Jaime de Althaus
Para Lampadia
2 de enero del 2022

Esta tercera crisis de gabinete en apenas seis meses es de entera responsabilidad del presidente Pedro Castillo. Mirtha Vásquez renunció porque el presidente defendió hasta el final al ex comandante general de la Policía, Javier Gallardo, que había favorecido la expansión de un mercado interno de compraventa de ascensos y cambios, dejando desguarnecida la ciudad de Lima, y había sido designado en ese puesto por el propio Castillo para anular las unidades policiales que investigaban a dirigentes de Perú Libre tanto por el caso de Los Dinámicos del Centro como por sus vinculaciones con el VRAEM y el terrorismo[1]. Y que investigaban todos los demás casos vinculados a Palacio recientemente denunciados, incluyendo las relaciones de allegados de Castillo con el tráfico de amapola en Chota.

Es decir, Castillo se puso del lado del mal. Y, lamentablemente, se mantiene en ese mismo lado con la designación de Alfonso Chávarry como ministro del Interior, un ex policía cajamarquino que ingresa seguramente a continuar la labor de Gallardo. Lo dijo recientemente el propio Guillén en entrevista con IDL Radio: “No es posible que un presidente que llegó al poder enarbolando las banderas de la lucha frontal contra la corrupción termine siendo cercado y encapsulado por redes de corrupción, eso es absolutamente inaceptable”. Explicó, por ejemplo, que la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) había sido “intencionalmente debilitada tanto presupuestalmente y con el traslado torpe de decenas de oficiales”. “La finalidad era hacerla ineficaz”. Algo realmente muy grave, que sin duda tipifica como incapacidad moral. Informes del Diario El Comercio y Perú 21 habían dado cuenta del desmantelamiento de la Diviac y de la oposición de Guillén a diversos pases al retiro y nombramientos. 

Castillo hunde su propio gobierno, y hunde al país. Y lo hace con actos que revelan, repetimos, incapacidad moral. Más allá de las frecuentes denuncias de corrupción, la mala gestión y los pésimos nombramientos en general, que se habían casi normalizado, no había una crisis política particularmente grave que justificara la caída del gabinete Vásquez. Pese a las embestidas del Vladimir Cerrón desde su designación, y al tremendo error de firmar un acuerdo para el cierre de cuatro minas, luego de ello Mirtha Vásquez había logrado consolidarse relativamente en el premierato después de que se levantara el bloqueo en el corredor minero desde fines del año pasado, sin que las comunidades exigieran más que lo que la mina ofreció (aunque nuevamente la carretera a ha sido bloqueada por 4 comunidades rebeldes). Y, siendo ambientalista, la crisis de Repsol la había empoderado. Políticamente no estaba debilitada.

No solo eso. Un conjunto de condiciones favorecía la estabilidad del gobierno pese a su muy deficiente gestión y a los continuos escándalos. En primer término, la baja del precio del dólar y de los alimentos, aliviando las economías populares. Por supuesto, el elevadísimo precio de los minerales, que llena las arcas de un gobierno ineficiente y ayuda a mover la economía. También la transformación benigna de la pandemia, que ayudará a recuperar el turismo y los restaurantes. Luego, la desaparición del riesgo de cambio de modelo económico como consecuencia de la aprobación de la ley sobre el referéndum que puso un candado definitivo a la posibilidad de la asamblea constituyente, lo que ayudaba a disminuir la incertidumbre. Junto a eso, la electoralización de la política con varios líderes y ex candidatos presidenciales postulando a la municipalidad de Lima, dejando en un segundo plano el escenario nacional, y una cierta apatía del Congreso en sus tareas de control político y fiscalización, perdonando a ministros como el del Transportes y otros.

Todas condiciones que favorecían, repetimos, la estabilidad de un gobierno muy malo. Tan malo, que, felizmente, se hace el hara kiri en manos del propio presidente, por incapacidad moral. Lampadia

[1] Ver informes de El Comercio y Perú 21, y el informe https://www.idl-reporteros.pe/el-sombrero-y-el-avestruz/

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

A estas alturas va quedando en evidencia que la acción de las instituciones estatales que supuestamente son contrapesos al poder del gobierno, son absolutamente insuficiente para controlar a un Ejecutivo que actúa con criterios senderistas, es decir, con absoluto desprecio por la opinión pública, manipulando inescrupulosamente a otros poderes del Estado cuando pueden hacerlo y sustentándose solamente en el poder que detentan.

Un caso evidente es el de la Fiscalía de Nación, controlada desde principios de 2019 por la coalición vizcarrista y que, guiada por ONG y estudios de abogados caviares, ha actuado con celo persecutorio contra los adversarios políticos de ese consorcio y con suavidad y condescendencia con sus aliados.

Así, Zoraida Ávalos con total desvergüenza decide postergar hasta el 2026 las investigaciones a Pedro Castillo, y la fiscalía visita –no allana- la guarida de Sarratea 44 días después de conocido el reportaje que revelaba las clandestinas reuniones que tenían lugar allí.

Al secretario de Castillo, Bruno Pacheco, le devolvieron los US$ 20,000 que le encontraron en el baño de Palacio de Gobierno y sigue libre a pesar que todas las explicaciones que ha dado sobre ese dinero son inverosímiles.

Pero, desgraciadamente, no solo se trata de la fiscalía. El Congreso tampoco está a la altura de lo que se requiere en circunstancias tan graves como las que vive el país.

La premier Mirtha Vásquez ha protegido y respaldado públicamente a los vándalos que destruyeron instalaciones mineras y que bloquearon caminos obligando a paralizar a dos de las minas más grandes del mundo, y no ha sucedido absolutamente nada. Todo eso con la también activa participación del ministro de Energía y Minas. En cualquier otro gobierno habría sido obligada a renunciar o censurada inmediatamente por ese comportamiento. Aquí, ni siquiera la han llamado a dar explicaciones.

O por las sucesivas mentiras que, con toda desfachatez, ha vertido sobre las visitas a la casa de Breña. Eso hubiera originado un terremoto político en un ambiente donde existiera un mínimo de respeto por la democracia.

