Desde hace un año, momento en el cual el gobierno de PPK comete uno de los peores errores de su gobierno, la dación del DU 003, nuestra sociedad se viene hundiendo en un remolino de confusiones, desde el que hemos perdido la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo para el bienestar nacional.

El DU 003 se dio para manejar el escándalo de corrupción desatado en el Perú por las maniobras intervencionistas del presidente de Brasil, el líder de la izquierda de la región, y sus brazos empresariales, encabezados por Odebrecht.

Como hemos informado anteriormente, la muy incapaz ex ministra de justicia, Marisol Pérez, mal-aconsejó al gobierno de PPK, diseñando un instrumento que no solo ha ido paralizando la economía del país, también ha envenenado el alma de los peruanos, pues con el DU 003 en la mano, estamos culpando a todos, sin respetar la presunción de inocencia, ni las garantías constitucionales.

Solo anoche, la ex procuradora y actual congresista, Yeni Vilcatoma, con Mávila Huertas en Canal N, nos alertaba en términos exaltados, diciendo que estábamos perdiendo la capacidad de cobrar resarcimientos de las empresas corruptas.

Nunca se entendió, que para poder cobrar lo que eventualmente se determine correcto, a las empresas que sean encontradas como culpables en los procesos judiciales, lo último que debemos hacer es destruir la capacidad de generar riqueza de esas empresas, y destruir sus activos. Además, por supuesto, que, para resarcir al Estado de los daños causados, no podíamos destruir la capacidad productiva de una buena parte de las empresas peruanas y dejar sin empleo a cientos de miles de peruanos.

Pero todos estamos dentro del remolino, ya no distinguimos lo correcto ni lo conveniente. Pero alguien que llegó del exterior, descontaminado nos ha hecho reflexionar con mucha sindéresis. Veamos:

El último domingo, el programa ‘Rey con Barba’ invitó al periodista y empresario español, Román Cendoya y a Francisco Tudela, a comentar sobre la situación política y económica que estamos viviendo en el Perú.

Cendoya nos visita después de unos meses, no está dentro del remolino en que estamos todos en el país, libre de ese proceso en el que todos estamos inmersos, y que ya nubla nuestra visión de las cosas, y que nos lleva, poco a poco, a aceptar como normales, anomalías que en otras circunstancias serían rechazadas por todos.

Empezando el programa le preguntan a Cendoya: ¿Cómo has encontrado nuestro país? – “Mal, preocupante”.

Veamos algunos de los comentarios de Cendoya el domingo pasado:

• Se ha instalado de manera permanente la violación constante de los derechos constitucionales.
• El DU 003, después de su fecha de caducidad, se va a resolver con un ‘decreto de más urgencia’.
• El DU 003 ha llevado a la quiebra a 450 empresas que no tenían nada que ver. Se ha roto la cadena de pagos. Tiene unas deficiencias absolutas.
• ¿La ‘presunción de inocencia’?
• En el nuevo decreto se establece que [las empresas] tendrán que depositar un fideicomiso (voluntario), si quieren trabajar. Y ¿si son inocentes?
• La prensa está haciendo una función acrítica.
• La presunción de inocencia está siendo violentada, el falso ‘club de los constructores’ es peligrosísimo.
• Un funcionario de Odebrecht, colaborador eficaz, hace una declaración que exime a Odebrecht. Acá hay un club que no se sabe cuál es, ni cómo funciona, ni cuáles son los miembros.
• Da la lista de 30 socios de Capeco.
• La Fiscalía convierte a todas [las empresas] en culpables.
• Es punible que se junten.
• Y además dictan prisiones preventivas.

Aconsejamos ver el video de Willax:

Esperamos que todavía estemos a tiempo para detener este ‘todos contra todos’, que además de haber malogrado nuestra salud mental, está destruyendo nuestra economía. El remolino en el que todos hemos caído, no nos permite distinguir el camino de la sensatez. Hay tiempo para investigar, y para castigar a quién corresponda, pero no podemos seguir destruyendo todo, como si estuviéramos en una trampa demoníaca.

El Ejecutivo ha diseñado una nueva norma, que es muy superior al DU 003. Pero todavía está imbuida de un espíritu de resarcimiento ciego. Más adelante debiéramos mejorarla, pero hoy día no podemos evitar su implantación, a riesgo de profundizar la quiebra de una buena parte de nuestro sector productivo y condenar al Perú a una absurda recesión. Esperamos de Fuerza Popular un gesto de grandeza que muchas veces les ha sido esquivo.

