Sergio Pérez Ramírez
Oficial de Inteligencia – Consultor en Seguridad
Marina de Guerra del Perú
Para Lampadia

Existe una estrategia ideológica sumamente perversa que ya se viene implementando en sociedades de la región latinoamericana, en aquellas que poseen estabilidad, potencial, desarrollo económico, que ofrecen seguridad, bienestar y sobre todo LIBERTAD para sus ciudadanos. 

Ya la aplicaron hace unos años en Venezuela, con un resultado nefasto y cruel, cuya desgarradora experiencia de opresión, hambre y miseria no solo no podemos dejar de tomar atención, sino también, debe servirnos de claro ejemplo de lo que en este momento ya se encuentra sucediendo en Perú.

Mantenernos indiferentes ante esta nueva amenaza transnacional a la seguridad no es una opción, mucho menos aceptar su progresiva y perversa imposición; esta inhumana amenaza es compleja de entender, ya que su objetivo principal no fue realmente proyectado para funcionar como actualmente se viene ejecutando, pero lo que si es cierto es que ha conseguido trascender desde el ámbito de la seguridad propiamente dicha, para tomar real importancia e interés en las áreas y entidades vinculadas a la Inteligencia y Defensa Nacional.

¿Quiénes se encuentran atrás de todo esto?  

Existe un bloque conformado por Rusia, China, Siria, Irán, Cuba y hoy Venezuela, quienes poseen un denominador común, el ANTI – IMPERIALISMO, que a lo largo de los años ha evolucionado de forma conjunta con el CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.

Ejemplo de esta criminalidad lo constituye el narcotráfico, grupos paramilitares, bandas de extorsionadores, contrabandistas, delincuentes vinculados a la minería ilegal, al tráfico de combustible, al tráfico de personas, entre otros. Quienes pasan a constituir los brazos armados y los generadores del terror urbano (de esta estrategia perversa), en los países en los que ya se tomó la decisión de desestabilizarlos y conquistarlos. En Perú, no podemos dejar de lado el trabajo de Evo Morales en el sur de nuestro país, que a través de la implementación de diversos “frentes” de supuesto apoyo al campesino, junto a la labor de médicos cubanos, que realmente son elementos del G-2 (inteligencia cubana), lograron manipular las mentes de las poblaciones indígenas del sur del país para sus nefastos propósitos.

Lo anterior explica el supuesto voto forzado, complaciente y sorpresivo que obtuvo Pedro Castillo en la primera vuelta electoral, que para el presente análisis, NO constituye un “voto de protesta”, como manifiestan algunos personajes públicos o analistas, sino la prueba plena del “lavado de cerebros” en contubernio con un fraude electoral anunciado pero a la vez desconocido por quienes no investigan o cambian sus paradigmas para lograr entender esta nueva amenaza; dejar de lado el fraude electoral por el cual Pedro Castillo entró al poder es además la demostración de un completo desconocimiento de esta letal estrategia que viene operando en el país en los últimos años.

La participación del “Foro de Sao Paulo” y del “Grupo de Puebla” es también parte de toda esta maquinaria, incluso sus objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo son públicos, se difunden abiertamente en internet y van en total concordancia con lo que se encuentra sucediendo en Latinoamérica.

Si tenemos en cuenta que 14 gobernantes de países de América Latina son miembros de estos perversos espacios de izquierda radical, aunado a que en estos países se llevan a cabo acciones ilegales como la represión desmedida contra opositores del gobierno de turno, intromisión del Poder Ejecutivo en otros poderes del Estado, acciones que perjudican al régimen democrático, corrupción extrema, fuertes vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, politización de las Fuerzas Armadas, entonces nos daremos cuenta que nos encontramos ante una nueva amenaza que ha aprovechado la debilidad de nuestras instituciones y del sistema democrático para contaminar la región y ahora nuestro país. 

Venezuela es, geográficamente hablando, una especie de concentrador del crimen organizado para América Latina, una plataforma de despliegue para las actividades criminales que sostienen esta canallesca estrategia; en resumen, el operador logístico de esta maniobra, que NO proviene de Venezuela, ni de Cuba sino de Siria, tiene también una conexión con el Medio Oriente que es preciso entender para identificar lo que en este momento estamos viviendo; es un tema bastante complejo para explicarlo de forma breve pero necesario de analizar y conocer si es que queremos neutralizarlo completamente.

¿Qué es lo que busca esta putrefacta ideología?  

Busca, de forma sistemática y progresiva, apoderarse de un país a través de una estrategia ASIMÉTRICA. Para ello construyen un proyecto SOCIO-CULTURAL que sin el uso de las armas toma el poder a través del engaño y la desestabilización de las instituciones del estado.

Una estrategia que pone en funcionamiento, de forma silente, pero a la vez con suma contundencia, las siguientes maniobras:

(1) Infiltración progresiva de las entidades del Estado;
(2) En época electoral, financiamiento profuso a candidatos de izquierda radical o populistas;
(3) Narrativa FALSA de su discurso a la ciudadanía;
(4) Acciones de fuerza y desestabilización del orden interno;
(5) Toma del Poder y perpetuamiento de la gobernabilidad; todo ello apoyado por diferentes organizaciones y aparatos implementados para respaldar la perversa estrategia desde el interior del país e internacionalmente.

Y a todo esto, en el Perú, ¿qué nos están diciendo los medios de comunicación o especialistas en el tema?, pues NADA. Los medios de prensa y los más connotados investigadores o periodistas ni siquiera han investigado esta compleja situación, también hay que ser sinceros, no es muy fácil de entender más que de forma general, el detalle incluye una serie de acciones, personajes y proyecciones que sólo una Agencia de Inteligencia podría aclarar con mayor exactitud. Es evidente que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), no viene actuando de forma proactiva y eso constituye y acrecienta el gran riesgo en el que se encuentra la nación peruana.

La Maquinaria de Criminalidad Transnacional ya está en Perú y hay que ser claros con respecto a las proyecciones y objetivos que desean alcanzar. No es saludable ni estratégico suavizar o maquillar este accionar; por el contrario, hay que identificar su actual forma de operación y conocerla en su verdadera magnitud para elaborar las estrategias adecuadas que puedan hacerle frente de forma contundente.

Por último, SE LOS DIRÉ DE OTRO MODO, si es que no se ha conseguido entender la actual problemática…. 

“Sendero Luminoso” sufrió, militarmente hablando, un duro revés hace unos años, hoy se han activado grupos criminales con similar ideología que provienen de esa organización terrorista del pasado, pero que actúan en paralelo con otras organizaciones criminales de diferente orientación ilícita que tienen como objetivo común el LAVADO DE ACTIVOS, de allí su necesidad de traspasar fronteras para proseguir con el blanqueo de sus capitales.

Al ser esta amenaza una nueva forma de CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL entonces, y para mejor entendimiento del problema, debo decirles que nos enfrentamos a gente que planea, organiza, entrena, lava cerebros.

Dicen que van a atender las demandas sociales, dicen ser la solución para el país pero predican la violencia extrema, te dicen que si no piensas como ellos te enviarán a lo peor que tienen para que cambies de opinión, que accionan criminalmente y se camuflan actuando dentro de un “proyecto político”.

Conspirando a todo nivel e internacionalmente a través de congresistas, autoridades regionales o locales y diversos personajes mediáticos, todos ellos se juegan el TODO por el TODO en este momento.

La presente amenaza no es un asunto de izquierdas o derechas radicales, es un problema de criminalidad organizada al más alto nivel del gobierno.

Contra esta amenaza es contra quien debemos combatir HOY en el Perú. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 2 de diciembre de 2022
Para Lampadia

La aprobación presidencial no es poca cosa: 20, 25, 30%. Por ahí va. ¿Sorprendente? No me parece.  Más bien, lo que sí me parece sorprendente son las razones que dan muchos analistas para explicar tales niveles de aprobación presidencial.

¿Qué dicen los analistas al respecto? Pues que “la victimización le está dando resultados”. “El desprestigio del Congreso favorece al Presidente”. “Los Consejos de Ministros Descentralizados están jugando a su favor”. “La gente se identifica con el maestro provinciano”. “Es un hombre humilde y de familia”. Bla, bla, bla… Todo eso – y más – dicen muchos analistas sabelotodo para explicar la relativamente alta aprobación presidencial.

Bueno pues, yo tengo otra lectura de la situación.

El Presidente Castillo tiene un amplio respaldo entre las personas involucradas en el mundo delincuencial.

Particularmente, los involucrados en el mundo de las drogas: productores de hoja de coca, amapola y marihuana; procesadores de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y heroína; proveedores de insumos para la elaboración de drogas, transportistas, mulas y “burriers”, distribuidores y comercializadores de drogas, capos de mafias, consumidores, drogadictos y demás. Incluso, el Presidente tiene un amplio respaldo de terroristas que – aparte de ser sanguinarios criminales – fungen de guachimanes de los cárteles del narcotráfico.

¡Cómo no va a tener respaldo el Presidente Castillo si él mismo ha ordenado la desactivación de todos los programas de lucha contra las drogas!

Por otro lado ¡cómo no va a tener el respaldo de todos los involucrados en la minería y tala ilegal, si su gobierno se ha enfrascado en perseguir a todos los mineros y madereros formales, sin tocar para nada a los mineros ilegales y madereros furtivos!

¿Qué decir del asqueroso mundo de la corrupción en el Estado, incluidos los corruptores del sector privado?

Para que se entienda bien. ¿De qué lado creen que están los miles de proveedores del Estado – incluidos contratistas y consultores – que están donde están, gracias a las coimas y sobornos que intercambian con funcionarios corruptos designados por el mismísimo Presidente Castillo?

Asimismo ¿de qué lado creen que están los políticos, dueños de universidades de dudosa reputación, algunos de cuyos exalumnos ostentan actualmente altos cargos en el Estado, sin haber recibido ninguna educación mínimamente adecuada… o peor aún, con plagios de tesis de por medio? Me refiero – por ejemplo – a la relación que existe entre el Presidente Castillo, Magister en Educación por la Universidad César Vallejo y César Acuña Peralta, dueño de la referida universidad. ¡Cuántos casos parecidos más hay entre universidades bamba y altos funcionarios del Estado! Todo eso cuenta en las cifras de aprobación presidencial.

Por todo ello ¡claro que el Presidente Castillo tiene 20, 25, 30% de respaldo! No tapemos el sol con un dedo. Gran parte del mundo ilegal y delincuencial lo respalda.

Más bien, alegrémonos de que su respaldo no sea mayor. En ese sentido ¡qué bueno que el 70% de los peruanos estemos en contra del Presidente Castillo y su pandilla! ¡Es extraordinario que una clara mayoría estemos en contra de un Presidente que pretende convertirnos en un narcoestado!

La pobreza – que para algunos, es un descaro moral – para muchos es una gran oportunidad de enriquecimiento. ¡Indignante! El narcotráfico – repito – gana mucho con la pobreza. Los pobres – hambrientos, sin oficio, desesperados – suelen ser presa fácil de los narcotraficantes. Poder ganar miles de dólares, tan sólo por llevar un paquete de aquí a allá… ¡cómo no caer en las garras del narcotráfico!

