CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Con relativo éxito, los vendedores de ilusiones siguen atiborrando de fantasías a los crédulos –que son bastantes en el Perú-, en particular a los empresarios acomodaticios, necesitados de un espejismo tranquilizador que confirme sus esperanzas: es posible que los caviares desplacen a Vladimir Cerrón y sus secuaces, rodeen a Pedro Castillo y hagan un gobierno con el cual ellos puedan avenirse.

Los que venden esa ilusión son, por supuesto, los mismos caviares -con el abrumador respaldo de los medios de comunicación que integraron la coalición vizcarrista-, que pretenden lograr lo que no pudieron hacer en el proceso electoral, capturar el gobierno.

Sin embargo, la terca realidad los desmiente a cada instante. El martes pasado el gobierno promulgó un decreto que permitirá el traslado de los terroristas presos en la Base Naval a prisiones comunes. Esa es una de las demandas principales del Movadef (Sendero Luminoso de Abimael Guzmán) desde hace mucho tiempo.

Por ejemplo, un boletín del Movadef dice en su portada “¡Cierre del penal militar de la Base Naval del Callao! ¡Basta del aislamiento del Dr. Abimael Guzmán Reinoso!”. (1/5/20). Allí llaman también a conformar una “¡Asamblea Constituyente ya!”, otra de las consignas de Castillo y Cerrón.

Demás está decir que los remanentes del MRTA también han demandado siempre que sus cabecillas recluidos en la Base Naval sean trasladados a penales comunes.

El motivo es muy sencillo, en cualquier cárcel peruana ellos tendrán mucha más libertad para comunicarse con su gente. Precisamente por eso se estableció una prisión en la Base Naval, y porque también era mucho más segura que cualquier cárcel común (hay que recordar la fuga de Víctor Polay y 47 emerretistas de Castro Castro en 1990 y la 70 de senderistas del penal de Ayacucho en 1982, incluida Edith Lagos, la terrorista admirada por el sujeto que ocupa la PCM).

Con todo desparpajo, los caviares –en complicidad con el Castillo- han tratado de disfrazar la intención del gobierno arguyendo que se trata de mover a Vladimiro Montesinos a una cárcel común.

Algunos sostienen equivocadamente que ahora los cabecillas de SL y MRTA podrían planear acciones terroristas desde los penales. En realidad, ellos ya abandonaron la “guerra popular” porque fueron derrotados, y ahora usan la democracia, el camino electoral para capturar el gobierno y establecer una dictadura. Lo que harán será aportar sus consejos y orientaciones a sus seguidores en el poder. Y obtener mejores condiciones carcelarias, hasta que llegue un probable indulto si sus partidarios logran imponer una dictadura, como es su intención.

Ese decreto es una evidencia más de la verdadera catadura de la gente que hoy controla el Estado. No obstante, tercamente, los caviares insisten en propagar quimeras que son funcionales a sus propios intereses. De hecho, eso es lo que hicieron desde la primera vuelta al apoyar, abierta o encubiertamente, a Castillo y luego negando el evidente fraude para consolidarlo en el gobierno.

Aunque intenten ocultarlo, cada día que pasa se hace obvio que la única alternativa viable para evitar una tragedia de incalculables proporciones, es vacar a Castillo y realizar nuevas elecciones. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Aunque la significativa votación que ha logrado el candidato respaldado por el Movadef, Pedro Castillo, ha sido una sorpresa, no lo ha sido el que un candidato de la izquierda radical haya pasado a la segunda vuelta. En realidad, el peligro del populismo y el izquierdismo está presente desde hace tiempo debido a las múltiples crisis que han asolado el país.

En el caso de Castillo ha sido favorecido, adicionalmente, por el hecho de que es un rostro nuevo en la política, cosa que ha sucedido también con otros postulantes a la presidencia de diferente signo político. El descrédito de la clase política, que ya era visible el 2016, se ha agravado hasta cotas elevadísimas por tres escándalos sucesivos que han involucrado a las más altas autoridades: Lava Jato, jueces y vacunagate.

Si a eso se le suma la pandemia del coronavirus y sus desastrosas consecuencias en la salud y la economía, producto de las pésimas gestiones de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, que han provocado decenas de miles de muertos y millones que han perdido el empleo y han caído en la pobreza, tenemos la tormenta perfecta que posibilita que los herederos de Sendero Luminoso hayan obtenido la primera mayoría en una elección caracterizada por la fragmentación, el escaso interés y el ausentismo.

No hay necesidad de explayarse sobre el peligro que representa Catillo para el país. No han intentado esconder sus propuestas estatistas, socialistas y dictatoriales como disolver el Tribunal Constitucional y el Congreso, convocar a una Asamblea Constituyente integrada por las “organizaciones populares”, etc.

El Movadef, que es el nuevo rótulo del Sendero Luminoso (SL) de Abimael Guzmán, tiene una significativa presencia entre los participantes de ese conglomerado comunista que se hace llamar Perú Libre.

Movadef no es el “brazo político” de SL como dicen algunos. Es decir, no existe un “brazo armado” y uno político. Desde que fue derrotado y encarcelado, Abimael Guzmán se rindió y sus seguidores no realizan acciones terroristas. Varias veces han intentado ingresar al sistema para participar en elecciones y no lo han logrado. Hasta ahora.

En suma, Movadef es SL con un nuevo nombre y ahora intenta llegar al poder usando la democracia, la vía electoral.

Fue un error del Ministerio del Interior durante la huelga magisterial de 2017 que encabezó Castillo, tildarlo de terrorista. La consecuencia fue que más maestros indignados se sumaron a la huelga y las negociaciones se entorpecieron porque le prohibieron a la ministra de Educación negociar con Castillo y los dirigentes. (Ver “Los herederos de Sendero y MRTA”, https://www.expreso.com.pe/opinion/herederos-de-sendero-y-mrta/).

No hay que subestimarlos. Ya tienen una mayoría relativa en el Congreso y de inmediato han recibido el respaldo público del otro sector radical de la izquierda. Algunos desquiciados, consumidos por el odio y el rencor, están llamando a permanecer neutrales y votar viciado.

Y, al momento de escribir estas líneas, ninguno de los candidatos partidarios de la democracia y el libre mercado se ha manifestado todavía a favor de quién va a enfrentar al Movadef y sus aliados en la segunda vuelta.

Se requiere deponer odios y rencores, actuar con sensatez, para superar esta crisis y derrotar a los que amenazan llevar al país por el camino de Venezuela o Cuba. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En las elecciones del 2016, la población del Perú le dio una súper mayoría en el congreso al partido fujimorista, para en segunda vuelta, con mucho hígado y después de una campaña política muy ruda y agresiva, contra toda lógica, elegir presidente a PPK.

Cualquiera puede comprender, que para gobernar se necesita contar con el respaldo del congreso, o cuando menos, con la posibilidad de articular y hacer alianzas políticas que lo hagan viable. Por esa razón, los países con regímenes “parlamentaristas”, obligan a que el presidente de gobierno, constituya una mayoría en el parlamento, que respalde su posición y su gabinete para hacer gobierno y mientras tal cosa no ocurra, el jefe de gobierno no es ratificado. Pero aquí, mucha gente se esforzó por polarizar a la opinión pública y terminó eligiendo presidente a quien había quedado muy disminuido en el congreso.

Para nuestra desgracia, ni el ganador tuvo la sagacidad de acercarse y negociar políticamente la gobernabilidad con todos los partidos, ni la perdedora alcanzó la estatura política requerida en esas circunstancias, para juntar voluntades en beneficio de nuestro país.  Muy importante también, es el hecho que, desde hace algunas décadas hemos venido destruyendo el concepto y acción de los partidos políticos, al punto que hemos llegado a constituir únicamente “clubes con propósito electoral” y como consecuencia, se incorporan a las planchas presidenciales y listas de candidatos parlamentarios, gente sin ideario, sin conexión entre ellos ni calidades morales verificadas.  De esa manera, llega gente sin moral ni prestigio a esas listas y así fue cómo llegó Martín Vizcarra.

Durante su gobierno, PPK   fue sometido a dos procesos de vacancia, contando con la felonía de su primer vicepresidente y en esas circunstancias, nadie dijo que lo que pretendían hacer desde el congreso era un golpe de estado, a pesar que se contaba con acusaciones mucho más débiles y con mucho menos pruebas y colaboradores eficaces atestiguando, tal como las que hoy existen contra Vizcarra.  Finalmente, PPK renunció y se tuvo un proceso de sucesión ordenado y pacífico.

Cuando Vizcarra asumió la presidencia, acompañado de algunos delincuentes que hoy no están en prisión, sino con detención domiciliaria por el COVID, se generaron grandes expectativas anticorrupción, pero, por los silencios cómplices de cierta prensa y la “izquierda Gramsciana”, nadie cayó en cuenta que teníamos al “gato de despensero”.

