Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Durante los próximos 3 años, nuestra región recibirá más de S/. 700 millones para reconstruir – y mejorar – la infraestructura dañada por las inundaciones y huaycos ocurridos el verano pasado. Un mundo de plata. ¡Cómo no va a ser un mundo de plata si el presupuesto del Gobierno Regional – para inversiones – es de apenas S/. 60 millones anuales! O sea, menos de la décima parte de lo que vamos a recibir del Plan de Reconstrucción con Cambios.

Recordemos “el mal” del verano pasado… El Niño Costero que se manifestó en forma de lluvias intensas en nuestras zonas bajas. Un hecho poco frecuente aquí en Ica. Efectivamente, la costa iqueña se caracteriza por su aridez. Y nuestra agricultura –  y en general, la población – depende del agua que proviene de la Sierra, donde llueve copiosamente todos los años – sobre todo – de enero a marzo.

Pero no… este año – aparte de llover mucho en la Sierra – llovió también en la Costa, tal como ocurrió en toda la Costa Central y Norte de nuestro país. Aunque los daños en Ica, no tuvieron – ni remotamente – la magnitud de los desastres ocurridos en Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura – la región más devastada – y Tumbes.

Por eso me parecen mezquinos aquellos personajes locales que se quejan de la disparidad en los presupuestos asignados para la reconstrucción de cada región. Como que Piura recibirá S/. 7,000 millones. O sea, 10 veces más que Ica.  

Visto así – a la ligera y con egoísmo – pareciera que los quejosos tienen razón… pero nada que ver. Las regiones del norte sufrieron daños mucho mayores a los nuestros. Por tanto – como tenía que ser – los presupuestos fueron determinados de manera diferenciada… en función de la magnitud de los daños. Más daños… más presupuesto. Menos daños… menos presupuesto.

Lo concreto es que el presupuesto para la reconstrucción de Ica es S/. 728´741,663… para ser exacto. ¿Qué se va a hacer con tanto dinero? Básicamente, se van a reconstruir – y mejorar – las carreteras dañadas, y se van a descolmatar y reforzar nuestros ríos.

¿Quiénes van a hacer los trabajos? Principalmente, el Gobierno Central – a través de los ministerios – y el Gobierno Regional. Los Municipios tendrán poca injerencia en la reconstrucción – pues muchos no calificaron como unidades ejecutoras – dado el pobre desempeño presupuestal en los años 2015 y 2016. El Gobierno Regional de Ica – en cambio – si calificó como unidad ejecutora por haber gastado más del 85% de nuestro presupuesto de inversión durante los dos primeros años de nuestra gestión.

Entre paréntesis… ¿cómo explicar que nuestros detractores – congresistas, periodistas, consejeros… y los criticones de siempre – nos cuestionen por – supuestamente – no saber invertir, cuando la Autoridad del Plan de Reconstrucción con Cambios nos califica favorablemente como unidad ejecutora? ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de virtudes…! Así decía Don Quijote.

En fin; ¡allá los envidiosos… que se retuerzan entre sus rencores y rabias! El hecho es que nuestra región va a quedar mejor que nunca… después de la reconstrucción. Ya empezaron los trabajos de prevención – a cargo del Ministerio de Agricultura – y a partir del año entrante se iniciarán los trabajos de reconstrucción – propiamente dichos – a cargo del Gobierno Central y el Gobierno Regional.

Repito. Nuestros ríos y quebradas quedarán más seguros y sostenibles. El río Ica – por fin – va a quedar ensanchado y mejor encausado; y los puentes de la ciudad serán reemplazados por unos más largos y mejores. Nuestras carreteras – sobre todo las de penetración – quedarán pavimentadas… como nunca. Parcona tendrá un excelente hospital. Las viviendas dañadas serán reemplazadas y reubicadas con visión de largo plazo y bienestar. Y así por el estilo… nuestra región quedará renovada.

