Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quisiera hacer recuerdo de los tiempos de ministro de transporte del Sr. Vizcarra, quien se apareció un día a “resolver” el conflicto suscitado en la carretera (vía nacional), por donde transitan los camiones que transportan la carga de Las Bambas, y la forma como, a su mejor estilo de “gobernador regional” promotor del “Moqueguazo”, ofreció a los manifestantes todo lo que se les ocurrió pedir, asfaltado total de la carretera incluido, y como no podía ser de otra manera, el ofrecimiento de un costo del orden de $800 millones que correría por cuenta de la empresa. La pregunta es, ¿Evaluó el pedido y los verdaderos costos? ¿Consideró los tiempos de ejecución de lo ofrecido? ¿Preguntó si la compañía podía asumir ese costo y si había aceptación del nivel resolutivo correspondiente? No, se mandó porque creía que estaba en su “chacra” y que cuál municipalidad de Moquegua, podía decidir de manera improvisada.

Otro tanto pasó con el aeropuerto de Chinchero. Muchos saben que es un proyecto con problemas de; altitud que hace que sea cuestionado como aeropuerto internacional para orígenes y destinos transoceánicos, calidad del terreno que obliga a un movimiento de tierras monumental, planeamiento del traslado de materiales y equipo durante la construcción, teniendo en cuenta que la carretera de acceso es la misma usada por los turistas y la capacidad limitada de Machupicchu para recibir mucho más visitantes, sin ser afectado en su calidad de patrimonio cultural.

Después del escándalo que lo obligó a renunciar, para luego recalar en la embajada en Canadá (supongo para aprender inglés), con el apoyo activo de su amigo César Villanueva (quien conspiró con el fujimorismo para sacar a PPK, negando la posibilidad de ocupar algún cargo), se encontró asumiendo la presidencia de la república.  Recuerdo que llegó sin “brújula”, no sabía qué hacer, absolutamente anodino y al no tener plan, objetivo, ni estrategia, se arrancó a viajar a cualquier lugar del país todos los días, en lo que podría denominarse “una laboriosa ociosidad”.

En ese trance, las encuestas de popularidad comenzaron a bajar, hasta que consiguió que un asesor lo alerte que necesitaba forjar un enemigo que personifique sus problemas y a quien trasladar la carga negativa de la población, el Congreso. Tengo que reconocer que la mayoría de los congresistas estaban como para la foto y se ganaron todo el odio popular (la tarea se la pusieron fácil), hasta que cerró el Congreso. En el camino había encomendado a un grupo de “especialistas” que preparen una reforma política para ser implementada en las elecciones del 2021, lo que se sometió a un referéndum y ahí vamos. Luego del cierre del congreso se convocó a elecciones congresales para algo más de un año. Hoy estamos a un año de las elecciones y, por un lado, las propuestas de los iluminados ya resultan inaplicables, mientras que, por otro, hemos elegido un grupo de congresistas peor que el anterior, que a la fecha no tiene agenda, que ya dejó pasar la fecha legal para la sesión de investidura del gabinete reparchado y que tampoco ha prestado atención a los Decretos de Urgencia dados en gobierno sin Congreso. Más improvisación.

No quiero hacer mayor análisis de la convocatoria de ministros y la desastrosa calidad de la mayoría de los mismos. Del 30 de setiembre a la fecha se ha cambiado 10 ministros que se han caído solos, pues no ha habido posibilidad de interpelaciones o censuras. Vizcarra, durante su mandato va teniendo ministros “ochomesinos” y cada 19 días tiene que tomar juramento a uno nuevo, al punto que ya lo hace en “jeans” (no se para qué se pone la banda presidencial), supongo que los próximos ministros también juramentaran en jeans, pero espero que no sea “con la banda en el hombro” …

Entre tanto, ¿que pasó con la reconstrucción con cambios del norte? Buena pregunta. No pasó nada, el abandono fue absoluto, la gestión de este gobierno desde marzo de 2017 hasta la fecha, “cero balas, cero puntos”. En el camino se ofreció 80 hospitales y 1,000 colegios, por supuesto no se dijo dónde, ni de qué tamaño, ni con qué planos, ni cuál era el presupuesto y menos quién o quiénes eran los responsables directos.  El único hospital puesto en operación el 20 de marzo de este año es el de Ate y con grandes deficiencias, a pesar que se terminó de construir y equipar en julio del 2018.  Ante la crisis, se ha tenido que improvisar el uso de las Torres de los Panamericanos para que funjan de hospital. Ya sabemos que lo que no se puede medir, no se puede controlar. En el ínterin y como no se hacía nada, siguió viajando “como poseído” sin brújula, supongo que para que no lo ubiquen.

En el camino, en el mundo apareció el COVID-19, esta pandemia iniciada en Wuhan en diciembre 2019 y combatida en países asiáticos y europeos desde enero 2020. El 6 de marzo se reportó el primer caso arribado al Perú, ante ese caso un colegio privado tuvo mejor reacción que el Estado. El colegio suspendió actividades y decretó cuarentena a sus alumnos, mientras el Estado titubeaba, hasta que el 15 de marzo decretó dos semanas de cuarentena nacional. Me pregunto; ¿el Estado con sus embajadas desplegadas por el mundo, no tuvo información oportuna de esta pandemia? ¿No observaron y analizaron las estrategias seguidas por China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, ¿sólo por mencionar algunos países? La pregunta más simple; ¿Cuanto tiempo de cuarentena tenían ellos, que habían estudiado y enfrentado el problema algunos meses antes? ¿Dos semanas, un mes? No, ellos llevaban combatiendo la pandemia más de dos meses cuando menos. ¿A quién si no a un improvisado se le ocurre decretar una “cuarentena” (el término viene de 40 días) por dos semanas?

Cualquiera que piensa un poquito, habría hecho un planeamiento mínimo. Si uno le adelanta a la población la magnitud del problema que enfrentaremos, tal como lo hizo Ángela Merkel en Alemania y advierte que nos veremos obligados a tener una cuarentena de cuando menos dos meses, con cierre de todas las actividades que se han cerrado, sin poder generar ingresos durante ese tiempo (especialmente aquellos que ganan su dinero día a día) y que, antes que se disemine el virus por todo el país, se daba facilidades de retorno a sus lugares de origen, con bono incluido a ser entregado cuando lleguen a destino, hubiéramos tenido un manejo más ordenado y menos contaminados en Lima. Se hubiera evitado las necesidades de aglomeración en bancos y mercados y no hubiéramos tenido población de caminantes tratando de regresar a su tierra de un lado, y alcaldes y gobernadores tratando de impedirlo.

Los penales y su manejo son otra área de improvisación, hay sobre-población y se aprecia inacción para reducir su hacinamiento. No se ha liberado a presos ancianos que están enfermos e incapacitados para valerse por si mismos, hay presos por juicios de alimentos a quienes les han puesto como condición pagar la deuda para darles libertad. En el Perú no hay prisión por deuda, pero estas deudas por alimentos son penadas con cárcel. Entiendo el espíritu de la ley, pero mejor sería que tengan libertad restringida, produzcan ingresos con su trabajo y si no cumplen con el pago mensual, realicen trabajo comunitario remunerado en favor de los niños que no hayan recibido la mesada, pero retener en cárcel a miles por esa razón, generando gasto al Estado y sin producir, es de locos. Otro tanto ocurre con los que sufren prisión preventiva, pues esto fue instituido para delincuentes organizados en bandas, narcotraficantes, terroristas, asesinos y secuestradores. Vale decir, aquellos que significan un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero nadie reacciona y tenemos una sobrepoblación de penales expuesta a “pena de muerte por COVID-19”. Ya eso generó protestas y en una sola jornada se tuvo 44 muertos y mas de 50 heridos, así como 7 funcionarios del INPE muertos, cosa que no ocurría en 7 años.