Y en cuanto a la minería y la tala ilegal. ¡Cuánto dinero! Miles de millones. Soles o dólares… da lo mismo. El hecho es que estamos hablando de un dineral. ¡Cuánta coima! ¡Cuánta plata debajo de la mesa! ¡Cuántas autoridades metidas en la colada! ¿Cuánta plata le llega al Número 1? Ufff… cualquier cantidad.

Este gobierno es el aliado perfecto de la corrupción y la delincuencia. Por eso tiene el respaldo que tiene. El narcotráfico y la minería y tala ilegal están de plácemes. Este gobierno no sólo no combate la delincuencia… la alienta. Este gobierno es parte de la delincuencia. Por eso tiene 20, 25, 30% de aceptación.

Por eso – precisamente – debemos respaldar la vacancia presidencial. No por ser izquierdista. No por ser estatista. Si no por pretender convertirnos en un narcoestado. En buena cuenta, debemos respaldar la vacancia del Presidente Castillo… por cínico, farsante, corrupto y todo lo demás.

Y si no cae esta semana, igual debemos insistir. Pero eso sí, apurémonos. Porque como acabo de explicar… a más delincuencia, más aprobación presidencial. Lampadia

Berit Knudsen
Para Lampadia

El VRAEM sigue siendo una zona azotada por el terror

El VRAEM, valle entre los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en ceja de selva del centro del Perú, es un territorio que abarca 69 distritos y 5 departamentos: Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cuzco, dividido en dos zonas: de intervención con 100 mil pobladores y de influencia con 400 mil.  El 88% de la población rural es pobre y 58% con pobreza extrema, subsistiendo de la producción de hoja de coca, café y cacao.

Hoy sigue siendo una de las zonas abandonadas del Perú, con un Estado ausente, población que decrece por la mala alimentación, baja esperanza de vida y las migraciones.  Pero el principal problema es el choque entre frentes terroristas, Sendero Luminoso, MRTA, el Militarizado Partido Comunista MPCP, el narcotráfico y las fuerzas del orden.

En este escenario se planificó la guerrilla armada desde los años 60s, y entre 1980 y el 2000 el terrorismo atacó a las localidades más pobres y vulnerables, muchas de las cuales fueron aniquiladas. En los años 90 se inicia el terrorismo urbano, que culmina con la captura de Abimael Guzmán, pero no se liquidó al terrorismo.

En enero de 2021 Francisco Sagasti informó que el camarada Raúl, Jorge Quispe Palomino, segundo al mando del MPCP fue abatido por el ejército en el VRAEM, manifestando que “su fallecimiento fue ocultado para no desmoralizar a los terroristas”.   Comentario ampliamente criticado.

Pero tres meses más tarde se produce un atentado en el que fallecen 16 pobladores de la localidad de San Miguel en el distrito de Vizcatán, incluyendo a 2 niños, por impactos con fusiles AKM y Galil. 

El MPCP se atribuyó el ataque terrorista y la Camarada Vilma encabezó una campaña en redes evidenciando su apoyo a Perú Libre.  Ante los hechos Sagasti dijo que buscaría responsables, sin resultados a la fecha; la misión de Observadores Electorales de la OEA restó importancia al problema; el proceso electoral continuó y 15 días después Castillo fue elegido.

Hoy siguen registrándose asesinatos sistemáticos de dirigentes comunales, indígenas y campesinos. Tras la matanza de San Miguel, se han encontrado al menos 10 cadáveres en Vizcatán.  Pero seguimos creyendo que son hechos aislados, sin medir la magnitud del terrorismo político. 

En un escenario adverso, el 11 de agosto las Fuerzas Armadas llevaron a cabo la “Operación Patriota”, importante operativo militar para terminar con los remanentes terroristas. Incursionaron en la zona de Vizcatán, atacando los campamentos del MPCP, incautando armamento, sistemas de comunicación, así como importante información.   Hace unos días el Camarada José Quispe Palomino, numero Sendero Luminoso amenazó con volver a boicotear estas elecciones, mientras los pobladores del VRAEM siguen padeciendo y los peruanos no terminan de asumir la verdadera tragedia de ese Perú profundo.

Estos hechos demuestran que la Comisión de la Verdad CVR, estuvo muy lejos de cerrar este lamentable capítulo de nuestra historia. Se concentró en los derechos humanos de los subversivos, autores de matanzas y actos deleznables, para luego liberar a estos Senderistas asesinos de pobladores pobres y de comunidades Ashanikas exterminadas sin piedad por considerarlos pueblos atrasados.

La CVR (basada en 23,969 reportes) reconocen 70,000 muertos y atribuye el 37% a las fuerzas del orden, sin precisar el número de terroristas o pobladores.  Se critica a las FFAA por muchos hechos como las “«levas» como mecanismo de alistamiento militar a niños entre 15 y 17 años”, equiparándolos con el secuestró a “pioneritos” por parte de Sendero, entrenados y convertidos a los 12 años en la “principal fuerza armada” del terrorismo. Todo esto resulta contradictorio.

Hoy la violencia política continúa. Antauro hace campaña con amenazas: “Estos imbéciles del Congreso, con ese poder putrefacto dan pena igual que el poder judicial, igual que el ejecutivo de la Republequeta…”  Tenemos peligrosos personajes como Bermejo, unos nuevos y otros que regresan.  El Perú necesita una coalición con candidatos preparados para gobernar, principios, valores y habilidades, sólo así podrá salir adelante el país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La superficie cultivada con coca se expandió en 23% el 2021 en relación al 2020 (considerando las mismas áreas monitoreadas). Llegó a las 80,681 hectáreas, incluyendo cinco nuevas áreas de monitoreo. Ello según el informe de Devida publicado ayer titulado: SUPERFICIE CULTIVADA CON ARBUSTO DE HOJA DE COCA MONITOREADA EN 2021, que solo mide las plantas con más de un año de producción, de modo que el área sin duda es aún mayor.

La expansión de las áreas cocaleras es casi exponencial. Hemos casi doblado el área sembrada en cuatro años, entre el 2017 y el 2021. Con los incrementos de área sembrada de este año sin duda se habrá doblado o más que doblado, considerando que este año la meta de erradicación es de 18 mil has. (hasta agosto se ha erradicado solo 15,742 has.), y que, como bien anota Jaime García, para reducir el área sembrada debe erradicarse el 50% de lo existente por lo menos.

En efecto, como vemos en el siguiente gráfico, el incremento fuerte del área sembrada se dio los años 2020 y 2021, en los que hubo poca erradicación debido a la pandemia y al cambio de gobierno. Los años anteriores se tuvo que erradicar aproximadamente la mitad del área sembrada para que esta se incrementara en poca medida el año siguiente. Lo que ocurre es que se erradica, pero los cocaleros siembran en otras zonas.

Por supuesto, una política más efectiva sería la que se aplicó en los 90: el corte del puente aéreo, en este caso a Bolivia. E intervenciones más decididas para incautar cocaína en los puertos. Y controlar la desviación de insumos químicos. Pero lo primero no se puede aplicar hasta ahora por indolencia para resolver el contencioso con Estados Unidos que lo impide. Y el control de insumos químicos nunca funcionó.

Por ello, la meta de 18 mil hectáreas de erradicación es muy baja. Es deliberadamente baja. El jefe de Devida, Ricardo Soberón, anunció que en el VRAEM, donde, dicho sea de paso, el área sembrada pasó de 27,994 ha en 2020 a 32,106 ha en 2021, con un crecimiento de 15% entre dichos años, no habría erradicación sino auto erradicación, o erradicación concertada. Esa estrategia no ha funcionado en el pasado y no va a funcionar ahora. Y apenas se intenta retomar la erradicación, se da marcha atrás. En una carta al secretario general de la Federación de Productores Agropecuarios del VRAEM, difundida por Epicentro, el ministro del Interior le informa que “se ha dispuesto la paralización inmediata de la erradicación forzosa y compulsiva” en el VRAEM. En la práctica en el VRAEM hay licencia para producir coca y cocaína.

Jaime García calcula lo siguiente: de las 80 mil hectáreas sólo se destinan 8 mil para el consumo legal. En las 72 mil hectáreas para el narcotráfico se estaría produciendo 750 toneladas de cocaína al año. Nunca hemos tenido esas cifras. Seríamos el primer país exportador de cocaína porque incautamos bastante menos que Colombia. El reporte de Devida no informa sobre toneladas incautadas.

Lo preocupante es que por primera vez los tres países productores de cocaína, Colombia, Perú y Bolivia, coinciden en políticas anti erradicadoras. Petro en Colombia anunció que el Estado ya no erradicará porque la política antidrogas ha fracasado. Se estimulará la auto erradicación y el cambio de cultivos.

Con los tres países productores en sinergia perfecta, el narcotráfico puede terminar de capturar los Estados respectivos. Y considerando la penetración del narcotráfico en Ecuador, podríamos terminar hablando de la ‘narco comunidad andina de naciones’. Muy peligroso. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El narcotráfico es un negocio creciente en la región, especialmente, entre los países amigos del régimen de Castillo-Cerrón, como son Cuba, Venezuela y Bolivia. Lamentablemente, el Perú ya muestra inclinaciones de seguir por la misma senda. Y aparentemente, con el nuevo gobierno colombiano, quién quiera que gane, se va a cambiar la política antidroga, favoreciendo el incremento de la producción de cultivos ilícitos de coca y la elaboración de cocaína.

El gobierno de Castillo-Cerrón y Perú Libre está retrocediendo en la política antidrogas, ofreciendo suspender la erradicación de la coca en el VRAEM, minimizando la erradicación en el resto del país y hasta retirando las bases militares de la zona del VRAEM.

The Economist acaba de publicar un artículo al respecto, que no enfoca bien el tema, ni en el título: ‘Los políticos latinoamericanos están hartos de la guerra contra las drogas. Verlo líneas abajo’.

Siendo este un tema complejo y especializado, hemos pedido la colaboración de Jaime García Díaz, Investigador Asociado del IDEI-PUCP, para contrastar la información de The Economist.

Informe de Jaime García:

1. Incremento de la demanda global de cocaína

De acuerdo a Office of National Drug Control Policy (ONDCP) hay un fuerte re-incremento del consumo en los EEUU (81% crecimiento desde 2013, entre 2006 y 2013 había caído 50%)

De acuerdo a un reciente informe del European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en Europa hay record de incautación de cocaína y en la pureza de la cocaína, además los indicadores de consumo también están creciendo.