Estamos – pues – ad portas de hacer realidad el optimismo del famoso refrán… no hay mal que por bien no venga. ¡Enhorabuena! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ruptura de la unidad y la pérdida de autoridad del CEN del Sutep, y la atomización de las dirigencias magisteriales no es sino la última manifestación de un proceso de fragmentación política e institucional que se agravó a partir del 2000 y no tiene cuando cesar.

En este caso no es solo que Patria Roja, que domina el Sutep, no está en el Congreso. Si no que las dirigencias regionales del Sutep ya no pertenecen a Patria Roja, sino al Movadef o a Puka Llacta o a Proseguir. Todos los canales de comunicación están rotos y la fragmentación es absoluta. El país se desarticula y feudaliza cada vez más, complicando la gobernabilidad y el progreso nacional.

Correspondientemente, la autoridad central del Estado es cada vez más débil. Los fiscales no fueron capaces de denunciar a los dirigentes que bloquearon caminos y tomaron aeropuertos, que son delitos mayores. El gobierno central, por su parte, no pudo lograr que los gobiernos regionales aplicaran la ley a fin de proceder a los descuentos de los maestros que no asistían a clases. Y, en general, como sabemos, ministerios clave como los de Educación y Salud tienen dificultades para aplicar políticas sectoriales a nivel nacional, para no hablar de los problemas de corrupción vinculados a una obra pública que también se ha descentralizado radicalmente en los últimos 25 años: ha pasado de un 5% de la inversión pública ejecutada por los gobiernos locales a un 45% en los última década y media, a lo que debe sumarse alrededor de un 20 o 25% que es ejecutado por los gobiernos regionales.  

Si a eso sumamos la proliferación de movimientos regionales liderados en ocasiones por aventureros políticos que se organizan para asaltar el apetitoso botín presupuestal de los gobiernos subnacionales, lo que tenemos es, en combinación con esa anarquía, la proliferación de bandas criminales dedicadas a la extorsión de obras y a la usurpación de terrenos, en alianza con fiscales y jueces, entre otras cosas.

El asunto ha llegado a tal extremo que ahora hay paros regionales contra la corrupción y la impotencia de la autoridad central para sancionarla. 

Después del Niño costero, la población de Andahuaylas bloqueó la carretera y cerró la ciudad durante 14 días en protesta contra la corrupción del alcalde en las obras municipales, contra el gobernador y contra fiscales y jueces acusados de connivencia y corrupción. La población exigía sanción y destitución, y nada de eso se podía hacer desde la provincia o la Región, pero tampoco desde el gobierno central. No había mecanismos legales para actuar. El Viceministerio de Gobernanza Territorial, recientemente creado, tuvo que llevar al juez supremo decano y al contralor regional. Este último  solicitó congelar las cuentas de la municipalidad, y la propia PCM abrió una mesa de partes para recibir denuncias. Lo mismo ocurrió en el distrito de Lagunas, en Ucayali, que bloqueó el rio de ese nombre durante dos meses con el mismo tipo de demandas.

Lo menos que podemos hacer es leer bien el mensaje que esos paros envían: lo que están pidiendo es una reforma de la descentralización y del Estado que restablezca la autoridad central en el país y establezca mecanismos eficaces de intervención, control y sanción contra la corrupción.

El problema es que ninguno de los partidos que compitieron en el proceso electoral del 2016 planteó una reforma de la descentralización en sus planes de gobierno. Pero hay que diseñarla y ejecutarla.

Lo primero es una ley que tipifique mejor los delitos vinculados al bloqueo de carreteras y toma de aeropuertos como delitos que afectan la seguridad y la economía nacionales, a fin de establecer una jurisdicción o una Sala Nacional para juzgar a quienes cometan esos actos, porque ya sabemos que los fiscales locales tiene temor de hacerlo. De lo contrario, las poblaciones seguirán sometidas a dictaduras sindicales que consiguen paralizar actividades clave como el turismo, la minería y la propia economía de la población por medio de acciones de fuerza y amedrentamiento.

También se necesita fortalecer los organismos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de que puedan investigar y denunciar a fiscales y jueces cómplices de autoridades corruptas y organizaciones criminales.