Vizcarra se ocupó de completar el proceso de desprestigio del congreso, originado por el propio comportamiento de los parlamentarios y los usó de “piñata”, con apoyo y entusiasmo de la prensa que “comía de su mano”, de manipular la fiscalía para sacar del tablero a quienes podían acusarlo, hacer una “reforma política” que impidió la creación del senado, eliminó la reelección de congresistas, anulando así la posibilidad de hacer una carrera política y abriendo puertas a los aventureros de la política.  En ese momento disolvió el congreso, violando la constitución al punto que, hasta el día de hoy, el Perú no cuenta con el Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros que aprobó la medida.

El “argumento” para disolver el congreso, fue el pedido de confianza por una ley para cambiar el procedimiento de elección de los miembros de Tribunal Constitucional, labor exclusiva y excluyente del congreso y en la que el ejecutivo no tiene nada que hacer, pero se usó “al caballazo”. La población aplaudió, en apoyo del ejecutivo para evitar la “repartija”.  El pueblo hizo silencio, pero ahora, con nuevo congreso y “nuevo procedimiento”, también se oponen a la elección de los nuevos miembros, por falta de legitimidad de los congresistas para elegir. Todo esto, a pesar que los plazos de seis de sus actuales miembros, están largamente excedidos.

En esas circunstancias, nadie habló de ilegitimidad, de golpe de Estado, ni de defensa de la constitución.  Ahí, hasta el Tribunal Constitucional, con una actitud claramente prevaricadora de algunos de sus miembros, cohonestó ese clarísimo y real ataque a la democracia y violación de la Constitución, que le permitió gobernar sin el contrapeso del parlamento durante seis meses, pero que se prolongó con el desorden de la cuarentena impuesta en razón de la pandemia.

En el camino, se eligió de cualquier manera, a desgano y con profundo desprecio de Vizcarra, un nuevo congreso.  El desprecio llegó a tal punto, que Vizcarra no presentó siquiera candidatos, que, desde ese poder del estado, lo ayudaran a dar gobernabilidad al país. Consecuentemente, no rindió cuentas a nadie y mantuvo una actitud absolutamente autocrática y “pechadora” con los demás poderes.

El punto es que, entre esa manada de advenedizos de la política, le salió en el parlamento, “la criada respondona”. A cada quién más populista, sedientos de aprovechar sus pocos minutos de popularidad y deseosos de aparecer en el escenario político, para más tarde aspirar a alcaldías y gobiernos regionales.

No es del caso mencionar su pésimo gobierno, pero, aún arropado por gente de tercer nivel en los ministerios, salvo algunas honrosas excepciones, exudaba corrupción en cada decisión; compra de las pruebas rápidas para el COVID, repartija de fondos a gobiernos regionales y municipales encaminados a facilitar el robo, mala entrega de “bonos” de todo tipo, pero siempre en busca de apoyo en esos niveles de gobierno, acompañado de un rosario de manejos populistas. Hasta que empezó a aparecer la podredumbre, que no se puede ocultar para siempre; primero con lo de “Swing” y su personal deseo e intervención de torcer la verdad y obstruir a la justicia. Una vez rota esa “primera costra”, empezaron a salir también los colaboradores eficaces, que han venido testificando acerca de las coimas recibidas por Martin Vizcarra, por los proyectos de irrigación regionales y por el hospital de Moquegua, para empezar.

Reconociendo que el congreso, hechura de Vizcarra, es impresentable y no representa a ciudadanos con sentido de dignidad y honor, esa característica no es óbice para que no esté legalmente habilitado para aplicar la ley y declarar la incapacidad moral de este indigno gobernante.

Puede no gustarnos el señor Merino, pero es lo que el Perú, con el apoyo de Vizcarra, eligió y de acuerdo a la Constitución, es lo que corresponde por estar ocupando la posición de presidente del Congreso y, nuevamente, con el entusiasmo y apoyo de Vizcarra, por haber aceptado la renuncia de la Segunda Vicepresidente.

Tal como están las cosas, la izquierda Gramsciana, con el apoyo y disfrute de MOVADEF y del MRTA, está en campaña para desconocer la aplicación de la Constitución y no quiere aceptar al Sr. Merino, ¿qué quisieran, una “addenda express” a la Constitución?  No aceptaron que Vizcarra “inverne” hasta 28 de julio del 2021, con un Primer Ministro de oposición que conforme su propio gabinete, pero hoy quieren que cualquiera reemplace a Merino. Toda la población está actuando como esquizofrénica, al punto que, quien hasta hace pocos días era Primer Ministro y pontificaba sobre el distanciamiento social, hoy convoca a las marchas.  Se agotó la línea de sucesión constitucional, ¿quisieran acaso que las Fuerzas Armadas asuman un rol protagónico, ante la incapacidad civil para conducir la Nación? ¿Tanto dinero ha venido recibiendo la prensa y las ONGs por parte de Vizcarra, que no pueden controlar su luto y azuzan la protesta?

Es tan escandaloso el comportamiento de esta izquierda, que mientras que a PPK, Keiko, Yoshiyama, Humala, Nadine Heredia, por mencionar sólo a algunos pocos de las decenas de maltratados, a los que, con menos razones y pruebas los enmarrocaron, presentaron con chaleco de “Detenido” y les dieron prisiones preliminares y preventivas, para nuestro “angelito” Vizcarra, sólo piden 18 meses de impedimento de salida del país.

La situación a la que hemos llegado, no da para más. O se permite que este gobierno de transición administre el día a día, con miras a unas elecciones limpias en abril y entregar el cargo a un nuevo gobierno, espero mejor elegido, o tendremos que esperar que las “Instituciones Tutelares de la Patria” se hagan cargo, ante la absoluta incapacidad de la sociedad civil para conducirse. ¡Una vergüenza! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unas semanas el Congreso aprobó una ley vergonzosa que el Ejecutivo debería observar. Se trata de la ley de Carrera del Trabajador Judicial, cuya finalidad es excluir a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del meritocrático régimen de la ley de Servicio Civil, para instaurar una carrera en la que la meritocracia brilla por su ausencia, algo inaceptable en estos tiempos. Sólo se establece concurso público –y con excepciones, además- para el ingreso a la carrera, pero de allí en adelante se asegura la estabilidad absoluta: no se dispone evaluaciones para ascender ni menos aún para permanecer en la carrera.

Esto es una burla al país, más aún en la institución encargada de castigar la corrupción. Por eso, es necesario dar la batalla. Si queremos cambiar el Perú, ciertos consensos deben estar afirmados. Uno de ellos es justamente la implantación de la meritocracia en todos los órganos y niveles del Estado, porque se trata de garantizar el buen uso de los impuestos que los ciudadanos pagamos. En esto todos debemos remar en la misma dirección.

Incremento de sueldos a cambio de nada

Con esta ley ocurre todo lo contrario. Su efecto práctico será que se aprobará una nueva escala remunerativa con sueldos considerablemente más altos, a cambio de nada, sin ninguna obligación de rendimientos por parte de los trabajadores. En efecto, la ley no establece evaluaciones de desempeño de ningún tipo, pero si ordena al ministerio de Economía, en su primera disposición complementaria, conformar una comisión para elaborar una nueva escala remunerativa. Y, de hecho, adelantándose, el Poder Judicial contrató a la consultora Macroconsult para que elabore una propuesta de nuevos niveles remunerativos, que es la que vemos a continuación:

De acuerdo a la propuesta, los incrementos de sueldos varían entre 23% y 70%. A cambio de ninguna exigencia. ¿Cuánto representaría eso para el fisco, es decir, para todos nosotros? Lo vemos en el siguiente cuadro:

Es decir, 534 millones en total. A esto habrá que agregar la actualización que esta propuesta deberá hacer luego de que hace pocos días se ha incrementado los sueldos de las escalas salariales del Tribunal Constitucional y del Ministerio Publico, reabriendo la brecha con los niveles remunerativos de otras instituciones que la propuesta de Macroconsult buscaba cerrar. Eso quizá agregue 200 o 300 millones adicionales.

Demasiados trabajadores

El monto tan elevado obedece al número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos: 25,000, para solo 3,000 jueces, una relación de 8 a 1, absolutamente injustificable desde ningún punto de vista. Habría que comenzar por reducir drásticamente ese número, pero eso será imposible con una ley que garantiza la estabilidad laboral absoluta.

