Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 23 de febrero el ministro de Energía y Minas presentó, con la presencia del presidente de la República el documento “Visión de la Minería al 2030”. El mismo consiste en una visión genérica aceptada por los diversos actores económicos, políticos y sociales involucrados en el sector minero. La difusión del documento ha venido acompañada de un conjunto de declaraciones en las que varios involucrados en el proceso sostienen la alta utilidad del proceso. ¿Será que esa visión genérica va contribuir a un mayor grado de consistencia del Estado para generar un marco institucional favorable al desarrollo minero del país? ¿Representa esta visión un mayor nivel de alineamiento de los actores públicos y privados del sector para manejar los desafíos de viabilidad de la minería? ¿O, será que es sólo un recurso imagen para dar la idea que existe una estrategia de promoción del sector?

Un análisis del proceso de elaboración de esta Visión, su contenido y reacciones del mismo hacen creer que este documento, si bien permite posicionar a diversos actores públicos y privados como dialogantes, no contribuye al objetivo de mejorar la aceptabilidad social del sector minero.

Para la elaboración del documento se buscó la participación de diversos actores, por lo que convocó a un Grupo de Alto Nivel entre los cuales se encuentran:

• Vanessa Cueto de DAR, una ONG en muchos casos hostil al sector extractivo y opuesta a la Hidrovía del Amazonas, a la Nueva Ley de Hidrocarburos y al componente referente al sector extractivo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Su inclusión, sin embargo, podría justificarse dentro de la necesidad de contar con diversidad de opiniones para la Visión.
• Pero más difícil de justificar seria la inclusión de miembros de organizaciones abiertamente anti-mineras tales como Carlos Monge quien fuera miembro de Tierra y Libertad, el cual es un partido político radical pos-extractivista.
• Caso semejante es el de Epifanio Baca del Grupo Propuesta Ciudadana, organización que difunde la falaz idea que las empresas mineras tienen un aporte tributario neto negativo (la minería contribuye con 10% del PBI peruano y cerca de un tercio de los impuestos a la renta).
• A esto se le podría agregar la participación de Ana Leyva de CooperAcción, una ONG involucrada en azuzar múltiples conflictos sociales en especial en el sur andino.[i]
• El caso extremo de esta convocatoria a personajes anti-mineros es el de Javier Jahncke de la ONG Red Muqui la cual es la principal red de coordinación de organizaciones anti-mineras a nivel nacional.

Convocar a anti-mineros permite al MINEM presentar la Visión como resultado de un consenso en el que inclusive los anti-mineros han participado, por lo cual se esperaría un mayor grado de legitimidad social de la dicha misión, por haber considerado las opiniones de todos, incluso de los grupos hostiles a la minería. Sin embargo, ello implica un conjunto de consecuencias que terminan neutralizando la Visión como mecanismo de viabilización social del sector minero.

En primer lugar, la convocatoria de anti-mineros a este proceso significa una validación de estas organizaciones a la vista de sus potenciales donantes y de los medios de comunicación. Organizaciones como Red Muqui, Grupo Propuesta Ciudadana y CooperAccion pueden presentar a sus donantes la participación en este proceso como prueba de su capacidad de incidencia en políticas públicas con lo que se vuelven más atractivos a la llegada de recursos. Al haberlos convocados el MINEM ha facilitado que tengan mayores recursos para azuzar conflictos, deslegitimar la minería y desplegar campañas falaces contra el sector. Es llamativo que múltiples representantes del sector minero como gerentes y empresarios estuvieron dispuestos a participar bajo condiciones que afectan directamente la viabilidad de su sector.

Otro riesgo consiste en que los anti-mineros formen parte parcialmente del proceso, pero posteriormente lo critiquen abiertamente. Esto se dio en este caso. La Red Muqui fue convocada para la realización de esta Visión por insistencia de dicha organización, como lo afirman en el comunicado “Red Muqui no subscribe Visión Minera 2030”[ii]:

“RED MUQUI, que en principio no fue invitada a este proceso, planteó su inquietud al respecto al MINEM, pues en 15 años de existencia nuestra red ha sido referente nacional con sus propuestas sobre minería, ambiente y comunidades. Finalmente, fuimos integrados al proceso a fines del mes de setiembre del 2018.”