Luego “toma medidas” para manejar la etapa de cuarentena y de nuevo la improvisación, si las empresas pueden dar o no vacaciones a quienes las tengan acumuladas o a los que puedan tomarlas, si pueden o no reducir temporalmente las remuneraciones y si pueden o no aplicar la ley de “Suspensión perfecta de labores”. Estos personajes creen que pueden pontificar con “cara de autoridad” y que las empresas no quiebran por decreto. Qué peor muestra de improvisación, cuando la prevalecía de la realidad los obliga a transigir, pero después de un mes de angustia empresarial y laboral.

Para cerrar con broche de oro, cada día se presenta en la TV el Sr. Vizcarra para dar información, cuya estrictez requiere ser verificada (ver discrepancias entre información oficial e informe de IDL Reporteros). Más aún, preocupa que al día siguiente de ese informe se pretenda demostrar eficacia del trabajo y decisiones adoptadas, comparando las estadísticas del número de casos de infectados y fallecidos del Perú con España e Italia, a sabiendas que estos dos países tienen 45 días más de pandemia que el Perú. ¿Por qué no compara con esos países a los mismos 43 días de reconocida la presencia del virus o con Chile, que empezó en el mismo tiempo que el Perú? ¡Hasta para eso improvisado!

Sinceramente los peruanos merecemos respeto Sr. Vizcarra. Usted está confundido y no es aceptable que pretenda esconder su incapacidad con argumentos tan pueriles y nuevamente improvisados. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 22 de noviembre de 2019
Para Lampadia

Viajar por el Perú es apasionante. No hay país en el mundo que nos iguale en prodigios naturales. Además, nuestra gente es encantadora. Sin embargo, las crónicas de maltratos estatales se repiten a lo largo y ancho de todo el país.

Esta semana – aparte de Lima – estuve en Moquegua, Tacna, Trujillo, Chincha y Pisco. Y claro… uno conversa con la gente y se entera de cosas. En Moquegua estuve en ese colosal local del Gobierno Regional que provoca – al menos, en mí – una indignación de aquellas. ¡Cómo es posible que hayan priorizado semejante monstruo cuando el servicio de agua potable para la población es tan deficiente!

El tema “agua” está muy presente en todos lados. Agua para la población. Agua para la agricultura. Desagües paupérrimos. Conflictos por el agua. El problema es que el tema gira en torno a la escasez del agua. O, a su mal uso. Sin embargo, el Estado hace muy poco al respecto. Por no decir, nada.

Pero también está el maltrato en los hospitales públicos. Será porque saben que en Ica mejoramos la atención a los pacientes sancionando a los médicos corruptos, pero lo cierto es que mucha gente me toca el tema. Colas de amanecida. Médicos que cobran por lo bajo. Robos de medicamentos. Equipos malogrados… adrede. Y cosas por el estilo.

Corrupción e indolencia; esos son los denominadores comunes de la salud pública en todo el país. Por eso pregunto ¿y el Ministerio de Salud? ¿Y la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)? No se oye padre. La salud pública en nuestro país está a merced de mafias. Mafias de la salud. El problema es que el Estado – al parecer – ha resuelto convivir con ellas.

Después está el tema de la corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Jueces que reponen a funcionarios corruptos. Fiscales que acogen denuncias maliciosas. Y los policías corruptos tampoco se quedan atrás. Y los alcaldes y gobernadores. Y los consejeros y regidores. Y los periodistas corruptos. Como dice la canción “y total corrupción hay en todos lados”.

En el VRAEM la policía brinda seguridad a los narcos. Eso me dijo un taxista en Trujillo. El taxista era un policía en retiro que había servido en el VRAEM. El detalle de su testimonio respecto de la emboscada que sufrió – él y su grupo – fue estremecedor. Pero nada tan impactante como las órdenes que recibía de sus superiores para garantizar la seguridad de las avionetas de los narcos.

Las mafias de las licencias de conducir están sueltas en plaza. Por S/. 500 tienes un brevete sin dar ningún examen… con todas las de la ley. Las licencias de construcción y de funcionamiento salen – si y sólo si – si te matriculas con unos billetes por lo bajo.

Hasta docentes universitarios corruptos aparecen en estas crónicas de unos maltratos anunciados. Si quieres que te apruebe, págame. Así opera el chantaje de maestros a alumnos en algunas universidades de nuestro país.

El aeropuerto de Lima no da más. ¡Una hora tuvimos que esperar en la pista de aterrizaje! ¡Dentro del avión… en tierra! Y todo porque no había mangas ni buses disponibles. Eso también se llama maltrato.

Y colorín colorado estas crónicas de maltratos ha acabado. ¡Por ahora! Lampadia

Semanario Minas y Petróleo
N° 1111- 1112, 23 de setiembre de 2019

El Instituto Peruano de Economía –IPE– publicó en junio de este año, el Índice de Competitividad Regional – INCORE 2019. De la comparación y análisis de las cifras podemos concluir que la actividad minera es un factor que contribuye poderosamente a mejorar la competitividad. Este es el mismo comportamiento que se observa con los indicadores de desarrollo social, conforme lo ha venido dando a conocer Minas y Petróleo, en diversos artículos periodísticos de información, desde hace casi dos décadas.

Como se puede observar en el Cuadro Nº 1, a continuación de Lima, las tres regiones con mayor INCORE son: Arequipa 2º, Tacna 3º y Moquegua 4º; que en el 2017 fueron la 5º, 4º y 2º región, respectivamente, en ingresos per cápita provenientes del canon y otras contribuciones derivadas de la actividad minera. Las tres regiones son importantes productores mineros desde hace varias décadas y limitan con el litoral. Las que le siguen en el INCORE son, Ica 5º y Lima provincias 6º, aunque con menor valor per cápita de la producción minera, son también regiones mineras desde hace décadas y que limitan con el litoral. Luego siguen Tumbes y Lambayeque, cuyas ventajas comparativas, para alcanzar un mayor INCORE son: limitar con el litoral, tener a la mayor parte de su superficie ubicada en la costa y asimismo a su población habitando en esa región geográfica.  El 9º lugar en el INCORE le corresponde a Madre de Dios, que aunque de manera informal e ilegal, es un gran productor aurífero.

La relativa baja competitividad de Ancash (puesto 13º), no obstante ser la 3º región con mayor ingreso per cápita proveniente del canon y otras cobranzas derivadas de la actividad minera y limitar con el litoral se explica, en parte, porque su elevada producción minera tiene recién 17 años. Adicionalmente es la última región, puesto 25º en el pilar “Instituciones”. Un factor, poco relacionado con el bienestar de la población y que al parecer no tiene relación directa y muy poco indirecta, con el desarrollo de la industria minera en una región, pero que baja el promedio al calcularse el INCORE.  

En la sierra la región mejor clasificada es Cusco (11º), cuya producción minera es de mediana importancia, pero que se beneficia de la producción de hidrocarburos y el Turismo, le sigue Junín (14º) de una antigua tradición minera y metalúrgica.

La mala competitividad de Cajamarca (puesto 24º) se explica por los malos gobiernos regionales que ha tenido, ya que a pesar de su rechazo a la minería todavía se ubicó, en el 2017 como la 8º región con mayor ingreso per cápita proveniente del canon y otras cobranzas derivadas de la actividad minera.

Ver análisis completo en: https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/225bb-regiones-mineras-las-mas-competitivas-y-de-mayor-desarrollo-social.pdf 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 31 de julio –dentro de 9 semanas- se vence el plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María, y aun el proyecto no recibe luz verde de parte del gobierno. En febrero, poco antes del foro mundial de minería PDAC en Canadá, ocasión en que las grandes empresas y los fondos de inversión están viendo el Perú, hubo declaraciones del ministro Francisco Ísmodes y del propio presidente de la República que sugerían la posibilidad que se diera por fin la licencia de construcción, pero ello no ha ocurrido hasta ahora.

Los que aquí se enfrentan son, por un lado, el Perú entero que necesita activar su enorme potencial minero para dar un salto de crecimiento y bienestar para convertirnos en país desarrollado, y un pequeño grupo de opositores ideologizados que no atiende razones sino solo pequeñas posiciones de poder. Que se oponen, en suma, al desarrollo del país.