El abultado número de administrativos sólo sirve para procrear diversas formas de corrupción en las compras y en la gestión de los recursos. Los jueces, concentrados en su labor, no pueden controlar lo que ocurre en el área administrativa, con la cual más bien saben que deben estar en buenos términos para obtener el apoyo material y logístico necesario para sus labores. La Contraloría, por su parte, carece de poder dentro de la judicatura, de modo que es lo mismo que la carabina de Ambrosio. La tan mentada autonomía del Poder Judicial es autonomía también para cometer irregularidades con impunidad.

También excluye a los jurisdiccionales del control de la OCMA

Lo increíble es que esta ley, no contenta con excluir a los trabajadores del Poder Judicial de toda forma de meritocracia, excluye a los trabajadores jurisdiccionales (secretarios y relatores que trabajan directamente con el juez asistiéndolo), que son unos 5,000 del total de 25,000, del control disciplinario de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del propio Poder Judicial. Por eso se ha dado el caso insólito que la misma OCMA ha solicitado directamente al Ejecutivo que observe la ley, pues ya no podrá hacer prevención ni combatir los actos de corrupción en los que incurran los auxiliares jurisdiccionales, debilitando su capacidad de acción. La ley encomienda el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales a la propia administración del (jefe inmediato, jefe de recursos humanos etc.).

La razón por la que el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales debe estar en manos de la OCMA es obvia: el juez no actúa solo, él es su despacho, y en su despacho está su secretario. Si este comete un acto de corrupción, lo hace dentro de un proceso judicial, no dentro de un proceso administrativo. En ocasiones se acusa al juez por algo que comete su personal auxiliar. Viceversa, el juez no puede desentenderse de lo que hace su secretario. Sabe cuándo éste comete algún acto irregular.

Los congresistas, al aprobar esta ley, han trabajado para los sindicatos del Poder Judicial, en perjuicio del país. La Constitución establece que los congresistas no responden a mandato imperativo, sino que representan a la nación. En este caso no han representado a la nación sino a un interés particular, negativo para la nación. Recordemos que en el Poder Judicial hay tres federaciones y un sindicato, el de Lima. El que más fuerza tiene es este último, el Sutrapoj, pues en Lima se venel 64% de los procesos. Y resulta que, de los 16 delegados del sindicato de Lima, 6 pertenecen o están vinculados al Movadef y, según informaciones, el Movadef está principalmente con los CAS, que son más de 7,500, y lo que propugnan es que pasen directamente a la 728, sin concurso. Si contrariamente, pasaran al régimen de la ley de servicio civil, tendrían obligatoriamente que concursar. 

El problema es que un gobierno débil seguramente tendrá temor a observar la ley en este aspecto, de la misma manera como claudicó frente a la ley que pasó los CAS de Essalud a la 728 en lugar de hacerlo al régimen de la ley se servicio civil. Sin embargo, el pedido de la OCMA al Ejecutivo para que observe la ley en lo que le concierne, abre una ventana de oportunidad para dar la pelea en toda su extensión. No es posible aceptar la existencia de islas patrimonialistas y anti meritocráticas en el Estado. La ley debe ser igual para todos. Nadie puede estar eximido de la obligación de servir con la máxima dedicación y productividad al país. Vivimos en una democracia, no en una tiranía de privilegios. Lampadia  

EDITORIAL

El ‘putsch’ de Movadef iniciado con la huelga de maestros de 54 días, sigue causando estragos políticos en el país. Ante el anuncio de una posible censura de la responsable del sector, la ministra Marilú Martens, el gobierno de PPK se apura a pedir cuestión de confianza y pone a todo el gabinete en un interinato que correrá en paralelo a una nueva paralización del país.

La versión oficial sobre la huelga, pretende hacernos creer que los radicales que coparon el manejo de la huelga fracasaron, pues se mantuvo la evaluación de maestros. La verdad es que la evaluación ha quedado debilitada, además, el gobierno de PPK, consolidó el retroceso al respecto, que dio Humala con Rojas, Saavedra y Mora, desde el 2012, en la negociación que hizo el ministerio de educación con el Sutep y el Conare, según confesión de Mora.

Por otro lado, es evidente que la huelga no tenía objetivos reivindicativos, sino políticos. Aunque, los maestros conducidos por los radicales consiguieron adelantar el aumento a dos mil soles, de mayo 2018 a noviembre 2017, bajar la edad de jubilación a 55 años, etc.; la huelga fue el mecanismo con el que el Conare, Pukallakta y Movadef, dieron el golpe de gracia al Partido Comunista del Perú (Patria Roja), en el control de la representación sindical del magisterio.

En cuanto a la ministra, es claro que ella no tuvo la capacidad de manejar la huelga y evitar el daño a los niños y jóvenes, con la pérdida de buena parte del año lectivo, ni la toma de control de la representación de los maestros, por parte de los radicales. Todo el mundo tuvo que darle la mano. La huelga terminó con una ministra que ‘les agradeció a los maestros’ por ponerle fin.

Pero el mayor problema no es si la ministra estuvo o no, a la altura de las circunstancias, durante la huelga. El verdadero reto viene ahora, después de la huelga, con el agravamiento de la situación de la educación escolar y los graves problemas de representación sindical de los maestros.

Ahora se necesita, temporalmente, un ministro con un perfil más bien político que académico. Alguien como Fernando Rospigliosi, que ordene la casa, que redefina roles y relaciones del ministerio, los maestros, los estudiantes, los padres de familia, y el sindicato, o los sindicatos.

Por lo tanto, lo último que el país necesita es mantener a la ministra Martens a cargo de la cartera. En consecuencia, mal hace el gobierno en plantear una cuestión de confianza por alguien que debe salir de la manera más digna posible, sin tanto escándalo. Además, pareciera que el pedido del gobierno no se ajusta a las normas constitucionales, según lo expresa hoy en El Comercio el constitucionalista Enrique Bernales:

Según Bernales, no se está discutiendo alguna política en conjunto del Gabinete, sino una responsabilidad individual correspondiente a la cartera de Educación.

— ¿Es acertada la medida del Gobierno?

No se ajusta a la Constitución. Las responsabilidades colectivas son distintas que las individuales. Y los artículos 123, 128 y 132 distinguen con toda claridad que los ministros son individualmente responsables por la gestión de la cartera a su cargo. La pretensión de que un Gabinete se sustituya y haga cuestión de confianza -cuando corresponde solamente responder por ella al ministro en cuestión- no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sustento constitucional. Es un error pretender solucionar una crisis agravándola.

— En su pedido, Zavala cita el artículo 133 de la Constitución.

Ese artículo tiene que leerse de manera sistemática con el artículo 119. Cada ministro es responsable en la cartera a su cargo. El artículo 133 no puede leerse independientemente del 119, sino sería una antinomia constitucional. El principal error de este Gabinete es que no conocen la Constitución.

— ¿Cómo debió plantearse el pedido?

Ahí tienen el caso de Alfredo Thorne [ex ministro de Economía]. Lo quiso censurar el Parlamento, hizo cuestión de confianza y no comprometió al Gabinete. El Congreso le dijo no hay confianza y se fue, se acabó la historia y se resolvió el problema. ¿Por qué buscar agravar las crisis? ¿O lo que se cree es que es una solución empujar para llegar a la disolución del Congreso?

(“Pedido de Zavala no se ajusta a la Constitución“, El Comercio, 14 de setiembre de 2017)

Por otro lado, como sabemos, los halcones de PPK vienen coqueteando con la idea de disolver el Congreso y llamar a otra elección legislativa, con el propósito de diluir la mayoría de Fuerza Popular (FP).

Pero, plancha quemada, según Ipsos, de darse otras elecciones, FP lograría hasta 91 escaños, ver cuadro:

¿A qué viene entonces el envalentonamiento del gobierno? ¿Es solo otro capricho del Presidente, que el Primer Ministro Zavala no puede contrariar?

En nuestra opinión, el Ejecutivo está siendo irresponsable al jugar con la posibilidad de afectar la insipiente recuperación de la economía, o el tímido ‘rebote’ económico, según el Presidente de BCR. El gobierno de PPK no puede contagiarse de la carencia de inteligencia emocional de la que ha hecho gala, nuestro escritor, Mario Vargas Llosa. Lampadia

La abusiva e interminable huelga de maestros evidencia el nivel de penetración del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en la movilización y representación del magisterio. Y es que durante los últimos años Patria Roja (Partido Comunista del Perú), ha ido perdiendo el control del SUTEP, el sindicato que usufructúa capacidades monopólicas, por los avances de organizaciones políticas como el CONARE del Movadef (fachada de Sendero Luminoso).

