No nos podemos equivocar el el plan de reapertura

Miguel Vega Alvear, representante de los gremios privados ante la Comisión de Reactivación, explica en esta entrevista que la economía es un todo orgánico y no se puede aprobar una actividad y no otras, puesto que están vinculadas. Si hay oferta, tiene que haber transporte y comercio, por ejemplo. Por lo tanto, todo se debería reabrir a la vez, con sus debidos protocolos, comenzando por la economía formal. Los centros comerciales, por ejemplo, que tienen protocolos muy avanzados, deberían funcionar desde el lunes 11. Se debe confiar en las empresas, y sancionar si alguna no cumple.

Propone, además, una aproximación territorial: concentrar las acciones en las 5 regiones y 5 distritos de Lima más contaminados, y liberar 17 regiones y el resto de distritos de Lima.

Anuncia que va a pedir:

• la corrección de los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores” dados por el MINSA, pues según esa norma no podrían trabajar personas con grado de obesidad 1, que en el Perú es normal. Casi nadie podría trabajar.
• Critica también la Guía Técnica para los Restaurantes, aprobada por el Mincetur, porque establece tales exigencias que no más de 200 de los 220 mil restaurantes podrían funcionar.
• Pedirá el funcionamiento inmediato de las App de delivery, que han aceptado cumplir todos los requerimientos sanitarios.

Comentario

Es cierto que se debe ser muy cuidadoso con el reinicio de actividades para que no se produzca un rebrote, pero debería poder abrirse simultáneamente toda actividad que tenga protocolo. Más aún si al mismo tiempo se distribuye bien bonos y víveres a los sectores más necesitados para prevenir las grandes aglomeraciones, que son la causa de los contagios, y se ordena el funcionamiento de los mercados, para lo cual, increíblemente, hasta ahora no sale una norma. Debe centralizarse la compra de víveres y estandarizarse canastas y encargar a empresas su distribución, en coordinación con juntas vecinales. Y debe ponerse todo el esfuerzo en el programa Te Cuido Perú, que es clave para cortar la cadena de contagios, y sobre cuyo avance no se informa. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. Hay miedo, angustia y al mismo tiempo hay una conciencia colectiva y hasta global casi inédita, una ‘rara hermandad’ como decía Rolando Luque. Hay una acción nacional, a la que nos subordinamos. Pero la paralización general tendrá consecuencias en la economía que serán probablemente desastrosas si no encontramos la forma de paliarlas. ¿Se justifican las medidas extremas que el gobierno está adoptando, con el riesgo de estrangular la economía y retornar a niveles de pobreza que hace décadas no veíamos?

Según el doctor Moisés Rosas, ex jefe del SIS, médico y estadístico, si respondemos a medias permitiendo que funcione la economía, 125 mil peruanos podrían morir en un año aniquilados por el coronavirus. Y este sería un cálculo conservador: considera solo un 1% de los infectados, que llegarían a 12.5 millones en un año tomando en cuenta que un 50% de la población urbana puede ser contagiada en ese periodo de tiempo (los gobiernos de Alemania y Gran Bretaña están actuando en el supuesto de que el virus infectará entre el 60 y 70% de su población).    

Lo que le está faltando al gobierno es dar los números, para tomar conciencia. La siguiente es una proyección del número de infectados desde el día 1 hasta el 29 de marzo. Para esa fecha tendríamos 3,701 personas contagiadas identificadas, como podemos ver en el siguiente cuadro, enviado por una fuente del MINSA:

Constatamos que la proyección para el día de ayer coincidió con la realidad: 145 casos. En días anteriores el número de infectados era mayor que lo previsto. Se entiende que si en los próximos 7 días la realidad da números sostenidamente menores que la proyección, ello podría significar que las medidas están empezando a dar resultados. En realidad, si la incubación del virus dura 7 días, recién la cuarentena empezaría a tener efecto en la segunda semana. Se esperaría que a fines de mes la curva empiece a aplanarse. Es decir, que el número de nuevos casos sea menor cada día.

¿Por qué no se publican estas proyecciones? En Perú había hasta ayer 145 casos oficiales. Esto significa que tendríamos entre 725 y 1,450 casos reales, pues según la OMS por cada caso diagnosticado hay entre 5 y 10 no diagnosticados. Ahora bien, respecto de los identificados, la mortalidad oscila entre 0.5 y 2%. Si fuera 1%, por cada 100 infectados uno muere. En Perú no ha muerto nadie aún, aunque el primer caso sería inminente. El porcentaje de hospitalizados -respecto de los identificados- oscila entre 15% y 20%; teníamos ayer 19 hospitalizados. Y el porcentaje en UCI es alrededor del 5%; teníamos ayer 5 pacientes en UCI, tres graves.

La estrategia drástica de aislamiento social funcionó en la China, aunque al costo probable de una caída del 9% de su PBI en el primer trimestre según estimaciones de Goldman Sachs, algo insólito para ese país. En Corea se aplicó una estrategia más fina y algo menos destructiva que combinó un despliegue masivo de pruebas o kits de diagnóstico (que nosotros no tenemos) para identificar a los infectados y sus entornos, aislarlos y monitorearlos al milímetro, junto con cuarentenas por zonas. En esos países la cultura de responsabilidad colectiva o de conciencia comunitaria es mayor. 

El Reino Unido ensayó una estrategia distinta, para no afectar la economía, y ya dio marcha atrás. Partió de la premisa que se trata de una epidemia que no se puede frenar y entonces decidió no frenarla sino, por el contrario, permitir la vida normal de modo que toda la población se infecte para que cuando ya no haya nadie más a quien contagiar, la epidemia implosione sola. Es la llamada “inmunidad de grupo o de rebaño”. Mientras tanto, eso sí, debía aislarse por completo por cuatro meses a los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Pero ese aislamiento absoluto es imposible.

Finalmente el prestigiado Imperial College publicó un estudio[1] revelando que aún aplicando una combinación de estrategias de distanciamiento social habrían cientos de miles de muertes. El gobierno dio marcha atrás, pero probablemente ya es muy tarde. Como quizá lo sea también en Estados Unidos, donde el presidente Trump desoyó los consejos de los expertos hasta que ya no pudo negarlos.

Según Moisés Rosas, la decisión clara del presidente Vizcarra en este tema obedezca a que, siendo ingeniero, lee la data. Y saca las conclusiones. Pero sería bueno que el Ministerio de Salud o la PCM difundan precisamente toda esa data, para que a la gente no le quede dudas que no hay más remedio que vivir lo que estamos viviendo. Lampadia

Moisés Rosas
Para Lampadia

Hace ya varias semanas, se ha conocido el porcentaje de niños entre 6 a 36 meses de edad que habrían sufrido anemia en Perú durante el primer semestre del 2019. Es un tema que nos afecta a todos, porque su evolución es un indicador importante de gestión sectorial e intersectorial, así como de efectividad de los programas gubernamentales, entre muchas otras cosas. Sin embargo, parece que la noticia ha sido poco comentada por los expertos y por los medios.

Según el INEI, la prevalencia de anemia infantil en Perú para el primer semestre de 2019 fue 42.2%. Según el propio INEI, en términos estadísticos, comparada con el 43.5% del 2018, se trata de una disminución sin valor estadístico, es decir, probablemente no es real. En términos prácticos, se puede afirmar que la diferencia lograda de ‑1.3% es muy pequeña en relación con el tremendo despliegue que se habría realizado para combatir este flagelo.

A ese ritmo, aun cuando esa pequeña diferencia a la baja fuera real, nos tomaría entre 15 a 25 años disminuir a 20%, cerca de la meta oficial planteada. Casi una generación.

Fuente. Encuesta ENDES 2019-1, INEI.

Es importante tener en cuenta que aún falta la mitad de la muestra de la ENDES correspondiente al segundo semestre del 2019. Pero ello no significa que debemos esperar que el descenso anual sea el doble de ‑1.3%, es decir ‑2.6%. Siempre es posible, aunque por el modesto resultado alcanzado a la fecha, es poco probable.

Sin embargo, algunos resultados son alentadores: la tendencia a la disminución es en el sentido correcto; la mayor diminución ha ocurrido en la selva urbana, en donde ha disminuido ‑6.3% desde 48.0% en el 2018. Asimismo, la disminución en el ámbito del programa Juntos (‑3.1%) y en los niños del programa Juntos (‑3.9%) ha sido más pronunciada que en el promedio nacional, lo que sugiere una administración adecuada a pesar de no haber alcanzado significación estadística, probablemente debido al pequeño tamaño de muestra. Por su lado, el porcentaje de niños entre 6 a 8 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los 7 días antes de la encuesta subió 9.1%: sí señor, casi 10%. Sin embargo, por tratarse de poblaciones pequeñas, estos avances no logran arrastrar el promedio nacional.

Los resultados parecen sugerir que es necesario revisar fundamental y conceptualmente la estrategia, porque pese a los recursos invertidos, no se está avanzando con la velocidad que se esperaría. Recordemos que ya el 2018 la prevalencia de anemia (43.5%) disminuyó solo 0.1% en relación al 2017, que fue 43.6%.

Finalmente, es necesario señalar que estas tendencias son nacionales y no dependen solo del MINSA, sino de todos los subsistemas, sean ESSALUD, las fuerzas armadas y policiales, privados, etc. Se requiere revisar la estrategia y coordinar los esfuerzos sectoriales e intersectoriales. Podríamos consolidar buenos resultados para este fin de año. Fuerza Perú. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, hace unas semanas el presidente Martín Vizcarra inició una campaña en defensa de la salud orientada a que las farmacias vendan una mayor proporción de medicamentos genéricos “para que la población de escasos recursos pueda acceder a los medicamentos”, y envió un proyecto de ley al respecto al Congreso. En su mensaje de 28 de julio insistió: “¡no es posible que los peruanos continuemos pagando los precios más elevados por las medicinas en comparación con otros países! …, los medicamentos forman parte del derecho humano a la salud y no una mercancía”. Ver en Lampadia: Mentira presidencial.

