Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

En la primera y segunda vuelta, así como después de la ilegitima proclamación, la mayoría de los peruanos han estado y siguen estando en estado de negación.

¨Que va a poder ganar ese desconocido que tiene menos del 5%¨.

¨Los vamos a derrotar fácilmente en la segunda vuelta¨

¨La izquierda en su conjunto nunca ha pasado del 30%¨.

¨Ahorita Keiko les da la vuelta a las encuestas¨

¨Faltan los votos del extranjero, con eso Keiko gana¨.

¨Hay un claro fraude, van a anular las elecciones¨.

¨La auditoria internacional definirá el triunfo de Keiko¨.

¨No van a atreverse a proclamarlo con tanta irregularidad¨

¨En su discurso del 28 va a deslindar de Cerrón¨

¨Va a nombrar a un gabinete moderado¨

¨El Congreso no le dará la confianza al gabinete¨

¨El Congreso lo va a vacar¨

¿Hasta cuando vamos a seguir en negación? Ya es hora de despertar y reaccionar.

Esta negación es algo que los comunistas han sabido aprovechar muy bien a su favor y lo siguen haciendo. Nos han sorprendido con un viejo plan, que lo han sabido ejecutar muy bien y si es que no salimos de este estado rápidamente, nos van a ganar por goleada.

El engaño, la mentira, la victimización, el fraude, el delincuencial financiamiento y la descarada ayuda de los entes oficiales han sido sus principales herramientas para hacerse ilegítimamente del poder ejecutivo y las seguirán utilizando hasta hacerse del poder total. Lo triste es que el resto de la población lo estamos permitiendo por seguir en negación.

Con este logro, los comunistas han completado exitosamente la primera etapa de su plan para perpetuarse en el poder y saquear al país. Un plan que es digitado por el foro de Sao Paulo (FSP) y que utiliza a asesores foráneos incluyendo al infame Evo Morales.

La dupla que está ejecutando el plan en el Perú nos hicieron creer que uno de ellos era el radical y el otro el abnegado maestro de escuela rural que se victimizaba con la frase ¨no me terruqueen¨. Gran engaño, Castillo no es mas que otro lobo con piel de cordero, dirigente sindical radical muy cercano al Movadef, que lideró la huelga que paralizó a la educación del país por mas de tres meses en el 2017.  

La perversa historia se repite. Tenemos de nuevo a un sínico mentiroso en la presidencia y a un todopoderoso asesor detrás del trono, que también se llama Vladi.

El Perú, Chile y Colombia son los nuevos objetivos estratégicos del FSP. Esto, debido a que su fuente de financiamiento (el petróleo de Venezuela), se les ha agotado y están en busca de otras. Por eso han puesto su puntería en estos países, porque son ricos en minerales y obviamente por el narcotráfico. 

El objetivo central de los comunistas del FSP es el mismo de siempre: conseguir el poder absoluto del país, para enriquecerse a través del usufructo de sus riquezas, a costa de una sometida población.

Su estrategia tiene tres etapas:

1. Tomar del gobierno vía elecciones a como de lugar (anteriormente era por vía de la lucha armada).
2. Forzar una asamblea constituyente y una nueva constitución que les de el dominio de todos los poderes del estado y de las fuerzas armadas.
3. Perpetuarse en el poder, sometiendo a la población mediante el abuso del poder, el empobrecimiento de la población y el miedo.

En el caso de Chile, el orden de las dos primeras fue invertido. Ya cumplieron con la segunda etapa y ahora irán por la primera. En el Perú y Colombia vienen siguiendo el orden descrito.

En nuestro caso, parece que el plan estaba pensado para el 2026, pero debido a que se presentaron algunos hechos no planeados, que hicieron mas propicio el escenario en el 2021, se adelantó el plan. Estos hechos incluyen a la pandemia y a la crisis económica generada por el corrupto y ¨lagarto¨ manejo del gobierno, que dejó a una gran parte de la población angustiada, desempleada, vulnerable y frustrada con la clase política tradicional.  

De esto se aprovecharon malévolamente los comunistas para acelerar el plan, complementándolo con sus típicas tácticas de victimización, odios, racismo y lucha de clases, a través de la exacerbación de las desigualdades.

Lo mas vergonzoso es que también recibieron la ayuda interesada de los ¨tontos útiles¨, representados por los caviares, la irresponsable prensa parcializada y los apodados ¨cojudignos¨, que prefirieron sacrificar la democracia y el futuro de los peruanos, antes que votar por Keiko.

Todos ellos han sido los causantes de que el comunismo haya logrado cumplir exitosamente la primera etapa de su plan, ganando la elección presidencial de una manera accidentada, irregular e ilegal.

A estas alturas, resulta inútil repasar las innumerables y fraudulentas irregularidades, pero lo que si es repudiable es la actuación vergonzosa, parcializada e ilegal de las tres autoridades que conforman el sistema electoral. El JNE, la ONPE y la RENIEC, así como también el congresista encargado de la presidencia de la república y su tristemente célebre gabinete. Se merecen que les caiga todo el peso de la ley.

Ellos le negaron a más de la mitad de la población, el derecho al uso de las fuentes de votación para verificar el resultado (los padrones). También se opusieron inexplicablemente a una auditoría internacional, que hubiera legitimado el proceso y evitado el caos que estamos viviendo.

Analizando la situación desde un punto de vista matemático, la izquierda radical tiene sólo el 10% de apoyo, según la votación que obtuvo el partido del corrupto sentenciado Cerrón. Los demás votos que tuvieron en la segunda vuelta son ¨alquilados o prestados¨.

Por lo tanto, el apoyo político con que cuentan actualmente es muy endeble y les puede jugar en contra. Esto también se refleja en el Congreso. Sabiendo que tienen esta debilidad, están actuando rápidamente aprovechando que la mayoría de la población sigue estando en negación.

Esto explica el agresivo y ¨regalón¨ discurso del 28, el irrespeto a los protocolos, al Rey de España y a los presidentes de Colombia y Chile, así como también la ridícula y ofensiva composición del gabinete. El ¨lobo se sacó la piel de cordero¨ y también se confirmó que su asesor no será el portero sino el poder detrás del trono.

Esta muy claro que trataran de mitigar esta debilidad con la ¨lluvia de millones¨ que se ofreció en el discurso. Por eso este tema tiene que ser detalladamente fiscalizado por el Congreso y por la población para que no se dilapiden las reservas públicas.

En términos futbolísticos, hay que reconocer que han ganado el primer tiempo, pero no han ganado el partido. Además, lo ganaron con trampa, con muchos fouls, con el referí y el VAR abiertamente a su favor y por la mínima diferencia. El único tanto fue un autogol hecho por los ingenuos y los ¨tontos útiles¨, que jugaron en contra equivocadamente.

Por eso, hay que salir al campo con todo en el segundo tiempo para voltear el partido. Tenemos que dejar de lado la negación y actuar en equipo, con inteligencia y con sigilo. Si no lo hacemos de esta manera, nos ganaran por goleada y descenderemos a segunda división. Dejaremos de ser parte de la Alianza del Pacifico y pasaremos a la vergonzosa y bolivariana UNASUR.

Hay que tener en cuenta que ahora el objetivo principal de los comunistas es lograr la asamblea constituyente a como de lugar y a través de ella, la nueva constitución que les daría el poder absoluto.

Ellos harán todo lo posible para cumplirlo y nosotros tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para que no lo cumplan. Ese debe ser el gran objetivo de todos los peruanos que no queremos perder la democracia, ni nuestras libertades y propiedades. Si lo logramos, habremos ganado el segundo tiempo y también el partido.

Hay varias formas para que ellos consigan su objetivo, pero para todas ellas hay estrategias para bloquearlas. Por eso, el Congreso será nuestra primera línea de contención, asesorado por los mejores abogados de la democracia. Ellos deberán contar en todo momento con la tremenda fuerza que les dará la gran mayoría de la población, en las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por último y en caso nuestra constitución sea violada, nuestras fuerzas armadas deberán estar vigilantes para entrar en su defensa. Dejemos el estado de negación y unámonos en un solo equipo.

¡El Congreso de la República, la población libre y demócrata y las Fuerzas Armadas unidos en contra del comunismo totalitario! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Habría que entender qué es lo que se busca con una nueva constitución.

La Constitución como mito fundacional

Es posible que algunos vean en una nueva Carta Magna la ilusión de un nuevo nacimiento sin las taras y males del pasado. Comenzar de cero por decimotercera vez para crear un mundo feliz, justo, donde todos seamos iguales. Es decir, una función mítica. Lo puso Castillo en su ya célebre tuit:

“…para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista… la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los peruanos/os dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente”

Aquí hay un error de base: creer que una Constitución puede crear la felicidad social. Que puede ordenar la igualdad. Y que puede hacerlo dándole al Estado unos poderes muy fuertes. La dictadura del Estado contra los poderes malignos de los privados.

En realidad, una Constitución es mucho más efectiva poniendo límites a los poderes que creándolos o agravándolos. Nació para eso: para poner límites al poder del Rey y permitir el desarrollo de los ciudadanos. Límites para que los poderes públicos no avasallen la libertad individual. Para permitir la máxima expansión posible de la iniciativa política, económica y cultural de los ciudadanos, a fin de hacer posible la realización individual y el crecimiento colectivo.

Es más, cuando la Constitución se pervierte dando excesivos poderes al Estado, termina facilitando la destrucción de los derechos fundamentales del ciudadano, la dignidad de la persona. Y termina agravando la desigualdad y la pobreza.

La Constitución puede reconocer derechos –de hecho, la Constitución actual reconoce todos los derechos mencionados por Pedro Castillo-, pero su concreción en la realidad es un asunto de políticas, de gestión. Y de posibilidades materiales, de mercado. Un mercado que genere los excedentes y que integre.

