Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 26 de marzo de 2021
Para Lampadia

La noticia es positiva. Súper positiva. Después de una eternidad – por fin – tendremos una Carretera Central de cuatro vías, que nos permitirá viajar entre El Callao y La Oroya, en apenas hora y media. ¡Parece un sueño! Sin embargo, la noticia es un tanto curiosa: El gobierno francés – no el Estado peruano – construirá la carretera.

Entonces, la pregunta del millón es ¿qué hace el Estado peruano que tiene que recurrir a un gobierno extranjero para construir una carretera en nuestro país? ¿Qué hacen los organismos estatales creados ex profesamente para construir obras de infraestructura como la Carretera Central, pero que en más de 20 años no construyeron ni un mísero metro de dicha vía?

La inversión es lo de menos… S/. 11,571 millones. Tampoco importa que el Gobierno francés gane lo que tenga que ganar… aunque sea un montón de plata. ¿Cuánto nos ha costado no tener una buena Carretera Central? Estoy seguro que sólo en tiempo y accidentes hemos perdido más de cien veces esa cifra… sin contar las millonarias pérdidas de frutas y verduras de la Sierra y Selva Central, que se pudrieron en el camino en cada interrupción de la vía, las cuales – dicho sea de paso – ocurren a cada rato.

A lo que quiero llegar es que si estamos optando por gobiernos extranjeros para construir carreteras, hospitales, líneas de metro, recintos deportivos como los Juegos Panamericanos Lima 2019, y otros ¿qué sentido tiene mantener instituciones burocráticas estatales – encargadas de construir obras públicas – que además de inoperantes y corruptas, cuestan un ojo de la cara? ¡Para qué gastar pólvora en gallinazo!

Me refiero a PROINVERSION, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y sus derivadas… PROVIAS Nacional y PROVIAS Descentralizado. Entre paréntesis ¿alguien me podría explicar para qué tenemos dos estructuras burocráticas idénticas como PROVIAS Nacional y PROVIAS Descentralizado? ¿Acaso ambas no hacen lo mismo… carreteras? ¡Oh política estatista y populista, cuánto daño nos haces a los peruanos!

Si – por otro lado – estamos recurriendo a gobiernos extranjeros para terminar de construir hospitales como el Antonio Lorena del Cusco, hay que cerrar el PRONIS que supuestamente desarrolla el Programa Nacional de Inversiones en Salud. También habría que cerrar el PRONIED que se encarga – supuestamente – del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Incluso, habría que cerrar las Direcciones Regionales de Infraestructura de los Gobiernos Regionales y Municipales. ¿Para qué seguimos con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) si hemos contratado al Gobierno de Corea para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco?

Seamos sinceros y prácticos. El Estado peruano no sirve para construir obras de infraestructura. No sirve para construir una buena Carretera Central. Tampoco sirve para construir hospitales, escuelas, líneas de metro, o aeropuertos. El Estado peruano no sirve para construir nada. El tiempo y la vida así lo han demostrado.

Efectivamente, los convenios de Gobierno a Gobierno constituyen un reconocimiento fáctico – del propio Gobierno – respecto de su propia inoperancia para la construcción de obras de infraestructura pública.

Entonces… a confesión de parte, relevo de prueba. Cerremos todos los organismos estatales que no hacen nada, más allá de las consabidas corruptelas y coimas de por medio. Destinemos ese dinero a mejorar las remuneraciones de los maestros, médicos y enfermeras, policías y militares, y jueces y fiscales.

Reitero – entonces – la pregunta del millón ¿qué obras hace bien el Estado peruano? Quedo a la espera de tu respuesta. Lampadia

Enrique Felices
Ingeniero
Para Lampadia

El Estado ha ensayado durante décadas diferentes leyes y reglamentos para contrataciones, así como sistemas para eludir su cumplimiento. El DU-021-2020, por ejemplo, insiste en crear un nuevo sistema especial de contratación de servicios y obras, eximido del cumplimiento de la ley de contrataciones.

Pero ese régimen especial no sería necesario si se cumplieran tres requisitos:

• elevar las calificaciones de los profesionales estatales y privados en las inversiones públicas;
• crear condiciones adecuadas para su desempeño profesional y el reconocimiento de su trabajo; y
• reformular e incrementar los plazos y costos de los estudios técnicos (de factibilidad a ingeniería de detalle) que hasta hoy son artificialmente bajos.

En cuanto a lo primero, vemos que en los países desarrollados la ingeniería para las inversiones públicas es una actividad regulada, con rigurosos estándares técnicos y éticos, y reservada a los que poseen la acreditación de ingeniero profesional. Para ser ingeniero profesional es necesario aprobar exámenes sobre los conocimientos que se debieron adquirir en la universidad, y evaluaciones periódicas sobre las calificaciones obtenidas en la experiencia laboral y el desempeño registrado en la misma. Esta selectividad promueve las buenas prácticas y dificulta la impropiedad. No existe en nuestro país, pero es necesario que el Estado aplique filtros.  

La selectividad existe hace más de dos siglos. En Francia se formó en 1794 la Escuela Central de Obras Públicas, que hoy es la muy exigente Ecole Polytechnique de París.  En el Reino Unido, la Institution of Civil Engineers (ICE) impulsó la ingeniería profesional para asegurar una práctica de altos estándares que protegiera a la sociedad. En el Perú se formó en 1862 el Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado, con exigencias de ingreso proporcionalmente mayores a las de hoy.

En resumen, se necesita mejores ingenieros y remuneraciones competitivas, pero eso no basta. Se requieren, en segundo lugar, condiciones adecuadas para el desempeño profesional.  En el servicio público, tan importante como la remuneración es el reconocimiento del trabajo, el cual solo será posible si el Estado adquiere compromisos básicos. A saber: i) Sustraer a los profesionales de las arbitrariedades del control y sus secuelas judiciales, ii) Suprimir la noción de que incurre en falta quien al aplicar su criterio profesional o juicio técnico en asuntos que combinan calidad, plazos y costos, obtiene conclusiones distintas a las del auditor, iii) Considerar buena práctica que las conclusiones contengan análisis y sustentos registrados en borradores y hojas de cálculo apta para revisión; iv) Asegurar, ante indicios de impropiedad, que los revisores sean ingenieros de calificaciones similares, v) Suprimir la pretensión de una CGR con capacidad sancionadora, y vi) Velar que los ingenieros que incumplen la ley reciban la máxima sanción.

Y se necesita, en tercer lugar, reformular e incrementar los plazos y costos de los estudios técnicos que hasta hoy son artificialmente bajos, en perjuicio del propio Estado y de sus obras. Las características físicas y sociales el país señalan que las investigaciones básicas deben ser más profundas y detalladas; que los estudios de factibilidad deben tener un grado de elaboración que permita determinar si el proyecto es ejecutable, y estimar cabalmente el costo y plazo que demanda realizar expropiaciones, eliminar interferencias, disponer de terrenos y canteras, y obtener servidumbres; también, debe ponderar si el trabajo de replanteo previo a las obras viales debe realizarlo el consultor y no el constructor.

El DU-021-2020 no asegura ninguna de estas tres condiciones.

La ingeniería de los proyectos de inversión comienza por la definición de los alcances de los trabajos por realizar y continúa con la administración de los mismos mediante contratos de servicios y obras. Tener capacidad para definir dichos alcances es una obligación básica del Estado. Dado que el gasto público es del 20 al 25% del PIB, es indispensable que sepa como contratar y comprar. De hecho, organismos internacionales como el PNUD-Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (1965) se crearon para asistir a las nacientes repúblicas de Asia y África en la formación de dicha capacidad.

El DU 021/2020, en cambio, da por sentado que el Estado no sabe definir alcances ni administrar contratos, y necesita para sus Proyectos Especiales de Inversión (PEIP) la asesoría técnica de una empresa extranjera y los servicios de administración de organismos internacionales. Esto implica, por un lado, que al cabo de treinta años de intervenciones del PNUD y otros el Estado no ha podido aprender tareas elementales de gobierno y, por otro, que se desconoce la realidad del país y de su ingeniería.

Basta un ejemplo para mostrar que la realidad es distinta. El Perú acabó mal los años 80, la llamada “década perdida” de América Latina. El Estado no invirtió en infraestructuras de transportes y a principios de los 90 había que rehabilitar toda la red vial nacional, comenzando casi de cero. Era una tarea enorme, pero se hizo. Con apoyo financiero del BID y del Banco Mundial se formularon programas, se priorizaron proyectos, se definieron sus alcances y se contrató mediante concursos y licitaciones la ingeniería y construcción de las obras. Durante ese proceso el Asesor Técnico del Estado peruano fue una empresa peruana de ingenieros consultores.