Una vez dentro del proceso se dedicaron a socavarlo desde el interior:

“Ya en el espacio, hemos sido críticos con su metodología y formalidad, fundamentalmente por la no participación de comunidades, poblaciones y organizaciones sociales que habitan en zonas con actividad minera o en riesgo de serlo”

Posteriormente afirman:

“Si bien se ha avanzado en la “memoria viva” con aportes importantes, el resumen ejecutivo que será el documento público, sólo incluye los temas de consenso, sin incluir temas centrales en la problemática minera.  Asimismo, la facilitación del proceso del GAN ha tenido un sesgo favorecedor de la actividad minera (con personas que impulsan proyectos mineros). Por todo ello, nos preocupa que la “Visión minera al 2030” sea utilizada para “fortalecer la aceptación social” de la minería, como lo señala al citar la Política Nacional de Competitividad y Productividad, por lo que el pasado 3 de enero dimos a conocer formalmente al MINEM que no continuaríamos en el GAN, ni suscribiríamos sus acuerdos.”

Con ello la imagen de construcción de consenso de convocar a anti-mineros desaparece puesto que estos actores utilizan la plataforma dada por su participación en el proceso para denostar del mismo.

El grado de desorden generado por la convocatoria a los anti-mineros se evidencia en la presencia de sus rostros y nombres en los primeros videos institucionales de la Visión Minera 2030 los cuales fueron posteriormente borrados del portal de YouTube del MINEM y reemplazados por un video en el que ya no se les presenta como miembros de GAN.

Otro efecto de convocar a anti-mineros consiste en su capacidad para introducir temas en agenda que tienen un significado distinto para ellos que para otros sectores. Posteriormente utilizaran discursivamente los términos introducidos en la “Visión” para afirmar que la misma no está siendo aplicada ni por el gobierno ni por las empresas mineras. También puede darse el caso de ideas que se sostienen en concepciones distorsionadas respecto al cual debería ser el rol de la minería en el desarrollo económico.

Hay múltiples ejemplos de esto a lo largo del texto[iii] de la “Visión”. En un primer caso se afirma que:

“Para ello, (la minería) participa en la planificación y ejecución de las acciones orientadas a cerrar brechas sociales, en el ordenamiento territorial consensuado…”

Para los anti-mineros, el ordenamiento territorial consiste en la generación de “zonas libres de minería” y “consensuado” implica la participación de activistas anti-mineros en el proceso. Un caso llamativo fue el Ordenamiento Territorial de la región Cajamarca conducido por anti-mineros el cual declaró como zona apta para las operaciones mineras tan sólo el 0.14% de la superficie de la región.

Se dice en la Visión respecto a la minería que:

“Impulsa el desarrollo de los territorios a través de la diversificación productiva”.

No es responsabilidad de la minería incrementar la diversificación productiva en los territorios en los que opera. Esto es responsabilidad de los gobernantes nacionales y regionales. Son ellos quienes tienen que elaborar los planes de desarrollo y de inversión del canon para promover las otras actividades económicas: comercio, servicio, agricultura, turismo, etc.

Además, en muchos casos el camino más rápido hacia el desarrollo en dichos territorios pasa por un mayor grado de especialización productiva y no por la diversificación. La diversificación puede ser un objetivo deseable a nivel nacional y en el largo plazo, puesto que reduce la vulnerabilidad a shocks externos, pero en espacios reducidos como distritos o provincias el atractivo de la idea de la diversificación se fundamenta más como discurso político que como motor económico real.

Otro caso de múltiples interpretaciones se da cuando en el texto se declara:

“Contribuye a fortalecer las capacidades de las instituciones y de los actores, superando las asimetrías de información y capacidad de representación”

Lo cual suena muy lógico y razonable si no fuera porque para los anti-mineros reducir las asimetrías de información consiste en tener al Estado o a las empresas mineras financiando la participación de ONGs anti-mineras dentro de procesos de diálogo promoviendo sus ideas hostiles a la minería.

El caso de la Visión de la Minería al 2030 nos señala los límites del consenso con grupos hostiles al sector. No resulta positivo incluir en un proceso de desarrollo de un sector a quienes tienen una concepción antagónica al mismo. Al hacerlo se le ha facilitado recursos y poder discursivo a quienes están en contra de la minería moderna. ¿Será que las ganancias políticas de corto plazo (imagen de capacidad de manejo político del gobierno) justifican los costos que el proceso puede representar para la viabilidad de la minería en el mediano y largo plazo?Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Como puede apreciarse en los documentos que forman parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, los anti-mineros vienen agudizando las contradicciones alrededor del proyecto de Las Bambas, propiciando una crisis que lamentablemente pasa por la muerte de Quintino Cereceda y las graves lesiones de 20 policías, de los cuales uno de ellos corre el riesgo de perder la vista.

Como en política no hay casualidades, tenemos que pensar que los anti-mineros han aprovechado un momento de debilidad del gobierno para dar su suerte de golpe estratégico. En efecto, a través de la acción directa de algunos comuneros, organizaron la ocupación de una carretera haciendo zanjas profundas, como puede verse en la siguiente foto.