Sin duda, el acceso a medicamentos baratos y de buena calidad es clave para el bienestar de la gente. Y es probable que las cadenas de farmacias puedan vender una proporción algo mayor de genéricos puros en comparación a los de marca, pero, como veremos, el problema central está en los establecimientos públicos que, debido a ineficiencias y corrupción, no tienen los medicamentos en suficiente cantidad.

Digemid se demora demasiado

Como demuestra un estudio de Ipsos realizado en 7 países de América Latina, los medicamentos genéricos en el Perú son, en realidad, los más baratos de la región, pero en parte debido a que no hay estudios de bio equivalencia, es decir, a que no está garantizado que sus efectos sean similares a los originales. Allí está el problema: no en el precio, que es bajo, sino en la calidad. La Digemid recién está haciendo estudios de bioequivalencia para 7 moléculas, cuando en realidad son 1,500.

• Se importa genéricos de países sin alta vigilancia sanitaria, sin calidad comprobada –por eso son baratos-, pero cuando se quiere importar de países de alta vigilancia sanitaria o con certificaciones comprobadas, donde el registro debería ser automático, la DIGEMID se demora meses o años en revisar los expedientes de bioequivalencia para otorgar el registro sanitario.  

Los bajos precios relativos de los medicamentos y genéricos en el Perú han sido comprobados además por un estudio hecho en Chile: “Análisis Comparativo de Precios de Medicamentos en América Latina” realizado por Roberto Álvarez y Aldo González del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, que concluye lo siguiente:

“A nivel agregado y en salida de farmacia, el ranking de país más barato a más caro es el siguiente: 1° Perú, 2° México, 3° Argentina, 4° Chile, 5° Colombia y 6° Brasil. En innovadores, Argentina y luego Perú serían los países con menores precios a público final. En productos similares o genéricos de marca los precios más bajos a público se encuentran en México y Argentina, mientras que para genéricos puros, Perú y luego Chile serían los más baratos”. 

Problema está en los establecimientos públicos

Pero el problema central está, como decíamos, en los establecimientos públicos. La población de “escasos recursos”, como dice el presidente, debe tener acceso a medicamentos no baratos sino gratuitos, y en los establecimientos de Salud del Estado. Y eso no ocurre no por falta de recursos sino por diversas corruptelas que el presidente debería conocer para combatirlas, dándole así un contenido concreto y eficaz a su lucha contra la corrupción.

Según la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2014, el 52% de los pacientes del SIS no encontraron los medicamentos recetados, sea porque no había en farmacia pese a que el SIS sí los cubre (35,1%), sea porque el SIS no los cubre (16,8%). Según la encuesta de Susalud del 2016, solo un 60% de los pacientes recibió sus medicamentos completos en los establecimientos del MINSA.

Si consideramos que los afiliados al SIS representan alrededor del 54% de la población peruana, y quienes están en Essalud otro 36%, resulta que cerca del 90% de la población se atiende en principio en establecimientos públicos. Es allí entonces donde debe centrarse la preocupación gubernamental.

Por ejemplo, una empresa proveedora puede ganar una licitación del Ministerio por 100, pero los establecimientos o direcciones regionales emiten órdenes de compra solo por 60 o 70. El resto lo destinan a compras directas al menudeo a mayor precio y con beneficios por lo bajo. Allí hay corrupción, y el presidente podría lanzar una campaña contra ella.

Sin embargo, Fiorella Molinelli nos informa que Essalud está diseñando un sistema informático que, a partir de las historias clínicas electrónicas, podrá atar el inventario de medicamentos e insumos a las recetas entregadas a cada paciente. Así podrá controlar los desvíos y ajustar mejor la demanda. Si funciona, el MINSA debería importar esa tecnología.

Pero en Essalud los tiempos de espera para cirugías siguen siendo mortales.  Aquel software quizá ayude a mejorar eso, pero en general, todo el sistema de salud pública está mal y en el gobierno no hay voluntad para una reforma a fondo.

El SIS no debería pagar a los hospitales por número de atenciones, incentivando la multiplicación (corrupción) del uso de insumos, medicamentos, análisis y consultas. Debería pagar por resultados: número de pacientes que resuelven sus problemas y se llevan todos sus medicamentos gratis, como hizo el Dr. Moisés Rosas en Lima Este el 2006 e intentó replicar a nivel nacional el 2017, hasta que lamentablemente fue retirado. En Lima Este con menos dinero aumentó la provisión de medicamentos y la satisfacción de los usuarios y minimizó corruptelas como el desvío de medicinas y el escape de los médicos.

Los hospitales en APP (Kaeli y Barton) reciben un pago por persona de la red que atienden, y se esmeran en prevenir para no tener que curar enfermedades avanzadas, porque así mejoran sus ingresos.

En suma, si queremos asegurar medicamentos gratuitos y de calidad a los sectores de bajos ingresos, se requiere una reforma del SIS como la que planteó el Dr. Rosas, y aplicar la tecnología informática de Essalud si llega a funcionar. Y para que haya más acceso a genéricos puros de calidad en las farmacias, se requiere afrontar la reforma total de la DIGEMID convirtiéndola en un organismo autónomo y simplificando radicalmente sus procedimientos y normas internas, para que deje de ser un cuello de botella.

A ver si el presidente enfrenta estos temas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los índices de anemia en el Perú no solo son muy altos, sino que casi no bajan, lo que habla de una dificultad muy grande del Estado para organizar una estrategia efectiva. En los últimos cuatro años, por ejemplo, el porcentaje casi no se ha movido. Oscila entre un 43.5 y 43.6% de niños entre 6 y 35 meses con anemia, lo que sin duda es muy preocupante para el desarrollo de esos niños y del país.

Pero no es imposible. Al final del gobierno de Alan García, el 2011, bajo la batuta del ministro Luis Carranza en el MEF, gracias a la metodología de presupuestos por resultados que se implantó en ese momento y que suponía un monitoreo muy preciso de los programas estratégicos y un esfuerzo de coordinación interministerial muy grande, se logró reducir la anemia a un 41.6%. “Lamentablemente desde el gobierno de Humala se desmanteló todo por razones políticas”, nos dijo Carranza.  En el siguiente gráfico podemos notar el retroceso:

Sin embargo, podría ser que estemos nuevamente recuperando la capacidad de enfrentar el problema, porque si bien la cifra del 2018 es similar a la del año anterior, en el segundo semestre la anemia cayó 5 puntos en relación al primer semestre de ese año, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Fuente: Perú; Indicadores de resultados de los programas Presupuestales 2013-2018, Endes, INEI

En la medida en que ese no es un patrón regular, podríamos suponer que se debió a las políticas aplicadas luego de aprobar, el 2 de julio del año pasado, el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia que articula las acciones de 15 ministerios, regiones y gobiernos locales, y que cuenta con una Secretaría Técnica y un Observatorio de Anemia a cargo del MIDIS. [1] ¿Fue así? ¿Cuáles fueron esas políticas?

Veamos. Un elemento clave en la lucha contra la anemia son los suplementos de hierro. El informe del INEI “Indicadores de resultados de los programas Presupuestales 2013-2018, Endes”, muestra que el porcentaje de niños y niñas de 6 a 36 meses que consumió suplemento de hierro subió casi 4 puntos en el segundo semestre, lo que podría entonces ser parte de la explicación de la mejora de los índices de anemia ese mismo segundo semestre.

CUADRO Nº 18B: PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, SEGÚN SEMESTRE Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2013-2018

Fuente: Perú; Indicadores de resultados de los programas Presupuestales 2013-2018, Endes, INEI

Pero el año anterior, el 2017, también registró un incremento (aunque menor) en el porcentaje de niños que consumió suplemento de hierro en el segundo semestre, y sin embargo esto no se reflejó en una disminución apreciable de la anemia en ese periodo.  Entonces, o la estadística no es muy confiable o el incremento el hierro no se consume todos los días de la manera adecuada. Es esto último, porque cuando vemos la evolución de los últimos 6 años (ver siguiente gráfico) constatamos que el porcentaje de los que consumen suplemento de hierro viene aumentando, pero sin que la anemia caiga (lo mismo ocurre con e CRED – ver anexo). Las madres no lo dan a sus hijos todos los días. 

Vemos también, además, que es relativamente bajo el porcentaje de infantes entre esas edades que recibe suplementos de hierro. Es el 31.3% a nivel nacional, cuando la anemia está por encima del 43%. Es decir, la cobertura es todavía insuficiente (aunque ese 31.3% es en realidad más porque los niños no deben consumir el suplemento ininterrumpidamente sino descansar 6 meses después de 12 meses de ingesta). Pero cuando se desagrega por edades, se ve que un 55% de los infantes que tienen entre 6 y 8 meses reciben suplementos, lo mismo que casi un 54% de los que tienen de 9 a 11 meses, reflejando probablemente la decisión estratégica del gobierno a partir del segundo semestre del año pasado de centrar la campaña en los niños menores de un año.  

La tarea no es sencilla porque ahora se ha incorporado también a los niños de 4 meses, a los que se les da gotas de fierro. El asunto es así: la madre de un bebe de 4 meses recibe en la posta médica un gotero que debe durar un mes, pero luego hay que asegurarse de que le administre las gotas. Luego, a los 6 meses de edad, se les hace un tamizaje: al que tiene anemia se le da un jarabe y al que no tiene anemia una bolsita de micronutrientes, que también hay que asegurarse que lo consuman todos los días.

Según el Dr. Gustavo Rosell, responsable de la lucha contra la anemia en el ministerio de Salud (MINSA), a noviembre 2018 el 62.3% de niños de 12 meses de edad con anemia habían iniciado su tratamiento a nivel nacional. Esa cifra podría ser compatible con el 55% que da el INEI, porque este último porcentaje es un promedio anual. Esto habría sido consecuencia de las 6 Jornadas masivas contra la anemia que realizó el MINSA el año pasado. El siguiente gráfico, elaborado por el MINSA, muestra como el tratamiento de la anemia (gotas o jarabe) mejoró significativamente el 2018, particularmente en el segundo semestre:

Visitas domiciliarias semanales son clave

Según Rosell, 54% de estos niños con anemia recibieron el año pasado alguna visita domiciliaria, lo que es importante porque el problema que se presenta es que las madres reciben las gotas o el jarabe (o los micronutrientes) y no siempre se lo dan a sus hijos o no lo hacen con la frecuencia debida. Por eso, las visitas a domicilio de los promotores por lo menos una vez por semana son clave, y no es fácil porque suponen un gran despliegue de personas capacitadas en el terreno, que es lo que no ha estado ocurriendo en años anteriores.