Pero eso no sucede ahora y si la obligan a abandonar el cargo será probablemente por las feroces disputas internas por los puestos en la gavilla que se ha apoderado del Estado y no por sus transgresiones.

El ministro del Interior nombra como prefectos a notorios miembros del Fenate, uno de los organismos generados por Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán) que ahora se dedicarán a hacer agitación pagados por el Estado y con la autoridad que le proporciona el ministerio que antes los investigaba. Y no pasa nada.

Ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a hacer esto. Pero el de Castillo lo hace sin inmutarse. Y todos los días van aprendiendo más. Saben que pueden manipular a la Policía Nacional y que no sucede nada. Se dan cuenta que pueden cambiar a la cúpula militar que resistió sus presiones ilegales, pagando un precio ínfimo por ello, la salida de un impresentable del Ministerio de Defensa que es reemplazado por otro similar.

En suma, es el estilo autoritario, senderista, de gobernar, atropellando la ya débil institucionalidad siempre que pueden, con un desprecio absoluto por la opinión pública y avanzando en pos de sus objetivos políticos. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Después de 25 años, el Perú se retira del grupo de países que basan buena parte de su éxito, en el desarrollo de la minería moderna y formal. Le estamos diciendo adiós a Australia, Canadá, y Chile.

De la mano del gobierno marxista de Castillo y Perú Libre, estamos renunciando a la riqueza que nos ofrece la minería, al regalo más grande de nuestra Pachamama. (Ver el Lampadia: La Pachamama nos regaló la minería).

Con los eventos antimineros apoyados y hasta propiciados por el gobierno en el sur de Ayacucho, en Antamina, la renuncia a Tía María, la parálisis de las exploraciones mineras, y especialmente, los desatinos en el corredor minero y la operación de Las Bambas, el Perú ha salido definitivamente, hasta que se produzca un cambio cualitativo en el gobierno del país, del grupo de países que aspiran a la modernidad y el bienestar general de sus poblaciones, aprovechando los recursos que se pueden transformar en riqueza.

Como vamos, ya no habrá nuevas inversiones de nivel mundial, solo tendremos ampliaciones de las operaciones existentes, o inversiones de carácter especulativo o ligadas a la corrupción.

¿Puede seguir habiendo minería en ese ambiente?, claramente sí, pero no a nivel mundial, ahora tendremos minería de segundo nivel, como la que se lleva adelante en algunos países africanos, que sobreviven en medio de guerras, dictaduras extractivistas o sistemas de corrupción abierta.

A diferencia de la minería del Congo, en Australia, Canadá, Chile y Perú (desde mediados de los años 90), se desarrolló una minería con las mejores tecnologías del planeta, con un gran cuidado ambiental y con muy buenas prácticas sociales. Cualquier análisis objetivo de la minería moderna en el Perú lo confirma. El impacto de la minería se manifestó ampliamente en la reducción de la pobreza, la desigualdad, la mejora de las infraestructuras y el desarrollo de múltiples actividades económicas complementarias, además del incremento sustancial de recursos fiscales para el gobierno central y las regiones; desperdiciado en gran medida, por la mala gestión y la corrupción.

La destrucción de la minería en el Perú se inició con el gobierno de Humala, y solo se ha agravado con los de PPK, Vizcarra y Sagasti; para ahora caer en manos de marxistas anti inversión.

A diferencia del verbo pos-extractivista, la minería moderna no contamina, no consume toda el agua, se potencia con la agricultura, paga buenos sueldos, genera otras actividades económicas, paga todos sus impuestos hasta el 47% de la renta, genera múltiples beneficios para las zonas mineras y es la mayor aportante de recursos fiscales que debieran usarse bien en educación, salud, infraestructuras y tecnología, y no desperdiciarse en ineficiencias y corrupción.

Curiosamente, los antimineros y el gobierno apoyan y protegen la minería ilegal que, depreda la naturaleza, genera prostitución infantil y trata de personas, además de lavar dinero y sembrar corrupción a su paso.

¿Entonces de qué se trata?

Como he dicho antes, ‘Indigna la falta de indignación’ (Lampadia). Y ya vemos como las empresas mineras, en vez de dar la batalla, aceptan la falta de apoyo del gobierno, la complicidad del mismo con los delincuentes anti mineros, a los que protegen, y así se dirigen a operar sin las mínimas garantías para el desarrollo efectivo de sus operaciones. Ya veo que habrá empresas que se resignarán a operar menos de 300 días al año, además de sobrecostos abusivos.

Y el país parece no darse cuenta de lo que estamos perdiendo, la única posibilidad de crear riqueza aceleradamente, en los 20 años que nos quedan para hacerlo. Ver en Lampadia: Para superar la pobreza Lo que necesitamos es más Minería.

Todavía podemos reaccionar y forzar un cambio de las desastrosas políticas del gobierno. Para ello tenemos que comunicar y explicar a los peruanos, nuestro potencial de un país verdaderamente próspero, el daño que el gobierno viene haciendo a todos, sobre todo a los jóvenes, que cuando se percaten del desenfoque de gobierno, solo les quedará volver a pensar en migrar a economías de mercado donde puedan tener vidas plenas. 

¡Comunicar, Comunicar y Comunicar!
Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Con diversas maniobras políticas, el gobierno ya paró la inversión minera. Estamos en medio de un ‘putsch’ antiminero inspirado en el pos-extractivismo que profesan todas, ‘todas’, las izquierdas desde agosto del 2012.

• Se han detenido las exploraciones mineras en todo el país, la base del crecimiento futuro.

• Se han puesto contra la pared a las minas del sur de Ayacucho.

• Se ha abierto una brecha de conflicto con Antamina, hasta hace poco un caso de inversión emblemático.

• Se ha paralizado el proyecto de Tía María en Arequipa.

• Se han permitido disturbios paralizantes contra Mina Justa en Ica.

• Se ha llevado hasta el nivel de crisis la operación de Cerro Lindo en Ica.

• Se ha paralizado completamente la operación de Las Bambas en Apurímac, la mayor inversión pública y privada en la historia del Perú.

