Alejandro Deustua
30 de enero de 2023
Para Lampadia

La pérdida de voluntad del gobierno de transición para cumplir sus obligaciones y la subsistente ideologización de los pronunciamientos de la OEA sobre la crisis peruana se han complementado para reclamar elecciones nuevamente adelantadas sin considerar si existen las condiciones para ello.

En el primer caso, la Sra. Boluarte, en franco proceso de rendición, ha reclamado al Congreso la precipitación para este año de comicios electorales que ya habían sido adelantados en primera instancia, para el 2014. Con anterioridad, la presidente se presentó protocolar, pero deslucidamente, ante el Consejo Permanente de la OEA para comprometer ese adelanto con ánimo contrito y sin reclamar en esa entidad por la injerencia en asuntos peruanos de algunos de sus miembros más escandalosamente adeptos a la deformación de la verdad.

Omitiendo en la cuantificación de daños toda referencia a las graves consecuencias de seguridad del golpe de Estado ocurrido el Perú, la presidente confirmó, sin fecha, el adelanto de elecciones. Ninguna apelación al Estado de Derecho antecedió a su compromiso democrático (como tampoco hubo explicación sobre la participación en ese ritual del embajador peruano que, durante el gobierno anterior, manufacturó el derrotero externo del nefasto Castillo).

Como consecuencia, y también sin alusión alguna a la crisis subversiva que vive el país, el Consejo Permanente de la OEA realizó un “firme llamado” a la convocatoria electoral en el Perú sin considerar al respecto las más elementales condiciones de viabilidad, orden y seguridad que debieran rodearla.

Adoptado en el marco de un escenario extraordinariamente informal, sin liderazgos políticos claros, ni partidos sólidos, ni disposición colectiva a confrontar a la insurrección criminal, ese compromiso devolverá al Perú a la sede de la OEA más temprano que tarde si un resultado de ingobernabilidad, como es probable, vuelve a instalarse en el país.

Para evitar, en alguna medida, que ello ocurra se requiere que el próximo gobierno genere la más amplia convocatoria, evidencie un compromiso real con el progreso social, con la aplicación de la ley y que, salvo lo que reclame la prudencia y las normas, revierta la inoperancia actual en el uso sensato de las atribuciones coercitivas del Estado.

El incumplimiento de esos requerimientos puede llevar al Perú a la fragmentación. Pero no a la que hoy se define como tendencia anti global que prospera en el mundo, sino a la que conduce a la quiebra nacional con el concurso de transnacionalizados agentes sociales, y a mayor fragmentación regional.

De proseguir ese curso que hoy se evidencia en el área, el fracaso de los grupos de integración convencionales y la contenciosa hegemonía de agrupaciones internacionales de poder populista contribuirán a la destrucción de los muy precarios mecanismos de cooperación y balance en la región, diluyendo los principios del sistema interamericano y el mínimo orden existente.

Si ello ocurre, quizás Suramérica retome, por las razones equivocadas, el interés geopolítico del que hoy carece en la percepción de potencias mayores cuyos líderes, en no poca medida, siguen encantados por el mito del buen salvaje latinoamericano tan bien representado hoy por los herederos del realismo mágico de las sabanas y el altiplano. 

Está en manos de la gran mayoría de los peruanos que ello no suceda. Para ello deberán plantear a la OEA la exigencia de condiciones de orden y seguridad como requisito para convocar a elecciones, llamar al orden a los injerencistas de manera más seria y reconstituir nosotros el Estado de Derecho que garantiza la sobrevivencia de la comunidad nacional. Lampadia

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 3 de Diciembre del 2022

“Para que el llamado al diálogo tuviera eco, el informe [de la OEA] debió enfocar mejor las causas de la crisis”.

El informe preliminar del Grupo de Alto Nivel de la OEA no llega al extremo de declarar que en el Perú la fiscalía, el Congreso y la prensa se hallan embarcados en una “nueva modalidad de golpe de Estado”, que fue el argumento con el que el Gobierno convenció al Consejo Permanente de la OEA de designar este grupo de intervención, pero sí comunica el mensaje de que las instituciones actúan no en cumplimiento de su deber de investigar y fiscalizar, sino dominadas por un espíritu de aguda confrontación que impide la gobernabilidad y la ejecución de las políticas.

Es decir, lo que tenemos aquí no son denuncias de corrupción –palabra inexistente– que incluyen al presidente, a su entorno y a varios de sus ministros y funcionarios, ni pésimos nombramientos que destruyen la institucionalidad estatal, sino una “polarización” entre poderes del Estado. El informe no ve en las actuaciones de la fiscalía, el Congreso y la prensa, el cumplimiento del papel que les corresponde, sino una “guerra civil entre instituciones públicas”, según versión de uno de los entrevistados.

Las causas de tal enfrentamiento político no tendrían que ver con la necesidad de investigar y denunciar actos impropios o delictivos, sino con una “desconfianza recíproca”, inexplicada; o con racismo y discriminación. Es decir, con rasgos culturales o sociológicos. Lo que tendríamos acá, se desprende, es una cultura de la desconfianza y la confrontación sustentada en el racismo a la que hay que domeñar propiciando un diálogo constructivo. No hay en el informe corrupción ni grave deterioro de la tecnocracia, sino polarización originada en factores culturales.

El informe recoge variadas acusaciones mutuas de modo que la responsabilidad se diluye entre todos. Déjense de pelear y siéntense a dialogar, es el resumen. Es como si, luego de un robo, recogemos la versión del ladrón y la del policía para concluir que hay una confrontación entre ambos y lo que tienen que hacer es sentarse a dialogar. Lo primero que debió recomendar la misión es que el presidente Castillo responda y aclare las imputaciones de corrupción que la fiscalía le hace, que es lo que corresponde en una democracia. Por el contrario, el informe recoge las versiones de que varios medios de prensa no son veraces, y hasta son desestabilizadores. Desconociendo el papel de la prensa en un sistema democrático.

