A poco más de un mes del referéndum que decidirá la creación de una nueva constitución en Chile (ver Lampadia: ¿Una nueva constitución en Chile?), The Economist brinda interesantes reflexiones sobre la pertinencia de esta decisión, a la luz de los logros del tan criticado modelo chileno y las demandas de las protestas que han vuelto a sacudir a nuestro vecino del sur en los últimos días.

Cabe resaltar de este análisis, la referencia que hace el popular medio británico respecto a cómo históricamente las izquierdas en América Latina han aprovechado este tipo de descontentos, cuyos orígenes están lejos del denostado “neoliberalismo”, para arremeter con nuevas cartas magnas e instaurar modelos fallidos con políticas trasnochadas en sus países.

Venezuela es el caso más emblemático al respecto, puesto que pasó de ser uno de los países más ricos de la región a finales de los años 90, a exhibir los peores índices de desarrollo humano a nivel mundial en gran parte por la constitución juramentada por Hugo Chávez, la cual ha posibilitado todas las nefastas políticas del actual régimen en las últimas dos décadas.

Como también enfatiza The Economist, si Chile toma este camino no solo se jugará este riesgo, sino también la posibilidad de contar con un equipo incompetente y sin la pericia suficiente para el diseño de una constitución que pueda ser si quiera viable en términos económicos y que sobretodo tome en cuenta los incentivos de los chilenos en temas tan importantes como el mercado laboral, las pensiones y el sistema de salud pública.

Como hemos comentado anteriormente y rescatando este análisis, la solución de Chile no pasa por cambiar su constitución, puesto que gran parte de las demandas de su gente está concentrada en la mala provisión de los servicios públicos y no en los marcos institucionales que rigen su economía de mercado. Estos últimos, por más que lo nieguen las izquierdas más recalcitrantes, han permitido todo el desarrollo de Chile experimentado en los últimos 30 años, cimentándolo como el país con mejores indicares económicos y sociales de la región, y con una clase media que abarca a por lo menos el 65% de la población, según recientes estimaciones del think tank chile Libertad y Desarrollo.

En tal sentido, se deben fortalecer las labores que competen al Estado y que en la actual constitución ya están claramente delimitadas como el brindar seguridad y salud pública de calidad.

Dicho esto, esperamos que estas reflexiones puedan calar en el electorado que irá al referéndum a llevarse a cabo el próximo 26 de abril y sopesen una vez más la idea de crear una nueva constitución. Podrían estar más cerca del socialismo de siglo XXI de lo que Chile nunca estuvo alguna vez. Lampadia

Una estrella empañada
Cómo reformar Chile

Una nueva constitución ofrece al país un camino para salir de la ira y el desorden

The Economist
14 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Durante gran parte de los últimos 30 años, Chile se ha destacado del resto de América Latina como un país que parecía estar haciendo la mayoría de las cosas bien. Combinaba una economía de mercado abierta con el estado de derecho, instituciones estables y una creciente provisión social. Las tasas de pobreza cayeron abruptamente y la mayoría de los chilenos se convirtieron en clase media por medidas oficiales. Por lo tanto, las protestas grandes, sostenidas y a veces violentas que han sacudido al país desde el pasado octubre han sido impactantes. Han cuestionado el éxito del “modelo chileno” y su futuro.

Lo que sucede ahora en Chile importa más allá de sus fronteras. Sus protestas, que se han reanudado este mes, son solo una manifestación del descontento que arrasa América Latina. Varios otros países también han visto protestas, aunque estas se han centrado principalmente más estrechamente. La elección de populistas contrastantes en Brasil y México en 2018 fue otra señal de ira. Así fueron las victorias de la oposición en las recientes elecciones presidenciales en toda la región.

No es difícil adivinar las causas de este descontento. América Latina ha experimentado un crecimiento económico escaso o nulo desde 2013. Sus nuevas clases medias temen tener menos oportunidades. La corrupción ha desacreditado a la clase política. Y existe una sensación generalizada de que la democracia no ha traído el mismo trato y el mismo acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos.