Los conocimientos de la ingeniería nacional no se han esfumado. Si, como era lógico, se hubiese convocado a los peruanos que saben, la norma resultante habría incorporado los tres requisitos antes mencionados. En cambio, el texto del DU-021-2020 trasluce que el papel principal en su preparación lo tuvieron profesiones distintas a la ingeniería. Sólo así se explican los errores de concepto que contiene, por ejemplo, en la gestión de calidad; y el desacierto de aplicar contratos estandarizados que prevén la ejecución de obras sin supervisión, sin cuaderno de obra y sin control de los avances del trabajo para autorizar los pagos al constructor.

Aparte de lo anterior, el esquema del DU-021-2020 para los PEIP (inversiones de US$ 420 millones o más) es costoso y opaco. Los organismos internacionales cobran por administración entre 3.0 y 4.0% del costo total del proyecto y el Asesor Técnico probablemente el doble; el Estado reserva habitualmente 3% para su gestión y la CGR pretende el 2%. A la suma de todo hay que añadirle el costo de la ingeniería y supervisión del proyecto, porque aún no está incluida.

La alternativa de convocar a nacionales es más económica y técnicamente mejor para el Estado, si se cumplen las condiciones que hemos mencionado. El Estado debe convocar a los privados para trabajar conjuntamente y lograr que las inversiones públicas tengan mejores procesos de selección con una ley de contrataciones que acabe con la cultura del temor, la sospecha y la denuncia insensata. Mientras ésta perdure continuarán los sistemas especiales, opacos de por sí, que reducen las oportunidades de trabajo para los profesionales peruanos competentes. Lampadia

Dr. Ing. Raúl Delgado Sayán
Para Lampadia

La súbita parada de 4 semanas -que van hasta la fecha- de todo el Sector Construcción, afecta no solo al País sino a empresas de construcción, empleados, profesionales, técnicos, obreros; proveedores de equipamiento, de materiales e insumos en general con todo su entorno; a subcontratistas especializados; a empresas de Ingeniería y Supervisión de Obras y su entorno, que de improviso -todas ellas- han tenido que suspender sus actividades y en menos de 24 horas movilizarse a sus hogares. Muchos de ellos se encontraban en campamentos de obras en el interior del Perú y han tenido muy poco tiempo para dejar todo en las obras a buen recaudo compatible con una prolongada y no programada paralización de actividades.

El reinicio de las actividades constructivas, cuando ello se disponga, no será rápido ni automático, porque requerirá de una re movilización y recomenzar contactos con todos los proveedores, subcontratistas y demás que participan en la obra. La construcción es una actividad muy sensible a los costos, puesto que los componentes claves que son:  materiales, equipos y mano de obra; son determinados en base a análisis de costos unitarios muy precisos siendo que el resultado de ellos está íntegramente incorporado físicamente en las mismas obras y por lo tanto los Contratistas solo perciben ingresos para solventar sus costos de administración y operaciones por los llamados  costos indirectos que son:  los gastos generales y la utilidad, y ambos sumados representan alrededor del 25% del presupuesto total de la obra sin IGV. En este sentido, si no hay obra no hay valorizaciones, y por lo tanto no hay ingresos para solventar sus planillas ni los costos operativos y de administración. Es un Sector que necesita por tanto créditos directos e indirectos para sus operaciones porque los pagos corresponden al reconocimiento posterior de los avances de partidas de obras ya ejecutadas. 

A raíz de la repercusión mundial del Covid 19 y la conmoción mundial de esta Pandemia y la caída de las Bolsas en el mundo y en el Perú, es previsible que las inversiones en el Sector Privado se posterguen y en contrapeso solo queda por tanto que el Sector Público realmente se reactive e incremente sustancialmente sus actividades, destrabando de inmediato todo lo trabado y colocando velocidad de crucero a las obras públicas que forman parte del conjunto de 52 proyectos del ya aprobado Plan Nacional de Infraestructura y las obras de impacto logístico y social de la Reconstrucción; entre otras. 

Parafraseando en los términos clínicos aplicable al momento actual que viven todos los que conforman el Sector Construcción, se puede afirmar que la actividad se encuentra en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos); por lo que requiere urgentemente el oxígeno de la liquidez inmediata y el crédito a bajas tasas de interés y en plazos razonables, para no interrumpir su larga cadena de pagos, y menos aún generar un cuantioso desempleo al ser una actividad de gran empleo directo e indirecto. No es un problema solo económico sino también es un problema social.

En la actualidad y frente a esta pandemia que vive el mundo y el país, la actividad constructora en general se encuentra totalmente paralizada. No ha habido tiempo de hacer un análisis más puntual del costo/beneficio, no solo económico sino también sanitario de parar o no determinadas obras importantes de infraestructura. Un ejemplo típico de ello son las carreteras en zonas apartadas, que son muy intensivas en maquinarias pesadas de construcción y bajas en concentración de mano de obra;  que por lo demás tienen meticulosamente bien controlados y resguardados a sus trabajadores en cómodos campamentos, incluso con tópicos médicos y   bien llevados por empresas formales de construcción con protocolos de seguridad en el trabajo particularmente exigentes y a los cuales se les pudo perfectamente adicionar aquellos de sanidad para este tipo de virus con rápida detección y evacuación de ser necesario.

Otro caso similar y a modo de ejemplo, pudieron ser las tan demoradas y urgentes obras del Aeropuerto Jorge Chávez o las también muy intensivas obras en equipos pesados de Construcción e incluso subterráneos como la Línea 2 del Metro. Aún estando estas dos últimas en la ciudad y dada su envergadura, se pudo explorar la posibilidad durante este aislamiento de proveer hospedaje y alimentación a sus trabajadores cerca de las Obras con transporte directo en cada cambio de jornada. Hubiera sido probablemente más seguro para la salud de ellos y más económico versus una suspensión total de actividades por tiempo prolongado e indeterminado.

Esperemos que en el tiempo que media hasta el 12 de abril, fecha señalada por el ejecutivo para levantar el Estado de Emergencia por el Covid 19, permita evaluar esta posibilidad para no dilatar más el reinicio de estas tan necesarias obras para el país, y permita operar a las empresas del sector con el apoyo antes expresado por parte del Estado y del Sistema Financiero.

De otro lado, para el Sector en este 2020, probablemente tendremos números en negativo respecto al año anterior, que son difíciles de predecir ahora porque aún no se conoce la fecha real del reinicio de las obras. Aún si en la hipótesis actual se bajará la bandera a cuadros el 12 de abril, los contratistas tendrían que iniciar la movilización y puesta a punto para reiniciar las obras, con el perjuicio de que al estar parados y haber detenido hasta nuevo aviso órdenes de compra en giro a proveedores y subcontratistas, deban reiniciarlas nuevamente   y eso va a ser determinante en la reprogramación de sus actividades.

Además, tendrán que experimentar una falta grave de liquidez en los meses de mayo y junio -porque al no haber trabajado y avanzado obras en la mitad de marzo y probablemente todo abril de manera efectiva, no tendrán que valorizar y cobrar para recibir liquidez en mayo y junio. Además, que mucho esfuerzo también se va a distraer en largas discusiones para reprogramar las obras y los reconocimientos por el tiempo de paralización, aun cuando estos sí están incluidos en la normatividad vigente.

Por otra parte, es importante y necesario dejar en claro que la ingeniería y la construcción si son actividades esenciales para el país. Basta solo para expresar su importancia no solo su significado de manera directa e indirecta en el PBI y PEA (empleo formal); sino que ella atraviesa transversalmente todos los otros sectores de producción y servicios básicos. No se puede crecer en ningún otro sector si antes no se invierte y para invertir hay que construir.

Además, el rol de la Ingeniería y Construcción Nacional va a ser muy importante en el post Coronavirus. Incluso es muy posible que en todos los meses que queda del año 2020, van a existir muy serias restricciones de todos los países hacia cierres prolongados de fronteras y restricciones por cuarentenas al personal que provenga del extranjero, por temor a nuevas olas de contagios, por lo menos hasta que existan vacunas de comprobado éxito y difusión masiva. No olvidemos que el Coronavirus fue importado y que llegó por vía aérea.

Para el hemisferio sur este cuidado tendrá que ser aún mayor, porque se avecina la temporada del frío y la humedad. Felizmente el Perú, al igual que los médicos también tiene muy buenos ingenieros en todas las especialidades, que han sido autores directos de la construcción de más del 88% de todo el patrimonio nacional existente que se estima en más de un millón de millones de dólares (un billón en nuestro sistema y un trillón en el sistema de USA).