El diálogo recomendado sería bienvenido si sirviera para que el presidente Castillo acepte nombrar un gabinete serio y empoderado capaz de empezar a recomponer el daño efectuado y crear las condiciones para la reactivación económica. Pero nombró nada menos que a Betssy Chávez. O si sirviera para sentarse a negociar la salida del Gobierno y el adelanto de elecciones, como en el 2001. Castillo tendría que dar la señal.

Para que el llamado al diálogo tuviera eco, el informe debió enfocar mejor las causas de la crisis, en lugar de trasuntar un discurso similar al del Gobierno: aquí hay una oposición racista que no deja gobernar y quiere sacar al presidente solo porque es un hombre del pueblo. El punto 4 se titula: “Uso excesivo de herramientas de control político”, como si no supiéramos que de los cerca de 80 ministros cesados solo cinco fueron censurados. Mas bien el Congreso está en déficit en ese tema (y en otros), y es una de las razones de su alta desaprobación. Pero la razón principal es esta narrativa convalidada ahora por la OEA.

El informe incluso recoge la versión de que hay una “crisis social” agravada por la renuencia del Congreso a aprobar leyes para atenderla. Cuando todos sabemos cuáles son las causas de la absoluta inoperancia de la gestión pública.

Más que un informe, es un operativo político exitoso del Gobierno.

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 22 de Noviembre del 2022

“Está claro que el oficialismo lo que ha buscado es lavarse la cara, arrinconar a la oposición”.

Arribó la delegación de la OEA a Lima y, como correspondía, se está reuniendo con perro, pericote y gato. La gestión para que esta visita se realice fue fruto de las maquinaciones de Manuel Rodríguez Cuadros, nuestro intrigante representante en la ONU –aunque dicen que pronto se cambia a Montevideo– al que se considera el verdadero mandamás actual de Torre Tagle, y de Harold Forsyth, el mayordomo inglés (su “James”) de Castillo en la OEA y gran amigo de Almagro, el camaleónico titular de este ente.

Visto esto, está claro que el oficialismo lo que ha buscado es lavarse la cara, arrinconar a la oposición y ganar tiempo. ¿Le resultará esta estrategia? Por una parte, se sabe que los diplomáticos latinoamericanos suelen ser muy tibios con los regímenes de izquierda, que a la OEA no le gusta pelearse con nadie y que a este gobierno demócrata estadounidense no le incomoda especialmente Castillo (a los Dems siempre LatAm les ha interesado un comino, salvo México y Brasil). Además, los izquierdistas representantes argentino y colombiano que integran la delegación se la van a jugar por entero por Castillo, mientras que su par ecuatoriano jamás se va a pelear a fondo con el gobierno de un país limítrofe por razones obvias.

Los restantes delegados provienen de países más chicos (Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Belice) y que no tienen mucho peso propio para confrontar al gobierno peruano. Así que no esperen grandes cosas de esta visita, aunque le prueben que Castillo encabeza una red de corrupción y que no hay golpismo contra él. Lo más probable es que presenten al final algún documento ambiguo y simplemente insten a unas “mesas de diálogo”. Tampoco les veo ninguneando mucho a la oposición, porque las evidencias contra Castillo son clamorosas. Seguramente sentenciarán que “Perú vive en una democracia, “mostrarán su preocupación”, “llamarán al diálogo” y se llevarán gratos recuerdos del pisco sour y nuestra gastronomía. Y nadie quedará contento con ellos en Lima.

Eduardo Ponce Vivanco
Embajador ®, ex Vice Canciller de la República
Para Lampadia

Con su habitual torpeza, el Presidente Castillo dirigió una carta al Consejo Permanente de la OEA inventando una maligna conspiración interna que vulnera la institucionalidad democrática en el Perú y, por tanto, solicitaba la aplicación de las normas que la “Carta Interamericana de Derechos Humanos” (CID) dedica al “Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”. Es decir, los artículos del 17 al 22, que establecen medidas de corte punitivo contra el Estado infractor.

El gobierno no tuvo el tino de considerar que las convenciones o tratados internacionales constituyen un conjunto normativo integral y que los Estados Signatarios no tienen el derecho de escoger los artículos que mejor se acomodan a sus problemas e ignorar los que son contrarios a sus intereses.

Lamentablemente, el Presidente y el Premier no han leído siquiera el primer capítulo de la CID (“La democracia y el sistema interamericano”) cuyos artículos tercero y cuarto caracterizan ese sistema de gobierno.

Es suficiente citar el artículo 4 para comprobar que la conducta del gobierno de Perú Libre no lo califica para invocar esa convención interamericana:

“Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.”

• No hay transparencia alguna en las “actividades gubernamentales”.
• La denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra el Presidente de la República sustenta los 190 elementos de convicción que lo incriminan y demuestran su total ausencia de “probidad”.
• No existe siquiera el concepto de “gestión” y suena a broma hablar de responsabilidad del gobierno en su disparatada “gestión pública”.
• La desastrosa acción gubernamental constituye una verdadera falta de respeto por los “derechos sociales” de los peruanos.
• Los constantes ataques e insultos a la prensa del mandatario y el premier Torres evidencian una absoluta falta de “respeto” a la libertad de expresión.
• Lo mismo ocurre con las condenables manifestaciones misóginas del Primer Ministro que ofenden a todas las mujeres peruanas.
• No hay “subordinación constitucional” del Presidente a una autoridad autónoma y legalmente constituida como es la Fiscalía de la Nación.
• No existe un auténtico respeto al “Estado de Derecho”.

