Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 7 de enero de 2022
Para Lampadia

Que no se haga la víctima. Y menos, el santurrón. Su credibilidad está por los suelos. El cuento del humilde maestro de escuela primaria de Chota, ha quedado totalmente desvirtuado. Resulta que hacía tiempo, Castillo había dejado de enseñar para dedicarse a tiempo completo – y con sueldo pagado por el Estado – al sindicalismo radical y a la política activa. Y el cuento del valiente y abnegado rondero cajamarquino, igual. De rondero, Castillo no tenía nada. – Nunca fue rondero – sostienen indignados los mismos ronderos cajamarquinos.

Incluso, su pasado campesino también resultó ser falso. La torpeza en el manejo del arado jalado por aquella yunta de bueyes que le pusieron para la foto, lo dejó en ridículo. Castillo se la quiso dar de campesino labrador, pero no le ligó. Los bueyes hicieron de las suyas, mientras que el campesino presidente no ataba ni desataba. El show reveló que Castillo jamás había agarrado un arado en su vida. 

Otra mentira. ¡Con qué imaginación salió con el cuento del terrateniente con quien él – siendo niño – tenía que compartir la cosecha de la parcela de su padre! Pues resulta que Castillo nació en 1969. Es decir, cuando la Reforma Agraria de Velazco expropiaba las tierras de todos los terratenientes del país. ¡Plancha quemada! Jamás existió la cosecha compartida entre el niño Castillo y el terrateniente abusivo. Más bien, lo que sí existió fue la mentira presidencial en mención… una más.   

El hecho es que con tantas falsedades de por medio, la “palabra de maestro” ha quedado hecha añicos; y la figura del presidente humilde, provinciano, mestizo, y que se viste a la usanza rural – con su sombrero más – resultó ser un descarado montaje teatral. Puro show. Un show politiquero de la peor especie. Un show montado ex profesamente para esconder una gran mañosería, propia de un tipo muy corrupto y cínico. Tan corrupto y cínico como los peores personajes de la política peruana. Tanto como su mentor Vladimir Cerrón y la mafia coimera y chantajista de los Dinámicos del Centro del Gobierno Regional de Junín.

Como bien escribió Dante Bobadilla en una nota que no sé cómo llegó a mis manos, Pedro Castillo resultó ser otro pillo y de los peores. Su silencio frente a tantos ampayes, lo delata. Reuniones nocturnas con gente de mal vivir, cambio de sombrero por gorra para pretender pasar inadvertido ante la prensa, miles de dólares en efectivo escondidos en un baño de Palacio de Gobierno, bolsas que entran llenas y salen vacías de la casa del Pasaje Sarratea en Breña, mensajes descaradamente comprometedores desde su WhatsApp personal, reuniones palaciegas con proveedores del Estado que luego ganan millonarias licitaciones como únicos postores, adulteraciones del Registro de Visitas a Palacio de Gobierno…  

¿Una más? La lobista sinvergüenza y de cascos ligeros, que organiza y paga una fiesta infantil – con show y todo – en el mismísimo Palacio de Gobierno por el onomástico de la hija del presidente. ¿Qué tal?

Eso – y mucho más – en cuanto a los delitos flagrantes cometidos por el presidente Castillo. Pero igual de grave – o peor – es el desgobierno y caos que reina en todos los ámbitos de la vida de los peruanos: carreteras bloqueadas; equipos y vehículos quemados; instalaciones productivas destrozadas; narcotraficantes, terroristas y gente mafiosa ocupando altos cargos gubernamentales; delincuencia y criminalidad desbocadas… ¿y el Gobierno? No pasa nada. ¿Y el presidente Castillo? No se oye padre.

El hecho es que las repercusiones económicas de tanta podredumbre palaciega son como son: inflación y devaluación aceleradas, desempleo e informalidad crecientes, quiebra de miles de micro y pequeñas empresas, caída estrepitosa del valor bursátil de las empresas peruanas, degradación de la calificación crediticia internacional del país, fuga de capitales y talentos…

Efectivamente, se estima que US$ 15,000 millones – y hasta más – han salido del país, de cuentas de ahorros de miles de personas que desconfían del presidente Castillo y su Gobierno. Asimismo, cada vez más jóvenes peruanos – talentosos y trabajadores – están yéndose a otros países para vérselas como puedan, ya que el Perú – su país de origen – no tiene nada qué ofrecerles. 

Así están las cosas, señores. Y ojo al piojo… ¡vamos de mal en peor! ¿Qué hacer? Pues tomar al toro por las astas. Comprarnos el pleito de la vacancia presidencial. No queda otra. Actuar como corresponde ante la podredumbre moral del presidente Castillo. Apoyemos masivamente al Congreso de la República, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas y Policiales, y a aquellos periodistas y ciudadanos valientes que están en la línea de la vacancia presidencial, para que procedan en tal sentido. 

No seamos ingenuos. Parafraseando al Congresista Bermejo: dejémonos de pelotudeces democráticas. El problema del presidente Castillo no es social, racial o cultural… su problema es moral. Lampadia

José Ugaz S.M.
Para Lampadia

La decisión de disponer una nueva detención preventiva contra Keiko Fujimori a sólo dos meses que fuera liberada de la anterior, ha vuelto a poner sobre el tapete la naturaleza y uso de esta medida temporal de privación de la libertad.

Por un lado, los fiscales que la solicitan con frecuente regularidad, sostienen que es indispensable para el desarrollo de sus investigaciones sin que éstas sean puestas en riesgo por la fuga de los investigados o por prácticas obstruccionistas, y por otro, los imputados, afirman que se la está utilizando como una condena anticipada o como un método de presión para hacerlos confesar sus delitos.

Es ampliamente conocido que la detención preventiva sólo se puede aplicar cuando concurren los siguientes tres elementos:

1. Fundados y graves elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito (sospecha fuerte o vehemente)
2. Peligro de fuga u obstaculización de la justicia
3. Prognosis de pena (condena posible superior a 4 años de prisión

Sin embargo, ello no ha amenguado la reacción de quienes denuncian que se viene aplicando arbitraria y abusivamente.

Ante esta polémica, la Corte Suprema, mediante Acuerdo Plenario 01-2019, adoptado en el 11 Pleno Jurisdiccional, ha confirmado los principios que deben orientar esta medida. Partiendo de la afirmación de la presunción de inocencia y de la libertad como regla general en todo proceso penal, la corte ha reiterado que la detención preventiva debe ser excepcional (sólo aplicable cuando al juez no le queda otra opción menos gravosa, como el arresto domiciliario) y proporcional (que comprende el principio de necesidad, es decir que sea indispensable para asegurar la buena marcha de la investigación).

En el caso de Keiko Fujimori, es evidente que el primer pedido de detención de la fiscalía estuvo justificado, pues contaba con evidencia irrefutable que acreditaba que su entorno cercano y abogados, estuvieron aleccionando testigos para mentir, lo que resulta un claro caso de obstrucción a la investigación.

Sin embargo, luego que fue liberada por orden del TC tras 13 meses de prisión, la fiscalía volvió a pedir su encarcelamiento preventivo, lo que ha sido admitido por el juez, quien le impuso 15 meses adicionales.

La pregunta es si esta segunda rigurosa medida es adecuada. Habiendo transcurrido 3 años y 10 meses de investigación preparatoria, y conforme lo han ido informando los fiscales, ésta parece estar lo suficientemente madura como para proceder a la siguiente etapa y decidir si se formaliza acusación o no. El Ministerio Público sostiene que ya tiene un caso consolidado, y por lo que se sabe, parece ser así.

Por otro lado, tras 13 meses de detención, la fiscalía, conforme se ha hecho público, ha recogido suficientes testimonios y documentos que demostrarían su teoría del caso, por lo que no hay razón aparente de devolverla a prisión para evitar que perjudique la prueba, pues ésta ya no corre peligro.