Hagamos votos porque los encargados de las carteras que tengan que ver más directamente con el Sector Construcción y con el apoyo de los delegados del Sector Salud, puedan dialogar a este respecto con las Empresas que están trabajando estos proyectos importantes para acordar un plan que permita el reinicio de esta esencial actividad lo más pronto posible, con protocolos de sanidad  seguros para el personal que labore en estas obras  y que estos protocolos sean conducidos por las Empresas respectivas de Construcción  con la máxima exigencia para que el Perú avance. Sin Construcción no hay desarrollo y sin desarrollo no puede implementarse la infraestructura que mejore la salud; saneamiento, educación y mejoramiento logístico que mejore la calidad de vida de la población. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro vídeo semanal esta vez sobre combatir la corrupción no debe paralizar obras e inversiones.

Participan Roberto Abusada, presidente del IPE como invitado, y Gonzalo Prialé y Jaime de Althaus.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 29 de noviembre de 2019
Para Lampadia

El Estado gasta una millonada en obras y programas superfluos. Estamos llenos de obras – inconclusas y abandonadas – que no sirven para nada. Son incontables las carreteras, puentes, hospitales, escuelas, mercados, reservorios, canales, redes de agua y otras obras de infraestructura que se encuentran dispersas por todo el país, y que no brindan – ni remotamente – los servicios para los cuales fueron concebidos.

Ante tal nivel de ineptitud e incompetencia cabe preguntarse ¿acaso hubo alguna sanción ejemplarizadora? Lamentablemente, la respuesta es no. En la mayoría de los casos, la impunidad fue la regla general. El gasto público vano, estéril e improductivo no conlleva ninguna responsabilidad. Así es la nuez en el aparato estatal.

Pero no solo las obras inconclusas constituyen gastos superfluos del Estado. También lo son las obras sobredimensionadas que están – también – desperdigadas por todo el país. Edificaciones administrativas enormes como los denominados Palacios Regionales y Municipales. La colosal sede del Gobierno Regional de Moquegua es uno de ellos. Y el paralelepípedo Palacio Municipal de Marcona, otro.

Pero hay muchos más. Monumentos ridículos como el de la Maca en la Plaza de Armas de Huayre en Junín. El Parque del Árbitro de Fútbol en Tumbes. Los monumentos a la Ojota y al Sombrero en Chivay y Celendín, respectivamente. El enorme cóndor que el inefable Gobernador de Arequipa (Elmer Cáceres Llica) está montando en la entrada de la Variante de Uchumayo en Arequipa. Y la lista de esperpentos continúa.

Eso en cuanto a obras de infraestructura superfluas. Pero ¿qué decir de los programas y burocracias superfluas? Por ejemplo, Proinversión. ¿Cuánto cuesta Proinversión? S/. 200 millones al año… y hasta más. ¿Cuántos contratos de concesión firmó Proinversión en lo que va del 2019? Naca la pirinaca. Conclusión y reflexión ¿para qué mantener a Proinversión si no sirve para nada, y cuesta un ojo de la cara?

Y así por el estilo. El Estado está lleno de programas que cuestan un montón de plata y que no brindan ningún servicio útil para la población. Incluso, muchos programas estatales no solo nos brindan ningún servicio útil, sino que – peor aún – nos maltratan. Hay programas sociales cuyos presupuestos burocráticos son tan altos que exceden a los presupuestos asistenciales. O sea, más se gasta en burocracias administrativas que en ayuda social efectiva. ¡Habrase visto semejantes sinsentido!

El gasto público debe orientarse – principalmente – a los siguientes 4 servicios básicos: (1) Agua e Infraestructura, (2) Salud y Medio Ambiente, (3) Educación, Deporte, Cultura y Ciencia, y (4) Seguridad Jurídica y Seguridad Ciudadana. Y punto. Pero con eficiencia. Nada de gastos superfluos.

No hay derecho que la burocracia estatal haya crecido tanto – y siga creciendo – como viene ocurriendo desde hace más de una década. Por eso no hay plata para nada. Todo se lo lleva la burocracia superflua, detrás de la cual se esconde la corrupción y la inoperancia estatal.

Hay que disminuir el gasto en burocracia administrativa. La mayor parte del presupuesto estatal debe gastarse en maestros, médicos y enfermeras, policías y militares, y jueces y fiscales. Y – por supuesto – en obras de infraestructura de servicios públicos: carreteras, hospitales, escuelas, etc.

Simplificación administrativa y transformación digital del Estado. Menos burocracia administrativa. Mejores servidores públicos. Cero firmas, ceros sellos, cero colas y cero coimas. ¡Así sea! Lampadia

Raúl Delgado Sayán
Para Lampadia

El conjunto urbano de Lima y Callao es indudablemente una mega ciudad. Demographia 2019 señala una población de 11´460,000[1] y para el año 2030 probablemente superemos los 12’300,000 habitantes, según informe de CEPLAN.

Actualmente ya es la número 31 en población en el mundo y la número 11 en densidad poblacional[2]. No solo es insufriblemente deficiente en tráfico y otros servicios básicos, sino también presenta una de las más altas informalidades del planeta que la lleva además a ocupar el primer lugar en el ranking de ciudades de mayor daño por riesgo sísmico clasificados por el sistema reasegurador mundial[3].

De todo lo antes expuesto y tomando en consideración la antigüedad de la ciudad capital cercana a cumplir 500 años de fundación, toda obra importante que se realice en ella para mejorar la calidad de vida, así como de los servicios que requiere la población y que impacte también en el crecimiento futuro, será clasificada como mega obra y por ello durante su ejecución generará inconvenientes y sacrificios en la vida diaria de nuestra población en aras a solucionar graves problemas y lograr mejores condiciones de vida para las presentes y futuras generaciones; pero que si ello es debidamente planificado para que dentro de las inconveniencias se exprese el respeto a la población, es menester maximizar la mitigación de estos efectos negativos para que las obras no signifiquen un largo suplicio para la ciudadanía. La técnica; la ingeniería y los procedimientos constructivos modernos así lo permiten, y por consiguiente los contratos en cualquiera que fuera la modalidad de ejecución deben exigirlo.

Costos versus Beneficios en los países desarrollados y en aquellos que aspiran a serlo

La mitigación de las inconveniencias y sacrificios causados a la población es en estos países un factor importantísimo en la evaluación de la propuesta seleccionada previo a la adjudicación de la Buena Pro. Ello llega a ser incluso más importante que el propio costo final de las obras, exigiéndose en zonas muy críticas la aceleración de los tiempos de ejecución de las obras y el empleo de procedimientos constructivos que permitan que los bloqueos de tráfico en vías cruciales, así como la interrupción de servicios públicos por reubicación de interferencias sea el menor tiempo posible. Para ello se exige por ejemplo el uso de mayor cantidad de maquinaria y equipos durante la construcción; sistemas de trabajo que utilicen pre-fabricación de los elementos fuera del sitio de la obra, y que sean transportados en jornadas nocturnas de poco tráfico para su instalación, y por cierto la programación de trabajos acelerados en jornadas diurnas y nocturnas que permitan con todo ello acortar los tiempos de incomodidad ciudadana. Ciertamente todo ello es planificado con mucho esmero y de acuerdo a las condiciones de tráfico en las vías intervenidas e importantes inversiones previas deben ser realizadas con bastante anterioridad en mejorar los desvíos temporales que permitan absorber una mayor fluidez de tráfico.

Casi nunca lo más barato es lo mejor

En el ordenamiento normativo que nos ha venido sirviendo como base en la etapa de pre-inversión al escoger la alternativa seleccionada para ser desarrollada en la etapa de inversión, el SNIP obligaba a los funcionarios públicos a seleccionar la alternativa del costo mínimo para cumplir con el objetivo. El objetivo en principio se refería a cumplir con la funcionalidad de la inversión (por ejemplo, se consideraba cumplido en el caso de un puente si se podía cruzar el río), pero no se incluyeron los otros conceptos de ingeniería que son fundamentales al proyecto de inversión como, por ejemplo: resistencia; durabilidad; seguridad ante condiciones normales y fenómenos naturales extremos, y por cierto tampoco factores exógenos que hoy en día son considerablemente importantes en el costo. Debe entenderse que el costo a ser analizado no solamente debe ser el de la inversión inicial conocida como CAPEX (Capital Expenditure), sino los costos en que se incurrirán durante toda la vida útil de la inversión que incluye la operación y el mantenimiento (OPEX), así como factores que hoy en día adquieren una relevancia fundamental y que significan también costos reales sociales que afectan a la población.