2. Incremento de la oferta global de cocaína

1. Incremento en las áreas de cultivo de hoja de coca en Colombia, Perú y Bolivia, aunque en Colombia están reduciéndose en los últimos tres años.
2. Adaptación de hoja de coca a nuevas condiciones agronómicas, en las últimas décadas se ha adaptado el cultivo de coca, que históricamente se cultivaba entre 800 a 2000 m.s.n.m. a nuevos pisos de 60 a 700 m.s.n.m. En Perú hay 13 millones de hectáreas con condiciones de cultivo de coca en la Amazonía.
3. Incremento de productividad de hoja de coca, hace 25 años se producía 1.2 tm/ha hoy en el VRAEM se registra hasta 4 tm/ha. En promedio a nivel nacional en Perú es alrededor de 2.6 tm/ha.
4. Mejora de factor de conversión de 340 a 240 kg de hoja de coca para producir 1 kg de cocaína.
5. Las organizaciones criminales reciclan el uso de insumos químicos.
6. La “democratización y nacionalización” del mercado de la cocaína, se refleja en la microproducción en miles de pozas de maceración cercanas a las áreas de producción de hoja de coca.
7. Se consolidan países de tránsito: Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y Chile.
8. Incremento en incautaciones, principalmente en Colombia, pero también fuerte incremento en la producción.
9. Débil impacto sobre los decomisos de activos y el financiamiento del narcotráfico.

3. El Perú retrocede en la política antidrogas

1. Cambio de política antidrogas
   • Se diseñaron Estrategias Nacionales con metas anuales que no se cumplen desde el 2019.
   • Se reducen los presupuestos nacionales para financiar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
   • No se aplica una estrategia integral (erradicación + desarrollo alternativo) como se venía haciendo hasta el 2019, en forma parcial en Alto Huallaga, Monzón, Aguaytía y Pichis Palcazu.
   • Se han debilitado los programas de erradicación de coca, menores metas y menor impacto.
   • Se suspende la erradicación en el VRAEM, se busca implementar un modelo boliviano de erradicación voluntaria de 1,000 hectáreas anuales que es totalmente inadecuado y que ya ha fracasado a costa de fuertes gastos del Estado (100 millones de dólares el Programa de Reconversión Productiva en el Gobierno de Humala y los cultivos de coca se incrementaron).
   • Reducida erradicación de cultivos de coca en Puno (frontera con Bolivia) y Loreto (frontera con Brasil y Colombia).
   • Se anuncia el retiro de 42 bases militares del VRAEM sin el debido reemplazo de 42 bases antidrogas. Se busca liberar el VRAEM a favor del narcotráfico.
   • Se redujo el área de cultivo de coca de 62,500 ha (2011) a 49,900 ha (2017), en la actualidad de acuerdo a ONDCP (EEUU) se habría incrementado el área a más de 80,000 hectáreas de coca.
   • Perú tendría una producción potencial de más de 700 tm de cocaína y solo incauta 30 tm, es decir exporta más de 670 tm de cocaína.  Colombia produce 1,100 tm de cocaína, pero incauta 664, es decir exportaría 436 toneladas.  Perú se ha convertido en el primer exportador de cocaína en el mundo.
   • Limitados resultados en el control de activos y financiamiento del narcotráfico.
2. Dinámica del narcotráfico en Perú
   • Se nacionaliza la cadena del narcotráfico.
   • Se reorienta la exportación hacia Brasil, Bolivia, Chile y rutas a Europa.
   • Se dinamiza la principal zona de producción de cocaína en el VRAEM.
   • Se fortalece la dinámica criminal internacional en el país.
   • Aparecen nuevas organizaciones criminales internacionales: serbios, rusos.
   • Se fortalecen las organizaciones criminales nacionales vinculadas al narcotráfico, los carteles criollos y clanes familiares locales, regionales y nacionales.
   • Infiltración del narcotráfico en la política: Paralizan la erradicación de coca, promueven nuevas leyes en el Congreso para legalizar toda la producción cocalera y así eliminar la erradicación de cultivos de coca.
   • Infiltración en el proceso electoral de octubre para elección de autoridades regionales y locales, sobre todo en zonas cocaleras.

En conclusión:

• El Perú ofrece hoy en día el mejor escenario y ambiente de inversiones para el narcotráfico internacional de cocaína.
• Pueden sembrar coca en cualquier lugar y si lo hacen en el VRAEM el Estado Peruano les garantiza que no serán erradicados.
• Además, los niveles de incautación de cocaína son minúsculos (en comparación con Colombia, Brasil, Panamá o Ecuador), es decir menor riesgo para el inversionista narco.
• Los delitos de lavado de activos no son debidamente judicializados ni se logran sentencias adecuadas lo que constituye otro incentivo al narcotráfico.

Lo presentado por Jaime García es muy grave, tenemos que tomar conciencia de este proceso y denunciarlo en el Perú y el extranjero. Lampadia

Veamos el artículo de The Economist, que tergiversa algunos temas, como anota García en el texto.

Los políticos latinoamericanos están hartos de la guerra contra las drogas

Los dos candidatos presidenciales de Colombia quieren un cambio

The Economist
9 de junio de 2022

Treinta años atrás, Gilberto Rodríguez Orejuela y sus asociados eran los criminales más poderosos del mundo, y se calculaba que controlaban el 75% de los envíos de cocaína desde Colombia. Adoptaron un enfoque empresarial para un comercio sin ley, a menudo prefiriendo el soborno a la violencia, y usaron sus ganancias de las drogas para comprar empresas legales, desde cadenas de farmacias hasta América de Cali, un club de fútbol en su ciudad natal. Cuando murió el 31 de mayo después de 18 años en una prisión estadounidense, Rodríguez apenas era recordado en su país de origen. Sin embargo, el negocio del que fue pionero es más fuerte que nunca, mientras que en todo el continente americano hay un cansancio palpable con la “guerra” en su contra.

Ese cansancio lo expresan ambos candidatos en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 19 de junio. 

Rodolfo Hernández, un populista de derecha, ha pedido la legalización de las drogas. Su rival de izquierda, Gustavo Petro, dice que su país debe reconocer que la guerra está perdida. 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prefiere “abrazos en lugar de balas” para los soldados rasos del narcotráfico; los arrestos de capos de la droga cayeron hasta hace poco tiempo. Los funcionarios de Estados Unidos parecen más preocupados por la llegada de migrantes que por la cocaína. Las muertes relacionadas con las drogas continúan aumentando, pero más del 60% son causadas por el fentanyl, una poderosa droga sintética, gran parte de la cual se fabrica en México.

Desde la década de 1990, la política antidrogas en la región ha tenido tres vertientes: erradicar la coca, la materia prima de la cocaína; la promoción de medios de vida alternativos a través del “desarrollo rural integrado”, como dice la jerga; y decomisar o destruir cargamentos de droga, plantas procesadoras, insumos químicos y dinero.

El más visible y controvertido de los tres es la erradicación de la coca. Es una tarea de Sísifo. Entre 2000 y 2006, Colombia redujo a la mitad su superficie cultivada con coca, principalmente mediante la fumigación aérea con glifosato, un herbicida. Pero la siembra volvió a aumentar durante y después de las conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas marxistas de las FARC, que controlaban gran parte de las áreas productoras de coca. En 2015, el gobierno prohibió la fumigación aérea por motivos legales y de salud.

Iván Duque, presidente de Colombia desde 2018, es un ávido protagonista de la guerra contra las drogas. Su gobierno ha erradicado más de 100,000 hectáreas de coca al año. Perú, el segundo mayor productor, también ha cumplido sus objetivos de erradicación más modestos. Estos logros son ilusorios. En ambos países la producción total de coca ha aumentado inexorablemente. 

[El aumento de los cultivos de coca en Colombia se deben principalmente a la suspensión de la erradicación con uso de glifosato y la reducción de la erradicación manual, debido a los compromisos del Acuerdo de Paz. Desde el año 2013 se reduce sostenidamente la erradicación y se incrementa exponencialmente el área de coca. Si Colombia hubiese mantenido su ritmo de erradicación manual de coca, los cultivos se hubieran mantenido por debajo de 50 mil hectáreas (J. García)].

Según estimaciones del gobierno estadounidense, la producción de cocaína en América Latina se ha más que duplicado durante la última década, a 2,400 toneladas al año. Eso se debe en parte a que la productividad ha aumentado, con una siembra más densa, riego y agricultura calificada. La coca ahora se ha detectado en Honduras y Venezuela, donde es un nuevo cultivo. En Colombia, el efecto de la represión ha sido llevar el cultivo a montañas remotas, parques nacionales y otras áreas protegidas.

Existe un consenso entre los expertos en que la erradicación forzosa no puede producir una disminución sostenida de la oferta. Están a favor de promover alternativas legales a la coca y confiar en la erradicación voluntaria. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. 

[La erradicación forzosa sí puede reducir los cultivos de coca, es más es la única forma de reducir los cultivos de coca, pero cuando se reduce la erradicación con en Colombia por el Acuerdo de Paz, se incrementan los cultivos. Con relación a la erradicación voluntaria, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Drogas de Colombia, en 40 meses del programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca, entre agosto de 2018 y diciembre de 2021, la erradicación voluntaria representó solo el 5.5% de la erradicación total de cultivos (J. García)].

“Pasar de un consenso a la construcción de políticas públicas requiere mucha capacidad de gobierno en el terreno”, dice Daniel Rico, criminólogo. Desde 2016, los gobiernos colombianos en teoría han querido reforzar la seguridad y la presencia del Estado en las zonas rurales, pero no lo han logrado. En cambio, algunos aspectos del negocio de las drogas se han legalizado de facto, dice Rico. Rara vez se procesa a los agricultores por cultivar coca, y la mayor parte del lavado de dinero y el suministro de insumos químicos quedan impunes.

La economía de un negocio ilegal conspira contra los guerreros de la droga. El precio minorista de la cocaína está determinado por el riesgo, no por los costos, y es quizás 60 veces más alto en una calle de California que en una granja andina. La legalización sería la respuesta sensata. Pero hay poca evidencia de que sea políticamente factible.

Eso deja a los gobiernos latinoamericanos para hacer frente a la fea realidad del crimen organizado. Las proteicas mafias traficantes de drogas se consolidan o fragmentan, actuando con mayor o menor violencia, según el gusto y las circunstancias locales. Lo que es constante es su acumulación de poder militar, político y económico ya que la cocaína se ha convertido en un negocio global. Si el próximo presidente de Colombia logra mejorar la seguridad rural y dar un impulso a la actividad económica legal, eso podría ser más efectivo que arrancar las plantas de coca. Lampadia

Rafael Venegas
Para Lampadia

Esta conocida expresión urbana se utiliza cuando algo prohibido sucede en presencia y ante la pasividad o falta de acción de quienes deberían impedir que suceda.

Por lo tanto, es perfectamente aplicable a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Estamos permitiendo que una banda de malos peruanos, aprovechándose de las debilidades de la población y utilizando métodos vedados, se apoderen del país y de sus instituciones, para saquearlo en nombre del ¨pueblo¨ y a vista y paciencia de todos. 

¿Qué nos pasa? ¿Por qué lo permitimos? 

¿Vamos a dejar que destruyan nuestro país sin que hagamos nada? 