Reflexionemos sobre las palabras de Román Cendoya. Lampadia

Ver en Lampadia:

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

Y nosotros disparamos fuera del objetivo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no debería ser vacado, porque no corresponde y dañaría la imagen del Perú, pero sí convendría al país su renuncia.

Según el artículo 117° de nuestra Constitución, “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Es decir, si se presume que el Presidente ha cometido un delito puede ser investigado pero no acusado sino hasta luego de terminar su mandato (y aquí estamos hablando de hechos cuya naturaleza presuntamente delictiva no ha sido todavía precisada y que ocurrieron antes de que fuera elegido Presidente). La Constitución, en este sentido, busca blindar al Presidente a fin de que pueda culminar su mandato.

El problema es que la propia Constitución contradice su espíritu cuando, en el artículo 113°, establece que la Presidencia de la República vaca por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Pasamos del blindaje más duro a un mecanismo de destitución presidencial sin fundamentación rigurosa, subjetivo, que se presta fácilmente a la arbitrariedad de la mayoría.

Cuando las constituciones del siglo XIX establecieron la vacancia por “incapacidad moral permanente”, estaban significando “incapacidad mental”, que es fácilmente verificable. Cuando luego el concepto muta para convertirse en sinónimo de “inmoralidad” o “falta de ética”, entramos en el terreno de la indeterminación, de la atipicidad. Un delito es un hecho objetivo tipificado en el código penal que se puede y debe probar, y para eso está el debido proceso. Las mentiras no están tipificadas, aunque se pueden eventualmente demostrar, pero ¿cuán grave debe ser una mentira para que acarree la vacancia? ¿Tiene sentido que el presidente no pueda ser destituido por delitos supuestamente cometidos, y si lo pueda por una mentira, o por una falta moral?

En todo caso, lo que detonó el fallido proceso de vacancia de diciembre fue lo que a todas luces era una mentira clara del presidente al negar relaciones contractuales con Odebrecht que después se descubrieron ciertas. Su excusa fue que él no sabía nada porque su empresa se la había entregado a Gerardo Sepúlveda, de quien le separaba una muralla china pese a que se había reunido con él en varias ocasiones mientras era ministro.

Se puede argumentar que la mentira presidencial justificaba presentar una moción de vacancia, aunque ningún debido proceso hubiese sido suficiente para demostrar que la consecuencia de esa mentira debía ser indubitablemente la vacancia. La decisión, como se argumentó, era en última instancia política. Es decir, potencialmente arbitraria. Y potencialmente abusiva, porque una vez dado un motivo, la fatalidad de las leyes de la política lleva a utilizar una institución como esa –la vacancia- hasta el extremo, más aún si carece del freno del debido proceso, que es impracticable en ausencia de tipificación. Es decir, dada la existencia de esa institución, es difícil no usarla, sobre todo si, como en el caso de los dos grupos de izquierda en el Congreso, sienten que cobrar la cabeza de un presidente “neoliberal” es lo más parecido a una revolución, cuando menos simbólica. De hecho, son ellos los que están planteado nuevamente una moción de vacancia.   

Nuevos hechos

La justificación para el pedido de vacancia original fue, como decíamos, una mentira de PPK: haber negado contratos que podían implicar cuando menos conflicto de interés. Ahora han aparecido nuevos hechos: tres contratos de Westfield Capital con Odebrecht para el Proyecto Olmos, la Interoceánica Norte y para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur respectivamente, firmados mientras el PPK era ministro. Y que luego de esos contratos, Odebrecht haya conseguido efectivamente los proyectos. Y reuniones entre Barata y PPK cuando este era ministro.

Pues bien, esos son hechos que el fiscal Hamilton Castro está investigando para ver si los contratos fueron determinantes para que salieran los proyectos y si en las reuniones de Barata con PPK se acordó los mencionados contratos con Westfield. Porque, de haber sido así, estaríamos ante una forma de soborno o alguna otra figura del derecho penal que el fiscal tendría que determinar.

No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta

Pero todo eso nos lleva al terreno del art. 117° de la Constitución: que el presidente sólo puede ser acusado luego de terminar su periodo. Si la fiscalía encuentra suficientes elementos de convicción, lo acusará, pero luego de terminar su gobierno.