Desde esa perspectiva, el juez, siguiendo los criterios establecidos por la Corte Suprema y cumpliendo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, si consideraba que subsistía algún riesgo de entorpecimiento o fuga, ha podido aplicarle una medida cautelar alternativa menos severa (arresto domiciliario), atendiendo a que el grueso de la prueba está asegurado y que con ese tipo de arraigo su presencia está asegurada hasta que se produzca el juicio y la sentencia.

Esta segunda decisión de arresto victimiza a la imputada y debilita la posición de la fiscalía, que, para un sector de la opinión pública, parece no tener cuándo terminar el caso y más bien estar promoviendo una persecución excesiva contra la investigada.

Por la salud de la investigación, corresponde formalizar la acusación si, como parece, hay suficiente prueba. En ese caso, es probable que Keiko Fujimori deba permanecer en la cárcel muchos años, pero ello será sustancialmente diferente pues obedecerá a una sentencia judicial que establezca su responsabilidad y le aplique una condena. Lampadia

Los crímenes de violación dejan remanentes psicológicos traumatizantes que pueden resultar insuperables en las mujeres víctimas de tales delitos. Peor aún, en un país como el Perú, en donde las instituciones que velan por la justicia como el Poder Judicial y el Ministerio Público presentan grandes déficits de capital humano capacitado para realizar sentencias (ver Lampadia: Prisión preventiva) además de altos niveles de corrupción, pueden terminar siendo no solo ineficientes en penalizar dichos actos sino que además pueden colaborar con concretar la impunidad de los denunciados.

Para nutrir la discusión de cómo abordar el combate de estos delitos y de ser posible, disuadirlos en gran medida, compartimos un reciente artículo de The Economist en el que se exploran alternativas legales que han sido implementadas por varios países de Occidente con muy buenos resultados. Definir claramente la naturaleza del delito de violación y promover la educación sexual en la educación básica regular serían los principales drivers que, según el análisis de The Economist, podrían cambiar la realidad de las mujeres violadas en los países. Lampadia

Justicia esquiva
Cómo reducir la violación

Es el crimen violento más difícil de procesar. Pero la mayoría de los países pueden hacerlo mejor

The Economist
2 de enero, 2020
Traducido y glosado por Lampadia

La violencia sexual es menos común hoy que en generaciones anteriores. Pero incluso en democracias ricas y pacíficas, es a la vez generalizado y angustiosamente fácil de salirse con la suya. Una quinta parte de las mujeres estadounidenses será violada en algún momento, según una estimación. Sin embargo, solo una cuarta parte de las víctimas lo denuncian. La mayoría permanece en silencio a pesar del daño de por vida que la violación puede infligir y el deseo de encerrar a un depredador y disuadir a otros. Lo hacen en parte porque las probabilidades están en su contra. En Inglaterra y Gales, en los 12 meses hasta marzo de 2019, solo el 1.5% de las violaciones denunciadas terminaron en un cargo penal. Con tan pocas posibilidades de justicia, muchas mujeres son reacias a sufrir la terrible experiencia de denunciar un ataque a la policía.

Mucha gente piensa que las mujeres a menudo mienten sobre la violación. Ellas no. La cifra precisa es desconocida, pero las estimaciones más creíbles son que entre el 2% y el 8% de las denuncias de violación son falsas. En las encuestas, muchos oficiales de policía suponen que la cifra es mucho más alta, lo que seguramente afecta la forma en que manejan las quejas. Cuando una adolescente británica informó que había sido violada en grupo en Chipre, la policía local la interrogó durante horas, mientras estaba traumatizada, sin un abogado presente. Ella dice que la presionaron para que retractara sus acusaciones, que ahora insiste en que son ciertas. El 30 de diciembre fue condenada por mentir y enfrenta hasta un año de prisión. Otras mujeres que piensan denunciar una violación en Chipre ahora pueden decidir no hacerlo.

La violación es un crimen inusualmente difícil de probar, particularmente cuando ninguna de las partes niega que haya tenido relaciones sexuales. Un jurado debe ser persuadido más allá de toda duda razonable de que la víctima está diciendo la verdad y que el autor está mintiendo. Sin otros testigos o evidencia física, esto es difícil. Mientras se presuma la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, una piedra angular de cualquier sistema de justicia decente, las tasas de condena por violación nunca serán tan altas como lo son por asesinato.

Sin embargo, la mayoría de los países podrían y deberían manejar mejor los casos de violación. Comienza con la ley. La violación debe definirse claramente como sexo sin consentimiento. Varios países europeos y estados estadounidenses aún requieren pruebas de que se utilizó la fuerza, o la amenaza de la fuerza. Esto brinda escasa protección a las víctimas que estaban inconscientes o que se congelaron. En la mayor parte del mundo no occidental, la violación marital sigue siendo legal; no debería ser. Los estatutos de limitaciones deben extenderse o desecharse, como lo han sido en Gran Bretaña. Los jueces deben permitir que los testigos de apoyo den fe de un patrón de comportamiento depredador por parte del acusado, como sucederá en el juicio de Harvey Weinstein, un productor de películas, que comienza el 6 de enero.

Para alentar a más mujeres a presentarse, sus casos deben tratarse con mayor sensibilidad. En Gran Bretaña, casi la mitad de las mujeres que denuncian violaciones ahora se retiran durante las investigaciones, en parte porque consideran que el proceso es muy desagradable. Los investigadores especializados deben estar capacitados en las mejores formas de entrevistar a los denunciantes traumatizados. En Alemania, a diferencia de Gran Bretaña, se investigan todos los informes de violación. En Suecia, tales investigaciones son supervisadas por fiscales. La evidencia obtenida de los teléfonos puede proporcionar una corroboración valiosa, pero si la recopilación de evidencia se siente como una búsqueda de tiras digital, exponiendo toda la vida del demandante al escrutinio, disuadirá a muchos de presentar cargos. Más dinero puede ayudar, a veces de manera obvia. Hasta hace poco, algunas ciudades estadounidenses tenían una acumulación de miles de “kits de violación” no probados (el ADN y otras pruebas recopiladas del cuerpo de una víctima justo después de un presunto asalto). La ciudad de Nueva York pagó alrededor de US$ 12 millones para eliminar su cartera de pedidos de 17,000 kits no probados acumulados antes de 1999, ayudando a encontrar 2,000 partidos y asegurar 200 arrestos. Otras ciudades han seguido sabiamente su ejemplo.

Por último, las actitudes deben cambiar. La educación sexual en las escuelas canadienses, holandesas y suecas incluye enseñar a los niños sobre el consentimiento. Se ha demostrado que esto reduce la violación; debe copiarse. En las universidades y los lugares de trabajo, las víctimas de conducta sexual inapropiada deben tener muchas maneras de denunciarlo, incluso de forma confidencial y en custodia (de modo que, por ejemplo, se divulgue un informe solo si más de una persona presenta una queja similar sobre el mismo atacante). La violación y otras formas de abuso sexual nunca pueden eliminarse. Pero pueden ser disuadidos más efectivamente de lo que son hoy. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

Para consumar el Golpe del 30.09 hacían falta más que las barras bravas en las calles, las redes y la prensa bien pauteada con las cuales se preparó el terreno. Hacían falta aliados como la izquierda de Arana, Mendoza, Santos, Guzmán y Lescano, así como los Gobernadores Regionales y los alcaldes del AMPE. También eran necesarios operadores como Aguiar, Del Solar, Zeballos y Costa. Sin embargo, también se necesitan aplausos, silencios y prebendas.

APLAUSOS

Los primeros han venido del novelista MVLL, cuyo anti fujimorismo le hace borrar con el codo lo que escribe y denuncia con la mano frente a otros populismos latinoamericanos. Sólo así se explica que su elogio al Golpe del 30.09 coincida con la cínica develación de la injerencia castro chavista que ha hecho Diosdado Cabello desde Venezuela, quien ha hecho pública la estrategia de intervención orquestada contra Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, para que esos países “se ocupen de sus propios temas” y, obviamente, no se ocupen de la tragedia venezolana. MVLL y Diosdado Cabello, juntos, en el elogio a Vizcarra.