Si este conjunto de vulneraciones al Artículo 4 de la CID es tan evidente, el gobierno no está en condiciones de invocar ninguna de las normas del capítulo “Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” que le han permitido solicitar la intervención de la OEA. Es legítimo entonces exigir que la misión que ese organismo interamericano ha enviado al Perú comience por analizar rigurosamente si la conducta del actual régimen es compatible con el Artículo 4 de la CID, marco convencional que autoriza su presencia en nuestro país. Lampadia

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 29 de Octubre del 2022

“El país tiene que sublevarse contra la corrupción institucionalizada. Y lo primero es rechazar una misión foránea que viene, en el fondo, a minimizarla o a relativizarla”.

Profundamente desalentadora la falta de rebeldía moral de la sociedad civil y empresarial peruana frente a la decisión de la OEA de intervenir en el Perú en “solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática”, luego de que el presidente Castillo enviara una carta acusando a la fiscalía y al Congreso de buscar “la ruptura de la institucionalidad democrática” dentro de “una nueva modalidad de golpe de Estado”.

Solo la Cámara de Comercio de Lima se pronunció, señalando que “el uso de los mecanismos constitucionales para controlar el mal uso del poder, investigar y sancionar los delitos supuestamente cometidos por el presidente y su entorno cercano, no pueden ser considerados como un golpe de Estado”, lamentando “que el presidente Pedro Castillo Terrones siga sin dar explicaciones de sus actos […] y haya preferido denunciar un inexistente complot contra la democracia para solicitar la intervención de la OEA en nuestro país”. Asimismo, subraya que “no corresponde activar la Carta Democrática Interamericana”.

Felicitaciones a la CCL. Me es muy difícil entender las razones por las que los gremios empresariales, los colegios profesionales, las universidades e instituciones supuestamente vigilantes de la transparencia y la ética pública, han callado ante un operativo cuyo propósito es explícitamente reducir las denuncias de corrupción a un complot antidemocrático. El resultado podría terminar siendo no solo el debilitamiento de la fiscalía –que ya sufre ataques de toda estofa y calaña– y la anulación de las investigaciones en la PNP –que ya han sufrido un recorte del 27% en su presupuesto–, sino la normalización y profundización de la corrupción y la incompetencia en el gobierno, que están destruyendo el tejido moral y económico del país.

Si no se reacciona frente a la arbitrariedad, se deja que todo avance hasta que ya es demasiado tarde. Solo para citar dos casos recientes: la sociedad civil no reaccionó frente a las graves denuncias de malos nombramientos y corrupción en Petro-Perú y no se aprovechó para señalar cómo esos hechos le daban la razón a la Constitución del 93, al principio del Estado subsidiario, que Fujimori fue el primero en violar al interrumpir la privatización de esa empresa, dejándole la refinería de Talara y el oleoducto para que se convirtiera en el botín saqueado que es ahora y que todos debemos solventar con nuestros impuestos en lugar de recibir los beneficios que hubiésemos recibido si la empresa fuera privada.

En otro terreno, el Gobierno conformó recientemente una comisión multisectorial para revisar la composición del consejo directivo de Servir, la elección de su titular (es decir, para ver la manera de remover a la actual presidente ejecutiva, que por ley es nombrada por cuatro años), ver si sus funciones deben permanecer en Servir o ser repartidas a otros ministerios. Es decir, para descabezar y descuartizar Servir. ¿Por qué? Simplemente porque esa entidad, en cumplimiento de la ley 31419, aprobada por este Congreso, había dispuesto la desvinculación de 220 altos funcionarios nombrados por este gobierno que no cumplían con los requisitos de idoneidad, cortando los planes de pillaje puestos en marcha.

Hay que defender a Servir. Es el último baluarte de defensa de la meritocracia que queda. El Congreso debería crear un capítulo anticorrupción en la Carta Magna que le dé autonomía constitucional, consagre la meritocracia, la transparencia, la simplificación administrativa y la obligatoriedad de los análisis de impacto regulatorio de las normas que se aprueban.

Hay corrupción también porque la formalidad es inaccesible y los funcionarios aprovechan para cobrar por operar. El Congreso debe reformar profundamente la formalidad.

El país tiene que sublevarse contra la corrupción institucionalizada. Y lo primero es rechazar una misión foránea que viene, en el fondo, a minimizarla o a relativizarla.

Uri Landman
Para Lampadia 

La OEA, como se le conoce a la Organización de Estados Americanos, se remonta según algunos historiadores, al congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar en 1826. Sin embargo, recién en 1889 los Estados americanos decidieron reunirse de manera periódica y comenzar a forjar un sistema común de normas e instituciones.

Las primeras reuniones que llevaron los estados americanos, fueron a invitación de los Estados Unidos de Norteamérica entre los años 1889 y 1890, con el objeto de discutir y establecer comisiones de arbitraje para cuestiones comerciales, para fomentar prácticas comerciales recíprocas que sean provechosas y asegurar mercados más amplios para los países.

Luego de una serie de reuniones a lo largo de los años, la novena Conferencia Internacional Americana, que reunió a 21 Estados en Bogotá, Colombia, en 1948, adoptó la Carta de la Organización de Estados Americanos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Este organismo, presidido en la actualidad por su secretario general, el izquierdista Luis Almagro, expresó hace unos días su apoyo al gobierno de Castillo y decidió enviar una misión después que éste último así lo solicitara.

En una carta enviada a la OEA, Castillo pidió activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana ante lo que califica como un intento golpista que quebranta el orden constitucional y democrático. ¿A qué se refiere Castillo? ¿Acaso las fuerzas armadas han tratado de dar un golpe de estado? ¿Hubo algún intento de tomar palacio?