La vacancia, por lo tanto, no aplica. No hay una nueva mentira del presidente. Estos nuevos hechos revelados están dentro de los que fueron negados por la primera y única mentira. Y esa ya se resolvió en el proceso de vacancia, con resultado negativo. No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta. Ese, que es un principio del derecho penal, con mayor razón rige ante una falta moral.

La única salida es la renuncia

Dicho esto, sin embargo, también es cierto que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ya no es viable. Su autoridad y credibilidad –dos caras de la misma moneda- se han reducido al mínimo. La consecuencia es que ya no puede gobernar. Si él quisiera convocar en este momento a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros para recomponer relaciones con el Congreso, sería prácticamente imposible que alguien que en otras condiciones tuviera esas capacidades, ahora pudiera aceptar, porque no podría lograr resultados. Es más, el desgobierno que eso implica lleva a los distintos actores a funcionar por la libre, cada uno tratando de maximizar ganancias políticas sea con proyectos de ley tan populistas como contraproducentes –véase por ejemplo las propuestas del Defensor y de Javier Velásquez Quesquén para regular precios de los medicamentos-, sea con acciones de fuerza que terminan obligando al gobierno a ceder con medidas que también resultan contraproducentes.

Por supuesto, en ese ambiente las indispensables reformas para sacar al país de la trampa de los ingresos medios, pierden cada vez más oxígeno. Tampoco los funcionarios toman decisiones y los ministros se limitan a administrar lo mínimo. Todo se detiene, creando las condiciones para un círculo vicioso de impotencia gubernamental y protestas que puede llevar a los peores escenarios. 

Por eso, lo mejor para el país sería la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, dejando el cargo en manos del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien tendría que plantear como condición para asumir la Presidencia acuerdos de gobernabilidad con la oposición. Para ello deberá nombrar a un Premier de altas condiciones, capaz de organizar gobierno y de elaborar una agenda conjunta –que incluya reformas- con el Congreso de la República. Hay que pensar en el país. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El Partido de los Trabajadores (PT), fue fundado por diversos grupos de izquierda, líderes sindicales e intelectuales en 1980, en un momento muy favorable para su ideología populista. El gobierno militar estaba en su fase final y todos los opositores a los militares eran vistos como defensores de la democracia. 

Con el fin de la guerra fría, el gobierno americano dejó de apoyar a los gobiernos militares en América Latina, y pasó a apoyar el retorno a la democracia. La ventaja moral de los opositores a los gobiernos militares, mayoritariamente la izquierda, les permitió llegar al poder en muchos países, abriendo el período de los presidentes ex-revolucionarios y de los populismos del siglo 21.

​Desde sus orígenes, el PT ha tenido una estrategia nacional y otra latinoamericana. En 1990, en alianza con Fidel Castro, Lula fundó el Foro de Sao Paulo, con la tarea de expandir su influencia en la región y brindar a la izquierda latinoamericana nuevos referentes ideológicos tras la caída del “socialismo realmente existente” en Europa Oriental. Desde entonces, el Foro se ha reunido 23 veces (Méjico, Habana, Managua, Caracas, etc.) donde fuera necesario para fortalecer algún gobernante o líder populista de izquierda.  En un próximo artículo explicaremos el rol del Foro de Sao Paulo en la estrategia del PT. Como explicamos anteriormente en Lampadia: El traicionero intervencionismo de Lula en el Perú

Una historia abreviada de la Era PT

En el 2002, después de tres intentos fracasados, Lula fue, finalmente, electo presidente de Brasil, dando inicio a lo que serían cuatro gobiernos del PT. Fernando Henrique Cardoso, durante sus gobiernos había superado la inflación y flexibilizado la gestión monetaria, entregando a Lula un país con una economía desacelerada pero macroeconómicamente sana. Lula recibió una casa ordenada.

Gobernante por dos mandatos, simultáneos al auge de las exportaciones, el país creció, la pobreza cayó y Lula terminó sus dos gestiones con alta popularidad y una imagen de líder global. Su fuerza política era tal que pudo elegir a Dilma Rousseff como su sucesora en Brasilia.

Dilma, comienza su gobierno el 1º de enero de 2011, apoyada por la popularidad de Lula y la maquinaria del PT. Desgobierna el país por cinco años, las limitaciones del modelo económico implementado por el PT se manifiestan en la peor crisis económica de los últimos 100 años, incumple las normas presupuestales, altera las cuentas nacionales, y es destituida por un juicio político el 31 de agosto de 2016.