En el plano nacional, se ha sumado César Acuña Peralta, el líder de “la plata como cancha” quien no ha dudado en subirse a la popularidad de la medida y ha desembarcado de su partido a Marisol Espinoza, Luis Iberico y su propio hijo Richard, por haber defendido los fueros parlamentarios.

SILENCIOS

El que llama poderosamente la atención es el del MINISTERIO PUBLICO. En cualquier democracia que se respete, el Fiscal General o alguien por cuenta de él investigaría la secuela de hechos previos al Mensaje Presidencial del 28 de julio, la falsedad de acudir al Congreso con supuestos proyectos de ley que sólo existieron y se aprobaron 3 días después o, la disolución del Congreso anunciada sin decreto y antes de juramentar al ministro que lo refrenda. ¿Puede quedar duda después de que el Ministerio Público actúa en la misma dirección que el gobierno?

También llaman la atención la ausencia de pronunciamientos de los colegios profesionales nacionales, las ONGs de derechos humanos y las organizaciones sindicales. En este último caso, algunos de los sindicatos como el SUTEP se ha sumado más bien al grupo que aplaude el Golpe del 30.09 y, son aisladas las posiciones de principio, condenando el quiebre constitucional, como la de los colegios de abogados de Lima. Al contrario, otros decanos de abogados del Perú prefieren tomarse fotos con el ministro Zevallos.

Cuentan como silencios los pronunciamientos que no dicen nada. Esos cuyo equilibrio hiede a complicidad, porque en tiempos de ruptura constitucional se requieren definiciones, aunque estas cuesten puestos, presupuestos, asensos, contratos, negocios o leyes. En este rubro se halla lamentablemente la posición de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto resulta vacuo condenar la violación de la separación de poderes sin condenar a quien la comete. Los empresarios han actuado igual. Salvo la honrosa excepción de la Confiep y su presidenta la señora María Isabel León quienes han condenado el Golpe 30.09 con todas sus letras, los demás empresarios, gremios y cámaras han optado por la condena ambigua, que no sirve como tal.

Finalmente, en el rubro de los silencios van las claudicaciones. Mercedes Araoz arrugó ante la primera denuncia de Arana en el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo “aclaró” que “alejarse de la Constitución” no es lo mismo que Golpe de Estado.

PREBENDAS

Los alcaldes del AMPE no volverán a sus provincias y distritos con “las manos vacías” luego de haber posado con Vizcarra en abierto respaldo al Golpe 30.09. La ministra de economía ya anuncio que el programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal se incrementará el año 2020 de 600 a 800 millones de soles. ¿Se evaluó ese programa antes de incrementarlo? ¿No hay corrupción al interior del mismo? ¿200 millones vale una foto en Palacio? 

La policía no puede estar descontenta luego del Golpe del 30.09. Les acaban de llegar nuevos patrulleros bajo una modalidad de renting por tres años cuyo costo escandalizaría a la democracia menos pintada. 1´130,751 soles de alquiler por tres años. Para que no haya duda, trascribo la nota oficial del gobierno.

Esta primera flota está compuesta por 130 automóviles modelo Sedan marca Nissan Versa, rentados por tres años a un costo S/ 146’ 997,630, los cuales están equipados con barra de luces LED, sirena electrónica con parlante, faro pirata y GPS para ser monitoreados.
https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/52234-presidente-vizcarra-entrego-primer-lote-de-130-nuevos-patrulleros-para-reforzar-seguridad-en-lima-y-callao

Para las Regiones también habrá. Ya se anuncia la emisión de un Decreto de Urgencia que permita intervenir a regiones y municipalidades en obras paralizadas. ¿Será que esta parálisis de la obra pública surgió recién ahora? ¿Un régimen de excepción en el gasto sin fiscalización en el Congreso?

Siguen los aplausos, los silencios y las prebendas. Lampadia

Roque Bravo Basaldúa
Ex secretario general del JNE
Para Lampadia

Los equipos pueden ser extraordinarios, pero si el arbitraje es malo, lo complica todo y el resultado no satisface a nadie.

En el fútbol, si se pretende conseguir un buen nivel competitivo, se requiere de clubes sólidos, dirigentes eficientes y eficaces, los mejores jugadores elegidos según su capacidad técnica y profesional; así como, organismos reguladores y árbitros que actúen de manera imparcial y en cumplimiento de las reglas.

Si no se cuenta con lo anterior, ¿qué sentido tiene apresurarse en realizar el próximo campeonato? Si se hace sin mejorar se tendrá más de lo mismo, malos dirigentes, jugadores mediocres, autoridades y árbitros parcializados e incompetentes, así como resultados insatisfactorios y un nivel competitivo deficiente, esto es, lo contrario a lo que se esperaba lograr.

¿Y qué pasa si no se habla de una actividad económica específica sino del proceso electoral para elegir autoridades? Bueno, ahí la cosa toma color de hormiga porque es un escenario que, se quiera o no, afectará la vida de los más de treinta millones de peruanos. Y vale la pena hacer hincapié en el “se quiera o no” porque muchas veces se escucha la expresión “no me interesa la política porque los políticos no me dan de comer”, cuando la realidad es completamente diferente y se presenta cotidianamente cuando se constata  que un país extremadamente rico en petróleo tiene a sus ciudadanos buscando otros destinos porque no hallan futuro en el propio. Bueno, los políticos no dan de comer, pero las decisiones que toman, afectan, ¡y de qué modo!, ¿o acaso ya se olvidó que millones de peruanos están fuera del país por un motivo similar?

Entonces, se puede presentar una primera conclusión: no se puede ir a un adelanto de elecciones sin solucionar o superar aspectos mínimos que permitan lograr un buen proceso electoral con resultados que se sientan legítimos. Lo demás es pura irresponsabilidad e improvisación que, lamentablemente, abunda en el país.

¿Y qué se debe mejorar para tener un buen proceso electoral? Bueno, el proceso de mejora de toda actividad humana nunca acaba, en este caso se trata de un proceso que tiene casi todas las patas flojas.

Se puede afirmar, aunque ya sin mayor sorpresa, que el sistema electoral se encuentra en crisis y al límite de sus capacidades. Un claro indicio que permite afirmar lo anterior es que se pretenda ampliar el plazo del proceso electoral. El plazo inicial era de cuatro meses o ciento veinte días, por tal motivo, el artículo 134 de la Constitución establece que el decreto de disolución del Congreso contiene la convocatoria a proceso electoral que debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes. Sin embargo, a inicios del año 2017, se modificó la ley electoral para incrementar el tiempo del proceso electoral de cuatro meses, al actual plazo, de nueve meses o doscientos setenta días. Además, en la última propuesta de los tres organismos del sistema electoral se ha pedido ampliar nuevamente el plazo del proceso electoral para alcanzar los doce meses o trescientos sesenta y cinco días.

¿Se puede llevar a cabo un proceso electoral en cuatro meses? Definitivamente no, no se puede. Primero, porque hay muchas cosas que cambiar previamente para tener un buen proceso electoral y asegurar resultados legítimos, de lo contrario pasa lo del último proceso presidencial. Segundo, porque el proceso requiere incluir más actividades y eso exige más tiempo, específicamente, las referidas a la democracia interna, que son clave para la legitimidad de las autoridades elegidas y para fortalecer las organizaciones políticas.

Así, con relación a los cambios que se requiere en los órganos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. De hecho, los órganos del sistema electoral deben mejorar sus procedimientos, proponer cerrar el padrón un año antes de la elección es excesivo, demorar o no resolver las controversias electorales es inaudito y pedir más plazo para imprimir y distribuir el material electoral tampoco ayuda. En el caso de las organizaciones políticas la falta de actualización de sus directivas y de sus padrones de afiliados impide que se adopten decisiones legítimas y representativas del partido; asimismo, la aplicación restrictiva de la democracia interna afecta el corazón mismo de la organización, por ejemplo, como cuando se impide nuevas afiliaciones. En el caso del Poder Judicial o Ministerio Público, la lentitud de sus procedimientos y sus bases de datos desactualizadas, juega, definitivamente, en contra de la sanción e identificación oportunas de los candidatos.

