Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, informó que el objetivo del Gobierno es cerrar al 100% la brecha en el suministro de agua en las áreas urbanas y al 85% en las zonas rurales del país para el 2021. Por supuesto, para eso se necesita, en primer término, recursos. Por eso agregó: “Esperamos que la inversión privada empiece a mejorar, de manera que el crecimiento del país se empiece a notar en el segundo semestre y tengamos los recursos para invertir y cerrar esa brecha”.

Pero resulta que pocos días antes de que el ministro formulara esas declaraciones, el Premier le había pinchado la llanta de ese objetivo por dos vías. Al ordenar a la Sunass que deje sin efecto el alza de la tarifa de agua en Moquegua, y aceptar luego revisar los peajes –que son contratos- con los transportistas, el Premier configuraba un escenario de ruptura de reglas básicas de la economía de mercado que, sin duda, como bien señaló Roberto Abusada, pueden afectar la confianza del sector privado y por ende la inversión. Y sin inversión, no habrá recursos presupuestales para alcanzar las metas de agua.

Pero, aun cuando los hubiera, de qué sirve invertir en agua potable y alcantarillado si después esas redes no se pueden mantener ni menos aún hay recursos para seguir invirtiendo. El 2016 el ex jefe de la Sunass, Fernando Momiy, nos decía que en los 10 años anteriores el Estado había invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y se preguntaba en qué se ha ido ese enorme monto. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. El año pasado fueron 4 mil millones. Parte de eso son transfusiones de sangre del presupuesto nacional a las EPS incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Por supuesto, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS.  

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país. Sus directorios, presididos por el alcalde, se resisten a actualizar tarifas por razones políticas. Por eso, haberle dado al organismo regulador, la Sunass, autonomía para fijar las tarifas luego de estudios técnicos, fue un paso adelante muy importante para intentar la racionalización de estas entidades. Esos incrementos siempre venían con recomendaciones de gestión. Lamentablemente al Premier no se le ocurrió mejor idea que atacar ese instrumento clave, de modo que en adelante será muy difícil que la Sunass haga prevalecer los aumentos de tarifa que dispone. Es terrible.  

En el siguiente cuadro podemos ver que, al 2016, había 12 EPS cuyos “costos y gastos desembolsables” son superiores a sus ingresos operativos totales. Una de ellas, oh sorpresa, es la EPS Moquegua. Por eso, evidentemente, la Sunass dispuso el alza de la tarifa, cuestionada por el Premier. 

Y eso que este cálculo no considera los costos financieros de las EPS, las deudas impagas que tienen, por ejemplo, con el FONAVI. Hacia fines del 2016, la deuda de las EPS con el FONAVI sumaba más de 4,200 millones de soles.

Por eso, en el siguiente gráfico vemos cómo la cobertura de agua potable, lejos de aumentar, venía disminuyendo, al 2016, en las EPS grandes, medianas y pequeñas. En todas menos en Sedapal. La EPS carecen de capacidad de inversión porque sus tarifas son muy bajas.

No solo eso, la continuidad del servicio, es decir, el número de horas por día en que los que tienen conexión tienen agua, también ha caído en las grandes y pequeñas, como podemos ver en el siguiente gráfico:

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Y como podemos ver en el siguiente cuadro, 10 EPS distribuyen agua 10 o menos horas al día, y 15 EPS 12 horas o menos. Carecen de capacidad de inversión.

Recaudan poco no sólo porque eventualmente la tarifa es baja, sino porque la micromedición está relativamente poco extendida. En el siguiente cuadro podemos ver que hay incluso 5 EPS que no tienen micromedición alguna y muchas tienen porcentajes bajísimos. La EPS Moquegua, objeto de la interferencia del Premier, la micromedición alcanza sólo al 41%.

El asunto es penoso cuando nos acercamos al tratamiento de las aguas residuales.

• Sólo el 3.66% de las aguas residuales de las EPS pequeñas son tratadas
• Solo el 31.88% de las aguas residuales de las EPS medianas se tratan.
• Hay 23 EPS que simplemente no tienen ningún tratamiento. Una de ellas es justamente la EPS Moquegua.

Por todo lo anterior, la reforma de las EPS, es decir, la reforma del agua potable, es fundamental en nuestro país. De hecho, 12 EPS se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, mediante el cual del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) interviene EPS para establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo a fin de mejorar su gestión y reflotarlas.