Castillo ha dicho que la salud y la educación no deben ser servicios sociales, sino derechos. Es creer, nuevamente, en el poder mítico de la palabra, de la norma constitucional. Lo que nos falta no es la letra del derecho, sino un buen servicio público que la encarne. Eficiencia, gestión por resultados, meritocracia. Y acabar con las mafias corruptas. Eso es mucho más difícil que escribir una palabra. Tenemos que cambiar el Estado, no la Constitución.

La Constitución como vehículo de incorporación en la nacionalidad

Algunos verán una nueva constitución como la carta de incorporación de los sectores marginados o excluidos o postergados a la ciudadanía nacional, a un sistema que no les sea ajeno sino propio. Como el nuevo pacto social que les permita incorporarse.

Podemos decir que esa exclusión se expresa concretamente en la informalidad. Es una exclusión del sistema formal, del Estado legal, que es el sustento de la exclusión social y cultural, de la discriminación y el racismo. Un mercado integrador gracias a una formalidad incluyente, sería un gran igualador y desprejuiciador, un gran creador de prójimos.

Y se expresa también en la exclusión de los servicios públicos, ineficientes y capturados por grupos de interés. Es decir, del Estado social.

Pero ambas exclusiones no se resuelven con una nueva Constitución, sino con la reforma de la formalidad y del Estado, de la salud y la educación. Nuevamente, eso es mucho más difícil que poner palabras en un texto. La Constitución y la ley, más bien, al regular derechos tan difíciles de alcanzar que solo una minoría los puede disfrutar, se vuelven excluyentes. Consolidan y agravan la injusticia.

La Constitución como truco simbólico para acumular poder

En los últimos veinte años las nuevas constituciones en américa latina han tenido esas consecuencias. Pero no solo han agravado la pobreza y la desigualdad, sino que han servido para suprimir libertades. Con el señuelo de diseñar el paraíso social, han sido usadas por los gobernantes para acumular poder, suprimir controles horizontales, disolver los congresos, capturar las cortes judiciales y los poderes electorales.

Esto no solo por el texto que aprueban –por lo general estatista- sino desde el proceso mismo de convocatoria a asambleas constituyentes. Para hacerlo y conseguir mayoría en ellas, los gobernantes movilizan a sectores y organizaciones sociales, hacen populismo económico y político y revientan la caja fiscal.  Una vez instaladas, suelen desplazar o disolver el Congreso y absorber sus funciones. Su poder es omnímodo, absoluto. Mientras duran, todos los derechos y las reglas de juego quedan en suspenso. Y el tirano se aprovecha. Pesca a río revuelto. 

Se convierten en la práctica en la cobertura perfecta para la corrupción y para retroceder en la reforma del Estado y de los servicios públicos.

Me pregunto si será posible sentarse a conversar con los impulsores de una nueva Constitución sobre las razones o los sentimientos o las percepciones que los han llevado a plantearla. Si será posible una discusión seria y racional sobre fines y medios. Sobre cuáles serán los mejores medios para alcanzar los fines que persiguen, siempre y cuando no se trate simplemente de la captura del poder total. Lampadia

Consideramos de máxima importancia para la opinión pública, compartir las palabras pronunciadas por el Tribuno José Luis Sardón, sobre el ‘Sentido de la Constitución’ con ocasión de la celebración del 25 aniversario de la creación del Tribunal Constitucional.

José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú
Representante Alterno del Perú ante la Comisión de Venecia
25 de junio, 2021

Buenos días. Es muy grato para mí estar esta mañana con ustedes, en la celebración del veinticinco aniversario —las Bodas de Plata— del Tribunal Constitucional del Perú, para compartir una reflexión relevante para esta ocasión. Agradezco a nuestra presidenta, la doctora Marianella Ledesma Narváez, por su gentil convocatoria. Agradezco también las generosas palabras de presentación del doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional, y del señor José Callo Romero, mi paisano y amigo. Solo debo agregar que lo que aquí diga no compromete en modo alguno a nadie más que a mí mismo.

Sin más preámbulo, paso a abordar el tema que pretendo dilucidar ahora: ¿cuál es el sentido de la Constitución? Según Ludwig von Mises, la acción humana se caracteriza por tener necesariamente un sentido:

pretende alcanzar precisos fines y objetivos

dice al inicio de su magna obra, La acción humana. Elaborar Constituciones no es —no puede ser— una excepción a esta regla. ¿Para qué se redacta, entonces, una Constitución?

En el mundo contemporáneo, existen alrededor de doscientos países. Casi todos tienen una Constitución escrita. Es una práctica tan extendida que incluso hay organizaciones internacionales dedicadas a ayudar a los países a hacer o rehacer sus Constituciones. La más importante es la Comisión de Venecia, creada por el Consejo de Europa en 1990, para ayudar a los países de Europa del Este a diseñar sus Constituciones, una vez sacudidos del comunismo.

Algunos países tienen Constitución con otro nombre. El caso más notable es la República Federal de Alemania. Su Constitución es la Ley Fundamental de Bonn de 1949. En realidad, la principal excepción a la regla es el Reino Unido y algunos otros países del Commonwealth británico. No tienen una Constitución escrita, pero sí documentos como el Acta de la Reforma de 1832, las Actas del Parlamento de 1911 y 1949, y la más reciente Acta de Reforma Constitucional de 2005. La Constitución del Reino Unido vendría a ser la suma de dichos documentos, y su aplicación práctica.

Para responder cuál es el sentido de la Constitución, entonces, no debemos distraernos por su nombre, sino concentrar nuestra atención en dos puntos:

• Primero, sus efectos prácticos; y,
• Segundo, su contenido.

Solo prestando atención a ellos, podemos responder adecuadamente a la pregunta sobre el sentido de la Constitución.

Empecemos, entonces, por precisar cuáles son los efectos prácticos de la Constitución. El principal de ellos es tan evidente que podemos no percatarnos de su existencia: prevenir el cambio normativo. Toda Constitución busca ser un ancla normativa, es decir, fijar en el tiempo normas que se estiman fundamentales para la vida y el desarrollo de una sociedad.

La diferencia entre la Constitución y la ley es que aquella resulta más difícil de cambiar que esta. En el caso del Perú, por ejemplo, una ley ordinaria requiere ser aprobada por una mayoría simple de los miembros del Congreso. Toda reforma de la Constitución, en cambio, requiere ser aprobada por una mayoría absoluta de congresistas y luego ratificada en referéndum. Si dicha reforma alcanza una mayoría calificada de dos tercios del Congreso, en dos legislaturas ordinarias consecutivas, se puede obviar el referéndum.

En sus 28 años, nuestra Constitución ha tenido 24 reformas. Esto contrasta con lo ocurrido en los Estados Unidos. En sus 234 años, la Constitución de ese país ha tenido 27 enmiendas. 24 reformas en 28 años equivale casi a una reforma por año; 27 enmiendas en 234 años equivale casi a una enmienda cada diez años. La estabilidad constitucional de los Estados Unidos es, pues, diez veces la nuestra. Seguramente, ello explica —al menos, en parte— porqué su nivel de desarrollo —en términos de PBI per capita— es también diez veces el nuestro: USD6,978 versus USD65,298, según el Banco Mundial.

En realidad, la Constitución de los Estados Unidos es la más antigua del mundo. En ese país, todo es nuevo, salvo su Constitución. El juez Antonin Scalia contrastaba los Estados Unidos con Italia. En Italia —decía—, todo es más antiguo, salvo su Constitución. La Constitución italiana es de 1947, mientras que la americana es de 1787. Tener la Constitución más antigua del mundo, seguramente también, contribuye a explicar porqué la economía de los Estados Unidos es la más grande del mundo. Es 50% más grande que la de China, a pesar de tener solo una cuarta parte de su población.

A pesar de no tener una Constitución escrita, los ingleses tienen tan clara la importancia de la estabilidad de la Constitución que en la canción titulada nada menos que Revolución —compuesta por John Lennon, el más rebelde de Los Beatles— se afirma:

Dices que vas a cambiar la Constitución
Bueno, ¿sabes?
Nosotros todos queremos cambiar tu cabeza

Evidentemente, la estabilidad constitucional no es un valor absoluto, pero debe serse cauto al reformarse una Constitución. Si cambiar la Constitución fuera tan fácil como cambiar o reformar una ley cualquiera, no podría hablarse siquiera de Constitución.

Ahora bien, para comprender cabalmente el sentido de la Constitución, debe dilucidarse también el segundo punto al que me referí al principio: su contenido. ¿Cuál es o debe ser este? Así como hay Constituciones que no se llaman de esa manera, también hay otras que se llaman Constitución, pero que no califican como tales, pues no contienen las normas constitucionales características. ¿Cuáles son estas? Cuatro siglos antes de Cristo, en La Política, Aristóteles describió la constitución de diferentes ciudades griegas. Al hacerlo, se refirió a su forma de organización política efectiva.

Lo característico de una Constitución es, pues, definir la organización política de un país. Pero no solo ello. Desde sus antecedentes antiguos y medievales, la idea de Constitución significó el establecimiento de límites al poder. La Carta Magna de 1215, por ejemplo, fijó límites a la voluntad o al capricho del rey, al establecer que no podía tomar la vida, la libertad y la propiedad de los lords sin un debido proceso. Una Constitución no puede establecer, pues, cualquier estructura de gobierno sino una que sirva para crear un estado de Derecho —es decir, un gobierno de leyes, no de hombres:

antes fueron leyes que reyes

dijeron en Aragón a fines del siglo XVI, frente a los ímpetus absolutistas del Rey de España Felipe II, basándose en los legendarios Fueros de Sobrarbe.

La respuesta completa a la interrogante que nos convoca esta mañana es, pues, la siguiente: el sentido de la Constitución es establecer un gobierno limitado y estable. Un gobierno de este tipo no es un fin en sí mismo sino un medio para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, y permitir que se desarrollen las iniciativas empresariales, de creación económica y de progreso, que están latentes en la sociedad. Es un instrumento para tener una sociedad libre y próspera, en la que florezcan los proyectos de vida de sus ciudadanos, familias y empresas.