Con relación al incremento de actividades de democracia interna. En un sistema democrático no puede haber espacio social que no respete los principios que lo caracterizan. De hecho, eso incluye a las organizaciones políticas y se ha avanzado cada vez más en su implementación y exigencia, pero falta dar el paso definitivo.

Aquí una segunda conclusión: los cambios necesarios para mejorar el sistema electoral tienen que realizarse antes de convocar a un nuevo proceso electoral, deben ser efectivos y ejecutarse dentro de un plazo prudencial. Y, ojo, no se trata de sacar o eliminar competidores, para nada, las mejoras deben ser asumidas como una tarea de todos y en beneficio de todos, pero deben darse, no se puede seguir con más de lo mismo.

¿El proceso de reforma política favorecía el cambio requerido? El actual proceso de reforma había obtenido algunos logros importantes: la elaboración del padrón partidario por el Reniec, la organización de las elecciones internas por la ONPE y la resolución de los conflictos por el JNE. Lo que muchas veces fue combatido u objetado por algunas organizaciones políticas se ha conseguido mediante las reformas aprobadas y que están pendientes de promulgación por el Ejecutivo. Este es un cambio potente que ejecutado correctamente por los organismos electorales podría significar una reforma sustancial del sistema de partidos políticos.

Una última conclusión: el proceso de reforma está en marcha, pero requiere de tiempo para su implementación, tanto para los organismos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. Sin cambios reales y significativos no es prudente adelantar ninguna elección. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de mayo de 2019
Para Lampadia

“El personal trabaja en condiciones inhumanas”. “Se gana lo mismo y se trabaja día y noche”. “El Ejecutivo debe entender el sacrificio y esfuerzo que realizan”. “Nosotros estamos afrontando una crisis porque tenemos una insuficiencia de personal fiscal que no puede abastecerse respecto a las necesidades urgentes de los casos que manejamos”. “El Ministerio Público tiene una serie de restricciones dentro del ejercicio de sus tareas”.

Los entrecomillados del párrafo anterior son expresiones del Fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato. Más claro… ni el agua. La situación de la Fiscalía es crítica.

No se trata de echar más leña al fuego. Pero en mi opinión, el Ministerio Público es – en parte – responsable de su propia crisis. En Ica – por ejemplo – cualquiera puede denunciar a cualquiera por cualquier motivo. Y la Fiscalía – permisivamente – tramitará todas las denuncias… tengan o no sustento legal.

El problema es que la mayoría de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público no tienen sustento legal. O peor aún, son denuncias maliciosas. Es decir, denotan mala intención de parte de los denunciantes.

Ese es el caso de varias denuncias en mi contra, y otras parecidas contra otros funcionarios probos que colaboraron en mi gestión como Gobernador Regional. El hecho es que las denuncias se están archivando, una a una. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía no sanciona a los denunciantes maliciosos?

Todo el mundo lo sabe. El Ministerio Público está atiborrado de ese tipo de denuncias. Denuncias que congestionan innecesariamente el trabajo de los fiscales, y que – tarde o temprano – se van a archivar. O sea, todo por las puras.

Por un lado, necesitamos un Ministerio Público autónomo que defienda la legalidad y los intereses públicos, sin injerencia de ningún otro poder del Estado. Una Fiscalía que combata la corrupción con eficiencia y firmeza. Sin embargo, por otro lado, gente inescrupulosa – muchas veces corrupta también – sobrecarga maliciosamente al Ministerio Público con denuncias que no tienen sustento alguno.

Insisto. ¿Por qué la Fiscalía no denuncia a los denunciantes maliciosos? Más aún, cuando – según el propio Fiscal Vela – “los fiscales están trabajando en condiciones inhumanas”. ¡Quién entiende a la Fiscalía!

Para aquilatar la gravedad del problema, sería bueno que el Ministerio Público informe acerca del número de denuncias sin sustento que hayan sido archivadas en los últimos años. A ese respecto, estoy seguro de que se trata de una cifra enorme. Pues bien, todas esas denuncias nunca debieron llegar a la Fiscalía. O en todo caso, nunca debieron pasar de la mesa de partes. Pero no. La Fiscalía las acogió. Interrogó a denunciantes y denunciados. Gastó tiempo, papel y tinta. Y nada. Todo terminó en un desgastante “¡archívese!”.

¡No hay derecho! De no ser por esas denuncias, los fiscales habrían tenido más tiempo para atender los casos que sí configuran delitos reales. Y habrían trabajado en mejores condiciones.

Propuesta: Toda denuncia archivada debe merecer un resarcimiento pecuniario. Tanto a la Fiscalía por lo gastado en el proceso, como al denunciado por lo gastado en su defensa.

A ver si así se controla la perversa práctica de denunciar por denunciar. Y – más importante aún – a ver si así se alivia la crisis del Ministerio Público. Lampadia

En los últimos días diversas autoridades provenientes tanto de instituciones públicas autónomas como del mismo Poder Ejecutivo se han pronunciado respecto a las órdenes de prisión preventiva dictadas por el Poder Judicial y solicitadas por el Ministerio Público, a propósito de los recientes intentos de detención de los ex presidentes Alan García – fallecido el pasado 17 de abril tras cometer suicidio en su vivienda – y Pedro Pablo Kuczynski – quien permanece internado en una clínica por un problema cardíaco. Veamos:

• Martín Vizcarra –  Presidente de la República del Perú (Entrevista en TV Perú el pasado 21 de abril): “Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos. Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter de extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos [Ministerio Público y Poder Judicial], que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”.
• Salvador del Solar – Presidente del Consejo de Ministros (Entrevista en RPP Noticias el pasado 22 de abril): “¿Estamos haciendo de una medida excepcional como la prisión preventiva, sin que alguien haya sido juzgado, una moneda corriente que se ha vuelto de uso cotidiano? Creo que hay un espacio para que se reflexione al respecto y creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben hacer esa reflexión”.
• Ernesto Blume – Presidente del Tribunal Constitucional (Entrevista en Agenda Política – Canal N el pasado 21 de abril): “Hay una suerte de uso excesivo, y yo diría en algunos casos, abusivo de esta figura, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido dos informes. El primero es del año 2013, y se llama ‘Medidas para reducir la prisión preventiva, y el segundo es del año 2017, que se refiere a informes del uso de la prisión preventiva”.
• Walter Gutiérrez – Defensor del Pueblo (Publicado en El Comercio el 22 de abril): “Claramente hay excesos ¿qué parte del principio que refiere que la restricción de la libertad es una excepción no se ha entendido? No es la regla ¿Qué parte de la limitación de la libertad debe ser gradual y siempre debe ser motivada no se ha comprendido?”

Así, dichas declaraciones constituyen el punto de ebullición de los excesos cometidos hacia la privación de la libertad en nuestro país a partir de una medida que, vale la pena reiterar, es de carácter cautelar y excepcional, y que para su implementación debe ser correctamente sustentada con circunstancias como el peligro de fuga, la obstaculización de la justicia, entre otras. Prueba de estos abusos por ejemplo se han dado bajo esta modalidad con ex presidentes y notables personajes políticos en los últimos años y meses. Veamos:

• La ex pareja presidencial Humala fue detenida en julio del 2017 para comparecer 18 meses de prisión preventiva; sin embargo, fue liberada en abril del 2018, tras un fallo del Tribunal Constitucional.
• Keiko Fujimori y 10 personas asociadas al partido Fuerza Popular fueron condenadas a 36 meses de prisión preventiva el pasado 31 de octubre por delitos que no eran tales en el 2011. Ya llevan 4 meses en prisión.
• El dos veces presidente Alan García Pérez intentó ser detenido bajo la misma modalidad el pasado 17 de abril, allanando también su vivienda, ante especulaciones respecto a una supuesta vinculación en una entrega de dinero hecha a su ex secretario Luis Nava en el caso Lava Jato. Se suicidó antes de ser esposado.
• El mayor abuso se dio con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski – requerido también a 36 meses de prisión preventiva – cuando se pretendía enmarrocarlo mientras se encontraba muy delicado de salud en la clínica Angloamericana el pasado 19 de abril.