Por tomar un ejemplo de hace unos pocos días. Acaba de anunciarse el cierre por dos años de la ya muy congestionada Carretera Central, para construir la Estación E27 Terminal de la Línea 2 en Ate, con desvíos laterales que de todas maneras significarán una mayor congestión. ¿Podría atenuarse en parte y disminuir de manera significativa el tiempo de la ejecución de las obras civiles críticas de esa Estación que justifiquen el cierre del íntegro de la carretera central en esa parte? Indudablemente que sí, pero ello a su vez requerirá incrementar el uso de equipos de trabajo para operar día y noche y con ello acelerar las obras civiles subterráneas para terminar la caja básica de las pantallas o muros de la Estación; los pilotes y columnas de los ejes centrales y las distintas losas de vestíbulo y cubierta que permitan la pronta reapertura al tráfico de una parte de las vías de la carretera y solamente dejen uno o dos huecos para movilizar verticalmente materiales de acabados arquitectónicos; electromecánicos y material ferroviario. Naturalmente, este mayor esfuerzo constructivo y de trabajo ininterrumpido generalizado incrementa los costos directos de la obra, pero sin lugar a dudas ese incremento será muchísimo menor que el mayor costo derivado del exceso de congestión vehicular solamente en el mayor costo de combustible consumido por los vehículos y por cierto el valor del tiempo perdido por los miles de ciudadanos que obligadamente deberán transitar por la carretera central y los desvíos temporales, aumentando también lo que se conoce como el “estrés ciudadano”.

Ejemplos notables de esto se haya realizado exitosamente

Naturalmente hay muchísimos ejemplos a nivel mundial donde estos procedimientos para mitigar los efectos negativos de mega obras en la ciudadanía han sido exigidos como premisa fundamental para la ejecución y realización de obras de ingeniería y construcción. En los países desarrollados y aquellos que aspiran a serlo, son materia obligada. En el Perú, no es regla común por las razones antes expuestas. Sin embargo, sí hay ejemplos dignos de resaltarse. Uno de ellos sucedió hace apenas 3 meses, precisamente en la Línea 2 del Metro, cuando en el mes de junio se advirtió a la ciudadanía que se iba a cortar el suministro de agua en 20 distritos en un lapso de 48 horas, debido a que Sedapal en coordinación con la AATE iban a realizar 3 intervenciones de interferencias mayores de tuberías matrices para permitir la construcción de estaciones de la Línea 2 del Metro que se encontraban sobre el eje de la Av. 28 de Julio. Naturalmente, hubo mucho trabajo de coordinación y planificación previa entre estas dos entidades, los subcontratistas y personal de Sedapal que intervinieron en la obra para tener todo predispuesto y pre-fabricadas todas las conexiones del caso para interrumpir el servicio de agua de 20 distritos durante solo 2 días en un fin de semana y haciendo un pre-aviso informativo a toda la población de que esto iba a ocurrir. La operación fue muy exitosa.

También cuando en la Línea 1 del Metro hubo que cruzar con el viaducto elevado del tren la Vía Expresa de la Av. Javier Prado Este. El proyecto inicial consideraba un alto y esbelto pilar en la berma central de la Vía Expresa que hubiera motivado durante su construcción el cerramiento de no menos de 2 canales de tráfico de la Vía Expresa Javier Prado. Se consideró que aquello resultaba siendo tremendamente disturbador para el flujo vehicular de esta vía expresa y por consiguiente se decidió construir dos pilares de apoyo pegados a los muros laterales de las vías superiores auxiliares de la Av. Javier Prado y sobre esos dos pilares se apoyó 4 vigas pre-fabricadas, pretensadas de concreto de 35 metros de longitud que cruzarán en forma aérea la Vía Expresa y solo se interrumpió el tráfico para el izaje y colocación de estas vigas entre las 6 pm de un día domingo hasta las 6 am del día lunes. Dichas vigas, y sus apoyos, por cierto, fueron también diseñados para soportar mega sismos del orden de magnitud 8.8 que pudieran ocurrir en la ciudad de Lima, de acuerdo a las estimaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Puedo citar igualmente casos en donde el trabajo continuado (24 horas x 7 días) también ha sido implementado para poder cumplir con plazos muy exigentes de culminación de obras. No solo probablemente para los escenarios deportivos de los Juegos Panamericanos, sino casos bastante más complejos como la Sede del Banco de la Nación (El edificio más alto del Perú) y el Gran Centro de Convenciones de Lima (Ambas edificaciones con 4 sótanos), obras que conjunto debieron ser completadas en diseño-construcción en apenas 2 años con un total de 168,000 m2 de área construida y que debieron construirse con fecha fija en octubre de 2015 para el evento mundial de la Junta de Gobernadores del FMI y el Banco Mundial. Los casos antes relatados son tan solo ejemplos que el suscrito conoce, pero por cierto debe haber algunos casos más en la ciudad de Lima.

Desafortunadamente, tanto los modelos de contratación a precios unitarios como el de suma alzada; particularmente este último donde ya se pacta de antemano el costo presuntamente inamovible de una inversión, no generan incentivos para modificar procedimientos; secuencias constructivas y mayor disponibilidad de equipos que permitan acelerar las obras una vez que ellas han sido contratadas, puesto que el ímpetu necesario para disminuir el tiempo de ejecución en la mayoría de los casos puede significar mayores costos al contratista versus el trabajo con menos equipos y en jornadas laborales de un menor costo unitario.

Es muy importante el que estos procedimientos se exijan en las Bases y se señalen de manera expresa al detallarlos en la Propuesta Técnica del postor, y que siendo estas propuestas, como lo señalan las Bases de manera vinculante, se le exija al contratista o concesionario el pleno cumplimiento de ello. Es importante también que la normatividad faculte a las Entidades Públicas abrir un registro de performance de Contratistas ejecutores de obras que permita diferenciar aquellos que operan proactivamente y de manera profesional hacia los intereses del Cliente Estado, de otros que no lo hacen y en lugar de resolver prontamente las situaciones imprevistas que siempre ocurren en todas las obras, demoren las soluciones, busquen incumplir por defecto sus Propuestas Técnicas y no se esmeren en tomar acciones y procedimientos constructivos que disminuyan los tiempos de ejecución de obras en zonas críticas de tránsito donde puedan generarse inconvenientes, molestias y sobrecostos a la ciudadanía. Lampadia

Casos de Adendas y Adicionales; Comparación con Benchmarks Nacionales e Internacionales y Control de la Contraloría

Raúl Delgado Sayán
11.04.2019
Para Lampadia

En las dos notas anteriores de esta serie hemos definido a la ingeniería como la profesión que utiliza instrumentos de la ciencia para la preparación de sus proyectos; que plantea soluciones a sus proyectos inicialmente en base a información primaria y muestral, que no es precisa hasta que se contrasta con la realidad del terreno y del entorno en el momento de su ejecución y que está basada en 3 atributos de sus profesionales que son: a) sus conocimientos; b) experiencia; y c) criterio profesional.

Es una profesión que se expresa de manera objetiva; numérica y está totalmente documentada. Que inicialmente sus proyectos, con información preliminar, buscan caracterizar obras que cumplan adecuadamente con los requerimientos de: funcionalidad; resistencia; durabilidad y seguridad, y que sobretodo protejan la inversión frente a los requerimientos que le plantean los usos y abusos durante la vida útil del proyecto y garanticen la seguridad y vida de los usuarios. En síntesis, proyectos que inicialmente reflejen la información que se posee según niveles de estudios con los cuales se contrata (Perfil, Factibilidad y Diseño Constructivo), y que tendrán que sufrir modificaciones al contrastarlos con la realidad del terreno durante su ejecución, tanto en obras públicas como en privadas bajo cualquier modalidad y que finalmente estas modificaciones se materialicen en los denominados adicionales y/o deductivos, formalizados a través de adendas u órdenes de cambio, según sean requeridas.

Pues bien, si esto ocurre en normalmente todas las obras públicas y privadas, ¿qué mecanismos de control tienen las entidades y/o clientes para tener la plena certeza de que lo que invierten en las obras finalmente sea lo correcto? En primer lugar, debemos partir de la premisa que estas modificaciones cumplan con las siguientes condiciones:

• Que sean imprescindibles para corregir y/o complementar lo establecido inicialmente en el proyecto para lograr que la obra cumpla adecuadamente en su servicio con los fines previstos para toda su vida útil.
• Que el adicional, en caso de producirse, haya sido verdaderamente incorporado en la obra física en todos sus componentes con la calidad y procedimientos constructivos que se requieren para estas obras (lo cual es muy fácil de constatar), y
• Que el monto que significa el Adicional haya sido calculado correctamente en costos y en tiempo.

Si se cumple estas tres premisas anteriormente anunciadas, el Adicional y/o deductivo está plenamente justificado y el Cliente se beneficiará con la modificación que motivó el Adicional.