Lo que está sucediendo no es un hecho político, es el avance de un grupo delincuencial que se ha encontrado con el poder, sin tener la mas mínima preparación, para dar rienda suelta a sus instintos corruptos. Las pruebas están claramente a la vista y las consecuencias serán desastrosas si permitimos que esto continúe.

La repartija de cargos públicos incrementando mas aún la burocracia y la incapacidad estatal, la corrupción generalizada aprovechando estos cargos, el tráfico de influencias y el abierto apoyo a la ilegalidad, narcotráfico e impunidad, son las características que este escandaloso, corrupto e incapaz gobierno ha mostrado en menos de seis meses a vista y paciencia de todos. 

Además, para que todo esto pase desapercibido, generan situaciones políticas extremas para distraer la atención pública y de la prensa. Entre ellas el nombramiento de ministros y altos funcionarios públicos impresentables, las amenazas de expropiación, el apoyo a desmanes públicos, los pactos con la informalidad, entre otras infames tácticas. 

Por eso la única solución para detener esta debacle es la inmediata vacancia o destitución de este nefasto gobierno. Felizmente, la Constitución y los códigos legales nos dan las herramientas necesarias y suficientes para poderlo hacer. Sólo es cuestión de decisión firme, valentía y patriotismo de quienes tienen el deber representativo de ejecutarlo. 

Como se trata de corrupción y delincuencia, el camino normal sería a través de las instituciones encargadas de impartir el orden y la justicia. Sin embargo, como todos sabemos, estas están totalmente tomadas y parcializadas con el fraude y la corrupción. Estas incluyen a las fiscalías, las cortes de justicia, el nefasto sistema electoral y hasta la vergonzosa e inútil Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lamentablemente este camino no nos conducirá a ninguna parte.

Por eso, la solución está en los mecanismos de defensa amparados por la Constitución y que deben ser ejecutados en primera instancia por el Congreso y en último caso por vía de la insurgencia ciudadana o la participación de las FFAA.  

Aquí no estamos hablando de izquierda vs. derecha, ni de ricos vs. pobres, ni de dueños vs. trabajadores. Aquí se trata de los buenos peruanos honrados y trabajadores vs. los malos peruanos corruptos y aprovechadores. 

Repito que esto no es un tema político, es un tema delincuencial, sino revisen los ¨ensayos de laboratorio¨ que se han llevado a cabo en varias regiones y municipios liderados por políticos corruptos de izquierda, como en Junín, Puno, Ancash, Cajamarca y Arequipa, entre muchos otros. 

Como acaba de confesar el dirigente máximo de PL, su objetivo era lograr pasar la valla electoral para no perder su inscripción, ya que el plan de largo plazo de la izquierda radical aún no estaba a punto.

Jamás soñaron con ganar las elecciones, menos aún cuando obtuvieron sólo el 10.5% de los votos en primera vuelta. Nunca pensaron que la ayuda de los anti fujimoristas, los ¨cojudignos¨, los caviares, la pandemia y el fraude electoral avalado por los entes electorales y el gobierno caviar de turno, los llevaría del 10.5% al 50.5% en la segunda vuelta. Pero así sucedió a vista y paciencia de todos. 

 En nuestro país, la izquierda ha sido exitosa en la implementación del plan de largo plazo ideado por el foro de Sao Paulo. Han logrado cumplir sus dos principales objetivos:  

1. Penetrar las mentes de los jóvenes y las personas vulnerables a través de la toma del sector educación y la lucha de clases.

2. Penetrar las instituciones públicas y hacerse de los cargos que toman las decisiones.

Sin embargo, no lo han conseguido solos, ya que han contado con la importante ayuda de sus adoctrinados y acomodados seguidores (los caviares), así como de los vergonzosos medios de comunicación, salvo contadas excepciones. 

También es necesario reconocer que contaron con un apoyo indirecto de la clase empresarial, ya que ésta prefirió gozar del crecimiento económico y la bonanza, manteniéndose alejados e indiferentes de la política y del quehacer diario del país. Craso error, que debe ser analizado en detalle y corregido para que no vuelva a ocurrir. 

Esta fue la plataforma que le sirvió a este corrupto y delincuencial grupo de malos peruanos, que sin saber cómo, se han hecho del poder y lo están aprovechando al máximo para saquear al país.  

La buena noticia es que toda esta pesadilla si tiene una posible solución legal y constitucional la cual está a vista y paciencia de todos.

Ante la ausencia de la primera línea de defensa, es el Congreso quien tiene el deber de hacerle frente a esta gran amenaza, en defensa de la población que representan. 

Para esto se cuenta con las herramientas necesarias y suficientes en la Constitución. No sólo en el artículo 113, que regula las causales de vacancia, sino también en los artículos 99 y 100, que han sido expuestos y sugeridos por la magistrada y ex presidente del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma.

El artículo 99 dice a la letra: ¨Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al presidente de la República; a los ministros de Estado; a los miembros del TC y de la JNJ; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de cesado en estas¨.

El artículo 100 dice: ¨Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad¨

“Más claro ni el agua”. 

Entonces, señores congresistas, está en sus manos el futuro del Perú y de los peruanos. Ya dejen de escudarse en “la gobernabilidad”, la cual no es posible en un escenario donde reina la corrupción y la impunidad.  

Es hora de que los congresistas del grupo “intermedio”, que son los que tienen la decisión en sus manos, asuman con valentía y patriotismo su rol de defensa de la población a la cual representan y decidan en favor del Perú y de los peruanos. 

Si se comportan como deben, tengan la seguridad que toda la población se los reconocerá y agradecerá.

En el supuesto negado que el Congreso no se comporte a la altura requerida, tendremos que pasar a las dos siguientes líneas de defensa. ¡Para lo cual se necesitará un eficaz liderazgo, mucha valentía y un gran patriotismo! Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El domingo Pedro Castillo estuvo en Pichari, Vraem, y anunció la industrialización de la hoja de coca, que es la coartada usual del narcotráfico para justificar el aumento de las áreas cultivadas que se dedican a la producción de cocaína.

En realidad, para lo único que sirve la hoja de coca es para fabricar cocaína (un 95% aproximadamente de la producción) y para el consumo tradicional, básicamente el chacchado. Los otros usos son insignificantes, incluido el mate de coca.

Durante décadas, los narcotraficantes y sus aliados cuentan la historia de que se pueden fabricar muchos productos con la coca, desde caramelos hasta pasta de dientes. Por supuesto, eso es mentira. La coca no sirve para eso y la producción para esos usos es el 0.001% del total. Sin embargo, gente como Castillo sigue difundiendo esa mentira.

A estas alturas, caben pocas dudas de cuáles son sus intenciones. Han presentado un proyecto de ley para legalizar los sembríos de coca, que ahora son en su mayoría ilegales y por tanto pasibles de erradicación por parte del Estado. Aunque en verdad la erradicación marcha a paso de tortuga desde hace años y es prácticamente inexistente en la principal zona productora, el Vraem.

El oficialismo también tiene en su programa la expulsión de la DEA, la agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los EE.UU. que es la que ayuda a la policía a combatir el narcotráfico. Como es obvio, la policía peruana no tiene posibilidades de enfrentar sin esa cooperación a cárteles internacionales que mueven decenas de miles de millones de dólares cada año, sin cooperación internacional.

Pero eso es lo que pretenden precisamente los comunistas en el poder, algunos de los cuales están asociados a los narco terroristas del Vraem, según la policía y la fiscalía, dejar inerme a la policía para que prospere el narcotráfico como en Venezuela, convertido en un narco Estado, o como en Bolivia.

También Castillo prometió construir un aeropuerto en Pichari, que evidentemente para lo único que serviría es para facilitar el trasiego de cocaína a Bolivia, que es lo que se hace ahora en pistas clandestinas.

Todo esto se da en un contexto alarmante. En junio la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP por sus siglas en inglés), hizo público su informe sobre la situación en año 2020 y el resultado para el Perú es catastrófico. El número de hectáreas cultivadas ha aumentado a 88,200 y la producción potencial de cocaína es 810,000 kilogramos.

En 5 años, el área cultivada se ha duplicado. Es decir, según las cifras de la ONDCP, el narcotráfico está desbocado. (“Gestión”, 25/6/21).

La otra justificación, además de la supuesta industrialización, es que la coca es consumida por los pueblos originarios. En realidad, el consumo extenso de la coca empezó con la conquista como una forma de paliar la escasez de comida y proporcionar energía para el trabajo.

El INEI hizo una gran encuesta en 2003-2004 y analicé sus resultados en un pequeño libro, “El consumo tradicional de la hoja de coca en el Perú” (IEP, 2004).

El consumo tradicional, básicamente el chacchado, está en descenso, cada vez es menor la proporción de los que chacchan coca. En la década de 1950, se consumían entre 9,000 y 10,000 toneladas de hoja de coca con ese fin. Medio siglo después, en 2003, con aproximadamente el triple de la población, se consumían unas 8,800 toneladas para uso tradicional.

Un millón de personas eran chacchadores habituales en 2004, es decir consumían hoja de coca entre una y siete veces a la semana. Ellos chacchan las cuatro quintas partes del consumo tradicional. Son pobres –ingreso promedio mensual 175 soles-, dedicados a la agricultura y ganadería, viven sobre los 2,300 metros de altura, tienen bajos niveles de educación (40% analfabetos).

Todo indica que la disminución de la pobreza y la migración a las ciudades desde esa fecha ha reducido significativamente el consumo tradicional, al tiempo que la superficie sembrada y la productividad han aumentado sustancialmente.

Los cárteles de la droga funcionan como empresas, y han experimentado e introducido variantes que dan más cosechas al año y concentran más alcaloide en las plantas. Eso y el uso de productos químicos hace que esa coca no sea adecuada para el chacchado.

En síntesis, el consumo tradicional y el supuesto uso industrial podrían ser abastecidos fácilmente con el 5% o 10% de los cultivos actuales. Si el gobierno quiere mantenerlos y ampliarlos es para fabricar más cocaína. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 28 de mayo de 2021
Para Lampadia

El tema preferido de los agoreros del clima es la sequía. Hay quienes dicen que con el calentamiento global habrá escasez de agua para toda la humanidad. Para esos videntes de desdichas, la agricultura peruana está condenada a una sequía apocalíptica.

El problema es que luego de los anuncios agoreros, no solo no aparece la sequía, sino todo lo contrario; los ríos se cargan de bote a bote – inclusive algunos se desbordan – y los agricultores brindamos por ello.

A los hechos me remito. Todos fuimos testigos de la gran cantidad de agua que transcurrió por nuestros ríos – entre diciembre y abril pasados – camino al mar. Incluso, muchos no ven – seguramente por temas de soroche – la belleza de las lagunas altoandinas llenas, las pasturas de la Sierra verdes y frondosas, y el ganado sano y bien nutrido. Además ¡qué grato resulta medir la recuperación de los acuíferos subterráneos de la Costa, luego de meses de abundancia de aguas de avenida!