Un gobierno sin límites tiene efectos perversos en lo político, lo económico y lo moral; condena a un país no solo a la pobreza sino también a la desmoralización. Quien haya podido tratar con personas provenientes de países con gobiernos totalitarios podrá corroborarlo: lo más triste no es que sean pobres sino que están quebrados moralmente. Tienen arraigada la idea, derivada de su propia experiencia, de que el abuso es consustancial a la interacción humana. Creen, como Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, porque bajo un régimen totalitario no impera la razón sino el miedo.

Un diseño constitucional orgánico adecuado, en todo caso, no es tarea simple. No hay una fórmula única para hacerlo. Cada arreglo institucional debe responder a la historia y cultura de cada sociedad. Ello no significa, por supuesto, que la política comparada no ofrezca sugerencias de las que se debe tomar nota. Una Constitución, en realidad, ha de combinar consideraciones universales y particulares.

Por otro lado, no hay ninguna opción que no tenga pros y contras. En realidad, ni siquiera es claro qué aspectos una estructura de gobierno ha de incluir. Nadie cuestiona la importancia de la separación de poderes, pero hay quienes afirman que aún más importante es facilitar el surgimiento de partidos y sistemas de partidos. Más que el sistema de gobierno, importaría el sistema de representación. Desde que son la bisagra entre la sociedad y el Estado, los partidos representan el primer nivel de organización política.

Como enseñó Giovanni Sartori, los partidos modernos —a diferencia de las facciones per-modernas— solo surgen cuando hay sistemas de partidos, es decir, cuando la conducta de unos es acotada o constreñida por la de los otros. Un sistema de partidos implica la alternancia ordenada de partidos en el poder. Repetida en el tiempo, esta hace que surjan estrategias de prestigio entre los participantes. Robert Aumann, Premio Nobel de Economía 2004 y uno de los principales autores de la teoría de juegos, dice:

La repetición posibilita la colaboración

Por el contrario, allí donde no hay una alternancia ordenada de partidos en el poder, surgen estrategias predatorias. Los gobernantes tienden a pensar, como los Corintios:

Comamos y bebamos que mañana moriremos

ya que, al salir del poder, no pasan luego a la oposición sino a la cárcel. Saltan sobre ellos, como fieras, los aliados del nuevo gobernante —incluyendo algunos ex-colaboradores que les traicionan a la velocidad de un rayo—, con el aplauso de la prensa venal y la tribuna exaltada. En una situación así, no hay estado de Derecho posible; el Derecho y la administración de justicia son una y la misma cosa que la lucha política. Se entroniza, entonces, la desconfianza y se degrada la vida en sociedad.

Indudablemente, pues, una Constitución debe establecer no solo una adecuada separación entre los poderes del Estado sino también reglas propicias para el surgimiento de partidos y sistemas de partidos. Según Patrick Gunning, una Constitución que no define un sistema de representación no merece ser llamada Constitución. Con frecuencia, sin embargo, los debates constitucionales soslayan esto y priorizan el reconocimiento de derechos fundamentales. Ello es un error: los derechos no se protegen tanto por declaraciones enfáticas como por arreglos institucionales propicios. Como dijo Felipe Ortiz de Zevallos Madueño durante los debates que dieron origen a nuestra Constitución:

Una Constitución no debe plantear lo máximo a lo que aspira una sociedad sino lo mínimo en lo que se puede poner de acuerdo para gobernarse.

La Constitución de los Estados Unidos incluye una Carta de Derechos, pero ella no es lo esencial de dicha Constitución. Lo esencial son las normas que establecen una estructura de gobierno basada en el principio de la separación de poderes. Existen Constituciones que han reconocido más derechos que la de los Estados Unidos. Scalia solía señalar a la de la Unión Soviética de 1977. Esta se explayaba en reconocer los derechos, pero no establecía pesos y contrapesos dentro del gobierno. Consecuentemente, contribuyó al descalabro de ese país en 1991.

En los últimos treinta años, en Latinoamérica, la expansión de derechos fundamentales frecuentemente ha sido utilizada como cortina de humo para instaurar regímenes autoritarios, si es que no totalitarios. Prometiendo el oro y el moro, algunas Constituciones latinoamericanas recientes han distraído a la población del verdadero interés de sus propulsores: permanecer en el poder. Observando este fenómeno recurrente, por eso, cuando alguien propone cambiar la Constitución debe uno preguntarse: ¿qué querrá este señor realmente —no será solo quedarse en el gobierno para siempre?

El cambio total de Constitución es más riesgoso que las reformas parciales frecuentes, ya que significa el “reseteo” total del sistema jurídico del país. Toda norma jurídica que se oponga a la nueva Constitución queda derogada. El adanismo constitucional implica, además, una condena radical del pasado, en el que no se reconoce nada bueno, noble y generoso; al mismo tiempo, supone la pretensión —la fatal arrogancia, diría Hayek— de que la nueva generación hará todo mejor ahora. ¿Qué garantía hay de que eso ocurra? ¿Basta acaso con que muestre indignación frente a las deficiencias previas?

Ciertamente, destruir instituciones es mucho más fácil que reconstruirlas; en realidad, una vez destruidas, resulta imposible reconstruirlas. Es como querer reparar una telaraña con la mano, habría dicho Ludwig Wittgenstein. A finales del siglo XVIII, Edmund Burke ya advirtió lo siguiente:

La ciencia de componer un gobierno, o renovarlo, o reformarlo, como todas las demás ciencias fundadas en la experiencia, no se puede aprender a priori; la experiencia de esta ciencia práctica no se adquiere en un día, porque los efectos reales de las causas morales no siempre son inmediatos. Algo que parece perjudicial en una primera inspección, puede ser muy bueno en sus consecuencias posteriores; esta misma bondad puede acaso derivar de los malos efectos producidos al principio. Puede también ocurrir lo contrario; proyectos muy plausibles, después de haber tenido los principios más lisonjeros, acaban por causar arrepentimiento y vergüenza. (…) Así, pues, desde que la ciencia del gobierno es del todo práctica en sí misma, versa sobre tanta variedad de objetos prácticos —y exige una experiencia tan basta que no es dado adquirir a ningún hombre en el curso de su vida, por mucha sagacidad que tenga y por muy buen observador que sea—, nadie debe, si no es con infinitas precauciones, emprender la ruina de un edificio que por espacio de muchos años llenó de un modo tolerable todos los fines generales de la sociedad, ni pretender la construcción de otro sin tener a la vista algún modelo o ejemplo que presente la idea de una utilidad ya experimentada.

Como regla general, el adanismo constitucional tiene, pues, consecuencias muy negativas. José Luis Cordeiro ha demostrado que existe una correlación entre el número de Constituciones y el nivel de desarrollo. De hecho, los otros cuatro países que acompañan a los Estados Unidos en el grupo de cinco con Constituciones más antiguas tienen también altos niveles de desarrollo: 2. Noruega (1814); 3. Holanda (1815); 4. Bélgica (1831); y, 5. Luxemburgo (1842). Los cinco con Constituciones más recientes, en cambio, son casi todos subdesarrollados: 1. Cuba (2019); 2. Tailandia (2017); 3. Costa de Marfil (2016); 4. República Central Africana (2016); y, 5. Zambia (2016).

La Constitución de Cuba es un documento digno de las novelas de Miguel Ángel Carpentier. Repleta de expresiones retóricas, no logra ocultar el hecho macizo de que, desde hace 62 años, el gobierno allí está en manos del Partido Comunista. En realidad, hasta el 2019, estuvo en manos de los hermanos Castro —primero Fidel, luego Raúl. Con la coartada del socialismo, estos se entronizaron en el poder, persiguiendo a quienes —como Huber Matos— creyeron sus promesas iniciales. Cuba fue un día uno de los países más ricos de Latinoamérica; hoy es uno de los más pobres del mundo.

Venezuela no ha hecho sino repetir esta triste historia. En 1998, luego de llegar al poder por la vía democrática, Hugo Chávez impulsó el cambio de Constitución. La nueva Constitución cambió incluso el nombre del país. Ayudado por el boom de los comodities, su régimen ocultó por algunos años la destrucción de sus instituciones económicas: el derecho de propiedad y el estado de Derecho. Al disiparse este boom, su sucesor Nicolás Maduro pretendió echar mano nuevamente de la coartada constitucional, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente el 2017.

Sin embargo, a pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión de Venecia entregó una Opinión muy crítica de la Asamblea susodicha. Según la Constitución de Venezuela, dijo, el Presidente puede proponer pero no disponer la convocatoria de tal Asamblea. Además, en la convocatoria inconstitucional de Maduro:

1. La distribución de curules por circunscripciones electorales licuó el peso político de Caracas en favor de áreas rurales despobladas, vulnerando el principio de igualdad del voto;
2. La representación gremial se basó en gremios inexistentes y no reflejó ningún principio ordenador identificable; y,
3. El número exorbitante de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (más de 500), impediría cualquier debate significativo.

A base de esta Opinión, la OEA y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenaron a la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro. Deslegitimada internacionalmente, ella aún no entrega la nueva Constitución. Empero, su sola existencia genera incertidumbre. Consecuentemente, nadie se anima a desarrollar ninguna empresa. Si no pueden migrar, los venezolanos buscan solo sobrevivir. En el Perú, más de un millón de inmigrantes venezolanos pueden corroborar esta tragedia: el que hace apenas unas pocas décadas fuera el país más rico de Sudamérica es hoy el más pobre.

Los peruanos cambiamos ocho veces de Constitución en el siglo XIX y cuatro en el siglo XX. En el XXI, más que volver a incurrir en el adanismo constitucional, creyendo que podemos tomar el cielo por asalto, debemos efectuar ajustes puntuales a nuestra Constitución, tanto en el sistema de representación como en el sistema de gobierno.