Personalmente me indigna la falta de indignación. Me rebela que nuestra clase dirigente no tenga sangre en las venas y no se vuelque a comunicar a los peruanos que tienen menos información, el impacto empobrecedor de este ataque a la minería y por ende a toda la economía del país; así como a exigir al gobierno una rectificación palmaria de semejante acto de traición a la construcción de nuestro futuro.

En cualquier otro país del mundo, si un gobierno que representa a una minoría política, como Perú Libre, paraliza la actividad económica más importante del país, se produciría una convulsión general. 

• Los medios de comunicación denunciarían con mucha fuerza la afrenta contra el futuro del país. 

• Los empresarios mineros y sus gremios denunciarían el sabotaje a la prosperidad de la nación y se movilizarían junto con sus trabajadores.

• Los académicos más serios saldrían a los medios a alertar a la opinión pública sobre la necesidad de corregir la situación de parálisis del motor más grande de la economía peruana.

• Los representantes de las miles de empresas vinculadas económicamente a la minería, pondrían el grito en el cielo y explicarían las interrelaciones del sector con todas las demás actividades económicas del país.

• Los jóvenes que ansían ser ciudadanos del mundo moderno desde el Perú, se movilizarían en las calles para evitar que el país se empobrezca y se aísle de la prosperidad.

• Los pobladores de las zonas mineras, que más allá de los discursos políticos que soportan, son testigos de los beneficios de la minería en la oferta de empleo de calidad, generación de recursos fiscales y disminución de la pobreza, saldrían por fin a llamar la atención sobre el daño generalizado que sufrirían sin una minería que invierta.

Lamentablemente, los gremios empresariales, especialmente la SNMPE y Confiep, no hicieron nada para contrarrestar la infiltración de las ideas del pos-extractivismo promovido por el uruguayo Eduardo Gudynas, teoría anti productiva que todas las izquierdas peruanas y varios centros de estudio de izquierda asumieron y presentaron al presidente Humala en agosto del 2012. 

En Lampadia descubrimos esta propuesta, llamada ‘Nueva minería exige debate nacional’. La denunciamos como un contrabando ideológico anti inversión y la pasamos a todos los gremios empresariales y partidos políticos. Increíblemente, ninguna de esas instituciones investigó el tema y menos se pronunció al respecto. Luego de un par de años, un think tank liberal recibió una oferta de financiamiento para estudiar la propuesta del pos-extractivismo, pero quince días después se le retiró el financiamiento.

Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’ – La verdad sobre las izquierdas peruanas.

Así dejamos que percolen y se asienten estas ideas perversas que pretende llevarnos al llamado ‘buen vivir’, un mundo bucólico donde produzcamos lo mínimo posible, donde no exportemos alimentos, y terminemos siendo un brutal remedo de la Edad Media. Donde todos seamos siervos pobres y aislados del resto del mundo; pero eso sí, gobernados por los nuevos señores feudales, la ‘nomenklatura soviética’, la élite privilegiada del partido comunista, o por los ‘cerdos’ de la ‘Granja de Animales’ de George Orwell.

Igual sucedió cuando el congresista, ex cura Arana, del Frente Amplio (que no es frente ni amplio), manipuló a la representación nacional para legislar sobre las cabeceras de cuenca. La SNMPE no estuvo a la altura de la amenaza y la dejó pasar. Solo apareció la solitaria voz de Raúl Benavides Ganoza que denunció la norma como atentatoria contra el interés nacional. Ver en Lampadia: PPK y FP legislan contra la minería – El pos-extractivismo hecho ley.

El impacto de parar Las Bambas es brutal para el desarrollo del Perú, veamos unas láminas del Impacto económico y social de Las Bambas, según el reciente estudio de Macroconsult:

En contra de los que afirman que la minería no produce avance social, el siguiente cuadro demuestra que, con Las Bambas, Apurímac mejoró sustancialmente su PBI per cápita, multiplicándolo 2.5 veces y mejorando su ranking nacional desde el puesto 23 al 8.

Como muestra Macroconsult, la transformación de Apurímac no solo fue económica, lo mismo se produjo en el tema social.

El siguiente mapa muestra palmariamente, que, gracias a la inversión minera, la mejora social de Apurímac entre el 2009 y el 2018, fue verdaderamente incontrastable.

La misma mejora puede verse en el acceso a los servicios de agua, saneamiento, electricidad y telefonía.

La inversión de Las Bambas también explica una mejora sustancial en el aumento de ingresos, la reducción de la pobreza y la mejora del Índice de Desarrollo Humano en Apurímac.

No nos dejemos engañar con relatos falseantes. No asumamos la prédica de los enemigos de la inversión y la prosperidad. No seamos tan pasivos. Están destruyendo un país que puede brindarnos bienestar general. Es hora de indignarnos y de defender el futuro de nuestros hijos y nietos. Lampadia 

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Se equivocan quienes dicen que debido a la inacción del gobierno se paralizan operaciones mineras o se destruye el turismo. El gobierno de Pedro Castillo y Mirtha Vásquez está muy activo incentivando la ruina de las principales actividades económicas del Perú.

Eso, por supuesto, era perfectamente previsible durante el proceso electoral. Castillo y los que los respaldaron en la segunda vuelta no ocultaron sus ideas extremistas y anti inversión privada y, apenas instalado el gobierno, los nombramientos de los principales cargos en el Estado no hicieron más que ratificar eso.

No obstante, todo el coro caviar sigue repitiendo al unísono su último invento para justificar lo que hicieron en el proceso electoral y las expectativas que siguen vendiendo ahora, con el propósito de capturar puestos públicos: la oposición democrática es tan mala como Castillo y sus secuaces.

Es decir, por ejemplo, Luis Carranza, el exitoso ministro de Economía en el segundo gobierno de Alan García, sería tan desastroso como Pedro Francke o Rómulo Mucho sería tan anti minero como el impresentable que hoy ocupa el Minem.

En realidad, las necedades que repiten en conjunto, sin descanso, no tienen ningún asidero en la realidad, pero como tienen una influencia dominante en todos los principales medios de comunicación, sus mentiras sirven para engañar a algunos incautos.

La paralización de Cerro Lindo, de la brasilera Nexa, y de Las Bambas, de la china MMG, están causando pérdidas de cientos de millones de dólares al país, a las regiones en las que están ubicadas y a las empresas. 