Por supuesto que no. Castillo se refiere a la acusación constitucional que presentó la Fiscal de la Nación contra él ante del Congreso, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. A estas alturas de la historia ya todos conocemos con lujo de detalles la mafia de delincuentes que ha tomado el gobierno desde el primer día, con Castillo como presunto líder de dicha organización criminal. Aquel que no quiere aceptar la realidad, lo hace por su necedad ideológica y no por falta de pruebas, las cuales abundan. No voy a enumerar todos los casos de corrupción en los que se ha vuelto involucrado Castillo, su esposa, su cuñada, sus sobrinos, secretarios de palacio, asesores presidenciales, ministros, amigotes y una larguísima serie de personas, muchas de ellas en prisión y otras al margen de la ley.

Lo cierto es que nadie en su sano juicio puede negar el universo de pruebas en contra de Castillo por presuntos actos de corrupción, que por lo menos justifiquen las investigaciones y denuncias en su contra.

Los burócratas que dirigen la OEA solo recuerdan o prestan atención a los casos con los cuales se sienten identificados ideológicamente. Por ello decidieron rápidamente hacer eco al pedido de Castillo, emitiendo una solución en la cual expresaban su respaldo al gobierno peruano y decidieron enviar una misión “para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación”.

Dicha comisión ya ha sido nombrada y está integrada por los cancilleres de Argentina, Ecuador, Belice, Guatemala y Paraguay.  

Según el ministro lustra botas de Castillo, Salas, la expectativa de esta visita es que se garantice la democracia en el país. Según él, debemos dejar que el gobierno avance porque hay muchos problemas que solucionar. En esa línea, estamos seguros que la misión de la OEA, tomará nota de la reciente designación de Kelly Portalatino como la nueva ministra de salud (Castillo ha nombrado más de 75 ministros en año y medio). La hoja de vida de la doctora Portalatino con sus maestrías y doctorados en gestión pública, o su premio Nobel en Medicina son una garantía que el gobierno nombra a personas idóneas en puestos claves del estado para poder solucionar los problemas del país.

Para los que dicen que la misión de la OEA tendrá que reunirse y consultar con todos los actores políticos del país, tanto del gobierno como de la oposición, para emitir un informe acorde a la realidad, desde ya les digo que no tengan muchas esperanzas al respecto. La OEA ha mostrado una clara inclinación en muchas de sus intervenciones en el pasado, sino preguntémosles a los venezolanos que viven en el Perú.

Lo que no puede suceder, es que nos desviemos del camino a seguir. A pesar de la contundencia en los argumentos que contiene la denuncia constitucional contra Castillo, este es un proceso muy largo, por lo que nuestros esfuerzos deben concentrarse en la vacancia presidencial por incapacidad moral. A la fecha solamente sesenta congresistas han firmado la moción de vacancia. Ello aseguraría que dicha moción pueda ser debatida en el pleno, pues se necesitan cincuenta y dos votos, sin embargo, todavía están lejos de obtener los ochenta y siete votos requeridos para vacar al presidente. Es totalmente inaceptable que haya todavía congresistas que se dicen de “oposición” y que no hayan firmado la moción de vacancia.

Tenemos que hacer saber al país quienes son los congresistas que no apoyan la vacancia. Los principales periódicos y medios televisivos deben mostrar todos los días los nombres de aquellos congresistas que no apoyan la vacancia. No se trata de amenazar ni intimidar a nadie. Si un congresista no quiere apoyar la vacancia por un tema de convicción ideológica o conveniencia personal que no la apoye, pero nosotros los ciudadanos tenemos el derecho a saber quiénes están en contra de la corrupción y quienes la apañan. Aquí no hay medias tintas.

Como dijo el diputado argentino Javier Milei: “esto no es para tibios”. Ha llegado la hora de tomar una postura clara para que la historia juzgue nuestros votos y acciones. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Los logros de Luis Almagro, Secretario General de la OEA y del sistema interamericano son notorios:

• Cuba sigue siendo una dictadura comunista sin libertades, donde el disenso se paga con la cárcel, la miseria se relata como resistencia y la falta de energía se esconde detrás del “bloqueo imperialista”.
• Venezuela, la que fuera la economía más próspera de la Región y la democracia más larga, sigue sangrando por la herida mortal que le infringió Chavez, de la cual brotan a borbotones, millones de venezolanos que van por toda A.L. en busca de pan, libertad y futuro.
• Bolivia no es el país exótico y multirracial que nos relatan, es una cárcel misógina, donde la valentía y el sentido del deber de una mujer como Jeanine Añez es sancionada con la injusta prisión y donde a falta de Evo hay un Arce que ahora reprime las protestas y prolonga el autoritarismo.
• Nicaragua se convirtió en una dictadura estalinista donde los opositores se desaparecen o encarcelan, donde las iglesias se saquean, los curas se persiguen ( con el silencio del Papa) y donde el cinismo socialista ya no tiene rubores.

Podemos seguir mostrando los logros del señor Almagro, reelegido secretario general de la OEA, en otros países como Argentina, Ecuador, Chile o Perú. Sin embargo, tal vez lo más importante sea entender por qué es tan exitoso en haber permitido el avance del autoritarismo socialista en nuestra Región, pese a sus declaraciones altisonantes contra el fraude electoral de Evo Morales en el 2019, sus aparentes condenas a las violaciones a los derechos humanos en Cuba o Venezuela y sus enfrentamientos verbales con Ortega, Maduro y hasta López Obrador.

Para algunos podría ser que es un “controvertido camaleón político” (Antonia Laborde. El País 21.02.22) que pudo pasar de la centro derecha a la izquierda en Uruguay, que llegó a la OEA elogiando a Chavez, que felicitaba a Ortega y que engañó a Washington con una retórica de condenas verbales a Bolivia, Venezuela y Cuba.