Ciertamente, hay mucho por reformar en el Título IV de la Constitución. Siguiendo el consejo del pensador mexicano Octavio Paz, debemos continuar construyendo la modesta Casa de los Hombres, en la que podamos enfrentar los malos tiempos cada vez de mejor manera.

Muchas gracias.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las fuertes e indignadas movilizaciones de los jóvenes contra una decisión del Congreso indican que ni el Congreso ni los políticos los representan. Hay, entonces, un serio problema de representación en nuestra democracia. ¿Eso se arregla con una nueva Constitución?

Se arregla, para comenzar, asumiendo directamente la representación. Es decir, formando partidos políticos, o ingresando a algunos de los existentes. Ahora es más fácil formar partidos políticos. Sólo se requiere 24,000 adherentes. Pero el problema es que también se requiere formar comités en 20 regiones y en cerca de 70 provincias. Esto último, en la era de las redes y el WhatsApp, es absurdo. Se podría formar comités virtuales, grupos de chat, que serían mucho más activos en términos de discusión de ideas y propuestas que un local físico al que nadie asiste.

Entonces una primera tarea de colectivos de la generación bicentenario sería demandar al Congreso modificar la ley para eliminar el requisito de los comités físicos y demandar también la reducción del número de afiliados al 0.5% del padrón (unos 12,000), como era la propuesta original de la Comisión para la Reforma Política. Y formar un partido o varios. Pueden comenzar participando en las elecciones regionales y municipales del 2022.

Nuestra democracia representativa -nuestro congreso, nuestros partidos- no funciona porque no representa. Eso es así por tres razones:

• Primero, porque los mejores no entran a los partidos, lo que se resolvería con lo arriba dicho.
• Segundo, porque los distritos electorales para elegir congresistas son muy grandes y tienen muchos congresistas, entonces yo no sé quién es mi representante. Necesitamos pasar a distritos uni o bi nominales donde yo sé quién es mi representante y me puedo comunicar con él y lo puedo fiscalizar. Y de hecho lo puedo escoger mejor porque compiten menos candidatos.
• La tercera razón es que en la era de los medios y las redes, los intermediarios tienen cada vez menos peso porque el individuo expresa directamente sus puntos de vista. La democracia representativa pierde frente a la democracia directa de las redes y las encuestas.

La solución a esto es poner las redes, los medios tecnológicos, al servicio de la democracia representativa. Que los congresistas elegidos en distritos uni o binominales usen las redes y plataformas digitales para comunicarse permanentemente con sus electores. Juntar los dos temas. En lugar de que las redes erosionen la representación, la hagan viable.

Entonces colectivos de la generación bicentenario podrían demandar estos cambios, que ni siquiera requieren modificar la Constitución. El artículo 187º de la Carta Magna dice: “En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley”. La elección uninominal no es pluripersonal y, por tanto, no habría que hacer una reforma constitucional sino solo reformar el artículo 24 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y si optamos por el sistema binominal, que es pluripersonal, con mayor razón aún.

También podrían demandar que el Congreso se elija junto con la segunda vuelta presidencial, para que el presidente tenga más probabilidades de tener mayoría en el Parlamento, evitándonos una estéril y destructiva confrontación de poderes. Esto tampoco es un cambio constitucional, sino legal. La democracia no solo tiene que ser representativa. Debe también, pese a ser compleja, ser eficaz, entregar resultados.

La bicameralidad, para moderar los abusos y mejorar la calidad de las leyes, sí supone enmienda constitucional. Pero no se requiere cambiar toda la Constitución para ello.

También podrían organizarse contra la corrupción. Fernando Cillóniz, por ejemplo, posee un portal llamado “Cívica” con un procedimiento para efectuar denuncias de corrupción. Pueden adoptar esa página o crear otras. Ver el formulario para hacer denuncias: CÍVICA DENUNCIAS.

En lo inmediato, colectivos de la generación del bicentenario podrían exigir que el Ejecutivo y el Congreso se entiendan estos meses que quedan para no producir leyes demagógicas y dañinas que sólo responden a intereses políticos particulares en perjuicio del país, sino aquellas que se requieran para luchar contra la pandemia y recuperar la economía, y las arriba mencionadas para mejorar la representación, la participación y la gobernabilidad. Exigir que acuerden una agenda legislativa conjunta -que además es un mandato del artículo 29 del Reglamento del Congreso- para para no repetir la historia lamentable que hemos visto.

La presidenta del Consejo de ministros, Violeta Bermúdez, ha informado que se encuentra “programando una reunión” con la Mesa Directiva del Congreso y con las bancadas, pero no ha anunciado que buscará una agenda legislativa conjunta. Debe hacerlo. Hay que pedirlo.

Hay sectores de la generación bicentenario que piden una nueva Constitución, que es la demanda de la Izquierda. Puede tener un valor simbólico, pero inútil, contraproducente y costoso en todo sentido. Buscar una nueva Constitución en lugar de arreglar la actual, es una forma de escapismo, de no asumir las tareas reales necesarias para producir los cambios que se buscan. Lampadia

A poco más de un mes del referéndum que decidirá la creación de una nueva constitución en Chile (ver Lampadia: ¿Una nueva constitución en Chile?), The Economist brinda interesantes reflexiones sobre la pertinencia de esta decisión, a la luz de los logros del tan criticado modelo chileno y las demandas de las protestas que han vuelto a sacudir a nuestro vecino del sur en los últimos días.

Cabe resaltar de este análisis, la referencia que hace el popular medio británico respecto a cómo históricamente las izquierdas en América Latina han aprovechado este tipo de descontentos, cuyos orígenes están lejos del denostado “neoliberalismo”, para arremeter con nuevas cartas magnas e instaurar modelos fallidos con políticas trasnochadas en sus países.

Venezuela es el caso más emblemático al respecto, puesto que pasó de ser uno de los países más ricos de la región a finales de los años 90, a exhibir los peores índices de desarrollo humano a nivel mundial en gran parte por la constitución juramentada por Hugo Chávez, la cual ha posibilitado todas las nefastas políticas del actual régimen en las últimas dos décadas.

Como también enfatiza The Economist, si Chile toma este camino no solo se jugará este riesgo, sino también la posibilidad de contar con un equipo incompetente y sin la pericia suficiente para el diseño de una constitución que pueda ser si quiera viable en términos económicos y que sobretodo tome en cuenta los incentivos de los chilenos en temas tan importantes como el mercado laboral, las pensiones y el sistema de salud pública.

Como hemos comentado anteriormente y rescatando este análisis, la solución de Chile no pasa por cambiar su constitución, puesto que gran parte de las demandas de su gente está concentrada en la mala provisión de los servicios públicos y no en los marcos institucionales que rigen su economía de mercado. Estos últimos, por más que lo nieguen las izquierdas más recalcitrantes, han permitido todo el desarrollo de Chile experimentado en los últimos 30 años, cimentándolo como el país con mejores indicares económicos y sociales de la región, y con una clase media que abarca a por lo menos el 65% de la población, según recientes estimaciones del think tank chile Libertad y Desarrollo.

En tal sentido, se deben fortalecer las labores que competen al Estado y que en la actual constitución ya están claramente delimitadas como el brindar seguridad y salud pública de calidad.

Dicho esto, esperamos que estas reflexiones puedan calar en el electorado que irá al referéndum a llevarse a cabo el próximo 26 de abril y sopesen una vez más la idea de crear una nueva constitución. Podrían estar más cerca del socialismo de siglo XXI de lo que Chile nunca estuvo alguna vez. Lampadia

Una estrella empañada
Cómo reformar Chile

Una nueva constitución ofrece al país un camino para salir de la ira y el desorden

The Economist
14 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Durante gran parte de los últimos 30 años, Chile se ha destacado del resto de América Latina como un país que parecía estar haciendo la mayoría de las cosas bien. Combinaba una economía de mercado abierta con el estado de derecho, instituciones estables y una creciente provisión social. Las tasas de pobreza cayeron abruptamente y la mayoría de los chilenos se convirtieron en clase media por medidas oficiales. Por lo tanto, las protestas grandes, sostenidas y a veces violentas que han sacudido al país desde el pasado octubre han sido impactantes. Han cuestionado el éxito del “modelo chileno” y su futuro.

Lo que sucede ahora en Chile importa más allá de sus fronteras. Sus protestas, que se han reanudado este mes, son solo una manifestación del descontento que arrasa América Latina. Varios otros países también han visto protestas, aunque estas se han centrado principalmente más estrechamente. La elección de populistas contrastantes en Brasil y México en 2018 fue otra señal de ira. Así fueron las victorias de la oposición en las recientes elecciones presidenciales en toda la región.

No es difícil adivinar las causas de este descontento. América Latina ha experimentado un crecimiento económico escaso o nulo desde 2013. Sus nuevas clases medias temen tener menos oportunidades. La corrupción ha desacreditado a la clase política. Y existe una sensación generalizada de que la democracia no ha traído el mismo trato y el mismo acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos.

Varios de estos factores se aplican en Chile. La derecha identifica el problema como un crecimiento lento combinado con una clase media más exigente. Para la izquierda, las protestas son una rebelión contra la desigualdad y el “modelo neoliberal” impuesto por la dictadura del general Augusto Pinochet.

A primera vista, la queja de la izquierda es descabellada. Desde 1990, los gobiernos democráticos han hecho muchas reformas. Sin embargo, las principales quejas realmente se refieren a los legados de la dictadura: un sistema de pensiones privado que no ofrece seguridad en la vejez, un sistema de salud segregado y una sensación de impunidad para los ricos. Además, la violencia y el vandalismo han puesto en tela de juicio la capacidad del estado para mantener el orden público. La policía, una vez respetada y dejada para correr, se ha mostrado en los últimos años corrupta, brutal e incompetente. Necesitan ser completamente reformados.

