En política no hay casualidades

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Como es costumbre en el Perú, siempre que acabamos unas elecciones, hacemos un análisis “post mortem”. En esta oportunidad, luego del “pitufeo” electoral, con los resultados ya conocidos, dando a Pedro Castillo, representante de un partido de izquierda radical, la primera minoría y a Keiko Fujimori, representante de una línea pro mercado, el segundo lugar, empezamos las indagaciones del ¿Qué pasó?

Ciertamente, cuando uno mira la historia económica del Perú de las últimas tres décadas, encontramos que sólo después de la victoria militar sobre las fuerzas terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA y de poner en vigor la Constitución de 1993, el Perú se convirtió en un fenómeno exitoso en lo económico, reconocido a nivel mundial, que atrajo inversiones, redujo la pobreza, minimizó déficits fiscales, expandió sus mercados de exportación y volúmenes exportados, apoyado por los TLC con las principales economías del mundo.

Como ya ha sido explicado muchas veces, la recaudación fiscal creció de manera muy importante y siguiendo los mandatos de la regionalización, se transfirió recursos a estas regiones y municipalidades como nunca antes en la historia, montos que, de haber sido bien administrados, nos hubieran permitido cerrar todas las brechas de salud, educación, agua, alcantarillado y gozar de la seguridad debida.

Con todos los defectos que podemos reconocer del régimen de Alberto Fujimori, la izquierda no le perdonará jamás que les haya destruido su proyecto de vida, a quienes estaban encaramados en el aparato del Estado, forjado desde la existencia de SINAMOS del gobierno militar, cuna de esta burocracia de aires académicos y juego progresista. Fujimori les quitó a estos “intelectuales”, las prebendas alcanzadas en la élite de gobierno.  

Por su lado, la izquierda radical, tal como lo anunció Abimael Guzmán el día de su captura, al considerar, “que este era sólo un recodo en el camino”, entendió y asumió que no podían hacer nada más por la vía militar, por lo que decidió, que su revancha y toma del poder, se debía conducir en el plano social y se organizaron para ese propósito.

En esa línea y sabiendo que su proyecto no tiene plazos perentorios, actuaron en dos planos; el primero, la conquista de las mentes y corazones de la niñez y juventud. Para esto, se trazaron capturar la educación, primero a través, del SUTEP de Patria Roja, para luego, con el SUTE-CONARE, tratar de arrebatar el control y liderazgo de un sindicato militante, con más de 450,000 maestros afiliados, con el objetivo de adoctrinar a los niños de todo el país, especialmente de las áreas rurales, en el marxismo, leninismo, mariateguismo, hasta alcanzar una masa crítica de ciudadanos jóvenes, que les permita controlar diferentes “organizaciones de base”. Igualmente, en la educación universitaria, infiltrándose en la educación pública y en algunas universidades privadas, para desde esa plataforma, penetrar el aparato del gobierno central, regional y el sistema judicial, controlándolo (según Gral. Miyashiro tenemos cerca de 800 jueces de izquierda radical infiltrados, así como muchísimos fiscales).

Entretanto, hemos permitido destruir gradualmente, las bases de la institucionalidad política peruana. Hemos abierto la cancha para que no sean partidos nacionales, sino agrupaciones regionales y locales, quienes puedan competir y acceder a cargos públicos de elección. Lo dicho no tendría mayor repercusión, si no se tratara de “cacicazgos locales”, mayoritariamente financiados por actividades ilegales (narcotráfico, tala y minería ilegal, etc.), con gran actividad delictiva. Hemos permitido que, so pretexto de la descentralización y regionalización, esas autoridades y reparticiones públicas, escapen del control político del Congreso, Gobierno Central y Contraloría General de la República, lo que generó un altísimo y descontrolado nivel de corrupción. El sistema judicial, jueces y fiscales, también se ha debilitado, permitiendo el acceso y ascenso de personal no idóneo para estos fines.