El MINSA informa que el año pasado, sobre todo en el segundo semestre, se llevaron a cabo más de 29 mil visitas domiciliarias en 26 distritos de Lima Metropolitana (que es responsabilidad directa del MINSA) a través de agentes comunitarios de salud, estudiantes de salud y personal del ejército peruano. Hay que tomar en cuenta que hay muchos más niños con anemia en las ciudades que en el campo: según el MIDIS, hay 520,172 niños de 6 a 35 meses con anemia en todo el país, de los cuales 376,397 están en las ciudades y solo 143,775 en el medio rural. (Nótese que, para el MINSA, sin embargo, hay 602,443 niños entre esas edades con anemia ).[2]

Nelly Huamaní, Coordinadora Nacional de la Lucha contra la Anemia del MIDIS, nos refiere, además, que en el segundo semestre pasado se intensificó el servicio de acompañamiento familiar en el domicilio que brinda Cuna Más, y que alcanza a 100 mil niños de las zonas rurales. Fuera de eso, el MIDIS ha movilizado a 220,000 “líderes comunitarios”, que en realidad son todos aquellos vinculados a los programas sociales, como las socias de los comedores, los integrantes de los comités de alimentación de Qali Warma en los colegios, las señoras que atienden las Cunas, los gestores de Juntos y los yachachik. Todo este ejército de personas recibe, por ejemplo, mensajes de texto en sus celulares a través del programa MIDIS TeRecuerda, con indicaciones en todos los temas vinculados a la anemia.[3]

Este año el esfuerzo se profundizaría. El Ministerio de Economía destinará 50 millones de soles a 865 municipalidades distritales para que estas, junto con el MINSA, seleccionen, contraten y paguen a promotores que realicen las visitas domiciliaras. Generalmente son madres y lo que reciben es en buena cuenta una propina.

Papel de los alcaldes

Entonces es importante supervisar que todo ello se haga y en eso el papel de los alcaldes es clave. El plan pretende movilizarlos para que exijan a las distintas entidades, públicas y privadas, que cumpla cada una la tarea que les toca. Por ejemplo, que el primer nivel de atención de Essalud y los establecimientos privados hagan control de anemia y entreguen los suplementos, pues en lugares como Lima esos sectores atienden al 50% de la población (en el interior mucho menos).  También deben supervisar que los propios establecimientos del sector Salud estén haciendo los controles, visitando las casas y entregando los suplementos. Los alcaldes incluso pueden destinar recursos adicionales a los que recibirán del MEF o generar voluntariado para las visitas a las casas.

Y también que los colegios estén cumpliendo su parte, porque el ministerio de Educación ha dispuesto incluir el tema de la lucha contra la anemia en el currículum y se han programado unas “Semanas de la Lucha contra la Anemia” en la primera semana del mes de abril y la primera semana del mes de diciembre. En esas semanas los profesores desarrollan proyectos junto con los alumnos sobre cómo prevenir la anemia. Según el Dr. Rosell, el MINSA está trabajando “un plan conjunto con MINEDU para ofrecer mensajes que promuevan la prevención y reducción de anemia en los niños que cuentan con hermanos menores de 3 años”.

Lograr que los alcaldes supervisen que todos cumplan su papel comienza por lograr que los mismos alcaldes tomen conciencia del problema y sepan cuál es el índice de anemia en sus distritos y se propongan metas de reducción. Para ese efecto, el MIDIS tiene en su página web un portal con toda la información respectiva distrito por distrito, donde entre otras cosas figura exactamente qué porcentaje de anemia y desnutrición hay en cada circunscripción territorial. El link es el siguiente: http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/reporte/rptmidistrito.aspx?#no-back-button

El presidente de la República podría jugar aquí un papel de liderazgo para fomentar una competencia entre las municipalidades del país premiando a las que avanzan más rápidamente en la reducción de la anemia, y llamando la atención a los alcaldes indolentes. Podría darle la forma de una gran cruzada nacional, que sin duda le ayudaría a reposicionarse en la opinión pública.

De hecho, el MIDIS otorgó el año pasado incentivos no monetarios (el Sello Municipal, una suerte de certificación) a más de 600 gobiernos locales que cumplieron con la meta de incrementar las sesiones demostrativas sobre preparación de alimentos ricos en hierro, en las que participaron 57,415 familias. En esos casos la municipalidad compra los alimentos y el personal de Salud hace la sesión demostrativa, enseñando a preparar platos a base de sangrecita o de hígado, por ejemplo.      

El MIDIS ha recogido experiencias de alcaldes han aplicado planes exitosos de lucha contra anemia, que incluyen capacitación en el consumo de agua y lavado de manos por ejemplo, en un librito que ha sido distribuido a los nuevos alcaldes, con la idea de infundirles voluntad política.

El agua segura

El tema de agua es clave. Si el agua no es limpia, las enfermedades diarreicas anulan cualquier suplemento ferroso que se dé.  Hay un  Fondo de Estímulo al Desempeño que promueve la asistencia técnica de los gobiernos regionales a los gobiernos locales para el mantenimiento de los sistemas de agua, que suele ser un desastre. Se intenta que las Juntas de Administradoras de Agua municipales establezcan metas para mejorar el mantenimiento. El sector Salud, por su parte, realiza la capacitación en el hogar, aprovechando las visitas domiciliarias. También por medio de la radio. Sólo el 2% del agua en el medio rural es clorada. Hay que hervirla, pero cada 6 horas, porque luego de 6 horas se vuelve a contaminar.

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, nos informa que este año su sector ha diseñado  un nuevo programa masivo de cloración en el áreas rurales. La meta es pasar de es 2% de cloración en la actualidad a 45 % al 2021. Este año la llevarían a un  20%, si el MEF le da el presupuesto. “Vamos a reparar los equipos, entrenar operadores y comprar los insumos. Comenzamos por Puno, Cusco y Piura. Son 68 millones de soles este año. Es gasto corriente y hay que mantenerlo en el tiempo, pero en comparación con la millonada que se gasta en proyectos de saneamiento es muy económico”, explica.

Carlos Paredes, coordinador nacional de Sierra Productiva, cuestiona esta idea. “Poner cloro no es solución. Está demostrado. Nunca logran estabilizar la dosis adecuada de cloro. Ya se ha ensayado muchas veces y no ha funcionado”. Piqué, sin embargo, responde que el programa incluye operadores con varios centros poblados a su cargo que harán la dosificación. En todo caso, Paredes advierte que “dicho programa no considera la atención de poblaciones dispersas, porque la cloración es para agua entubada desde un tanque colector en centros urbanos pequeños.  Pero hay más de 100 mil llamados centros poblados de hasta 20 viviendas cercanas. Nuestra propuesta de instalar un nano filtro que purifica agua al 100% sin necesidad de cloro, más eco-baño que asegura salubridad con habitación de baño dentro de la vivienda. Hemos mejorado la purificación del agua. Ahora se agrega un dispositivo en el caño ubicado antes del nano-filtro. Contiene un cartucho de carbón y una esponja impregnada de plata coloidal. La eficiencia y garantía es mucho mayor”.

“Con esos dispositivos -agrega Paredes- se garantizaría una ampliación de cobertura al 100% de familias que habitan en hogares dispersos. Y sirve también para hogares de las zonas marginales de las grandes ciudades como Lima”. 

Juntos Productivo y el Presidente Vizcarra

A nuestro juicio, tendría gran impacto que Juntos se convierta en Juntos Productivo usando parte de los recursos que se distribuye a las familias para que estas construyan su micro reservorio familiar, aumenten su productividad –y consuman por ese lado más proteínas para bajar la anemia- e instalen ese nano-filtro para el agua de consumo humano. Se mataría varios pájaros de un tiro sin necesidad de recursos adicionales, usando solo el presupuesto que ya tiene asignado Juntos.

El presidente Vizcarra podría recorrer las comunidades promoviendo que las familias de Juntos opten por pasar al Juntos Productivo para transformar sus vidas. Sería extraordinario.

De hecho, el Presidente tiene conciencia del potencial político, movilizador y aglutinador de la lucha contra la anemia, porque la estrategia comunicacional de esta lucha se maneja desde Palacio de gobierno. Hasta ahora se ha usado a líderes sociales y redes para comunicar, pero este año se entraría con una campaña de medios masivos. Sería bueno ver más claramente su liderazgo en esta lucha.

ANEXO

Hemos visto que en los años anteriores la anemia no cayó pese a que el porcentaje de niños y niñas que accedió a suplemento de hierro se fue incrementando. Esto debido a que las madres reciben el suplemento pero no se lo dan en la frecuencia debida a sus hijos.

Lo mismo ocurre con una conocida estrategia del sector salud, los controles de peso y crecimiento (CRED) a los niños menores de 36 meses, que tampoco han tenido impacto en la disminución de los índices de anemia. En el siguiente gráfico vemos cómo el porcentaje de niños que acuden al CRED se incremente año a año, pero no disminuyen los niveles de anemia. Habría que revisar el protocolo de esos controles y ver por qué no tienen efecto en este caso, aunque sí parecen haberlo tenido en la caída en los niveles de desnutrición. Como vimos, para asegurar una disminución en la anemia, se requiere de visitas semanales a los hogares para asegurar que las madres estén administrando correctamente las gotas o el jarabe o los micronutrientes a los infantes. Y esto es lo difícil de organizar.

La gesta que el gobernador de Ica viene desarrollando en pro de la eficiencia de los servicios públicos y en contra de las mafias corruptas que se han apoderado del Estado, ha hecho que todas las plagas y alimañas salgan de sus covachas a defender sus nefastos espacios de poder.