La destitución de Dilma Rousseff cerró la era del dominio político del PT. Quienes gobernaron el país por 13 años y se sentían destinados a gobernarlo por siempre, en nueve meses de conflicto político se vieron fuera del poder ejecutivo. Para el PT fue un golpe traumático del cual no se recuperan hasta ahora. Desde la fundación del partido, esa fue su primera derrota estratégica. No es solo por astucia política que el PT lo llama como “golpe”.

El soporte social al juicio de Dilma fue la realización de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Brasil, con cerca de 6 millones de personas en las calles expresando su rechazo al gobierno del PT y su apoyo al juicio político. La izquierda brasileña, para su sorpresa, se vio cuestionada por movilizaciones sociales mucho mayores que aquellas, protagonizadas por ella y que tumbaron al gobierno militar en los 80s. Por primera vez en su historia, el PT perdió las calles.

El 14 de marzo de 2014, se inicia la Operación Lava Jato, investigando el lavado de dinero y la corrupción en la Petrobras. La operación pone en evidencia los esquemas de corrupción montados durante el gobierno del PT para saquear a las empresas públicas, denuncia y encarcela a varios empresarios y políticos poderosos. El país se espanta con los niveles de la corrupción que el PT y sus aliados (PMDB y PP) había instalado durante su gobierno.

Pocos días después de la destitución de Dilma, el Ministerio Público Federal denuncia a Lula da Silva por corrupción y lavado de activos, en colusión con la constructora OAS. El 20 de septiembre del 2016, Juez Sergio Moro acepta la denuncia y abre el primer juicio a Lula. En los meses siguientes se iniciarían seis otros juicios a Lula por corrupción y lavado de activos. Esos juicios siguen en proceso, tres de ellos en Lava Jato, dirigidos por Sergio Moro.

El 12 de julio de 2017, diez meses después, el juez Sergio Moro encontró a Lula culpable y lo condenó a 9 años y seis meses de prisión. Como era de esperarse, el PT lanzó una campaña de desprestigio contra Sergio Moro, presentando el juicio como un acto de persecución política, y Lula apeló su sentencia en el cuarto Tribunal Regional Federal (TRF-4).

Este 24 de enero del 2018, seis meses después, el TRF-4 confirmó, por 3 a 0, la condena dictada por Sergio Moro y amplió la pena a 10 años y un mes de cárcel. Las inúmeras gestiones legales, las presiones políticas, las amenazas a los jueces y la movilización de sus “movimientos sociales” resultaron inefectivas.

Esa condena del TRF-4 fue por unanimidad, sin brechas jurídicas por donde romperla. La falta de manifestaciones sociales masivas en defensa de Lula, volvió a sorprender al PT. Las masas no salieron a defender a Lula, como esperaban los líderes más radicales del PT. Esta sentencia puede ser considerada la segunda derrota estratégica del PT, en menos de 18 meses. Para el PT los vientos ahora soplan de frente y el mar está agitado.

Las perspectivas del PT y de la izquierda

En el terreno jurídico las perspectivas de Lula son pobres. Él puede apelar algunos detalles de la sentencia en el mismo TRF-4 que lo condenó por unanimidad, pero ello se resuelve en pocas semanas, y nadie cree que la respuesta le pueda ser favorable. Posteriormente Lula apelará al Superior Tribunal de Justicia (STJ), una especie de Corte Suprema que revisa el sustento legal de la sentencia del TRF-4. Los expertos en temas jurídicos de Brasil opinan que el STJ difícilmente cuestionará una sentencia como la que fue emitida por el TRF-4.

Queda a Lula apelar al Supremo Tribunal Federal (STF) que opera como una especie de Corte Suprema de segundo nivel y de tribunal constitucional. El STF es un tribunal más politizado, y sus miembros fueron propuestos en su gran mayoría por Lula y por Dilma. Cuando Dilma fue destituida, el STF le permitió conservar sus derechos políticos, aún que la ley le negara ese derecho y que fuera muy clara en ese campo.

Los objetivos del PT en el terreno jurídico son tres:

(a)    que Lula no vaya preso,

(b)   que pueda candidatear y

(c)    que su condena sea anulada, en este orden.

El STF, muy probablemente, va poner a discusión el tema de la prisión en segunda instancia, justo ahora que Lula fue condenado por un juzgado de segunda instancia. De darse esa modificación de la ley, ello permitiría a Lula seguir libre, desafiando al sistema judicial del país y haciendo campaña política.