Pero quizá más importante es el efecto que tiene sobre las inversiones futuras y la imagen del país. Es obvio que cualquier inversionista que observe lo que está ocurriendo en el Perú no arriesgará ni un dólar mientras siga en el gobierno una gavilla comunista, anti minera, incompetente y corrupta.

Lo mismo vale para el turismo. El bloqueo de la vía a Machu Picchu, el principal atractivo del Perú, causa un perjuicio enorme a una de las actividades más golpeadas por la pandemia. Ante la incertidumbre que se genera para visitantes, sobre todo extranjeros, que tienen itinerarios precisos, es evidente que los turistas serán disuadidos y elegirán otros destinos.

Nada de esto es casual. Lo que hizo Mirtha Vásquez cuando apoyó abiertamente a los violentistas que destruyeron Apumayo en Ayacucho y luego decidió cerrar ilegalmente cuatro minas, ha incentivado -y lo seguirá haciendo- a otros a seguir idéntico camino.

Antes había ocurrido lo mismo con Antamina, una de las minas más grandes del mundo, cuando el gobierno respaldó abiertamente a los delincuentes que obligaron a la paralización de sus actividades por primera vez en dos décadas.

En un reciente artículo en Lampadia, Jaime de Althaus demostró como el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, apoyó activamente a los extorsionadores que obligaron a paralizar otra de las minas más grandes del Perú y del mundo, las Bambas. (Ver: Delegación del Minem de sumó a la extorsión).

En suma, no cabe duda alguna, el gobierno comunista no es neutral o simplemente pasivo frente a la sistemática campaña para arruinar la minería y otras industrias. Está muy activo incitando y estimulando su destrucción.

Hemos tenido gobiernos buenos, regulares y malos en las últimas décadas, pero nada como el actual. Solo los comunistas y sus aliados caviares intentan sostenerlo para que siga destruyendo el Perú. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ya nuestro querido Perú tenía desafíos suficientes que afrontar, para salir de la grave crisis económica originada por el COVID-19, pésimamente enfrentada por el gobierno desde su brote en nuestro territorio a mediados de marzo 2020, como para tener que lidiar desde el 28 de julio 2021, con el gobierno más incompetente de nuestra historia.

Como bien explica Waldo Mendoza en su “Carta abierta al presidente Castillo”, esta administración tiene más suerte que todos sus antecesores del último medio siglo, ya que “los términos de intercambio están en su nivel más alto desde 1974” y agrega que, “aunque el motor sea malo, y el piloto inexperto, el velero debe seguir avanzando por un tiempo, sólo por los vientos a favor”.

Claro, nadie esperó que el presidente convocara a una antiminera modosita, pero radical, como premier. Esta señora, contra lo que aconseja el sentido común, está anteponiendo su agenda personal, ideológica y política, a los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo (aquel al que tanto le gusta invocar a Castillo) y está metiendo un palo en la rueda del país.

Los componentes básicos de su agenda son:

• Aliarse con líderes antimineros radicales, para forzar un cierre de minas al margen de la ley y firmar acuerdos con ellos, generando expectativas que no podrá cumplir, pero afectando dramáticamente el riesgo país para nuevas inversiones.

• Infiltrar los niveles más altos de gobierno, tales como: Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, Jefe de Of. De Gestión Social del MINEM y jefe del Gabinete de Asesores del MINEM con tres antimineros calificados. Los dos primeros, responsables de haber sumido a Cajamarca en la pobreza, al oponerse al desarrollo de Conga, entre otros.

• Insistir con el predicamento de impedir actividad minera en las “Cabeceras de Cuenca”, concepto que, tal como explica Manuel Pulgar Vidal ex MINAM, es un término indefinido y usado políticamente.

• Promover que se transfiera a los gobiernos regionales la “zonificación económica-ecológica” del país, con lo que, el gobierno nacional perdería la capacidad de planear y ejecutar sus planes de desarrollo económico, sin dejar de mencionar el descontrol ante posiciones radicales en las regiones, que impidan nuevos proyectos.

• Aceptar como legítimo, que la protesta sea violenta y con daño a las personas y a la propiedad, asegurando absoluta impunidad.

• Como las contradicciones siempre estarán presentes, el MEF de P. Francke desea más impuestos de la industria minera y tiene en De Echave, a una sanguijuela profesional, que nada crea, pero que le encanta estirar la mano por más tributos, sin importar que se destruya nuestra competitividad.

En estas circunstancias, al MINEM no le está quedando más que reconocer en los hechos, que nuestro importante portafolio de proyectos de inversión minera, se irá dilatando en el tiempo. Obviamente no se ha atrevido a retirar muchos proyectos en el informe “2021 cartera de proyectos de construcción de mina”, recientemente publicado, aunque ha reducido su monto en sólo US$ 2 mil millones por “salida de la cartera” de tres proyectos no metálicos.

La pregunta lógica es ¿cómo se impactará este portafolio de proyectos si se llegase a aplicar los criterios que está impulsando la señora Vásquez? Restricciones por zonificación económico-ecológica, delimitación de “cabeceras de cuenca”, por mencionar sólo dos.

La sola restricción para ampliar la vida de la mina como producto de las exploraciones y desarrollos durante la operación de un yacimiento, deja de lado automáticamente cualquiera de los proyectos de ampliación de ese portafolio.  Por otro lado, todos están por sobre los 3,000 msnm. ¿Calificarían como cabecera de cuenca? ¿Los gobiernos regionales van a aceptar actividad minera en ellas? 

Demás está decir, que sólo apuntan las baterías a la industria minera formal, dejando que la minería ilegal se expanda a vista y paciencia de todos, incluyendo el colapso avisado de “La Rinconada”, los restos de lo que un día fue Tambogrande y otros que vendrán, al margen de los destrozos ambientales en los ríos de la selva a punta de mercurio.