¿Qué elementos de control existen para la verificación correcta de los Adicionales y/o Deductivos?

En el caso de las inversiones privadas, normalmente los clientes en proyectos de importancia contratan bajo la modalidad EPCM (“Engineering, Procurement, Construction Management”) o PMO (“Project Management Office”), ambas por sus siglas en inglés, y bajo tercerización a una empresa privada especializada que vele por sus intereses y a quienes en idioma inglés se les conoce como Owner’s Representative (Representante del propietario).

En el caso de las obras públicas, la Entidad contratante retiene para si el control a través de sus funcionarios de las áreas especializadas, quienes tienen la decisión definitiva y emiten los resolutivos de aprobación, y quienes a su vez, a través de concursos públicos, eligen a una empresa supervisora de consultoría de obras para un apoyo y control más detallado, quedando también como instancia auditora por parte del Estado las propias oficinas de control en las entidades adscritas a la Contraloría General de la República (CGR), y/o finalmente a la propia CGR en sus funciones de realizar acciones de control concurrentes simultáneas y acciones de control posterior de cumplimiento.

Cabe mencionar que de acuerdo a nuestra legislación, para el caso de obras públicas, cuando el monto de los adicionales supera el 15% de la suma inicialmente contratada, lo cual ocurre en la gran mayoría de las obras, se requiere de manera obligada el informe previo de aprobación de la CGR antes de su ejecución, siendo que la revisión del máximo órgano de control del Estado no se centra únicamente por la suma en exceso del 15%, sino es de carácter integral para toda la obra a ejecutar. Cuando se trata de una inversión de obra pública considerada como de gran envergadura o de mucho interés público, la CGR audita de oficio aun cuando no se haya pasado la meta del 15%.

¿Cómo se podría tener un indicio sobre si una obra es sospechosa de incurrir en sobrecostos sin justificación o en exceso?

Evidentemente no existen dos obras que sean idénticas en todos sus parámetros para que puedan ser comparables entre sí con mucho nivel de precisión; pero sí existen indicadores (Benchmarks) tanto nacionales como internacionales, que de manera aproximada nos pueden dar indicios sobre si los valores por parámetros del tipo de construcción proyectada; las condiciones geológicas o del entorno (costa, sierra o selva); condiciones naturales o de riesgo ante fenómenos extremos (sismos, lluvias, huracanes, etc.), y descontando elementos que puedan incidir en los costos y que no estén vinculados a la naturaleza constructiva como por ejemplo financiamiento; modelo de contrato (Obra pública tradicional o concesión APPs), o cargas tributarias directas en caso de benchmarks internacionales, haga posible comparar los parámetros por costo unitario. Con esto quiero decir que si se trata de una obra de edificación ya sea para oficinas, viviendas, uso industrial o el que fuera, el parámetro de comparación sería el costo por m². Si se trata de obras extendidas como por ejemplo una carretera, o una obra de irrigación con canales madre y secundarios, o un tren o metro, o un puente o túnel, o una línea de transmisión de alta tensión, entre otros, tendremos como parámetros el costo/km; si se trata de teatros, coliseos deportivos, tendremos un costo por butaca; si se trata de obras de saneamiento (agua y desagüe) tendremos costos por m3; en el caso de centrales hidroeléctricas costo por kW de generación eléctrica, y así sucesivamente. Cada entidad o cliente que realice este tipo de inversión tiene su propia estadística o acceso a ellas para saber si el rango de sus costos está dentro de estos parámetros indiciarios correctos que le permitan tener una primera apreciación antes de hacer las verificaciones detalladas correspondientes.

Si como resultado de efectuar una comparación con parámetros obtenidos de otras obras similares en entornos y realidades muy parecidas no se diera la satisfacción o confianza del caso, se puede pasar a la siguiente etapa, la de realización de un peritaje técnico sobre la obra ejecutada, peritaje por cierto que solo podría ser realizado por peritos especializados y preferible institucionalmente, vale decir realizado por personas que además tengan una vasta experiencia en la ejecución de proyectos similares; respetando a su vez la racional discrecionalidad de las opiniones profesionales de aquellos ingenieros que diseñaron y construyeron las obras y si ellas tenían justificación, puesto que solamente serán ellos  -quienes diseñaron y construyeron- quienes tengan la total responsabilidad de lo diseñado y construido, teniendo en cuenta su criterio profesional y el cumplimiento de los requerimientos de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad antes mencionados.

Es menester finalmente señalar que no se pueden emitir juicios de valor sin contar previamente con opiniones y peritajes serios realizados por especialistas de ingeniería en la materia, tal y conforme lo estable la Ley 16053 de febrero de 1966 y la Ley Complementaria 28858 de julio de 2006 y sus Reglamentos, que autorizan a los Colegios de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros del Perú para normar el ejercicio de la ingeniería en el Perú y supervisar la práctica y actividades de los profesionales de arquitectura e ingeniería en toda la República, señalando expresamente que solo tendrán validez aquellos informes, documentos técnicos y peritajes, entre otros, realizados por profesionales especialistas hábiles para ejercerlo. Lampadia

Reproducimos un video de Fernando Cillóniz, quién después de terminar su período de gobernador (Ica), se apresta a desarrollar una gira nacional para intercambiar ideas sobre la gestión pública.

Raúl Delgado Sayán
27.03.2019  
Para Lampadia

Las expresiones que durante meses se han venido señalando de manera generalizada en distintos medios de comunicación por personas ajenas a la profesión de la ingeniería y la distorsión que ello pueda haber generado en el público, hace necesario el que utilizando un lenguaje sencillo se puedan aclarar conceptos que son fundamentales para el correcto ejercicio de la ingeniería, tanto en actividades de estudios y diseños como en ejecución de obras de construcción y equipamiento.

Qué es la Ingeniería
La verdadera definición de la ingeniería

Existe una idea errónea de que la ingeniería es una ciencia y por consiguiente debe tener soluciones únicas y precisas como las matemáticas, donde se aplican fórmulas que dan resultados indiscutibles. Nada más errado. La ingeniería no es una ciencia sino fundamentalmente es una profesión que utiliza instrumentos de la ciencia para realizar obras imprescindibles para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, respetando el medio ambiente y el entorno que nos rodea.

Felizmente no se trata únicamente de aplicación de fórmulas matemáticas, o de física y química, o de tantas otras disciplinas científicas que nos dan una solución única y precisa para cada caso. Si esto fuera así, con los adelantos modernos no necesitaríamos de ingenieros, sino simplemente de robots; computadoras y algoritmos que permitirían desarrollar los proyectos. Más aun todos los elementos matemáticos y de las ciencias antes mencionadas, entre otros, generan instrumentos y procedimientos basados en fórmulas matemáticas que son de naturaleza lineal y homogénea, mientras que la realidad es discontinua con materiales heterogéneos y haciendo frente a muchas circunstancias imprevisibles de naturaleza aleatoria; de aproximado conocimiento y en cierta forma muy erráticas que pueden ser fenómenos naturales extremos, como aquellos causados por el clima, caso de los huracanes, inundaciones, huaicos y demás, o por el comportamiento geodinámico de la tierra como es el caso de los grandes terremotos causados por desplazamiento de placas o por erupciones volcánicas.

Frente a todo ello, los ingenieros tenemos que desarrollar y construir proyectos teniendo como finalidad principal la de proteger las obras e inversiones contra estos fenómenos y aquellos que puedan sobrevenir con diferentes intensidades durante su vida útil, y sobre todo protegiendo y garantizando la vida de los usuarios. No olvidemos que el primer artículo de nuestra Constitución y la de muchos países señala que: “El ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado” y considerando además que la ingeniería es la única profesión cuyo error profesional o negligencia puede causar la pérdida de vidas de decenas y cientos de personas, los ingenieros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro ejercicio profesional ya que este es fruto de la conjunción de 3 fundamentos en nuestra formación que son: a) conocimientos, b) experiencia, y c) criterio profesional, y solo el ejercicio adecuado de ello nos permitirá diseñar proyectos que garanticen: i) correcta funcionalidad; ii) resistencia, iii) durabilidad, y iv) seguridad; entre otros atributos.

Anteriormente mencioné que las soluciones de ingeniería no son únicas y ello se debe de manera fundamental a que no existirán dos ingenieros que necesariamente tengan de manera idéntica las 3 características principales antes nombradas: conocimientos, experiencia y criterio profesional; y es este último el que como consecuencia de los dos primeros plasmará el tipo de solución que equilibrando costos y beneficios con los riesgos y seguridad adecuados para así elegir una solución óptima. Por ello nuestra ética profesional, al igual que los de la profesión de medicina, no nos permite criticar la actuación y criterios de otros colegas de la profesión a no ser que tengamos la convicción de que la solución propuesta por el colega que realiza el Estudio o Diseño no cumple con lo anteriormente expresado de: funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad.