Porque, como se ha demostrado mil veces, no hay acá afectación ambiental. Pero ese pequeño grupo, que logró infundir temor en la población del valle del Tambo, es cada vez más pequeño y la población le hace cada vez menos caso. Ello ha sido consecuencia del cambio de conducta de la empresa Southern, que desde hace más de dos años estableció en el valle una serie de programas sociales y de apoyo productivo que han ido sembrando confianza en la población. Uno de ellos, por ejemplo, consistió en un convenio con el Gobierno Regional para que las postas médicas del valle, que solo atendían de 8 am a 4 pm, lo hicieran las 24 horas del día. La empresa asumió el costo adicional. Fuera de eso, ha entregado los estudios definitivos para dos hospitales y para agua potable en todo el valle, programas de capacitación en ganadería y en algunos cultivos, matemáticas para todos digital, etc.

El proyecto tiene más aceptación

Esta nueva política de la empresa ha tenido resultados tangibles. Los 6 alcaldes distritales anteriores de la provincia de Islay eran anti-mineros, pero en las elecciones de noviembre pasado, salvo uno, no se oponen al proyecto si se resuelve el problema hídrico, como veremos. Eso cambia radicalmente la correlación política porque parte de la financiación y el apoyo logístico a las movilizaciones anti Tía María en el pasado provino de las municipalidades.

En noviembre y diciembre el Ministerio de Energía y Minas realizó 7 talleres informativos sobre el proyecto sin resistencia alguna y con participación ciudadana. Las oficinas informativas de la empresa en los pueblos del valle no son hostilizadas.

Opositores están disminuidos

Ante los anuncios algo ambiguos arriba mencionados de que se podría dar licencia de construcción al proyecto, en marzo, 130 personas se reunieron para formar el Frente Amplio Defensa del Valle del Tambo. Este Frente ha venido organizando marchas semanales, pero con un número reducido de participantes que, al decir de informantes, ha venido cayendo semana a semana. En la última marcha realizada el jueves pasado, desfilaron unas 250 personas en lugar de las 1,200 o más que marchaban dos o tres años atrás.

El principal líder anti Tía María del valle, Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego, ha sufrido un duro golpe: su Junta se ha partido y se ha formado una nueva, valle arriba, que lo ha desconocido. Esta nueva Junta está a favor del proyecto minero. Además, Cornejo está sometido a “reglas de conducta” dictadas por el Poder Judicial, de modo que no puede participar en manifestaciones. Por lo demás, de acuerdo a nuestras informaciones, los anti-mineros en Islay están divididos.

La represa de Yanapuquio

Los alcaldes de Islay emitieron el 27 de marzo un comunicado señalando que “no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico”, y solicitaban buscar los mecanismos para concretar la represa de Paltuture. Era, en buena cuenta, un visto bueno a Tía María condicionado a la construcción de la obra hidráulica.

El problema es que parte del espejo de agua de esa eventual represa estaría en la región Puno, cuyo pasado gobernador, como si se tratara de otro país, presentó una medida cautelar contra la obra en el Poder Judicial. No se puede realizar. Ante ello, sin embargo, el ministerio de Agricultura ha identificado otra represa cuyo espejo de agua se encontraría íntegramente dentro de la región Moquegua. Se trata de la represa de Yanapuquio. Sus aguas habría que dividirlas entre Moquegua y el valle del Tambo, que queda en Arequipa, pero eso no sería problema.

De modo que la condicionalidad puesta por los alcaldes estaría resuelta. Pese a ello, el viernes, luego de una reunión con el Primer Ministro, han expresado reservas, pero puede ser una posición negociadora. Sólo hace falta, en realidad, la decisión política del gobierno, y solo quedaría planificar bien una estrategia policial para prevenir actos de violencia que eventualmente pudieran ocurrir, pese a que el grupo contrario es cada vez menor y que la oposición al proyecto se ha reducido.

Beneficios

Por lo demás, sería conveniente ir difundiendo los beneficios que traería el proyecto a la zona. Para comenzar, la regalía y el canon se multiplicarían por 10. El canon para la municipalidad distrital de Cocachacra pasaría de 3.4 millones de soles al año a 33 millones de soles.

Esto sin contar el empleo que generaría esta inversión de $1,400 millones de dólares: 9,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 4,800 empleos permanentes entre directos e indirectos.

Por supuesto, la señal nacional e internacional para el clima de inversión sería extraordinaria. Los fondos de inversión globales están mirando lo que ocurra con Tía María, que se ha convertido en un proyecto icónico. Su lanzamiento sin duda significaría un punto de inflexión, sobre todo si a ello se suma la creación de condiciones institucionales para la inversión minera en otras zonas del país.

La llave

Por lo demás, Tía María es la llave para un paquete de nuevas inversiones de la propia Southern que, de salir, aprobaría invertir en otros proyectos tales como una nueva fundición y refinería en el sur ($1,350 millones de dólares), además de proyectos de otros operadores, como los de Zafranal, la expansión de Toromocho, La Granja, Cañaris, y Apurímac Ferrum, entre otros.

Además, el Perú tiene que aprovechar la incertidumbre que existe en México para la inversión, que podría llevar a la Southern a poner casi todas sus fichas en nuestro país.

Tía María tiene una importancia estratégica para el relanzamiento de la inversión minera en el Perú y para la consolidación del clima de inversión en general. El gobierno tiene la obligación de autorizarla. Y no podría sino beneficiarse de ello. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Las recientes elecciones regionales han dado como resultado la victoria de algunos candidatos que generan profundas incertidumbres para el sector privado. Este ha sido el caso con las victorias de Zenón Cuevas en Moquegua, Walter Aduviri en Puno y Vladimir Cerrón en Junín.

Hay quienes consideran que el preocuparse por estas victorias es un acto de desprecio colonial a los electores y que en verdad al ser estas (Moquegua, Junín y Puno) regiones con pujantes economías informales estas victorias no implican problemas para la inversión privada ni para la sostenibilidad política de un modelo de desarrollo sustentado en el mercado. Un ejemplo de esta postura es el articulo “¡Ay, los cholos antisistema!” de Juan Carlos Tafur[i].

Sin embargo, la victoria de lideres ideológicamente hostiles a la inversión tiene consecuencias políticas y sociales relevantes, mas allá del malestar que podría generar entre las elites limeñas. La victoria de presidentes regionales con ideologías antisistema implica un conjunto de riesgos para las actividades productivas en su región y también para la sostenibilidad del modelo de libre mercado.

Los efectos negativos de la presencia de esas autoridades en gobiernos regionales, provinciales y distritales son diversos. En forma breve podemos mencionar:

1. Uso de la representatividad del gobierno regional contra proyectos de inversión minera e hidro-energética. Los gobernadores regionales, al ser los representantes electos de la región, asumen un rol de representación política de la población regional. Esta representación les facilita presentarse a los medios e instituciones como canalizadores de la voluntad de la población de su región o provincia.
2. Soporte logístico con fondos del gobierno regional o provincial para realización de movilizaciones hostiles a los proyectos de inversión.
3. Contratación masiva de activistas políticos antisistema dentro del gobierno regional o provincial. Es común que incorporen como personal de confianza a activistas políticos radicales que podrán ahora dedicar una mayor parte de su tiempo al activismo político puesto que sus ingresos pasaran a ser cubiertos por la planilla del gobierno regional. Estos activistas, además de ser remunerados en muchas ocasiones, dispondrán del soporte logístico requerido para sus acciones políticas como transporte, hospedaje y locales a ser financiados por el gobierno regional. Esos activistas, al hablar a la población, lo hacen con el título de representantes elegidos y no como simples ciudadanos.
4. Instrumentalización ideologizada de las instituciones del gobierno regional hacia fines anti inversión. Los gobiernos regionales pueden realizar diversas acciones que brindan soporte discursivo al activismo anti-inversión aun si no tienen carácter mandatorio. Ejemplos de estas medidas son las ordenanzas regionales declarando inviables a proyectos de inversión o generando medidas de ordenamiento territorial que refuerzan sus narrativas y que, de aplicarse paralizarían los proyectos de inversión.
5. Envía una poderosa señal a los lideres locales. Puesto que esto señala a autoridades y activistas locales que el realizar acciones y asumir posturas radicales hacia las inversiones es una estrategia exitosa de posicionamiento político. Con ello múltiples lideres están incentivados a propiciar la conflictividad puesto que en la misma ven una oportunidad para impulsar sus carreras políticas.