Así podemos ver todas las semanas, en los informes del gobernador de Ica, que, como auténtico líder, no desmaya ni renuncia en su solitaria gesta. De sus escritos podemos ir haciendo una lista de las plagas que infestan la administración pública en el Perú.

Un ejemplo que podemos señalar del informe que presentamos líneas abajo, es el del Colegio Médico de Ica, que responde al interés personal de sus dirigentes, antes que a su obligación institucional.

Pero el tema del Colegio Médico de Ica, no es una singularidad. Hace tiempo que muchos de los colegios profesionales peruanos han caído en manos de dirigentes que han roto la tradición de representar la reserva moral de los peruanos mejor educados, los profesionales.

En Lampadia haremos pronto un informe sobre la situación de los colegios de profesionales en el Perú.

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 9 de febrero de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

En Ica hay personajes – llenos de odio y maledicencia – incapaces de reconocer el más mínimo logro del Gobierno Regional. Ese es el caso de ciertos periodistas, políticos, y hasta el propio Colegio Médico de Ica, que no quieren ver lo que ocurre frente a sus narices.

Me refiero – sobre todo – a la eliminación de las colas de pacientes que acuden a nuestros hospitales para ser atendidos bajo la modalidad de Consultas Externas. Y no es que “no hay colas porque no hay pacientes” como dicen algunos renegados. Al contrario. Al haber mejorado la atención en nuestros hospitales, las Consultas Externas han aumentado significativamente. En el Hospital Regional – antes de que la Dra. Bolívar asumiera la Dirección del hospital – atendíamos 7,500 consultas mensuales, previa cola de amanecida en la calle… a la intemperie. ¡Una crueldad!

Ahora estamos en 17,500 atenciones mensuales. ¡Sin colas! Y algo parecido está ocurriendo en nuestros demás hospitales. Tanto que pacientes de otras partes del país están viniendo a Ica para ser atendidos en nuestros nosocomios. ¡Bienvenidos!

Repito lo que dicen algunos especialistas en la materia. Incluso los propios pacientes. La eliminación de las colas en los hospitales de Ica constituye la máxima mejora en salud pública lograda a nivel nacional, en mucho tiempo. ¡Esa es la verdad de la milanesa… le duela a quien le duela!

Pero nuestros logros en salud no se limitan – únicamente – a las colas. También estamos mejorando la atención hospitalaria. Veamos. Inauguración del servicio de Telemedicina. Implementación de cirugía oncológica. Implementación de tratamientos de cáncer de piel y otras patologías dermatológicas con crioterapia. Implementación de procedimientos cardiológicos. Implantación de marcapasos. Implementación de procedimientos de partos humanizados. Implementación de Aula Hospitalaria con docentes acreditados en el Hospital del Socorro. Implementación del Helipuerto en el Hospital Regional.

A esto se suman las campañas preventivas en salud. El año pasado obtuvimos el primer puesto a nivel nacional en vacunación. Fuimos reconocidos por el Ministerio de Salud por la buena ejecución de la campaña de desparasitación. Hemos logrado bajísimos niveles de mortalidad en salud materno neonatal. Nos está yendo muy bien en los programas de salud mental y salud ocular. Y lo más destacable de todo… hemos controlado – en lo que va del presente verano – los brotes epidémicos por Dengue y Sika en toda la región.

Pues bien, a pesar de todo lo anterior hay gente que nos sataniza. Pillaca – un periodista chantajista que funge de catequista – dijo en su súper pesimista programa periodístico: “Fracaso estrepitoso en salud”. Oliva – un congresista patético que está maquinando el desalojo del Centro de Salud de Pisco – no se quedó atrás y dijo: “Ante el fracaso de la salud pública en Ica, voy a proponer que el MINSA asuma la gestión hospitalaria en la región”. ¡Al malvado ese, la salud de los pobres le importa un bledo!

¿Y los directores del Colegio Médico de Ica? Se mordieron la lengua. Ni un solo comentario respecto a las mejoras en nuestros hospitales. Al contrario. Están defendiendo a los médicos y servidores corruptos. Otorongo no come otorongo. Peor aún, el Colegio Médico ha inhabilitado a la Directora del Hospital Regional. ¡Increíble! La dama que ha puesto orden y disciplina en el Hospital bandera de Ica; la que ha dignificado – y multiplicado – la atención hospitalaria en la región; la que ha llevado bienestar a miles de pacientes pobres; la honorable Dra. Diana Bolívar ha sido sancionada por el Colegio Médico de Ica. Cuando lo que merecía era un reconocimiento por todo lo alto.

En fin. Así es la vida. Como diría la Reina Pachas ¡son una basuuuuuuraaa! Por ello – en el ámbito de la gestión hospitalaria que le compete al Gobierno Regional – ¡ni hacerles caso! La dignidad de nuestros pacientes está por encima de la mezquindad de nuestros detractores. Lampadia

Hace pocos meses fuimos testigos de cómo los funcionarios del Estado, reaccionan con gran despliegue mediático y afán de notoriedad, cuando se les presenta la oportunidad de tirarse encima de una empresa privada.

Fuente: desafiocomunicacion.com

Pero si Essalud maltrata a los asegurados, o si Sedapal deja sin servicios sanitarios a los ciudadanos más necesitados, o si la policía permite que los atoros del tránsito se queden a la buena de Dios, los defensores de los consumidores, desde Indecopi a asociaciones mercantilistas que lucran con la persecución de las empresas privadas, hacen mutis.

Veamos algunos casos:

El escándalo de la leche que sí era leche

En junio pasado publicamos en Lampadia: El caso de la leche¿Qué explica los desbordes que nos abruman?

De un tiempo acá, marcadamente en Lima, se viene configurando una suerte de irritación a flor de piel, que ante cualquier evento presentado por la política o por los múltiples canales de información mediática, se desatan reacciones violentas e incontenibles, con ataques destructivos y apurados y arrastrados a estados de alteración lejanos de lo civilizado y lo razonable.

Estamos hablando de alteraciones que se expanden por los espacios de opinión, por los medios (tradicionales y modernos), en los que de pronto se destrozan de mala manera a personas, instituciones y empresas. Estamos hablando de estados de excitación que capturan a la mayoría de políticos y que los lleva a legislar en una suerte de estado de pánico, donde de la noche a la mañana pueden causar daños al conjunto de la sociedad y, curiosamente, a los ciudadanos más pobres.

Así pasó con el escándalo de ‘la leche que no era leche’.​ Ni la ministra ni los funcionarios ni los congresistas leyeron las normas por las que el producto Pura Vida y otros sí pueden y deben llamarse “leche”. Es muy claro: ¡porque sí son leche!

¿Y todo el escándalo? ¿Acaso todos se equivocaron? Sí, todos se equivocaron. Nadie hizo su trabajo. Nadie documentó su posición. Parece que muchos creyeron que no se trataba de leche porque tenía una composición “parcial”. Si pretendiéramos que el 100% de la lata fuera leche, el tarro costaría lo que cuesta el tarro azul.

Quitar del mercado estos productos, sin que haya habido fraude alguno o hallazgo de un tóxico en el contenido, es un atentado brutal contra la economía de la gente.

El escándalo de la salmonela francesa

En los últimos días, ante la alerta sanitaria de las autoridades francesas sobre los productos de la empresa Lactalis, en relación a la posible contaminación de salmonela de algunos de sus productos, fabricados después del 15 de febrero, 2017, las autoridades peruanas (Digesa, Indecopi, et al) armaron un tremendo despliegue mediático, siendo que solo una empresa peruana comercializa productos de Lactalis.

Bastaba una llamada telefónica, a una empresa formal y transparente, para verificar los riesgos. Pero, es pues más sabroso hacerse los machos y pisotear a las empresas privadas.

En este caso, Gloria S.A. ha tenido que publicar un comunicado, explicando que sus productos fueron fabricados con anterioridad a la fecha de la alerta sanitaria de Francia, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de contaminación (ver comunicado líneas abajo).

Las multas por supuesta publicidad engañosa

Según reporta el Diario Gestión:

Gloria y Nestlé multadas por vender productos lácteos como si fueran leche

El Indecopi informó que ambas empresas deberán pagar S/ 13.7 millones por no consignar en la etiqueta el nombre correcto de los productos Pura Vida, Bonlé y Niños Defense, en el caso de Gloria; y Reina del Campo e Ideal, en el caso de Nestlé.  

“Estos son los primeros casos que concluyen en la primera instancia respecto de las investigaciones iniciadas de parte -es decir, por denuncia de terceros- en el caso de los productos lácteos”, informó el Indecopi.
En el caso de Gloria, la multa llegó a S/ 9.3 millones:

Producto Pura Vida Nutrimax:

Gloria lo llamó “leche evaporada parcialmente descremada” cuando en realidad se trataba de una “mezcla láctea compuesta”, pues en su composición tenía constituyentes no lácteos destinados a sustituir parcialmente la leche.

Producto Niños Defense:

Gloria lo llamó “Leche evaporada” cuando en realidad se trataba de un “Producto lácteo compuesto”.

Producto Bonlé Familiar:

Gloria colocó en su etiquetado el nombre de “Leche evaporada parcialmente descremada” cuando debió llamarlo “Mezcla láctea compuesta”, ya que en su composición tenía ingredientes no lácteos destinados a sustituir parcialmente la leche.

En el caso de Nestlé, la multallega a S/. 4.3 millones.

Producto Ideal Amanecer: la empresa consignó en la etiqueta el nombre de “Leche evaporada parcialmente descremada”.

Producto Reina del Campo: la empresa consignó en la etiqueta de este producto el nombre “Leche evaporada parcialmente descremada”, cuando debió llamarlo “Mezcla láctea compuesta” pues en su composición tenía ingredientes no lácteos destinados a sustituir parcialmente a la leche.

Es importante señalar que, del total de multas impuestas a ambas empresas, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) recibiría el 3%, porque patrocinó la denuncia en representación de sus asociados y por contar con convenio vigente con el Indecopi en su calidad de asociación de consumidores, tal como lo establece la ley. Concluye el despacho de Gestión.

Si el consumidor conoce una denominación de leche, como ‘leche evaporada’, no importa, de lo que se trata es de ir generando normas antojadizas, y persecuciones rentables para los supuestos defensores de los consumidores, como es el ya célebre caso de Aspec.

