delitos por los cuales se amplía la extradición el crimen de lesa humanidad, pero especular sobre ese posible proceso y su conclusión es prematuro en este momento. Así pues, el comunicado de la CIDH apela a una suposición que no se desprende de las sentencias existentes.

— ¿Es justa la condena a 25 años sin que haya habido prueba directa de que Fujimori ordenara o autorizara los crímenes?

La sentencia de extradición sí contiene el concepto de autoría mediata –de ahí fue sacado–, que implica que el presidente Fujimori, como era el jefe del Estado, se presupone que debía saber. O sea, no es una orden directa en la cual él dice que maten a sus enemigos. Y no ha sido probado que él autorizara o conociera. Esa autorización, esa orden, no ha sido demostrada en el proceso. Además, la propia calificación de lesa humanidad fue mal establecida.

— ¿Por qué?

En Nuremberg no había derecho existente para juzgar a los nazis, y entonces se los juzga de acuerdo al derecho natural. La primera sistematización de los crímenes contra la humanidad se da con el estatuto de Roma, que el Perú aprueba en el 2001 y luego lo ratifica. Yo era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo hice el dictamen para la aprobación del estatuto de Roma. El artículo séptimo del estatuto de Roma dice: “A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y luego, a efectos del párrafo primero, dice el estatuto de Roma: “Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo primero contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer este ataque o para promover esa política”. Esto se refiere al genocidio, a la limpieza étnica, al ataque contra las minorías étnicas. Lo que está ocurriendo ahora en Myanmar con los rohingyas, la persecución de los judíos por parte de los nazis, por ejemplo. No se puede decir que la lucha contra el terrorismo haya sido un crimen de lesa humanidad, porque no fue un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y no cumple el requisito del inciso 2 del artículo 7… Siempre cabrá la duda de si el presidente sabía o no de estos actos, pero lo que hacen unos subordinados en Barrios Altos y La Cantuta no formaba parte de la estrategia general antisubversiva…

— ¿A partir de los 90 te refieres?

Así es. Primero, porque se decidió armar a las comunidades campesinas, permitir la autodefensa, porque quien sí cometía un crimen de lesa humanidad era Sendero Luminoso, que en su sueño afiebrado ideológico suponía que el campesinado se iba a plegar a su asonada revolucionaria, y como las comunidades campesinas no querían a Sendero Luminoso, este se vengó exterminando a comunidades campesinas enteras. Lo mismo hicieron con los asháninkas en la vertiente oriental de los Andes. Allí sí estamos hablando de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil.

— Pero en los 80 el Ejército también reaccionó contra esas matanzas arrasando comunidades.
Porque no tenía órdenes. Al Ejército se lo puso en el campo, pero los dos gobiernos, tanto el de Fernando Belaunde como el de Alan García, no diseñaron una estrategia y no asumieron la responsabilidad de la conducción de la lucha contra el terrorismo. Pero eso es un tema anterior a la presidencia del presidente Fujimori, y por lo tanto, no cae dentro del análisis que estamos haciendo. A partir de los 90 sí hubo una estrategia clarísima antisubversiva que llevó a la captura con vida y sin daños corporales de todas las cúpulas terroristas y con un significativo descenso en el número de bajas, porque más bien se armó y asistió a las comunidades. Y se dio una ley de arrepentimiento a la cual se acogieron cerca de tres mil miembros de las organizaciones terroristas que no habrían cometido delitos de sangre y que denunciaron a sus jefes. Entonces, hablar de una política generalizada y sistemática contra una población civil, que es el caso de lesa humanidad, no se aplica a la lucha del Estado Peruano contra una organización criminal. Cuando la CIDH saca este comunicado en el que habla categóricamente del delito de lesa humanidad por el cual Fujimori no ha sido condenado, está haciendo pasar política por derecho.

— ¿Hay una suerte de logia político-ideológica que maneja estos temas?

Bueno, da la impresión de que la comisión y la corte son organismos cuyos miembros cooptan a otras personas para que ingresen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hay ciertos requisitos de afinidad político-ideológica.

— ¿El Estado Peruano puede ganar el tema del indulto en la corte?

No lo sé, depende del alegato que haga el Estado Peruano.

— ¿Aceptaría ser el abogado del Perú en ese alegato? 

No lo sé. Es una propuesta etérea.

— ¿La Corte Interamericana puede revocar el indulto?

No creo que pueda revocar el indulto, y si lo revocara o lo cuestionara, pues el Perú tiene que considerar detenidamente si va a acatar esa sentencia.

— ¿Puede el Perú no acatarla?

Estamos, claro, obligados por el tratado a cumplir lo que se nos diga, pero si no lo cumpliésemos, como por ejemplo ocurre con la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el Caso Filipinas-China, en el cual China no cumple la sentencia en el proceso que Filipinas ha ganado contra ella, respecto al mar territorial, pues la corte no tiene ningún elemento coactivo contra China. La Corte Interamericana tampoco tiene elementos coactivos contra el Perú. Claro, es un incumplimiento del Perú, pero digamos que a consideraciones políticas extremas de la corte y de la CIDH caben consideraciones igualmente políticas por parte del Estado Peruano.

ANTECEDENTES Y OPCIONES

-Los posibles escenarios ante la corte y CIDH-

— ¿Le ha sido útil al Perú la pertenencia a la Corte Interamericana? ¿Tendría sentido retirarse en los temas vinculados a terrorismo?

La verdad es que hemos perdido todos los casos sin excepción, sin apelación, pero independientemente de eso hay que comprender las dimensiones de esto. La política de derechos humanos a nivel internacional fue diseñada por el presidente Carter, y luego por el presidente Reagan y se inicia con los acuerdos de Helsinki de 1975 y se convierte en el punto de partida de la disolución del Estado soviético con las acciones de Sájarov, Solzhenitsyn y los disidentes. Fue la respuesta de Estados Unidos a la guerra ideológica después de haber perdido la guerra de Vietnam, un invento genial de Zbigniew Brzezinski. En la Primavera Árabe tuvo consecuencias nefastas, pues derrocó a los gobiernos seculares nacionalistas árabes y a cambio estableció, por ejemplo en el caso de Libia, la anarquía absoluta. Cuando el Perú se retiró parcialmente de la jurisdicción de la corte en 1999, la condena de Estados Unidos fue total, lo que resultaba irónico, porque Estados Unidos no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, es el profesor Ciruela, que te obliga a hacer lo que él no hace. Al margen de eso, la reacción norteamericana sería la misma hoy, porque la política de derechos humanos sigue siendo la misma, es el eje de la política exterior norteamericana en el mundo.

— Pero es posible denunciarla para ciertos aspectos…

Podríamos denunciar la convención, es perfectamente legal, pero trae enormes problemas políticos. Se denuncia, pero los términos de la convención siguen rigiendo para el país que denuncia. Y tampoco uno puede salirse cuando hay un hecho en discusión, suponiendo que ese hecho en discusión se va a esfumar si uno se sale de la corte. O sea para aquellos que proponen salirse de la jurisdicción de la corte yo les sugeriría que esperen a que se resuelva el tema del indulto primero, porque la denuncia de la convención no puede ser una vía de escape a lo que está en proceso.

— ¿Revocar un indulto no sería intervenir en la soberanía política de un Estado para resolver sus problemas políticos internos?

Claro, porque mientras el Perú opere dentro de su orden constitucional y legal, tiene que gozar de la soberanía y la independencia absolutas. La soberanía y la independencia absolutas son cuestionadas por el Sistema Interamericano cuando se ataca la democracia, cuando se violan los derechos humanos: allí sí no hay soberanía ni independencia en función de los tratados de los cuales formamos parte en realidad desde 1948. No podemos sustraernos a lo que mandan estos tratados, escondiéndonos detrás de los conceptos de independencia y soberanía, pero si estamos obrando de buena fe, de acuerdo a la Constitución, las leyes y los reglamentos, la vigencia de esa soberanía y de esa independencia tiene obligatoriamente que ser respetada por la CIDH y por la Corte IDH. No pueden vulnerar la carta de la OEA interviniendo en los asuntos internos del Perú cuando esos asuntos han sido resueltos de acuerdo a ley. Lampadia

EXIGIMOS ELECCIONES LIBRES EN 2017

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) avanzó un paso más en dirección de la dictadura al asumir las competencias del Parlamento, la única institución dirigida por la oposición, afirmando que “las competencias parlamentarias serán ejercidas directamente” por su Sala Constitucional o por “el órgano que ella disponga”. Por lo tanto, se apoderó de sus poderes y declaró inválido el organismo elegido por votación popular. El fallo de la corte del miércoles pasado fue, en palabras de los legisladores, nada menos que un golpe de Estado. Varios líderes de la oposición pidieron manifestaciones callejeras y otras formas de “resistencia democrática”.