Para otros no sería otra cosa que la perversión de la diplomacia donde, a fin de vivir en Washington, tomar cafés en Georgetown, almorzar y visitar regularmente los Smithsonians  y pasar fines de semana en Nueva York, todo vale y se puede adular y condenar, felicitar y denunciar a las mismas personas, con igual facilidad y casi en el mismo tiempo.

Para otros en cambio, el verdadero Almagro no sería el que enfrenta a Evo cuando hace fraude, sino el que socapa la detención arbitraria de Jeanine Añez, tampoco el que cuestiona a Diaz Canel sino el que busca el resquicio para que Cuba vuelva a la OEA, menos el que condena a Maduro sino el que no expulsa a Venezuela del sistema interamericano y dice que por “razones administrativas” Venezuela sigue en la OEA.

El verdadero Almagro sería el que avaló la llegada de Maduro el 2013, el que piensa que “nadie puede desconocer el verdadero papel de estadista que tuvo el presidente Hugo Chavez” (Telesur 2013), el que legitimó las elecciones de 2016 en Nicaragua y acudió a felicitar el legítimo triunfo electoral de Ortega en ese momento.

Ese Almagro se acerca más a sus logros que su encendida retórica que nos engañó a muchos, haciéndonos creer que la OEA enfrentaría el autoritarismo socialista. Que hoy día abra el sistema interamericano para socapar los delitos de los que la Fiscalía acusa a Pedro Castillo en el Perú es solo una vuelta más de la tuerca y una misión que parece estar cumpliendo a cabalidad.

Tal vez la OEA debiera dejar Washington e instalarse en Managua, La Paz, Caracas o La Habana.  Tal vez allí esta organización y quienes la dirigen entenderían cuales son las verdaderas heridas de América Latina y el deplorable papel que están jugando en contra de la democracia, la libertad y los derechos humanos en nuestra Región. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21. 21 de Octubre del 2022

“Una pena que la caviarada haya logrado sabotear con éxito el proceso de elección de un nuevo Defensor”.

-Como les adelanté ayer, el partido en la OEA hace rato que estaba jugado y perdido, con un árbitro sesgado como el otrora izquierdista, luego trumpista y ahora bidenista Almagro, amigote de Forsyth desde China. Desde el saque, Almagro y el relator CIDH Ralón pintaron todo a favor de Castillo. Mención aparte merece el representante Carlos Raimundi de Argentina, que más parecía un militante de Perú Libre que un diplomático: un mequetrefe que hasta metió la demagogia racial en su panegírico a Castillo. Y no seamos ingenuos: a la actual diplomacia yanqui de los demócratas Biden y Blinken no le molesta Castillo. Por esos varios paisitos que no son rojimios pero sí incondicionales a Washington –tipo Guatemala o Costa Rica– ayer apoyaron a Castillo. Y qué mal el Ecuador de Lasso, otro más de la típica derechita cobarde. ¿Y existen seres más patéticos y abyectos que el lacayo eterno Harold Forsyth y ese pobre hombre llamado César Landa, quienes han asumido el rol de lavanderas internacionales del corrupto de Castilla? No sé porque veía a Landa y a Forsyth y la vieja película “Deep Throat” se me venía constantemente a la mente…

-Una pena que la caviarada haya logrado sabotear con éxito el proceso de elección de un nuevo Defensor del Pueblo. Por el momento, han conseguido que la caviaraza y figuretti defensora provisional Revollar siga al mando. Se había conseguido extirpar a la caviarada del TC y del MP, y todo apuntaba a que, tras muchas peripecias (salida de la impulsora del proceso Maricarmen Alva de la presidencia del Congreso y su reemplazo por el pasivo e inexperto Williams, un amparo metido por el sindicato caviarazo de la DP en pared con un juez constitucional de esa tendencia, campañitas de La República), un moderado alejado de la caviarada como García Toma fuese elegido. Pero García Toma se acobardó y retiró su candidatura, no quedándole al Congreso más remedio que volver a fojas cero, pues elegir al otro candidato Soto Vallenas era entregarle la DP a los caviares.

Luis Almagro, Canciller de Uruguay

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Acabamos de ser testigos del primer viaje oficial del Sr. Castillo (PC) a México, para participar en la CELAC y a USA, para tomar parte en una reunión de la OEA y otra de la ONU. Esto, en condiciones normales, es una oportunidad brillante para que un nuevo gobernante tome contacto con los mandatarios, inversionistas y empresarios del mundo, con la finalidad de establecer vínculos que nos ayuden a acelerar nuestro desarrollo y atraer inversiones. Poder convocar a empresarios con los que podamos aprovechar oportunidades de beneficio mutuo, que traigan al Perú, los capitales requeridos para sus proyectos y los conocimientos científicos y tecnológicos que hacen falta para nuestro más pronto desarrollo; mientras el Perú, los beneficiaría ofreciendo una posible relocalización de sus plantas, con ventajas competitivas para ambas partes. Por eso, creo que este viaje merece algunos comentarios de forma y de fondo.

En primer lugar, PC debe ser consciente que ha viajado en calidad de Presidente de la República del Perú y no en calidad de rondero de Chota, por lo que el disfraz de rondero, lo debió dejar guardado para los próximos carnavales. Debe aprender, que existen protocolos y normas de urbanidad que se deben respetar, especialmente en el ámbito diplomático internacional. Lo mismo ocurre en el ámbito empresarial.