Esto es un delito que no debería haberse permitido. Sin embargo, luego de un par de días, la policía dispone la reparación de la carretera, ocasión aprovechada por los violentistas para atacarlos agresivamente. Otro delito.

Increíblemente, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, acusa a los mandos policiales de haber efectuado una acción inconsulta y no asume ninguna responsabilidad. En nuestra opinión, el Ministro tiene, por lo menos, una importante responsabilidad por omisión. Él sabía perfectamente que el estallido de una crisis era inminente y no tomó las precauciones necesarias. Igualmente, el Presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, no aprovechó su período de gracia para explicarle a la población los beneficios de la inversión minera y, su ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se limitó a hablar de las cotizaciones y decir que la inversión minera se recuperaría paulatinamente desde mediados del 2018. Peor aún, el recientemente nombrado, Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, dice que “en el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”, tal como  reportamos hoy en: ¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

Estos conflictos tienen una cuidadosa preparación. Un colaborador de la casa nos hacía notar, que como en algún otro caso, hasta podría ser que la policía haya actuado en combinación con los anti-mineros para propiciar la crisis. Evidentemente, a estas alturas no sabemos exactamente como se dieron los distintos elementos, pero sí sabemos que el libreto o el manual anti-minero ha sido seguido al pie de la letra.

Lamentablemente, el país se ha dejado estar y los relatos que presentan estos disturbios en papel celofán han percolado por calles y plazas.

Todos los temas planteados para justificar el conflicto y su exacerbación son perfectamente capaces de ser analizados con transparencia y sensatez. Pero no parece haber buena voluntad para que el diálogo se dé entre gente que debe ver cómo hacer de estos valiosos proyectos lo mejor para todos. Algo que, insistimos, con buena voluntad, está al alcance de nuestras manos.

Invocamos al gobierno que explique al país la importancia del proyecto de Las Bambas, lo que significa para la economía y la reducción de la pobreza, la inversión minera y que exija la inmediata paralización de todas las acciones de fuerza para hacer una agenda de diálogo consecuente con la realidad y el bienestar de los peruanos, empezando, por supuesto, por los pobladores de Apurímac para quienes hay que continuar la senda de progreso que han tenido desde el inicio del proyecto. Ver: La minería impulsa el crecimiento de las regiones del Perú y La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú.

Sr. Presidente de la República, ya enfrentó adecuadamente la crisis de moralidad. Esperamos lo mismo en el caso de las Bambas.  Lampadia

Editorial de Lampadia

El gobierno quiere terminar su faena anti-minera con una suerte de expropiación de parte de las acciones de las empresas mineras que operan en el Perú.

Así se desprende de la increíble carta de la Ministro de Energía y Minas, dirigida a los CEO de las empresas que operan en el Perú (15 cabezas de los grupos mineros en el exterior y tres en el país). La invitación se ha hecho con un mes de anticipación, para un taller en el que se elaboraría “una propuesta de política sobre la minería”. 

Según declaraciones que ha venido haciendo la Ministro en varios medios y que presenta el día de hoy Gestión: “La idea de convertir a las comunidades en socias de las empresas no es nueva. Hace dos semanas, la propia titular del MEM, Rosa María Ortiz, se suscribía al proyecto. (Gestión.pe 31.07.2015). ‘Este tipo de iniciativas se da en otros países y funciona’, apuntó aquella vez”.

Esta maniobra no contempla la compleja realidad de las inversiones mineras y sus estructuras accionarias en las que se destaca la presencia de inversionistas institucionales, sobre los cuales no pueden decidir ni los propios CEO de las empresas.

Más allá de las apariencias de esta iniciativa, debemos entender que detrás de ella habría una maniobra política muy sofisticada en la que el gobierno, recurriendo al más tradicional populismo latinoamericano, se prepararía para enfrentar a los ‘ricos mineros’ con las ‘pobres comunidades’. Así pretendería seguramente mejorar su capacidad política con miras a las próximas elecciones generales, dando un golpe de gracia al sector minero formal.

Como hemos explicado muchas veces, ‘el camino al… está empedrado con buenas intenciones’. Además no se debe hacer política con el dinero o propiedad ajena. El taller aludido en la invitación es una suerte de emboscada, que podría ser el inicio de una serie de maniobras políticas del gobierno; dirigidas, no a gobernar, sino a fortalecer el partido Nacionalista para las elecciones.

Más abajo reproducimos una copia de la carta que llegó a los jerarcas de la minería global sin conocimiento de sus representantes en el Perú y, menos aún, del gremio que agrupa a las empresas concernidas. En una segunda comunicación (que no adjuntamos), la ministra informa a los mineros la confirmación de la asistencia del Presidente de la República a la reunión planteada y abre la posibilidad de que las empresas puedan llevar tres representantes.