Fuente: www.ideeleradio.org.pe

Y es que el sindicato de maestros, por su tamaño, presencia nacional, su capacidad monopólica, el control de la Derrama Magisterial, y su vinculación con un tema tan sensible como la educación, es una suerte de ‘bocatto di cardenale’, es la base gremial más poderosa de la política nacional. Lamentablemente, como hemos explicado anteriormente (ver: xxx), el SUTEP fue capturado por dirigencias que están mucho más cerca de la política, que de la noble profesión del magisterio. Nuestro estancamiento económico iniciado en los años 60, condenó a la pobreza los servidores públicos, incluidos los maestros, algo que hizo natural la orientación reivindicativa del sindicato. Así fue que el gremio se presenta como víctima y suscribe la ‘lucha de clases’.

Fuente: larepublica.pe

Hoy se disputan el control del SUTEP, las dos ramas del comunismo local, dividido hace décadas. Patria Roja, el comunismo no senderista, y el Conare más Pukallacta, el comunismo senderista o filo senderista. Hasta hace pocos días el gobierno pensaba que su rol era defender a la dirigencia de Patria Roja, y evitar la captura del SUTEP por el Conare, pero el desliz del Presidente PPK en Moquegua la semana pasada, presumiblemente a instancias del vicepresidente Vizcarra, de invitar a los dirigentes de los comités de lucha a Palacio, empoderó al Conare y debilitó sustancialmente a Patria Roja.

Es interesante tomar nota de las declaraciones de ayer en RPP de la ex secretaria general del SUTEP y ex decana del colegio de profesores, Soledad Lozano, cuando se pregunta si alguien cree que durante los últimos 20 o 25 años, Sendero Luminoso (SL) estuvo sin hacer nada, o más bien estuvo desarrollando su nueva estrategia política de penetración de gremios laborales y todo tipo de instituciones nacionales. Lozano agregó que “el sindicato está hecho trizas”.

Fuente: larepublica.pe

Pues, el pasado 20 de agosto, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, preocupado con mostrar lo que hay detrás del ‘putsch’ magisterial, presentó el Informe Infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterioen la Comisión de Educación del Congreso, enfatizando los nexos de los dirigentes de la huelga con el Movadef. En su exposición, Basombrío confirmó la existencia del vínculo con el Movadef, específicamente en el caso de Pedro Castillo Terrones, presidente del comité de lucha que dirige la huelga de maestros en nombre de todos los comités de lucha, elegido por consenso de los grupos ligados a SL.

Este informe muestra el “Plan de construcción del partido” (2008), un documento de la organización terrorista que dio origen a Movadef. También presentó actas del primer congreso del Movadef (27 y 28 de noviembre de 2010), su ideario, estatutos y acta de fundación (20 noviembre de 2009).

Asimismo, el informe incluye el expediente presentado por el Movadef en el que solicita al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) su inscripción como partido político, mostrando así la vinculación de algunos maestros con esta agrupación.

El ministro también detalló que de las 164,667 personas que firmaron el padrón electoral del Movadef, 4,679 de ellos fueron profesores, la mayoría residentes en Lima Metropolitana, Áncash, Ayacucho y Puno.

Además, el informe también publicó fotografías que muestran que, durante los últimos años, distintos activistas del Movadef se han infiltrado en distintas movilizaciones como la marcha contra el proyecto Conga (10 de febrero de 2012) o las protestas contra la “ley pulpín” y el peaje de Puente Piedra.

En dicha presentación, se aseguró que Pedro Castillo, principal dirigente de la facción de los huelguistas, fue elegido por el Sutep-Conare. Ricardo Valdés, viceministro de Gestión Institucional del Mininter afirmó previamente en RPP que “Se puede asegurar que Pedro Castillo es cercano a Movadef, y el Movadef es una organización que sirve de fachada de Sendero Luminoso. El ministro Carlos Basombrío lo presentará el lunes al Congreso (…) Ya han existido reuniones con Castillo y las demandas que tenía eran inviables. Él exige que el Minedu lo reconozca como sindicato único para poder negociar”.

En el Congreso, el ministro del Interior nombró a cuatro miembros del Movadef que son dirigentes del Conare-Sutep y que han sido procesados por el caso Perseo. De acuerdo al ministerio, los dirigentes del Movadef, Oswalso Esquivel Caicho, Carlos Arturo Albujar Ortiz, Juan Carlos Ríos Fernández y Juan Antonio Garro Palacios son fundadores y altos dirigentes del Conare-Sutep y están investigados en el marco del caso Perseo.

En Lampadia ya habíamos adelantado, hace 37 días, tal situación en ‘Putsch’ del Movadef (Sendero) en Cusco, afirmando: ante la debilidad mostrada por el gobierno para contrarrestar los levantamientos socio-políticos, los sindicatos y federaciones están llevando adelante una suerte de ‘putsch’ táctico para mejorar sus posiciones estratégicas.

Fuente: larepublica.pe

Además, en SUTEP: Llegó el momento de decir ‘BASTA’, recalcamos que el SUTEP dirigido por el Partido Comunista del Perú (Patria Roja), ha venido enseñoreándose a lo largo y ancho por todo el Perú, y que además capturó la Derrama Magisterial. Ambas hoy día, en disputa abierta con el Conare.

Por eso, queremos tomar esta oportunidad para recalcar nuestras Propuestas en Lampadia:

• Declarar en emergencia la educación escolar. Esta declaración tendrá que considerar los aspectos necesarios para privilegiar la educación de siete millones de estudiantes sobre los de dirigencias sindicales alejadas de un ejercicio gremial correcto.
• Descontar todos los días no trabajados.
• Quitar el reconocimiento del Estado al SUTEP, todas sus derivaciones, al CONARE y a todos sus sindicatos relacionados a la educación escolar.
• Suspender el reconocimiento de todos los sindicatos de maestros por un período de cinco años
• Afiliar a los maestros al ‘Pacto Social por la Educación’, ofreciendo buenos salarios, capacitación, tecnología e infraestructuras adecuadas, a cambio de la despolitización del magisterio y la aceptación de la meritocracia y su compromiso con la calidad educativa.
• Ofrecer un 10% de aumento adicional a los maestros que se afilien al Pacto y devolver los descuentos por la huelga.
• Despedir definitivamente a todos los líderes violentistas de los sindicatos, a los maestros que firmaron en apoyo al Movadef.
• Suspender definitivamente las retenciones de las remuneraciones de maestros a favor de la Derrama Magisterial por parte del ministerio y autoridades regionales. Si los maestros desean hacer aportes futuros, tendrán que hacerlos voluntaria e individualmente de sus remuneraciones netas.

No podemos dejar de recalcar que la inmensa mayoría de maestros, no son victimarios de la educación, sino víctimas de la dictadura sindical, ahora disputada por una facción aún más ajena de la educación. (Ver: Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio). Hace años que la politización de las dirigencias magisteriales, le hace daño a los maestros, pues imposibilita la modernización del magisterio y la recuperación del sitial de honor que le corresponde a los maestros en nuestra sociedad. Desde esa perspectiva, debemos evitar la captura del gremio magisterial por organizaciones filo senderistas. Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio de una vez, más adelante será más costoso y doloroso. Lampadia

La infausta ‘huelga magisterial 2017’ va llegando a su fin con resultados que solo podemos calificar de una de las mayores irresponsabilidades históricas de nuestra clase política.

Más de 50 días de huelga y ni siquiera se ha compartido con la ciudadanía, información seria sobre la situación y perspectiva de la educación escolar en el Perú. ¿Qué mejor ocasión para ello, que la de tener todos los días, en todos los medios, el tema de la educación de nuestros niños y jóvenes?

No se ha aprovechado la circunstancia para poner encima de todo el imperioso objetivo de privilegiar la calidad de la educación. No se ha aprovechado la ocasión para poner encima de la mesa, con sinceridad y transparencia, los problemas y los retos de la educación. No se han mostrado los datos que necesitan nuestros ciudadanos para tener una visión mejor informada de nuestra realidad. Más bien, los ciudadanos hemos sido adormecidos con elementos distractivos, medias verdades o mentiras abiertas. Estamos seguros, que hoy, nuestra sociedad está más confundida que empoderada para influir en el diseño del futuro escolar.

Veamos si en Lampadia podemos rescatar un mejor análisis del tema:

• Calidad, reto y encaminamiento

La calidad de la educación escolar en el Perú es una de las peores del mundo, por lo tanto, la sociedad debiera hacer un gran esfuerzo de superación, en el menor tiempo posible.

Si a ello, le agregamos que estamos viviendo una nueva revolución tecnológica (Cuarta Revolución Industrial), que está transformando la vida de las personas, empresas y países, en todo el mundo; con impacto especial en la educación; el reto de superarnos requiere absolutamente, de toda nuestra atención.

Dicha revolución aporta un cambio de paradigma muy importante para la calidad de la educación: la transición de la producción en masa, a la producción en segmentos ‘tamaño uno’. En otras palabras, la educación del futuro será individualizada y, además, basada en el desarrollo de capacidades más que de aprendizajes.