Como informamos el viernes pasado, el gobierno del Perú se enalteció, al retirar definitivamente a su Embajador en Caracas. Acto no imitado, lamentablemente,  por los demás países de la región.

Ante la reacción a tan estúpida medida, el dictador Maduro citó de emergencia al consejo de Estado el viernes en la noche. Después de largas horas de sesión, el TSJ decidió dar marcha atrás. Sin embargo, ya se había roto el último eslabón democrático de Venezuela, su Asamblea Nacional, que ahora recibe la ‘gracia’ para seguir operando en condiciones sumamente precarias.

Ya no se puede parar en la resistencia contra la tiranía del chavismo, soportada por la fuerzas armadas venezolanas y la desproporcionada presencia de Cuba en los asuntos llaneros.

Veamos como vienen las cosas: Las facciones políticas de Venezuela han estado en desacuerdo desde que los opositores al presidente Nicolás Maduro tomaron el control de la legislatura el año pasado. Desde entonces, la Corte Suprema, en gran parte leal al gobierno de Maduro, ha frenado los poderes del congreso y anulado casi todas las leyes aprobadas. Sin embargo, hasta el miércoles no había ido tan lejos como asumir directamente las funciones del Congreso.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, afirmo que “Esto no tiene otro nombre que un golpe de Estado y dictadura. En Venezuela no hay Constitución, hoy Nicolás Maduro tiene todo el poder que de manera ilegal le otorgó la Sala Constitucional del TSJ”. En la rueda de prensa en el palacio legislativo Borges mostró una copia de la sentencia y la rompió en pedazos. “No la acatamos”, resaltó.

Por su parte, el ex candidato presidencial Henrique Capriles dio una conferencia de prensa en Bogotá y pidió que la OEA convoque “de emergencia” a su Consejo Permanente para abordar la situación en Venezuela, donde afirmó que el Tribunal Supremo dio un “golpe de Estado”. Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también consideró un “auto golpe de Estado” lo ocurrido en Venezuela. Afirmó que la decisión del TSJ de asumir las competencias del Parlamento, sumada a la adoptada ayer que retira inmunidad a los legisladores, son “los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”. “Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, señaló Almagro, que desde el año pasado encabeza una campaña para aplicar a Caracas la Carta Democrática del organismo.

La situación económica, social y política de Venezuela es verdaderamente catastrófica. El autoritarismo chavista ha devenido en una dictadura abusiva e insensible, que cada día acosa con mayor desparpajo a los opositores políticos y a los pobladores que reclaman una solución al empobrecimiento generalizado que los está llevando a la desesperación.

Todo esto empezó con una serie de medidas económicas heterodoxas que incluyen: la expansión del gasto del gobierno, el control de precios y medidas proteccionistas a la industria nacional, siempre y cuando fuera propiedad de los amigos del régimen. Estatizaciones, confiscaciones y regalos de petróleo y divisas a los países del circuito pro cubano, del llamado socialismo del siglo XXI. Basados en la proverbial riqueza de Venezuela, no midieron las consecuencias y generaron una inflación galopante, escases de divisas y energía, déficit fiscal, el colapso de la industria petrolera, escases de alimentos y divisas y, la entronización de las mafias del narcotráfico y la corrupción en las vísceras del régimen.

Lo que fue una vez una de las potencias económicas latinoamericanas y un peso pesado diplomático regional, ahora ha caído en una de las situaciones más trágicas del mundo. Desde hace mucho tiempo el gobierno ha detenido la publicación periódica de las cifras del PBI, pobreza, inflación y cualquier indicador económico o social que pueda mostrar el verdadero desastre de su manejo político.

El Fondo Monetario Internacional estima una contracción de 10 %, lo que haría de Venezuela la peor economía del mundo el año pasado. Algunos economistas privados son menos conservadores y estiman una caída de hasta 15 %. Los ingresos del petróleo representan el 95% de los ingresos de divisas, y su precio cayó más de tres cuartas partes desde 2014 antes de comenzar a recuperarse moderadamente el año pasado.

La hiperinflación va tomando cuerpo; el Fondo Monetario Internacional estimó que los precios subieron casi un 500% en 2016 de 122% el año pasado. Con la moneda del país cada vez más devaluada, algunas tiendas han empezado a usar la balanza para pesar los billetes en lugar de contarlos.

Los ciudadanos se han visto forzados a esperar en largas colas para encontrar bienes de uso común, alimentos y medicinas esenciales. Los saqueos por alimentos se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana de muchos venezolanos. Actualmente hay más de 10 saqueos diarios en el país, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Y más de una cuarta parte de las protestas en 2016 fueron por comida.

Esta terrible situación económica ha traído un aumento en la criminalidad, llegando a un nivel que se lo podría considerar una crisis humanitaria. Las dimensiones exactas son difíciles de conocer, porque hace más de una década que el gobierno venezolano no publica información sobre la delincuencia.

El Observatorio Venezolano de la Violencia, un grupo no gubernamental, estimó que hubo 27,875 asesinatos en 2015, lo que haría que la tasa de homicidios de Venezuela sea una de las más altas del mundo: 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. El grupo encontró que la tasa subió más en 2016, a 92 por 100,000. Uno de los motivos por el aumento en criminalidad es la falta de impunidad: un 92% estimado de homicidios no resultan en una condena.

Y la situación está aumentando la presión sobre el presidente Maduro, con un creciente sentimiento anti-gobierno impulsando los esfuerzos de la oposición para llevar a cabo un referéndum revocatorio. Y ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado. Es hora de presionar al gobierno venezolano con todo lo que esté a nuestro alcance para terminar esta tragedia que afecta a nuestros hermanos.

Como reclaman los líderes de los movimientos civiles, dentro y fuera de Venezuela: ¡Exigimos elecciones libres en 2017! Lampadia

Nuestra solidaridad con el sufrido pueblo venezolano, que además de la crisis humanitaria a la que ha sido condenado por el chavismo, debe ahora perder la esperanza de que los últimos mecanismos democráticos permitan unas elecciones prontas y libres.

En este contexto hay que relievar la decisión del gobierno peruano de retirar definitivamente a su Embajador en Caracas, y lamentar la ausencia de reacciones similares de los demás países de la región.

En el Perú ya se multiplicaron los comentarios de analistas, pero todos caen en el error de pensar que la OEA podrá influir en corregir la situación y en plantear la eventual expulsión de Venezuela. Solo el Embajador Eduardo Ponce, nos ha hecho notar que esa acción que podría cumplir con las formalidades del caso, no tendría ningún efecto sobre la situación de los venezolanos. Pues, una vez fuera de la OEA, Venezuela tendría más grados de libertad para profundizar la tiranía.

En esta casa exigimos a los países de la región una reacción más digna y consecuente con los valores que dicen representar. Así mismo, debemos contactar a las mayores potencias globales para hacer ver como la cadena de acciones del chavismo constituye una suerte de genocidio que, aparte de los asesinatos políticos, ha acabado con la vida de miles de niños y ancianos que no tienen alimentos ni medicinas.

Hay que evitar con especial cuidado que Rusia vaya a apoyar al régimen chavista como parte de su juego geopolítico, así como que China, el principal acreedor de Venezuela, privilegie sus acreencias antes que su solidaridad con un pueblo que ya no puede sufrir más.

Organicemos sanciones, boicots y movimientos humanitarios para frenar lo más pronto posible que se consolide la esclavitud del pueblo venezolano, como sigue haciendo Cuba, su maestro y guía.

Ya hemos comentado antes las vergonzosas actitudes de los líderes de las izquierdas peruanas, que no podían condenar al régimen opresor del chavismo. Hoy, sus representantes han estructurado frases cuidadosas para salir del aprieto, pero algunos, como el congresista Dammert siguen dando vergüenza. Ver su post:

Hoy todos somos venezolanos y debemos sentir en carne propia el dolor de la tiranía de un pueblo que nos dio figuras como Francisco de Miranda y Andrés Bello. Apoyemos a la Asamblea Nacional de Venezuela a defender la libertad y la democracia.

¡Libertad para los venezolanos!