Pero lo realmente peligroso de los abusos de esta medida es que ya están afectando al resto de la población peruana, más allá de los políticos. Así, del total de 91,0000 presos en el Perú, cerca del 30% están sin sentencia, muchos de ellos con prisión preventiva. Ello muestra la incompetencia absoluta de los funcionarios del Poder Judicial que han hecho suya una medida en base a un abuso extremo e injustificable.

Todo este contubernio político, producido en su mayoría por las cuatro declaraciones mencionadas al inicio del artículo, ha suscitado inclusive que la misma Presidencia del Poder Judicial emitiera un comunicado el pasado 22 de abril señalando que existen vías procesales idóneas – como las apelaciones – para anular sus decisiones judiciales asociadas a las prisiones preventivas. Lamentablemente este no es el caso del Ministerio Público, puesto que el fiscal José Domingo Pérez, uno de los principales artífices del abuso de estas medidas en los últimos meses, ha pedido respeto a la independencia de la administración de justicia hacia al Ejecutivo, siendo dichas declaraciones una exageración puesto que en ninguna de las declaraciones anteriormente mencionadas se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes.

Ya es hora de parar esta herramienta inquisitorial. Eso no es justicia, es ensañamiento que puede estar motivado por la rabia o inclusive por ideologías perversas. No podemos permitir que uno de los principales derechos de una sociedad democrática, como es el derecho a la libertad, se vea pisoteado por tales funestos sentimientos. En ese sentido, esperamos que estas declaraciones desde el Ejecutivo, TC y Defensoría del Pueblo, que establecen los correctos lineamientos, así como un adecuado proceder para los investigados por casos de corrupción, calen en el accionar de los funcionarios que integran ambos órganos rectores de la justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lampadia

Como todos los ciudadanos sabemos desde hace muchísimos años, el Sistema Judicial (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional), adolece de corrupción generalizada. Prueba de ello es el desprestigio de estas instituciones, especialmente del Poder Judicial, recogido por décadas en todas las encuestas y en el sentir ciudadano.

Y no podía ser de otra manera. Todos conocemos de las coimas para el manejo de juicios, de las terribles e injustas demoras de los procesos judiciales, de la abusiva prisión preventiva que afecta a cerca del 50% de los reos en cárcel, y de los grandes escándalos que década tras década van quedando en la impunidad.

La calidad del sistema judicial peruano afecta a todos los ciudadanos y empresas, a los ciudadanos de a pie y a los más reconocidos socialmente, a las empresas pequeñas y grandes, nacionales y extranjeras. Pero evidentemente, los más afectados son los ciudadanos y empresas más débiles, aquellos que no tienen los medios para contratar a los mejores abogados, o no tienen los recursos para abrirse camino mediante la podredumbre de la corrupción.

A la fecha, se ha hecho todo tipo de intentos de reorganización judicial. Todos fallidos. El más reciente y notorio, por su alcance y calidad de propuestas, fue el del CERIAJUS. No prospera ningún intento de reforma, porque estamos entrampados entre la incapacidad de lograr una reforma seria desde adentro del sistema, por el compromiso de muchos de sus miembros con la corrupción y/o el statu-quo; y la imposibilidad de emprender la reforma desde afuera, dado nuestro ordenamiento jurídico que otorga autonomías infranqueables.

Es por ello que solo una crisis muy profunda puede movilizar las voluntades y capacidades, dentro y fuera del sistema. Una crisis como la que se produjo con el estallido del escándalo del Lava Jato, que clamaba por castigos, y pocos meses atrás, por la difusión de los audios que explicitaron la corrupción al interior del sistema judicial.

Lamentablemente, la acción judicial reciente se ha centrado y focalizado en los aportes de campaña, que en principio no son delito, más que en las coimas por los grandes proyectos. Asimismo, ha dejado de lado la necesidad de rehacer el sistema judicial de pies a cabeza, para que todos los ciudadanos y empresas tengamos una administración de justicia que genere la confianza en sus procesos y fallos.

Veamos como están distorsionadas las cosas: por ejemplo, la noche del 31 de diciembre pasado, cuando el fiscal Pérez fue cesado, declaró que tenía que lacrar su oficina para evitar que se arriesgue la información sobre los casos que investiga. Ante la pregunta del periodista sobre de que casos se trataba, su respuesta fue: “Keiko Fujimori y Fuerza Popular”.

O sea, para el fiscal Pérez, solo importa la persecución del único partido político que no fue gobierno y no pudo poner sus manos en los recursos públicos. Efectivamente, durante los últimos meses, hemos visto que esa era su única preocupación. Esta fiscalía especializada se olvidó de las grandes coimas por los macro-proyectos.

Otro ejemplo de desenfoque: para el Fiscal Supremo Pablo Sánchez, ex titular del Ministerio Público, “El origen de la crisis del Ministerio Público está en Pedro Chávarry” (Diario La República). Así opina el fiscal que desde la jefatura promovía, junto con Duberlí Rodriguez, entonces presidente del Poder Judicial, la justicia paralela.

Y el Poder Judicial, con el doctor Prado a la cabeza, más allá de canalizar unos proyectos de ley, dejó de lado la posibilidad de liderar UNA GRAN MOVILIZACIÓN que llevara a una apertura que alentara el inicio de la verdadera reforma. Lo mismo parece acontecer con las preocupaciones del nuevo presidente de la Corte Suprema, el doctor Lecaros.

Pero según vemos en las encuestas y en el quehacer de los medios de comunicación, estas graves fallas de la acción judicial, dirigidas casi exclusivamente a la suerte de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y Chávarry, se han convertido en la gran preocupación nacional. Nos han hecho creer que en esa persecución está la ansiada reforma, la lucha contra la corrupción.

Lo mismo se ve en la acción del gobierno, que con un país en el que vuelven a crecer la pobreza y la desnutrición, el gobierno solo habla de la lucha contra la corrupción, en la misma pobre línea. Con excepción de los proyectos de ley de reforma judicial que envió al Congreso, pareciera que la política de corto plazo y la búsqueda de popularidad guían las grandes preocupaciones y decisiones del gobierno. De allí que se eluda las necesarias reformas para incrementar la productividad.

La política, pues, ya no nos sorprende, pero lo que no es entendible, es el comportamiento de la prensa nacional que, desde el medio más pintado, hasta el menos significativo, también ha olvidado que la vida de una nación va mucho más allá del escándalo y de los pedidos de ajusticiamiento.

Todo tiene un límite, pero para los medios solo existe la tarea de expulsar a Chávarry de la fiscalía y la carcelería de los líderes de Fuerza Popular.

Debe llamarnos a escándalo, por ejemplo, que los políticos y toda la prensa hayan dejado de lado el informe de la comisión parlamentaria del Lava Jato, presumiblemente porque la presidía Fuerza Popular y no involucraba a KF (pues solo estaba dirigida a la corrupción alrededor de los grandes proyectos de infraestructuras). Por definición, no podía involucrar a KF, pero un tabloide reclamaba: “la comisión ya no sabe como justificar la ausencia de KF en la investigación”. Para los medios más importantes, el informe de Lava Jato tampoco merece atención alguna, a pesar de que éste puntualiza una serie de eventuales responsabilidades y una amplia lista de involucrados en muchos proyectos de inversión pública. Pero se prefiere editorializar y titular portadas sobre Chávarry y KF.