Seria un error homogenizar a estos actores hostiles al mercado tanto Aduviri, como Cuevas o Cerrón, tienen diferencias ideológicas, de praxis y capacidades políticas. Es en función a esas características especificas que se puede hacer un análisis efectivo de las consecuencias de estas victorias electorales.

Para poder visualizar estas características hemos elaborado un cuadro en el que se puede ver la posición de estos tres lideres políticos en un conjunto de características clave.

 Estas son:

1. Pos-extractivismo: Medida en la cual se tiene una ideología hostil a la extracción de materias primas y se subscribe un ideario de “alternativas” al desarrollo.
2. Anticapitalismo: Esto es la oposición a un sistema de libre mercado con propiedad privada y apertura a los productos e inversiones extranjeras.
3. Identitario: Por ello nos referimos la medida en la cual el proyecto político hace uso de un discurso de identidad. El valor ser mayor conforme en mayor medida se posicione en actor político en función a una identidad especifica. En un continuo que va desde una posición internacionalista, a una nacionalista, pasando por un proponer un Estado Plurinacional y terminando con la exaltación a un grupo étnico especifico.
4. Articulación Nacional: Con ello los referimos al grado en el cual este gobernador electo tiene alianzas con otros actores políticos fuera de su región y dispone de recursos políticos para desplegar un proyecto nacional. La afiliación a un partido nacional o disponer de una inscripción electoral incrementan la Articulación Nacional.
5. Perturbación Institucional: Por esto no referimos a la medida en la cual este actor político canaliza la disputa política al interior de las instituciones del Estado o muestra una disposición a medias fuera de la misma tales como la movilización callejera o inclusive acciones violentas. El valor de esta variable será mayor conforme se haya visto una mayor disposición del actor a hacer uso de acciones extra institucionales.

Como se puede observar Walter Aduviri, de Puno, destaca por su énfasis en el discurso identitario. Ha pasado del nacionalismo aymara e impulsar la vigencia de un Estado Plurinacional, influenciado probablemente por la experiencia boliviana. También hace referencias frecuentes a la Pachamama lo que le hacer al Pos-extractivismo, pero sin ser un seguidor pleno de esta ideología. Zenón Cuevas, de Moquegua, es cercano al Partido Comunista del Perú “Patria Roja”, lo que trae elementos anti-capitalistas y le brinda cierta articulación nacional. Él ha impulsado movilizaciones en el caso del Moqueguazo, por otro lado, su discurso no apela a un componente identitario ni pos-extractivista. Vladimir Cerrón, de Junín, destaca por su aversión al modelo de desarrollo capitalista, en el que fue bien instruido tras 11 años en la Cuba castrista, posee una inscripción nacional para su partido “Perú Libre”, aunque no ha destacado por impulsar movilizaciones masivas o violentas.

Conocer las semejanzas y diferencias entre estas distintas fuerzas permite predecir su conducta ante tópicos políticos concretos (minería, regionalismo, constitución, uso de violencia, etc.) y facilita el esfuerzo por mitigar las consecuencias desestabilizadoras de su accionar en los próximos años. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, informó que el objetivo del Gobierno es cerrar al 100% la brecha en el suministro de agua en las áreas urbanas y al 85% en las zonas rurales del país para el 2021. Por supuesto, para eso se necesita, en primer término, recursos. Por eso agregó: “Esperamos que la inversión privada empiece a mejorar, de manera que el crecimiento del país se empiece a notar en el segundo semestre y tengamos los recursos para invertir y cerrar esa brecha”.

Pero resulta que pocos días antes de que el ministro formulara esas declaraciones, el Premier le había pinchado la llanta de ese objetivo por dos vías. Al ordenar a la Sunass que deje sin efecto el alza de la tarifa de agua en Moquegua, y aceptar luego revisar los peajes –que son contratos- con los transportistas, el Premier configuraba un escenario de ruptura de reglas básicas de la economía de mercado que, sin duda, como bien señaló Roberto Abusada, pueden afectar la confianza del sector privado y por ende la inversión. Y sin inversión, no habrá recursos presupuestales para alcanzar las metas de agua.

Pero, aun cuando los hubiera, de qué sirve invertir en agua potable y alcantarillado si después esas redes no se pueden mantener ni menos aún hay recursos para seguir invirtiendo. El 2016 el ex jefe de la Sunass, Fernando Momiy, nos decía que en los 10 años anteriores el Estado había invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y se preguntaba en qué se ha ido ese enorme monto. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. El año pasado fueron 4 mil millones. Parte de eso son transfusiones de sangre del presupuesto nacional a las EPS incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Por supuesto, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS.  

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país. Sus directorios, presididos por el alcalde, se resisten a actualizar tarifas por razones políticas. Por eso, haberle dado al organismo regulador, la Sunass, autonomía para fijar las tarifas luego de estudios técnicos, fue un paso adelante muy importante para intentar la racionalización de estas entidades. Esos incrementos siempre venían con recomendaciones de gestión. Lamentablemente al Premier no se le ocurrió mejor idea que atacar ese instrumento clave, de modo que en adelante será muy difícil que la Sunass haga prevalecer los aumentos de tarifa que dispone. Es terrible.  

En el siguiente cuadro podemos ver que, al 2016, había 12 EPS cuyos “costos y gastos desembolsables” son superiores a sus ingresos operativos totales. Una de ellas, oh sorpresa, es la EPS Moquegua. Por eso, evidentemente, la Sunass dispuso el alza de la tarifa, cuestionada por el Premier. 

Y eso que este cálculo no considera los costos financieros de las EPS, las deudas impagas que tienen, por ejemplo, con el FONAVI. Hacia fines del 2016, la deuda de las EPS con el FONAVI sumaba más de 4,200 millones de soles.

Por eso, en el siguiente gráfico vemos cómo la cobertura de agua potable, lejos de aumentar, venía disminuyendo, al 2016, en las EPS grandes, medianas y pequeñas. En todas menos en Sedapal. La EPS carecen de capacidad de inversión porque sus tarifas son muy bajas.

No solo eso, la continuidad del servicio, es decir, el número de horas por día en que los que tienen conexión tienen agua, también ha caído en las grandes y pequeñas, como podemos ver en el siguiente gráfico:

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Y como podemos ver en el siguiente cuadro, 10 EPS distribuyen agua 10 o menos horas al día, y 15 EPS 12 horas o menos. Carecen de capacidad de inversión.

Recaudan poco no sólo porque eventualmente la tarifa es baja, sino porque la micromedición está relativamente poco extendida. En el siguiente cuadro podemos ver que hay incluso 5 EPS que no tienen micromedición alguna y muchas tienen porcentajes bajísimos. La EPS Moquegua, objeto de la interferencia del Premier, la micromedición alcanza sólo al 41%.

El asunto es penoso cuando nos acercamos al tratamiento de las aguas residuales.

• Sólo el 3.66% de las aguas residuales de las EPS pequeñas son tratadas
• Solo el 31.88% de las aguas residuales de las EPS medianas se tratan.
• Hay 23 EPS que simplemente no tienen ningún tratamiento. Una de ellas es justamente la EPS Moquegua.

Por todo lo anterior, la reforma de las EPS, es decir, la reforma del agua potable, es fundamental en nuestro país. De hecho, 12 EPS se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, mediante el cual del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) interviene EPS para establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo a fin de mejorar su gestión y reflotarlas.

Pues resulta que una de esas 12 es nada menos que la EPS Moquegua. Por eso, en el comunicado que emite la Sunass para defender su autonomía y aclarar que no ha anulado el aumento de la tarifa en Moquegua, acepta sin embargo evaluar la propuesta de que el primer año el alza sea financiada por la OTASS, es decir, por todos los peruanos (ver punto 6 del comunicado). Es lamentable que se haya tenido que ceder, solo para postergar un año el problema. La población tiene que ser bien informada acerca de las razones que hacen necesaria el alza.