PC debería pensar, que todos los peruanos tenemos sentido de orgullo de nuestra peruanidad y no es correcto que se presente a dar mensajes lastimeros, con ánimo de dar pena. Pobres y pobreza hay en todas las latitudes del mundo, incluyendo los países más desarrollados, pero; ni el ámbito de CELAC, ni el de la OEA, con la salvedad del discurso en la ONU, son los espacios para concentrar su mensaje en la miseria de algunos, sin aportar soluciones. En lugar de eso, debió plantear los planes y proyectos que su gobierno se compromete a desarrollar para mejorar nuestro país y a los que pudo perfectamente convocar voluntades, para realizarlos mejor y más rápido, bajo acuerdos comerciales y en un ambiente de relaciones maduras. Recordemos que el Perú, dejó hace varios años de ser un país de bajos ingresos, sujeto a la cooperación humanitaria internacional.

Entiendo que su trayectoria de profesor de escuela primaria, no lo haya preparado para esta tarea, pero el equipo de la cancillería debió asesorarlo mejor, informarle sobre el tipo de reuniones a las que asistiría, la temática que en ellos se abordaría, los posibles interlocutores, las posibles ventajas que una relación de complementariedad con sus interlocutores, podría significar.  El nivel económico relativo del Perú dentro de la comunidad internacional y su posible contraparte y, en base a ello, proponerle el enfoque de sus posibles mensajes, ayudándolo a estructurarlos de la forma más conveniente, para que, por ejemplo, no conteste a la periodista que le preguntó sobre las garantías ofrecidas por el presidente a los inversionistas, respondiendo PC sobre seguridad ciudadana en las calles… ¡Plop!

No es posible que se reúna con un grupo de empresarios e inversionistas y pretenda convocarlos a invertir en el Perú, diciendo que “hará sus mejores esfuerzos” por garantizar las inversiones, mientras en paralelo, todo su equipo en PL, está enfrascado en una campaña para convocar a una Asamblea Constituyente, elegida o designada de manera no democrática, con miras a escribir una nueva constitución y con criterios refundacionales del país. Está claro, que eso resulta el mensaje más opuesto a una convocatoria de inversiones. La comunidad internacional, no sólo no es boba, sino que está muy alerta a los mensajes hablados del presidente, a su lenguaje corporal y a las señales que el entorno directo del gobernante y su partido están dando, particularmente cuando estos, están condicionando el pago de “bonos” a los más pobres a la firma de planillones para un referéndum.

PC tiene que aprender que, en el mundo, pero en particular en la comunidad anglosajona, se deplora y castiga la mentira y el engaño.  En consecuencia, no es admisible que se presente ante esa comunidad internacional con un doble discurso. Si quisiera ser claro y transparente, tendría que ejercer liderazgo y decir que no habrá ninguna convocatoria a una Asamblea Constituyente y actuar en consecuencia, que no admitirá restricción alguna a la libertad de prensa, ni el hostigamiento a los periodistas. Lamentablemente, este malestar endémico para con la prensa, está en el ADN de los comunistas (marxistas-leninistas-mariateguistas y maoístas agrupados en el gobierno). Tampoco es gracioso, puesto que no está en una reunión de amigos del barrio, decir que tiene corruptos hasta para exportar, una grave ofensa a los peruanos. Dicho sea de paso, ya le salieron al encuentro diciéndole que, si ese es su plan, podría empezar con Cerrón, Bellido y Bermejo, entre otros.

Otro episodio lamentable fue que, en pleno viaje de PC, el Primer Ministro (PM) se atreva a invitar al canciller a alejarse del gabinete, acompañado de su vicecanciller, ante una supuesta discrepancia con la posición del gobierno peruano por la representatividad política del gobierno de Venezuela. Estos individuos no muestran ninguna coordinación ni coherencia en ninguno de los frentes que deben atender. Al menos, no en lo político, tampoco en lo económico, menos en las relaciones internacionales, y esto, ante los ojos de todos los países del mundo, desconociendo que es el Presidente de la República y no el PM, quien conduce las relaciones internacionales del país.

Para dar tan pobre espectáculo y no relacionarse como debió hacerlo, bien pudo ahorrarnos el viaje, dar su discurso por videoconferencia y evitarnos a todos los peruanos, la vergüenza de ver y dejar creer que PC, es una muestra representativa de la clase dirigente del Perú.

Ubíquese señor Castillo. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

Es una verdadera lástima que nuestro querido Perú, cumpla su bicentenario republicano viviendo una de las peores crisis de sus 200 años. No se si será la peor, pero de hecho es la más complicada por los múltiples eventos negativos que nos están impactando y por la extrema polarización de la población que esto ha suscitado.

¿Quién nos metió en este callejón que parece no tener salida?

¿Existe la posibilidad de encontrarla?

La polarización es de carácter temporal y ha sido causada por este accidentado y manoseado proceso electoral. Lamentablemente hay mucha gente cegada por diferentes motivos que está dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de satisfacer sus odios, sus frustraciones, sus miedos, sus penas y sus ilusiones. De esto se han aprovechado un puñado de malos peruanos, para llevar agua a sus molinos.

La población se ha dividido en dos polos. La mitad se ha unido al bando comunista y la otra al bando que defiende el statu quo.

El primer polo agrupa a los verdaderos comunistas, que en realidad sólo son 10.5%, según la primera vuelta. El resto (casi 40%) se ha unido a este bando por diferentes motivos, sin ser necesariamente de izquierda.

La mayoría de ellos han sido incitados y convencidos por estrategias basadas en la victimización, el odio, el racismo, las desigualdades, la pobreza y la nefasta actuación de la clase política en los últimos años. Además, los izquierdistas se han aprovechado malévolamente de la situación vulnerable en que se encuentran muchos peruanos, debido a la pandemia, la crisis económica y el desempleo.

También integran este grupo los agazapados, tibios y enmascarados caviares, que se acomodan como sabandijas y que son los grandes culpables de los odios y las divisiones entre peruanos.