El enfoque de la educación en el Perú sigue siendo regimentado, centralizado e inspirado en los paradigmas del siglo xx. El Ministerio de Educación, bajo la batuta del ex ministro Saavedra, adormeció a nuestra clase dirigente, haciéndole creer que podían desentenderse del tema, pues bastaba con tenerlo a cargo, apoyado por las múltiples consultorías que contrató con la PUCP, mientras combatía el aporte del sector privado a la educación.

• La tragedia de los maestros

La profesión de maestro es una de las más importantes de toda sociedad. Como en todas partes, hasta hace varias décadas, nuestros maestros eran respetados, contaban con los mismos instrumentos y prácticas educativas que se empleaban en el resto del mundo y sus remuneraciones estaban acordes con la realidad del país, sin ningún maltrato relativo a otro sector.

Pero, como hemos explicado en Lampadia (ver: La tragedia de los servidores del Estado ), la hiperinflación creada desde los años 70 por las políticas socialistas de la dictadura militar, mantenida y exacerbada por Belaunde II y García I, desquició la vida de todos nuestros servidores públicos. Ellos tuvieron que recurrir al cachueleo para sobrevivir y finalmente pasaron a jornadas laborales de medio día, con lo que se perdió, tanto para los maestros, como para los médicos y policías, la vocación de servicio.

Ver el perfil de la gran hiperinflación peruana, que duró 25 años y llegó a un pico de 7,482% en un solo año:

A medida que subía la inflación, fueron bajando los ingresos reales de los maestros. Veamos como caen al 12% real, desde la dictadura militar hasta fines de los años 90. Desde entonces empieza la recuperación, multiplicándose por 3.6 veces hacia mediados de la presente década.

Así, fue que nuestros maestros fueron empujados, junto con el resto de los servidores públicos, a privilegiar su esfuerzo por sobrevivir, por encima de cualquier otra cosa.

El siguiente gráfico, muestra la evolución del salario de los maestros durante cada período de gobierno:

Contrariamente a lo declarado por el Presidente PPK, hace cuatro días en el sentido de que hay que entender los reclamos de los maestros, pues sus ingresos habrían estado estacados durante los últimos diez años, podemos ver, según informa Macroconsult, que si bien durante el gobierno de García II bajaron 10% (la economía creció más rápido que sus salarios), durante el gobierno de Humala, el crecimiento fue de 65% real. Lo terrible, es más bien, que este aumento se hizo sin que los maestros se comprometieran con una gesta por la calidad, sin que renuncien a la agenda política de la ‘lucha de clases’, y sin que colaboren, como plantea, Jaime de Althaus  con apoyar el desarrollo de los proyectos mineros y otros, para tener de donde seguir mejorando sus ingresos. Gran irresponsabilidad de Jaime Saavedra.

• El desarrollo sindical

En las condiciones descritas, era solo natural que los maestros, el mayor conjunto de servidores del Estado, buscaran en el desarrollo de un sindicato reivindicativo, el mecanismo más adecuado para negociar con el resto de la sociedad sus mejoras relativas, que, en un país estancado, solo podían lograrse a costa del resto.

Así se sustentó el nacimiento y fortalecimiento del SUTEP, que eventualmente fue capturado por el Partido Comunista del Perú (Patria Roja), que aún hoy día se adscribe a la ‘lucha de clases’. Además, el SUTEP controla la Derrama Magisterial, que hoy maneja alrededor de 1,800 millones de soles.

Durante los últimos años, Patria Roja ha ido perdiendo el liderazgo y el control del sindicato magisterial. Quienes disputan la supremacía del gremio son el CONARE, Pukallacta y otros grupos vinculados al MOVADEF, organismo de fachada de Sendero Luminoso.

Hoy día, los movimientos filo terroristas están muy cerca de tomar el control definitivo de la representación sindical y luego de la Derrama, cuyo directorio está controlado en su gran mayoría por el SUTEP.

• Obsolescencia social y fortalecimiento político

Con la recuperación de la economía ya no hace sentido que se mantenga la existencia de un sindicato reivindicativo, pues hace buenos 15 años hemos pasado de ser una sociedad estancada, donde el modelo político era ‘ganar-perder’ (solo podías mejorar a costa de los demás), a un modelo ‘ganar-ganar’, donde el crecimiento permite que todos progresemos juntos.

Por lo tanto, hace años debimos empezar a desarmar, por obsoleto, el poder del SUTEP y transitar hacia una verdadera revolución educativa que revalore al nuevo maestro y empodere a nuestros niños y jóvenes para una vida plena en el siglo xxi.

Pero, la irresponsabilidad de nuestra clase política ha evitado el transito (necesariamente duro), de reconvertir los elementos estructurales de la educación pública. Uno de los mayores responsables de esta pérdida de enfoque, fue el ministro Saavedra, que prefirió convivir con el statu quo.

• El aporte de la educación privada

A diferencia de otros países, donde la educación es fundamentalmente estatal, en el Perú la participación de la educación privada viene creciendo de forma importante.(Ver presentación de Antonio Rodríguez Lobatón, miembro del Instituto Riva Agüero, en diciembre, 2014, La educación en el Perú y una meta inalcanzable, fuente de los datos que presentamos líneas abajo).

En otros países, la mayor parte de la educación privada goza de subsidios estatales, mediante vouchers educativos o aportes directos, lo que la hace, factualmente estatal. En cambio, en el Perú, el desarrollo de la educación privada es puramente el aporte del sector privado. En el año 1984, la educación privada no pasaba de 15%, sin embargo, desde el año 2000, la matrícula privada se incrementó notablemente, mientras la educación pública, entre 2002 y 2013, perdía alrededor de un millón de alumnos. Hoy se estima que, a nivel nacional, la matrícula privada llega al 30%. El Lima alcanza al 48% y en ciudades como Arequipa y Trujillo, los porcentajes son similares.

En cuanto a la inversión privada en educación, en 1994 alcanzaba el 1.9% del PBI, y la del Estado 2.8%.

Para el año 2000, el aporte privado llegó al 2.6%del PBI y, el total ya superaba el 6% establecido por el Acuerdo Nacional.

En la actualidad, se estima que el aporte privado es de entre 3 y 3.5% del PBI, prácticamente lo mismo que aporta el Estado.

Pero los gobiernos nunca han reconocido públicamente este importante aporte. Quién hizo todos los esfuerzos posibles por ocultarlo y desmerecerlo fue el ministro Saavedra, de triste recordación en Lampadia, donde hace años venimos propugnando una verdadera revolución educativa.

Afortunadamente, el Presidente PPK si lo reconoció hace pocos días, indicando que, en conjunto, el Estado y el sector privado invertían anualmente, más de 6% del PBI.

• La derrota que está a punto de sufrir el Estado

Según la información que tenemos, el gobierno estaría a punto de hacer concesiones absolutamente inadecuadas a las beligerantes dirigencias filo terroristas que están a punto de tomar el control total del SUTEP y la Derrama Magisterial. Se estaría por acordar:

• La dispensa de todos los delitos cometidos durante la huelga.
• No hacer descuentos por los días no trabajados.
• No ir adelante con despidos a los dirigentes violentistas y maestros que dejaron de trabajar.
• Adelantar el aumento general de dos mil soles a noviembre del presente.
• Diluir la evaluación del magisterio y las exigencias de calidad.
• Seguir haciendo aumentos sin el correspondiente compromiso por la calidad de los maestros.

Como un solitario acto de consecuencia y responsabilidad con el futuro de la educación en el Perú, en Lampadia insistimos en ir adelante con una revolución educativa.

Ver:

• Líneas de acción y compromisos para la educación del siglo XXI
• SUTEP: Llegó el momento de decir ‘BASTA’
• Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio

Estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra vida nacional. Ante ello pedimos grandeza y sentido de propósito. Lampadia

Hace pocos días propusimos en Lampadia algunas decisiones sobre cómo manejar la crisis de la educación escolar en el Perú. Ver: El ‘putsch’ de los maestros (de la política) – SUTEP: Llegó el momento de decir ‘BASTA’. Ahora que la crisis sigue agravándose, queremos hacer algunas puntualizaciones.