Lo preocupante es que, si no se rectifica la actitud de este gobierno, respecto al sector minero, será muy poco probable que el ritmo de inversiones esperado por el MINEM en ese informe se haga realidad y, en consecuencia, estaremos dejando pasar una vez más, el tren de la historia, sin aprovechar nuestras oportunidades. Recordemos que la industria minera: 

• genera el 10% del PBI, 

• compra el 13% de la producción industrial nacional, 

• aporta al país cerca del 25% del impuesto sobre la renta recaudado en nuestra economía, 

• genera cerca del 65% de las divisas por exportaciones y 

• sin su aporte, no se tendría 2 millones de puestos de trabajo formal y bien remunerado, sin olvidar que es un aliado del Estado al ser generador de economía formal, puesto que, para venderle, se tiene que ser formal.

El desarrollo oportuno del portafolio de proyectos presentado por el MINEM, nos pondría en condiciones de competir por el primer puesto en la producción mundial de cobre, incrementaría nuestro PBI en el orden de 7 puntos porcentuales y nos permitiría atender la tremenda deuda externa que, un gobierno como el actual, nos agregará.

Si no le quitamos el palo a la rueda puesto por la PCM, corregimos los múltiples actos de corrupción que van aflorando en el gobierno y el señor Castillo no hace un esfuerzo de aprendizaje para gobernar, creo que, tal como dicen los aviadores, “nos encontramos en final corto”. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ya hemos escuchado muchas veces a PC (Pedro Castillo) decir que, “en el Perú nos hemos pasado 200 años gobernados por la derecha y ahora, la derecha reclama que un campesino arregle todos sus problemas en sólo 100 días”. Los que conocemos algo de historia, sabemos perfectamente que “la derecha” no ha gobernado 200 años nuestro país, que el Perú ha pasado por múltiples gobiernos de izquierda o no democráticos y que, en no más del 25% de ese lapso, el Perú tuvo algunos gobiernos de derecha, salpicados en el tiempo. Pero qué podemos decir, la mentira es su método…

Para no confrontar, apelaré a Evita Perón, quien dijo: “El pueblo no necesita que su gobierno se queje y culpe a su antecesor. Es votado para que mejore la situación, por eso fue elegido… para dar soluciones. Para quejarse, ya está el pueblo”.

Y tal parece que PC no aprendió nada de historia, pero sí de los populistas del pasado, quienes inocularon en las poblaciones ese sentimiento de queja y reclamo, que aprendieron a atender con regalos y dádivas, que los convirtiera en dependientes de su gobierno y que PC quiere y trata de reeditar a toda costa.

La pregunta legítima es: ¿Adónde quiere llevarnos PC para el 2026? La gestión de sus primeros cuatro meses, la calidad de gente (es un decir) que ha incorporado a su administración y las decisiones que viene tomando, están destruyendo rápidamente lo construido con tanto esfuerzo durante las últimas tres décadas. Esto es evidente a la luz de los “logros” de estos primeros cuatro meses de “gobierno”: Incremento de la inflación, caída de la inversión privada, subida del tipo de cambio, incremento de la deuda pública en US$ 5.1 mil millones, fuga de más de US$ 15 mil millones, alta rotación de funcionarios por inadecuados/incapaces o corruptos, carencia de objetivos y planes de desarrollo humano y económico y un largo etc. que marcan una muy clara tendencia negativa de nuestra economía de cara al futuro, especialmente si se prevé una caída de la inversión privada cercana al 15% para el 2022, con un correlato de pobrísimo crecimiento del PBI.

Como si lo dicho fuera poco, ahora, más allá de los desencuentros entre lo que dice PC y los miembros de su gabinete, baste recordar a Bellido contradiciendo a PC luego de su viaje a México y USA. Ahora a Mirtha Vásquez, quien a las 24 horas que PC hablara de estabilidad jurídica y reclamara confianza a la comunidad de inversionistas para que apuesten por el Perú, durante la clausura de CADE 21, no tuvo mejor idea que viajar a Cora Cora y en un ímpetu dictatorial, propio de sus antecedentes anti mineros, declarar el cierre de cuatro operaciones mineras, extralimitando sus competencias, pasando por encima de la ley (eso sólo le corresponde al MINEM sobre bases técnicas) y generando, no sólo unas pérdidas económicas de varios cientos de millones de dólares a los inversionistas el lunes 22 de noviembre, sino pasando un mensaje de inestabilidad legal, jurídica y política en el Perú. Léase, el Perú no es un destino seguro de inversiones.

Lamentablemente la cosa no queda ahí, el día martes 23, PC, quien había estado en Arequipa el lunes 22, “se soltó la trenza” y “mostró el fustán” en Huancavelica, pues ante la pifia y griterío generado en contra de su presencia en el mejor restaurante arequipeño, montó en cólera e hizo gala también de sus arrebatos dictatoriales al amenazar a la prensa arequipeña, de no darle “ni un sol de su plata” a esa prensa que no le resulta afín.   Igualmente, exigió ante la población huancavelicana, que el Congreso diera cuenta ante el pueblo de la gestión congresal y producción legislativa de esos primeros 100 días.

Más allá de los primeros síntomas dictatoriales mostrados, motivo de otro artículo, pero que no se deben dejar pasar por alto, debemos centrarnos en lo fundamental.

PC no puede permitir que ningún ministro o miembro de su equipo de gobierno, cometa actos delictivos, tal como ha ocurrido con su secretario general y algunos de sus ministros. Tampoco puede permitir que estos, por muy PCM que sean, contradigan sus mensajes políticos, puesto que destruyen valor para el Perú y sus instituciones. Debemos recordar que el mundo está al alcance de un “click” en las redes y, por lo tanto, todos los mensajes contradictorios y desalineados o imprevistos, repercuten en los mercados y en la percepción de los inversionistas.

Respecto a la señora Vásquez, debe tener claro varias cosas:

• Que su mensaje en Cora Cora, ha sido muy grave y costoso para el país.

• Que ha mentido respecto a los planes de cierre y la rigidez de sus plazos de ejecución.

• Que ha hecho creer que las compañías “podrían retirarse así nomás”, sin remediar.

• Que no ha dicho que esos planes de cierre están garantizados con cartas fianza bancarias.

• Que ha actuado como activista anti minera y no como autoridad.

Finalmente, el gobierno debe tener claro que un twitter y un comunicado en las redes, retractándose, no es suficiente. 