Finalmente, un componente importante de este polo, son los recalcitrantes anti-fujimoristas, que han exacerbado su odio a niveles extremos, llegando incluso a preferir apoyar al comunismo. Este odio desmedido es un trabajo de martilleo constante por muchos años, ejecutado por los caviares y por la prensa irresponsable y vergonzosamente parcializada.

En resumen, la maquinaria de comunicaciones del foro de Sao Paulo, los acomodados caviares y la prensa contratada y parcializada, son los creadores directos de este polo. La izquierda en su conjunto nunca había superado el 30%. Hoy, gracias a este trabajo subterráneo, ha conseguido llegar al 50% y ha polarizado completamente a la población.

En el otro polo están los fujimoristas que en la primera vuelta sumaron cerca del 10%. A ellos se les han sumado, por necesidad, los demócratas de derecha y de centro de diferentes partidos, así como los demócratas sin partido y por supuesto, los anti-comunistas. Este polo ha tenido una baja muy importante: los demócratas anti-fujimoristas, que increíblemente han preferido pasarse al bando comunista, votar en blanco o no participar.

La polarización es clarísima y los ánimos están muy caldeados. Lo curioso es que los partidos que verdaderamente disputan esta elección son el comunismo y el fujimorismo y ambos solo llegan al 10%. Es decir, ninguno de los dos tiene la representatividad necesaria para ser finalistas de una segunda vuelta, ni mucho menos para gobernar el país.

Casi el 80% de la población, que no es ni comunista, ni fujimorista, se ha visto obligada a tomar partido por uno de los dos polos y defenderlo. Este escenario que era ideal para que un buen líder, apoyado decidida y firmemente por la población, presionara y consiguiera la anulación del proceso, cosa que no ha sido posible. Y no lo ha sido porque lamentablemente ya no existen líderes políticos de grueso calibre y capaces de dirigir una empresa de esta magnitud. Esa es una de nuestras grandes debilidades; carecemos de verdaderos líderes políticos.

A esta precariedad de partidos y candidatos sin representatividad, se suma el infame manejo irregular, dictatorial y anti-constitucional de las autoridades electorales, avaladas por un gobierno inepto, parcializado y sin representatividad. Todo pareciera indicar que se está siguiendo la consigna del líder comunista Josef Stalin: ¨No importa quien vota, sino quien cuenta los votos¨.

El Artículo 176 del Capítulo XIII de la constitución política del Perú dice de manera clara y contundente: ¨El Sistema Electoral (RENIEC, ONPE y JNE) tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa¨.

Por lo tanto, está muy claro que la función principal que debe cumplir la autoridad electoral es asegurar que el voto ciudadano sea respetado por encima de todo. Sin embargo, en los últimos días hemos sido testigos de todo lo contrario, cosa que es ilegal y está penado por la ley.

Lamentablemente existe una larga lista de hechos que nublan totalmente el proceso y que lo convierten en extremadamente dudoso, por decir lo menos. Irregularidades de todo tipo que son copia fiel de otros procesos viciados y manipulados para conseguir o mantener el poder en los países del foro de Sao Paulo.

El padrón electoral con errores de todo tipo y con un millón y medio mas de personas, si se compara con el utilizado para la vacunación pública. Muertos y menores de edad que no sólo votan, sino que son miembros de mesa. Firmas claramente falsificadas que no quieren ser verificadas por la autoridad, votos en blanco convertidos en votos a favor de solo uno de los candidatos, mesas enteras con votación cero para un candidato, etc., etc., etc. Un desmadre, que no quiere ser reconocido, ni revisado por la autoridad.  

Tampoco se entiende porque no se pone el padrón electoral a disposición de la revisión, siendo estos documentos de carácter público, donde se encuentra la información base. ¿Por qué los esconden? Esto también es ilegal.

Otro tema digno de resaltar es por qué se ha aceptado que la plancha presidencial del candidato Castillo, sólo tenga dos miembros, cuando deben ser tres. Además, la candidata a vicepresidente ha incumplido la ley al no renunciar a su cargo público 6 meses antes de la elección. Ella sólo solicitó licencia y recibió su sueldo. Lo peor de todo es que su cargo es en la RENIEC, parte del sistema electoral, lo que hace aún mas conflictivo el caso. Por temas mucho menos graves, se inhabilitó a otros candidatos del proceso, como al APRA y a Fernando Cillóniz. ¿Porque en este caso y en el de Vizcarra, no fueron igualmente inhabilitados? ¡Eso es también ilegal!

Tampoco se entiende porque la JNJ aprobó el nombramiento del jefe de la ONPE, habiendo este sido funcionario de otro ente del sistema electoral (RENIEC). ¿No se dieron cuenta que existía un claro conflicto?

Si todas estas irregularidades no crean dudas sobre el proceso, estamos todos locos. Por lo tanto tienen que ser tomadas en cuenta por la autoridad electoral, por el presidente de la república y por las instituciones democráticas internacionales. Esta muy claro que, para darle la debida legitimidad al proceso y a quien resulte ganador, no deben existir estas dudas. Por eso es preciso hacer una revisión técnica exhaustiva e independiente. Mas del 50% de la población lo está solicitando, por lo tanto tiene que ser atendida.

Para enfrentar esto hay dos soluciones: La primera es que se anule el proceso electoral por exceso de irregularidades. Esto tendría que ser definido como una excepción por el JNE o por el presidente de la república y todos sabemos que esto no va a ocurrir dada la actitud parcializada mostrada por ambos entes.

La segunda es una alternativa en la que deberían estar de acuerdo los dos polos, a no ser que tengan algo que ocultar. Esta opción que es utilizada en todos los ámbitos cuando existen diferencias, es el arbitraje independiente.