El argumento de algunos analistas, para oponerse a las condenas de Lula, es la reacción social que su prisión podría desencadenar, pero los antecedentes de los últimos meses no sustentan esa idea. Además, ese no sería el único problema que el STF necesitaría considerar. El Brasil tiene más de 726 mil presos en sus prisiones, el 40% de ellos (290 mil) en la condición de prisión preventiva, y los otros 60% (435 mil) con condenas en primera y segunda instancias. Si el STF toma esa decisión pensando en Lula, abre una caja de pandora para miles de otros condenados. En pocas semanas sabremos si se aplicará la sentencia del TRF-4 a Lula, o se el STF le brindará un trato especial. El derecho debe tratar a todos los ciudadanos por igual, pero como lo explicó George Orwell hacen muchos años, Lula podría ser visto como más igual que los demás ciudadanos.

Los otros dos objetivos de Lula, ser candidatos y ser exculpado son mucho más difíciles de lograrse. Y si algo así sucediera, un sector grande de la sociedad brasileña sentiría como una burla, y las reacciones podrían ser importantes.

En el campo político las cosas no están yendo bien al PT.

Al día siguiente de su condena Lula invitó a todos los partidos de izquierda a presentar una candidatura única a la presidencia. Él, naturalmente, encabezaría dicha candidatura y los puestos congresales se distribuirían entre los miembros de la alianza. Su argumento ha sido la necesidad de la unidad de las fuerzas de izquierda ante la arremetida de la ola conservadora.

Los líderes populistas (Ciro Gomes, Marina Silva, y otros menores), los partidos marxistas (Partido Comunista del Brasil (PC do B), Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y otros grupos aún más radicales rechazaron su invitación. En la opinión de ellos, el PT está fracasando y es hora de realizar una renovación en la izquierda brasileña. Como no podría dejar de ser, cada uno de ellos se considera él llamado a liderar esa renovación.

Más allá del discurso de justificación, lo que está en disputa es la herencia política de Lula, quien mantiene entre 30% y 35% de intención de voto, a pesar de todas las denuncias en su contra. Si Lula no puede ser candidato decenas de millones de votantes buscarán a quienes respaldar para gobernar el Brasil. En la disputa por el capital político de Lula, el PT es uno más en la arena. El PT, seguramente, es el más poderoso y lanzará su candidato, pero si ese candidato no es Lula, muchos votantes van a estar desconcertados. Para los otros partidos de izquierda ese desconcierto es una oportunidad política mayor.

El sueño de todos esos líderes y partidos de izquierda es volverse el heredero principal de Lula. Los populistas sueñan con la presidencia y los grupos ideológicos sueñan con volverse importantes. Para aprovechar esa oportunidad ellos tienen que diferenciarse del PT y afirmar una identidad alterna.

Con el sello de la corrupción, el nombre del PT genera anti-cuerpos políticos. Los petistas defenderán a Lula, pues es su única opción, pero los demás partidos de izquierda, para librarse del estigma de corruptos, se presentarán como opción de renovación moral, diciendo compartir las intenciones de justicia social de Lula pero no sus métodos. Es decir, para flotar en medio del naufragio del PT, los partidos de tendrán que atacar a Lula y dificultar la campaña electoral del PT.

Herencias nefastas

(a)    El PT está dejando herencias nefastas para el Brasil, y no es solo el desfalco económico que va requerir una década para cubrirse. Es en el campo de las creencias políticas y la mentalidad de la población que los problemas son mayores.

(b)   Durante sus gobiernos, el PT ha atribuido las causas del crecimiento económico del país y de la superación de la pobreza a sus políticas sociales, ocultando sistemáticamente los hechos detrás de ese proceso económico de dimensiones continentales e incluso global. Un porcentaje importante de la población brasileña hoy cree que, si con Lula vivieron mejor, entonces si él regresa, la prosperidad también regresaría. Ese es su electorado cautivo.

(c)    La influencia del marxismo en las escuelas, universidades, en los medios de comunicación y en el aparato estatal es, en muchos casos, predominante. El adoctrinamiento de los jóvenes es masivo, y las concepciones divergentes del marxismo son consideradas retrógradas y anti-sociales. Esa herencia cultural va tomar más de una década para ser superada. Mientras tanto, una parte importante de la población y de la intelectualidad brasileña va seguir viviendo en el pasado, antes aún de la caída del muro de Berlín.