El mismo corte informativo destaca en los canales nacionales, particularmente en los de cable. Sus invitados son seleccionados para reforzar sus ante-juicios y direccionamientos políticos. Salvo contadas excepciones, los ciudadanos no tienen como informarse con profundidad y objetividad.

Pareciera que los medios promueven con gran afán los quehaceres de su recobrado mayor cliente, el Estado, antes que el desarrollo de su misión.

Como dice y repite Christiane Amanpour en CNN, el nuevo paradigma del periodismo no es la neutralidad, sino la veracidad.

Cuan lejos estamos de recibir señales de veracidad.

En verdad parece que lo que nos induce a la acción todos los días es un gran psicosocial. Uno que lleva seis meses y que pretende que nos olvidemos que gobernar en una tarea compleja y multipropósito, una tarea que en el Perú no puede desentenderse de la pobreza, la anemia y la desnutrición.

¿Es todo un juego de poder? ¿No nos mueven los grandes intereses nacionales? – ¡BASTA! El buen gobierno y la acción cívica de la clase dirigente reclaman algo más: GOBERNANZA: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. (RAE).

¡Nunca es tarde para hacer lo correcto! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Lima, 7 de diciembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Las fiscalías del país están abarrotadas de denuncias. Pareciera lógico. Donde hay mucha delincuencia – y ¡vaya que hay delincuencia en nuestro país! – debiera haber muchas denuncias. Pero no… el problema no es tan así. Muchas denuncias – yo diría, la mayoría – no tienen causa alguna que las justifique. Por ello, las fiscalías deberían distinguir – a priori – si una denuncia tiene justificación… o no. Si una denuncia es maliciosa… o tiene sustento real.

En Ica – por ejemplo – hay tipos que se dedican casi exclusivamente a denunciar. Viven denunciando a todas las autoridades que no sean de su agrado. Y la fiscalía los conoce. Todo Ica los conoce. La Consejera Barco – conocida en Ica como “la vieja” – es una de ellas. Entre paréntesis ¿por qué le costará tanto aceptar su avanzada edad? ¿Qué de malo tiene ser vieja… y – por ende – tener la piel pellejuda?

En fin. Hace poco – por enésima vez – la Barco me volvió a denunciar. Malversación de Fondos, Colusión Agravada, Peculado Doloso y Culposo, Cohecho Pasivo Propio, Negociación Incompatible, Aprovechamiento del Cargo, y Enriquecimiento Ilícito. O sea… me puso al nivel de Al Capone.

Dicho sea de paso, yo todavía no he sido notificado por la fiscalía. Ha sido la vieja la que ha cacareado su denuncia. Y por ellos – por los periodistas carroñeros de Ica – yo me he enterado de esta nueva denuncia. Para que vean… ¡a qué nivel de bajeza llega esa mujer!

Pues bien. Resulta que desde que asumí el cargo de Gobernador Regional, la Barco no ha parado de denunciarme. Y nada. Todas sus denuncias fueron archivadas por la fiscalía… por no tener sustento. Pero ella – terca como una mula – ¡dale con una nueva denuncia!

Lo mismo sucede con un tal Flores Camargo. Un ex coronel PNP, cesado de la policía… “por conductas que afectaron la imagen de la institución, bajaron la moral de sus colegas, o afectaron la relación de confianza con la ciudadanía”. También merodea la fiscalía un tal Gavilano, destituido del Gobierno Regional por emborracharse en el trabajo. Son de lo peor. Ambos exhiben su catadura moral a través de las Redes Sociales. Búsquenlos en el Ciberespacio… y verán lo que es la grosería – y la cobardía – en persona. 

La pregunta es ¿por qué la fiscalía acoge denuncias de estos chantajistas? ¿Cuántas denuncias archiva la fiscalía… por insustanciales? ¿Por qué no penalizar a los denunciantes maliciosos?  

En honor a la verdad, yo no podría quejarme del Ministerio Público. Las decenas de veces que he ido a la fiscalía de Ica – por denuncias de estos miserables – he sido tratado con respeto y eficiencia. Pero ¡qué pérdida de tiempo!

Por ello, propongo que toda denuncia archivada implique un pago – por parte del denunciante malicioso – al Ministerio Público y al denunciado. Es muy sencillo. Cada denuncia conlleva un costo… y no me parece justo que los denunciantes maliciosos se la lleven gratis. La idea es reducir el número de denuncias maliciosas.

Así la fiscalía tendría más tiempo – y recursos – para defender a la ciudadanía de los verdaderos delincuentes. Y no como ahora que está súper ocupada en atender a malandrines como Flores Camargo, Gavilano, la vieja Barco… y otros.

OTROSÍ: Bienvenidas más propuestas al respecto. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 26 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

La genialidad de Víctor Hugo quedó eternizada en su colosal novela Los Miserables. Concretamente, en la extraordinaria manera cómo desarrolló el discernimiento entre el bien y el mal. Cómo hizo para que cada personaje interpretara – a su manera – la ley y la política… y la ética y la justicia. Incluso, cómo manosearon a la religión. Publicada a mediados del Siglo XIX, la trama de Los Miserables sigue más vigente que nunca en la actualidad.

Parecen personas correctas, pero no. Son unos miserables. Muchas veces fungen de moralistas. Pero las amenazas – y vulgaridades – que propalan a través del ciber espacio los delatan. Por limitaciones de espacio – valga la redundancia – no podré mostrar todos los mensajes amenazantes de los miserables del Siglo XXI que proliferan – hoy en día – en las redes sociales. Por ello me referiré a dos de ellos… sólo dos. Ojo… no tienen buena ortografía, pero se dejan entender.

Vamos con la primera amenaza:

“Todas las denuncias que no han sido tramitadas por el GORE, serán reactivadas en esta nueva gestión entrante, vamos haber (sic) si ahora la encubren. Recién viene lo bueno. Creo que ahí sí le saldrán lágrimas de verdad, estoy seguro que nadie la visitará…” Esa es de un tal “Crnl. Ret. PNP Flores Camargo”. Al menos así figura en su página de Facebook. ¿A quién amenaza ese fulano con tanto odio y rencor? Pues a nuestra Directora Regional de Transportes… a la Dra. Rossana Vera. Una mujer valiente y honesta que desarticuló la mafia de los brevetes en Ica.

Ahora la otra:

“Así es lo que no pagas con tu cuerpo y con tu vida, lo pagarás con tus hijos” (sic). Esa amenaza es de un tipo llamado “Carlos Enrique Gavilano Rueda… alias Enriquito” y se refiere – también – a nuestra Directora de Transportes. En el fondo… ambos personajes son unos cobardes.

Julio César Flores Camargo fue retirado de la Policía Nacional del Perú en enero del 2013. ¿Cuál fue el motivo de su destitución? “En aplicación del Reglamento de Disciplina de la PNP, se ha dado de baja a oficiales que con sus conductas afectaron la imagen de la institución, bajaron la moral de sus colegas o afectaron la relación de confianza con la ciudadanía”. Allí… en esa lista vergonzosa – junto a otros malos policías – está Flores Camargo.

Carlos Enrique Gavilano Rueda fue destituido de la Dirección Regional de Transportes por emborracharse en el trabajo y por faltarle el respeto a su superior. Y como es usual en esa gente sin moral, recurrió – en apelación – ante el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR)… y perdió. El tribunal ratificó nuestra sanción.

Ahora bien. ¡Cómo es posible que el Ministerio Público haya acogido – en el lapso de este último año – 8 denuncias de Gavilano y 6 de Flores Camargo! Todas contra nuestra Directora Regional de Transportes.

• Por abuso de autoridad.
• Nombramiento ilegal.
• Usurpación de funciones.
• Falsedad ideológica.
• Fraude procesal.
• Malversación de fondos.
• Peculado.
• Lavado de activos.
• Peligro contra la vida, el cuerpo y la salud.
• Crimen organizado.

Y paro de contar porque la lista continúa.