Esperamos que el Estado, los políticos y los medios dejen esta persecución sin sentido que solo busca crear más mitos y desinformación en contra de empresas privadas y desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan al Estado. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Insensibles aparentemente a la situación del país y a la salud de los pacientes, el Colegio y la Federación Médica lanzan a los médicos a una huelga nacional. ¿Qué piden? El incremento del presupuesto del sector en circunstancias en que los ingresos fiscales han bajado; aumento de sueldos fuera de todo sistema meritocrático y de productividad y, no podía ser menos, la destitución de la ministra de Salud, Patricia García.

Fuente: El Comercio

Es cierto que los médicos ganan relativamente poco, pese a los aumentos recibidos en los últimos años. Pero también es cierto que trabajan solo 4 horas, una herencia de épocas en las que el Estado carecía totalmente de recursos y que ya no se justifica. Menos aun que se mejore la escala salarial fuera de todo sistema de medición del desempeño y la productividad. Ver en Lampadia: La tragedia de los servidores del Estado.

Lo que parece no entenderse es que los médicos podrían ganar más si el sector se reformara y racionalizara, que es a lo que precisamente se oponen. Rechazan, por ejemplo, lo que llaman “la privatización de los servicios de salud”, un fantasma que se usa para alertar contra todo lo que pueda significar introducción de modelos de gestión que exijan evaluaciones y resultados.

Parte del problema es que el Colegio Médico ha asumido un enfoque gremialista desde que ha estado presidido por anteriores líderes de la Federación, distorsionando el manejo de una profesión que no puede orientarse únicamente desde una visión mercantil ideologizada y menos aun de corto plazo.

Iracundo (¿médico?) Palomino, ex dirigente de la Federación y del Colegio Médico

La primera víctima de la resistencia a la racionalización y modernización de los servicios fue el ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Edmundo Beteta, luego de que descubriera y pusiera coto a la cantidad de prácticas corruptas y desviaciones a clínicas privadas allegadas a algunos médicos, antes financiadas por el SIS. Médicos de las clínicas San Pablo, por ejemplo, a las que se les ha cerrado el banco del SIS, están, entre otros, detrás de esta huelga. También quiso poner orden en el tarifario del SIS, y eso ya fue demasiado.

Coladera: medicamentos

Lo que no se advierte es que si se cierra los huecos por donde se perdían los recursos del SIS habrá más recursos para subir las remuneraciones. Hay huecos en todas partes. Por ejemplo, en la adquisición y control de la administración de medicamentos. Un caso fue el de la metmorfina, para el tratamiento de la diabetes. El ministerio hizo un cálculo riguroso de la cantidad que se necesitaría para este año, y resulta que esa cantidad no alcanzó ni para 5 meses. ¿Qué había pasado? Pues, nuevamente, corruptelas: pacientes que van a un establecimiento, les dan el medicamento por tres meses, y luego acuden a otro establecimiento o médico, y les vuelven a dar los mismos medicamentos, que probablemente venden baratos a las farmacias cercanas. Para prevenir estas corruptelas el ministerio está tratando de implementar un sistema informático integrado que identifique al paciente, al médico, el diagnóstico recibido y los medicamentos recetados (existe un sistema, el SISMED, pero es incompleto y no se usa, la información no se registra). A esto se une la historia clínica electrónica que se está implementando gradualmente. 

De otro lado, ocurre que, salvo algunos años en que se hicieron compras corporativas de medicamentos, por lo general cada hospital compra sus medicamentos y sus insumos, y contrata los servicios que necesita como lavandería, por ejemplo. La idea del Ministerio es que todo eso se haga de manera corporativa, para ahorrar dinero. Por ejemplo, este año se han hecho cinco compras corporativas por un valor de 800 millones soles, con un ahorro de 80 millones. Por supuesto, eso afecta intereses también, aunque libere recursos para aumentar a los médicos. Con todo, esos 800 millones sólo representan el 75% de las compras. El restante 25% lo siguen ejecutando los hospitales o Regiones directamente por su cuenta.

El ministerio, además, está construyendo indicadores de eficiencia para determinar cuál es la demanda precisa de medicamentos e insumos, y cuál debe ser el rendimiento de los servicios. Se ha determinado, por ejemplo, que por alguna razón se gasta bastante más anestésicos por operación de lo que debería. Hay forados por todos lados porque nada se medía.

Contratos de gerencia

En realidad, los hospitales y establecimientos, e incluso las redes, deberían ser administrados por empresas privadas contratadas para ese fin por medio de contratos de gerencia. De esa manera los huecos se cerrarían y habría más recursos para pagar mejor a los médicos. Y habría más eficiencia, más productividad y mucha mejor atención al usuario, que es lo que en realidad interesa. Pero los forados se defienden. Resisten. La ministra García ni se atreve en pensar en una reforma como esta. Ella cree que bastaría con especializar la gestión formando administradores públicos de salud.

Clínicas en los hospitales

Por eso ocurre, por ejemplo, que las farmacias de los hospitales venden a personas de fuera, sin receta, a precios más bajos que los del mercado. Esto porque los “ingresos directamente recaudados” se han institucionalizado desde que en la época de la hiperinflación los hospitales carecían de recursos. Muchos crearon unas clínicas privadas al interior de ellos atendidas por los mismos médicos del hospital, con la idea de recaudar ingresos para ayudar a financiar la parte gratuita. Eran las clínicas “Robin Hood”: atendían a personas con más capacidad adquisitiva para financiar a los pacientes de menores ingresos. Pero esto se prestó también a diversas de corruptelas, la más escandalosa de las cuales se reflejó en el caso Moreno (el ex asesor presidencial) del hospital Loayza. Había un incentivo a dejar que se malogren los equipos del hospital para derivar consultas a la clínica privada. Pues bien, la ministra dispuso recientemente cerrar esas clínicas privadas, cortando de raíz las mencionadas corruptelas y afectando a los médicos que recibían ingresos legítimos o ilegítimos por esa vía.

Uno de los negocios de los hospitales es, por ejemplo, el de las tomografías. Al parecer, existe una gran demanda por ellas. Mucha gente las pide casi como si tuvieran un poder curativo. A más tomografías realizadas, más ingresos recibe el hospital por parte del SIS. Aquí hay, para comenzar, la necesidad de ajustar las tarifas a su valor real para no regalar dinero. Y precisar mejor en qué casos realmente se requieren.

Separar financiación de prestación

Todo esto tiene que ver con un cambio mayor, que es el de separar la financiación de la prestación del servicio. Es decir, darle a todo el sector la estructura de un seguro, universal, de modo que el fondo que financie debe saber exactamente cuánto cuesta cada prestación y asegurarse de que haya sido bien indicada, tal como lo hace un seguro. De esa manera habrá menos filtraciones de recursos y se gastará solo lo necesario. Con la ventaja de que el usuario podrá ir a cualquier establecimiento, público o privado, que recibirá el pago establecido correspondiente por la prestación realizada.

Ese es un cambio fundamental, tanto desde el punto de vista del ahorro de recursos como de la mejora en la atención, porque los servicios públicos se esforzarán por tratar bien al paciente. Pero, por eso mismo, acaso, es resistido por los médicos. Lo satanizan con el nombre de “privatización”, cuando aquí  lo que interesa es la calidad del servicio en interés de los usuarios.

Atención primaria

Pero, además, lo que se requiere es un cambio de modelo, hacia la prevención. Lo de las tomografías es un ejemplo de cómo el presupuesto tiende a concentrarse en los hospitales de tercer nivel, en atenciones caras. La gran reforma del sector pasa por bajar el centro de gravedad del sistema a los establecimientos de primer nivel, a la prevención. Pero allí hay menos negocio. La pregunta es como diseñar un sistema de incentivos que haga atractivo a los médicos bajar al primer nivel. Valorizar más el despistaje que la tomografía o la curación, por decir algo. Una forma podría ser la que se aplica en los dos hospitales concesionados de Essalud, que reciben una cantidad por paciente asignado en su área de influencia de modo que lo que les conviene es que las personas no se enfermen para no gastar en la curación. Pero que además ofrecen algo muy importante, una calidad de servicio a los pacientes, que es muy superior a los servicios brindados por el Estado en todas sus formas, pues todos están regulados en los contratos de concesión. Ver en Lampadia: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad.

El sistema de Salud debe estar orientado a la salud, no a la enfermedad. A que la gente no se enferme. De esa manera resultaría mucho menos costoso y habría recursos para aumentar las remuneraciones de los médicos. Pero parece que este es un razonamiento muy complicado de entender.

Justamente, la revolución tecnológica en el campo de la medicina está cambiando el paradigma de lo curativo o correctivo, por un enfoque preventivo. Pero no es fácil recoger estos cambios si los servicios de salud se politizan. Tal vez deberían revisarse las regulaciones a las que están sujetos el Colegio y la Federación Médica. Lampadia

Al igual que en el caso de la educación, uno de los graves efectos secundarios del gran apagón nacional con el que perdimos 30 años (60s, 70s y 80s), fue la destrucción de los ingresos de los servidores públicos de salud (médicos enfermeros y técnicos) por la erosión creada por la hiperinflación. Estos servidores sociales tenían ingresos fijos que fueron licuados por la inflación. Ante ello, se fueron produciendo una serie de comportamientos disfuncionales como, la disminución de las horas de servicio para que los trabajadores puedan tener ingresos adicionales fuera del Estado y; entre otros, las agremiaciones de corte sindical que tenían que asumir actitudes de fuerza para conseguir mejoras a costas de otros, pues vivíamos en un sistema de ‘suma cero’. Así fue que el Estado fue convalidando estas instituciones y en muchos casos dotándolas de privilegios inconvenientes, como franquicias para asociaciones monopólicas y obligatorias.