La reforma de las EPS no es un tema fácil. Necesita, por eso, claridad, firmeza y apoyo político de parte de las más altas autoridades. Lo que no puede hacer el gobierno es socavar la autoridad y la autonomía de los organismos reguladores, porque entonces será imposible actualizar tarifas y organizar bien las empresas de saneamiento, que por ahora son una tubería rota por la que se van los recursos que en ellas se pone. Lampadia

Se dice que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, y lo que nació en Brasil es sin dudas un escándalo fuera de toda proporción. Ahora, por supuesto, no se pueden evitar las reverberaciones del escándalo. Sin embargo, en vez de dedicarnos, como la generalidad en la media, a tirar más piedras en un ajusticiamiento descontrolado, queremos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo nació semejante cosa? ¿Cuándo nació? ¿Qué condiciones se dieron en Brasil para que se llegara a estos extremos?

Según el decir popular en el mundo empresarial peruano, siempre se decía que Brasil era un país donde había que cuidarse de la corrupción, incluyendo en los cuidados a su sector privado. Pero nunca, a lo largo de muchas décadas se dio algo parecido a lo que ahora ha salido a la luz.

Ampliando la perspectiva de análisis, debemos afirmar que en los países en desarrollo, como se les llamaba hasta hace pocos años, los Estados tenían un papel determinante en las inversiones en infraestructuras y hasta productivas, pues los sectores privados eran muy pequeños. Recordemos las críticas a los grandes programas de financiamiento de grandes proyectos de inversión por parte del Banco Mundial en los países más pobres, donde se señalaba la ineficiencia de los proyectos, incluyendo niveles importantes de corrupción.

Otro hecho significativo de la praxis de gobierno de los países en desarrollo, es el hecho de que, hasta solo pocos años atrás, las autoridades fiscales de Alemania permitían que la empresas alemanas, descontaran como gastos tributarios, las coimas que dichas empresas pagaban en los países subdesarrollados.

En resumen, debemos concluir que la corrupción, dentro de ciertos límites, estaba presente en los países en que sus estados tenían roles determinantes en la economía. Eso nos lleva a pensar, que cuando se forman las grandes empresas constructoras brasileñas, como Odebrecht (1944), o cuando llegan al Perú, en 1979, eran empresas cuyas prácticas incluían un uso limitado de coimas, igual al imperante, digamos en el hemisferio sur.

Odebrecht inició sus operaciones en Perú el año 1979 con la construcción de la central hidroeléctrica de Charcani V en Arequipa, durante la dictadura militar. El proyecto, construído dentro del volcán Misti, abasteció de electricidad a Arequipa, Moquegua y Tacna hasta el año 2000 y, dio origen al descubrimiento del ya famosos Valle del Colca. Al finalizar el proyecto, Odebrecht editó un libro muy significativo, llamado Arequipa. Algo que repitió algunos años más tarde en Trujillo, por el proyecto de Chavimochic. 

Fuente:  documentslide.com

Fuente:  www.odebrecht.com.pe

Hasta entonces y durante varios años más, nada hacía sospechar de la existencia de los esquemas de corrupción dantescos que hoy caracterizan la historia de las empresas constructoras brasileñas, de la cuales Odebrecht es el caso más conocido y escandaloso.

¿Qué pasó en Brasil, para que se desarrolle semejante esquema?

A nuestro parecer, a principios del siglo XXI se habría formado ‘el triángulo del mal’. La alianza corrupta entre Petrobras, Odebrecht et al y el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Una alianza que nació durante el súper ciclo de crecimiento global, con el aumento desmedido del precio del petróleo. Petrobras fue capturado por el PT, Dilma Rousseff tomó la presidencia de la empresa, que se convirtió en la fuente de fondos del PT y del resto de los políticos brasileños, según las denuncias judiciales en curso. Pero, en paralelo, el crecimiento de las empresas constructoras brasileñas, dentro y fuera de Brasil, habría sido ideal para acrecentar el alcance de los esquemas de corrupción.

Por lo tanto, se puede afirmar que la gran ola de corrupción liderada por las empresas constructoras brasileñas, tomó vuelo de la mano de Lula da Silva y Dilma Rousseff, ‘Padrino’ y ‘Madrina’ de casi todas las izquierdas latinoamericanas, incluyendo, por supuesto, las peruanas.

Después de todo esto, no nos imaginamos cómo podrán seguir operando estas empresas en algún lugar del mundo. ¿Quién las va a contratar, en el sector público o privado?  Nuestra presunción es que eventualmente serán liquidadas, algo que sería un buen mensaje para la generación de empresarios jóvenes.

Esperamos que este artículo le de una mejor perspectiva de análisis al tremendo caso de corrupción que nos ocupará durante muchos meses, pero que debemos enfrentar con calma y sensatez. Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No es necesario crear un Senado, y sí es bueno dividir Lima en distritos electorales mas pequeños”

Martín Tanaka, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P. ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas de reforma política formuladas por Lampadia? (Ver: Empecemos a debatir la Reforma Política).

R. Antes de empezar, quiero mencionar que fui parte del equipo que elaboró la propuesta de reforma institucional presentada por la Asociación Civil Transparencia, que puede verse en: http://www.transparencia.org.pe/documentos/propuestas_de_reforma_institucional.pdf.

Varias de las propuestas de Lampadia coinciden con la propuesta de Transparencia, que suscribo; otras no son parte de esa propuesta, con algunos estoy de acuerdo y con otras no. Pero más allá de esto, me parece importante contar con un diagnóstico claro de cuáles son los problemas más importantes y urgentes, cuáles serían los mejores caminos para enfrentarlos, y que al mismo tiempo puedan contar con el consenso necesario para ser implementadas. Sin una mirada integral, corremos el riesgo de tener nuevamente una falsa reforma política como la que tuvimos al final del Congreso anterior.

P. ¿Respecto de la propuesta de crear un  Senado con funciones solo revisoras, y elegido en distrito único nacional mientras no se integren regiones propiamente dichas?

R. No me es evidente cuál es el problema que se pretende resolver con el Senado, y deberíamos tenerlo claro antes de embarcarnos en su reinstauración: ¿Mejorar la representación con una lógica de elección diferente a la departamental? ¿Hacer más exigente el proceso legislativo, con otra instancia revisora? ¿Aumentar el número de legisladores? ¿Atribuir funciones específicas a una instancia electa con una lógica diferente a la departamental? El asunto es que estos problemas se pueden solucionar con medidas que no pasan por la creación de un Senado.

Si se quiere que los proyectos de ley tengan un mejor proceso de maduración, con lo que estoy de acuerdo, podríamos ser más exigentes con el proceso legislativo: más transparencia en comisiones, en la determinación de sus agendas y las del pleno, más consulta con la sociedad civil; doble votación en el pleno sin excepciones, etc. Si se quiere elegir representantes útiles que no tienen cabida en un esquema departamental, con lo que también estoy de acuerdo, podríamos elegir un grupo adicional de congresistas por lista, para acercar más la votación congresal a la proporcionalidad, como sucede en Alemania; o podríamos simplemente elegir un grupo adicional en lista única, independientemente del criterio de proporcionalidad, que también me parecería bien. El asunto es que ninguna de estas cosas requiere necesariamente de un Senado, como es evidente en la propuesta de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

En el fondo, tenemos que, sin hacer otras reformas, el Senado podría ser más de lo mismo que hemos visto en los últimos años. Preferiría por ello empezar por fortalecer los partidos, y terminar con el Senado.

P. La idea central de un Senado elegido en distrito único o en macroregiones sería limitar el poder de un congreso unicameral que, por ejemplo, tenga una mayoría absoluta y pudiera instaurar una suerte de “dictadura parlamentaria” populista (de izquierda o de derecha) por ejemplo. Y, a la vez, balancear el efecto distorsionador de la proporcionalidad de diputados elegidos en distritos pequeños…   

R. Si lo que se busca es evitar la “dictadura parlamentaria”, funciona mejor la propuesta que uds. formulan de elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo.  De acuerdo con buscar mejor proporcionalidad, y también abrir espacio para liderazgos no territoriales, pero para eso podría funcionar la idea de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

P. ¿Y sobre la propuesta de eliminar el voto preferencial y establecer distritos electorales más pequeños (uni o binominales) para elegir diputados o la parte mayoritaria de la cámara única?