Ni de lejos la ingeniería es una profesión sencilla. En las siguientes entregas lo justificaremos. Nuestro campo es ilimitado e inmensos los retos que tenemos que enfrentar y solucionar con los instrumentos que tengamos que solo nos proporcionan adelantadamente una aproximación hacia realidades de proyectos muy complejos que servirán en muchos casos a cientos de miles de usuarios cuyas vidas tenemos que proteger y no obstante ello, existen muchos casos que no obstante haber cumplido con la normatividad técnica del conocimiento del caso, no han prestado el servicio del caso e incluso han colapsado.

Es allí donde el criterio profesional debe prevalecer y previendo usos y abusos, mantenimiento inadecuado o fenómenos naturales de excesiva crudeza, sepamos como contrarrestarlo. Es por ello que toda norma técnica siempre señala que su aplicación es de mínimo cumplimiento, dejando a criterio del profesional superarla si lo considera conveniente y tiene la convicción de ello. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ha llamado a preocupación nacional la debilidad extrema del gobierno en sendos acuerdos firmados con los transportistas y con la comunidad nativa de Mayuriaga.

• Los transportistas que cometieron el delito de bloquear carreteras, fueron premiados con una reducción en el precio del diésel que llevará a todos los peruanos, según Elmer Cuba, a subsidiar a los transportistas con nuestros impuestos, fuera de permitirles no pagar algunos peajes durante cinco meses.
• Y la comunidad nativa que había cometido el gravísimo delito de sabotear el oleoducto, ha sido recompensada con una serie de beneficios, obras y promesas de servicios, a muchos de los cuales tendrían derecho, pero no luego de haber obturado el oleoducto.

Preocupación similar causan también algunas de las explicaciones del viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, dadas el sábado pasado en El Comercio. Estrenó sus respuestas con una gran contradicción, muy elocuente: “Se les ha dicho (a las comunidades) que, si queremos desarrollo, debemos respetar la ley. Las comunidades amazónicas tienen innumerables brechas por atender, pero la forma de obtener atención del Estado no es vulnerando la ley o atentando contra la propiedad ajena”. Muy bien, pero acto seguido, en la misma oración, agrega: “Tampoco vamos a desatender a una comunidad porque realizaron una mala acción para obtener atención”. Es el reflejo exacto de lo que ha ocurrido.

Fiscalía y corte supra-provincial

Su justificación es que no han cedido al pedido de la comunidad de retirar las denuncias, que están en manos de la Fiscalía. “La fiscalía es independiente y el Ejecutivo no hará nada por vulnerar sus competencias. Tienen que hacer su trabajo”. Bueno, pero ya sabemos de sobra que no hacen su trabajo. Las fiscalías locales no acusan a los locales. Allí está el caso del bloqueo de la carretera en Fuerabamba, Apurímac, con estado de emergencia y todo. Los conocidos abogados que reinan en el corredor minero, profesionales de la extorsión, se han auto-incriminado varias veces, y ni la Policía ni el Ministerio Público son capaces de armarles un caso. Menos a los dirigentes.

¿Qué se espera para crear una fiscalía y una corte supra-provincial con sede en Lima para acusar y procesar en estos casos que no solo constituyen delito flagrante, sino que comprometen el desarrollo del país al bloquear la salida de mineral y de petróleo? El imperio de la ley es fundamental si queremos tener los recursos justamente para cerrar las brechas históricas en nuestro país. Alentar los actos de violencia como método para atender brechas lleva a la destrucción de toda posibilidad de resolverlas en el mediano y largo plazo.

Sí hay lesionados, y muchos

Molina defiende el diálogo aun en condiciones de extorsión con el siguiente argumento: “La prueba es que tengo poco más de 10 meses en el cargo y no ha habido ningún lesionado en conflictos. Nuestra premisa es buscar soluciones dialogadas hasta el final”. Por supuesto que hay que buscar siempre el diálogo, pero también la aplicación de la ley. Uno no puede ir sin la otra.

Pero aquí hay dos atingencias importantes. La primera es que no es cierto que no haya habido lesionados. Hace solo algo más de un mes, en Fuerabamba precisamente, los medios informaron que 12 policías fueron heridos y dos de ellos de gravedad, y el campamento policial incendiado. Y no se conoce de ningún procesado por esos hechos. No solo eso: según la Defensoría del Pueblo, el 2018 hubo 134 heridos y 5 muertos en los conflictos.

De acuerdo a estos cuadros, en los últimos diez meses de gestión del señor Molina hubo 84 heridos y 2 muertos en conflictos sociales. Pareciera que el problema de los conflictos no está en su radar ni en su escala de prioridades. De lo contrario habría notado el número de víctimas que producen.

Las mesas de diálogo producen más conflictos

La segunda atingencia es que la creación de mesas de diálogo para resolver conflictos, solo ha producido más conflictos. Por la sencilla razón de que el Estado peruano no ha sido capaz de cumplir con los compromisos adquiridos en esas mesas. Según el reporte Willaqniki N°01-2019 de la Secretaría de Gestión y Diálogo Social (SGDS), que pertenece justamente al viceministerio de Gobernanza, hay en la actualidad 112 mesas de diálogo en curso. Pero, como podemos ver, esas mesas y otras anteriores han producido 1,462 compromisos pendientes de cumplimiento, de los cuales 1,118 corresponden al Estado, principalmente a los distintos sectores del Ejecutivo.

Lo que ocurre es sencillamente que las mesas de diálogo se resuelven con compromisos que después el Estado no puede cumplir o se olvida de cumplir. Los sectores, por ejemplo, no colocan en el presupuesto del siguiente año los compromisos adquiridos, y el sistema de seguimiento de los compromisos, a cargo de la mencionada Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, no ha funcionado para asegurar su cumplimiento. El propio Molina lo reconoce en alguna medida: “Hay que firmar actas en procesos complejos como el de Mayuriaga, pero trabajamos para no firmar compromisos fuera de nuestro alcance. Las actas hoy son menos ambiciosas. Es mejor firmar varias actas progresivas que una enorme que no podamos cumplir”.

El problema es, efectivamente, que el incumplimiento por parte del Estado desata a su vez más conflictos, en un círculo vicioso:

Las mesas de diálogo se convierten en un recurso de última instancia cuando el conflicto ya ha estallado. Pero la cosa es aún más compleja. Muchas comunidades y dirigencias provocan conflictos para generar precisamente mesas de diálogo, porque se espera obtener a través de ellas de manera rápida lo que de otra manera tomaría todo el proceso presupuestal normal que tarda mucho tiempo. La mesa de diálogo es una suerte de fast track para obtener obras o servicios. Pero lo que ocurre es que para salir del problema el gobierno ofrece proyectos que luego no se ejecutan. Lo que a su vez provoca más conflictos.

De lo que se trata es de impedir que el conflicto estalle. Para eso se necesitaría no solo una SGDS capaz de montar un oportuno sistema de alerta temprana (tarea que el ministerio de Energía y Minas cumple mejor, dicho sea de paso), sino sobre todo un Estado capaz de estar presente para resolver los problemas y ofrecer servicios eficientes y desarrollo integral e integrado al mercado, de manera de prevenir que se gesten situaciones conflictivas. Es decir, no diálogos para resolver conflictos, sino una comunicación estructural permanente, un Estado internamente comunicado y conectado con la población.

Si las minas y el Estado se preocuparan por infundir tecnologías que aumenten la productividad rural, los campesinos no estarían golpeando a la mina para obtener beneficios, sino que estarían produciendo para el mercado y para la propia mina, convertidos en empresarios integrados a cadenas productivas dentro del mercado nacional.

No hay un alto funcionario coordinador

Y eso, un Estado presente y articulado, responsabilidad del propio viceministerio de Gobernanza de la PCM, no lo tenemos. Por ejemplo, en cada región minera debería haber un alto funcionario de la PCM asegurando la coordinación y la sinergia entre los sectores y entre los tres niveles de gobierno, con una visión territorial, para asegurar una acción coherente y oportuna del Estado en su conjunto. No existe tal cosa, como si la inversión minera no fuera vital para el crecimiento nacional.

No solo eso, resulta que la PCM efectivamente está creando este año 5 Agencias Regionales de Desarrollo para asegurar articulación intersectorial e intergubernamental, pero ¡en regiones no mineras!: La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura. Como si no tuviera conciencia de la importancia estratégica de la minería para el desarrollo nacional.