En un esfuerzo por aplacar la ira popular, Sebastián Piñera, el presidente en conflicto, llegó a un acuerdo para celebrar un plebiscito el 26 de abril sobre si se debe organizar una asamblea para redactar una nueva constitución. Piñera, un ex empresario multimillonario, ha cambiado entre sonar duro y reconocer que Chile necesita grandes cambios. Como si estuviera regateando un acuerdo comercial, ofreció concesiones al margen en pensiones, subsidios de salud, etc. Se necesita un enfoque más audaz. Muchos chilenos quieren la promesa de un sistema de pensiones con una red de seguridad más fuerte y un sistema universal de salud pública. Eso significa permitir un seguro privado pero abolir los organismos de salud conocidos como Isapres, una invención de Pinochet, que drenan las contribuciones a un sistema privado de alto precio. También significa un compromiso para aumentar los impuestos, que son solo el 20% del PBI. Se deben pagar mejores servicios públicos.

¿Es esencial una nueva constitución para lograr estos cambios? Ha sido un mecanismo de la extrema izquierda en varios países latinoamericanos para tomar el control e imponer un modelo socialista (fallido). Pero a este respecto, Chile es diferente. Aunque muy enmendado, su constitución se califica de ilegítima por su origen bajo Pinochet. Las encuestas han demostrado durante mucho tiempo que dos tercios de los votantes están a favor de una nueva carta. La constitución existente es muy difícil de reformar. Las cuestiones de desacuerdo de rutina, como la atención médica y la educación, requieren una gran mayoría para cambiar.

Eso no es negar los riesgos. El 26 de abril, los chilenos votarán no solo sobre la creación de la convención constitucional, sino también sobre si esta debería ser totalmente elegida o compuesta en parte por legisladores existentes. El nuevo cuerpo puede sufrir de inexperiencia. Muchas constituciones latinoamericanas recientes han sido prolíficas y utópicas, repletas de “derechos” inasequibles y promesas de gastos. Pero Chile tiene salvaguardas. A menos que el nuevo documento sea aprobado por un voto de dos tercios de la asamblea y luego en un referéndum, la constitución existente permanecerá.

Sobre todo, la convención ofrece a Chile un camino para salir de su laberinto. La nueva constitución debería incorporar un nuevo contrato social. Debería eliminar los obstáculos para reformar la policía, brindar atención médica universal y regular las universidades privadas. Una población más sana y mejor educada sería más productiva. Una red de seguridad más fuerte alentaría a los trabajadores a ser más flexibles. Una nueva ley básica podría darle a Chile un nuevo comienzo, y a América Latina un nuevo modelo del cual aprender. Lampadia

El nuevo calendario constitucional de Chile está ya generando aportes y debates sobre las posibles líneas de desarrollo de su nueva Constitución.

El ensayo de la Fundación para el Progreso de Chile, que compartimos líneas abajo, es particularmente interesante, pues comprende un conjunto de principios coherentes de lo que puede ser una Constitución de orientación liberal.

Si bien el Perú no está en ese tránsito, estos principios ayudan a entender la naturaleza de una Constitución y nos ayuda a visualizar posibles líneas de eventuales reformas.

Principios liberales para una nueva Constitución

Fundación para el Progreso
José Luis Trevia
Noviembre 2019
Glosado por Lampadia

Toda Constitución, al ser la roca madre o la ley fundamental de una sociedad, posee determinados principios que orientan a esta última y es una de las funciones de la Carta Magna. Recordemos que es “la Constitución la que fija los principios rectores con arreglo a los cuales se debe formar la unidad política y se deben asumir las tareas del Estado”. Por otro lado, viviendo en democracia y entendida esta como “un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Resulta imprescindible que la organización constitucional encuentre principios que se acoplen a la democracia como régimen político.

Los principios constitucionales son un lugar en el cual refugiarnos, orientar e interpretar nuestra sociedad. De esta forma “los principios son por lo tanto la base del sistema constitucional, poseen aplicabilidad amplia, aunque indirecta, irradiando efectos por todo el ordenamiento jurídico otorgándoles lógica y validez”. De esta forma se configuran las bases de nuestras instituciones y que el profesor de derecho constitucional Cea Egaña reseña correctamente “las Bases de la Institucionalidad que son los valores, principios y preceptos reunidos que tienen la cualidad de ser cimiento o sustento sobre el que se levanta todo el sistema institucional como punto de partida de la convivencia civilizada de las personas, las familias, los grupos intermedios y el Estado”

Así las cosas, analicemos principios que desde el liberalismo se conecten con una democracia en aras de una nueva Constitución.

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos

Tal principio que oriente nuestra nueva Carta Magna no es más que una réplica del inicio de la declaración de DDHH de Naciones Unidas, el cual señala “Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” El cual demuestra un profundo igualitarismo moral, todos somos iguales desde el nacimiento en nuestra dignidad humana, libertad e igualdad.

El Estado está al servicio de la persona

Con ello se busca orientar la actuación del Estado para con la persona que lo financia y entrega a él el monopolio del uso de la fuerza. El Estado está al servicio de esta y no la persona al servicio del Estado. Nuestro Tribunal Constitucional ha sido claro en este aspecto: “en virtud del principio de servicialidad, la Administración del Estado existe para atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, para lo cual actúa a través de servicios públicos”.

La finalidad del Estado es promover el bien común

En este sentido el Estado tiene como deber el hecho de propiciar condiciones para la plena realización de los individuos en el interior de la sociedad en que este existe con el límite a derechos de terceros y lo que nuestras propias leyes establecen. En síntesis “el Estado existe por y para el cumplimiento del fin temporal consistente en la creación de las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece”

Los límites al poder del Estado y el carácter democrático del Gobierno

Es decir, que la franja o línea que es imposible que el Estado, y por más democrático que sea un gobierno, no puede ser cruzada es el individuo en sus derechos, dignidad y libertad. Esta es la finalidad principal de la Constitución como tal, limitar al poder del gobernante debido a que este se corrompa y dañe a las personas.

La probidad y la transparencia como principios del buen gobierno

La transparencia y probidad pública son una garantía respecto del buen funcionamiento de un gobierno electo en democracia, de lo que hace y no hace. En consecuencia, los ciudadanos pueden controlar de mejor forma al gobierno que financian y escogen en sus actuaciones. Por ello, “constituye un principio que debe orientar el funcionamiento de la Administración, haciendo prevalecer el interés público por sobre aquel del funcionario. Este principio se expresa fundamentalmente en la importancia de las Declaraciones de intereses y patrimonios, y en los llamados Deberes de abstención”

El respeto al Estado de Derecho

El Estado de Derecho es el pilar en donde descansa el fin a la arbitrariedad, la separación de poderes y los límites de mayor envergadura a un Estado. La separación e independencia de poderes, el apego irrestricto a la ley y la igualdad ante esta última configuran un escudo para defenderse de dictadores y populistas. Una revisión más completa agrega algunos elementos más según Naciones Unidas “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”

La descentralización como forma de acercar la decisión gubernamental a las personas

El poder siempre tiende a concentrarse y de tal forma es más complejo de controlar. Abogar por una descentralización efectiva del poder y defender la teoría de los equilibrios, balances y contrapesos, urge más que nunca para seguir sosteniendo los pilares de una sociedad democrática, abierta, pluralista y apegada al Estado de Derecho.

La libertad del individuo de perseguir su propio proyecto de vida

La consagración de la libertad como un derecho inalienable al ser humano, es la base de cualquier democracia, y corresponde al Estado protegerla y garantizarla. Se entiende por ella el respeto por la libertad de expresión, consciencia, tránsito, enseñanza, asociación, y toda aquella que permita al ser humano obrar según su propia voluntad, siempre y cuando aquella autodeterminación no implique una lesión a derechos de terceros.

El respeto a la vida y la integridad de la persona

Garantizar la vida como un derecho intransable e irrevocable y reforzar el compromiso con en el diálogo de buena fe para la resolución de conflictos es el sello de una sociedad civilizada. La Declaración Universal de Derechos Humanos resguarda en su Artículo 3. que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Por tanto, la Constitución de la República debe contemplar su defensa y asegurar su protección indiscriminada.

La protección de la propiedad

Garantizar la protección del derecho de propiedad, tanto en materia de posesión como de uso y transferencia, resulta indispensable al momento de procurar estabilidad y crecimiento en la economía de un país. Nuestra Constitución debe ser clara en proteger la libre transacción y el respeto por los acuerdos voluntarios, respaldado por un sistema judicial autónomo y eficiente.

Igualdad ante la ley

Una sociedad democrática requiere de una profunda igualdad entre sus ciudadanos en la vara que los mide y refleja las reglas que estos pretender darse, la ley. El profesor de filosofía del derecho, Agustín Squella, vuelve sobre el punto: “esto quiere decir que las leyes se aplican sin consideración a las personas y que ningún individuo debe ser ni privilegiado (favorecido) ni discriminado (perjudicado) con dicha aplicación. A eso se llama igualdad ante la ley, y consiste en que las normas del derecho deben ser aplicadas de manera idéntica a casos o situaciones similares”.

Conclusión

La Constitución de la República de Chile debe ser en todo momento un mecanismo de regulación del poder político, con reglas claras sobre la delimitación de las atribuciones del Estado y la especificación de los principios fundamentales bajo los cuales se rige una sociedad. No debe ser utilizada para fines coercitivos que propugnen falsos ideales de bienestar, aquello puede resultar carísimo e incluso terminar dirigiendo esa anhelada búsqueda de prosperidad en el sentido opuesto y generar una amplia frustración por derechos garantizados en un papel que poco se condicen con una realidad en la que se han vuelto inaplicables. Por ello, recobrar la tesis de una constitución minimalista resulta trascendental para configurar en la práctica estos principios liberales que orienten nuestra nueva Carta Fundamental.