¡Un mínimo de discernimiento… digo yo! Eso es lo que uno esperaría del Ministerio Público. ¿Cuáles son las denuncias que merecen atención y cuáles no? Con la experiencia que tienen nuestros fiscales ¿acaso no pueden distinguir entre una denuncia calumniosa y una denuncia justificada? ¿No ven al demonio detrás de dichas denuncias? ¿Será – como dicen muchos miserables del Siglo XXI – que ellos “manejan” a algunos fiscales? ¡No nos pongamos del lado de los corruptos! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La aprobación del proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la magistratura (CNM) y de los proyectos de leyes orgánicas enviados por el Ejecutivo al Congreso, deberá llevar a un cambio fundamental en el sistema de justicia. Pero para asegurar que eso se traduzca realmente en una limpieza y modernización general de dicho sistema, sugerimos introducir algunas modificaciones en varios puntos. Veamos.

1. SOBRE LA COMISION ESPECIAL QUE REALIZA EL CONCURSO PÚBLICO PARA EL CNM

El aspecto central de la reforma del CNM es la manera de elegir a los consejeros. En ese sentido, es muy bueno el planteamiento de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo.

Artículo 155.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por concurso público de méritos por una Comisión Especial conformada por el Presidente del Poder Judicial, quien la preside, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

…

La elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento regulado legalmente, con el apoyo técnico del órgano rector para los recursos humanos del Estado a cargo del servicio civil y la carrera pública. El procedimiento de selección brinda garantías de máxima publicidad y transparencia y promueve la vigilancia ciudadana.

Sin embargo, pensamos que no sería conveniente que ni el Presidente del Poder Judicial ni el Fiscal de la Nación integren la Comisión Especial encargada de realizar el concurso público. Del mismo modo, tampoco es conveniente que ambas autoridades integren la comisión de selección del jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esto en aplicación del principio general de que no se puede ser juez y parte.

2. NECESIDAD DE NOMBRAR A UNA NUEVA CORTE SUPREMA

El proyecto de reforma constitucional contiene la siguiente disposición complementaria:

Disposición Complementaria Transitoria

ÚNICA. – Revisión a cargo de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura, elegido bajo la presente reforma constitucional, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, se encuentra facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República conforme a la Resolución Legislativa Nº 016- 2017-2018-CR, en aquellos casos que existan indicios de graves irregularidades.

Esto nos parece muy bien. Pero hay que ir más allá. El nuevo CNM debería estar facultado para convocar, apenas se instale, a concurso público de méritos para seleccionar a toda la Corte Suprema. Algunos de los actuales Supremos podrían ser nombrados si es que alcanzan las calificaciones suficientes. Pero el espíritu debería ser el de buscar una nueva y renovada Corte Suprema de muy alto nivel.

3. REFORMA DE LA CORTE SUPREMA Y LIMPIEZA DE LAS CORTES SUPERIORES

Pero una medida como esa debe ir de la mano con la reforma estructural de la propia Corte Suprema -reforma cuya propuesta no ha sido hecha por el Ejecutivo-, apuntando a una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad a fin de reducir espacio a sentencias compradas. Pero, como ha señalado Javier de Belaunde, esto no se puede hacer sin una reestructuración de las Cortes Superiores, para apartar de ellas a los jueces superiores corruptos y atraer, a su vez, a magistrados de buen nivel, que ofrezcan las garantías necesarias para que estas Cortes puedan constituirse en últimas instancias confiables.  

De esa manera, el encargo inicial y por única vez al nuevo CNM debería incluir no solo concursar una nueva Corte Suprema, sino también a los presidentes de las Cortes Superiores. Y ratificar a la brevedad posible a todos los jueces superiores de la República.

Paralelamente, la implementación de la propuesta Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno, permitiría avanzar en la limpieza y renovación de las Cortes Superiores –muchas de ellas hoy imbricadas con el crimen organizado. Esta Autoridad, cuyos miembros serán elegidos también por concurso público, tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados y para detectar mafias de abogados que acuden a los estudios de abogados ofreciendo sacar sentencias favorables a cambio de pagos y sobornos. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

4. EMPODERAR A GERENCIA GENERAL PARA DESIGNAR JUECES SUPERNUMERARIOS Y MEJORAR GOBIERNO

Al mismo tiempo, debería revisarse la manera de designar a los jueces supernumerarios. Estos no deberían ser escogidos por los presidentes Cortes Superiores –para prevenir que se escoja a amigos funcionales a la venta de sentencias, como ocurrió en la Corte del Callao- sino por la gerencia general, debidamente reforzada y empoderada. Las plazas de supernumerarios deben ser fijadas por la gerencia de modo que se acceda a ellas por concurso público y no por medio de trueques con el Presidente de la Corte.

5. LA AUTORIDAD DE INTEGRIDAD Y CONTROL DEBE SER REALMENTE AUTONOMA

Aquí hay que llamar la atención sobre un hecho que hay que tener muy claro. Hoy la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es la última rueda del coche en el Poder Judicial: tiene computadoras viejas, muchas inservibles, servidores paralizados, y carece de recursos. Y la razón es clara: al Poder Judicial no le interesa una OCMA fuerte precisamente porque no está organizado para servir a la ciudadanía sino para que sus funcionarios obtengan, en muchos casos, beneficios personales a través de la venta de sentencias o de velocidad en el trámite. Es una entidad patrimonialista basada en redes de reciprocidad de favores.

Entonces el corolario de esto debería ser que el control disciplinario y funcional de los jueces y fiscales no debería hacerlo una oficina interna, sino externa. Una suerte de superintendencia autónoma. La propuesta del Ejecutivo, enviada como proyecto de ley orgánica, encuentra una fórmula intermedia:

“Artículo 102°.- Función de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La Autoridad Nacional de Integridad y Control es el órgano del Poder Judicial, con autonomía administrativa, funcional y económica de conformidad con la ley, que tiene como funciones la prevención, supervisión, investigación, sanción y control de los aspectos disciplinarios y funcionales de Jueces de todos los niveles, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial.

Es decir, es un órgano del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero tiene autonomía administrativa, funcional y económica. Habría que ver, sin embargo, qué significa o en qué se concreta eso cuando de todos modos se encuentra dentro del pliego presupuestal de ambas instituciones del sistema de justicia.

No obstante, algo que sí puede garantizar una cierta autonomía es la manera en que se nombra al jefe de la Autoridad:

Artículo l 03°. – Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La persona que ejerza el cargo de Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial es designada mediante concurso público de méritos,’ por un plazo de siete (7) años.

….

La Comisión de Selección del Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial está conformada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. La participación en la Comisión de Selección es indelegable.

La Comisión de Selección cuenta con una Secretaría Técnica a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

En la medida en que el jefe de esta Autoridad no es designado por el Poder Judicial (o el Ministerio Público en su caso) sino por esta Comisión de Selección (de la que habría que retirar al presidente del Poder Judicial y al Fiscal de la nación, como hemos dicho), y que su cargo dura 7 años de modo que no es removible por el Poder Judicial sino que solo por el Congreso “por falta grave debidamente acreditada mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”, su autonomía y estabilidad quedan garantizadas.

Sólo quedaría por asegurarle los recursos. Una manera de hacerlo sería señalar en la ley un porcentaje determinado del presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público para esta Autoridad. De otra manera, corremos el riesgo que tenga autonomía, pero sin capacidades efectivas. Podría morir de inanición. 

6. ELIMINAR BLINDAJE A JUECES Y FISCALES Y PREVENIR REPOSICION DE POLICIAS

En el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hace falta incluir un artículo orientado a modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. Al mismo tiempo, debe aprobarse una ley que permita la separación de policías por falta de idoneidad sin necesidad de adjuntar pruebas plenas y que estas decisiones administrativas no puedan ser objeto de revisión o revocación por parte del Poder Judicial. Debe verse la manera, entonces, de autorizar un cierto grado de discrecionalidad en las decisiones de pase al retiro por parte de la institución policial.