Pues resulta que una de esas 12 es nada menos que la EPS Moquegua. Por eso, en el comunicado que emite la Sunass para defender su autonomía y aclarar que no ha anulado el aumento de la tarifa en Moquegua, acepta sin embargo evaluar la propuesta de que el primer año el alza sea financiada por la OTASS, es decir, por todos los peruanos (ver punto 6 del comunicado). Es lamentable que se haya tenido que ceder, solo para postergar un año el problema. La población tiene que ser bien informada acerca de las razones que hacen necesaria el alza.

La reforma de las EPS no es un tema fácil. Necesita, por eso, claridad, firmeza y apoyo político de parte de las más altas autoridades. Lo que no puede hacer el gobierno es socavar la autoridad y la autonomía de los organismos reguladores, porque entonces será imposible actualizar tarifas y organizar bien las empresas de saneamiento, que por ahora son una tubería rota por la que se van los recursos que en ellas se pone. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 4 de mayo de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El 1° Nivel – digamos… el Presidente de la República – quiere mejorar el bienestar de los peruanos. Yo le creo. El presidente Vizcarra está mortificado por la corrupción y la lentitud en las instituciones públicas. Ha pasado más de un año y la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero avanza a paso de tortuga. En Ica, todos los puentes dañados siguen tal cual quedaron después del desastre.

El 2° Nivel – el Consejo de Ministros – piensa igual. Ellos acogen – y comparten – la política del presidente. Todos los ministros pretenden ser más expeditivos en sus respectivos sectores. Pero no. Nada camina como debiera… no solo la reconstrucción. Nada fluye con normalidad. Ni las obras, ni los servicios públicos.

Los Vice Ministros – el 3° Nivel – reciben mucha presión de sus ministros. Incluso, del propio presidente. Pero tampoco son capaces de desatar el nudo. Ordenan, exigen, invocan, y – hasta – amenazan a sus Directores Generales… pero nada. Las colas y los maltratos están a la orden del día. La reconstrucción no avanza. Incluso, muchas obras ni siquiera han empezado.

Los Directores Generales – el 4° Nivel – se sienten impotentes. Ellos ocupan cargos de alto rango – cargos de confianza como los Ministros y Vice Ministros – pero en la práctica no logran que los servidores del 5° Nivel – y menos los que le siguen – respondan a las expectativas de la ciudadanía.

¡He ahí el problema! A partir del 5° Nivel todo se traba. Ahí hay muchos servidores públicos – millones – que llevan años vegetando en el Estado. Muchos entraron a trabajar – tiempo atrás – por recomendación de algún padrino político… congresista, ministro, gobernador, alcalde, etc. Peor aún. Muchos “compraron” sus puestos coimeando a funcionarios encargados de la contratación de personal. Y otros tantos “ganaron” concursos de trabajo engañando al Estado con certificados de estudios y/o de experiencia laboral… falsos. ¡Todo bamba! Esa gente no tiene – ni nunca tuvo – mérito alguno para estar donde están. No obstante… ahí están.

Ahí – en la Costra del 5° Nivel – está la corrupción generalizada que sangra – de sol en sol – a los ciudadanos de a pie. Ahí está la resistencia boicoteadora, cuya máxima aspiración es el fracaso del Estado. Ahí están los funcionarios que – sin piedad – maltratan a los peruanos. Ahí están los indolentes que no se inmutan ante el dolor de la gente pobre. Ahí están los ineptos cuyo único mérito es ser allegado de algún padrino político. Ahí están los que por miedo – o sabe Dios porqué – no firman nada, y por ende lo traban todo. Por último, ahí están los ociosos que se la pasan leyendo periódicos faranduleros o chismeando a través de las redes sociales. Así es la Costra del 5° Nivel.

OTROSÍ: Hamlet – el personaje máximo del genial William Shakespeare – dijo “ser o no ser, ésa es la cuestión” mientras libraba una lucha entre la vida y la muerte, dentro de sí. Pues bien, yo creo que el Estado peruano – nuestro Estado – está frente a una disyuntiva igual de dramática que el dilema hamletiano.

“Ser buen servidor público o no ser servidor público, ésa es la cuestión”. Muchos servidores públicos de nuestro país – yo diría… la mitad – NO merecen estar donde están. Es patético… por ese cardumen burocrático nuestro Estado se debate entre la vida y la muerte.

Claro que tenemos buenos servidores públicos. Repito. La mitad de nuestra burocracia estatal es excelente. Inteligentes, serviciales, puro punche, y honestos. Con ellos basta y sobra para gestionar bien el Estado. El problema es la otra mitad.