R. Varios puntos diferentes en esta propuesta. De acuerdo con eliminar el voto preferencial, siempre y cuando se asegure la democracia interna en los partidos, y se asegure la alternancia de género. Respecto al tamaño de las circunscripciones, en realidad en nuestro país sólo Lima tiene un tamaño “excesivo”; estaría por ello de acuerdo con “achicar” su tamaño, partiéndola en varios: podría ser Lima norte, sur, este y oeste, y además la de peruanos en el extranjero. Las demás circunscripciones departamentales tienen tamaño chico o mediano, en realidad. No estoy de acuerdo con llegar a circunscripciones uni o binominales, porque se distorsiona en exceso la proporcionalidad del voto nacional, y porque se acentúa en demasía la “provincianización” del Congreso, ya de por sí excesiva en la actualidad.

P. No entiendo bien el argumento de la “provincianización”: no hay contradicción, un buen líder o representante, entenderá los temas nacionales. Con la ventaja de que  el distrito pequeño uni o bi nominal permite una clara relación entre representados y representantes, dándole sentido, contenido real, a la democracia, al Congreso. Y con un distrito electoral pequeño habrá muchos menos candidatos y el elector podrá elegir mejor. De modo que los representantes tenderían a ser mejores. Y en cuanto a la distorsión de la proporcionalidad, esta se corregiría precisamente con un Senado o una parte del Congreso elegida en distrito nacional o macroregional…

R. Yo sí tengo el temor de que circunscripciones uni o binominales acentúen el provincianismo, de que terminemos eligiendo “caciques” provinciales, por así decirlo. No me parece que tengamos distritos muy grandes en Perú, salvo Lima, cuyo tamaño es claramente excesivo. Madre de dios tiene un congresista; Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, tienen dos; Ayacucho y Huánuco, tres; Callao, Ica, Lima provincias, Loreto y San Martín, cuatro; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, cinco; Arequipa, Cajamarca seis; La Libertad y Piura, siete. Viendo estos datos, no me preocupa tanto el tamaño, porque se trata de un número no tan grande, que permite cierta proporcionalidad. Lo que me preocupa más no es el número por región, sino la distribución demográfica de la misma, de modo que la representación se concentra en las ciudades o provincias más grandes en desmedro de otras: para solucionar ese problema aceptaría “achicar” algunas para dar cabida a otros, pero no me resulta claro que distritos más pequeños impliquen menos y mejores candidatos, o un mejor trabajo congresal.  

P. Bueno, si eliges entre un número mucho menor, puedes elegir mejor, y si tienen 4 o 5 o 6 representantes, ya no tienes ninguno… La siguiente propuesta es la de Transparencia: elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, o dos semanas después de ella, para favorecer que el gobierno tenga mayoría y acelerar el proceso de reducción de partidos que ya vendría impulsado por los distritos uni o binominales.

R. De acuerdo. Para mí, la principal fundamentación está en permitir que las preferencias de los ciudadanos se dé con la mayor información posible: después de conocer los resultados de la primera vuelta, los electores decidirán si concentran el voto en las fuerzas principales o no, pero es importante saber quiénes pasan a segunda vuelta. Y de acuerdo con que la votación se concentre en las fuerzas más importantes.

P. ¿Subir la valla a las alianzas? 

R. De acuerdo. Hasta el momento, la facilidad para integrar alianzas es el mecanismo que ha permitido la supervivencia de muchos partidos cascarón. En Transparencia propusimos una barrera general del 5% de votos válidos para contar con representación, y en el caso de alianzas 2.5% de votos válidos por cada partido adicional.

P. ¿Reducir significativamente el número de firmas para formar un partido pero obligarlo a participar con candidatos por lo menos en el 50% de las regiones, provincias y distritos?

R. De acuerdo, en tanto las firmas no son un mecanismo que permita identificar la representatividad de los partidos. Ella se define a través del desempeño electoral, así que estoy de acuerdo. En Transparencia hemos sugerido algo muy parecido.

P. ¿Aumentar los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Deben acreditar existencia y presentar candidatos por lo menos en tres regiones? 

R. De acuerdo con ser más exigentes con movimientos regionales, equiparables a las de los partidos nacionales: así deberían estar obligados a presentar candidatos a en las elecciones municipales provinciales y distritales; podría ser además estén obligados a presentar candidatos en más de una región; de otro lado, si no ganan representantes en consejos regionales o alcaldías provinciales, deberían perder el registro. Finalmente, deberían desaparecer las candidaturas de organizaciones políticas locales distritales. Cada vez pierden más terreno, y fomentan la fragmentación.

P. Aumentar el financiamiento público de los partidos y subir el tope de las aportaciones privadas (transparentadas)… 

R. De acuerdo, hacer efectivo el financiamiento público, pero con controles estrictos y sanciones drásticas al mal manejo del mismo. De otro lado, transparentar y hacer más realista la normatividad referida a los aportes privados. Urge hacer transparente los gastos en medios masivos de comunicación, los más costosos.

P. ¿Y respecto de la idea de permitir la candidatura al Congreso de los candidatos a la presidencia, a fin de que los líderes partidarios estén en el Congreso y este se convierta en un verdadero foro político? 

R. De acuerdo, pero debería ir junto con todas las medidas destinadas a reducir la fragmentación política. Atención que la eliminación de la postulación simultánea buscaba desincentivar que los aspirantes al Congreso lanzaran candidaturas presidenciales solo con fines propagandísticos.

P. Jorge Morelli ha propuesto elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en la mayor parte de democracias presidencialistas, a fin de contener los impulsos populistas. 

R. De acuerdo, el Perú aparece como una rareza de poder parlamentario, a pesar de que algunos señalaban, en especial durante los años noventa, que la Constitución de 1993 es “hiperpresidencialista”. Hoy, con mayoría congresal fujimorista, señalan que el presidente es muy débil. Sería prudente subir a los tres quintos los votos necesarios para la insistencia congresal en una ley observada por el ejecutivo, que igual nos pondría en una zona moderada en el contexto regional.

P. ¿Derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general pueden conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas?

R. De acuerdo, estos cambios fueron resultado de oportunismos de última hora del Congreso anterior, que buscaban preservar el statu quo o aprobar medidas efectistas. Entonces, los partidos que no participan en elecciones (no solo nacionales) deben desaparecer; se debe permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional en regiones y municipios; y el reparto de dádivas debe ser sancionado, pero con castigos proporcionales a las faltas, y en donde la pérdida de registro puede ser la pena máxima aplicada solo en casos extremos, y no durante un proceso en curso.

Lampadia

A pesar de los múltiples ejemplos de realidades exitosas y de sustanciosos análisis sobre el tema, se sigue hablando de la maldición de los recursos naturales y de la enfermedad holandesa para justificar las supuestas debilidades de nuestro “modelo primario exportador”, el cual nos llevaría eventualmente a una gran crisis. Sin embargo, esta vez el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe “Gobernanza con transparencia en tiempos de Abundancia”, producido por 19 especialistas (publicado en Lampadia), nos ilustra sobre los beneficios de las industrias extractivas llevadas con transparencia y una regulación eficaz, afirmando que “el debate de las políticas públicas en estos  países [de Sudamérica] debe ir más allá de esta simple dicotomía [la maldición de los recursos naturales] y tener en cuenta de qué maneras el sector extractivo interactúa con el resto de la economía, sobre todo en los niveles institucional y local.”

Esta dicotomía de la que se habla tanto está vinculada a las experiencias económicas, sociales e institucionales de cada país, y no puede ser generalizada. Entonces, ¿en qué sociedades los recursos naturales se convierten en una maldición y en cuáles en una bendición? En Lampadia hicimos un primer análisis de este tema en marzo del 2013, ver: Recursos naturales: Bendición, no maldición.

