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Alerta ATU: ¿Misión Imposible?

Ing. Alejandro Chang Chiang

El 28 de diciembre último se publicó la Ley N° 30900 que crea la Autoridad de Transportes Urbano para Lima y Callao, para solucionar el caos de la movilidad que sufre la población de la capital y de la provincia Constitucional del Callao.

No conozco el texto de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo ni las coordinaciones que ha habido entre las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Congreso de la República; pero al leer el texto de la Ley, nos induce a pensar que la Ley aprobada solo aliviaría la problemática de la movilidad de la metrópoli, porque una autoridad es mejor que dos para un solo territorio.

Considero que la ATU no resolvería la situación actual del transporte en la capital por la forma y condiciones en que está redactada la Ley que la obligará a atender – además de la movilidad – los problemas internos que se generarán por las transferencias y fusiones que dispone la Ley. A largo plazo, continuaremos perdiendo competitividad y seguiremos bajando la calidad de vida de la población de la metrópoli.

Hace más de seis años, durante mi gestión como viceministro de transportes, se identificó que la problemática de la movilidad de Lima y Callao era el aspecto institucional para después tratar el tema de la calidad del talento humano a fin de contar con personal para que la institución sea eficaz y eficiente. El proyecto fue paralizado por la oposición de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y de PROTRANSPORTE y la anuencia del Primer Ministro de ese entonces.

Al respecto, en mi libro Transformemos el Transporte señalo que el objeto de las autoridades de transporte y territorio es la de fortalecer la institucionalidad para la organización y la gestión de la movilidad de las personas a través del desarrollo coordinado de la infraestructura vial con el urbanismo a fin de crear las condiciones de salud y ambiental adecuadas para mejorar la calidad de vida de la población.

A pesar de haber transcurrido seis años y de haber estudios al respecto, la Ley  promulgada no considera el marco institucional como el problema principal de la movilidad en la capital, al señalar que el objeto de la Ley es garantizar el funcionamiento de un sistema integrado de transportes. Asimismo señala que la ATU tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de política que apruebe el MTC y los que resulten aplicables.

El concepto que se debe tomar en cuenta es que una Autoridad no debe realizar actividades que él mismo regula, norma y fiscaliza, como lo afirmo en mi libro “Ideas para reconstruir la institucionalidad del País” (descargar aquí). Sin embargo, la Ley dispone la fusión con la ATU de i) la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico del Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) y ii) PROTRANSPORTE sobre la gestión del Metropolitano y de los Corredores Complementarios, que brindan servicios de transportes. Es decir, la Ley configura la situación de ser juez y parte a la vez.

Asimismo la Ley dispone que el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles, pasivos, obligaciones, contratos, recursos y personal, vinculados al ejercicio de la función del transporte terrestre de la MML y MPC se transfiere a la ATU. Ello conlleva que la nueva Autoridad nace con los pasivos y debilidades de las instituciones que gestionan actualmente la movilidad de Lima y Callao con los resultados que todos conocemos.

Según la Ley el Consejo Directivo de la ATU estará conformado por directores propuestos por los Ministerios de Economía y Finanzas y Transportes y Comunicaciones y de las Municipalidades Provinciales de Lima y Callao, la misma que no garantizaría una buena dirección de la Institución. Se requiere directores competentes que sean designados por una Comisión para que sus miembros sean de diferentes disciplinas y no sean solo representantes de los entes proponentes.

Una de las funciones asignadas a la ATU es la de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión que haya celebrado, sin perjuicio de las competencias a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), lo que podría originar una duplicidad de funciones que es necesario aclarar. Al respecto considero que a este último no le correspondería la supervisión de un contrato para brindar servicios de transporte.

En las disposiciones complementarias finales se establecen plazos para la aprobación del Reglamento de la Ley, Reglamento de Organización y Funciones, instalación del Consejo Directivo, la transferencia de bienes y recursos, fusión de organismos y adecuación de instrumentos de gestión. Considero que dichos plazos no estarían respondiendo a un cronograma de actividades realista y estaríamos asumiendo el riesgo de que haya vacíos temporales de autoridad al dejar la MML y la MPC de tener competencias al cumplirse los plazos dispuestos por la Ley, existiendo la posibilidad que la ATU no estaría en condiciones de asumir dichas funciones en los tiempos previstos.

Al respecto, mi experiencia para estructurar la organización de una institución, señala que se requiere definir claramente su misión, identificar los roles que debe asumir para cumplir con ella, determinar los procesos y controles necesarios para tener una gestión eficaz y eficiente, definir los perfiles de los cargos en función a los procesos;  designar a los funcionarios idóneos e íntegros, actividades éstas que tomarán su tiempo y que difícilmente se podrán llevar a cabo en los plazos establecidos en la Ley, máxime cuando las entidades a fusionarse con la ATU no están organizados con el enfoque de procesos.