Así las cosas, sostiene el profesor de derecho constitucional José Francisco García en defensa de una Constitución minimalista el sentido de esta es “aquel que rescata la modestia de la empresa constitucional:

(1) la Constitución no zanja las controversias sociales fundamentales;

(2) la Constitución no es un proyecto acabado, un estado o etapa final, sino una actividad; y

(3) una Constitución solo debe contener reglas básicas, tanto en lo orgánico como desde la perspectiva del catálogo de derechos.” De lo contrario, la Carta Magna “hace más compleja su comprensión y más difícil su aplicación. Una Constitución que pretenda abarcar la mayor cantidad de materias e incorporar la mayor cantidad soluciones, corre el riesgo de transformarse en una Constitución inaplicable.”

Resolver los problemas sociales es imperativo y urgente, sin embargo, aquello debe resolverse en el terreno de la política y nuestra Constitución debe actuar solo como un faro que guíe dicha tarea.

Tras haber sido víctima de una de las peores revueltas violentistas en su historia tras su retorno a la democracia, Chile emerge con un gobierno débil que ha terminado por ceder en las presunciones de los grupos del ala más radical de las izquierdas en dicho país.

Más allá de las victorias sociales logradas en el plazo inmediato y reflejadas en las medidas a ser implementadas por el presidente Piñera, como la creación de un ingreso mínimo garantizado, la reducción de las tarifas eléctricas y topes a los medicamentos, incremento en las pensiones, entre otras, conviene detenernos en el referéndum a convocarse en abril del próximo año que legitimaría la creación de una nueva constitución.

Un reciente artículo escrito por The Economist, y que compartimos líneas abajo, incide en el contexto político y económico que precedió este hecho, pero sobretodo hace una reflexión acerca de las posibles transformaciones por las que podría pasar el modelo chileno, de inclinación liberal, con esta nueva constitución. Así indica que podría inclinarse la balanza hacia la socialdemocracia o en el peor de los casos, hacia un intervencionismo al puro estilo venezolano. Ambas alternativas que supondrían traer la tan ansiada justicia social que desean alcanzar las protestas.

En este respecto, queremos rescatar lo que ha referido acertadamente en diversas ocasiones en los últimos días la Fundación para el Progreso (FPP), importante think tank chileno (ver Lampadia: La constitución del subdesarrollo, La madre de todas las batallas) acerca de la creencia errónea, y hasta absurda, de que una nueva constitución constituirá la solución de todos los males del país chileno y siquiera de cualquier otro país.

Como ha mostrado la evidencia internacional, los países de altos ingresos como EEUU, Dinamarca, Suiza, Australia, entre otros, solo han tenido una constitución de su historia. Justamente por esa idea nefasta de creer que con una nueva constitución que otorga mayor poder al Estado, se podrá refundar una sociedad desde sus cimientos, es que los países de nuestra región han fracasados en sus intentos denodados por establecer un modelo al cual consideran como utópico e ideal. Toda constitución puede ser perfectible siempre y cuando se mueva dentro de los marcos institucionales que dan vida a las reglas de juego que rigen los mercados libres. Estas reglas de juego que caracterizan al modelo chileno, le han permitido a dicho país alcanzar los mejores índices de desarrollo humano en la región (ver Lampadia: Chile en la mira), aun cuando la narrativa proveniente de la izquierda haya penetrado en la percepción de los jóvenes reaccionarios, haciéndoles parecer todo lo contrario.

Siendo esta nuestra reflexión final, consideramos que debería sopesarse la idea de convocar una asamblea constituyente para la escritura de una nueva carta magna ya que, como lo ha demostrado hasta el cansancio la historia de la región, iniciativas parecidas han contribuido a bifurcar todos los progresos generados por constituciones que promueven un Estado subsidiario y la libre competencia de los mercados. Lampadia

Chile se tambalea hacia una nueva constitución
El doloroso nacimiento de un país diferente

The Economist
23 de noviembre, 2019
Traducido y comentado por Lampadia

En 2014, Michelle Bachelet, socialista, ingresó a la presidencia de Chile por segunda vez en un programa de reforma radical de impuestos, educación y pensiones. También aspiraba a promulgar una nueva constitución que garantizara “más equilibrio entre el estado, el sector privado y la sociedad”, como le dijo a su columnista mientras tomaba el té en el palacio presidencial de Moneda. Argumentó que su “lucha contra la desigualdad” era una última oportunidad para lidiar con los descontentos que, si se descuidan, podrían empujar a Chile hacia el populismo.

En ese momento eso parecía alarmista. Y varias de las reformas de Bachelet fueron mal diseñadas. Se enfrentaron a una oposición implacable de los negocios y la derecha. Su posición pública se vio afectada por un escándalo relacionado con un préstamo bancario garantizado por su hijo. Pero en retrospectiva, Bachelet estaba en lo correcto. Durante el último mes, debido a los descontentos que identificó, Chile se ha visto afectado por una conflagración social. Esto ha visto grandes protestas pacíficas, desorden salvajemente violento y vigilancia policial dura.

Un país diferente está listo para emerger. Chile heredó de la dictadura de Augusto Pinochet tanto una economía de mercado de rápido crecimiento como una “sociedad de mercado” de pensiones de pago, atención médica y educación. Bajo los gobiernos democráticos en los últimos 30 años, la provisión social se ha reformado gradualmente. Los chilenos son mucho menos pobres y sus ingresos son menos desiguales. Pero no es así como muchos de ellos lo ven. Las protestas son un grito por más redistribución y mejores servicios públicos.

El sucesor de Bachelet, Sebastián Piñera, un hombre de negocios multimillonario convertido en político de centro derecha, fue elegido con la promesa de impulsar el crecimiento económico al corregir sus reformas. Al carecer de una mayoría en el Congreso, hizo pocos progresos. Su manejo de las protestas ha sido errático. Después de que el metro de Santiago sufriera ataques incendiarios coordinados el mes pasado, declaró que Chile estaba “en guerra” y envió al ejército a las calles. Para muchos chilenos, eso le quitó credibilidad a su posterior crítica de la policía que dejó seis muertos y unos 2,400 heridos, más de 200 con lesiones en los ojos. Casi 2,000 policías también resultaron heridos, pero no pudieron evitar la quema de iglesias, supermercados y edificios públicos.

Piñera prometió un aumento inmediato en la pensión mínima (pero a solo US$ 165 por mes), un pequeño aumento en el salario mínimo y medidas para reducir el costo de los medicamentos y la electricidad. Se resistió a otros cambios: un cambio de gabinete fue más pequeño de lo esperado y esquivó las demandas de más impuestos y una nueva constitución. “Era muy poco, demasiado tarde”, dice Heraldo Muñoz, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Bachelet.

El presidente ahora ha perdido el control de los acontecimientos. Su nuevo ministro de finanzas, Ignacio Briones, acordó con la oposición aumentar los impuestos, financiar pensiones más altas y una mejor atención médica. Después de una huelga general y protestas violentas el 12 de noviembre, se habló del presidente para que no volviera a imponer un estado de emergencia. En cambio, Gonzalo Blumel, su nuevo ministro del Interior, negoció un acuerdo nacional para un referéndum en abril sobre si se debe tener una nueva constitución y qué tipo de organismo debería redactarla. Todas las partes, excepto algunas en la extrema izquierda y la extrema derecha, lo han firmado. El acuerdo cuenta con un 67% de apoyo popular, según una encuesta de esta semana.

Las protestas comienzan a disminuir. El acuerdo ofrece a Chile un posible camino de regreso a la paz y la reforma consensuada. Hay salvaguardas contra una asamblea constituyente que sigue el camino de la Venezuela de Hugo Chávez. Su trabajo será únicamente redactar una constitución, y dos tercios de sus miembros deben estar de acuerdo con el texto. “La gran mayoría de los chilenos son sensibles”, dice Patricio Navia, un politólogo. “Quieren compartir mejor el pastel, no quieren volar el pastel”.

Otros son más pesimistas. “El experimento neoliberal está completamente muerto”, según Sebastián Edwards, un economista chileno. ¿Qué lo reemplazará? Algunos temen un descenso al populismo fiscal. La economía ya se ha visto afectada, y es poco probable que la inversión se recupere hasta que el esquema del nuevo modelo sea claro. Chile ha descubierto algunas verdades duras sobre sí mismo. Su fuerza de policía, alguna vez admirada, los Carabineros, han demostrado ser incompetentes y brutales. Se ha demostrado que el servicio de inteligencia es inútil.

Muchos en el centro moderado esperan que de esta catarsis surja un modelo político que conserve una economía de mercado competitiva mientras crea un estado de bienestar al estilo europeo. Eso sería un gran avance para América Latina. Llegar allí no será sencillo. Lampadia

Fundación para el Progreso
Axel Kaiser
Publicado en El Mercurio, 5.11.2019

En sus ‘Reflexiones sobre la revolución francesa’ publicadas en 1790, el intelectual y político irlandés Edmund Burke, advirtió que el afán refundacional de los jacobinos terminaría en una tragedia colosal que no solo fracasaría en conseguir la añorada igualdad que proclamaban, sino que daría pie al caos, el terror y la tiranía.

‘Es con infinita precaución que cualquier hombre debería aventurarse a derribar un edificio que ha respondido en cualquier grado tolerable a los propósitos comunes de la sociedad’, afirmó Burke, cuyas predicciones en poco tiempo se cumplieron consagrándolo como uno de los observadores más agudos y visionarios de su época. Desde sus orígenes, la filosofía liberal ha sido escéptica de las grandes narrativas refundacionales y de sus profetas, prefiriendo un tedioso, predecible y aburrido gradualismo cuando se trata de modificar aquellas instituciones que han permitido el florecimiento de la libertad y del progreso económico y social. Las sociedades maduras y avanzadas usualmente prefieren la precaución liberal recomendada por Burke antes que el entusiasmo rousseauniano que embriagó a los revolucionarios franceses y que, sin duda, ha constituido un aspecto central del subdesarrollo latinoamericano por más de un siglo.