El único que intenta jugar un papel coordinador en el terreno es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que está creando unos llamados “Comités de Gestión e Información Minero Energético” en las regiones mineras para seguimiento de compromisos, información, buenas prácticas e impulsar proyectos de desarrollo y bienestar. Pero no tienen el empoderamiento de la PCM y carecen de capacidad de convocatoria.

El canon minero no funciona

Ahora bien, se extrañaría menos un Estado articulado y presente, si funcionara el canon minero. Pero no funciona. El canon no sólo no sirve para producir desarrollo integral en las zonas mineras, sino que genera gran corrupción y conflictos. Este es un caso de desperdicio absoluto de cuantiosos recursos. Mediante el canon minero el presupuesto nacional –el país- renuncia a disponer del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, para que sea invertido en el desarrollo de las comunidades y regiones donde están las minas. Esto, de paso, para que la población cercana a las explotaciones mineras perciba los beneficios que trae la minería. Pero eso no ha ocurrido.

El canon minero ha aportado a las regiones casi S/.40 mil millones entre 2000 y 2015, pero no ha producido desarrollo integral y, como podemos ver en los siguientes cuadros, la conflictividad ha subido junto con él. 

Fuente: Sebastiao Mendonca Ferreira: Para reducir la Conflictividad Minera.
Publicación de Lampadia 2017

El problema está en el manejo de los recursos del Canon, a cargo principalmente de los alcaldes distritales cercanos a la mina y también, en segundo término, de los alcaldes provinciales del departamento y del gobierno regional. Los alcaldes distritales carecen de capacidad de ejecución y la gestión de esos recursos se vuelve muy corrupta. Muchos alcaldes distritales usufructuarios del canon están hoy en la cárcel.

Es hora entonces de sincerar esta situación y avanzar hacia una reforma seria del manejo de los recursos del canon. Este debe hacerse dentro de fórmulas institucionales que aseguren la ejecución de un plan serio de desarrollo rural y urbano integral que conecte eficientemente y de manera sostenible a los campesinos y pobladores urbanos con el mercado. 

En ese sentido, el canon que produce cada empresa debería ser manejado por un organismo micro-regional o por un fideicomiso o por un PMO o por un esquema similar al que se aplicó para manejar las contribuciones voluntarias de la época de Alan García que luego Humala convirtió en gravámenes y derechos mineros que son captados a nivel central. Los alcaldes podrían integrar un directorio. Pero no se puede seguir soslayando irresponsablemente este tema.

Conclusión

En resumen, si queremos realmente prevenir los conflictos y lograr que la minería produzca el desarrollo de las regiones mineras y provea los recursos para el desarrollo nacional, necesitamos un Estado que coordine en el territorio, de servicios eficientes, use el canon para producir desarrollo integral, a la OEFA para garantizar equilibrio ambiental, y sea capaz de imponer la ley cuando hay delito.

Por supuesto, también necesitamos empresas mineras que expliquen bien sus procesos tecnológicos y fomentan integración de campesinos y economías locales al mercado aumentando su productividad. Es decir, que hagan desarrollo compartido. No es tan difícil.

Mientras nada de esto ocurra, seguiremos asistiendo a vergonzosas actas de solución de conflictos que premian la comisión de delitos, estimulando la violencia en el país. Lampadia

El Perú es el único país de la región, que, para enfrentar el escándalo de Lava Jato, paralizó su sector de la construcción y desestabilizó el conjunto de su economía.

I. El origen del escándalo

Desde que estalló el escándalo del Lava Jato, en Lampadia identificamos la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y del Partido de los Trabajadores (PT), como los responsables de haber montado mecanismos de penetración política, en el Perú, aprovechando la ambición de sus empresas constructoras, para corromper a mansalva. Ver en Lampadia:  El traicionero intervencionismo de Lula en el Perú.

II. La confesión de Odebrecht en EEUU

Department of Justice
December 21, 2016
Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History

lll.  Nuestra oportuna recomendación

Ver en Lampadia: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones.

Cuando estalló el escándalo, a fines de diciembre, 2016, el gobierno peruano entró en shock, sin saber qué hacer. Un mes después, (19/1/2016), en Lampadia publicamos, A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente).

Entonces, nuestra principal recomendación fue “intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación…”. El propósito era muy claro, velar por que los recursos de las empresas no se sifoneen a los accionistas comprometidos en las acusaciones y, preservar el aporte de trabajadores, proveedores y terceros (inocentes), cuidando la fluidez de la economía en su conjunto. Había que evitar que las eventuales intervenciones desordenadas de la Fiscalía, Poder Judicial, Procuradurías, Sunat, et al (al son de los acordes mediáticos y gritas de políticos fariseos), paralizaran empresas y proyectos.

Pero, el gobierno de PPK, presumiblemente por consejo de la entonces ministra de justicia (MPT), consideró que las intervenciones serían ilegales y diseñó el perjudicial Decreto de Urgencia 003. Este decreto, entre otras cosas, suspendía los pagos del Estado a dichas empresas, con lo cual se podía desequilibrar sus operaciones y proyectos. Un primer paso hacia el peligrosísimo corte de la cadena de pagos.

IV. Las consecuencias del error

Sin una estrategia de intervención ordenada, se iniciaron diversas acciones por parte de distintas entidades del Estado, como por parte de la Fiscalía, Sunat y otras, ahondando los impactos sobre la cadena de pagos. Además, se dificultaron las eventuales transferencias de activos y proyectos a empresas que no estuviera implicadas en las acusaciones, dañando el valor de importantes activos, con perjuicio para todas las partes.

Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de las obras de Odebrecht y de sus empresas consorciadas, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según estimaciones de Apoyo Consultoría.

Posteriormente, por ímpetus de algunos políticos, se promueve la extensión del DS 003 a las empresas peruanas que se hubieran asociado con Odebrecht. Como resultado de esta iniciativa, en noviembre de 2017, el Congreso termina aprobando el Proyecto de Ley 1410, que modifica el DS 003, incluyendo en sus alcances a las empresas que se hubiesen consorciado con empresas como Odebrecht, con una participación mayor al 5% de los contratos.

Esto, entre una serie de otras disposiciones, impediría que estas empresas participen en proyectos del Estado, (llámese reconstrucción u otros), y también confiscaría las acreencias, que, por todo concepto, tuvieran con el Estado; incapacitándolas.

Lógicamente, el Ejecutivo se vio obligado a observar la ley, cosa que hizo el 18 de diciembre de 2017; planteando aspectos constitucionales, legales, tributarios y económicos. Advirtiendo que se generaría la ruptura de la cadena de pagos y la paralización de proyectos de inversión por aproximadamente el 13% del presupuesto de inversiones del país.

El Congreso de la República entró en receso en enero 2018, sin haber debatido la eventual insistencia para la promulgación de la Ley 1410. Mientras tanto, la vigencia del dispositivo original, el DS 003, venció el 13 de febrero.

Posteriormente, en mayo 2018, el gobierno de Martín Vizcarra emite el Decreto Supremo 096-2018-EF, mediante el cual aprueba el reglamento de la Ley 30737, con el que se consolidan los errores conceptuales de todo el manejo de la crisis.

Así es como el Perú es el país que peor ha manejado el escándalo de Lava Jato, llegando a destruir inversión, empleos y crecimiento, innecesariamente.

V. El arreglo fiscal con Odebrecht

Nuevo acuerdo de cooperación entre las autoridades peruanas o Odebrecht. Fuente: RPP

Las autoridades peruanas y la constructora brasileña sellaron en la madrugada del sábado su “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios”, que entre otoros puntos establece:

• El monto de la reparación civil
  675 millones de soles.

• Acuerdo firmado es sobre cuatro obras
  El acuerdo fue firmado por cuatro obras: Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y la Vía Evitamiento Cusco.

El fiscal Rafael Vela dijo a El Comercio que “no podemos obligar al colaborador a que admita hechos por los que siente que no ha delinquido. Él sabe que no ha delinquido desde su perspectiva”.

• Odebrecht puede volver a contratar con el Estado
  Odebrecht “recupera su capacidad operativa”. Es decir, también podrá volver “a contratar con el Estado. Pueden postular a competir en obras públicas”.

VI. Impactos de una absurda y discriminatoria paradoja

Mediante el acuerdo de la Fiscalía, Odebrecht estará facultada a contratar con el Estado y así generar los recursos para saldar la reparación civil.