Ahora – acabada la temporada de lluvias – entramos al estiaje, y muchos se lamentarán por la escasez de agua. Pregunto: ¿qué hicieron esos quejumbrosos para retener parte de las abundantes aguas de lluvias que tuvieron frente a sus narices y que se perdieron en el mar? La respuesta es… nada.

Entonces, en vez de quejarse – más bien – hay que actuar como corresponde. Desde las cabezadas de nuestras cuencas – en hermandad entre la Costa y la Sierra, tal como lo hicimos entre Ica, Huancavelica y Ayacucho en el período 2015 / 2018 – hasta las desembocaduras de nuestros ríos en el mar, debemos llevar a cabo lo que se denomina la “Siembra y Cosecha de Agua”.

Arriba – donde más llueve – debemos construir muchos reservorios; pequeños, medianos, y grandes. No importa el tamaño, sino el volumen de agua almacenable por todos los reservorios en conjunto. De eso se trata; de guardar la mayor cantidad de aguas de lluvias posible, para disponer de ellas en los estiajes.

También debemos reforestar y revegetar todas las cabezadas y quebradas. La tala indiscriminada de los últimos años ha dejado a nuestros cerros pelados, lo cual – ante cualquier lluvia, por más pequeña que sea – deviene en mortíferos huaicos que arrasan con todo lo que encuentran en su camino. La vegetación compuesta de bosques y pastizales se constituiría así en una gigantesca esponja natural, que retendría el agua de lluvias, y evitaría la erosión de nuestras quebradas.

La agricultura de secano debe cederle el paso a la agricultura bajo riego. Y el riego en sí, debe tecnificarse a todo nivel. Hay que instalar aspersores de agua en las planicies y quebradas altoandinas, y riego por goteo en las partes medias y bajas de nuestros valles estupendos.

Los acuíferos deben manejarse sosteniblemente. En efecto, el subsuelo sirve muy bien para almacenar grandes cantidades de agua. En ese sentido, los acuíferos se rellenan naturalmente; a través flujos de aguas superficiales (ríos, acequias, surcos, etc.) y artificialmente; a través de procesos de infiltración inducida, tal como se está haciendo en Ica, con resultados muy favorables.

Pero el manejo eficiente del agua implica – también – acciones administrativas innovadoras, tales como tarifas diferenciadas, o lo que en su momento planteamos como “tomas libres”. ¿Qué significa eso? Pues que en épocas de abundancia – llámese, en las temporadas de lluvias, como la que acaba de pasar – casi no se debe cobrar por el agua. Y todas las compuertas deben abrirse para que el agua discurra libremente por todos los cauces y acequias.

En cambio, el agua regulada; aquella proveniente de reservorios y represas debe cobrarse a tarifas que cubran los costos de inversión y distribución del agua. De esa forma, promovemos la infiltración de las aguas de avenida, para – precisamente – recargar al máximo los acuíferos, y hacer uso de las aguas subterráneas en los estiajes. Y todo ello, sin afectar las finanzas de las Juntas de Usuarios

Dicho esto, no podría concluir este artículo sin dar gracias a Dios y a la madre naturaleza, simplemente porque después de un 2020 realmente seco, dispusieran que este año 2021… sea un buen año de agua.

La del estribo. ¡No al estatismo controlista e inoperante! ¡No al totalitarismo opresor y corrupto! ¡No al populismo demagógico! ¡No al marxismo – leninismo fracasado en todo el mundo! ¡No al terrorismo sanguinario y su aliado el narcotráfico! ¡No al candidato violentista que con su matonería – en el 2017 – amenazó y forzó a la bruta a los maestros y escolares de Ica para que no vayan a clases!

Este domingo ¡votemos por la democracia! ¡votemos por la libertad! ¡votemos por el Perú! Lampadia

JAIME A. GARCÍA DÍAZ
HANNAH M. QWISTGAARD PANICCIA
Para Lampadia

El tema del narcotráfico en el Perú no ha estado presente en el debate de las próximas elecciones, tampoco está en la agenda del actual gobierno que orienta sus esfuerzos en el manejo de los temas coyunturales como la pandemia del COVID-19 y la situación económica.

En este contexto, el narcotráfico avanza sostenidamente en el Perú, las áreas de cultivos ilegales de hoja de coca siguen creciendo, de la misma manera la producción potencial de cocaína. Más aun, esta situación está siendo exacerbada y produciéndose un nuevo efecto globo en contra de Perú, por el fuerte impulso de las acciones de interdicción (erradicación de 130 mil hectáreas de coca e incautación de 506 toneladas de cocaína en 2020) en Colombia, con fuerte apoyo y asistencia de los Estados Unidos.

A través de la publicación del libro de Jaime A. García Díaz y Hannah M. Qwistgaard Paniccia:  ANÁLISIS DE LOS APORTES DEL ESTADO PERUANO A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2000-2020, se presenta un estudio del gasto que ha realizado el Estado de Perú y los aportes de la Cooperación Internacional para enfrentar el narcotráfico en las últimas dos décadas.

El problema de la lucha contra las drogas es transversal y tiene efectos económicos, sociales, de seguridad, ambientales y de corrupción política y económica. Su combate requiere no solo de una estrategia integral, sino su implementación a través de la participación de diversas instituciones del Estado en todos sus niveles. Esta última década de intervención estatal aporta un conjunto de experiencias y lecciones aprendidas. No se pretende en esta publicación abordar en detalle un análisis tan complejo, pero sí identificar algunos indicios que puedan ser estudiados más a fondo en el futuro.

Una efectiva política de lucha contra las drogas (LCD) requiere que un país no solo brinde un respaldo político al más alto nivel —lo que se traduce tanto en un discurso claro y contundente frente a la amenaza de la presencia del narcotráfico,  como en el diseño de una estrategia nacional y su implementación— sino que también depende de una adecuada asignación y ejecución de recursos económicos dentro del Presupuesto Nacional a través de las distintas instancias y entidades públicas que están involucradas en esta tarea.   

El próximo gobierno tendrá un doble desafío. Por un lado, enfrentar a un creciente narcotráfico que pone en peligro la seguridad nacional; y, por otro lado, una limitación de recursos presupuestales por el creciente déficit fiscal que podría poner en riesgo el financiamiento de la lucha contra las drogas.

La publicación presenta en detalle los recursos presupuestales utilizados por el Estado de Perú y también aporta algunas conclusiones y recomendaciones para mejorar el uso de los recursos públicos.

Se reconoce el esfuerzo del Estado en el financiamiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, sin el cual la situación actual sería sin ninguna duda más crítica. En ese sentido, se podría decir que ha logrado contener un mayor ritmo de avance del narcotráfico. Sin embargo, los recursos no han sido suficientes.

El escenario a partir del 2021, respecto al narcotráfico será el más complicado en las últimas dos décadas. Un recorte en la asignación de recursos, una mala focalización del gasto, una deficiente ejecución del gasto, una falta de complementariedad en las acciones de las diversas entidades públicas responsables, pondrá en riesgo una mayor infiltración del narcotráfico en el país. Lampadia

Jaime A. García Díaz
Investigador Asociado
Instituto de Estudios Internacionales
Pontificia Universidad Católica del Perú
Octubre 2020
Para Lampadia

I.  Introducción

En los últimos años se viene presentando un nuevo ciclo del narcotráfico de cocaína; a nivel global determinado por el incremento de la demanda en los principales mercados de consumo y a nivel regional una reconfiguración por el lado de la oferta y el tránsito de la cocaína. Para Perú, la dinámica se acentúa más por el efecto de la pandemia del COVID-19, que lejos de afectar el tráfico ilícito de drogas, está acelerando procesos que puede tener un fuerte impacto en el país.

El actual gobierno ya está de salida y a pocos meses de terminar su mandato. El desafío de enfrentar al narcotráfico y evitar que se extienda y afecte la seguridad nacional dependerá del próximo gobierno.   Sin embargo, los efectos de la pandemia en la situación sanitaria y económica del país, impone la prioridad política en esos temas y relega la amenaza del narcotráfico.

El narcotráfico en el Perú está referido a la producción y exportación de cocaína principalmente, aunque también existen otras drogas como la marihuana y en menor medida la producción de látex de opio.

El problema del narcotráfico en el Perú data desde la década de los 70/80 llegando a su máxima expresión en los 90.  Desde el año 2000 en que se redujeron los cultivos de coca en Perú y se trasladaron a Colombia, se mantiene un crecimiento sostenido del narcotráfico. A la fecha se estima que en el país habría más de 60,000 hectáreas (ha) de coca con un potencial de producción de 600 toneladas (tn) de cocaína y utiliza 50,000 tn de insumos químicos, que son desviados, para la elaboración de la droga. Movilizan entre 2,000 y 2,400 millones de dólares al año.

II.  Impactos del narcotráfico

El narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional ya que la delincuencia organizada transnacional (DOT) vinculada al tráfico de cocaína está presente y actúan en el país. Cárteles y organizaciones criminales mexicanas, colombianas, brasileras, italianas, rusas, serbias, israelíes, entre otros, adquieren la cocaína para la exportación a los mercados de consumo. Los cárteles criollos, clanes familiares y una diversidad de organizaciones criminales nacionales interactúan en todo el país. En las últimas décadas se ha “nacionalizado” el negocio de la droga, la producción de la hoja de coca ilegal, el desvío de los precursores químicos, la elaboración de las drogas cocaínicas, el trasiego de la droga a los puntos de exportación, la infiltración de los contenedores en los puertos, parte del financiamiento de las operaciones ilícitas, están en manos de organizaciones criminales nacionales.

El narcotráfico utiliza grupos armados, sicarios (extorsión, robo, secuestros) y remanentes terroristas (Sendero Luminoso en el VRAEM) para proteger su negocio ilícito. Además, la gran dimensión económica de este negocio ilícito los lleva a tratar de cooptar el Estado, de sostener una red política y social de apoyo. Así, se da la infiltración del narcotráfico en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Sistema Judicial, Congreso de la República, Gobiernos regionales y locales. También financian movimientos y partidos políticos en las regiones cocaleras y a nivel nacional. Se vinculan con otras economías ilícitas como la minería ilegal, tala ilegal y contrabando.

Además, promueven los cultivos ilícitos de coca haciendo depender a más de 60,000 familias campesinas. Promueven la microcomercialización y el consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes. Produce fuerte impactos ambientales por la deforestación y el vertido de químicos (50,000 tn al año) en suelos y cuerpos de agua. El lavado de activos infiltra dineros que contaminan las actividades lícitas y se convierten a en una competencia desleal.

III.  Dinámicas globales del tráfico ilícito de coca

Nuevas dinámicas globales influyen en el narcotráfico transnacional, éstos se adaptan muy rápidamente y toman ventaja frente a los gobiernos que la combaten que son más lentos en el diseño de estrategias, elaboración y aprobación de presupuestos, ejecución de acciones, coordinaciones interagenciales a nivel nacional e internacional, entre otros.