Fuente: larepublica.pe

En principio calificamos la huelga como un ‘putsch’, para enfatizar su contenido político subversivo. Ante ello, propusimos:

• Declarar en emergencia la educación escolar.
• Descontar todos los días no trabajados en la huelga.
• Retirar el reconocimiento del Estado al SUTEP.
• Retirar el reconocimiento del Estado a todos los movimientos sindicales, incluyendo expresamente al CONARE.
• Suspender el reconocimiento de todos los sindicatos de maestros por un período de cinco años.
• Afiliar a los maestros al ‘Pacto Social por la Educación’, ofreciendo buenos salarios, capacitación, tecnología e infraestructuras adecuadas, a cambio de la despolitización del magisterio y la aceptación de la meritocracia y su compromiso con la calidad educativa.
• Ofrecer un 10% de aumento adicional a los maestros que se afilien al Pacto y devolver los descuentos por la huelga.
• Despedir definitivamente a todos los líderes violentistas de los sindicatos, incluyendo expresamente a aquellos maestros que hayan firmado en apoyo a Movadef.
• Suspender definitivamente la retención de las remuneraciones de los maestros a favor de la Derrama Magisterial, por parte del ministerio y autoridades regionales.
• Si los maestros desean hacer aportes futuros, tendrán que hacerlos voluntaria e individualmente de sus remuneraciones netas.

Analicemos la situación actual y el sustento de las acciones propuestas:

1. La educación escolar adolece de graves problemas de calidad y necesita emprender una profunda transformación para permitir que nuestros niños puedan mantener el mismo nivel de preparación para la vida y el trabajo que los de los países más avanzados.
2. Desde esa perspectiva es muy claro que necesitamos hacer reformas que son incompatibles con el manejo politizado del sindicato magisterial, el SUTEP, que hasta la fecha sigue comprometido con la lucha de clases y otras propuestas ajenas a los fines educativos del país y que responde a los dictados del Partido Comunista del Perú (Patria Roja).
3. Durante los últimos años y, en mayor medida en los últimos meses, Patria Roja viene perdiendo el control del SUTEP, por los aprontes de organizaciones como el CONARE, Puka Llacta y otros manifiestamentes vinculadas al movimiento terrorista de Sendero Luminoso, y que hoy amenazan con tomar el control del sindicato ‘único’ de maestros.
4. En cuanto a los maestros, debemos destacar que, sin dudas, la gran mayoría de ellos están completamente alejados de la política y de los movimientos subversivos y más bien son víctimas de esa suerte de dictadura sindical que ejerce el SUTEP.
5. Así como nuestros niños necesitan la mejor educación, nuestros maestros requieren que revaloricemos su labor al más alto nivel. Tenemos que darles programas de reconversión laboral y de capacitación en técnicas modernas de educación, buenas infraestructuras que faciliten su trabajo y, por supuesto, remuneraciones más altas, que estén a la altura de su muy noble tarea.
6. Ante el riesgo de la penetración de los movimientos subversivos y el desenfoque de las dirigencias magisteriales, el gobierno tiene la obligación de preservar el sistema educativo, cuidar la buena educación de nuestros niños y proteger a los maestros de la dictadura sindical que solo inhibe su reconversión y mejor desarrollo personal.
7. Estos objetivos y necesidades, están por encima de los derechos sindicales que han sido abusados mediante comportamientos disfuncionales, para el beneficio de dirigencias politizadas que condenan a la educación y al magisterio a condiciones de atraso y pobreza inaceptables.

Así como Alemania proscribió la participación de los movimientos de inspiración Nazi en la vida de su sociedad, el Perú debe perfeccionar sus normas para excluir de la vida nacional a los movimientos filo terroristas o a aquellos vinculados a los mismos.

En este espíritu, es muy inconveniente que el Presidente de la República reciba en Palacio de Gobierno a los representantes de los comités de lucha que han venido liderando  la abusiva huelga violentista de más de cincuenta días y que con su intervención haya desautorizado las gestiones de la ministra de educación.

Siempre es doloroso y peligroso tomar decisiones audaces, pero hay momentos en la vida de las naciones en que debemos enfrentar los riesgos que pueden llevarnos a situaciones inmanejables como la captura del gremio magisterial por organizaciones filo senderistas. 

Es el momento para #sacarfuerzasdeadentro. Lampadia

El proyecto minero de las Bambas, que está a punto de entrar en operación (95% de avance de la inversión) después de cincuenta años de espera, es atacado con las mismas prácticas anti desarrollo de los anti mineros violentistas. Ellos, como muchas otras veces, buscan exacerbar los conflictos al punto de generar las condiciones para que tengamos que lamentar las muertes de ciudadanos inocentes.

Ya es hora de que nuestra sociedad rechace estas prácticas estalinistas. (Ver en Lampadia: Estalinismo en Cajamarca, Criminales anti Tía María amenazan con violaciones y canibalismo y Lampadia denuncia sabotaje contra la economía peruana – Complot anti-desarrollo al descubierto.

Para quienes tengan interés en ver como se complota contra el país, ver: Manual anti minero.

El proyecto de las Bambas es uno de los proyectos mineros más importantes del mundo. Su desarrollo ha cumplido todas las normas, con los mejores estándares internacionales. En términos ambientales y sociales, su manejo ha sido icónico.

Ver algunos detalles sobre el proyecto y su desarrollo:

Las Bambas es uno de los mayores proyectos de cobre del mundo. Se localiza en la región Apurímac, provincia de Cotabambas, distrito de Challhuahuacho. Fue avalado socialmente por más de 5,000 personas en una audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental, en 15 julio del 2010.

El proyecto está terminando y el avance es mayor al  95%. Las Bambas será  una de las minas de cobre más grandes del mundo. Tiene reservas minerales de 6,9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10,5 millones de toneladas. Su operación durará más de 20 años.

El concentrado se transportará al puerto de Matarani a través de una modalidad bimodal (camión y tren). La línea de transmisión de alta tensión de Las Bambas incluye una línea de transmisión de 220 Kv de 130 kilómetros de longitud, que se extiende desde la red eléctrica del Perú (subestación Cotaruse) hasta el sitio.

El agua para el proyecto se almacenará durante la temporada de lluvias en dos presas y se maximizará el reciclaje del agua minimizando el uso de agua fresca.Eventualmente se utilizaría el agua del río Challhuahuacho, pero existe el compromiso de mantener el caudal ecológico en el río Challhuahuacho lo que asegurará la flora y fauna acuática todo el año.

En el aspecto social, entre el 2005 y 2015, Las Bambas  desarrollo una intensa campaña de trabajo social.

El EIA de Las Bambas se aprobó en el 2011, considerando tres áreas: Área de Las Bambas: mina, planta concentradora y componentes auxiliares, área Mineroducto y área de Tintaya: planta menor de Molibdeno y planta de filtrado final.

El EIA fue aprobado luego de un delicado Proceso de Participación Ciudadana que incluyó monitoreos participativos, 20 talleres de participación ciudadana y una audiencia pública en donde participaron más de 5,000 personas.

Como consecuencia de los cambios de propiedad de Las Bambas y la mina Antapaccay (ex Tintaya), tubo que mudarse la planta de molibdenos al área de Las Bambas, reduciéndose así la huella  del proyecto (espacio geográfico autorizado donde se desarrollarán las operaciones del proyecto) con un proceso más eficiente, reubicándose la planta de molibdeno y filtros.

El mineroducto fue reemplazado por un sistema de transporte bimodal; carretera y transporte en ferrocarril hasta el Puerto de Matarani, una carretera de primer orden, creando con esto un corredor económico a lo largo de esta nueva vía, solicitado muchas veces por las mismas comunidades, productores y empresarios locales.

Todas las modificaciones del EIA se llevaron a cabo respetando estrictamente los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades involucradas respetando los requerimientos legales aplicables, así como cumpliendo a cabalidad las exigencias de las entidades gubernamentales involucradas en el proceso de aprobación.

El 11 de julio de 2013, se presentó  un Informe Técnico Sustentatoriode conformidad con el artículo 4 del D.S 054-2013-PCM, fue aprobado mediante Resolución Directoral N°319-2013-MEM-AAM del 17 de septiembre de 2013. En este se sustentó que los impactos ambientales, relacionados a la reubicación de las  plantasauxiliares y menores de molibdeno y filtración,y el almacén de concentrados, son de carácter no significativo y por lo tanto no generan mayor impacto a los evaluados en el EIA aprobado.

Estas modificaciones fueron informadas oportunamente a las autoridades provinciales de Cotabambas y Grau, y las distritales de Challhuahuacho, Mara, Coyllurqui y Tambobamba, por el Ministerio de Energía y Minas, como consta en los cargos de entrega correspondientes.

Desde hace algunos meses empezaron a infiltrarse  personajes ajenos a la región para preparar las asonadas como la que hemos presenciado. Según el Director de Perú21, en su columna del 29 de setiembre: “(…) las organizaciones y los actores detrás de esta “protesta”: Ronald Bello (Tierra y Libertad); Oscar Mollohuanca (Tierra y Libertad); Wilfredo Saavedra (ex MRTA), entre otros grupos (miembros del Movadef, etnocaceristas y ex PUM, por ejemplo). Distintos partes de inteligencia han confirmado reuniones de coordinación entre estos tres personajes desde el año pasado”.