La señora Vásquez debe ir a la Plaza de Toros de Cora Cora, reunirse con las comunidades con quienes firmó las actas, explicar que ha cometido un acto indebido e ilegal, que excedió sus competencias y hacerles saber que los acuerdos firmados en tales actas, quedan sin ningún efecto, ni validez. 

Sólo un acto público de esa magnitud podrá resarcir parcialmente el daño que le ha hecho a todos los peruanos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La primera ministra realizó su sueño revolucionario y pos-extractivista y acordó con parte de la población el cierre ilegal de cuatro minas en Ayacucho. El asunto es muy grave porque dinamita la seguridad jurídica de la inversión minera y la inversión en general, destruyendo el futuro del país. Y tiene agravantes: el acuerdo se ejecuta por medio de una “comisión ejecutiva” y con participación de las comunidades, como si se tratara de soviets, estableciendo que la cabecera de cuenca se convierta en un piloto para aplicarla al resto del país, poniendo en jaque buena parte de la minería nacional. Simplemente se quiere que no haya minería en el país.  

Personajes como José de Echave han señalado que la legalidad es importante, pero tiene que enmarcarse en otras consideraciones como las ambientales y las relaciones con las comunidades. Pero la legalidad consiste precisamente en regulaciones ambientales y sociales. Es increíble la capacidad sofística de estos defensores del atropello. 

Por lo demás, las circunstancias de cada mina son diferentes. Incluso hay comunidades, vinculadas a la mina Inmaculada de la empresa Ares, que han demandado que la Primera Ministra se retracte respecto del cierre de las minas, porque dicha decisión les afectaría de diversas maneras. 

En otros casos hay una historia de desencuentros, es cierto, en parte alentados por la prédica pos-extractivista que alimenta el mito de que la minería no es posible en las cabeceras de cuenca, que es el discurso que se repite en esta zona. Y que ha difundido la versión de que las aguas mineralizadas de los ríos lo son por causa de las minas, y no de la naturaleza, como señalan los informes de Ingemet. 

Ese discurso no hubiese prendido si el Estado y el canon hubiesen funcionado para producir desarrollo. El canon está mal distribuido y su ejecución es muy mala, cuando no corrupta. Si se hubiese aprovechado esos recursos para que las familias campesinas multiplicasen su productividad con tecnologías de riego y otras, y con caminos para sacar su producción, no habría quejas de ningún tipo. 

Más allá de eso, los hechos ocurridos que culminaron en el incendio del campamento de Apumayo fueron la consecuencia directa de un trabajo político contra la minería en cabecera de cuenca realizado por radicales en combinación con una congresista de Perú Libre, Margot Palacios, que también estuvo detrás del bloqueo de la comunidad de Aquia en Ancash contra Antamina.  

Margot Palacios se reunió en varias ocasiones con los líderes del Frente de Defensa de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, Che Bernaola y Julio Gutiérrez. Esos dirigentes pertenecen nada menos que al Conare-Sutep. A continuación, damos cuenta de una pequeña muestra de las publicaciones del presidente del Comité de Lucha de Parinacochas, Che Bernaola, que hablan por sí solas. 

Entonces lo que tenemos acá es una alianza entre el Frente Amplio de Marco Arana, autor de la ley de cabeceras de cuenca, adalid del pos-extractivismo y socio actual del gobierno de Pedro Castillo, con Perú Libre y con el Movadef, cuyo objetivo sería ir generando zonas liberadas en el territorio, comenzando por las provincias del sur de Ayacucho. Ese es el plan que se está desarrollando, a costa del país. Debe ser rechazado con la máxima energía. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

La semana pasada, Mirtha Vásquez y Pedro Castillo solicitaron al Congreso facultades por 120 días para delegar en materia fiscal, financiera y de reforma tributaria – esta última que Pedro Francke considera servirá para “cerrar las enormes brechas sociales en temas como educación, salud y agua potable, de manera responsable, para lo cual resulta necesario obtener mayores ingresos”. En blanco y negro, el ministro asume que las “brechas” son producto de aquellos que pagan “muy poco” en impuestos, ignorando las variables fundamentales que explican estas “brechas” y que tienen que ver con falta de gestión y burocracia estatal:

1. baja ejecución en inversión pública y de mala calidad,
2. gasto corriente del Estado,
3. alto grado de informalidad producto de barreras burocráticas, costos de la formalidad y desconfianza.

Los gastos del Estado se han incrementado sostenidamente en los últimos 10 años, mientras que nuestro PBI ha crecido ociosamente. El Estado ha crecido y se ha llenado de grasa, mientras que el sector privado (formal e informal) se ha contraído, y muchos ahora sólo sobreviven, en vez de crecer. Mientras que nuestro PBI al cierre de 2020 es exactamente el doble del PBI del 2006 (15 años después), el gasto corriente (no financiero) ha crecido 2.6 veces vs 2006 y en el caso de remuneraciones, estas han crecido 2.4 veces vs 2006. El Estado ha crecido de manera desproporcional al crecimiento del país.

Por último, la pandemia ha incrementado los índices de informalidad, por lo que sólo 22% del empleo en el Perú es formal (sólo ese % es el que declara y paga impuestos), y aproximadamente 20% de empresas son formales. Y, la reforma tributaria que plantean sólo traerá más informalidad. Esta considera:

• Incrementar las tasas de impuesto a la renta (para empresas y personas naturales)
• Incorporar en la aplicación del IGV a las pólizas de seguro de vida
• Incorporar en la aplicación del ISC a las soluciones líquidas que se usen para vaporizar en sistemas electrónicos de nicotina (vaporizadores de nicotina)
• “Perfeccionar” el régimen minero, cambiando mínimos, márgenes y elevar tasas marginales
• Suprimir régimen especial de impuesto a la renta (RER) y régimen MYPE Tributario
• Ampliar funciones y servicios del Banco de la Nación, y permitir que brinde productos y servicios (es decir, créditos) a mypes y personas comprendidas en los programas sociales del estado
• Elevar el tope de multas que puede poner la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Según el ministro, esta reforma logrará recaudar s/.12 mil millones al año adicionales. Francke piensa en el Estado como Todopoderoso, que puede mover piezas a su antojo y moldear el futuro. No cree en que el crecimiento es el motor más importante para una economía en desarrollo, y tampoco quiere hacer el trabajo duro (que claramente es más difícil que hacer leyes). Desconoce (o se ciega por su ideología) de las dinámicas de mercado y el comportamiento de los agentes, y por ende no ve que sus propuestas sólo generarían mayor evasión y ahuyentará las inversiones (además de que ya somos un país más riesgoso).

