Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 7 de mayo de 2021
Para Lampadia

La gente deplora las inequidades sociales. En el fondo, deploran la injusticia. Yo también deploro la injusticia. En realidad, todos – excepto los corruptos – deploramos la injusticia en nuestro país. ¿Por qué unos tienen mucho, y otros no tienen nada?

¿Por qué algunos estudian en buenos colegios y universidades, mientras que otros no tienen ni para los útiles? ¿Por qué unos viven en casas con agua, luz, gas domiciliario, internet, parques y jardines, escuelas de alto nivel para sus hijos, hospitales de primera, seguridad en el vecindario, mientras que otros – 1´600,000 familias peruanas – viven hacinados en chozas de esteras, cartones y plásticos, sin agua, luz… nada?

¿Por qué tanta gente pobre ha muerto por falta de oxígeno, en plena pandemia? ¿Por qué más del 70% de los trabajadores peruanos no tienen empleo formal? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué a unos les va bien, mientras que a otros les va pésimo? ¿Por qué tanta inequidad?

Obviamente, la gente tiene derecho protestar, indignarse, y formularse aquellas interrogantes. ¡Cómo no quejarse de tamaña injusticia! Sin embargo, la pregunta no debería ser tanto ¿por qué? sino ¿quién? ¿Quién propicia tales inequidades?

Pues resulta que las cuatro grandes carencias de la gente pobre en nuestro país son:

(1) Agua y Vivienda,

(2) Salud,

(3) Educación, y

(4) Seguridad y Justicia.

Precisamente, los cuatro servicios básicos que el Estado debería proveer a todos los peruanos.

Entonces, al pan, pan… y al vino, vino. El Estado es la madre del cordero. El Estado es el responsable de tantas inequidades. No obstante, ahí están – como si nada – los alcaldes y regidores corruptos propiciando invasiones de tierras, para luego lucrar descaradamente con la venta de esteras, agua en cisternas, y todo tipo de bienes y servicios, mientras la gente pobre vive abandonada, carente de los más elementales servicios públicos. Ahí están las empresas municipales de agua y saneamiento fallidas. Ahí están los gobernadores regionales corruptos – coimeros – con hospitales inacabados y / o sobrevaluados. Y los médicos de Estado que abandonan su trabajo – y a sus pacientes – para atender en clínicas privadas. ¿Por qué no hay quejas ante la descarada corrupción e inoperancia del Estado en los ámbitos regionales y municipales? ¿Por qué no admitimos con objetividad – y corregimos de raíz – el estrepitoso fracaso de la regionalización y municipalización de nuestro país?

Por ello ¡qué demagógico y politiquero resulta atribuir al modelo económico, a la Constitución, o – más absurdo aún – a las empresas privadas, las clamorosas injusticias e inequidades antes señaladas! ¡Qué mentes tan resentidas y acomplejadas las de los políticos, periodistas y académicos que pregonan semejante insensatez!

¡Vamos! Nuestro problema es el Estado.

• Ciertamente, el Gobierno Central… presidentes, ministros y funcionarios sin valores, pero también – y sobre todo –
• Gobiernos Regionales y Municipales, donde priman la corrupción, el clientelismo y la inoperancia.
• El Congreso de la República, infiltrado por parlamentarios que defienden oscuros intereses.
• El Poder Judicial indolente y corrupto, al igual que sus pares del Poder Ejecutivo y del Congreso.

Excepto – valgan verdades – unas cuantas instituciones estatales del ámbito económico nacional, como el Banco Central de Reservas, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras; y funcionarios públicos honestos y serviciales que – admirablemente – siempre hay en las diversas dependencias estatales.

Seamos sinceros; el gran objetivo nacional debería ser combatir la corrupción y la inoperancia del Estado. Pero de verdad. No como aquellos que pregonan integridad, y resultan tan coimeros como todos. Vizcarra… por ejemplo. Reducir la elefantiásica burocracia administrativa del Estado, y reasignar dichos ahorros a mejorar las remuneraciones de los maestros, médicos, policías y jueces.

Para ello no hay que cambiar el Modelo Económico – y menos, la Constitución – como dicen muchos políticos demagogos y politiqueros. Lo que hay que cambiar es a quien propicia las inequidades sociales en nuestro país… el Estado. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de marzo de 2020
Para Lampadia

En el Perú tenemos una gran cantidad de leyes. Demasiadas. Algunas – las menos – son buenas leyes. Las más, son leyes malas. Leyes fracasadas. Leyes – seguramente – bien intencionadas, pero que no lograron los objetivos para los cuales fueron promulgadas.

¿A qué leyes me refiero? La ley de regionalización es una de ellas. El país se ha atomizado en 25 feudos, sin ninguna capacidad de articulación a nivel nacional. Y poco – o nada – se ha logrado en materia de bienestar social… más allá de ex Gobernadores presos, obras inservibles, maltratos en hospitales públicos, pésimos índices de aprendizaje escolar, y corrupción a tope.

La ley de municipalidades es parecida. Los servicios municipales de agua, alcantarillado, limpieza pública, y tráfico vehicular – en todo el país – van de mal en peor. La diosa coima se ha impuesto en – prácticamente – todos los trámites para el otorgamiento de licencias municipales.

El proceso de planificación y desarrollo urbano es un caos. La autoconstrucción – y viviendas inacabadas – son el común denominador de todas nuestras ciudades. Incluso, muchos alcaldes y regidores son los capos de las mafias de invasiones y tráfico de tierras. Seamos sinceros. La ley de municipalidades es otro fracaso normativo peruano.

Pero hay más. La súper manoseada ley general del trabajo… por ejemplo. La más demagógica y populista de todas las leyes peruanas. La que ofrece el oro y el moro a los empleados y obreros del país. Aunque – en la práctica – haya marginado al 70% de los trabajadores peruanos. Pero más grave aún es que – a pesar de su fracaso – muchos políticos e intelectuales insistan en ella.                                                    

La ley forestal es – también – otro fracaso nacional. A los hechos me remito. A pesar de tener uno de los potenciales forestales más grandes del mundo – como es nuestra colosal Amazonía – exportamos apenas US$ 200 millones al año. Me refiero a productos forestales. Mientras que Chile – sin tener nada parecido a nuestra riqueza forestal – exporta US$ 7,000 millones al año. O sea… ¡35 veces más!

¿Y qué decir de las leyes que regulan los sistemas de control del Estado? ¿Y las que regulan los sistemas de compras y contrataciones en el sector público? Pregunto: ¿en qué galaxia estuvieron los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en los últimos años? ¿Cómo así se les pasaron – y se les siguen pasando – los descarados sobrecostos de las obras de infraestructura del Estado? Seamos sinceros. Las leyes en cuestión – o en todo caso, la CGR y el OSCE – también son un fracaso.

El hecho es que nuestras legislaciones de regionalización y de municipalización son un fracaso. La legislación laboral, igual. La legislación forestal ya sabemos… no pasa nada. Y la de los sistemas de control, y de compras y contrataciones del Estado… ya lo dije ¡se les escapan las tortugas!

No tapemos el sol con un dedo. Reconozcamos el fracaso de muchas leyes e instituciones de nuestro país. Si funcionan… bien. Pero si no… ¡para qué insistir en ellas! Mejor sería echarles tierrita.

Milton Friedman – premio Nobel de Economía 1976 – decía: “Uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones, en lugar de por sus resultados”. ¡Cuánta verdad! Lampadia