Basta un breve repaso comparativo de historia constitucional para advertirlo. Así, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una sola Constitución en toda su historia a pesar de haber atravesado por una horrible guerra civil, dos guerras mundiales y la guerra fría, entre muchos eventos traumáticos. Dinamarca, Holanda, Noruega, Singapur, Bélgica y Australia también cuentan con una sola Constitución en su historia. Suiza ha tenido tres Constituciones desde 1291, Canadá dos desde 1867, al igual que Finlandia y Austria, ambas con dos Cartas fundamentales desde principios del siglo 20. Alemania, Italia, Japón y Francia han mantenido la misma Constitución en los últimos 60-70 años y países como Reino Unido, Israel, Nueva Zelandia y Hong Kong jamás han tenido siquiera una sola Constitución escrita. En América Latina, en cambio, la historia es muy diferente. Argentina ha tenido seis Constituciones; Brasil, Uruguay y México, siete. El Salvador, Honduras y Nicaragua han tenido 14 Constituciones cada uno, Colombia 10, Perú 12, Bolivia 16, Ecuador 20, Haití 24, Venezuela 26, y República Dominicana 32. Ninguna región del mundo, incluyendo África, ha tenido más Constituciones que América Latina. (Cordeiro, 2008).

Existe en nuestra cultura el curioso hábito de hacer de las Constituciones un chivo expiatorio sobre el que proyectamos todos nuestros defectos —mediocridad económica, corrupción, miseria social, deshonestidad, abusos, etc.—, para luego sacrificarlo en un acto de liberación colectiva que nos permite desentendernos de nuestra propia responsabilidad por los males que sufrimos. Ello, sumado al utopismo irresponsable tan propio de nuestros intelectuales, que no dudan un segundo cuando se trata de encontrar en la teoría la solución definitiva para nuestros padecimientos, pero que al mismo tiempo suelen ser ignorantes en casi todas las cuestiones prácticas de la vida social, es lo que impide la creación de instituciones estables en el tiempo, haciendo imposible el progreso acumulativo que se observa en los países desarrollados.

El hecho de que nuestras Constituciones desechables, a diferencia de las de naciones avanzadas, sirvan más bien para incrementar que para controlar el poder del Estado, horada aún más las bases liberales necesarias para la prosperidad. En ese contexto, los esfuerzos que apuntan a desbancar la Constitución actualmente vigente en Chile, bajo la cual se ha producido el período de mayor éxito en la historia nacional, son una manifestación clásica de la inmadurez política, intoxicación ideológica y evasión de la propia responsabilidad que históricamente ha sumido a América Latina en el subdesarrollo. Si Chile opta por seguir el camino refundacional desechando su Constitución, demostrará definitivamente que, a fin de cuentas, carece del mínimo necesario para pertenecer a la liga de los países serios. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Walter Aduviri quiere una nueva Constitución. No solo él, buena parte de la izquierda desea lo mismo. Hasta el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, se ha sumado. No les gusta el capítulo económico de la Carta Magna. No quieren la relativa libertad económica que allí se establece. Anhelan un Estado más grande, más presente en la economía, un Estado empresario y dirigista, que ellos quisieran manejar con superpoderes. Es decir, algo parecido a lo que tuvimos con Velasco Alvarado, porque no hay una tercera vía.

Pero veamos, por ejemplo, el efecto que tuvo ese añorado modelo en un sector muy vinculado a sus bases, el educativo. El siguiente cuadro, tomado de una investigación de Cesar Guadalupe y otros de la Universidad del Pacífico, muestra la evolución del gasto público por estudiante entre 1950 y el 2015, gasto público que refleja principalmente el salario de los maestros.

Como vemos, en el gráfico, el gasto público anual por estudiante subió aceleradamente entre 1950 y 1966, cuando teníamos un modelo de crecimiento que algunos denominan peyorativamente “primario exportador”. El giro hacia el modelo proteccionista, intervencionista y estatista comenzó a darse, como sabemos, hacia finales del primer gobierno de Belaunde, pero alcanzó su esplendor en los 70 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y llegó al éxtasis durante el primer gobierno de Alan García, creador del dólar MUC, de controles de precios y del intento de estatizar la banca. Pues bien, durante esas dos décadas de gran impulso socialista es que se produce la caída abismal del gasto público educativo, que, repetimos, expresa principalmente el desplome de las remuneraciones de los maestros. ¿El Sutep quiere regresar a esas épocas?

El gasto en educación –y por lo tanto los salarios magisteriales- recién empieza a recuperarse a partir de los 90, justamente después de la nueva Constitución del 93 que cambia el modelo económico y pasa a una economía más libre, menos intervenida y con menos empresas públicas, ya privatizadas. Esta nueva economía, más productiva, genera más excedentes y más impuestos, que permiten empezar a recuperar el gasto social, educativo en este caso.  

Nótese que el gasto por estudiante de 1970 recién se recupera el 2007. ¡Perdimos 37 años! Peor aún, si vemos bien el gráfico, advertimos que el nivel de 1966 recién lo recuperamos el 2013, ¡47 años después! La izquierda quiere regresar a un tipo de Constitución que nos hizo perder casi 50 años de desarrollo educativo y magisterial, y pide el cambio de aquella que ha permitido no solo recuperar sino superar los máximos niveles anteriores. No solo eso: ¿cuánto estaría ganando un maestro ahora si el Perú no se hubiese desviado hacia la izquierda en su modelo económico? Habría que hacer la proyección.

Pero en el caso de Aduviri debe haber una confusión, porque en su plan de gobierno explica que su propuesta “implica insertarnos en base a nuestras tradiciones dentro de una economía libre de mercado y el proceso de globalización… Pero las condiciones de libre mercado y la inversión privada, no debe implicar que se destruya nuestro medio ambiente, se nos robe nuestros recursos, se nos robe nuestras oportunidades de desarrollo, se nos robe nuestra cultura”. ¿Aduviri adhiere al libre mercado? De hecho, Puno es una tierra de capitalistas emergentes. No solo eso. Su plan plantea “…formalizar nuestra economía en una región el 80% es excluida por la falta de comprensión del estado”. Y allí da en el clavo.

Lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Ollanta Humala pero en alguna medida también desde antes, es que ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad. La Constitución se está asfixiando, como escribió Lampadia. Las actividades económicas, las empresas, están cada vez más trabadas por una profusión de normas que las ahogan y les impiden despegar. Probablemente a eso se refiere el plan de gobierno de Aduviri: el 80% de la economía es excluida por normas tributarias, laborales, sectoriales y administrativas de todo tipo que impiden trabajar porque imponen una carga demasiado  costosa en tiempo y dinero.

De lo que se trata es de tirar esa carga por la borda y derogar esas leyes y normas absurdas para facilitar los negocios y las inversiones y devolverles cancha libre. Se trata de dejar respirar nuevamente a la Constitución. Coincidimos completamente con Aduviri en ese punto.

Lo que no se entiende, en ese marco, es su posición frente a la inversión  minera. Quisiera aplicar el modelo boliviano, que es la sobrecarga absoluta, impuestos y regalías prohibitivas, salvo acaso para el que ya está produciendo, al que no le queda más remedio que tirar para adelante, si es que puede. Pero no solo carece de facultades para eso como gobernador regional, sino que con dicho modelo lo único que lograría, si pudiera aplicarlo, es que nadie invierta. Adiós al magnífico proyecto de Corani, que es un  modelo de desarrollo comunal y tiene el respaldo pleno de las comunidades (ver en Lampadia: El secreto de la minería peruana), y adiós al proyecto del litio, que puede traer grandes beneficios a la región y al país.

Si impidiera esas inversiones estaría agregando dos graves daños adicionales al país y a su propia gente, cuando todavía no ha pagado por el primero, que fue la movilización que detuvo el proyecto Santa Ana y destruyó propiedad pública y privada en Puno. No ha expiado hasta los delitos cometidos ni menos ha reembolsado los 108 millones de soles que, como recuerda Fernando Rospigliosi en El Comercio,[1] ahora el Estado peruano debe pagarle a Bear Creek a consecuencia de esa asonada. Lampadia

La Cuba socialista está planeando una serie de cambios que ellos afirman son “potencialmente trascendentales”, con una nueva constitución establecida para reconocer el libre mercado y la propiedad privada, mientras divide los poderes políticos entre un presidente y un primer ministro. Pero, cabe la duda de si es verdad todos estos cambios y cuáles serán sus límites.

En una reforma de la constitución de 1976, se afirma que los medios fundamentales de producción seguirán bajo control central, pero la inversión extranjera será reconocida como un estímulo importante para el desarrollo, según un informe del periódico Granma. Sin embargo, se aclara que el Partido Comunista seguirá siendo “la fuerza líder superior de la sociedad y del estado” y no dice nada sobre cómo funcionará el cargo de primer ministro o quién lo ocupará.

La verdad es la nueva Constitución no es más que un engaño, pues reafirma “el papel rector del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Como afirma Ian Vásquez en Reforma constitucional cubana, ja, ja, ja, “De ninguna manera se abandona el modelo. Lo que importa es la política del régimen y eso no ha cambiado. Siempre ha hecho lo menos posible en términos de reforma para poder mantener el control. Mientras que dice asegurar un papel al mercado, por ejemplo, el régimen ha restringido todavía más al ya pequeño sector privado. Recientemente, anunció más impuestos y regulaciones, la reducción de actividades en las que puede participar el sector privado y la limitación a solo un negocio por empresario.”

El sector privado

El proyecto de Constitución “añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, señaló un resumen del texto publicado en el diario oficial Granma. Ello permitirá la legalización de la pequeña y mediana empresa. Asimismo, agregó, admite “la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país”.

La autorización para que las personas trabajen en el sector privado fue una medida que casi fue suspendida. Ahora se va a reanudar, pero bajo estrictas regulaciones que parecen enfocarse más en controlar y restringir el sector privado emergente que en estimular la inversión y la creación de empleos, más preocupados por limitar la acumulación de riqueza que por aliviar la pobreza.