Lo segundo es revisar el proceso de descentralización para redistribuir competencias entre los tres niveles a fin de asegurar la aplicación de políticas sectoriales de nivel nacional y la capacidad de control, intervención y sanción cuando un gobierno subnacional desacata o incumple alguna política o norma de carácter nacional.

Esto puede conllevar la centralización de importantes funciones en sectores clave como Educación, Salud, Transportes, minería y pesquería y desarrollo forestal, por ejemplo. Queda claro que no existe masa crítica profesional suficiente para construir 25 gobiernos centrales en el país. Por supuesto, eso necesita un acuerdo político.

Además, se requiere aplicar lo que nunca se hizo: un proceso de certificación de competencias para trasladar las funciones que realmente los gobiernos subnacionales pueden manejar.

En realidad, nada de esto se está trabajando, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. El viceministerio de Gobernanza Territorial, que posee una Secretaría de Descentralización, ve aspectos operativos pero no está elaborando ninguna propuesta al respecto. Según el viceministro Javier Fernandez Concha, sí está construyendo, en cambio, una metodología de planificación territorial, porque –señala- no existe un ente que planifique el desarrollo regional o local. No hay verdaderos planes regionales o locales, sino listados de obras que responden a motivaciones con frecuencia crematísticas.  Se busca que la metodología de planificación en diseño calce con el CEPLAN y con el MEF, con el nuevo sistema de inversión pública llamado Invierte.Pe, que contiene una lógica más racional desde que prioriza las obras en la medida en que cierran brechas identificadas y cuantificadas. 

En la base está un Estado sumamente ineficiente y burocratizado, compuesto por empleados públicos nombrados que carecen de las calificaciones  necesarias o, si las tienen, pueden darse el lujo de no trabajar o trabajar al mínimo porque no hay evaluaciones y saben que no pueden ser despedidos.

En ese sentido, una reforma complementaria es la del régimen del servicio civil, que debe ser implantado a todo nivel, pero que lamentablemente no ha merecido hasta ahora una prioridad política por parte del gobierno. Dicho régimen lleva a las entidades públicas a definir bien sus objetivos y a elaborar un cuadro de personal con los perfiles adecuados, a convocar luego a concursos internos y externos para llenar esos puestos con  mejores remuneraciones en los niveles medios y altos a cambio de aplicar evaluaciones de desempeño con capacitaciones con la eventual salida de la carrera burocrática a la tercera desaprobación.

Por supuesto, la recuperación de la autoridad central y de la naturaleza unitaria del gobierno requieren, también, una reforma política que ayude a reconstruir un sistema de pocos partidos estables y presentes en el territorio, poniendo requisitos más fuertes para la inscripción y funcionamiento de los movimientos regionales, de modo que los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan en lo posible a partidos políticos presentes en el Congreso, para que existan canales de comunicación que permitan procesar los problemas y demandas de manera adecuada y oportuna. Es algo que se está trabajando en el Congreso, aunque no parece haber mayor consenso en torno a las reformas clave necesarias para alcanzar ese resultado. De ello nos ocuparemos en un próximo informe. Lampadia

Hace un año, una vez elegido como Presidente de la República, PPK recibió un amplio apoyo de los analistas económicos, de los representantes del mundo empresarial y de los medios de comunicación de Lima, configurándose la promesa de un gran gobierno.

Fuente: Peru21

Lamentablemente, la dura prueba de la realidad, nos trajo un año de muchos problemas y frustraciones. Ahora, después del discurso del Presidente en el Congreso, se ve otra vez, una tendencia a dar un cheque en blanco al gobierno, cuando lo que debiéramos hacer es comprometernos con una mayor acción cívica, planteando soluciones y criticando desaciertos, como lo ha pedido el propio Presidente: “Confiemos en nuestro futuro. No dejemos de criticar las limitaciones del presente, pero hagámoslo con espíritu constructivo y siempre con propuestas”.

Ese es y siempre ha sido el espíritu de Lampadia. Llámennos la atención, cuando no lo hagamos así.