El ministro está planteando reformas en función a su hígado, su ideología, sus frustraciones y complejos – como quedó en evidencia en sus tristes declaraciones sobre autos de lujo. El Congreso no puede otorgar estas facultades pues sería como darle una bomba a un terrorista. Lampadia

Referencias

https://rpp.pe/politica/gobierno/pedro-francke-justifica-pedido-de-facultades-al-congreso-para-legislar-en-materia-tributaria-no-es-un-cheque-en-blanco-noticia-1366041

https://elcomercio.pe/economia/contraloria-hay-2445-obras-paralizadas-por-mas-de-s18360-millones-noticia/

Transparencia MEF: https://apps5.mineco.gob.pe/bingos/seguimiento_pi/Navegador/default.aspx

https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-de-gestion-informalidad-desbordada-empleo-inei-economia-noticia/

https://elcomercio.pe/economia/peru/pedido-de-facultades-legislativas-cuales-son-las-medidas-tributarias-que-aplicaria-el-ejecutivo-pedro-castillo-mirtha-vasquez-pedro-francke-impuesto-a-la-renta-igv-banco-de-la-nacion-noticia/?ref=ecr

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Cómo entender que al mismo tiempo que la premier Mirtha Vásquez pide voto de confianza para una política de promoción de la inversión privada y de masificación del gas, el presidente Castillo demanda al congreso trabajar una ley para estatizar el consorcio de Camisea?

¿Cómo entender que el propio presidente Castillo invite en Estados Unidos a los grandes inversionistas a invertir en nuestro país, repita esa invitación cuando anunció la salida de Bellido, y ahora reclame la nacionalización del gas?

¿Como entender que ni la premier Mirtha Vásquez ni el ministro de economía Pedro Francke hayan renunciado después de esa proclama que contradice la política por ellos enunciada y que, en el caso del MEF, echa por tierra cualquier posibilidad de éxito del programa económico?

Claro, después, en la noche, Castillo publicó un tuit diciendo que “somos y seremos respetuosos de la libertad de empresa”, y que su compromiso es con el gasoducto y la masificación. La interpretación optimista es que se trata de una rectificación. Pero entonces, o estamos ante un presidente que dice cualquier cosa, con efectos muy destructivos, o existe acá una racionalidad. Y si la hay, la única que puede explicar todo esto, es una de cambios tácticos dentro de una estrategia única orientada a cerrar el Congreso y acelerar los pasos para la asamblea constituyente.

Es decir, hubo un retroceso cuando, ante las amenazas de Bellido de hacer cuestión de confianza por Maraví, el Congreso se unificó tras la aprobación de la ley de la cuestión de confianza, y el Ejecutivo tuvo la percepción de que la idea de la vacancia empezaba a madurar. Entonces sacó al estridente Bellido y puso a una premier más ecuánime, aunque no menos radical, que sin embargo tranquilizó relativamente al país al aclarar que la asamblea constituyente no era una prioridad en este momento.

Pero ahora el Presidente parece haber regresado al plan máximo. Con un agravante: si en la ocasión anterior fue el ex premier Bellido quien amenazó con nacionalizar el gas si la empresa no se avenía a una renegociación del contrato, esta vez es el propio presidente Castillo quien además concreta esa amenaza en el anuncio de un proyecto de ley para estatizar.

Se dirá que el tuit posterior de Castillo desmentiría que estemos ante una nueva radicalización.  Pero varias señales indicaban ya un retorno a la posición maximalista. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, había declarado, tres días atrás, que la asamblea constituyente “sí es una prioridad de carácter nacional”, contradiciendo abiertamente a la Premier. Y la propia presidenta del Consejo de ministros, cambiando su posición, anunció al comienzo de su intervención en el Congreso que “Hemos venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social…”, y culminó su discurso llamando a un “nuevo pacto social que se construya con las bases en el marco de una auténtica democracia”. “Un nuevo contrato social” es un eufemismo de “nueva constitución”. Y una auténtica democracia implica que la actual no lo es.

Es posible que se esté provocando nuevamente al congreso para que no de la confianza al gabinete. Todas las bancadas de oposición le pidieron a la primera ministra en las rondas de conversaciones que tuvieron con ella, que retirarse a los ministros Barranzuela y Gallardo, y que deslindara claramente con la asamblea constituyente, pero no solo no hizo caso, sino que insistió de manera agravada.

Hay un juego perverso. El gabinete tiene más de una semana para sincerar su posición antes del voto de confianza. Mientras tanto, es hora de que las bancadas democráticas se reúnan para realizar un análisis serio de esta situación y adopten una estrategia inteligente y eficaz para manejarla. Pues el país no puede permanecer indefinidamente en este juego que ya produjo una nueva subida del dólar y que solo lleva al caos económico y social. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), la anti minera Mirtha Vásquez, ha propuesto eliminar la vacancia presidencial por incapacidad moral de la Constitución. Es un despropósito que por fortuna no tiene posibilidad de aprobarse en el actual Congreso.

La vacancia por incapacidad moral tiene una larguísima tradición en el Perú, como ha recordado el constitucionalista Domingo García Belaunde. Desde la Constitución de 1839, casi desde la fundación de la República, hace más de 180 años, está en la Carta Magna.

En efecto, los artículos 81° y 82° de esa Constitución consideran la vacancia por “perpetua incapacidad física o moral”.

El juicio político existe prácticamente en todos los sistemas presidencialistas del mundo, incluyendo por supuesto, el de los Estados Unidos, paradigma del presidencialismo. Un ejemplo típico del impeachment es el de Richard Nixon, forzado a renunciar en 1974 cuando ya había los votos necesarios para destituirlo.