El trabajo del BID hace un exhaustivo análisis del tema, se afirma que: a lo largo de la historia, existe mucha literatura que indica que los recursos naturales son perjudiciales para el desarrollo, y que generaron políticas como la de sustitución de las importaciones. Sin embargo, con años de experiencia y estudios, se han impugnado estas conclusiones, ya que se ha encontrado evidencia que “los países ricos en recursos naturales tenían mejores indicadores de capital humano (…) y los pobres tienen más probabilidades de beneficiarse del crecimiento en las economías extractivas en desarrollo que en las economías no extractivas en desarrollo”.

Un ejemplo cercano de esto en nuestro propio país, es el de Moquegua, la región con mayor PBI per cápita del país (S/. 50,213). Su producción crecerá en 5% en 2015 y, según el gobernador regional, Jaime Rodríguez, en un año se constituiría en una economía de pleno empleo, gracias a la expansión de la actividad minera, en conjunto con la actividad agraria y pesquera. 

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana

Es claro que las grandes dotaciones de recursos generan altas tasas de crecimiento en las primeras etapas de la extracción y tasas más lentas cuando los depósitos de recursos maduran. Países muy exitosos como Australia, Noruega y Estados Unidos han logrado un gran desarrollo gracias a las actividades extractivas.

Lo que afecta las fluctuaciones macroeconómicas en los mercados emergentes son las políticas internas y el marco institucional que regula las inversiones y la producción minera. Existe una correlación positiva entre la recaudación de ingresos, las decisiones de los productores y el desempeño económico del sector extractivo.

Por ejemplo, en el caso del Perú, el BID cita la investigación Cooper y Morón (2012) sobre el sistema tributario peruano, la cual afirma que “una ley aprobada en septiembre de 2011 sustituyó el sistema basado en regalías a partir de las ventas brutas por un nuevo marco basado en tasas marginales aplicables al margen ope­rativo y que exige que las nuevas empresas que entran en el mercado paguen impues­tos. Esta reforma significó un cambio en la base imponible, desde el valor de mercado de la producción hasta los beneficios opera­tivos.”

Por lo tanto, según el BID, el debate sobre el modelo primario exportador y las políticas extractivas no de­bería fundarse en argumentos basados en teorías de la dependencia o en la maldición de los recursos naturales. Al contrario, debería avan­zar hacia una mejor comprensión de cómo el sector extractivo puede interactuar de la mejor manera con el resto de la economía. Este es el mismo enfoque que utilizo el IPE en su estudio “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú“.

Será necesaria una gobernanza efectiva para poder lidiar con problemas de diseño e implementación de políticas en los múltiples sectores relacionados como: agua y saneamiento, infraestructuras, medioambiente y protección social.

Durante los últimos veinte años, el Perú ha fortalecido su economía con el desarrollo de mercados abiertos y la prevalencia de sus instituciones democráticas. Estas políticas han permitido reducir la pobreza en más del 60%, desde 1990, multiplicar el PBI per cápita en 6.9 veces (US$ ppp), disminuir la desigualdad y la desnutrición crónica.

Ya se han perdido 67 mil millones de dólares de inversión minera por el aumento de los conflictos sociales (Ver: El costo económico de la no ejecución de proyectos mineros ) y se ha estancado el crecimiento de nuestro país. Es estúpido e inmoral no aprovechar el aporte potencial de nuestros recursos naturales para cerrar las brechas económicas y sociales acumuladas durante las décadas perdidas (60, 70, 80s), en educación, salud, infraestructuras, ciencia y tecnología y superación de la pobreza.

No sigamos creyendo en fantasmas inexistentes y actuemos de manera transparente,  responsable y racional para lograr el desarrollo del país mediante la explotación de nuestras grandes reservas productivas. Máxime ahora que estamos entrando en la tercera revolución industrial que, como afirma el historiador Yuval Harari (Ver Diálogo sobre la tecnología y el futuro), quienes pierdan el tren no tendrán una segunda oportunidad. Hoy en día, si un país, un grupo de personas, se queda descolgado, no tendrá una segunda oportunidad, no tendrán ninguna relevancia”. Lampadia

Sorprendente, o tal vez no, entrevista a Verónika Mendoza en la revista Somos de El Comercio el pasado sábado 18 de abril, 2015. La parlamentaria continúa con su discurso anti-minero y anti-inversión con la misma estrategia que tuvo en el pasado.

Recordemos que Mendoza fue acusada de azuzar a los pobladores de Espinar en contra de la minera Xstrata Tintaya en junio del 2012. La entonces legisladora, de forma malintencionada, omitió, tergiversó y manipuló información afirmando que la población corría peligro de muerte por la contaminación que generaría el proyecto minero de Antapacay. (Información omitida por Somos). Luego de ser descubierta, se vio obligada a renunciar a Gana Perú. Ver en L: Tierra y Libertad conspira en Espinar.

Ahora retoma su discurso anterior, afirmando que “la realidad de nuestro país demuestra que donde ha habido mayor explotación de recursos naturales no necesariamente hubo mayor desarrollo humano, e incluso viene de la mano de corrupción y clientelaje”. Nuevamente, falso.

De acuerdo a cifras publicadas por el IPE en el último Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2015, las regiones mineras son las más competitivas del país, afirmando que la actividad minera es un factor que contribuye poderosamente a mejorar la competitividad. Por eso, entre las seis regionescon mayor INCORE (excluyendo Lima), son importantes productores mineros o energéticos desde hace décadas: Moquegua, Arequipa, Tacna, Madre de Dios y Cusco.

Cabe señalar que, para lograr un alto puntaje en el INCORE, se cuantifican 6 pilares importantes: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Por lo tanto, existe una relación directa entre la minería y la competitividad de las regiones.

Otro indicador que contradice la publicación de Somos, sobre la base de las distorsiones de Mendoza, es el IDH (Índice de Desarrollo Humano del PNUD), que demuestra que los distritos mineros tienen mejores niveles de IDH, como lo ha demostrado varias veces la revista “Minas y Petróleo”. 

Además, critica que  “se ha profundizado la lógica de poner por delante el crecimiento y las inversiones como fin, en lugar de entenderlas como herramientas para el bienestar social”. Es cierto que el fin del desarrollo económico y social no es el crecimiento, pero es el medio para lograrlo. (Ver en Lampadia: El Índice de Progreso Social y el PBI per cápita). En nuestro caso, es justamente el sector minero el medio para lograr el desarrollo integral. Es el que ha permitido multiplicar el presupuesto público por 2.5 veces en la última década, y ha permitido el alto crecimiento del país, además de reducción de la pobreza, la desigualdad, la mortalidad y la desnutrición infantil. Ver en (L): 90-90-90.

El crecimiento del Perú ya se detuvo, una estimación optimista de crecimiento para este año, es de solo 3.8%, además, el ingreso de capitales privados se ha reducido a la mitad y sigue cayendo. Ver en (L): Hay que prender el motor de la inversión privada.

No sigamos haciéndole caso a discursos intransigentes e ideologizados como los de Verónika Mendoza (promovida por Somos), quien ya ha demostrado no tener seriedad, legitimidad, ni capacidad de dialogo. Tenemos que centrarnos en retomar la viabilización de proyectos para poder reactivar rápidamente la economía del país. Lampadia

“El Poder Judicial es responsable de la reelección de Gregorio Santos en Cajamarca. Si van a iniciarle un proceso a una autoridad y lo van a apresar, tienen que resolver el proceso antes de las elecciones, sino lo victimizan”.

Entrevista a Alfredo Torres. Director de Ipsos Perú

Por Ricardo Monzón Kcomt

(Perú 21, 07 de Octubre del 2014)

Luego de las elecciones regionales y municipales del domingo, los temas a analizar son, en Lima Metropolitana, la arremetida de Enrique Cornejo, y, en provincias, la reelección en Cajamarca de Gregorio Santos, la elección de Jaime Rodríguez (Moquegua) y la posible victoria de Waldo Ríos (Áncash). Para eso buscamos a Alfredo Torres, director de Ipsos Perú.

¿Qué opina de la nueva composición del Concejo Metropolitano de Lima?