Pues hasta nuestros días, el enfoque de las dirigencias gremiales y sindicales sigue siendo reivindicativo y la acción del Estado concesiva. Hoy vivimos en un país diferente, lleno de oportunidades, en un sistema de ‘suma positiva’, pero lamentablemente, ante la falta de visión y liderazgo de nuestros gobernantes, no se puede avanzar con presteza ni claridad en las indispensables reformas. Veamos las resistencias en el sector salud: 

La resistencia a las reformas en Salud

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debería aprovechar su ascendiente con los médicos para sumarlos a la causa de la reforma. Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido una resistencia de los gremios médicos a los avances de la modernización en el sector, mezclada con entendibles demandas de incrementos de sueldos. No cabe duda que la remuneración de los médicos tiene que subir, pero eso tiene que darse el marco de un nuevo sistema que asegure mucho más productividad en los establecimientos y en el sistema. Porque lo que interesa es la salud de la gente.

No olvidemos que Cesar Palomino Colina, quien anteriormente fue el Presidente de la Federación Médica, desde la cual promovió y dirigió huelgas médicas inhumanas que deberían haber supuesto su expulsión del gremio médico, pasó luego a ser el Decano Nacional del Colegio Médico, para luego postular al Congreso en la lista de Alianza para el Progreso de Cesar Acuña. Con esos dirigentes en la profesión médica, solo queda emprender una reforma completa del sistema en la que se privilegie el compromiso humanitario de la profesión.

La modernización del sector supone varios cambios. En todos o casi todos ellos ha habido resistencia u oposición. Veamos.

Resistencia a la separación de roles

La reforma madre en el sector Salud se expresa en el concepto de separación de roles o funciones. En Essalud esto supone la separación entre el financiamiento y las prestaciones, es decir, entre el fondo (IAFAS) y los establecimientos (IPRESS). El Fondo contrata a los establecimientos o a redes de establecimientos con arreglo a determinadas metas. En el Sector, el Ministerio y las direcciones regionales de Salud desempeñan un rol rector, y los establecimientos ejecutan, brindan el servicio. Esta relación puede regularse mediante presupuestos por resultados, o, en el caso del Seguro Integral de Salud (SIS), mediante contratos de gestión con los establecimientos en los que se entrega el dinero por tramos según el cumplimiento de metas trimestrales. La idea sería que todo el presupuesto del sector salud sea gestionado por el SIS.

Pues bien, hay una resistencia ideológica este cambio. La explicación podría estar en el mayor nivel de exigencia que supone, pues en este marco los establecimientos tienen que cumplir metas de atención y resultados. Y, en la medida en que también se puede contratar establecimientos privados (aunque solo de manera complementaria, lo que sigue siendo una forma de proteccionismo), aparece el fantasma de una posible competencia.

Veamos el caso del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) de Lima. Este se creó para gestionar los hospitales de Lima, que dependen del Ministerio. Siempre dentro del concepto de separación de funciones, si el Ministerio asume el rol rector ya no puede gestionar directamente los hospitales. Entonces creó el IGSS para que maneje los establecimientos de salud de Lima. Hasta antes del IGSS los hospitales de Lima dependían directamente del MINSA, pero en la práctica se gobernaban solos. El MINSA designaba Directores y después cada hospital se manejaba por sí mismo porque no existía un área, oficina o Dirección en el MINSA que se encargara, por ejemplo, de organizar la oferta de servicios con una lógica de niveles de atención ni de complementariedad especializada ni de ahorro de recursos. Lo que se tenía eran feudos de gestión independiente en los que no se aprovechaba economías de escala para las compras, los servicios, etc. Y en los que era más fácil sucumbir a presiones de grupos internos de interés, como los de la Federación Médica y otros sindicatos, que eventualmente condicionaban al director del Hospital para mantener el statu quo: desvío de pacientes a la práctica privada, no cumplimiento de horarios, manejo patrimonialista de los servicios (hay médicos que tienen la llave de “sus” consultorios, por ejemplo).

La idea, entonces, era que el IGSS tomara el control de las compras de todos los hospitales y centros de salud, de la gestión de los servicios, dentro de una lógica de red y de sistema (como lo hacen los holding privados: San Pablo, por ejemplo, tiene cinco clínicas, pero una sola gerencia administrativa y médica). Pues bien, el IGSS se creó, pero no ha podido asumir sus funciones sencillamente porque la Federación Médica se ha resistido. No quiere depender de una gerencia de operaciones que tenga la capacidad de corregir el desorden, en el que medran intereses de todo tipo. Lo que hay allí, en el fondo, es la defensa de un statu quo patrimonialista e ineficiente al servicio, en última instancia, de la práctica privada de los médicos.

Resistencia a las Asociaciones Público Privadas

En teoría, la separación entre el fondo financiero y la prestación de los servicios implica que, en teoría, el fondo (sea el de Essalud, del SIS o del MINSA) pueda comprar servicios a quien mejor los provea, sean establecimientos públicos o privados. Precisamente la idea es establecer una competencia a favor de los usuarios, que son la razón de ser del servicio. Pero en nuestro país se concibe contratar redes o establecimientos privados solo de manera complementaria, en la medida en que el Estado no tenga la capacidad de brindar el servicio. Es decir, la subsidiariedad al revés. La Constitución al revés. Así, al limitarse la competencia, se limita la calidad del servicio.

Un consecuencia lógica del sistema sería convertir los hospitales públicos en APPs. De esa manera serían más eficientes. Pero todo lo que sean APPs es tildado por la Federación Médica como “privatización”. Cuando en realidad solo se trata de contratar la operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas fiscalizables. Es la manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente. De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada (que significa que la privatización ya existe; pero es la privatización de los pacientes).

Un avance muy importante han sido los Hospitales Kaelin y Barton, construidos y administrados por consorcios privados incluso en la llamada ‘bata blanca’ (gestión médica). Funcionan muy bien y tienen el incentivo correcto: reciben un pago capitado (por cada persona del área asignada al hospital), de modo que les conviene hacer prevención a fin de que la gente no se enferme y de esa manera incrementar las utilidades. Utilidades y salud se complementan, se refuerzan mutuamente. Pero los hospitales son del Estado y de lo que se trata es sólo de una concesión temporal. Sin embargo, la Federación Médica se opuso desde el principio a estos proyectos acusándolos de ser “privatizaciones”, y movilizaron a pacientes contra su operación.

El mayor aporte de los hospitales basados en APPs de ‘bata blanca’ para la calidad de la salud, es que al mismo costo por asegurado de la operación directa de Essalud, se logran estándares inmensamente mejores. Por ejemplo: solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria. No mencionamos los equivalentes de la operación directa de Essalud, para no deprimir a nuestros lectores y porque todos saben como es. 

Incluso la propia Essalud habría caído en esas presiones, pues Lampadia reveló que había empezado a cambiar la relación de las poblaciones asignadas a cada hospital debilitando así la labor de prevención ver: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. La presidente Ejecutiva de Essalud, Virginia Baffigo, asegura que no hay intencionalidad alguna en esos cambios de poblaciones sino que ello obedece a la volatilidad de la población asegurada. Según ella, “La adscripción de los asegurados se realiza de manera estricta mediante el Sistema de Acreditación de Derecho de los Asegurados. Este sistema registra Altas y Bajas y se alimenta de información que nos envía la SUNAT. Las personas que están afiliadas en los entes llamados conos de la ciudad son trabajadores con alta volatilidad, por ejemplo trabajadores de construcción civil u otras ramas muy sensibles a los vaivenes de la economía. Hemos asistido a fluctuaciones de hasta casi el 20 por ciento de altas y bajas. De los 250 mil afiliados, al inicio cada mes cambiaban 20 mil, personas que entraban  y salian del sistema. Al parecer en este momento existe más estabilidad. Esto es habitual en el régimen contributivo. Digamos que “así es el negocio”. Nadie les mueve la población de manera intencional”.

El hecho es que para las tres nuevas APP en proyecto (en Piura, Chimbote y el Instituto de Niños y Adolescentes en Lima), sólo se ha solicitado “bata gris”, no bata blanca. Esto significa que la APP brinda sólo equipamiento y servicios administrativos de soporte, pero no la gestión de los servicios médicos propiamente dichos. Según la presidenta Ejecutiva de Essalud, Virginia Baffigo, se pide bata gris y no bata blanca porque estos hospitales van a reemplazar a otros que ya existen (el hospital Cayetano Heredia de Piura y el Hospital de Nuevo Chimbote) y “por eso no podría ser bata blanca porque ya disponemos de personal que tiene estabilidad laboral”. Pero la verdadera razón es evitar el conflicto con los sindicatos, que se oponen a cualquier régimen que pudiera representar un cambio del statu quo que lleve a mayor eficiencia.  

Como hemos relatado en informe pasado, el caso más dramático e indignante fue el del convenio de Essalud con los hospitales de Solidaridad (SISOL), que fuera denunciado ante la Contraloría con acusaciones infundadas que hicieron que el Sindicato de Médicos del Seguro Social lo denunciara a la Comisión de Salud del Congreso, donde el congresista Tapia, vinculado a los médicos de Essalud, denunció a su vez fiscalmente a Midori De Habich, Susana Villarán y a Virginia Baffigo. Mientras tanto el convenio fue boicoteado por los médicos, que no enviaban pacientes a los hospitales de Solidaridad. Finalmente fue resuelto y la experiencia abortó. La Federación ganó la batalla, pero los pacientes perdieron.

Resistencia a SUSALUD

También hay resistencia a las supervisiones de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), institución creada en la reciente reforma para supervisar la calidad de la atención de los servicios públicos y privados, con capacidad sancionadora. También supervisa que las acreditaciones se hagan bien.

SUSALUD es la bestia negra para algunos médicos. Lo que argumentan es que no se puede supervisar y sancionar si primero no se cierran las brechas de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, la mayor parte de las quejas no tienen que ver con esas eventuales carencias, sino con deficiencias en la atención, demoras, poca información, cobros indebidos, desvío de pacientes a la práctica privada etc. Se entenderá la razón de la oposición del Colegio Médico y a la Federación Médica.

Pago por desempeño

Una de las reformas que introdujo la ministra Midori de Habich, fue el pago por desempeño. Dicho pago es anual y equivale a un sueldo. Lo reciben todos los trabajadores de una Unidad Productora de Servicios (puede ser un servicio dentro de un hospital o una red de primer nivel) si dicha Unidad alcanza el cumplimiento de un conjunto de indicadores (tiempo de espera, satisfacción, cobertura de controles, etc.). 