Sin embargo, como consecuencia de las normas indicadas líneas arriba (DU 003 y Ley 30737), muchas empresas peruanas, si bien no están impedidas  están impedidas de contratar con el Estado, están sujetas a innumerables cortapisas, trampitas y mala voluntad por parte de funcionarios del Estado, que debilitan su capacidad de contratar. Veamos:

• Por ejemplo, las empresas del llamado club de la construcción, sin haber sido sancionadas, han sido excluidas de las obras de la reconstrucción, empeño que no logra despegar. Ver cuadro de Apoyo Consultoría, que demuestra un fracaso escandaloso en algo tan importante como recuperar la vida normal de millones de ciudadanos, especialmente en el norte del país:

• En el caso de algunas empresas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30737 y su reglamento, sin tener en cuenta que las obras hayan sido cuestionadas por actos ilícitos, ni hayan sido mencionadas en ninguna de las declaraciones de ODEBRECHT, las ha incluido indebidamente dentro del conjunto de empresas que conforman la denominada Categoría 2.
• El inadecuado tratamiento a los casos de corrupción dado por el tristemente célebre DU 003, que ha sido sustituido por la Ley 30737. Está ley lamentable tampoco funciona, porque los legisladores se concentraron asegurar “el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado”, sin importarles la obra pública, y en dar toda la responsabilidad de la aplicación de la Ley al Ministerio de Justicia, el causante de la inoperatividad del DU 003, y encima contemplaron 31 actos administrativos nuevos a cargo de este Ministerio. 
• La Ley 30737 regula tres categorías (de casos): 1) ODEBRECHT, 2) Sus consorciadas y 3) El supuesto Club de la Construcción. Se acepta como una verdad absoluta la existencia de un Club de la Construcción que se compondría de 30 empresas constructoras y, como es una verdad mediática, nadie hace el menor análisis del proceso judicial.
• La Fiscalía basa su investigación en la declaración de un colaborador eficaz – funcionario de ODEBRECHT, quien entrega una lista de 30 empresas constructoras, casualmente todas las que hacen obra pública, con un claro objetivo: parar toda la inversión pública.
• A partir de lo dicho por el colaborador eficaz, la Fiscalía lanza la investigación con un impactante manejo mediático.
• Lo paradójico es que, a partir de ahí los políticos, los medios de comunicación y los líderes de opinión asuman que las 30 empresas están en calidad de investigadas y comprometidas con el caso. Por esta razón, ninguna entidad de la Administración Pública se atreve a contratar con las 30 empresas para la realización de nuevas obras públicas. Ya ha habido varias licitaciones del MTC que están estancadas porque se ha tachado a todas las empresas de la lista que se hayan presentado. Por su parte, los bancos no les conceden créditos y, es más, tratan de reducir su exposición con las 30 constructoras.
• Por otro lado, la participación de árbitros en procesos seguidos por Odebrecht ha afectado la imagen del sistema arbitral en el Perú, pues se considera que “el arbitraje, terminó siendo un sifón a través del cual la transnacional sacó decenas de millones de dólares más a un Estado inerme, incompetente o cómplice” (IDL).
• Se ha generado el mito de que todos los arbitrajes por contrataciones públicas siempre los pierde el Estado y, como consecuencia de ello, se han introducido sobre-regulaciones que han tenido el efecto contraproducente de disminuir la competencia en las licitaciones de obras públicas.
• La creencia equivocada de que hay un Club de la Construcción integrado por 30 empresas, ha originado que las entidades del Estado busquen cualquier excusa, más allá de lo que establece la ley, para adoptar medidas que desnaturalizan el arbitraje, dilatando los procesos o estableciendo restricciones ilegales en los contratos. 

• A todo esto, se sumará el cambio de mando en los gobiernos regionales y locales en enero próximo. Esto origina impactos que también inciden en la parálisis del sector de la construcción. Por ejemplo, mediante:
  • El desconocimiento de los compromisos asumidos por las autoridades anteriores.
  • El no reconocimiento de las valorizaciones pendientes de pago, no gestionar las transferencias presupuestales para incumplir los pagos o simplemente decidir no pagar los montos reconocidos.
  • El destinar lo presupuestado originalmente para la obra en curso hacia otra distinta, incumpliendo con los pagos correspondientes.
  • El incumplimiento y desconocimiento de los laudos arbitrales
  • En contratos de servicio, el no continuar con los pagos pendientes, con lo cual se interrumpe la prestación de los servicios contratados.

VII. Nuestra Propuesta

RECONSTRUYAMOS EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1. Viabilicemos los proyectos de infraestructuras
2. Reiniciemos las obras suspendidas
3. Nivelemos el piso para todos los agentes económicos
4. Permitamos que las empresas peruanas del sector construcción sean efectivamente sujetos de contratación por parte del Estado, en Lima y en las regiones
5. Apoyemos la recuperación su capacidad crediticia
6. Permitamos que nuestros mejores técnicos y administradores de obra vuelvan a trabajar sin cortapisas
7. Bajemos la presión mediática generalizada y desenfocada

Todo esto es por supuesto, en gran medida responsabilidad del gobierno. Pero no solo del gobierno, también lo es de la clase dirigente empresarial, académica y mediática.

Sin excusar responsabilidades que deben perseguirse sin tregua, debemos dejar de hacer daños que repercuten en el conjunto de la economía, sin que, además, sean efectivos en perseguir delitos.

Ya hemos causado suficiente daño. Los ciudadanos esperan que el país recupere su sensatez y la construcción de la prosperidad. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 12 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

¿Qué es gobernar, sino servir bien a la población? ¿Qué es gobernar, sino combatir con fuerza a la corrupción? Pero de verdad… no de la boca para afuera como ocurre con muchas autoridades. Además, si hubiera presupuesto regional, gobernar sería – también – hacer grandes obras de infraestructura. Pero no… ese no es el caso de los gobiernos sub-nacionales. Las grandes obras de infraestructura las hace el Gobierno Central… no los Gobiernos Regionales o Municipales.  

He ahí un error muy generalizado. Mucha gente cree que los Gobiernos Regionales y los Municipios son los responsables de las grandes obras: carreteras, puertos, reservorios, hospitales, etc. ¡Error! Las grandes obras de infraestructura – incluso la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño pasado – las hace el Gobierno Central.

Entonces… reitero. Gobernar es tratar bien a la población. Y para ello hay que confrontar – y sancionar – a la corrupción. Eso es gobernar.

Pues bien, cuando asumimos la gestión del Gobierno Regional – en enero del 2015 – encontramos la siguiente situación:

• Colas de amanecida en todos nuestros hospitales.
• Crueldad y maltrato descarado a los pacientes.
• El temible Dengue aparecía en toda la región. Renombrados epidemiólogos vaticinaron lo peor respecto a la propagación de la enfermedad.
• Había coimas por doquier – y maltrato a más no poder – en el otorgamiento de licencias de conducir.
• Huacachina – el emblema de Ica – se había convertido en un charco agonizante, y los areneros se habían apoderado del balneario. ¡Huacachina daba lástima!
• La presencia iqueña en el medallero olímpico escolar – a nivel nacional – era exigua y desmoralizante.
• La relación con Huancavelica – por el tema del agua – era confrontacional e inconducente.
• En los últimos 70 años no se había construido ni un solo reservorio en las cabezadas de nuestras cuencas.
• La corrupción y la impunidad campeaban a lo largo y ancho del Gobierno Regional.
• Y varios etcéteras más. Así era el Gobierno Regional de Ica en enero del 2015.

Bueno pues, Ica ha cambiado en los últimos años. Mejor dicho, ha mejorado.

• Ya no hay colas en nuestros hospitales a pesar de haberse triplicado las atenciones.
• El Dengue está totalmente controlado.
• La Hermandad del Agua entre Ica y Huancavelica es una hermosa realidad.
• Hemos triplicado el medallero olímpico escolar.
• Y Huacachina está preciosa… los areneros ya no circulan por el balneario.
• Las mafias de los brevetes han sido eliminadas y sancionadas como corresponde. Las licencias de conducir se entregan en el día – una vez aprobados los exámenes de manejo – sin coimas de por medio.
• Y en cuanto a la corrupción – si bien no hemos terminado con ella – hemos destituido o suspendido a cerca de 300 funcionarios – léase… corruptos – que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Ciertamente, hemos cometido errores que hubiéramos querido evitar. También estamos conscientes de que – para lograr el nivel de bienestar que merecen los iqueños – aún queda un largo camino por recorrer. Pero que hemos mejorado… hemos mejorado. Aunque nunca faltan los amargados de siempre que dicen que no hemos hecho nada. En fin… ¿para qué hacerles caso?

Ahora – con Javier Gallegos de Gobernador Regional – sigamos hacia adelante. Pero siempre vigilantes para que los vicios del pasado no vuelvan – jamás – al Gobierno Regional de Ica. Lampadia