¡Disolver! El problema de la Costra del 5° Nivel se resuelve disolviéndola. Los peruanos NO merecemos esa lacra burocrática. Nos están matando poco a poco. Tienen que salir de donde están. La ley nos ampara. “Ser buen servidor público o no ser servidor público, ésa es la cuestión”. Lampadia

El Presidente Ollanta Humala, fiel al estilo confrontacional con el que viene gobernando el país, decidió desoír los consejos de la gran mayoría de ciudadanos que le pedían un Primer Ministro de consenso y optó por un hombre de su extrema confianza y que por añadidura, como Ministro de Defensa, ha sido una pieza clave en exacerbar los ánimos. Pedro Cateriano que se define como un antiaprista y antifujimorista, desde su cartera no dejó de lanzar puyas a la oposición. Su designación en reemplazo de la censurada Ana Jara es, de cierta forma, una manera de devolverle el golpe a la oposición.

Una actitud que puede encender innecesariamente el conflicto en un momento delicado del país. Como señaló Pablo Bustamante en la Hora N, “este es un mensaje del Presidente, en el que nos dice que está dispuesto a enfrentarse con quien sea. Esta es una falta del respeto al país y una falta de consecuencia con la situación que atravesamos en el aspecto económico e institucional”. En la misma línea de estas declaraciones, Martín Tanaka asegura que “nombrar a Pedro Cateriano Presidente del Consejo de Ministros es la respuesta a la oposición: no nos dejamos atarantar. Por supuesto, se está pensando en dar un mensaje a la oposición, no en la eficacia de las políticas públicas o en un plan de reformas para el último año de gobierno, que no existe”.

Desde que asumió el mando, este gobierno ha preferido dedicarse a lanzar o devolver golpes antes que buscar consensos. Este estilo ha enrarecido en demasía el ambiente político y ha generado un ánimo de permanente crispación que ha impedido que se discutan seriamente las reformas institucionales impostergables para apuntalar el crecimiento y el desarrollo social en un momento en que la economía se desaceleraba.

Enfrascarse en este “juego” le ha impedido a la pareja presidencial percibir que a pesar de la pésima calidad de nuestros congresistas, existen varias bancadas que han sido gobierno (fujimorismo, Perú Posible, Acción Popular, PPC y Apra), aún así no pudo articular propuestas para efectuar las reformas institucionales clave que necesita el país. Por el contrario, al parecer siguiendo los designios de un plan que les permitiera perpetuarse en el poder, intentaron agudizar las contradicciones atacando a la oposición y culpándola de todos los males nacionales y tildándola de corrupta. La frustración de tener que descartar este programa puede explicar este ánimo confrontacional. La buena noticia es que Cateriano es un demócrata y no defiende la Gran Transformación, sino que se sumó al Gobierno luego de que este suscribiera la Hoja de Ruta.  

La oposición se ha mostrado madura y ha preferido escuchar al flamante Premier antes de descargar baterías. Hasta ahora la actitud de Cateriano es conciliadora, pero la situación del país exige mucho más que eso. Es necesario que tenga un plan de acción para reencausar el crecimiento del país. Con la llegada del ex ministro de defensa a la PCM se ha perdido una brillante oportunidad de cambiar al bisoño y liviano equipo económico de este gobierno que hasta la fecha parece haber tirado la toalla. Segura, recientemente, ha declarado: “ya no podemos hacer nada más”. No se entiende, entonces, porque no se ha puesto en marcha la propuesta formar equipos de notables que puedan destrabar las inversiones públicas y privadas. Un tema clave para poner relanzar al país y devolverle la confianza a los agentes económicos (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos). Segura, en cambio ha preferido confiar esta tare a las huestes del MEF, pero como todos sabemos, hasta ahora no ha logrado poner que ninguno de los proyectos se echen andar.

Cateriano debe enfocarse en un plan mínimo que debe tener como prioridad implementar medidas urgentes para reactivar la economía (para ello será fundamental  su mediación para que Tía María, Las Bambas, la Línea 2 del Metro, y el gasoducto del Sur aceleren su desarrollo), culminar las negociaciones para suscribir los TLCs con Turquía e India, asegurar un proceso electoral limpio (debe descartarse por completo la idea de instaurar el voto electrónico (ver en L: La peligrosa campaña por el voto electrónico) y controlar los arrestos populistas, establecer un plan para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño, solidarizarse con la lucha por la democracia que la oposición venezolana viene dando y denunciar los abusos y el autoritarismo de Maduro, y, finalmente, devolver a las relaciones con Chile a un nivel óptimo. A arremangarse la camisa, no para pelear, sino para recuperar el tiempo perdido. Lampadia