Varios de estos factores se aplican en Chile. La derecha identifica el problema como un crecimiento lento combinado con una clase media más exigente. Para la izquierda, las protestas son una rebelión contra la desigualdad y el “modelo neoliberal” impuesto por la dictadura del general Augusto Pinochet.

A primera vista, la queja de la izquierda es descabellada. Desde 1990, los gobiernos democráticos han hecho muchas reformas. Sin embargo, las principales quejas realmente se refieren a los legados de la dictadura: un sistema de pensiones privado que no ofrece seguridad en la vejez, un sistema de salud segregado y una sensación de impunidad para los ricos. Además, la violencia y el vandalismo han puesto en tela de juicio la capacidad del estado para mantener el orden público. La policía, una vez respetada y dejada para correr, se ha mostrado en los últimos años corrupta, brutal e incompetente. Necesitan ser completamente reformados.

En un esfuerzo por aplacar la ira popular, Sebastián Piñera, el presidente en conflicto, llegó a un acuerdo para celebrar un plebiscito el 26 de abril sobre si se debe organizar una asamblea para redactar una nueva constitución. Piñera, un ex empresario multimillonario, ha cambiado entre sonar duro y reconocer que Chile necesita grandes cambios. Como si estuviera regateando un acuerdo comercial, ofreció concesiones al margen en pensiones, subsidios de salud, etc. Se necesita un enfoque más audaz. Muchos chilenos quieren la promesa de un sistema de pensiones con una red de seguridad más fuerte y un sistema universal de salud pública. Eso significa permitir un seguro privado pero abolir los organismos de salud conocidos como Isapres, una invención de Pinochet, que drenan las contribuciones a un sistema privado de alto precio. También significa un compromiso para aumentar los impuestos, que son solo el 20% del PBI. Se deben pagar mejores servicios públicos.

¿Es esencial una nueva constitución para lograr estos cambios? Ha sido un mecanismo de la extrema izquierda en varios países latinoamericanos para tomar el control e imponer un modelo socialista (fallido). Pero a este respecto, Chile es diferente. Aunque muy enmendado, su constitución se califica de ilegítima por su origen bajo Pinochet. Las encuestas han demostrado durante mucho tiempo que dos tercios de los votantes están a favor de una nueva carta. La constitución existente es muy difícil de reformar. Las cuestiones de desacuerdo de rutina, como la atención médica y la educación, requieren una gran mayoría para cambiar.

Eso no es negar los riesgos. El 26 de abril, los chilenos votarán no solo sobre la creación de la convención constitucional, sino también sobre si esta debería ser totalmente elegida o compuesta en parte por legisladores existentes. El nuevo cuerpo puede sufrir de inexperiencia. Muchas constituciones latinoamericanas recientes han sido prolíficas y utópicas, repletas de “derechos” inasequibles y promesas de gastos. Pero Chile tiene salvaguardas. A menos que el nuevo documento sea aprobado por un voto de dos tercios de la asamblea y luego en un referéndum, la constitución existente permanecerá.

Sobre todo, la convención ofrece a Chile un camino para salir de su laberinto. La nueva constitución debería incorporar un nuevo contrato social. Debería eliminar los obstáculos para reformar la policía, brindar atención médica universal y regular las universidades privadas. Una población más sana y mejor educada sería más productiva. Una red de seguridad más fuerte alentaría a los trabajadores a ser más flexibles. Una nueva ley básica podría darle a Chile un nuevo comienzo, y a América Latina un nuevo modelo del cual aprender. Lampadia

Chile sigue siendo un modelo para otros países de la región.

The Economist, 2 de noviembre de 2019
Traducido y comentado por Lampadia

Para los defensores de los mercados libres en América Latina, octubre fue un mes sombrío. En Chile, la economía favorita de los vendedores libres en la región, las protestas contra el aumento de las tarifas en el metro de Santiago se convirtieron en disturbios y luego se convirtieron en una marcha de 1.2 millones de personas contra la desigualdad y los servicios públicos inadecuados. Sebastián Piñera, el presidente de centroderecha, despidió a algunos funcionarios y prometió reformas. En Argentina, los votantes expulsaron al presidente proempresarial, Mauricio Macri, después de un mandato. En cambio, eligieron a Alberto Fernández, cuyo movimiento peronista prefiere un estado musculoso a mercados vigorosos.