Es problema es que el pago por desempeño desató una presión para que todos reciban el bono, para lo cual el sindicato demandó que se bajen las metas o se retiren algunos indicadores a fin de que todos puedan “cumplir”. Pero si todos reciben el bono, este pierde su capacidad estimulante del rendimiento. El Ministerio tuvo que ceder en algo para evitar una huelga, pero felizmente no en todo, aun.

Redes e intercambio prestacional

Un elemento fundamental de la reforma es la organización de los establecimientos y servicios en redes, de modo que los médicos especializados, por ejemplo, puedan salir del hospital y atender temporalmente en zonas o establecimientos periféricos que carecen de esos médicos. Supone la posibilidad de programar la demanda y que funcione bien el sistema de niveles de atención.

Aquí el problema es con los médicos nombrados, que argumentan que fueron nombrados en el establecimiento tal o cual y no tienen por qué visitar otros sitios. Hay, sin duda, un problema con las normas, que deben ser modificadas para que permitan la gestión de todos los recursos en Red. Hoy son de cada “establecimiento”.

Esto también se aplica al mejor uso de  la misma capacidad instalada. Hay, por ejemplo, hospitales cerrados en la tarde. Pese a que una norma ahora lo establece, en la práctica casi no hay intercambio prestacional. Un asegurado del SIS debería poder atenderse en un hospital de Essalud, por ejemplo, si es de más fácil acceso. De la misma manera, un cirujano de Essalud debería poder operar en un hospital del MINSA. En la práctica tales intercambios son muy engorrosos. La Contraloría obliga a procedimientos cada vez más complicados y los médicos terminan con procesos abiertos.  

Meritocracia en las Regiones

Otro problema es el nombramiento de los directores regionales y otros cargos regionales. Hay resistencia de los gobernadores regionales a contratarlos  por concurso. El Ministerio trabaja con SERVIR trabajamos en el desarrollo de Gerentes Públicos en Salud con la esperanza de que las regiones los pidan, pero prefieren trabajar con gente de confianza.

En suma, la nueva administración debe tener un panorama claro de los intereses creados que se oponen a las reformas, y de las razones por las cuales lo hacen, a fin de diseñar estrategias que permitan incorporar esos intereses de manera funcional a los cambios indispensables para dar un salto en los servicios de salud, en beneficio de todos los ciudadanos. 

Lampadia

El ministerio de Salud recupera capacidad rectora de la política sectorial en los gobiernos descentralizados

Con este informe iniciamos nuestro análisis del sector salud, siguiendo con el seguimiento de los Servicios del Estado, que forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.  

Ya es un lugar común decir que la descentralización política del país, un proceso necesario, se hizo de manera precipitada y con errores de diseño. La alianza que pretende el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con los gobiernos sub nacionales tiene que partir de reconocer ese hecho, y llevar adelante reformas que permitan resolver los problemas generados y apuntar a gobiernos descentralizados eficientes y profesionales. No se trata de hacer populismo descentralista, sino de modernizar estructuras y modelos de gestión que suelen ser patrimonialistas y corruptos y fortalecer la gestión local y regional.

La manera de hacer eso debería ser, a la vez, la forma de resolver una de las consecuencias más preocupantes que ha tenido el proceso descentralizador: la pérdida de capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales por parte del gobierno central. Como bien señala el informe “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo” de la Contraloría General de la República, el gobierno central, salvo excepciones, por lo general ni siquiera asume las limitadas funciones rectoras y supervisoras que tiene asignadas en la ley, en parte por falta de conciencia o capacidad, en parte por carencia de data y de instrumentos de medición de brechas y resultados, y por ausencia de mecanismos de intervención y sanción cuando el gobierno subnacional no puede o no quiere ejecutar una política sectorial.

Tenemos un sector, sin embargo, en el que sí se han avanzado algunas soluciones a este problema y se ha logrado recuperar formas de dirección y monitoreo de la política sectorial e incluso capacidad de intervención ante problemas en la provisión del servicio. Se trata del sector Salud.

En efecto, el Ministerio de Salud ha logrado recuperar su capacidad rectora por cuatro vías: en primer lugar, institucionalizó un mecanismo de coordinación y planeamiento intergubernamental que funciona; en segundo lugar, existe un presupuesto por resultados que supone, en principio, un control por parte del MEF y del MINSA; en tercer lugar, el sector ha implantado un sistema de asignación de recursos a establecimientos descentralizados en función de resultados verificables, a través del Seguro Integral de Salud (SIS); y, finalmente, ha logrado que el Congreso apruebe una ley de fortalecimiento que le permite intervenir directamente cuando un gobierno descentralizado no cumple una política o es desbordado por una emergencia.

Comisiones intergubernamentales

En cuanto a lo primero, existe la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), creada por una resolución de la PCM en el 2009. En ella participan el Ministro y funcionarios, los Directores Regionales de Salud y representantes de Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). Se reúne cada tres meses para hacerle seguimiento a agenda del sector. Entre sesión y sesión se reúnen comisiones mixtas ad hoc que desarrollan los temas: a qué se compromete cada nivel de gobierno para reducir la anemia, por ejemplo.

Además de esa comisión, el Decreto Legislativo N° 1157, Ley de Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud, de diciembre 2013, crea los Comités Regionales Intergubernamentales de Inversión en Salud (CRIIS), adscritos a cada Gobierno Regional, a los cuales les corresponde “la priorización concertada y el seguimiento de las iniciativas de expansión y sostenimiento de la oferta pública de servicios de salud”. En ese marco se discute y aprueba el Plan Regional Multianual de Inversiones en Salud de cada región. El rol del Ministerio allí es, según el artículo 7 del reglamento, “Aprobar conjuntamente con los Gobiernos Regionales sus Planes Regionales Multianuales de Inversiones en Salud, a través de los cuales se exponen las decisiones de expansión y sostenimiento de la oferta pública de servicios de salud…”.

Estos Comités deciden todo lo que tiene que ver con infraestructura y equipamiento. Asiste, de parte del Ministerio, el jefe de la Dirección del Descentralización. Su funcionamiento ha permitido poner orden en la inversión en ampliación de la oferta. Antes podía ocurrir, por ejemplo, que en un mismo sitio se construyeran 3 puestos o centros de salud simultáneamente: uno por la municipalidad distrital, otro por la provincial, y uno tercero por el gobierno regional o alguna otra entidad. Por supuesto, la municipalidad levantaba el establecimiento y luego pedía personal a la Dirección Regional de Salud, que no tenía la disponibilidad. Eso se acabó. Ahora todo está coordinado y priorizado tomando en cuenta la capacidad de atención.

Con frecuencia ocurre que la municipalidad o incluso el gobierno regional carecen de la capacidad de hacer los estudios del proyecto. En esos casos el Ministerio interviene, mediante convenio, con el Programa Nacional de Inversiones en salud (PRONIS) que realiza los estudios y eventualmente también ejecuta la obra. En estos 5 últimos años se han concluido 160 establecimientos, entre regionales y provinciales, dejando una cartera de 265 proyectos hacia adelante, consensuada con gobiernos regionales.

Presupuesto por resultados

El ministerio cuenta, además, con un segundo instrumento para ejercer su rectoría: el presupuesto por resultados (PPR), que se ejerce a través del MEF pero donde el Ministerio de Salud define los “productos” y las metas. El presupuesto total del sector, en los tres niveles, bordea los 17,000 millones de soles, de los cuales están bajo presupuesto por resultados unos 5,500 millones. Es el caso, por  ejemplo, del Programa Articulado Nutricional (PAN), que incluye el Control de Crecimiento de Desarrollo (CRED), vacunación, atención de diarreas y neumonías etc.; el programa Salud Sexual y Reproductiva; el Programa de  Control de Enfermedades Metaxénicas (dengue, malaria), el  Programa Control de Tuberculosis y Sida, el nuevo Programa de Salud Mental (es nuevo, tiene 2 años), el programa de Control de Enfermedades Crónicas (diabetes, hipertensión etc).

El Ministerio interviene, decíamos, definiendo los productos y las metas de estos programas para cada gobierno regional. Pero, según Edgardo Nepo, Secretario de Coordinación del Consejo Nacional de Salud, si el Gobierno Regional no alcanza la meta establecida, sea por falta de presupuesto o mala gestión, no pasa nada. No se ajustan ni el presupuesto ni la meta. Es decir, el presupuesto por resultados no tiene efectos, no está funcionando.  “Suele ocurrir –explica- que el presupuesto estimado para la meta definida sobrepasa el techo presupuestal que el MEF establece para cada pliego y no hay un ajuste adecuado de la meta para este techo, lo que genera que la prestación se haga mal y no se consigan las metas. El hecho de que este defecto se repita año a año sugiere que hay un problema con el instrumento que el MEF ha elaborado para estimar el presupuesto (estructuras de costos inadecuadas, insumos mal calculados, etc). Un tema para la siguiente gestión es la revisión de las estructuras de los PPR y su articulación trasparente con el financiamiento que llega vía el Seguro Integral de Salud (SIS), que tiene su propio cálculo de costos en relación a metas, y que funcionara bien”.

Nepo explica que el PPR debería fondos mediante convenios y por tramos en función a resultados. “Es lo que hacemos con el SIS”, afirma.

Lo que no funciona bien, además de los PPR, es la relación entre las Direcciones Regionales de Salud y las redes y establecimientos desconcentrados, situados fuera de la capital de la Región. Según Arturo Granados, Director de la Oficina de Descentralización del MINSA, la autoridad regional no gobierna nada. Solo controla a su unidad ejecutora, en la capital. Pero los establecimientos y redes del interior del departamento no rinden cuenta a nadie. Se necesita fortalecer, entonces, dicho nivel intermedio: que el Director Regional apruebe los planes y presupuestos de todas sus unidades ejecutoras. El problema es que normalmente el Gobernador Regional pone a sus allegados en los cargos subregionales, y entonces el director regional de salud carece de autoridad sobre ellos. Es un manejo patrimonialista. Lo que se requiere es que esos cargos sean nombrados por concurso, comenzando por el del propio Director Regional, y que se establezca un sistema de redes de atención sanitaria bien organizado. 