El recurso humano es un factor primordial para el éxito de una gestión y por tanto la designación de sus funcionarios en los cargos directivos es un factor que incidirá en los resultados de la gestión. La ATU requiere nuevas personas con otra actitud y con nuevas ideas. Los “expertos” que han tenido la responsabilidad de resolver la problemática del transporte no serían los más idóneos. No hay que improvisar a músicos como directores de orquesta.

Por las razones expuestas considero que la ATU tendría una misión imposible de ejecutar de manera eficaz por las condiciones establecidas en la Ley.

Siendo crítico y pesimista en los resultados en la aplicación de la Ley, presento los planteamientos para que Lima y Callao cuenten con una Autoridad que sí resuelva la problemática de la movilidad en la metrópoli.

  • Definir la misión de la ATU sobre la movilidad en Lima y Callao y su coordinación sobre el desarrollo urbano del territorio.
  • Diseñar la estructura de la ATU en función a los roles que debe tener para cumplir con su misión como autoridad, más los órganos de planeamiento, de asesoría y de apoyo.
  • Diseñar la organización con el enfoque de procesos.
  • Determinar los perfiles de los cargos en especial de los cargos directivos.
  • Designar a personal idóneo e íntegro para los cargos directivos.
  • Plantear un cronograma de actividades con plazos realistas, los mismos que no requieren estar consignados en una Ley.
  • Darle a la ATU la capacidad para definir los recursos que requiere para el cumplimiento de su misión.

Los roles de la ATU se circunscribe a i) ser el ente rector de los servicios de transportes y de la movilidad en general, ii) ser la autoridad que regule y gestione el tránsito de los medios de transportes y iii) proveer la infraestructura que requiere la ciudad para la movilidad. No es rol de una autoridad de transporte el de brindar servicios de transportes.

En resumen, la Ley debió crear una autoridad con las competencias para ser el ente rector de la movilidad de Lima y Callao, darle las facultades para que ésta pueda asumir las funciones que actualmente tienen la MML y MPC y la capacidad para determinar la transferencia de recursos de éstas últimas, en los plazos y condiciones que la ATU requiera para gestionar adecuadamente. AATE y PROTRANSPORTE continuarían brindando los servicios de transporte hasta que se implemente en forma gradual el sistema integrado de transporte. Lampadia




Comuneros de Sorochuco y Huasmín: ¡CONGA VA!

Comuneros de Sorochuco y Huasmín: ¡CONGA VA!

Todos los peruanos nos hemos visto afectados con la postergación del proyecto Conga. Como ha señalado en un reciente informe el IPE, nuestro crecimiento, la reducción de la pobreza y la desigualdad habrían mejorado sustancialmente, si es que este y otros proyectos de igual importancia se hubieran puesto en marcha (Ver en Lampadia: El costo de la trampa anti-minera). Sin embargo, existe un grupo de ciudadanos que se ha visto directamente afectado por la paralización de Conga: se trata de los pobladores de Cajamarca que viven en las 32 comunidades (pertenecientes a los distritos de Sorochuco y Huasmín) que forman parte de la zona de influencia de este proyecto.

Pobladores de las comunidades de la zona de influencia de Conga apoyan el proyecto porque quieren desarrollo

La zona está habitada por diez mil pobladores (aproximadamente), diez mil ciudadanos que no pueden ejercer sus derechos, que no pueden seguir progresando, que no pueden salir de la pobreza. A pesar de tener la oportunidad que les ofrece el hecho de que en sus tierras se halle un rico yacimiento de cobre, no pueden beneficiarse como quisieran de ello, porque los ronderos de Bambamarca y Celendín y, los dirigentes anti-mineros que gobiernan Cajamarca a su antojo lo impiden sin que el gobierno central haga nada al respecto. El último comentario del Presidente Humala sobre Conga fue que su puesta en marcha dependía de la empresa.

Vistos con distancia y frialdad, los acontecimientos de Conga del 2011 que originaron la parálisis de la inversión minera y el enfriamiento de nuestra economía, son un despropósito y una vergüenza para el gobierno, la clase política, los empresarios y los medios, que no supieron mostrar la realidad y se dejaron amilanar por unos cuantos falsos dirigentes populares.

Dirigente del Centro Poblado Santa Rosa de Huasmín, Faustino Rillo, se queja de las amenazas de los anti-mineros 

Mediante tácticas de terror y uso indiscriminado de la violencia, los anti-mineros han amenazado, golpeado y hasta saqueado a los comuneros de Sorochuco y Huasmín por el solo hecho de apoyar las labores de Yanacocha. Así lo denuncia, el dirigente del Centro Poblado Santa Rosa de Huasmín, Faustino Rillo Huamán. “Nos han pegado, nos han dicho que somos mineros. Así nos amenazan. Esto no puede ser. Nosotros queremos trabajar”, asegura. Su voz demuestra la impotencia, la amargura que le causa que nadie los defienda de este atropello.