Ambos países se están levantando contra gobiernos “neoliberales”, afirmaron políticos y expertos. Nicolás Maduro, el dictador socialista de Venezuela, tuiteó elogios para el pueblo “heroico” de Argentina y para los “nobles” de Chile. En esto, habla por gran parte de la izquierda.

Su alegría está fuera de lugar, porque las suposiciones detrás de esto están equivocadas. A pesar de sus defectos, Chile es una historia de éxito. Su ingreso por persona es el segundo más alto en América Latina y cercano al de Portugal y Grecia. Desde el final de una dictadura brutal en 1990, la tasa de pobreza de Chile ha caído del 40% a menos del 10%. La inflación es constantemente baja y las finanzas públicas están bien administradas.

Argentina es un fracaso, pero no por las razones que imagina Maduro. Su economía está en recesión, la inflación supera el 50% y la tasa de pobreza supera el 35%. Esto no fue causado por el “neoliberalismo” de Macri. Heredando un desastre económico en 2015, cometió errores de táctica y sincronización, entre ellos la duda en reducir el déficit fiscal. Pero los problemas subyacentes provienen de décadas de mala gestión, en gran parte por parte de los gobiernos peronistas, que han llevado a incumplimientos reiterados, crisis monetarias y alta inflación. Casi el doble de rico que Chile en la década de 1970, Argentina ahora es más pobre. Se beneficiaría de ser más como su vecino liberal.

Este no es un argumento para la complacencia en Chile. El modelo chileno, elaborado en la década de 1970 por economistas formados en la Universidad de Chicago, exigía un estado pequeño y un papel importante para los ciudadanos en la provisión de su propia educación y bienestar. Ha evolucionado: hay, por ejemplo, más dinero para los alumnos pobres; pero los chilenos todavía se sienten desatendidos por el estado. Ahorran para sus propias pensiones, pero muchos no han contribuido lo suficiente como para permitir una jubilación tolerable. Los tiempos de espera en el servicio de salud pública son largos. Entonces la gente paga más por la atención. El acceso a la universidad se ha expandido, pero los estudiantes se gradúan con deudas altas, solo para descubrir que los mejores trabajos son para personas con conexiones familiares.

Chile carga poco a los ricos. Los oligopolios se han coludido para fijar los precios en las industrias, desde las drogas hasta las aves de corral. La desigualdad de ingresos es más baja que el promedio regional, pero es alta para los estándares de los países ricos. Más de una cuarta parte de los trabajadores están en trabajos informales. Incluso los chilenos de clase media viven en viviendas estrechas. Detrás de la rebelión de la subida de las tarifas yace una sensación generalizada de injusticia.

Con finanzas públicas saludables, Chile puede afrontar estos agravios. Piñera planea gastar más en pensiones. Busca acelerar el paso de un esquema para cubrir enfermedades catastróficas. Creará un nuevo tramo superior del impuesto sobre la renta del 40%, cinco puntos más que la tasa actual. La reforma debe ir más allá. Los destructores de confianza deben tomar medidas enérgicas contra los oligopolios. Los chilenos necesitan atención médica más barata y rápida y mejores escuelas. El sistema tributario depende del IVA para casi la mitad de los ingresos, y el IVA, aunque eficiente, es regresivo, por lo que el estado debería tomar menos o redistribuir más.

Fernández, ante una crisis económica en Argentina, tiene una tarea más difícil. Tendrá que renegociar la deuda (una vez más), mantener una política fiscal estricta y restablecer la confianza en el peso. No puede aliviar el dolor aumentando el gasto público. Ya es más del 40% del PBI, en comparación con el 25% en Chile. A la larga, Argentina necesitará un estado más pequeño y un sector privado más competitivo. Mientras que Piñera arregla el modelo chileno, Fernández haría bien en emularlo. Lampadia