En América Latina se ha usado con frecuencia desde la década de 1990, cuando los Estados Unidos y la comunidad internacional prohibieron en la práctica los golpes militares, que era el mecanismo usual desde el siglo XIX para resolver las crisis políticas.

La vacancia por incapacidad moral –o cualquiera de sus variantes- se convirtió entonces en una suerte de válvula de escape para solucionar las crisis sin acabar con la democracia.

Fernando Collor de Mello se convirtió en el primero en ser vacado –renunció el día anterior a la votación- y hoy suman casi una veintena los presidentes que desde 1992 han tenido que abandonar el cargo por la aplicación de ese mecanismo.

El cientista político de la Universidad de Pittsburg Aníbal Pérez-Liñán, ha sintetizado la experiencia en su libro “Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina”.

Como señala Pérez-Liñán, “El juicio político al presidente ha surgido como un instrumento poderoso para desplazar presidentes ´indeseables´ sin destruir el orden constitucional.” Y “cuando los escándalos mediáticos perjudican al gobierno y crece la indignación popular contra el presidente, hasta a los legisladores leales les resulta difícil resistirse a la presión pública a favor de un juicio político.”

Se trata de un juicio político, no de un proceso judicial ordinario como, por ejemplo, argumentó el Lagarto en el primer proceso que le siguió el Congreso. El presidente tiene inmunidad y no puede ser procesado judicialmente durante su mandato. Además, como es evidente, en el Perú los procesos en el Poder Judicial duran años y décadas. Si se convirtiera en un juicio ordinario dejaría de cumplir con su propósito que es el de destituir rápidamente al presidente en caso necesario.

La incapacidad moral es, adrede, un término impreciso e indefinible, y está bien que sea así, porque es imposible constreñir las causales de la vacancia a definiciones específicas, como algunos necios han intentado hacer aquí.

La Constitución de los EE.UU., por ejemplo, establece en su artículo II que el presidente y otros funcionarios pueden ser destituidos mediante juicio político, por acusaciones de “de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.” Es decir, causas genéricas. Y tanto la Corte Suprema –que cumple funciones de Tribunal Constitucional- como el Senado han rehusado limitar esa definición vaga.

En conclusión, además de lo específico de la situación actual, donde para muchos es evidente que hay que vacar al incapaz que ocupa la presidencia, es indispensable mantener la figura de vacancia por incapacidad moral en el ordenamiento constitucional y legal. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que realmente hará la diferencia entre la gestión de Guido Bellido y la de Mirtha Vásquez, es decir, la prueba de que hayamos pasado de la confrontación social y política a una etapa colaboración entre poderes y entre sectores sociales por el desarrollo del país, es el tema de la asamblea constituyente, porque esa es la madre de todos los problemas y de todos los conflictos, como vamos a ver. Y, por supuesto, de que la inversión privada se retraiga.

Por eso es que la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha salido a aclarar que la asamblea constituyente “no está como una de las prioridades del Gobierno en este momento. En este momento lo que importa es abordar la pandemia y mirar cómo retornan los niños a clase lo antes posible, y sobre todo la reactivación económica”.

Es un avance, pero no es suficiente para lograr la reactivación económica. Porque el inversionista -de cualquier tamaño- se estará preguntando: ¿y cuándo es el momento? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En tres años? De las declaraciones de la Premier se derivan dos respuestas a cuándo sería ese momento. Una, que llegará cuando la reactivación ya se haya producido. El problema es que estamos ante una petición de principio: la reactivación de la inversión no se va a producir mientras exista esa espada de Damocles. Estaríamos ante el absurdo de que para que no haya asamblea constituyente, la economía no debe reactivarse.

Pero es un círculo perverso: si la economía no se reactiva y la situación económica y social se agrava, esto puede activar más bien el gen de la radicalización como vía política para escapar del atolladero económico y allí sí intentar movilizar a las masas para la asamblea constituyente.

La otra respuesta al cuándo es el momento, la dio de manera explícita la primera ministra. Y le puso un nombre: “el momento constituyente”, al que no hemos llegado aún.

• “Para eso se necesita generar un proceso…, que la población sienta la necesidad de caminar hacia una reforma total o parcial de la Constitución…. Son procesos largos…”
• Luego aclaró que “este Gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana”,
• para luego agregar, sin embargo, que “Incluso he escuchado muchas veces al presidente hablar sobre generar condiciones, de crear comisiones de expertos”.

Entonces, ¿el gobierno va a crear esas condiciones o no?

De hecho, venía haciéndolo. Para alcanzar el “momento constituyente”, el gobierno convertía las políticas en armas de guerra destinadas a crear un clima de demanda social por la asamblea constituyente. Eso fue el lanzamiento de la “segunda reforma agraria”, un conjunto de programas de desarrollo agrario presentados con una retórica de reivindicación y justicia social, como si se tratara efectivamente de una revolución de la tierra. El presidente Castillo llegó al extremo de inventar unos amos que ya no comerán más del sudor de la gente, para terminar ratificándose en la necesidad de una nueva Constitución, como hicieron todos los demás oradores.

La búsqueda del “momento constituyente” lleva al gobierno a dictar políticas para la guerra social y no para el desarrollo. Así, se obliga al consorcio Camisea a renegociar -no se sabe qué- bajo amenaza de expropiación. Es que lo que interesa es crear un clima de reivindicaciones sociales y cambios estructurales que exigen en última instancia una nueva Constitución porque se dice que no se podrían hacer bajo la actual. Cada una de esas medidas son los ríos que van a dar a la mar del cambio Constitucional, el gran cambio, la madre de todos los cambios.

También se ofrece y se da modificaciones en la legislación laboral que solo servirán para condenar a las mayorías irremisiblemente a la injusticia informal, pero se consigue la disposición de los favorecidos para firmar los planillones del referéndum. Lo mismo con los cocaleros del VRAEM, que seguramente ayudarán además a financiar el recojo, para lo cual el ministro Barrenzuela es funcional. Y así sucesivamente. 

El gobierno tiene que apartarse claramente del proyecto de la asamblea constituyente si quiere recuperar la confianza que permita la suma de todos los esfuerzos para la recuperación nacional. Lampadia