Estábamos advertidos, pero nuevamente se ha dejado de alertar a los ciudadanos sobre estas maniobras. Ahora cobran muertes que debemos lamentar, pero exigen de las autoridades y, especialmente, al Ministerio Público y del Poder Judicial, su acercamiento a la Policía Nacional para encausar debidamente y sin pausa a los criminales anti país.

Esperamos que esta vez, después de los fracasos de Tambogrande, Cañariaco, Pichanaqui y Tía María, se pueda generar una acción concertada entre los distintos estamentos del Estado para parar estos enfrentamientos criminales y hacer prevalecer el Estado de Derecho. Lampadia

Desde mediados de los 80 era evidente que el grupo genocida y terrorista Sendero Luminoso (SL) estaba vinculado al narcotráfico. Abundantes informes de inteligencia, así como valientes denuncias periodísticas daban cuenta de que buena parte de las actividades criminales de SL eran financiadas por el cobro de cupos y relaciones directas con los capos del narcotráfico. 

Cuando en setiembre de 1992, la policía detuvo a Abimael Guzmán y esta organización se empezó a desarticular como un castillo de naipes, los únicos lugares en que los terroristas mantuvieron su accionar hasta llegar a hacerse endémicos fue en dos valles cocaleros: el Huallaga y el conocido como VRAE (valle del río Apurímac y Ene).

¿Porqué pudo SL sobrevivir al asecho de las Fuerzas de Seguridad Nacionales en esos lugares? Porque se convirtieron en cárteles de la droga. Cada vez más alejados de disculpas ideológicas y de sus criminales aspiraciones de convertir al Perú en una dictadura maoísta, sus líderes Florindo Eleuterio Flores Hala, más conocido como camarada ‘Artemio’ en el Huallaga y, el clan de los Quispe Palomino (integrado por Víctor, alias camarada ‘José’ y por Jorge Quispe Palomino) en el VRAE, se erigieron como los capos de unos bien montados carteles de narcotraficantes que controlaban el sembrado, la elaboración de pasta básica, el trasiego de cocaína y su venta en estos valles.

Por ello, sus ataques, emboscadas y asesinatos selectivos estaban dirigidos a evitar la presencia policial en la zona e impedir que la producción de droga fuera amenazada.

Desde que Artemio fuera capturado hace tres años y recluido en la Base Naval del Callao, el narcotráfico se ha reducido considerablemente en el Huallaga y este valle ha recuperado su producción y crecimiento (Ver en Lampadia: Cae producción de coca en el Huallaga).

También ha contribuido para esta mejora, que se capture a todos los dirigentes cocaleros de la zona, entre ellos a Iburcio Morales, alcalde y líder del valle del Monzón, los cuáles recibían órdenes de Artemio como se comprobó fehacientemente con audios y videos. Entre estos dirigentes cocaleros se encontraba las ex parlamentarias nacionalistas Nancy Obregón y Elsa Malpartida, hoy presas.

En el VRAE, en cambio, los Quispe Palomino han conseguido mantener sus operaciones, aunque varios golpes de las fuerzas del orden han limitado su capacidad de acción. Aún así, este es uno de las zonas que más cocaína produce en el mundo.

Es por ello que Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a comienzos de junio calificó a Sendero Luminoso como una “organización criminal narcoterrorista” y lo incluyó en la Kingpin Act (considerada la lista negra de narcotraficantes internacionales), a la que agregó a sus tres líderes: Víctor Quispe Palomino, a su hermano Jorge Quispe Palomino y a ‘Artemio’.

El documento señala: “Desde que fue creado, hace tres décadas, Sendero Luminoso evolucionó de un grupo militante terrorista a una organización criminal narcoterrorista responsable por traficar cocaína a toda Sudamérica”.

Esperamos que esta medida tomada por Estados Unidos sea imitada por los países europeos. El Perú no olvida que muchas de estas naciones no solo fueron complacientes con Sendero, sino que incuso los apoyaron con asilos, permitiéndoles levantar fondos y dándoles libertades para promocionar su causa genocida financiada con el narcotráfico.

Casi en simultáneo a su inclusión en el Kingpin Act, los tres dirigentes terroristas han sido denunciados en una corte de Nueva York por dirigir operaciones de narcotráfico para financiarse.

Los denunciados serán procesados en ausencia bajo cargos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, que les podría acarrear una sentencia de cadena perpetua. Los tres serían pasibles de ser extraditados a los Estados Unidos.

Según el fiscal estadounidense Preet Bharara y de Michele Leonhart, funcionario de la Administración de Control de Narcóticos de Estados Unidos: “Estos acusados son líderes de una organización paramilitar homicida, y ellos mismos ordenaron emboscadas que causaron la muerte de casi dos decenas de soldados y policías peruanos (…). El producto del tráfico de cocaína peruana que ellos han acumulado y protegido a veces termina siendo vendido en Estados Unidos”. Esa es la razón por la que se está pidiendo que sean juzgados en una corte norteamericana.

Después de décadas de asesinatos y ataques a la sociedad peruana, se termina reconociendo que esta banda criminal no solo es sanguinaria sino también un simple cartel de la droga. En eso acaban estos intentonas socialistas y subversivas: buscando el beneficio propio de sus líderes y convirtiéndose en delincuentes comunes. Así pasó con las FARC y ese también parece el camino (o sendero) del chavismo que ya tiene a varios de sus dirigentes denunciados por narcotráfico en juzgados estadounidenses.

El daño ocasionado al país, su terca negativa a reconocer estos crímenes y abandonar su culto por la violencia así como sus vinculaciones con el narcotráfico debe llevar a las organizaciones democráticas y las instituciones gubernamentales a estar atentas a sus acciones. Sendero Luminoso y, en especial, todos sus organismos de fachada como el Movadef y otros (Hijas del Pueblo, Jóvenes del Pueblo, Filas Proletarias), deben ser excluidos de cualquier participación en la vida política de la nación. Ellos son enemigos de una sociedad libre, no creen en la democracia y aspiran a convertir al Perú en un narcoestado. En la democracia y sociedad peruana no pueden ni deben participar. Lampadia

Cuenta Ricardo Palma en una de sus Tradiciones que en 1835, durante la sublevación de Felipe Santiago Salaverry contra el presidente José Luis Orbegoso, la capital se hallaba tan desguarnecida que una de las muchas bandas de bandoleros que asolaban los caminos del país, tomó la ciudad de Lima. “El famoso negro León Escobar, capitán de una cuadrilla de treinta bandidos… se posesionó de Palacio, sentándose en el sillón presidencial”, relata Palma. Alarmados, los miembros del consejo municipal, rogaron a Escobar que no hiciera desmanes. El bandolero accedió a esta petición a cambio de que se le pagara 2,500 pesos. De acuerdo a la Tradición, después de recibir el dinero, se retiró pacíficamente. Así, un bandolero fungió de presidente del Perú por un día.

Hoy esa anécdota de nuestra historia podría repetirse, pero de forma más permanente. Mafias de sicarios, extorsionadores, de construcción civil y hasta de proveedores del Estado (que tendrían entre sus integrantes a policías, fiscales y jueces), se suman ahora a las de  narcotraficantes apoyados por terroristas, taladores ilegales, mineros ilegales y de contrabandistas. Ya no solo se contentan en el control de parte del territorio nacional donde evitan la presencia del Estado y del sector privado, ahora  postulan abiertamente para tomar control del propio Estado, desde municipios, gobiernos regionales, y no nos quepa la menor duda, pronto será igual con el Congreso.

 ¿Qué lleva a estos personajes a tratar de hacerse de un cargo público? Primero que nada, la lenidad del Estado y anomia de la clase dirigente, que no ha sabido parar estos procesos a tiempo. Segundo, obviamente, no la vocación de servicio, sino todo lo contrario, el beneficio personal, medrar del erario nacional y obtener ventajas para realizar sus actividades ilícitas. Esta situación es realmente gravísima y quizá la amenaza más seria que enfrenta la democracia peruana y la sociedad en su conjunto. No se puede permitir que personas de mal vivir y mucho menos delincuentes postulen y menos aún que ocupen cargos en el Estado. Semejante escenario en que este tipo de postulantes no son la excepción, si no ya una importante proporción de los postulantes, es una  prueba del fracaso del sistema político, tanto por su diseño institucional, como por la desaparición de los partidos políticos nacionales.

Las listas que han entregado el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio del Interior en la que se detallan los tenebrosos antecedentes de un buen porcentaje de candidatos municipales y regionales solo convalidan el deterioro de la representación política nacional.