Lampadia

¿Cuántas veces a escuchado usted, nuestro estimado lector, que los medios de comunicación hablen de activos ambientales? ¿Activos ambientales producidos por las operaciones vinculadas a los recursos naturales? Seguramente pocas veces, si alguna, y es que las buenas noticias no merecen difundirse, son aburridas, los medios suelen mostrar escándalos, deficiencias y sangre.

Lo peor es que esto sucede en todas partes, pero, por lo general, alguien hace la diferencia, algunos medios se esfuerzan por ser referentes rigurosos, para lo cual saben diferenciar sus análisis e informes, de sus propias opiniones. 

En el Perú, en general, ni siquiera las empresas y/o gremios que generan buenas noticias para el país, suelen hablar de ellas y ponerlas al alcance de la opinión pública. En esta ocasión, sin embargo, la revista de la SNMPE, publica una entrevista a Pablo Taborga, Gerente de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Perú LNG, el operador de la exportación de gas natural en Melchorita, en la que nos explica como el terminal de exportación del gas ha generado importantes activos ambientales. Ver la entrevista:

“El terminal portuario de PERU LNG ha generado una biodiversidad marina impresionante”

Pablo Taborga
Gerente de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente
PERU LNG
‘Desde adentro’, revista de la SNMPE
Enero 2017 (Número 161)
Glosado por Lampadia

El compromiso de PERU LNG con el desarrollo de un sector portuario seguro, competitivo y sostenible fue reconocido por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que le otorgó el Premio Marítimo de las Américas 2016 en la categoría Manejo Ambientalmente Sostenible de Residuos en Puertos. Al respecto, Pablo Taborga afirma que el terminal ha generado un impacto positivo en la zona, creando un arrecife artificial atrayendo una enorme variedad de aves y especies marinas.

¿Cuál es el significado del premio conseguido por PERU LNG?

Es el resultado del esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso de todas las áreas de la empresa. Nuestra operación abarca desde la conexión con el gasoducto existente de TGP en Chiquintirca, Ayacucho, hasta la planta de licuefacción de PERU LNG en el kilómetro 163 de la Panamericana Sur. Ahí también se encuentra el terminal marítimo.

¿Qué tipo de certificación avala estas gestiones realizadas en sus operaciones?

En el terminal marítimo de PERU LNG se ha logrado la certificación en Gestión de Salud y Seguridad (OHSAS 18001), en Gestión Ambiental (ISO 14001) y Gestión de la Calidad (ISO 9001). El cumplimiento de este conjunto de programas, procedimientos e instructivos regulan todas las actividades de PERU LNG y se busca proactivamente asegurar los estándares de sostenibilidad destinados a proteger la integridad, salud y seguridad de trabajadores, contratistas, comunidades, y prevenir los riesgos e impactos ambientales y sociales.

¿Consideran que los estándares utilizados han sido novedosos en el Perú?

Se han utilizado normativas que luego han sido asumidas y aplicadas por el Banco Mundial mediante la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). Incluso ahora, en materia de seguridad, se trabaja en la implementación de los estándares de seguridad de procesos basados en normativas OSHA de Estados Unidos, los cuales aún no se han reflejado en la normativa nacional.

¿Tienen relación permanente con organismos públicos en temas de sostenibilidad?

Siempre estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias en el campo de la biodiversidad. Por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente se han unido esfuerzos para promover una guía de buenas prácticas de restauración de bofedales y pastizales altoandinos. PERU LNG tiene experiencia por las restauraciones que ha realizado a lo largo del gasoducto de 408 kilómetros, considerado el más alto del mundo. En este campo se han aplicado las mejores prácticas en mitigación y restauración, con la finalidad de llegar al ideal de que exista la menor afectación al ambiente. También tenemos un convenio con el IMARPE.

¿En qué consiste el convenio con el IMARPE?

Con el IMARPE buscamos compartir información para desarrollar un índice que mida la calidad del ecosistema marino. Este índice, si bien ya es aplicado en otras partes del mundo, se necesita calibrarlo y ajustarlo a la realidad del Perú. Se trata de un índice basado en el análisis del bentos marino, que se compone de microorganismos que viven en los primeros 10 centímetros del fondo marino y que sirven como bio-indicadores. Cualquier descarga, afectación o contaminación en el mar, el bentos marino lo registra. Es un excelente bioindicador de la calidad de las aguas en puertos y estuarios. PERU LNG ya viene aplicando esta metodología de análisis en sus operaciones marinas y en zonas aledañas al terminal. Ahora el IMARPE y PERU LNG buscan desarrollar y publicar una guía de uso y aplicación de este indicador para evaluar el estado de salud de los ambientes marinos y que se pueda aplicar a todos los puertos de la costa peruana con características similares al de PERU LNG. El sector público y privado pueden trabajar en conjunto y colaborar en la mitigación, restauración y protección de la biodiversidad.

¿En qué medida es importante el programa “Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad” que aplica en sus operaciones?

El monitoreo de la biodiversidad es parte de una estrategia que busca contribuir positivamente a la restauración del ambiente. Permite conocer si nuestras operaciones, acciones y controles destinadas a reducir y mitigar impactos funcionan o no. El monitoreo lo realizan científicos peruanos y del Smithsonian Conservation Biology Institute. Los resultados del monitoreo regulan nuestras intervenciones y nos ayudan a mejorar.

¿Cuál es el impacto que ha causado en el terminal portuario?

Toda acción del hombre siempre genera un impacto en la naturaleza. Se impacta con la construcción de un rompeolas o en la construcción de un muelle sobre pilotes. Sin embargo, el monitoreo demuestra que se ha producido también un impacto positivo en el ambiente y en el ecosistema marino. Se ha generado un nuevo hábitat, un nuevo arrecife artificial que ha ensamblado diversos componentes de la cadena trófica, muy rica y diversa en especies marinas.

¿Han aparecido nuevas especies en la zona del terminal?

Así es. El terminal portuario de PERU LNG ha generado una biodiversidad marina impresionante. ¡Hay una gran cantidad de pingüinos! Y lo mejor, la zona actúa como una reserva protegida. No se permite la pesca por la seguridad propia de las operaciones de carga de los buques de GNL y eso ha motivado que aparezcan pingüinos. Hace cuatro años no existían en el lugar. Hoy han formado una colonia de 500 individuos, una cantidad similar de los que existen en las islas Ballestas, en Paracas. El pingüino es una especie sensible que busca lugares lejanos a la interacción con el ser humano. Ahora se encuentra en el rompeolas que es el corazón de nuestras operaciones marinas.

¿Cuál es el mensaje que deja este tipo de impactos?

Ahora los monitoreos están midiendo el efecto rebose que tiene este arrecife artificial en las zonas aledañas, al norte y al sur del terminal portuario. En esencia, el terminal marítimo estaría funcionando como una zona de reproducción de peces e invertebrados que luego se dispersan hacia áreas aledañas, contribuyendo de esta manera a generar una mayor riqueza del ecosistema marino. El monitoreo de este efecto rebose permitirá evaluar la magnitud del impacto positivo y sus efectos en el ecosistema. Lampadia

Como sabemos, en el Perú, la distancia de la letra y la realidad es sideral. Nos sobran leyes que no se cumplen. Muchos delitos contra la propiedad pública y privada, e incluso contra la vida, quedan impunes en la maraña de un sistema judicial que al final termina consagrando la ilegalidad.

El Ministro del Interior está produciendo normas muy ambiciosas para enfrentar la delincuencia. Como indicamos con ocasión del primer paquete de medidas  (ver La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial), sus logros tienen ciertos requisitos. En este caso, como en el anterior, se necesita lograr un sustancial apoyo por parte de la clase política y de los altos mandos de la Policía Nacional.  

Esperamos que en medio de los barullos políticos que estos días toman toda la atención de la sociedad, se puedan focalizar estos esfuerzos con la prioridad que merecen. Lampadia 

Fuente:  laotravozdigital.com

Victimización por delincuencia, homicidios y extorsiones

Por primera vez tenemos metas concretas en reducción de delincuencia: ¿son alcanzables?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Debe resaltarse un hecho sin precedentes: el ministerio del Interior ha anunciado unas metas de reducción de la delincuencia a fines del 2018, y el ministro ha asegurado que si no se cumplen, él renuncia. La más importante de ellas es la reducción de la victimización por delincuencia de 31.1% a 24% (ver gráfico):

Como sabemos, en el Perú el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas. La tasa de homicidios, sin embargo, es relativamente baja (7.2 por 100 mil versus un 21.2 en América Latina según la OEA), pero hay cinco ciudades en el Perú que sobrepasan ese promedio latinoamericano y hay 14 que tienen una tasa superior a 10 por 100 mil (ver siguiente gráfico). Por eso el ministerio se ha propuesto como meta a fines del 2018 reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que tenemos en esas ciudades, de la costa norte y central principalmente, es el avance preocupante del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, etc. Son mafias dedicas a la usurpación de inmuebles y terrenos, a la extorsión de obras y negocios, al control de grandes empresas azucareras con fines delincuenciales, etc., y que suelen operar en conexión con policías, fiscales y jueces. Por eso, allí el tema es cualitativamente muy grave. El ministerio se ha propuesto reducir de 6 a 0 el número de capitales de región con una tasa de extorsión de empresas superior al 25%, que sigue siendo inaceptablemente alto. (ver siguiente gráfico) Hay varias ciudades en el Perú donde más del 50% de las empresas están siendo extorsionadas. Es insoportable.