Capacidad de intervención

Vamos a dedicar un artículo especial al SIS, que es el tercer instrumento de manejo de las políticas sectoriales en los gobiernos descentralizados que posee el MINSA.

Pasemos entonces al cuarto instrumento: hace muy poco, el 19 de abril del 2016, se aprobó la ley Nº 30423 de fortalecimiento de la autoridad de salud a nivel nacional. Esta ley permite al Ministerio “Emitir informes de monitoreo y supervisión conteniendo disposiciones de obligatoria implementación por parte de la autoridad sanitaria regional y/o local, ante riesgos de salud pública originados por incumplimiento de sus funciones o por factores exógenos”. Y, también, “Intervenir…en todo o en parte del territorio nacional, para implementar medidas de respuesta efectivas e inmediatas de carácter temporal, con el propósito de anticipar, mitigar y dar respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas, cuando exista incumplimiento de las disposiciones descritas en el precedente literal b), o por causa de un factor exógeno”.

Se trata de que el ministerio pueda intervenir y suplir temporalmente a la autoridad regional o local en situaciones como la ocurrida hace unos años en Puno cuando el Presidente Regional tenía vacunas en su almacén pero no quería emprender una campaña de vacunación, o como con la epidemia de dengue en Ucayali en el 2012, que desbordó por completo al gobierno regional y sin embargo el ministerio no podía entrar a resolver el problema.

Al mismo tiempo, se fortalece el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, a fin de prevenir las epidemias, detectar tempranamente su aparición y organizar o ejecutar medidas de respuesta efectivas e inmediatas de carácter temporal. Arturo Granados explica que la idea es reconstruir la red de inteligencia sanitaria que se destrozó con la descentralización del Ministerio. Esa red es la que alerta cuando se disparan los indicadores.

Lo que no se ha legislado aun es un régimen de sanciones que tipifique y establezca penas para castigar omisiones, negligencias o descuidos cometidos por directores regionales, zonales o de red, etc.

En resumen, si bien el Ministerio de salud ha avanzado en desarrollar varios mecanismos para recuperar su autoridad rectora de las políticas sectoriales ante los gobiernos descentralizados, aun hay mucho que ajustar en los presupuestos por resultados, en el fortalecimiento de la autoridad de los niveles intermedios y en el establecimiento de un régimen de sanciones. 

Lampadia

En el suplemento especial del Ministerio de Salud (MINSA), publicado en el diario La República el día viernes 21 de agosto, se habla sobre la prevención de la anemia con micronutrientes, un tema social muy importante para el país.

La anemia infantil condena a nuestros niños a limitaciones, algunas de ellas irreversibles. La anemia infantil tiene un grave efecto en el crecimiento de un niño, afecta su desarrollo mental, conduce a problemas de atención, retrasos en su capacidad de lectura y bajo rendimiento escolar.

Según el MINSA, en el 2007, de cada 10 niños, 5 tenían anemia. Sin embargo, gracias a su programa de distribución de micronutrientes, se logró “reducir los índices de anemia en poco tiempo”. Ellos aseguran que hubo una reducción de 28% de acurdo a los centros de salud. Luego pasan a explicar los beneficios de estos sobrecitos de micronutrientes que estarían repartiendo de manera gratuita en módulos de atención en todo el país.

Ahora veamos las cifras oficiales, en el gráfico inferior, que fueron publicadas hace poco por la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del INEI (y además por Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo).

Como se puede observar, es verdad que la anemia infantil tuvo una apreciable caída entre el 2007 y el 2011, pasando de 56.8% a 41.6%. Lo que oculta el MINSA en su suplemento de cuatro páginas, es que a partir del 2011 las cifras vuelven a elevarse de manera alarmante, llegando a 46.8% en el 2014. La deplorable tendencia de los últimos años se registra tanto en el medio urbano como en el rural: hay más niños con anemia hoy que en el 2011 en el campo y en la ciudad. Sin embargo, el porcentaje de anemia infantil rural, casi 58%, es en especial alarmante.

De acuerdo con las cifras, Puno ocupa el primer lugar de los departamentos con mayor índice de anemia infantil con un 63.5%, seguido por Loreto, Junín, Madre de Dios, Huancavelica y Cusco.

Vale la pena recalcar que la asignación para el Producto Presupuestal  “Niños con suplementación con hierro” en el 2011 era de 15.4 millones de soles y en el 2014 esta cifra alcanzó los S/. 67.1 millones.

Según el congresista Juan Carlos Eguren, “el presupuesto 2015, asignado al proyecto ‘Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil’  asciende a S/. 17.7 millones de soles y solo se ha ejecutado el 16.6%, al séptimo mes del año.”

Por lo tanto, ¿qué podemos rescatar de este suplemento? Es una gran mentira que cita información engañosa. No se puede afirmar que se está reduciendo la anemia infantil, porque simplemente no es cierto. Tal vez en ciertos lugares específicos (como los módulos de atención que mencionan), si se ha reducido. Pero a nivel nacional, estamos mucho peor que antes.

En el 2011 hemos tenido un punto de inflexión que está condenando a nuestros niños a una situación deplorable, ya que esto puede tener impactos irreparables en el futuro. Fue en este año que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) cortó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), el cual tenía como objetivo combatir el hambre en las zonas más pobres del país, garantizando la seguridad alimentaria de la población peruana, contribuyendo a prevenir la malnutrición en niños menores de 12 años de edad y priorizando la acción hacia niños menores de 3 años de edad en situación de vulnerabilidad nutricional y mejorando su calidad de vida.

Este programa fue reemplazarlo por el Qali Warma, un nuevo esquema que demoró dos años en implantarse. Ahora se pueden ver los resultados. En Lambayeque, varios niños se intoxicaron tras consumir pan con atún del programa de alimentación escolar Qali Warma. Lo mismo sucedió en Ucayali. En total se habrían intoxicado más de 900 niños por alimentos en mal estado, llevando a la población a cambiarle el nombre de Qali Warma a ‘Qali Mata’.

El ministerio solo ha atinado a echarle la culpa a los proveedores.

No solo se tuvo problemas de alimentos en mal estado. En el mes de mayo, el presidente de la Asociación de Apafas de Lima y Callao, Edgar Trejo Cuentas, denunció que más 260 mil niños de 850 escuelas de inicial y primaria no recibían sus desayunos desde el inicio del periodo escolar 2015.

Se tiene que ver la realidad. El programa no está funcionando. Hay que reaccionar de una vez, antes que sea demasiado tarde. Lampadia

Ver el facsimil del suplemento mentiroso más abajo:

Hoy se cumplen 109 días de huelga médica. Indignante. Esta es la medida de fuerza sindical más larga en los últimos 25 años, casi la tercera parte del año. La tozudez y virulencia de una dirigencia médica ha llevado a esta situación en la que los que más pierden son millones de peruanos que quedan sin atención de salud. 

Esta mañana el presidente de la Comisión de Salud del Congreso José Luis Elías, denunció en RPP que se han dejado de atender a 2´000,000 (dos millones) de peruanos y que en el Hospital del Niño solo se atienden a 25 pacientes al día dejado sin atención a niños “de Puno”, varios de los cuales habrían fallecido.

Los dirigentes de la Federación Médica han llegado a niveles de intransigencia pocas veces vista. No solo eso, han salido a la calle y se han enfrentado a la policía degradando la imagen y el prestigio de una de las profesiones más respetables. Por actitudes como esta cada día pierden más legitimidad y representatividad. Hoy solo entre un 5% y 10% de médicos acatan sus mandatos, lo cual afecta la atención en los hospitales donde se atiende a los más pobres y es suficiente para causar inmenso sufrimiento.

El día de ayer, Jesús Bonilla, secretario de la Federación Médica rechazó los acuerdos a los que se habían llegado con el MINSA luego de la mediación de la Comisión de Salud del Congreso. Esta es la segunda negociación que rechazan. La anterior, en la que intermedió la iglesia através del padre Gastón Garatea y la Defensoría del Pueblo, también fue descartada.Este líder sindical está siguiendo la línea de César Palomino, que después de haber tenido el mismo comportamiento en situaciones anteriores, terminó siendo elegido como presidente del Colegio Médico, algo inentendible. Estos representantes de esta muy noble profesión, basada en la vocación y el compromiso de servicio, se parecen a los peores dirigentes de construcción civil o de gremios de camioneros.

Lo cierto es que se ha hecho un gran esfuerzo para nivelar los sueldos de los médicos. Como han explicado los funcionarios del MINSA y del Ministerio de Economía, se han dispuesto mil millones de soles para resolver las demandas salariales de este sector. Pero aún, así la Federación se niega a aceptar este hecho.

Los dirigentes se oponen a la meritocracia como base de sus compensaciones, por ello están en desacuerdo con la escala remunerativa que se ha establecido y que permitiría que los médicos hasta tripliquen sus sueldos si cumplen con ciertos objetivos y llegan a determinadas metas. Tampoco quieren reconocer que tienen mini jornadas laborales de 4 y 5 horas, lo que les permite realizar práctica privada (atender en sus consultorios), en los que eso sí, no hacen huelgan.

Esta intransigencia hace pensar que detrás de este desborde existe otro tipo de intereses. Parecieran no entender que el país ha sufrido un frenazo económico y que es hora de poner el hombro, llegar a acuerdos y pensar en la salud de los más pobres que son, finalmente, los que se perjudican con las huelgas médicas. Pero a los dirigentes les interesa seguir con el show mediático y la peliculina, ser entrevistados, quejarse de sus condiciones salariales, enfrentarse a la policía y bloquear calles, pero de aportes al país, nada.

Esta gente debiera ser separada definitivamente de sus empleos y la legislación debiera contemplar la posibilidad de anular  o suspender sus títulos de médicos, así como se retiran o suspenden los brevetes de los infractores de tránsito. Los peruanos no pueden tener confianza en los servicios médicos que brindan semejantes seres. Lampadia