El MINEDU interviene en lo que funciona y no hace nada con lo que no funciona

EDITORIAL DE LAMPADIA

Estamos en la segunda quincena de enero y ya empiezan nuevamente los embates contra la educación privada. El MINEDU advierte que pronto sacará el nuevo reglamento que “impedirá que los colegios privados abusen de los padres de familia”. INDECOPI anuncia que está haciendo fiscalizaciones contables jamás vistas a 250 colegios de diferentes regiones, para “comprobar que no mintieron al transparentar sus costos” por la ilícita presión del DL 1476.

La acción del INDECOPI no tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que el mencionado Decreto Legislativo le encarga esa acción a las UGEL del MINEDU. Además, si sus autoridades hubiesen revisado la Nota Semanal del Banco Central de Reserva habrían comprobado que el aumento de precios del año pasado del servicio educativo (1.98%) es igual al de los servicios en general (casi inexistente). Pero qué importa, total el costo de la inútil fiscalización lo pagaremos los sufridos contribuyentes.

Nuevamente, el Estado contra los privados. Ese Estado que no es capaz de ofrecer un servicio decente en sus colegios sale a la caza de los privados para distraer a la opinión pública. Privados que debieran ser vistos como los socios que colaboran y que, además, ya están supervisados por cuanta institución gubernamental existe: MINEDU, INDECOPI, INDECI, SUNAFIL, SUNAT, Municipalidades, MINSA entre otros. Mientras que a los colegios públicos no los supervisa nadie y no están, por tanto, obligados a cumplir lo que se obliga al privado. Privados que lideran la educación de excelencia en nuestro país y que, de no existir le significarían al Estado un aumento de por lo menos 25% en el ya pesado gasto que tiene en la educación pública.

No se ha reparado la infraestructura de los colegios públicos a pesar de la prolongada suspensión de actividades. Siguen careciendo de agua y desagüe los mismos locales que hace un año carecían de esos servicios;  internet no tiene ni la mitad, y esta situación es peor aún en las zonas rurales. Por otro lado, los privados que no han quebrado han tenido, como siempre, una performance muy superior en el servicio a distancia que incluye el monitoreo cercano y cotidiano de sus alumnos, así como la información oportuna a sus padres de familia.

Las famosas tabletas han llegado, nos dicen. Un 70% -afirman- ya están en almacén: ojo 70% de las adquiridas, no 70% de lo que se requiere. Sin embargo, ocultan que en muchos casos las tabletas no se conectarán por carecer de WIFI y servirán tan solo para ver el setentero programa Aprendo en Casa, o sea lo mismo que encender la TV o la radio. Seguirán los alumnos, que aún no han desertado, sin el monitoreo de sus maestros, librados a su suerte y lo poco que puedan aprender y trabajar por su cuenta. Ya no tiene el Estado el argumento de que la pandemia lo cogió desprevenido. Se sabía perfectamente que el 2021 sería igual al 2020, pero a pesar de que las vacunas no tienen cuándo llegar, se nos pretendió ilusionar con que íbamos a tener un año presencial o “en el peor de los casos” semi presencial.

Cómo se les puede ocurrir que volvamos a tener un servicio educativo presencial, si los alumnos y maestros van a contagiarse masivamente en el ya saturado servicio de transporte público.  Cómo puede pretenderse que vuelvan al aula chicos cuyos colegios no tienen siquiera agua. Es lamentable que los especialistas que opinan al respecto sean de organismos internacionales u ONGs nacionales, que nunca han trabajado en un colegio y que pretenden que logremos lo que ni en Alemania se consigue.

Ahora que ya estamos con el año escolar encima y no hay mucho por hacer, además de los constantes cambios de ministros que sufre el sector, hay que ver a quién se le echa la culpa de los males de la educación peruana y no puede ser otro más que la escuela privada. Ese aliado de hecho de la educación pública que libera al sector de gastos y trabajo, a quién se le debería tratar como un socio y como tal tendría que ser alentado y promovido. Lejos de eso, se le maltrata permanentemente y se pretende que cumpla unos estándares que no cumple ni remotamente la escuela pública. Tampoco se quiere reconocer que los resultados de los colegios privados son mejores en las pruebas muestrales o censales, tanto nacionales como internacionales.

Esperemos que el Ministro Cuenca entienda la magnitud de la situación y marque distancia respecto a lo que fue la gestión anterior, que no hizo más que atacar constantemente a los colegios privados y enfrentarlos permanentemente a los padres de familia a través de sus declaraciones en contra y, en particular, mediante el DL 1476. Para ello será importante que controle a la burocracia del MINEDU que se dedica a hostilizar sistemáticamente a los colegios privados. En lugar de ello sería mejor que se ponga a trabajar por lo que es su verdadera y más importante responsabilidad: los colegios públicos y los alumnos que ya perdieron el año 2020 y no merecen perder el 2021 también. Lampadia