Nuestra visión del 2016

Entre los temas de mayor impacto tenemos:

• La ‘mala lectura del gobierno de Humala’ o pésimo diagnóstico de la situación del Perú, después de cinco años del nacionalismo expresado en un proceso de transferencia irresponsable, conducido por Mercedes Araoz, segundo vicepresidente del país. Algo que solo  ahora, a un año de la toma de mando, se reconoce en boca del mismo PPK. La consecuencia más grave de ello, es el haber perdido la oportunidad de explicar a los ciudadanos los errores cometidos y sus consecuencias.
• El ‘niño costero’, un shock externo, que no fue resultado de una acción del gobierno, que nos trajo terribles desgracias personales e inmensos costos económicos.
• El escándalo del ‘Lava Jato´; qué si bien apareció como un huracán con las denuncias de corrupción económica y penetración política en la región, por parte de Lula da Silva y sus brazos empresariales (Odebrecht et al); el manejo del tema por parte del gobierno, sin saber cómo reaccionar, ni qué medidas tomar, determinó la parálisis de innumerables proyectos de inversión, empresas y el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos en la economía. (Ver en Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)).
• El ‘Friaje de Thorne’, de entera responsabilidad del gobierno, como acaba de reconocer Fernando Zavala, “El último trimestre del año pasado, el MEF hizo un ajuste que, viéndolo hacia atrás hoy, no se debió hacer”. Pero que, sin embargo, no reconoce el presidente PPK, como lo expresó con claridad, días antes del discurso del 28. Este recorte fiscal, al inicio de un gobierno, con una economía débil, fue  un error mayúsculo que hizo colapsar la demanda interna.
• El ‘enfrentamiento político’ entre el Ejecutivo y el Congreso propiciado por el presidente PPK desde el inicio de su gobierno: “Les pido que hagamos una alianza [con los gobiernos regionales y municipales]. Una alianza cuyo eco llegue hasta al Parlamento. Esto por supuesto, originó una reacción equivalente y muchas veces negativa desde el Congreso controlado por Fuerza Popular.

Además de estos sucesos, el primer año de gobierno de PPK estuvo signado por una falta de liderazgo y capacidad de propuestas para enmendar tantos desaciertos acumulados durante los últimos años.

Lo positivo del discurso de PPK

Aspectos que debemos destacar:

• El homenaje a los sacrificados y efectivos funcionarios del Estado que dieron todo de ellos para paliar la desgracia que nos trajo el ‘niño costero’, y el reconocimiento del apoyo del sector privado. Hace algunos días, describiendo el esfuerzo desplegado en la crisis, el Comandante General de Operaciones del Pacífico, Vice-Almirante de la Marina de Guerra, Fernando Cerdán, dijo: “Por algún tiempo fuimos una Gran Nación”.
• Las disculpas del presidente por haber subestimado los esfuerzos para superar los problemas que tuvimos que enfrentar.
• La oferta de promover los proyectos de inversión.
• Los proyectos de ley para la Autoridad de Transporte, el CNM, obtención de predios para los proyectos, tratamiento de aguas y desechos, etc.
• El planteamiento de una legislación laboral pro-empleo.
• El reconocimiento de que en los últimos años “perdimos el camino al progreso”.
• La explicación de lo que podemos aprender de Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, recientemente invitados como asociados de la Alianza del Pacífico.
• La contundente condena al régimen chavista de Venezuela y el compromiso del Perú con los venezolanos.
• La apertura de acciones hacia el Bicentenario.
• El compromiso con mantener abierto el diálogo político.

Es evidente que en los discursos de Fiestas Patrias no se pueden tocar todos los temas, pero en este caso llama poderosamente la atención, que no se hayan mencionado los conflictos socio-políticos vinculados a la minería y el turismo, ni los desmanes de los huelguistas, hechos en nombre de los maestros y los médicos. Reiteramos nuestra crítica al Ministro del Interior, que ha dejado avanzar la violencia sindical más allá de los límites aceptables.

A pesar del mal primer año de gobierno y de algunas observaciones sobre su enfoque, persistimos en nuestra visión positiva del Perú, que en esencia es prácticamente infinito en posibilidades de desarrollo para todos los peruanos. Lampadia