(d)   La tercera herencia es un presupuesto nacional altamente distorsionado, en donde el 36% de los impuestos es utilizado para pagar la deuda pública y sus intereses, y el 16% es para cubrir un sistema de pensiones deficitario, quedando 48% del presupuesto para todos los demás gastos e inversiones públicas, incluido salud, educación, defensa, etc. Esta herencia se origina antes de la Era PT, pero ellos la han agravado a niveles difíciles de imaginar. 

(e)   La frustración de los militantes petistas y organizaciones, financiadas con el presupuesto de la República (Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, MST y Movimiento de los Trabajadores sin Techo, MTST) y la radicalización de algunos de sus aliados pueden transformarse en brotes de violencia en los próximos años.

Conclusiones

El Brasil se está liberando, gradualmente, del populismo. Han surgido movimientos liberales en todo el país, y están ganando un espacio mediático significativo. Pero, gran parte de la población aún arrastra la expectativa en un estado paternalista y cree en la manipulación populista. El PT ha sufrido dos derrotas estratégicas, pero no está muerto, Lula es muy hábil haciendo demagogia y mantiene una fuerza electoral grande. Además, el PT tiene un aparato partidario gigantesco. Ellos, difícilmente, ganarían las elecciones, pero en una segunda vuelta podrían definir quienes NO gobernarán el país los próximos cuatro años.

La lucha por la renovación política en Brasil tiene cuatro grandes desafíos:

1.      Elegir nuevos gobernantes y congresistas, que no estén ligados a los sistemas de corrupción y estén dispuestos a realizar reformas políticas y económicas complejas.

2.      Profundizar el combate a la corrupción, reforzando los órganos responsables de esa tarea (Ministerio Público, jueces federales de 1ª y 2ª instancias, Policía Federal, etc.), y acabando, o reduciendo dramáticamente, el foro privilegiado.

3.      Desmantelar los mecanismos de adoctrinamiento que el PT ha montado en las escuelas y universidades.

4.      Desarrollar una polémica pública que permita a la población brasileña asimilar nuevas formas de interpretación de la economía y la política, para transformar el Brasil en una sociedad menos cerrada y de cara al futuro.

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como siempre en el Perú, mientras los abusos afectan a los ciudadanos comunes y corrientes, la sociedad no toma nota. El hecho es que las cárceles del país están llenas de reclusos que esperan se abran sus procesos o se sentencien, y mientras tanto son víctimas de la ominosa ‘prisión preventiva’.

Esta figura toma relevancia pública recientemente, con el encarcelamiento del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Entonces, yo consideré que dicha medida era un exceso, y publiqué los siguientes tweets:

En los últimos días, se vuelve a usar la misma figura de la ‘prisión preventiva’, aparentemente, vulnerando una serie de derechos, exhibiendo supuestas pruebas que los acusados no han podido contrastar, y sin aclarar una evidente contradicción de fechas. Ver la publicación de Lampadia: Fiscalía y Poder Judicial deben mantener independencia frente a la presión política y mediática.  

(…) según la Fiscalía, Barata conversó con las empresas peruanas sobre los pagos ilícitos, antes de la adjudicación. Y según fuentes vinculadas a los empresarios investigados, en el punto 35 del documento se reseña que Barata afirma que comunicó a los socios de “sus tratativas con Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la licitación”.

Pero según dichas fuentes, el acuerdo entre Barata y Maiman sobre los 35 millones para el presidente Toledo, y la subsecuente emisión de los decretos supremos y resoluciones que facilitaron el otorgamiento de la obra, ocurrieron antes de que se formara el consorcio y por lo tanto los socios locales no podían estar enterados de nada.

No solo eso, los posibles socios se encontraban en ese momento enfrentados a Odebrecht porque una Circular del 14 de febrero 2005 cambiaba las bases del concurso exigiendo una participación peruana del 40% en los consorcios.

Pero quizá el argumento principal de los investigados se refiere a la afirmación del equipo del fiscal Hamilton Castro de que peritos financieros han establecido que bajo el concepto de “riesgos adicionales” se ha dado apariencia de legitimidad a activos que tenían como fuente el delito de colusión. Es decir, ese concepto sirvió para disfrazar el pago del soborno.