En el caso de los procesos electorales, este arbitraje se traduce en una auditoría especializada e independiente, que puede estar a cargo de uno o mas organismos internacionales como la OEA o la UE y que ya lo han hecho muchas veces antes. Sin embargo, el único que la puede solicitar es el presidente.

Esta es la solución ideal para ambos polos, ya que mientras uno está absolutamente convencido de que hay fraude, el otro está también convencido de que no lo hay. Por tanto, tiene que ser un tercero (el árbitro) quien luego de un análisis técnico, defina quién tiene la razón. De esta manera ambos polos tendrán que aceptar la decisión y el proceso tendrá la legitimidad que se requiere.

¿Porque no se quiere pedir la auditoría? ¿A qué le teme la autoridad electoral y el presidente encargado? ¿Hay gato encerrado?

Vamos señor Sagasti, no pase a la historia como un intrascendente caviar, hágalo como un valiente demócrata: Solicite a la OEA y/o a la UE, que practiquen una auditoría al proceso electoral.

¡El Perú entero se lo va a reconocer y agradecer! Lampadia

Hoy día debe definirse la intervención de la Corte IDH en el caso del indulto del ex presidente Alberto Fujimori. Para terminar de ilustrar a nuestros electores, sobre un tema que tiene varias derivaciones e impactos, recogemos el magnífico análisis del embajador Eduardo Ponce, publicado esta mañana en el diario El Comercio:

La justicia interamericana frente al indulto a Fujimori

“La erosión de la legitimidad de la justicia supranacional interamericana no puede seguir siendo soslayada por los miembros de la OEA”.

Eduardo Ponce Vivanco
Embajador, ex viceministro de Relaciones Exteriores (1994 – 1995) y negociador de la Declaración de Paz de Itamaraty.
El Comercio
2 de marzo de 2018

El debate sobre la próxima decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto al ex presidente Alberto Fujimori ha caído en una discusión plagada de un sinfín de tecnicismos legales que oscurecen la verdadera naturaleza equitativa y humana de lo que es un perdón presidencial otorgado en este caso, además, a un ex jefe de Estado. Nadie se pregunta sobre la justicia de una decisión íntimamente ligada a lo que hizo –bien y mal– el beneficiario de la indulgencia. La controversia se limita a requisitos e interpretaciones procesales, o salta bruscamente a cuestionamientos abstractos y generales, asumiendo que indultar implicaría reconocer una suerte de derecho a la impunidad.

Evadir el meollo de un problema en un país adicto a los formalismos legales (a pesar del incumplimiento generalizado de la ley) es una inclinación peligrosa en vísperas del pronunciamiento de una corte que anda muy desprestigiada por estos días. Aunque todos reconocemos que es obligatorio cumplir los compromisos que proceden de una convención internacional libremente suscrita, no se puede ignorar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (construido de buena fe) ha sido copado y desvirtuado por las mayorías políticas que lo secuestraron con la impronta de Hugo Chávez y Lula da Silva (padrino de Lava Jato y embajador itinerante de Odebrecht), bajo la tutela de Fidel Castro. Los colegiados que conforman hoy la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fruto de esta cooptación.

Eduardo Ferrer, presidente de la Corte IDH, sostiene que esta tiene derechos –nunca otorgados– para ejercer un control supranacional incluso por encima de la Constitución de cada país signatario y de las decisiones soberanas de los poderes públicos. Se pretende así sustituir la jurisdicción constitucional de los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Estas graves transgresiones están convirtiendo a este sistema en una tiranía antidemocrática que los miembros de la OEA no deberían seguir permitiendo. Ello para que no se reproduzcan situaciones como las que provocaron la enérgica y eficaz reacción del presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, para proteger la voluntad expresada en una reciente consulta popular en su país. O el impacto en los resultados electorales del mes pasado en Costa Rica de una opinión consultiva de la Corte IDH sobre el matrimonio homosexual: en un país que rechaza ampliamente esta institución, la decisión terminó catapultando la candidatura de un pastor evangélico.

La erosión de la legitimidad de la justicia supranacional interamericana no puede seguir siendo soslayada por los miembros de la OEA. Como sostuvo Francisco Tudela recientemente en una entrevista en Canal N, los cancilleres deben reunirse y resolver un asunto tan delicado para la región (el Grupo de Lima sobre Venezuela podría tener una oportuna iniciativa en ese sentido).

Es en medio de este contexto legal que estamos olvidando discutir si el gobierno de Fujimori venció al terrorismo y la hiperinflación que asolaron el Perú entre las décadas de 1980 y 1990. Pocos recuerdan que durante ese gobierno se redujeron las violaciones a los derechos humanos o se creó la Defensoría del Pueblo. Y ni los propios fujimoristas, cuando toca debatir sobre este indulto, mencionan los trascendentales éxitos logrados en las fronteras norte y sur a partir de los compromisos pactados en el armisticio que terminó la guerra del Cenepa: la Declaración de Paz de Itamaraty del 17 de febrero de 1995. Sin los Acuerdos de Brasilia que sellaron la paz con Ecuador en 1998, no habríamos podido demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para que definiera la delimitación de nuestros espacios marítimos.

La demanda a Chile en La Haya solo procedía en base a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acordada en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), que el Perú ratificó bajo una reserva explícita que nos protegía de una demanda ecuatoriana. La reserva tuvo que ser retirada (27/2/2006) para poder invocar la jurisdicción obligatoria de la CIJ. La consolidación de nuestras fronteras con Ecuador y Chile nos liberó de gastos militares exorbitantes para la nación.

Finalmente, el indulto humanitario otorgado a un ex presidente envejecido y enfermo exige una ponderación equitativa de lo negativo y lo positivo, así como de lo compleja que resultó la decisión presidencial de indultarlo, como ha reconocido expresamente el secretario general de la OEA. Lampadia