La izquierda radical, aprovechando la pésima regionalización de Toledo y el trabajo de adoctrinamiento antes mencionado, llegó a los gobiernos regionales y municipales, vía elecciones, concentrando sus esfuerzos por controlar las regiones mineras, aquellas que usufructúan de mayores recursos provenientes del canon y regalías mineras. Desde aquí y sin perder el objetivo de alcanzar el poder, trabajaron en exacerbar las contradicciones. Es así cómo, los departamentos con mayor inversión minera y modernidad empresarial, que como consecuencia recibían mayores recursos, siendo gobernados por autoridades de izquierda, no ejecutaron sus presupuestos (se ha dejado de ejecutar 1/3 de sus presupuestos, esto es 1,800 millones de soles en promedio anual), no han priorizado las obras para solucionar las necesidades básicas de salud, educación, nutrición, agua, desagüe y además, son los departamentos con mayor número de proyectos paralizados. En política no hay casualidades y, aseguro, que han provocado, en salud, las brechas evidenciadas durante la pandemia. Pero como dato curioso, muchas de estas autoridades, que fueron debidamente elegidas, incluso reelectas, terminaron en cárcel por corrupción, pero jamás se oyó contra ellos una protesta de la población, por el incumplimiento de su rol.

Ahora, pasados los años, esta misma izquierda radical, específicamente el gobierno regional de Cerrón, que permitió, siendo médico, 64% de desnutrición infantil en Pasco, paralizó 36 proyectos, entre las que se cuentan; la construcción de cuatro hospitales y un colegio, no mejoró las facilidades y condiciones sanitarias de los colegios existentes, “denuncia” las grandes diferencias sociales entre Lima y las regiones, reclama que “el modelo económico” no funciona, por lo que debe ser cambiado, empezando por la Constitución, para, según su ideario y plan de gobierno, contar con;

1. un Estado interventor, planificador y empresario.
2. Estado redistribuidor de riqueza.
3. Estado nacionalizador.
4. “Estado que guíe su economía por la demanda interna”.

De la mano de una serie de contradicciones, falacias y mensajes de cliché, como que “no está en contra de la empresa privada”, pero dicen, que “la izquierda no renuncia a la riqueza, que ésta debe ser social, no individual ni grupal”. ¿Quién invierte, si no va a lograr un retorno adecuado? Reniegan del crecimiento económico de las últimas décadas, aquel que permitió reducir los niveles de pobreza a casi un tercio de lo que teníamos en el 2000.

En fin, quienes no han sido capaces de conducir siquiera un gobierno regional o no han querido hacerlo, ¿hoy pretenden gobernar un Estado empresario? Hablan de los contratos-ley sin saber qué significan, ni cuantas veces estos han sido violados por parte del Estado, hablan de tributación minera y mienten abiertamente o no saben que el Estado es socio al cerca de 50% de la renta y nos comparan con Ecuador y Bolivia, sin comprender que, durante la última década, en Bolivia se invirtió en minería e hidrocarburos, menos del 10% de lo invertido en nuestro país y que, Ecuador, no es un país minero.

Tal como hemos mencionado, hoy pasados los años, culpan a la Constitución del 93, que hizo funcionar la economía del país, a pesar de las múltiples formas en que la izquierda dificultó su marcha y no hacen ninguna autocrítica.

En pleno siglo XXI, después de tres décadas de la caída del Muro de Berlín, nos dicen que son Marxistas, Leninistas, Mariateguistas, que tienen como metas esenciales; disolver el TC, cambiar la Constitución, estatizar empresas, eliminar la libertad de expresión, expropiar a su antojo y que, si el Congreso lo impide, lo disuelven. Advierten, que no desean ganar el gobierno, como en Ecuador, Argentina, Bolivia o Brasil, sino que quieren “tomar el poder” y que este se toma para siempre, como en Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

Dicho esto, hay algún despistado o mal intencionado, que nos quiere hacer creer que ésta es una opción democrática al estilo Mujica o Bachelet… ¿Nos han visto la cara? Lampadia