Desde el gran fracaso de los partidos políticos, luego de la dictadura militar, que regresaron al poder sin propuestas, sin conocimiento del mundo, y sin capacidad de tomar decisiones, la política nacional ha ido alejando de sus cuadros a los ciudadanos más probos y capaces. En la última década la calidad, de nuestros políticos ha descendido a niveles impensados. Se han creado sistemas de control (Contraloría y otros), para perseguir a los buenos, pues los malos están fuera de su alcance. Los antiguos líderes y dirigentes bien formados y de sólida moral han desaparecido. Hoy el sistema facilita que personajillos lumpen ocupen cargos públicos. Basta citar el caso del congresista, Víctor Grandez (acusado de tener un hotel en el que se prostituyen niñas) o el de los presidentes regionales de Áncash y Tumbes, César Álvarez y Gerardo Viñas, respectivamente. Ambos acusados de encabezar organizaciones delictivas dedicadas no solo a apropiarse de recursos públicos mediante actos de corrupción, sino de comandar a sicarios que amedrentaban, golpeaban y hasta asesinaban a opositores. No olvidemos que dos dirigentes cocaleras llegaron a ser parlamentarias, a las que luego se probó vínculos con el narcotráfico y Sendero Luminoso.

Que se asesine parar controlar un gobierno local es un escenario de horror digno de una película  gánster. Primero convivimos con los asesinatos de autoridades por parte del terrorismo, ahora se producen por las mafias de todo pelaje. Pero lo más terrible de esta situación es que ni la ciudadanía, ni nuestra clase política, se hayan indignado lo suficiente como para tomar los correctivos necesarios. Se soltó a los delincuentes del Movadef, que nos amenazan con un baño de sangre masivo (el significado del pensamiento Gonzalo), y los medios se alteraron un par de días (y algunos hasta defendieron la liberación confundiendo la libertad de pensamiento con la amenaza de muerte disfrazada), y el sistema judicial se dedica al juego del gran bonetón. 

Aparte del asalto del Estado para tomar control del país, ahora se pueden hacer de una “caja”, que con la regionalización hecha sin los mínimos requisitos de las democracias modernas, como rendición de cuentas, balance de poderes, filtros de requisitos y alternancia, llegó el 2013 a 14,342 millones de soles, desde los 1,998 millones del 2004. Estos recursos se multiplicaron por 7 en los últimos diez años.

Entre la falta de renovación de los partidos tradicionales, la escasa presencia del Estado, los sistemas de persecución judicial de las buenas autoridades, la mala regionalización, la incapacidad de corregir el diseño de la estructura política del país (el Congreso, ni siquiera ha podido eliminar la equivocada denominación de los líderes de las regiones o eliminar su reelección) y los recursos a los que acceden. La política se está convirtiendo en el mejor botín del lumpen.

¿Cómo conseguimos limpiar la política? Busquemos las experiencias más exitosas de otros países y, sin complejos o falsas dignidades, implantémoslas en el Perú. Es urgente reformar la ley electoral y de partidos políticos, el sistema judicial, el de control, la policía, etc.

Es hora de que las mentes más brillantes del país, las que estén por encima del bien y el mal, los viejos de la tribu, se reúnan y comuniquen a los ciudadanos las ideas-fuerza, las cuales puedan ser recogidas por los más jóvenes para que se comprometan en que se lleven adelante y se realicen los cambios necesarios. Lampadia

La ciudadanía quedó en shock mientras veían como los integrantes del Movadef dejaban las cárceles en las que se hallaban recluidos por sus evidentes vínculos con las acciones  criminales de Sendero Luminoso. Era insoportable entender que los Jueces de la Sala Nacional Penal F liberaran a los miembros de esta organización. Inentendible. Lo mismo ha sucedido días antes, con la liberación de Benedicto Jiménez y otros acusados de corrupción en los gobiernos regionales. 

Tan solo hace unas semanas atrás, en Lampadia felicitábamos los esfuerzos que realizaba nuestro Sistema Judicial para condenar las corruptelas de varios presidentes regionales y encausar a la extendida mafia que lideraría el abogado Rodolfo Orellana (ver: Gran oportunidad para lograr una justicia que respetemos). La decepción llegó más temprano de lo esperado. Los miembros de nuestro Sistema Judicial, vuelven a desperdiciar una brillante oportunidad para concedernos la justicia que merecemos los ciudadanos de este país que se esfuerzan día a día por hacerlo mejor y  cumplen con las leyes.

Como señalábamos en el mencionado artículo “Tal vez esta sea la gran oportunidad que necesitábamos, para dar un salto cualitativo en la calidad de la justicia. Es evidente que la ciudadanía está muy atenta a este proceso [el juzgamiento de los presidentes regionales]. Su satisfacción debe ser el mejor aliciente para consolidar un mejor nivel de justicia, pero su frustración sería sin dudas, insoportable a la sociedad y tendría consecuencias sociales que podrían ir más allá de una descalificación en las encuestas. Por ejemplo, más justicia por mano propia, lo cuál sería la antesala de una debacle social.El Poder Judicial es autónomo, solo puede reformarse desde adentro. Esta es su última oportunidad para recuperar un prestigio esencial”.

La liberación de los miembros del Movadef, de Benedicto Jiménez (parte de la organización Orellana) y la de Iván Vásquez, presidente regional de Loreto, nos hacen pensar que el Sistema Judicial peruano ha perdido la brillante oportunidad de reconciliarse con la ciudadanía. Es vergonzoso que no utilice pruebas de dominio público, como lo mencionado por Cecilia Valenzuela (ver en Lampadia: Sendero vivito y avanzando), o que la coordinación entre las partes del sistema dificulte e impida la efectividad de la justicia, o que se amparen en las debilidades de otros. ¿No se juntan a coordinar? ¿A desarrollar estrategias comunes? ¿A compartir la información?

Ahora solo queda pensar en una reforma integral como la que hizo Hong Kong para resolver la corrupción policial (ver: Sin seguridad no vamos a ninguna parte). Que se las ingenie para nacer adentro, pero que sea llevada a cabo, desde el exterior. El Sistema Judicial incluye a la Policía, el Ministerio Público, y el propio Poder Judicial, más su interrelación con el gremio de abogados.

Sin duda lo más grave es que se haya dejado en libertad a los líderes del Movadef. Este no es un caso cualquiera. Estas personas forman parte de una organización genocida que no cree en el Estado de derecho, ni en la democracia y que ha demostrado largamente que tampoco cree en los principios elementales de la convivencia, como el respeto a la propia vida. No olvidemos que el “pensamiento Gonzalo”, con el que siguen comprometidos públicamente, amenaza a toda la sociedad con ríos de sangre.

Por eso la reacción del Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza solicitando que se investigue a los magistrados que dieron libertad al Movadef, es insuficiente. Una gota de agua para aclarar un lodazal. Un leve reflejo para enfrentar a la indignación ciudadana que encabezó el propio Presidente Ollanta Humala al señalar: “Sabemos todos las vinculaciones que tiene el Movadef con Sendero Luminoso. (…) Respetamos los fallos del Poder Judicial nos guste o no nos guste, pero eso no me impide expresar mi preocupación profunda. (…) Yo espero que se reflexione sobre este fallo”.

Humala también explicó: “hay un esfuerzo tremendo que ha hecho la Policía, han sido meses de investigación, acopio de información, ha habido denuncia fiscal de por medio, por lo tanto, nos deja la preocupación de que este esfuerzo del Ministerio Público caiga en (…) saco roto”.

Los jueces de la cuestionada Sala se han defendido arguyendo que su fallo se produjo por que la fiscalía no presentó suficientes elementos para encontrar las relaciones con Sendero Luminoso.

¿Es posible eso? ¿Que en un caso tan sensible para la nación, la Fiscalía no haya hecho bien su labor? En la prensa se ha demostrado suficientemente las vinculaciones de Sendero con el Movadef. ¿La Fiscalía no recogió esos argumentos o no son suficientes para los jueces?

Lo cierto es que es inaceptable que cualquiera de esas posibilidades haya permitido abrirles las puertas de la libertad a los integrantes de esta sanguinaria organización. Por lo menos en un caso como este las autoridades debieron actuar con la mayor diligencia posible. ¿Cómo es posible que la prensa obtenga mejor información que la Fiscalía?

Ha llegado la hora de realizar una gran reforma del Sistema Judicial. Queda claro, eso sí, que no podrá hacerse desde adentro. Seremos los ciudadanos los que tengamos que exigir y plantear una solución que cambie de raíz esta situación, ojalá con la colaboración e ingenio de nuestros mejores juristas, para encontrar el camino de esta reforma, sin avasallar la Constitución. Lampadia