El pequeño sector privado de la isla ahora emplea a aproximadamente el 13 % de la fuerza laboral cubana. El sector privado creció dramáticamente en los últimos años, para incluir a casi 600,000 propietarios y empleados por cifras oficiales, con muchos cubanos más emprendedores trabajando informalmente.

Los nuevos controles requerirán que los dueños de negocios utilicen una cuenta bancaria para registrar todas las operaciones, pagar impuestos y demostrar que sus suministros se obtienen legalmente. Además, las licencias comerciales están limitadas a una por persona, para evitar la acumulación de riqueza personal, todo parte de planes para “actualizar” el modelo económico de la isla.

En contraste, el sector estatal se estancó y se descapitalizó aún más. De hecho, muchas empresas privadas comenzaron a competir con éxito contra entidades estatales, especialmente en restaurantes, bares y discotecas, hoteles, construcción y transporte. Los salarios pagados por las empresas privadas rentables a menudo superaban los salarios pagados a funcionarios del gobierno.

Las extensas regulaciones que entran en vigencia en diciembre son excesivamente burocráticas. Aprovechando una multitud de ministerios, los comités interinstitucionales nacionales, provinciales y municipales ahora estarán facultados para autorizar, inspeccionar e informar periódicamente a las empresas privadas bajo sus jurisdicciones. Las regulaciones están repletas de requisitos de rendimiento asombrosamente específicos e innumerables infracciones legales que parecen diseñadas para permitir a los funcionarios del gobierno una amplia discriminación para imponer fuertes multas (o extorsionar sobornos), suspender licencias e incluso apoderarse de propiedades.

Según unos informes de McKinsey, algunas de estas regulaciones son:

• Las guarderías deben asignar al menos dos metros cuadrados por niño, no tener más de seis niños por asistente
• Los taxistas privados deben documentar que están comprando combustible en las gasolineras del gobierno, en lugar de comprar en el mercado negro.
• Los funcionarios locales pueden denegar nuevas licencias basadas en “análisis previos”, incluso si el plan de negocios propuesto cumple con todas las especificaciones y pueden fijar los precios “cuando las condiciones lo justifiquen”.

Las regulaciones podrían ayudar a proteger a las empresas estatales de la competencia privada no deseada. Las autoridades cubanas han manifestado reiteradamente su interés en atraer inversión extranjera para compensar los cada vez menores ahorros internos. Sin embargo, es probable que los inversionistas extranjeros consideren que estas nuevas reglamentaciones son indicativas de una hostilidad hacia la empresa privada en general. Los inversionistas extranjeros también notarán que el gobierno cubano es bastante capaz de alterar precipitadamente las reglas del juego.

Las nuevas regulaciones dejan una cosa muy clara: el gobierno cubano, las empresas estatales y el gobernante Partido Comunista de Cuba no quieren arriesgarse a una competencia mayor para sus propios intereses. Lampadia

El mes pasado, el parlamento boliviano aprobó una ley que permitiría que el presidente Evo Morales postule para otro mandato (por quinta vez) si es ratificado en un referéndum nacional el próximo año. La ley, aprobada en una maratónica sesión por más de dos tercios de los legisladores (típica de las nuevas ‘democracias’ de papel), enmendaría nuevamente la Constitución para eliminar los límites del mandato presidencial.

Esto iría en contra de los ideales de su propia ‘cacareada’ cultura indígena. En un reciente artículo de The Economist, uno de sus legisladores aymara, Rafael Quispe, afirma que Morales estaría haciendo campaña con el lema “También yo quiero ser rey”. “Esto está lejos de ser un gobierno de los indígenas”, dijo Quispe. “Los aymara tienen una regla, taqui muyu. Significa liderazgo de alternancia. En nuestras comunidades, se elige un líder por dos años, tres cuando mucho. No puede volver a serlo, aun cuando nos ruegue”.

Morales, que llegó al poder en 2006 y cuyo índice de aprobación está por encima de 60%, afirma que sería feliz de renunciar a la presidencia, pero dice que son sus seguidores quienes lo estarían presionando para que se quede (sorprendente, considerando la opinión de su propio legislador aymara mencionada líneas arriba). Pero la verdad es que con tantos programas asistencialistas (Morales distribuye dinero a manos llenas, casi un tercio de los bolivianos, poco más de tres millones, recibe algún tipo de ayuda estatal), no es extraordinario que mantenga una alta popularidad y apoyo del pueblo, a pesar de que el país siga siendo uno de los menos desarrollados de América Latina, debido a las políticas orientadas al Estado que disuaden la inversión privada y el crecimiento.

Siguiendo el libreto de las ‘nuevas democracias’, el presidente Evo Morales impuso una nueva constitución en 2009 para ampliar sus poderes ejecutivos y estatizar la economía. Se ha comprometido llevar a Bolivia hacia un “socialismo comunitario”.  Mientras tanto, la tasa de inversión privada es una de las más bajas de la región. La mitad de todos los bolivianos viven en la pobreza y casi el 60 % de los trabajadores son informales.

Con el Rey Morales, el crecimiento económico de Bolivia ha sido bastante alto. Cerró el 2014 con un PBI per cápita superior a los 3,000 dólares, cifra que triplica lo registrado en 2005, cuando el ingreso individual era apenas de 1,010 dólares. Sin embargo, el Banco Mundial prevé que en 2016 la economía boliviana tendrá un crecimiento menor al de otros años, estimando una tasa de 3%. Las cifras del FMI son un poco más alentadoras, le dan a Bolivia una tasa de 3.5%, casi un punto porcentual menos que la proyección de la CEPAL de 4.4% para la próxima gestión. 

Gran parte de este desempeño se puede atribuir a los precios del gas natural, el mayor recurso estratégico de Bolivia. La bonanza de las materias primas proporcionó un superávit presupuestario y los medios para proyectos de infraestructuras y muchos programas sociales. En 2014, las exportaciones de petróleo y gas natural representaron el 54 % de los ingresos totales de exportación de Bolivia y el 8% del PBI. La avidez por recursos fiscales, único mecanismo para mantener el bombeo del crecimiento y clientelismo, llega a tal punto que hace 3 meses, Morales dispuso la explotación petrolera en medio de las reservas naturales, ver en Lampadia: Evo Morales y Rafael Correa promueven ahora el extractivismo.

La mayoría de los recursos de gas natural e infraestructura de Bolivia se encuentran en el sur-este del país, siendo su centro agrícola y económico. Pero, en la última década, el presidente boliviano ha ido consolidando el poder (y, por extensión, sus recursos de gas natural), lo que le ha permitido continuar con su agenda populista e impulsar la estatización de las industrias de energía y minería del país. Desde 2006, Bolivia ha logrado vender su gas natural a sus consumidores primarios, Brasil y Argentina, a precios cada vez más altos. Ha reinvertido casi todos esos ingresos en paquetes sociales que beneficiaron a sus electores, ganando suficiente respaldo para dominar tanto en las elecciones presidenciales de 2009 y 2014.

Pero el boom del gas natural ha comenzado a disminuir, lo que limitará las opciones de Morales en los próximos años. Durante la última década, Bolivia intensificó su producción de gas natural para satisfacer la creciente demanda de Brasil y Argentina. Sin embargo, el descenso de los precios de las materias primas, debido en parte al ajuste de la economía China, ha ejercido presión sobre las economías de Brasil y Argentina, por lo que han reducido sus demandas de gas natural boliviano. Como resultado, las exportaciones de gas natural ascendieron a tan solo US$ 2,100 millones entre enero y junio de este año, una caída de más de 35% en comparación con el mismo periodo de 2014.

El modelo caudillista que encarna Morales se ve reflejado en sus políticas nacionalistas por las cuales existe una falta de inversión extranjera en los sectores claves de hidrocarburos y minería, además de rígidas normas laborales, que se suman a una percepción de aumento de la subyugación económica bajo su mandato, que ya ha expropiado más de 20 empresas privadas desde 2006.

El entorno empresarial es muy débil. Según las cifras del ‘Doing Business 2015’ del Banco Mundial, Bolivia ocupa el puesto 162 de 189 países. El riesgo de expropiación es muy alto y limita el incentivo de los inversores. En los últimos años, varias empresas han sido (re)nacionalizadas, en particular en los  sectores de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por ejemplo, en 2013, la empresa nacional de energía, TDE, (Transportadora de Electricidad) y la empresa encargada de operar en varios aeropuertos, SBSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos), ambas españolas, fueron estatizadas.

La nueva Ley de Servicios Financieros (aprobada en agosto de 2013) ilustra el creciente intervencionismo estatal con el que actúa el gobierno, ya que ahora cuenta con el poder de establecer mínimos en las tasas de depósitos y regular las tasas de préstamos, así como fijar las cuotas mínimas de crédito a los sectores productivos y de viviendas de interés social.

Bolivia, un país pobre, es parte del Alba y tiene una mejor performance que sus maestros venezolanos que han destrozado una economía relativamente rica. Morales, ha logrado mejorar los ingresos de Bolivia por la apropiación del sector primario, partiendo desde muy abajo, pero sin lograr desarrollar una avenida de prosperidad de largo plazo. (Ver el PBI venezolano).

Una economía no puede desarrollarse aplicando un enfoque dominantemente estatal, sobre todo si es un país pobre como Bolivia y necesita generar riqueza a mayor velocidad. Su modelo se sustenta únicamente, a diferencia del Perú, en la exportación de commodities capturados por el Estado, anula la creatividad de los bolivianos y condena a toda una generación a vivir del clientelismo mendicante. 

En términos políticos, no solo se ha instaurado una suerte de monarquía, también se ha entronizado el manejo de las turbas como formas antidemocráticas de la llamada ‘democracia directa’. Además, como sabemos, a mayor concentración de poder, más corrupción. Todavía hay que descorrer los velos que protegen los círculos de poder boliviano del escrutinio público. Lampadia