Los investigados señalan que esa afirmación se basa en un Acta de Distribución de Utilidades de las Juntas de Accionistas del 1 de junio 2011, pero, según ellos, la Fiscalía no reconoce que en dicha acta se dice que dicha distribución de utilidades se hace “conforme a lo acordado en la Junta de Accionistas del 15 de febrero 2011”.

Es decir, la Fiscalía concluye que los “riesgos adicionales” serían los montos correspondientes a los pagos ilícitos efectuados por Odebrecht basándose en el acta de 1 de junio, sin considerar ni incluir el Acta del 15 de febrero 2011 (firmada por Jorge Barata), donde “se ve claramente que los “riesgos adicionales” están detallados en 5 obras concretas que representaban problemas y riesgos inminentes en la ejecución de las obras inclusive requiriéndose un aumento de capital”.

Video de Cesar Nakasaki:

En enero pasado, publicamos: Los factores que permiten luchar contra la corrupción.

(…) el juez Sergio Moro, se ha nutrido minuciosamente de la experiencia italiana de Mani Pulite (Manos Limpias) en el caso de Bettino Craxi.

No ha sido fácil crear este proceso en Brasil, que incluye acusaciones directas contra Lula da Silva, uno de los presidentes más populares y poderosos de su historia. Ello ha requerido la acción de un conjunto de jueces y fiscales con sentido de misión y entereza de carácter. Para afrontar tremenda tarea, Moro priorizó las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Estas últimas dos son las que permitieron la multiplicación de confesiones y delaciones.

La idea del juez Moro era encarcelar al jefe de la mafia, Marcelo Odebrecht, y con él preso, negociar la delación premiada.

A diferencia de Brasil, en el caso del Perú, lo que se estaría haciendo, es liberar de todo cargo al jefe de la mafia en el Perú, Jorge Barata, y liberando sus bienes (que ya podría enviar al Brasil); para luego recibir sus declaraciones. A mi entender, se tendría que haber mantenido el embargo de sus bienes hasta que termine el proceso y se hayan podido contrastar y probar sus afirmaciones. Lampadia

El ‘odio’ ha sido uno de los más importantes protagonistas de las dos últimas elecciones generales en el Perú. En la primera de ellas, en que se eligió como Presidente de la República a Ollanta Humala, el odio, el desprecio y la desconfianza invadieron el juicio de buena parte de los ciudadanos y especialmente del establishment limeño, de los jóvenes que solo vivieron en nuestros mejores años de desarrollo y del mundo académico tuvimos el aporte la ominosa frase del caviar importado por la PUCP, Steven Levitsky: “Sobre Ollanta Humala hay dudas; sobre Keiko Fujimori hay certezas”, que según Perú21, marcó la campaña electoral de la segunda vuelta [2011] que ganó el nacionalista.

Con el ingreso a prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ha terminado de alguna manera, su ciclo político y debiéramos preguntarnos qué llevó al país a votar por ellos, y empezar a recoger los testimonios de reconocimiento del error y los consiguientes pedidos de perdón.

Empecemos por los padrinos o garantes de Humala-Heredia, los Vargas Llosa, con Álvaro que salió primero y parece ahora representar al padre en los juicios políticos.

Afirmación de Álvaro Vargas Llosa y respuesta del director de Lampadia

El daño es inmenso

El daño a los peruanos es más que un presidente vergonzoso y corrupto. Veníamos de un ciclo virtuoso de crecimiento económico y mejoras sociales que fue interrumpido en el 2011 con lo que en Lampadia hemos llamado ‘Punto de Inflexión’, gracias a la administración de Ollanta Humala, el Partido Nacionalista y su gabinete de izquierda presidido por el ubicuo Salomón Lerner.

La asunción de Humala al poder interrumpió la inversión privada, el crecimiento, la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Generó el regreso de la ideología al Estado. Se sembró la desconfianza en la inversión privada en todos los sectores. Se infló la planilla estatal y se regresó a vivir con déficit fiscal.

Este es el daño al que nos referimos; y es que en el 2011 se produjeron dos cortes muy graves en el proceso virtuoso que estábamos viviendo, tanto en aspectos sociales como económicos. En el aspecto social, se cortó la reducción del nivel de anemia en niños menores de tres años, luego de una sostenida reducción entre el 2007 y el 2011. En lo económico, el cuadro inferior muestra claramente la caída de la inversión privada, principalmente en la minería moderna que detuvo el crecimiento pro-pobre y pro-clase media, que trajo consigo una importantísima disminución de la pobreza, desnutrición, mortalidad infantil y desigualdad en la última década.