Incremento de la demanda de cocaína

Existe una creciente demanda global de cocaína, en los países desarrollados, principalmente en EEU y la Unión Europea, pero también en la región Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. El incremento está determinado tanto por una mayor cantidad de consumidores como por el incremento de la pureza de cocaína que se expende en los mercados globales.

Esta mayor demanda presiona sobre la oferta de los países productores de cocaína Colombia (1,200 tn), Perú (600 tn) y Bolivia (180 tn).  Los niveles de producción potencial de cocaína de los países andinos alcanzan records históricos, nunca antes vistos. Se ha más que duplicado la producción potencial de cocaína entre 2014 y 2019 de 865 tn a 1,827 tn, como se puede ver en el siguiente gráfico 1. Esta tendencia es probable que se mantenga en los próximos años.

Gráfico N° 1
Evolución de la producción potencial de cocaína en los países Andinos
(2010-2019)

Fuente: UNODC y estimaciones propias para Bolivia y Perú

Lucha contra el tráfico ilícito de drogas en Colombia

Colombia, desde el ingreso del Presidente Duque y con el firme apoyo de los EEUU, viene desplegando un gran programa de interdicción con un despliegue militar que incluye el bloqueo aeronaval de sus costas del Pacífico y Caribe (Atlántico). Estas operaciones antinarcóticos cuentan con la intervención del US Southern Command a través de la Operación Martillo. Estas iniciativas han sido reforzadas desde el inicio de la pandemia, con un despliegue operativo para controlar el Este del Pacífico y el Mar del Caribe, rutas tradicionales de la cocaína hacia el Hemisferio Norte.  Efectivamente esta iniciativa de los EEUU tiene como contraparte clave principalmente a Colombia y Ecuador, así como otros países centroamericanos y caribeños, además de países europeos. El fuerte despliegue militar estadounidense ha permitido incrementar en 75% más la supervisión aérea y 65% la naval para la interdicción de drogas. 12 embarcaciones navales y 15 aeronaves están permanentemente dispuestas para el control aeronaval. 

Colombia ha recibido entre 2008 y 2019 más de 5,000 millones de dólares de cooperación para lucha contra las drogas, mientras que Perú en ese mismo período recibió solo 655 millones de dólares.  En el caso de Colombia además están, como se ha mencionado, las operaciones aeronavales de los EEUU en las costas colombianas del Caribe y Pacífico que suman cientos de millones de dólares adicionales.

El mayor interés de los EEUU de apoyar a Colombia se basa en los reportes de la DEA en la que confirman que el 92% de la cocaína incautada en EEUU tiene procedencia colombiana, mientras de solo 6% provendría de Perú.

Gráfico N° 2
Evolución de la cooperación antidroga de los EEUU a Perú y Colombia
(2008-2019)

Fuente: Colombia: GAO Presentation of Department of State Data Foreign Operations and related Programs  GAO-19-106.  For year 2019 data from CRS from International Affairs Congressional Budget Justification.

Perú: DEVIDA

Los esfuerzos de interdicción en Colombia han permitido que en 2019 incauten 440 tn de cocaína (Perú 29 tn de cocaína) y erradiquen cultivos de coca por 94,606 ha (Perú 25,526 ha).  Esta fuerte presión contra el narcotráfico, a pesar de la pandemia, se mantiene en 2020 en Colombia y no en Perú. Al 31 de agosto de 2020 Colombia había erradicado 69,829 ha de coca (Perú menos de 1,500 ha) e incautado 310 tn de cocaína (Perú menos de 20 tn).

De mantenerse esta situación, el próximo gobierno podría enfrentar un nuevo efecto globo y un fuerte incremento en la reinstalación de cultivos ilícitos de coca en Perú, así como mayor presencia de organizaciones narcos.  Como se puede apreciar en el siguiente gráfico 3, desde 2018 se inicia un nuevo ciclo de reducción de cultivos en Colombia y en Perú desde 2016 un incremento sostenido de los cultivos ilícitos.

Gráfico N° 3
Evolución de Cultivos de Coca en Perú y Colombia
(1988-2020)

Fuente: CNC, UNODC
Estimación propia para Perú (2018, 2019, 2020) y Colombia (2020)

Crecimiento de la demanda de cocaína en Brasil

En los últimos años, está consolidándose un nuevo eje hacia el Sur del Continente para la exportación de cocaína. Brasil es una nueva base de operaciones del narcotráfico. Se ha convertido probablemente en el primer demandante mundial de cocaína, no solo el incremento en el consumo de esta droga (segundo consumidor mundial), sino como la mayor plataforma de exportación de cocaína, aprovechando la gran infraestructura de carreteras que atraviesan todo el país y la disposición de más de 50 puertos marítimos y fluviales para la exportación de la cocaína.

Las organizaciones criminales con gran poder económico como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Familia del Norte (FDN) trafican la cocaína en contacto con la DOT presentes en Brasil. Además, estas organizaciones criminales brasileras se han internacionalizado y tienen presencia en Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay.

En el siguiente gráfico 4, se presenta la evolución de las incautaciones en Brasil donde se puede apreciar el fuerte incremento en los últimos años, lo que confirma esta tendencia regional que se viene consolidando.

Gráfico N° 4
Evolución de la Incautación de Cocaína en Brasil
2013-2019

Fuente: Policía Federal de Brasil

Mejoras e innovaciones en la producción de drogas cocaínicas

La dinámica del narcotráfico no solo se refiere a la búsqueda de nuevas rutas, modalidades de exportación de la droga, técnicas de camuflaje o esquemas de financiamiento. También hay una muy activa innovación en toda la cadena productiva que busca ampliar la oferta de cocaína y mejorar los rendimientos y rentabilidades.

El narcotráfico con los años ha logrado adaptar y desarrollar grandes extensiones de cultivos de coca. La coca tradicionalmente se sembraba en altitudes entre 700 y 2,000 m.s.n.m., en los Andes Orientales Amazónicos de Bolivia, Perú y Colombia. Sin embargo, el narcotráfico ha promovido la instalación de cultivos en altitudes más bajas como en Putumayo (106 m.s.n.m.), Napo (100 m.s.n.m.), Caballococha (60 m.s.n.m.), Constitución (251 m.s.n.m.), Puerto Bermúdez (250 m.s.n.m.) en Perú.  Esta adaptación de la coca a pisos ecológicos más bajos, probablemente se originó con el traslado masivo de estos cultivos a Colombia en la década de los 90´s.  Esta adopción de la coca amplia de forma prácticamente ilimitada las zonas potenciales de producción de coca u cocaína en toda la Amazonía.

Otra de las innovaciones tecnológicas que se han registrado es en el incremento de la productividad de los cultivos de hoja de coca. Con los años se producen mayor volumen de hoja de coca por hectárea. Si en el año 2000 se producía en promedio 1 tn/ha, la productividad actual supera 2.5 tn/ha. En zonas como los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se alcanza hasta 4 tn/ha. Se ha evolucionado desde la instalación tradicional de 20,000 plantas por hectárea hasta 160,000 plantas por hectárea.

Además, la mejora en el uso de menor cantidad de hoja de coca para la extracción de un kilogramo de cocaína, ha permitido que el factor de conversión pase de 330 kg a 230 kg de hoja coca para producir 1 kg de cocaína en los últimos quince años. También se reporta mejoras en el uso de los insumos químicos a través del reciclaje de los mismos.

IV.  Efectos sobre el narcotráfico en Perú

En Perú también el narcotráfico se dinamiza en función de los factores globales y los internos. La mayor demanda global de cocaína y la fuerte presión al narcotráfico en Colombia afectan en dos sentidos. Por un lado, una mayor presión sobre la oferta de cocaína y por lo tanto de mayores áreas de producción de cultivos de coca. Por otro lado, el tránsito de la cocaína colombiana por territorio peruano debido al menor riesgo de interdicción.

La consolidación del narcotráfico en VRAEM

En los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, no se ha desplegado una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico. Desde el año 2000 crecen los cultivos ilícitos y hoy en día concentra el 70% de producción de cocaína. El enfoque de intervención militar desde el 2007 ha distraído al Estado Peruano en el enfrentamiento del problema principal que es el narcotráfico.  Se privilegió la lucha contra el terrorismo, desplegando una estrategia militar de control del extenso territorio con la instalación de 52 bases militares y el despliegue de 8 mil efectivos. Una estrategia onerosa que ha costado más de 4,000 millones de soles, cuyo costo beneficio ha sido claramente negativo. Hoy en día, después de 13 años de intervención no se ha logrado vencer a los remanentes de Sendero Luminoso y el narcotráfico ha crecido sostenidamente.

La presencia de la delincuencia organizada transnacional

Además de los tradicionales carteles mexicanos y colombianos, han ingresado las organizaciones criminales brasileras (PCC y CV), así como mafias serbias, israelíes, italianas y rusas. Aunque aún no se han originado fuertes enfrentamientos entre las diversas organizaciones criminales como en México, Colombia o Brasil, no se debe descartar ese comportamiento en un próximo futuro si se deja avanzar al narcotráfico en Perú. Los principales mercados de exportación de la DOT son Europa, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay para el consumo y para el tránsito hacia Europa, EEUU, Oceanía y Asia.

Incautación de cocaína

Los niveles de incautación de cocaína, frente al potencial de producción de cocaína siguen siendo históricamente mínimo. Evidentemente hay un problema estructural en la Policía Antidrogas (DIRANDRO) que no se ha podido superar para obtener logros más satisfactorios. La incautación de solo 26 tn de cocaína en 2019, contrasta contra las 433 tn de incautación en Colombia, las 105 tn en Brasil, más de 70 tn en Ecuador, 31 tn en Costa Rica.

Gráfico N° 5
Evolución de la producción potencial y la incautación de cocaína
2000-2019

Fuente: UNODC y estimación propia

Los problemas estructurales tienen un conjunto de factores: recursos económicos insuficientes, rotación de la alta dirección, insuficiente labor de inteligencia e investigación, corrupción de malos elementos. En el caso de los puertos marítimos probablemente la principal ruta de salida de la cocaína, los niveles de incautación son mínimos, pese a los esfuerzos de los grupos de tarea instalados en los principales puertos, existen restricciones para una labor más efectiva.

Gastos gubernamentales en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas

A partir del 2008 y con mayor importancia desde el 2012 el Gobierno de Perú ha destinado recursos presupuestales que en promedio en los últimos cinco años ha estado en alrededor de los S/. 640 millones al año.  Sin duda, la asignación de estos recursos presupuestales, en un país que aún tiene serias carencias sociales, es un compromiso interno para evitar que el narcotráfico se convierta en un serio problema de seguridad nacional, pero también externo con la comunidad internacional para demostrar la responsabilidad compartida que el Perú asume.