Ahora bien, ¿podrá el gobierno alcanzar estas metas a fines del 2018? Comencemos con la relativa a bajar la tasa de victimización a un 24%. Sería  una reducción de 7 puntos en dos años, aunque sólo nos serviría para pasar del puesto 1 en victimización al puesto 5 de un total de 25 países encuestados. De todos modos, es un primer paso importante.

Para eso se necesita más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre comisarías repotenciadas, la municipalidad y la comunidad,  incluso para desarrollar la “inteligencia comunitaria”[1]. Y acciones preventivas.

El Ministerio, en efecto, ha comenzado por dar el decreto legislativo 1253, que les permitirá a las municipalidades recaudar los arbitrios para financiar el serenazgo por medio de los recibos de luz, con un monto mensual máximo de 3.50 soles por vivienda. Esta medida entraña un facilismo, pues exonera a las municipalidades de la tarea de recaudar ellas mismas, que es uno de los déficit estructurales en el país, pero asegura los recursos necesarios para que las municipalidades urbanas pobres puedan comprar y gestionar vehículos de serenazgo, cerrando en alguna medida la brecha de recursos para combatir la inseguridad con las municipalidades de distritos más acomodados.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha dispuesto implementar el “Patrullaje Integrado” en el 90% de los vehículos de los municipios. Y, sobre todo, ha reforzado de manera consistente la relación entre la Policía, las municipalidades y la comunidad, para cuyo efecto ha dado el decreto legislativo 1316, que modifica la ley nº 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

La disposición principal de este decreto legislativo (art. 13) es la que establece una sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario al gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital que no instale el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, o que no lo convoque para sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana. (Ver en Lampadia: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana).

Como se sabe, estos Comités Regionales, Provinciales o Distritales de seguridad ciudadana formulan y evalúan los planes y directivas de seguridad ciudadana ejecutados en sus jurisdicciones. La norma establece que los Comités Regionales se reúnen trimestralmente de forma ordinaria y los Comités Provinciales y Distritales se reúnen una vez al mes. Sus presidentes son el gobernador regional o el alcalde respectivos, y son responsables de implementar los respectivos planes de seguridad ciudadana.

Además, el Decreto precisa que así como la Policía Nacional brinda el apoyo requerido por la municipalidad, el efectivo policial a cargo puede solicitar apoyo o participación del personal de serenazgo, bajo su dirección. La Policía, a su vez, organiza  el patrullaje integrado.

La Comisaría también está obligada a integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Y, a solicitud de las municipalidades, debe programar capacitaciones al personal de serenazgo incluso “en el uso de armas no letales, menos letales o potencialmente letales o de otros implementos”.

Es decir, el decreto mejora claramente la ley de Seguridad Ciudadana precisando los roles y las obligaciones respectivas entre Policía y Municipalidades. Y sanciona el no funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana. La coordinación entre Policía y Municipalidad para prevenir el delito y organizar el patrullaje integrado resulta ahora obligatoria.

Ahora bien, fuera de esto, el Ministro ha anunciado varias políticas complementarias: los Comisarios serán elegidos mediante concurso y serán capacitados, se fortalece las Oficinas de Participación Ciudadana en comisarías, que son las encargadas de relacionarse con las juntas vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones locales para organizar rondas, actividades preventivas y facilitar la “inteligencia comunitaria”. Las Comisarías tendrán una estrategia de “servicio al cliente”. Además, se ha lanzado, el programa Barrio Seguro o “Pa’barrio, yo”, que consiste en una intervención integral en barrios críticos, con participación de varios sectores (Educación, Salud, Ambiente, Cultura, etc.).  Este programa se aplicará en los  100 barrios más peligrosos del país, ya hay 5 pilotos lanzados: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en Trujillo, Chocoy en Barranca y San Agustín en Chincha. Recientemente se han incorporado tres más en Ica. Y está en proceso un crédito y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para este fin.

Dentro de la meta general de reducir a 24% la victimización, se ha fijado la de bajar de 14.8% a 10.5% la victimización por robo (ver siguiente gráfico). A este fin ayudará considerablemente el Decreto Legislativo 1338 que crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles y en buena cuenta haría que un celular robado ya no se pueda usar. En la medida en que el robo de celulares es el de mas alta prevalencia, su disminución influirá en la caída de dicha tasa.

Y habrá también un  sistema de comandos de control, comunicación y cómputo para lo cual se está negociando un crédito con el BID también.

Ahora bien, para alcanzar las metas de reducción de la tasa de homicidios y de los porcentajes de extorsión en las ciudades, el Ministerio ha puesto en práctica varias estrategias. Una es el Programa Nacional de Recompensas, con la idea de llegar a no menos de 6,000 requisitoriados con recompensas, con 1,500 de ellos detenidos. La segunda es la ejecución de no menos de 150 mega operativos contra la organizaciones criminales en toda la costa, y la ejecución de no menos de 300 operaciones cerrojo contra portadores de armas ilegales, que tienen ahora pena de cárcel.  Además, por supuesto, el Ministerio se propone el fortalecimiento de la investigación criminal como tal, reclutando y especializando investigadores, intensificando el uso de tecnología, modernización los laboratorios de criminalística y formando equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos.

Lo que hace pensar que este conjunto de metas podría alcanzarse, es no solo la consistencia de las políticas propuestas, sino el conjunto de reformas que se está introduciendo para la lucha contra la corrupción interna (ver en Lampadia: La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial) y para mejorar y modernizar la gestión de los recursos materiales y humanos, lo que le daría soporte a las políticas de línea. Al respecto se está planteando tercerizar los servicios de mantenimiento de locales y vehículos, geo-referenciar los vehículos para asegurar que se esté patrullando según los recorridos establecidos y que no haya robo de gasolina, y modernizar los sistemas de compras y adquisiciones.

Estaremos atentos a la evolución de los indicadores para ver el avance hacia la consecución de las metas. Es que por primera vez tenemos efectivamente unas metas concretas que podemos monitorear y exigir. Eso solo ya es un gran avance. Lampadia

Los relatos que distorsionan la historia o que la cambian nos acompañan desde siempre. La historia es una sucesión de eventos que en conjunto forman una realidad. Desde la perspectiva actual, se puede apreciar o no un evento específico, pero no se debería negar, cambiar o torcer.

Hace algunos años, un alto funcionario del gobierno de China, de visita en el Perú, nos comentó como su historia había tenido giros y procesos totalmente distintos y opuestos, pero enfatizó que todo formaba parte de esa historia, ya se tratara del imperio chino, del caos del feudalismo, la invasión japonesa, la guerra civil, el comunismo o la adopción de la economía de mercado.

En el Perú hemos construído mitos en los que ensalzamos algunos períodos de nuestra historia y otros que, o pasamos por alto o distorsionamos. Cosa en la que, por supuesto, no cayeron un Basadre o María Rostworowski, entre otros. Este es el caso de cómo calificamos el período de 280 años entre la caída del Imperio de los Incas y la proclamación de la República. En general nos referimos a este período, con sentimiento de culpa, llamándolo ‘Colonia’ y con un cierto tinte esclavista.

La verdad es un poco diferente. Este importante período de nuestra historia debería ser visto como el de un ‘Virreinato’, tal como lo explican líneas abajo los historiadores Rafael Sánchez-Concha, Fausto Alvarado y el venezolano Guillermo Morón. Veamos:     

“El Perú no fue una colonia sino un reino más dentro del imperio ibérico”

Universidad Católica San Pablo (UCSP), Arequipa

10 agosto, 2015

Historiador Rafael Sánchez – Concha en Maestría en Historia de la UCSP

“El Perú no fue una colonia sino un reino más dentro del imperio Español, un reino con la condición de vicerreino o virreinato. Inicialmente fue una gobernación a partir de la conquista  emprendida por Pizarro, llamado genéricamente el reino del Perú, dividido en la Nueva Castilla y la Nuevo Toledo”, así lo aclaró el historiador Rafael Sánchez – Concha.