Una de las peores consecuencias de haber abierto las puertas del Estado a esta gente, fue la confusión en las relaciones causa-efecto sobre la inversión y el desarrollo socio-económico, que se inculcó entre los ciudadanos, funcionarios del Estado y los medios de comunicación.

Inconsecuencia moral

Lo menos que se puede esperar de quienes propiciaron el gobierno de Humala y de los que participaron en él, es que se reconozcan los errores. Qué pena que tengamos garantes de tan mala calidad como los Vargas Llosa.

El ‘odio’ en la política

En la historia universal, el odio ha llevado a los mejores pueblos a cometer atrocidades. En el caso del Perú, gracias a Dios se limita a las opciones políticas, pero es claro que ciega al punto de dañar el desarrollo del país, algo que afectará mayormente a los jóvenes que no tienen suficientes elementos de juicio para evaluar los acontecimientos sin dejarse llevar por los ánimos de venganza y resentimiento.

La mejor expresión del odio en la política peruana es el último artículo de Mario Vargas Llosa, publicado ayer en La República: “¿Indultar a Fujimori?”. Hagan su propio juicio: ‘Enlace‘. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los izquierdistas latinoamericanos no saben crear riqueza. Por esta incapacidad, ellos siempre buscan piscinas de riqueza que disputar, y las grandes piscinas de riqueza en América Latina son: los presupuestos nacionales, los recursos naturales y las grandes empresas. Es la disputa de esas riquezas lo que explica la lógica detrás del accionar y de los discursos de la izquierda.

La corrupción, la promoción de conflictos sociales y las estatizaciones de las empresas están entre los principales mecanismos de apropiación de esas riquezas, usadas por la izquierda. Si observamos la operatividad de las organizaciones de izquierda, más allá de sus discursos políticos, vemos que ellos siempre están relacionados a algunos de esos tres mecanismos. 

Los empresarios mercantilistas también buscan apropiarse de los recursos ajenos. Para ellos, la corrupción es la modalidad preferida. Más allá de sus diferencias ideológicas, la asociación entre socialistas y mercantilistas es mutuamente conveniente.

La izquierda descubre la estabilidad

En las últimas décadas del siglo pasado, los gobiernos de la izquierda fueron sinónimos de inestabilidad. Joao Goulart, en Brasil, Salvador Allende, en Chile y Hernán Siles Zuazo, en Bolivia, en menos de tres años, generaron profundas crisis sociales y políticas en sus países y no lograron siquiera terminar sus períodos. Todos ellos fueron destituidos y dieron origen a gobiernos autoritarios y violentos que se legitimaron, por un tiempo, ordenando el desastre dejado por la izquierda.

Es con una nueva generación de la izquierda en el poder, tanto de social-demócratas como de populistas, Fernando Henrique Cardoso (1995), Hugo Chávez (1999), Ricardo Lagos (2000), Luis Ignacio Lula da Silva (2003), Tabaré Vázquez (2005), Rafael Correa (2007), que la izquierda latinoamericana logra estabilizarse en una función de gobierno, generando así una nueva ola de los gobiernos de ideología socialista.

El auge de la economía mundial y de los precios de las commodities crearon condiciones favorables a las políticas populistas y, por ende, para los gobiernos de izquierda. Por algunos años, muchos pensaron que el “socialismo del siglo XXI” era una nueva tendencia social, un renacimiento del marxismo después del fracaso de la Unión Soviética y de Mao Zedong. Pero con la crisis del 2008 y la caída del precio del petróleo, el sueño acabó. El nuevo contexto económico internacional obligó a los países latinoamericanos a volver al realismo. [1]

La corrupción tradicional o como funciona el mercantilismo

La corrupción ha sido, en mayor o menor grado, una vieja tradición en América Latina. Con las excepciones de Uruguay y Chile que se mantienen respectivamente en los puestos 21 y 24 de Transparencia Internacional, los países Sudamericanos se ubican en los niveles medios y altos de corrupción, entre los 176 países evaluados: Brasil (79º), Argentina (95º), Perú (101º), Ecuador (120º), etc.

El mecanismo tradicional más común de la corrupción en los países democráticos es la negociación de contratos de obras públicas entre autoridades públicas y empresas privadas locales y/o extranjeras.

Las autoridades públicas alteran las reglas de las licitaciones para beneficiar a empresas específicas, como parte de un acuerdo previo entre autoridades y empresas.