Gráfico N° 6
Gastos Gubernamentales Directos en la Lucha contra las Drogas
(Millones de Soles)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Hoy en día la mayor parte del financiamiento de la lucha antidroga se hace con recursos nacionales a diferencia del pasado que lo financiaba la cooperación internacional. Los recursos públicos han crecido de S/. 53 millones en 2001 a S/. 693 millones en 2017. Lamentablemente en los últimos tres años ha disminuido a S/. 603 millones en 2020 mientras que el narcotráfico sigue creciendo y moviliza US$ 2,400 millones anuales. La situación fiscal post pandemia a partir del 2021 va a ser muy delicada y se requerirán ajustes presupuestales en todo el Estado. Se corre el riesgo que se recorten los recursos para la lucha antidroga lo que complicaría mucho más la situación actual.  

Efectos de la Pandemia del COVID-19 en el tráfico ilícito de drogas

Las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la pandemia, sobre todo el aislamiento social impuesto de marzo a junio del presente año, ha generado un fuerte impacto en la economía nacional. La dinámica del narcotráfico también se vio afectada temporalmente. La inmovilización social y el despliegue de las fuerzas de seguridad por todo el territorio nacional con el control de carreteras, para velar por el cumplimiento de las medidas gubernamentales, trajo consigo que también se redujera la actividad del tráfico ilícito de drogas, debido a la dificultad del desvío de los insumos químicos hacia los valles cocaleros, al abandono de los campos cocaleros por parte de los campesinos y la dificultad en el trasiego de la droga.  Esta situación se evidenció en la caída de pecios de la hoja de coca en 50%, de la pasta básica de cocaína en 27% y de la cocaína en 25%.

La erradicación de cultivos ilícitos de coca fue suspendida desde marzo y al mes de septiembre solo se ha erradicado menos de 1,500 hectáreas.  Bolivia también suspendió la erradicación, mientras que Colombia la mantuvo como se ha indicado anteriormente.

No obstante, es claro que este era un cambio coyuntural y no estructural, y que en la medida en que el país iba recuperando su actividad económica, el narcotráfico también retomaría su accionar, como de hecho lo viene haciendo.

Pero los impactos de la pandemia proyectan un nuevo escenario para el narcotráfico. La fuerte pérdida de empleos, la caída de ingresos de las familias va a presionar a un sector vulnerable de la población para ingresar a las economías ilegales. En el caso del narcotráfico están las actividades del cultivo de la hoja de coca, el desvío de los insumos químicos, el trasiego de la droga y la microcomercialización.  Como se ha indicado el impacto de la pandemia en las cuentas fiscales del Estado también puede significar menores presupuestos en el próximo futuro para la lucha contra el narcotráfico.

La erradicación de cultivos de coca

La erradicación manual de cultivos de coca ilícita ha sido quizás el principal componente de la estrategia antidroga del Perú que ha logrado, en alguna medida contener un mayor avance del narcotráfico, y evitar como en el caso de Colombia que hace dos años alcanzó 200,000 hectáreas de coca.

A partir del 2012 el Gobierno de Perú financia con recursos propios los programas de erradicación, antes de esa fecha eran financiados casi en un 100% por los EEUU.  Perú proveyó financiamiento creciente, hasta batir el record histórico de erradicación en 2015 de 35,800 hectáreas y lograr una reducción de cultivos de coca.  Lamentablemente en los años siguientes se redujo el financiamiento, se redujo las áreas erradicadas y se incrementaron los cultivos ilícitos de coca.

Gráfico N° 7
Evolución de la incautación de insumos químicos
(2011-2019)

Fuente: DEVIDA – * Estimación propia

La meta de la erradicación de acuerdo a la estrategia antidrogas 2017-2021 es de 25,000 hectáreas anuales que se ha venido cumpliendo. Pero el año 2020 habrá una fuerte caída de la erradicación. A la fecha se han erradicado alrededor de 1,500 hectáreas. Aunque se ha anunciado que se retoma la erradicación de cultivos, en el mejor de los casos se podría proyectar erradicar alrededor de 5,000 hectáreas hasta el fin del año, la menor de los últimos 20 años.

La muy reducida área de erradicación y el no ingreso a erradicar al VRAEM, lamentablemente traerá consigo un fuerte crecimiento de los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína en Perú en 2020.

Evolución de los cultivos de coca

Como se puede apreciar en el gráfico 8, Perú viene creciendo en forma sostenida en el área de cultivo de coca desde 2015. Las estimaciones son propias para el año 2018, 2019 y 2020. Por los efectos de la suspensión de la erradicación de cultivos de coca, debido a la pandemia, el incremento del cultivos en 2020 será muy significativo. Más aun por factores externos que la sustentan, tanto por el lado de una mayor demanda mundial de cocaína, así como el desplazamiento previsible de cultivos de coca de Colombia a Perú (efecto globo) por la potente interdicción y erradicación de cultivos en Colombia.

Perú tendría la mayor área de cultivo de coca de los últimos 20 años. Pero además si consideramos las mejoras que ha impuesto en narcotráfico en la productividad tn/ha de hoja de coca, así como la mejora en los rendimientos para la conversión de la hoja de coca en cocaína, el potencial de producción de cocaína para el año 2020 se ubicaría en alrededor de 610 toneladas de cocaína.

Gráfico N° 8
Evolución de los cultivos de coca
(2001-2020)

Fuente: DEVIDA – * Estimación propia

V. Escenario para el próximo gobierno

La tendencia del 2020 es probable que se mantenga por lo menos en 2021, es decir crecimiento de los cultivos ilícitos y de la producción potencial de la cocaína. El 2021 es un año electoral y de transición hacia un nuevo gobierno. La atención de la opinión pública y la política está centrada en el tema sanitario y económico. No habrá debate electoral en torno al narcotráfico.

Los factores que han llevado a un nuevo crecimiento del narcotráfico en el Perú van a persistir en los próximos años. Principalmente la demanda global y la fuerte presión del gobierno colombiano y estadounidense al tráfico ilícito de drogas en Colombia.

El financiamiento de la lucha antidrogas también puede ser relegado frente al extraordinario déficit fiscal que se deberá enfrentar los próximos años.  La reducción del gasto fiscal para equilibrar el déficit es una necesidad para sostener el equilibrio macroeconómico.

Esta es una situación muy delicada, dejar crecer al narcotráfico en Perú hará mucho más difícil enfrentarlo cuando se tome real cuenta de la amenaza que constituye a la seguridad y gobernabilidad del país.

 VI.  Recomendaciones de política contra el narcotráfico

Hay experiencias exitosas como la reducción de cultivos ilícitos en el Alto Huallaga, particularmente en San Martín, también la liberación del valle del Monzón en manos de los remanentes terroristas y el narcotráfico. El acercamiento a las comunidades en el VRAEM y su participación en los programas de desarrollo en los últimos años también son auspiciosos.

En los próximos cinco años, es factible reducir la presencia del narcotráfico, de la producción de cocaína y del área de cultivos de coca a través de una estrategia integral y sostenible.  De esta manera se reduciría las amenazas existentes y se incorporan grandes poblaciones dependientes del narcotráfico a la economía lícita. De no hacerlo podríamos devenir en un narcoestado en el mediano plazo.

El objetivo debe ser frenar el avance del narcotráfico en un primer momento y luego reducir su presencia y efectos nocivos descritos.  Por ser un problema interdisciplinario y transversal requiere en primer lugar el convencimiento y el liderazgo político para decidir, financiar, implementar y hacer un seguimiento a la estrategia antidroga. Además, se requiere un mecanismo de coordinación interagencial efectiva que complemente las acciones y esfuerzos sectoriales y de los distintos niveles de gobierno.  

Las experiencias exitosas mencionadas aportan dos lecciones. La primera que se requiere una intervención integral con erradicación de cultivos, programa de desarrollo alternativo inmediato y oportuno, y el despliegue de la intervención del resto de sectores del Estado para sostenibilidad de largo plazo de la intervención. La segunda es que los programas o componentes de intervención tienen que ser nacionales y no focalizados, en particular la erradicación de cultivos no debe dejar ámbitos cocaleros sin erradicar (en particular el VRAEM) para evitar el efecto globo.

Priorizar las labores de inteligencia e investigación criminal para incrementar sustancialmente las incautaciones de drogas e insumos químicos, la desarticulación de las organizaciones criminales, así como impedir el financiamiento del narcotráfico y las operaciones de lavado de activos. De la misma manera la judicialización efectiva de los ilícitos con el Ministerio Público y Poder Judicial.

Como se ha indicado, en el corto plazo los programas de desarrollo alternativo son una respuesta rápida del Estado para apoyar a los campesinos cocaleros que han sido erradicados para que abandonen los cultivos ilícitos y tengan la oportunidad de desarrollar actividades económicas lícitas. Es un subsidio del Estado para que los cocaleros transiten a la legalidad. Pero se requiere que todos los sectores del Estado intervengan en la recuperación del territorio: seguridad, salud, educación, programas sociales, sectores productivos, desarrollo vial y de comunicaciones, entre otros. La intervención integral del Estados le va a dar la sostenibilidad en el largo plazo de los cambios.

El tercer componente es Prevención y Tratamiento, con el fin de reducir la creciente demanda de drogas, especial por parte de la adolescencia y juventud. Los programas de comunicación y educación con la participación de gobiernos locales y regionales son clave. Respecto al tratamiento, es necesario cubrir el gran déficit de atención a la drogadicción. El Estrado debe propiciar la participación de la sociedad civil e instituciones privadas para este esfuerzo.

Finalmente, en el frente externo, Perú debe asumir un liderazgo en los foros internacionales para convocar a la comunidad internacional para enfrentar el narcotráfico con el principio de “responsabilidad compartida”. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 21 de agosto de 2020
Para Lampadia

El país es un desmadre. Cada uno hace lo que le da la gana. Los contagios y muertes por COVID 19 suben y suben sin parar. La economía… es decir, las ventas de las empresas y el empleo están en caída libre. Cientos de miles de micro y pequeñas empresas han quebrado. Y millones de peruanos – más de 6 millones, dicen algunos – han perdido su trabajo.

La pregunta es ¿alguien gana con todo este desmadre? ¿Cómo podría alguien ganar en medio de esta crisis? Pues bien… la respuesta es que sí hay ganadores.

• El narcotráfico y la corrupción ganan.
• Ganan la delincuencia y la agitación social.
• El terrorismo también gana.
• Incluso, la burocracia estatal gana. Los burócratas tienen su remuneración asegurada… a pesar de la cuarentena.
• Y el populismo político… ¡qué quieren que les diga! Los caudillos populistas – los caciques de la política – están en su garbanzal.

Conclusión: no son pocos los que ganan con este desmadre.

Por eso tenemos que ser firmes en nuestras críticas al Gobierno. El manejo gubernamental de la pandemia es un fracaso. Un fracaso sanitario. Un fracaso económico. Y consecuentemente, un fracaso social. Ahora bien… así como debemos ser críticos con el Gobierno por el pésimo manejo de la pandemia, al mismo tiempo debemos estar firmemente comprometidos con la solución de la crisis.