El profesor  con especialidad en historia virreinal fue uno de los docentes de la Maestría en Historia que se imparte en la Universidad Católica San Pablo, y que se inició en marzo. La maestría es una de las tres de esta condición que se imparten  en el país y la única fuera de Lima.

El ponente explicó que en la época hispánica el Perú era prácticamente la mitad del imperio español y tenía un papel sumamente protagónico por ser abastecedor de minerales, como la plata extraída de riquísimos yacimientos como el de Potosí, Huancavelica, y Hualgayoc, entre otros,  y por ser el más importante centro administrativo, del poder virreinal, del poder judicial y del poder inquisitorial de la América del Sur. La Real Audiencia de Lima, que es la base territorial del Perú actual, tenía por audiencias sufragáneas la de Quito, Charcas y Chile. “Hay que valorar esta época histórica ya que como decía Jorge Basadre: ‘el Perú se forja en el virreinato’. El  virreinato es el punto de partida de la actual nación peruana. Es allí cuando se da el proceso de mestizaje (“síntesis viviente”), el influjo ibérico y los elementos comunes con otros países iberoamericanos donde surge la cultura del barroco”, comentó el historiador.

La población indígena en la época virreinal

El historiador Sánchez – Concha aclaró también que en la época virreinal, a pesar de los obvios e innegables abusos, a los indígenas le asistían derechos y  contaban con la protección de sus curacas, además existía un funcionario virreinal llamado el protector de indios. Es en la época republicana con la llegada de Simón Bolívar, que se eliminó esta institución, sin embargo los indígenas siguieron pagando tributos hasta 1854 en el gobierno de Ramón Castilla.

“No se puede tapar el sol con un dedo, es cierto que hubo excesos, pero a diferencia de lo ocurrido en el poblamiento de la América del Norte por parte de los ingleses, los conquistadores españoles integraron a los nativos a su sistema social, político y religioso, a través de la evangelización y la hispanización. No hubo un plan de exterminio sistemático como en Norteamérica, por eso tampoco se puede decir que el Perú fue una colonia”, detalló.

Si bien el descenso demográfico de la población indígena tuvo como una de sus causas la guerra de conquista, también hubo otros factores mucho más importantes como las enfermedades que llegaron previamente al tercer y definitivo viaje de Pizarro de 1532, a los cambios del patrón de vida y al mestizaje.

La religión tuvo un papel importante en esta etapa de la historia. La conquista fue asumida como una cruzada como una proyección de la reconquista española, por ello la cristanización fue muy fuerte. La  religión formó parte de la política mediante el imaginario social conocido como el cuerpo místico de la República, que es Estado, Iglesia y Sociedad.

El protagonismo de Arequipa

En la época virreinal, Arequipa tuvo especial protagonismo. Arequipa se constituyó sobre las bases del Contisuyo en las primeras décadas del siglo XVI. A decir del historiador, su valor también está en su vocación por la intelectualidad, en sus grandes hombres y autores como Ventura Travada y Córdoba, los visitadores de los Collaguas, y el trabajo evangelizador de los Franciscanos, con su magnífico convento de La Recoleta.

En Arequipa también se produjo una fuerte concentración de la república de españoles (peninsulares y criollos). Destacó en el virreinato por su religiosidad, a través de las múltiples vocaciones de santidad como el de la Beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, el hermano jesuita Gonzalo Báez, Sor Juana de San José Arias y el indígena juandediano Ignacio de la orden de San Juan de Dios, que se santificó en el hospital de su congregación en la ciudad blanca.

La vocación conventual de la ciudad se puede apreciar hasta la actualidad en monasterios como Santa Catalina, Santa Teresa, Santa Rosa, entre otros.

La misma tesis sobre sobre la naturaleza del Perú como un reino del Imperio Español, fue sustentada por Fausto Alvarado Dodero en su libro: Virreinato o Colonia.

A este mismo libro se refirió Roxanne Chessman en un artículo que publicó en El Comercio, destacando el debate generado por Alvarado. Ver captura de pantalla:

Pero, el gran historiador y escritor latinoamericano, el venezolano Guillermo Morón, ha defendido esta tesis en su larga producción bibliográfica. Morón, de 90 años es uno de los más destacados historiadores del nuevo mundo. Por encargo de la OEA, dirigió la ‘Historia General de América’, que se publicó en 36 tomos en 1992. Entre sus obras tenemos Historia de Francisco y otras Maravillas, El Gallo de las Espuelas de Oro, Catálogo de Mujeres, Los Hechos de Zacarías y Ciertos Animales Criollos (Wikipedia).

Hoy seguimos construyendo mitos, ver nuestra nota de hoy: Otra Máxima Mentira (Chaupe -Grufides- vs. minería)

Lampadia

La semana pasada ha traído una serie de golpes a Venezuela. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas” y las “restricciones al ejercicio de derechos fundamentales” en Venezuela. Y, más importante aún, fue la decisión de los fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) de bloquearle la presidencia rotativa del bloque. Parece que, por primera vez en años, se estaría exponiendo al gobierno socialista al aislamiento. En palabras de Francisco Belaúnde, “los países dejaron de ser tibios”. El último refugio de Maduro es el obsoleto Movimiento de Países No Alineados, que acaba de celebrar su pseudo cumbre en la Isla Margarita.

Foto: elvenezolano.com

Las políticas y discursos populistas, arropadas en promesas redistributivas, más los circuitos de corrupción han llevando a Venezuela una crisis imposible de imaginar. No solo ha colapsado la economía, las condiciones sociales no pueden ser peor. La escases de alimentos y medicinas ha llegado a tal nivel que se ha desatado una inocultable crisis humanitaria que está costando la vida de muchos inocentes. Además, el autoritarismo chavista ha devenido en una dictadura abusiva e insensible, que cada día acosa con mayor desparpajo a los opositores políticos y a los pobladores que reclaman una solución al empobrecimiento generalizado que los está llevando a la desesperación.  

Todo esto empezó con una serie de medidas económicas heterodoxas que incluyen: la expansión del gasto del gobierno, el control de precios y medidas proteccionistas a la industria nacional, siempre y cuando fuera propiedad de los amigos del régimen. Estatizaciones, confiscaciones y regalos de petróleo y divisas a los países del circuito pro cubano, del llamado socialismo del siglo XXI. Basados en la proverbial riqueza de Venezuela, no midieron las consecuencias y generaron una inflación galopante, escases de divisas y energía, déficit fiscal, el colapso de la industria petrolera, escases de alimentos y divisas y, la entronización de las mafias del narcotráfico y la corrupción en las vísceras del régimen.

Además se ha tomado el control de todos los poderes del Estado: Congreso, Sistema Judicial y Electoral, más el de las fuerzas armadas y policiales. Esto solo ha facilitado la corrupción, ha arruinado la economía y ha desarrollado una tremenda represión que crece con la impopularidad del régimen.

Lo más vergonzoso es que, hasta hace pocos meses, la mayoría de los países de Latinoamérica  no habían levantado su voz y condenado la falta de democracia a Venezuela, incluyendo al gobierno de Humala y al FREN.A, con expresiones de apoyo de la propia Verónika Mendoza y del ex Cura Arana. 

Así se dio luego de la invocación de la Carta Democrática (que se solicita cuando se considera que en un país de la organización “existe una alteración constitucional que afecta gravemente al orden democrático”) del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ante ello, solo se pudo concluir que los embajadores tomaran nota y monitorearan la situación.

Sin embargo, hay que destacar las expresiones de Mauricio Macri en Argentina y de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, que luego de elegidos tomaron inmediatamente una posición crítica, a la que se suma ahora el merecido desplante del Mercosur.

Parece que por fin esto está cambiando. La oposición venezolana agradeció a los países fundadores del Mercosur por su “apoyo a la lucha por la democracia”, países que han acordado asumir de forma coordinada la presidencia del mismo y poner a Venezuela la fecha límite del 1 de diciembre para que cumpla con sus “obligaciones”, como ponerse al día con su homologación de la normativa del bloque. Venezuela ingresó al bloque en 2012 y desde aquella fecha debe normalizar la legislación. Pese al tiempo transcurrido se estima que apenas el 30 por ciento del trabajo legislativo necesario se ha cumplido. Venezuela debe aprobar aún 300 normas del bloque, y le resta adecuar su legislación a 30 tratados internacionales.