El Apra, que será la máxima oposición, probablemente va a jugar con los dos cañones. El Apra es un partido que puede ser una muy fuerte oposición, pero también puede ser un aliado o una oposición amigable si le resulta conveniente. Teniendo tan cerca las elecciones presidenciales, quizás al comienzo el Apra juegue a ser una oposición amigable y, después, según como vayan las cosas, pase a ser una oposición más dura.

¿La gran perdedora fue Susana Villarán?

Indudablemente. Su objetivo era quedar segunda y con una votación más decente. Además, ha defraudado a un sector de la población que la veía con buenos ojos y que se sintió engañada cuando ella cambió de opinión y decidió ser candidata habiendo negado que iba a hacerlo. Creo que ese también es un mensaje importante para Nadine Heredia en el sentido que, si uno se compromete y da su palabra en un tema como este, que es tan claro, tiene que cumplirla.

La sorpresa fue Enrique Cornejo. ¿Si Cornejo empezaba antes su campaña, ganaba?

Definitivamente, no. Castañeda es un alcalde que terminó con el 80% de aprobación, tiene muchísimo que mostrar y tiene el fracaso de Villarán después de su gestión, o sea, lo lógico era que Castañeda ganara. Lo único distinto es que pudo haber ganado con 60% y ganó con 50%.

Los partidos tradicionales han ganado poco tras las elecciones. ¿Qué sucede?

En Lima hay buenos resultados para el PPC y para Somos Perú en algunos distritos, pero el drama mayor se ve a nivel nacional. El Apra, en una época, se vanagloriaba del sólido norte y ahora es territorio de Acuña.

¿De qué mensaje se ha valido César Acuña para lograr este cambio?

Creo que Acuña, sobre la base de su universidad, ha montado un aparato político con el financiamiento que le da la universidad y que, además, sabe llegar a los emprendedores exitosos del norte. En cambio, el Apra se ha quedado con una visión más tradicional; cuando había una cierta lucha de clases, décadas atrás, el Apra podía mediar. No han logrado actualizar su propuesta.

¿El partido de Acuña es uno de los más ganadores de las elecciones?

Así es. No solo está en el norte, está en Lima también y en otras provincias. César Acuña, con la expansión de sus universidades, ha llevado de la mano a su partido político. Donde está su universidad hay un local partidario.

En Cajamarca, ¿qué mensaje le deja la reelección de Gregorio Santos?

Esta es una llamada de atención a todos los poderes del Estado. En primer lugar, para el Poder Ejecutivo, que no supo recuperar la confianza de Cajamarca tras la batalla por Conga, nunca trabajó lo suficiente para recuperar al poblador. También me parece responsable el Poder Judicial, porque, si van a iniciarle un proceso y van a apresar a una autoridad, tiene que resolver el caso antes de las elecciones, para que esa persona no llegue como procesada a las elecciones y se victimice.

La población piensa que está preso por defender sus intereses…

Claro, por eso la mitad de la población de Cajamarca piensa que Santos es víctima de un complot y no una persona con serias acusaciones de corrupción. El Poder Judicial termina ayudándolo. Y el tercer responsable es el Congreso, que debería dictar normas para evitar que tantas personas involucradas en procesos por corrupción puedan postular.

¿Los proyectos mineros seguirán paralizados?

Sí, mientras el sentimiento de la población siga siendo que Gregorio Santos es su gran defensor, es muy difícil pensar que van a haber inversiones en la zona.

La situación de Áncash también se torna complicada. Waldo Ríos, quien recibió dinero de Montesinos, podría ganar.

El Estado no llega bien a Áncash en el sentido de brindar los servicios públicos que la población espera, pero tampoco llegan la sociedad civil, la prensa y las ONG. Entonces, nos enteramos de lo que ocurre en Áncash cuando ya asesinan gente, cuando ya estamos en la etapa más avanzada del cáncer. Hay una gran distancia entre algunas ciudades de la costa, que son mucho más pragmáticas y modernas, y otras ciudades del país donde la clase media es muy pequeña y se requiere de clase media para consolidar la democracia.

¿Cómo ve el caso de Moquegua? Ganó el candidato que dijo que robó ‘en carretilla’.

En el caso de Moquegua es una pena que hayamos visto que los dos primeros candidatos eran bastante cuestionados, sobre todo, porque el presidente regional saliente es uno de los presidentes que ha hecho una mejor gestión en este último periodo y uno hubiese deseado que pudiese continuar alguien como él en el cargo.

Tanto en la prensa peruana como chilena, la palabra empleada que más se ajusta a la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJLH), es la de salomónico. Este ha sido un fallo que le ha dado, en partes, la razón a ambas naciones. Por lo general, se suele decir, que un fallo que no deja contentos del todo a los contendientes suele ser el más justo y que se cumplirá con mayor eficacia.

Los peruanos no podemos sentirnos triunfadores, pero tampoco derrotados. Lo mismo sucede con Chile, aunque ellos pierden soberanía sobre 19,000 kilómetros cuadrados de mar. Eso sí, la Resolución de la CIJLH, les reconoce la línea paralela a lo largo de 80 millas (ver gráfico), lo que permitirá a los pescadores de Arica continuar sus faenas sin mayor alteración y frustra a los de Tacna y Moquegua en sus pretensiones previas al fallo. En suma, entonces, un fallo que hará posible su cumplimiento e implementación a la brevedad, y que a su vez, permitirá que ambos países pasen la página de la infausta guerra del Pacífico y basen su relación en el futuro y no en el pasado.

La tarea es evitar que el patrioterismo, tome la sentencia como un triunfo o una derrota. Esta es una victoria conjunta, en la que todos ganan, y en especial lo hace lo hace el futuro conjunto de los dos países. Superados los temas pendientes, solo nos queda diseñar y fortalecer la agenda de un futuro común para  la prosperidad de nuestros pueblos.

Lo que nos une es mucho más de lo que realmente nos separa. A lo largo de las últimas décadas, las dos naciones han venido consolidando y estrechando sus lazos económicos de forma sostenida, lo que ha permitido el crecimiento, la mejora de servicios y la integración de los pueblos hasta convertirlos en un bloque económico bastante sólido. Que Perú y Chile sean socios en la Alianza del Pacífico es una muestra de que miran el futuro en la misma dirección. Esa es la senda por lo que debe avanzar la relación, dejando atrás los enconos del pasado. Si Alemania y Francia, los dos enemigos jurados del siglo XIX y XX, han podido unirse para constituir la Unión Europea, Perú y Chile, con mayor razón podrán hacer posible ese sueño.

Unidos lo podemos todo

Mención aparte, merece el trabajo de nuestra Delegación ante La Haya. Brillante, según la propia prensa chilena.

En sus primeras declaraciones, tras el fallo, nuestro agente ante La Haya, Allan Wagner, señaló. “Me siento orgulloso y honrado”. Es así, como nos sentimos los peruanos. Orgullosos y honrados de tener una representación que tan profesionalmente llevó a cabo este encargo. Orgullosos y honrados, de que tres gobiernos democráticos (Toledo, García y Humala), con sus diferencias, tonos y estilos, hayan considerado que este era un objetivo nacional al que había que apartarlo de la política. Se confió en un mismo equipo y una misma estrategia, que hoy vemos, dio resultados.

Los políticos, esta vez, estuvieron a la altura de las circunstancias y más. No cayeron en las provocaciones ni en la tentación de politizar un tema tan delicado. Por el contrario, mantuvieron por separado las relaciones con el gobierno chileno en los planos económicos, comerciales y de integración, pero fueron firmes en las exigencias ante la CIJLH. Hay que decirlo, también, evitaron el patrioterismo fácil y trataron de serenar a la población.

Este es pues, un mérito de nuestra clase política, a la que criticamos por tantas cosas, pero que por lo menos en dos aspectos ha sabido ponerse de acuerdo en aras de los grandes intereses nacionales. El manejo técnico de la economía y, éste, la delimitación marítima con Chile.

Sin duda, hoy es un día para sentirnos orgullosos,  crecer sobre nuestras debilidades y proyectarnos al futuro con grandeza. Lampadia