La propuesta de Jaime de Althaus de conformar un comando COVID para Lima va en ese sentido. Pero yo lo extendería a todo el país. La situación de la pandemia en Ica es también dramática. Y lo mismo ocurre en varias otras regiones. Articular – desde la sociedad civil – todos los recursos existentes; públicos, privados, sociales y de la academia. Y coordinar con el Gobierno todo el manejo de la pandemia. Obviamente, previo consentimiento del Gobierno.

A ese respecto, el modelo a seguir es Uruguay. En vez de enfrentamiento políticos inoportunos y absurdos; en Uruguay, todos los actores claves confluyeron para atender y resolver la pandemia de manera integral.

El presidente Lacalle de Uruguay – a diferencia del nuestro – supo rodearse de los más calificados científicos del país… sin afiliaciones políticas partidarias. En Uruguay se produjo un alineamiento sin precedentes entre el Gobierno, el sistema científico, la academia, el empresariado, y la ciudadanía en general. Así fueron capaces de detectar y rastrear el virus como ningún otro país lo pudo hacer.

La educación cívica y la participación ciudadana jugaron un papel clave. La gente se quedó – mayoritariamente – en casa, a pesar de que no hubo cuarentena obligatoria. Los que tenían que trabajar para ganarse el pan del día, lo hicieron… sin sanción alguna de parte de las autoridades. Libertad con responsabilidad… esa fue la clave del éxito uruguayo frente a la pandemia.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo pasado – hasta el día 22 de agosto – el país sudamericano apenas había registrado 1,485 positivos del virus y 40 muertes. Por otro lado, Uruguay es el primer país latinoamericano en poner en marcha la vuelta a las aulas, pese a la pandemia. ¡Envidiable y admirable!

Y volviendo al tema de los politiqueros, es increíble ver – y escuchar – a algunos atribuir al “modelo neoliberal” el fracaso del Gobierno frente a la pandemia. Expropiar todas las clínicas y farmacias privadas… proponen estos oportunistas de la política. Incluso, llegan a decir que el Gobierno está siendo manejado por grandes grupos empresariales. Y que por eso estamos como estamos.

Así es… aunque parezca mentira. La semana pasada participé en un debate – con Vladimir Cerrón – convocado por un grupo estupendo de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Y lo vi y oí – vía zoom – con mis propios ojos y oídos. Aparte de las expropiaciones antes indicadas, el susodicho exigió seguir los modelos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

A eso me refiero. Los caudillos populistas – los caciques de la política – están en su garbanzal. Ellos – junto con los corruptos, narcotraficantes, terroristas, agitadores sociales, y todos los demás – ganan con este desmadre.

Es – pues – hora de actuar. Es hora de sumar y colaborar. Es hora de corregir el rumbo. Porque estamos avisados… ¡precipicio a la vista! Lampadia

Los esfuerzos de Guaido, EEUU y el Grupo de Lima, para sacar a Maduro y terminar con el chavismo en Venezuela, van perdiendo fuerza y el régimen de Maduro está en camino de consolidarse.

Así se lee en el artículo de The Economist que compartimos líneas abajo. Una tragedia para los pobres venezolanos, que cada día ven más lejos el fin del chavismo.

Desde el principio de la crisis, en Lampadia dijimos que Maduro no se iría por las buenas. Las fuerzas del narcotráfico, los cubanos y los militares corruptos eran muy sólidas para retirarse por acciones diplomáticas.

Ahora el régimen está haciendo ajustes económicos que bajan la presión de la población y dejan descolocado a Guaidó y sus soportes.

Maduro duradero
Más dólares y menos protestas en Venezuela

Las sanciones han llevado al régimen a retirarse del socialismo, pero de la dictadura.

The Economist
18 de diciembre de 2019
Traducido y glosado por Lampadia

El Humboldt, un hotel de lujo en forma de lápiz con vista a Caracas, ha simbolizado durante mucho tiempo las promesas incumplidas de los gobiernos venezolanos. Construido en 1956, durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, ha estado vacío la mayor parte del tiempo. El teleférico a su ubicación en la cima de la montaña se descompone. El régimen actual, una dictadura socialista dirigida por Nicolás Maduro, promete que el Humboldt pronto se relanzará como el primer hotel “siete estrellas” de Venezuela.

El 14 de diciembre organizó una fiesta. Las luces de Navidad centellearon. Un DJ sacó éxitos de reggaeton. Modelos retozaron alrededor de la piscina vacía. Los enchufados (enchufados), enriquecidos por sus conexiones con el régimen, bebieron vodka importado en mesas con vistas panorámicas mientras dos luces láser verdes se proyectaban sobre la capital de un país que sufre la recesión más profunda del mundo. “Caracas se ha convertido en algo así como” El Gran Gatsby “, dijo Karina González, una joven secretaria, mientras miraba el espectáculo de luces. “La decadencia junto con la penuria”.

La fiesta de Humboldt es una señal de cambio. No es un retorno de la prosperidad, que no se extiende más allá de los asistentes a la fiesta y su especie. Tampoco es la democratización exigida por la oposición y por los 60 países que la respaldan. Más bien, apunta a la creciente confianza del régimen de que sobrevivirá a la presión internacional dirigida a derrocarlo, que ha sido liderado por Estados Unidos.

Su política de “máxima presión” sobre el régimen comenzó en enero pasado, después de que Juan Guaidó, el jefe de la legislatura controlada por la oposición, se proclamó presidente interino de Venezuela con el argumento de que Maduro había manipulado su reelección en 2018. Los países latinoamericanos reconocen el reclamo de Guaidó. La administración Trump prohibió las compras de petróleo venezolano por parte de los Estados Unidos, una vez el mayor cliente de Venezuela. Amplió las sanciones a las personas para incluir a casi todos en el círculo íntimo de Maduro.

Las sanciones petroleras han sido porosas. Venezuela ha encontrado clientes no estadounidenses, como Rosneft de Rusia. La producción de PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, está mostrando signos de recuperación después de haber caído tres cuartos desde 2015. Ha firmado un acuerdo con una compañía india para ayudar a impulsarlo aún más y reparar las refinerías. Venezuela obtiene dinero extra de la venta de oro (tanto de minas ilegales como de sus reservas) y narcóticos.

Las sanciones han tenido consecuencias no deseadas. Los funcionarios cuyo viaje está restringido y cuyas cuentas bancarias en el extranjero están congeladas gastan más de su tiempo y dinero en casa, una explicación de la explosión de Humboldt. Más importante aún, las sanciones petroleras fueron un shock suficiente para obligar al gobierno a retirarse del socialismo. Maduro ha levantado casi todos los controles económicos impuestos por primera vez por Hugo Chávez, el líder carismático de la “revolución bolivariana”, quien murió en 2013. Las sanciones “han hecho al gobierno más flexible”, dice Luis Oliveros, economista.

Ha dejado de intentar dictar el tipo de cambio y controlar los precios. Las empresas privadas ahora pueden importar lo que elijan y establecer sus propios precios. Los supermercados en Caracas, casi vacíos durante gran parte de 2017 y 2018, están nuevamente abastecidos de alimentos. No solo los ricos pueden permitírselo. Quizás un tercio de los venezolanos tiene acceso directo a las remesas de familiares que viven en el extranjero. Desde que Maduro asumió el cargo en 2013, al menos 4 millones de personas, el 12% de la población, han abandonado el país. Los venezolanos en el extranjero envían $ 4 mil millones al año, aproximadamente el 3% del PBI, según Econoanalitica, una consultora. Esto complementa la distribución de alimentos del gobierno, desproporcionadamente a sus partidarios, y un programa de ayuda discreto administrado por ONG extranjeras.

Los dólares están dejando de lado el bolívar de Venezuela, la moneda más propensa a la inflación del mundo. Los taxistas y las señoras de la limpieza cotizan los precios en dólares, incluso si aceptan el pago en bolívares. McDonald’s paga a las hamburguesas en Caracas un bono de $ 20 al mes, que es más del triple del salario mínimo de 300,000 bolívares ($ 6). Los precios en los grandes almacenes Traki en el centro de Caracas están en dólares, aunque el signo del dólar en sí no aparece en las etiquetas. Spaghetti (de Egipto) cuesta 50 centavos por un paquete de 400 gramos (14 onzas). Las colas en las cajas sugieren que los compradores comunes pueden permitírselo. El valor de los billetes en dólares en circulación ahora supera el de los bolívares.

La moneda venezolana en sí misma, en la que a la mayoría de la gente todavía se le paga, no se está depreciando tan rápido como antes. El gobierno ha endurecido los requisitos de reserva de los bancos. Según la asamblea nacional, la tasa de inflación anual ha caído de casi un 3% a principios de 2019 a un 13,475% en noviembre, que sigue siendo el más alto del mundo con diferencia.

“Las cosas están un poco mejor que el año pasado”, dice Héctor Márquez, mecánico. Fuera de Caracas, pocos venezolanos estarían de acuerdo. Las personas continúan muriendo innecesariamente en hospitales que carecen de equipos y medicamentos. La ONU estima que 7 millones de venezolanos necesitan urgentemente ayuda humanitaria. Eso ha llevado a la migración interna. Muchas personas huyen de las ciudades provinciales hacia Caracas, donde los atascos regresaron después de desaparecer el año pasado. El Chigüire Bipolar (el Carpincho Bipolar), un sitio web satírico, tiene a Maduro declarando: “La República de Caracas no puede continuar recibiendo refugiados venezolanos”.

La quietud en Caracas es lo que más quiere Maduro. Un venezolano con acceso a dólares tiene menos probabilidades de protestar contra el gobierno, señala Oliveros. Eso complica la tarea de Guaidó, quien ha prometido repetidamente que el régimen de Maduro caerá “pronto”. Su principal esperanza había sido que las fuerzas armadas cambiaran de bando, pero hay pocas señales de eso. El nuevo enfoque de Guaidó es impulsar una reforma de la autoridad electoral, con la que el régimen cuenta para ayudar a manipular las elecciones a su favor.

Su próxima oportunidad será en la elección de la asamblea nacional, que se realizará en diciembre de 2020. El régimen puede celebrarla antes. Si la oposición pierde ese voto, Maduro controlará todas las ramas del gobierno. “Las condiciones para cualquier cambio político en 2020 son cada vez más remotas”, dice John Magdaleno, un consultor con sede en Caracas.

Públicamente, la administración Trump todavía respalda a Guaidó contra el “antiguo” régimen. “No estamos fuera de sanciones”, dijo Elliott Abrams, el hombre clave de Washington para Venezuela, en octubre.

Pero informes recientes de agencias de noticias sugieren que el presidente Donald Trump podría estar buscando nuevas ideas. Una es trabajar con Rusia para presionar a Maduro. Otra es hablar directamente con el régimen. En noviembre, Erik Prince, un ardiente partidario de Trump que fundó Blackwater Security Consulting (ahora llamado Academi), cenó en Caracas con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Eso provocó especulaciones de que los dos gobiernos están estableciendo un canal posterior, que evitaría a Guaidó. Eso no sucedería si el régimen estuviera de salida. Lampadia