Sin la participación de Venezuela, los demás países acordaron impulsar las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE). Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay “examinaron la agenda de negociaciones comerciales externas del bloque” durante una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Foto: revocalo.com

Esto ocurre tan solo días después que la ONU criticó a Venezuela por vetar a la Comisión de Derechos Humanos por la permanente negativa de autorizar la visita de expertos en garantías fundamentales, a pesar de las graves alegaciones sobre abusos cometidos por el régimen venezolano en los últimos tres años.

Algunos líderes regionales, como el ex presidente de Colombia, Belisario Bentancur, y el de México, Vicente Fox, han afirmado que, tras lo sucedido con el Mercosur, confían que el camino emprendido lleve al “cambio”, “pacíficamente” y por “la vía democrática”. Betancur agregó que se está llevando a cabo desde las “propias instituciones que el chavismo se dio a sí mismo para mantenerse en el poder” y que ahora se vuelven contra él como un “boomerang”.

El Perú también se ha unido en contra de la dictadura en Venezuela. El día de ayer, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), invocó a un diálogo interno en Venezuela a fin de resolver la crisis política, económica y social que enfrenta ese país.

Recordemos que nuestro país ya sufrió las nefastas consecuencias de los ‘experimentos económicos’ generados por dictaduras de izquiera (Velascato), que niegan el poder del mercado como eficiente asignador de precios, y minimiza las consecuencias de elevados déficit fiscales, así como de inflaciones fuera de control. Hoy contamos en el Perú, con una de las menores inflaciones del planeta, y las finanzas públicas están sustancialmente controladas, mientras que el Estado se dedica a regular algunos mercados. La mayor parte de nuestros políticos parecen haber aprendido muy bien esta lección y, sobre todo, la población que en las últimas elecciones rechazó de plano los cantos de sirena del anti sistema.

Como dijo la señora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado. Es hora de presionar al gobierno venezolano con todo lo que esté a nuestro alcance para terminar esta tragedia que afecta a nuestros hermanos. Lampadia

En América Latina los casos en los que se ha conseguido un avance importante en la reducción de los niveles de inseguridad y de la tasa de homicidios, por lo general tienen en común el hecho de que los gobiernos locales jugaron un papel protagónico en articular a la policía nacional, los órganos judiciales y otras instancias del gobierno central, ofreciendo además servicios y programas de regeneración urbana y social capaces de dar respuesta a las condiciones que crearon medios propicios para la delincuencia. En el presente informe de la OEA tenemos una revisión de los casos exitosos de Guayaquil y Quito en Ecuador, y de Medellín y Bogotá en Colombia. 

En las dos primeras ciudades las municipalidades asumieron funciones en seguridad pese a que constitucionalmente ello es responsabilidad del gobierno central. Pusieron en funcionamiento Consejos de Seguridad con el objetivo de coordinar el trabajo de las distintas instituciones estatales que tienen responsabilidad en los temas de seguridad y justicia y en ambas se crearon sistemas de información de violencia y delincuencia que compilan, sistematizan, hacen análisis y entregan reportes de violencia e inseguridad de las ciudades.

En Colombia la policía, dependiente del Ministerio de Defensa y dominada por la guerra contra las FARC, tendía a no hacer caso de la autoridad de los alcaldes. Sin embargo, en Medellin y Bogotá alcaldes sucesivos asumieron sus funciones en el terreno de la seguridad e hicieron uso de las atribuciones legales que tenían desde 1991 de conducir los consejos de seguridad, impartir órdenes a los comandantes de la policía, evaluar su desempeño y solicitar su cambio motivado. Y así lograron, en coordinación con la policía y otras instituciones, reducir sustancialmente la tasa de homicidios y delitos. En el informe se explica las acciones y programas que condujeron a ese resultado. Lampadia

Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales

Guayaquil, Quito, Medellín, Bogotá y el Programa: Departamentos y Municipios Seguros –DMS-.

Por: Hugo Acero Velásquez

Publicado por la OEA

1.  Presentación.

Los alcaldes, prefectos y gobernadores son aquellos funcionarios que en cualquier Estado están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras que las autoridades nacionales son las encargadas de fijar las líneas de acción general a desarrollarse en todo el territorio. En el caso de la gestión de la seguridad, son las autoridades locales, en representación del Estado, a las que en un primer momento les toca dar respuesta a las problemáticas de violencia y delincuencia que ocurren en sus municipios y prefecturas.

Este planteamiento tiene su justificación en que las problemáticas de seguridad ciudadana, además de ser multicausales, tienen diferentes formas de manifestarse de acuerdo con los lugares donde se presentan, por cuanto median en las mismas las características culturales, sociodemográficas, condiciones económicas y hasta en ciertas oportunidades las condiciones geográficas. Por otro lado, al tener las autoridades locales jurisdicciones sobre determinados territorios, tienen la posibilidad de intervenir sobre los problemas de seguridad con más elementos de juicio y a tiempo, obviamente siguiendo unas líneas generales de acción que indiscutiblemente provienen del nivel nacional.

Pese a la trascendencia de los anteriores planteamientos y a su pertinencia en cuanto al manejo de las problemáticas de seguridad ciudadana, son muy pocas las administraciones locales que en América Latina han liderado procesos en la materia con buenos resultados. De igual forma, son muy pocos los Estados en los cuales la normatividad permite que sean las autoridades locales las responsables del tema de seguridad ciudadana.

Para seguir leyendo, ver documento completo: Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales

La lógica de Hugo Chávez obedecía a una combinación de poder y delirio: quería ser el heredero histórico de Castro. Y quería demostrarle al mundo que el socialismo cubano, el original, el fidelista, sí podía funcionar

Por Enrique Krauze. Escritor y director de Letras Libres

(El País, 23 de Febrero de 2015)

Nunca dejará de sorprender el daño que el poder absoluto, concentrado en una persona, puede causar en la vida de los pueblos. Pero aún más misteriosa es la incapacidad de muchos pueblos para ver de frente el fenómeno, comprenderlo y evitarlo. Es el triste caso de un sector del pueblo venezolano, ciego al desmantelamiento de su propio país perpetrado por Hugo Chávez y su Gobierno en beneficio del régimen dictatorial más longevo del mundo actual: el de los hermanos Castro.

En su trato con Venezuela, la lógica de Fidel siempre fue económica y geopolítica. El petróleo venezolano estuvo en su mira desde el triunfo de la Revolución. El 24 de enero de 1959, en un ríspido encuentro en Caracas, Rómulo Betancourt se negó a regalárselo. Como respuesta, a mediados de los sesenta Venezuela recibió las primeras incursiones guerrilleras de América Latina: planeadas, instrumentadas y vigiladas personalmente por Castro. Tras el fracaso de esas expediciones, Castro tardó en rehacer sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Y de pronto —tras el derrumbe de la URSS— la providencia le otorgó un anacrónico y fervoroso admirador: Hugo Chávez.

Durante su estancia en Cuba, Chávez quedó seducido por Castro: “Las generaciones se han acostumbrado a que Fidel lo hace todo —dijo en una entrevista—. Sin Fidel no pareciera que hubiese rumbo. Es como el todo”. Chávez también querría ser “como el todo”. Y para demostrarlo, cuando llegó al poder hizo realidad el sueño de Fidel: le regaló el petróleo venezolano, y mucho más.

La lógica de Chávez obedecía a una combinación de poder y delirio: quería ser el heredero histórico de Castro. A cualquier coste. Y quería demostrarle al mundo (aun al propio Fidel) que el socialismo cubano, el original, el fidelista, sí podía funcionar. “Fidel es para mí un padre, un compañero, un maestro de la estrategia perfecta”, declaró Chávez. Pero necesitaba más, necesitaba que Castro lo ungiera como sucesor. Quizá iba en camino de serlo, pero se le atravesó la muerte.

En términos simbólicos, el pacto se selló en una conferencia en la Universidad de La Habana en 1999 cuando Hugo Chávez fustigó a quienes venían “a pedirle a Cuba el camino de la falsa democracia” y profetizó: “Venezuela va hacia el mismo mar hacia donde va el pueblo cubano, mar de felicidad, de verdadera justicia social, de paz”. Quince años después, puede afirmarse que la emulación ha sido exitosa: Venezuela se parece cada vez más a Cuba.