Durante las protestas anti Conga del 2011, la violencia, la manipulación y la intimidación a los cajamarquinos que apoyaban el proyecto, fueron los únicos argumentos para detener el inicio de las operaciones (ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca). Esa estrategia se despliega hasta hoy. Los comuneros de Sorochuco y Huasmín viven con temor por desear que el proyecto se ejecute.

Esta situación se asemeja a un secuestro. Les han quitado la libertad para decidir como desean vivir y desarrollarse. Ellos más que nadie saben las ventajas que trae que una inversión como la de Conga se lleve a cabo, pues los beneficios que ya han recibido han trasformado radicalmente su vida y sus ingresos. 

“La mina ha construido la carretera a Cajamarca, antes no teníamos. Nos demorábamos dos o tres días en nuestros caballos para llegar a Cajamarca y vender nuestra papa. Ahora, en dos o tres horas llegamos. Ya hay movilidad. Nos podemos trasladar sin problema”, manifiesta Rillo.

El dique enrocada del reservorio Chailhuagón, sus compuertas permiten que se riegue todo el año en la zona 

Más allá de la enorme importancia de la carretera, la obra que parece haberles traído más beneficios y de la que se sienten más orgullosos es la de los reservorios de Chailhuagón (en el caserío de San Nicolás), construido en el 2013 sobre la laguna del mismo nombre. Actualmente almacena unos 2.6 millones de metros cúbicos y fue levantada por contratistas locales usando materiales de la zona. (La antigua laguna contenía un poco más de la mitad de lo que actualmente se almacena)

En el estío sus aguas benefician los cultivos y las zonas de pastoreo de las comunidades de San Nicolás, Quinuapampa, San Juan de Yerbateros, Yerbabuena Chica, Porvenir, el Valle Maraypata y Lagunas de Combayo.

Esto ha permitido que la productividad de estos poblados mejore sustancialmente. Los cultivos de papa y el ganado (por que ahora tiene pastizales de mayor calidad) se han incrementado subiendo los ingresos de la zona. De esta forma la calidad de vida de los comuneros es superior a la que tenían antes del proyecto.

El reservorio Chailhuagón, es además una demostración de que la minería y la agricultura no compiten por el agua, sino que por el contrario, el encausamiento de las fuentes de este recurso, permite un mejor y mayor aprovechamiento del mismo. Los beneficiados son los propios comuneros que continúan dedicados a la agricultura y ganadería.

Es por ello, que a toda costa los dirigentes anti-mineros se oponen a que se construyan otros reservorios. Por eso, con justa razón, los comuneros de San Nicolás se preguntan: “Si tanto quieren agua ¿por qué se oponen a los reservorios?” Incluso las rondas anti-mineras están exigiendo que el reservorio Chailhuagón sea entregado al gobierno regional de Cajamarca. Un despropósito.

 

Wilson Cotrina Palma: “Nosotros defendemos la oportunidad de desarrollo que nos abre el proyecto de la mina”

Los comuneros de la zona de influencia de Conga están a favor del proyecto porque entienden que ese es el camino para salir de la pobreza. Como indica Wilson Cotrina Palma: “Nosotros defendemos la oportunidad de desarrollo que nos abre el proyecto de la mina. Sabemos que va a mejorar la alimentación y la educación de nuestros hijos. Nuestros sembríos van a mejorar con abonos y fertilizantes… Por eso comunidades y empresa vamos a seguir de la mano para que el proyecto Conga salga adelante”.

Ya es hora que las autoridades defiendan el derecho de estos peruanos que apuestan por el desarrollo y se desmarcan de las posiciones interesadas e ideologizadas. Lo mismo ocurre en otras zonas del país (en Puno, por ejemplo con las comunidades que desean que Bear Creek explote el yacimiento Santa Ana. Ver en Lampadia: Santa Ana: La decisión del mes). La democracia no es compatible con la imposición de ideas por medio de la violencia. Se puede estar de acuerdo o no con un proyecto como este, pero jamás se puede emplear la violencia para imponer una postura.

La realización de obras como el reservorio Chailhuagón, pone en evidencia que los argumentos de los anti-mineros son falsos. Primero, porque ahora hay más agua que antes y porque los comuneros de la zona de influencia se benefician de ella en gran forma,mejorando su calidad de vida. Basta de engaños y de falacias. Los peruanos  queremos crecimiento, desarrollo y mejor calidad de vida. Lampadia