Emular a Cuba políticamente fue una decisión imperdonable, que Chávez instrumentó cuidadosamente. Para apartar a Venezuela de la “falsa democracia” supeditó, de manera personal y patrimonial, a todos los poderes formales: legislativo, judicial, fiscal, electoral. Paralelamente, confiscó buena parte de la televisión, la radio y la prensa. El Gobierno de Maduro siguió la pauta con mayor crudeza: confiscó el resto de la televisión, bloqueó la venta de papel a los pocos diarios independientes que quedaban, reprimió manifestaciones de oposición, acosó y apresó a líderes y mató estudiantes. Hace unas semanas, habilitó al Ejército a disparar contra manifestantes. Y en estos días, en un acto abiertamente dictatorial, ha arrestado al valeroso alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

La emulación social de Cuba partió de un consejo de Fidel a su obediente pupilo: a partir de 2003 Chávez instituyó las misiones de atención médica, educativa, alimentación, vivienda, que por un tiempo, con personal cubano, aportaron una mejora social en la vida de muchos venezolanos. Para Cuba el acuerdo fue casi milagroso: anualmente Venezuela le ha aportado el doble que la URSS en tiempos de la Guerra Fría (arriba de 10.000 millones de dólares). Pero para Venezuela el costo político y económico ha sido inadmisible, absolutamente irracional.

El acuerdo ha constado de tres partes, todas beneficiosas para el régimen de Cuba. La primera es la exportación de servicios (40.000 personas, médicos sobre todo, también maestros, instructores deportivos y otras profesiones). Del monto anual recibido de 5.600 millones de dólares, el Estado se queda con más del 95% y canaliza el resto al personal “exportado”. El segundo componente (que en 2010 llegó a 2.700 millones de dólares) es la exportación subsidiada de petróleo: más de 100.000 barriles diarios a precios y condiciones preferenciales (gracias a las cuales Cuba refina parte del petróleo y hasta lo reexporta). El tercer elemento ha sido la inversión directa de Venezuela en 76 proyectos, alrededor de 1.300 millones de dólares.

El arreglo con Cuba ha sido solo un renglón de los muchos que constituyen el dispendio del régimen chavista, quizá el mayor de la historia petrolera del mundo. Pero en 2008, con el precio del barril a 145 dólares (y expectativas de alcanzar los 250), el apoyo a Cuba parecía una gota en el mar de la felicidad. En esos mismos años, en un acto de machismo revolucionario y mediático, Chávez aceleró su política de expropiaciones y estatizaciones. Curiosamente, nunca lo perturbó el hecho de que Raúl Castro comenzara a introducir reformas económicas inversas al modelo que Chávez imponía a su país. Y nunca vio que los caprichos de su política económica (y la corrupción asociada a ella) minarían directamente la justicia social que se proponía instituir.

El petróleo no llegó a 250 dólares el barril sino que bajó de 50. Ahora abastecerse de alimentos es la principal angustia del venezolano. La escasez de comida, medicinas y equipo médico es alarmante. Las colas en los supermercados son largas y tortuosas. El Ejército apresa a quien se atreve a sustraer un pollo. El Gobierno insiste en que se trata de una “guerra económica de la derecha”, por tanto mantiene firme su política de control cambiario que propicia el mercado negro, donde una nueva casta de vendedores ambulantes (con información privilegiada) compran productos regulados a precios insignificantes y los revenden a capricho.

Por su “verdadera democracia”, por la crisis económica de sus servicios sociales, por la estatización de su economía y su mercado negro, Venezuela se parece cada vez más a Cuba. Con una diferencia mayor: Nicolás Maduro no tiene una Venezuela alternativa a quien pedir un subsidio.

Hace unas semanas, tras su gira continental en busca de apoyos económicos, Maduro declaró: “Dios proveerá”. A lo cual “Dios” (por la pluma del genial humorista Laureano Márquez) en una carta pública dirigida a Mi pequeña y hermosa criatura, respondió diciéndole: “Yo ya proveí’: tierras fértiles, llanos ganaderos, selvas para cultivar cacao y café, ríos caudalosos y navegables, playas turísticas y mucho más:

En el subsuelo les puse las reservas petroleras más grandes del planeta. Tienen también, oro, aluminio, bauxita, diamantes. Como si lo anterior fuese poco, les acabo de enviar 15 años de la bonanza petrolera más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Multiplica, bebé: dos millones y medio de barriles diarios x 100 dólares x 30 días x 12 meses x 15 años”.

Al propio “Dios” omnisciente le parecía incomprensible que los chavistas hubiesen convertido a Venezuela en una ruina. Por eso rubricó su carta de modo terminante: “Lo siento, hijo, tengo que decirte que tu petición a las finanzas celestiales también ha fracasado”.

“El mar de la felicidad”, aquella imagen lírica de Chávez, suena más cruel confrontada con el atropello a los derechos humanos, el encarcelamiento bárbaro de Leopoldo López, el arbitrario arresto de Ledezma, el acoso a María Corina Machado, la polarización ideológica y la pesadumbre general de la vida en Venezuela. Pero están a la vista las elecciones parlamentarias. Ojalá la mayoría del bravo pueblo venezolano vea de frente el daño que el poder personal absoluto de Hugo Chávez y su obediente séquito ha hecho a su país. Ojalá comprenda el costo exorbitante del acuerdo con Cuba. Ojalá vote con tal claridad que el cambio comience a ser irreversible.

Pero la protesta ante los atropellos no puede esperar. Mario Vargas Llosa ha señalado la dolorosa condición histórica de Venezuela: el país que liberó a buena parte de la América hispana sufre ahora el abandono de sus “países hermanos”. Tiene razón. Mientras Maduro ahoga la libertad, la OEA duerme la siesta. Si no despierta ahora, no despertará jamás.

“Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios”

Publicado por Pedro F. Carmona Estanga 

Jueves, 12 de febrero de 2015 

Desde la distancia

Pedro Carmona Estanga: Mi sitio de reflexión desde la distancia, el tiempo y el exilio, sobre la realidad de Venezuela y otros tópicos de interés internacional.

Dedico estas reflexiones, a manera de íntimo desahogo desde la distancia, a la juventud venezolana en su día, fecha que marca además el primer aniversario de las jornadas de protesta de 2014, desencadenantes de otra expresión de brutal represión oficialista, causante de 43 muertos, cientos de heridos, miles de detenidos y torturados, de los cuales algunos permanecen aún privados de la libertad en condiciones violatorias de los más elementales derechos humanos. Es bueno recordar el célebre origen del Día de la Juventud que hoy se celebra, remontándonos al 12 de febrero de 1814, fecha en que se libró la memorable Batalla de La Victoria, crucial en la Guerra de la Independencia, cuando el General José Félix Ribas debió armar a unos mil estudiantes de colegios y seminarios de la ciudad, de Caracas y de poblados vecinos que no habían tocado un arma en su vida, contra el poderoso ejército de Boves. A esos adolescentes, Ribas los arengó con estas palabras:

“Soldados: Lo que tanto hemos deseado va a realizarse hoy: he ahí a Boves. Cinco veces mayor es el ejército que trae a combatirnos; pero aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la patria; mostradles vuestra omnipotencia. En esta jornada que será memorable, no podemos optar entre vencer o morir: ¡necesario es vencer! ¡Viva la República!”

Relata la historia que al caer la tarde, tras una feroz resistencia juvenil patriota y cuando la batalla no estaba aún decidida, recibieron refuerzos de 220 soldados de caballería a cargo de Vicente Campo Elías, con lo cual pudo romperse el cerco realista. Horas después, Morales y los suyos huían perseguidos por la caballería republicana, marcando el fracaso del intento realista de cortar las comunicaciones entre Caracas y Valencia. Bolívar concedió por ello a Ribas el título de “Vencedor de los Tiranos”. Hoy, los jóvenes venezolanos han asumido como suya la lucha contra la dictadura que oprime a la nación, defendiendo con gallardía un futuro que legítimamente les pertenece. El reciente triunfo opositor en las elecciones en la Universidad Central de Venezuela es una muestra más de que el régimen no logra doblegar a las universidades, aunque trata de asfixiarlas por la vía presupuestaria para quebrar su determinación de ser libres.

Trasladándonos de nuevo al duro presente, es triste constatar cómo Venezuela sigue avanzando de manera indetenible hacia el abismo, ante la perplejidad del mundo y el sufrimiento de sus ciudadanos. Valga al respecto comentar que tras una pasada entrega en este Blog que titulé “La destrucción de Venezuela: hazaña histórica”, un detractor envió un comentario atribuyendo dicha situación a los errores del 11 de abril de 2002, por haber dispuesto la disolución de los poderes, y no llamar a elecciones. A él, y a quienes compartan esa visión, les invito a releer en este Blog el ya agotado libro “Mi Testimonio ante la Historia”, así como dos artículos, uno titulado “Reflexiones a nueve años del 11 de abril de 2002”, y otro: “Diez años después”, en los cuales traté de responder a dudas sobre esos complejos momentos, reafirmando que el propósito único de la provisionalidad era llamar al pueblo, depositario del poder constituyente originario, a elecciones limpias para relegitimar los poderes públicos, mediante comicios parlamentarios en 90 días, y presidenciales en 180 días, bajo la supervisión de la OEA, y sin que yo pudiese aspirar a cargos de elección popular. Tampoco hay que olvidar que el Decreto inicial en 2012 fue rectificado el 13A para entregar en manos de la Asamblea Nacional el destino de la provisionalidad. Pero la división militar, las pugnas por el mando, el error de quienes rechazaron la posible salida de Chávez al exterior considerando que debía ser juzgado, o de aquéllos que se rasgaron las vestiduras en defensa de una legalidad inexistente, además de errores u omisiones propios de un “tsunami” político, condujeron a mi renuncia a la encomienda recibida y al retorno de Chávez al poder, de la mano de oficiales leales como Raúl Baduel, hoy maltratado, como también su hijo, bajo la férreas manos del régimen.

Así, en abril de 2002, tras la crisis y la renuncia de Chávez, se intentó mediante el llamado a comicios transparentes, evitar el afianzamiento de un modelo absolutista inspirado en ideologías foráneas, ya evidenciado mediante la conculcación de la independencia de las otras ramas del Poder Público, la demolición del sistema republicano de gobierno, la entrega progresiva de soberanía a la dictadura cubana, y el costoso afán de exportar la revolución a la región, con los recursos de todos los venezolanos. Desde entonces era nítida la alianza con el Foro de Sao Paulo y otros movimientos de la extrema izquierda mundial, así como el plan de destrucción del aparato productivo privado, inaugurado con los 48 Decretos-Leyes dictados en noviembre de 2001, primera etapa de la implantación de un Estado absolutista, dueño y señor de la vida de los venezolanos. De aquéllos polvos vinieron estos lodos, dice la sabia conseja.

Los resultados son harto conocidos nacional e internacionalmente, pues se ha reemplazado el Estado de Derecho por el pensamiento único, un sistema inconstitucional que eliminó la alternabilidad democrática, criminaliza a la disidencia, implantó la hegemonía informativa del Estado para generar un “blackout”, y ha regalado inconmensurables recursos a otras naciones a cambio de un apoyo cómplice al régimen, amén de la abyecta sumisión al Ejecutivo de los demás poderes, como lo demuestra el hecho de que las Altas Cortes en 16 años de régimen chavista, jamás han fallado en contra del gobierno.

El fracaso del gobierno de Maduro no debe conducir a que se oculte la realidad de que la destrucción de la nación fue obra de Chávez entre 1999 y 2012. Pero Maduro, impreparado y obcecado con el castrocomunismo al cual se debe, sin conocimiento de economía o gerencia, ha profundizado la crisis a un nivel extremo, hasta el punto de que luce inconcebible que ello sea el resultado de simple torpeza, sino de un siniestro plan de pauperización de la nación para someterla, justificándolo en fantasmagóricas conspiraciones y enemigos externos, para implantar el poder omnímodo, represivo, corrupto e ineficiente del Estado.

Los últimos meses han llevado al país al delirio: jamás los venezolanos imaginaron niveles tales de inseguridad, penurias y ruina económica. Es triste constatar que los bonos venezolanos son ya calificados como “bonos basura” (CCC), en tanto que la revista The Economist afirma que Venezuela muestra la peor conducción económica del planeta. Por algo el ex Presidente Andrés Pastrana tras su digna visita a Venezuela, declaró que el país se encuentra al borde de una tragedia humanitaria. Lo más grave es que no existe disposición alguna del oficialismo de rectificar para enfrentar la crisis y la anomia prevalecientes, mientras se profundiza la hipoteca ante China, y se adoptan decisiones cambiarias o económicas de alcance limitado o erróneo.

La impopularidad del régimen alcanzó niveles históricos, pero se amenaza con armas letales a quienes osen manifestar, se persigue a las empresas privadas remanentes, se siembra el terror, se tortura a los presos políticos y criminaliza a la disidencia, se aísla a la nación con poquísimas comunicaciones aéreas, escasean las divisas, y se intenta negar la crisis y ocultar las colas, pesadilla de los venezolanos, pues en lugar de dedicar su tiempo al trabajo productivo, deben emplearlo en humillantes colas para obtener lo indispensable.

De otra parte, siguen aflorando denuncias de corrupción que involucran a personeros del régimen hasta en carteles de narcotráfico, forma además de respaldo financiero indirecto a las FARC. Surgen además nuevos testigos sobre el presunto engaño al mundo con la fecha de fallecimiento de Chávez, la cual al decir del Capitán Salazar ocurrió el 30 de diciembre de 2012, y no en marzo de 2013, conduciendo a fraudes, falsificación de firmas y designaciones ilegítimas como la de Jaua como Canciller, y la sucesión misma de Chávez.

Los caminos están ahora envueltos en una espesa bruma e incertidumbre. Ante la solicitud de auxilio del régimen a Unasur y a la CELAC, la comunidad internacional debe alzarse por encima de conveniencias ideológicas o económicas, para denunciar la peor crisis de Venezuela desde su existencia como nación independiente, como lo han hecho ilustres ex Presidentes como Pastrana, Piñera, Calderón, Arias, Toledo, Lagos, Quiroga y Hurtado.   

Solidaridad con Venezuela, con sus presos políticos, y rechazo a la dictadura. Honor en fin a los jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud, por sus ideales de lucha, junto a un llamado a la unidad opositora. Por encima de intereses o visiones particulares o grupales, están la libertad y los valores e intereses indeclinables de la sociedad venezolana. Que Dios ilumine a la nueva generación de venezolanos que, de la mano de las mayorías nacionales, tiene ante sí el reto devolver la libertad a Venezuela, emulando ese 14 de abril de 1814.  

Los gobiernos latinoamericanos acaban de cometer un suicidio político al suscribir la declaración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe realizada en La Habana durante el 28 y 29 de enero último. En el primer punto de este documento, renuncian a la defensa de la democracia y la condena del totalitarismo al señalar: “Reiteramos que la unidad y la integración de nuestra región debe construirse gradualmente, con flexibilidad, con respeto al pluralismo, a la diversidad y al derecho soberano de cada uno de nuestros pueblos para escoger su forma de organización política y económica”.

Solo faltaron los cencerros para la comparsa latinoamericana dirigida por Cuba

De esta forma, se avala al régimen autoritario con que los  hermanos Castro oprimen al pueblo cubano y, las maniobras abiertamente antidemocráticas que emplean los gobiernos chavistas de la región.

Esta flagrante abdicación fue expresada más claramente aún en la Proclama que declara a América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”. En el acápite cinco irresponsablemente se señala: “El compromiso de los Estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones”.

Los pueblos de América Latina quedan expuestos a cualquier intentona que cercene las libertades no solo políticas sino también económicas. No se entiende como los presidentes democráticos han sido sometidos por caudillos como los hermanos Castro o el presidente venezolano Nicolás Maduro, que son responsables de llevar a sus países al desastre económico, amén de impedir que los ciudadanos ejerzan su voluntad abiertamente.

Con esta declaración el CELAC se quita la careta y se evidencia que la exclusión de EEUU y Canadá era para facilitar una manipulación del compadrazgo latinoamericano en favor de la oprobiosa dictadura cubana y de los arrestos antidemocráticos que promueven los países del Alba.

El respaldo al régimen cubano es inentendible, si se toma en cuenta que todas las naciones del continente se adhirieron a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Este documento clave que es mandatorio y firme en la defensa de los principios democráticos, se define con claridad la obligación de los gobiernos a defender este tipo de régimen: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

Para que no quede dudas, en el artículo dos se define como se entiende el ejercicio democrático: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

Dado que los gobiernos latinoamericanos, al suscribir el acuerdo del CELAC, han traicionado estos principios, a los demócratas del continente nos asiste la obligación de exigir el retiro denuestros países de esta organización que atenta contra las libertades ciudadanas, debilita la democracia en la región y apoya abiertamente a las dictaduras.  Lampadia