7. ELIMINAR MONOPOLIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Como parte de la reforma del Sistema Judicial, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para “incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. Contiene un conjunto de exhortaciones a los colegios de abogados a fin de que promuevan y aseguren el ejercicio ético y responsable de los abogados. Se establece la obligación, por parte de dichos Colegios, de evaluar de manera exhaustiva el conocimiento que tienen los profesionales que desean incorporarse al gremio sobre los valores, principios, normas y buenas prácticas del ejercicio responsable de la profesión del abogado, realizar campañas para promover la denuncia ciudadana de los actos que afecten dichos valores y buenas prácticas, promover la organización de mesas, talleres, seminarios u otras actividades y garantizar que las denuncias contra los abogados, tramitadas a solicitud de parte o de oficio, se resuelvan de manera expeditiva y especializada, para lo cual deben contar con el número necesario de comisiones, secretarías, tribunales u otros.

Pero esas disposiciones pueden quedar en letra muerta porque no hay sanción en caso no se cumplan. A nuestro juicio, la única manera de asegurar que los colegios de abogados cumplan su esencial misión de asegurar el comportamiento ético de los abogados, es, como propone Enrique Ghersi, eliminar el monopolio de los colegios de abogados existentes. Es decir, que puedan conformarse libremente asociaciones o colegios de abogados a los cuales los abogados puedan afiliarse. La colegiatura seguiría siendo obligatoria, pero no a un determinado colegio de abogados sino al que cada abogado escoja. Así, habrá algunos colegios más exigentes y prestigiosos que otros, que realmente ejercerán la función de control ético de la profesión. Habría que modificar, en ese sentido el Artículo 15 del proyecto de ley.

8. ORGANOS DE GOBIERNO Y GERENTES DE SERVIR

El sistema de gobierno en el Poder Judicial no es funcional, y favorece la corrupción. La Sala Plena de la Corte Suprema debería tener funciones solo jurisdiccionales, no administrativas. El presidente de la Corte Suprema –del Poder Judicial- sí debería tener una función vinculada a la reforma y desarrollo de la institución, al cumplimiento de los planes estratégicos. En ese sentido, su periodo debería durar 4 años en lugar de 2.

Al mismo tiempo, la gerencia general debería ser empoderada y desempeñada por un gerente público de SERVIR. Todos los gerentes deberían ser gerentes públicos de SERVIR, salvo que se consiga a administradores privados con muy altas calificaciones.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por su parte, no debería dedicarse a tomar decisiones administrativas menores que corresponden a la gerencia y tampoco debería seguir siendo la segunda instancia de la OCMA en los casos de los jueces y secretarios sancionados por ésta. Y debería aprovecharse para revisar su conformación, que no es funcional. Hoy está integrado por tercios –dos elegidos por los jueces de primera instancia, dos por los jueces superiores y dos supremos. Habría que preguntarse si no sería bueno que esté conformado por representantes designados por la Corte Suprema pero también por el Congreso y el Ejecutivo.   

9. MERITOCRACIA Y REINGENIERÍA

Para pasar de un sistema de redes de corrupción a uno meritocrático, resulta fundamental disponer la implantación de un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente, y que sirva asimismo de base a las ratificaciones del CNM, cuya frecuencia quizá debería acortarse.

De otro lado, debería aprobarse una ley que modifique la ley de carrera del trabajador judicial en el sentido de que dicha carrera tenga un carácter meritocrático, disponiendo al mismo tiempo racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez. El número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos crece a razón de mil por año, una inflación insostenible que favorece la corrupción y el descontrol.

En ese sentido, debería autorizarse a la Sala Plena o el Consejo Ejecutivo a contratar y empoderar a una empresa de reingeniería de procesos o de inteligencia de negocios para llevar a cabo la reingeniería y modernización interna completas del Poder Judicial. Esto, junto con la digitalización de los expedientes judiciales, es fundamental para multiplicar la eficiencia y productividad de los jueces (y fiscales) y reducir al mismo tiempo el espacio para la corrupción 

10. OTRAS MEDIDAS

Hay un conjunto de otras medidas complementarias que ya no formarían parte del paquete legislativo actual pero que deberían ser implementadas por el sistema de justicia. Ellas son:

• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micro-políticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia

Aníbal Quiroga León
Profesor Principal PUCP
Para Lampadia

La aparición y publicación de audios y videos llamados “de la vergüenza” han exhibido públicamente lo que desde hace tiempo se sabía sotto voce y con lo que hemos convivido por años: la aguda crisis del sistema de justicia en todas sus dimensiones a nivel nacional.

Desde la captura del Consejo de la Magistratura por personajes cada vez más discutibles, de precaria solvencia moral, académica y profesional, algunos francamente impresentables, pasando por el dueño de -nada menos- una academia dedicada precisamente a preparar a postulantes a la judicatura y al Ministerio Público, hasta enfermeras y profesionales ajenos al derecho, que prontamente eran capturados por sus “asesores jurídicos” o por los otros consejeros letrados que los llevaban de un lado al otro cuando de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales se trataba (pasando por el análisis de la trayectoria de los magistrados y el análisis de su jurisprudencia, sobre lo que por cierto nada podrían aportar).

• A un magistrado con 3 quejas no lo ratificaron.
• En Lima, hay un juez constitucional conocido por la lentitud en la tramitación de sus causas con más de 120 quejas que si fue ratificado (¿?).

De allí al compadrazgo y el ingreso del club de los “hermanitos” hay poco trecho. Desde el amiguismo y el favorecimiento en los nombramientos y ratificaciones, la perversión de los “candidatos en reserva” para no hacer los concursos correspondientes, hasta el cobrar en duro y maduro -en “verdecitos”- cupos para acceder a tales nombramientos.

Y así se fue poblando el Poder Judicial y el Ministerio Público del país durante varios años: el resultado ha sido el paupérrimo servicio de justicia y el deficiente funcionamiento de las fiscalías en todo el territorio nacional, sin excepción. Por eso los grandes casos judiciales como el de los altos funcionarios del país, o el de Lava Jato, les quedan tan anchos.

Otro tanto afecta a la mismísima Corte Suprema de Justicia de la República que tiende a ser objeto de captura del mismo club de los hermanitos, y donde se salvan muy pocos, contados con los dedos. Todos participan del mismo sistema de captación y ascenso, y una vez que llegan al olimpo judicial se olvidan de los juramentos y de los compromisos adquiridos para entrar en una dinámica ya pauteada: amiguismos, favorecimientos y fallos de muy dudosa redacción, origen y finalidad. “¿Ha sido desflorada?”, “¿Cuantos añitos tiene?”, “¿Qué quiere, absolución o rebaja de pena?” es parte de ese metalenguaje de los hermanitos que, en público, se presentan contritos, formalitos y con la promesa siempre a flor de piel: somos autónomos y sólo resolvemos con arreglo a ley y a la Constitución, como reza las expresiones de cliché de siempre.

Dentro de eso, también hay de aquellos jueces y fiscales que sucumben al subpropósito del culto a la imagen y ponderación de su propia figura, que se aprovechan de la natural publicidad que los grandes casos siempre arrastran para construir su propia carrera, no por afán de mejorar la justicia ni de servir a sus conciudadanos, sino por querer construirse a sí mismos a costa de los casos. Ahí entran los ex. Los exprocuradores, los exfiscales y los exjueces y el caso de los jueces figurettis, como el caso del juez penal Concepción Carhuancho.

San Martín es un juez con una ganada reputación (de la buena y de la mala). Fue buen juez penal hasta ser desaforado del Poder Judicial en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Una nota de inteligencia de entonces le acusaba de un grave error judicial. Luego recaló como asociado del Estudio de Abogados de un no menos famoso exprocurador público que -curiosamente- fue designado por el propio gobierno de Fujimori pero que muy pronto se volvió contra él. Dicho sea de paso, fue nombrado a dedo por el fallecido Alberto Bustamante, sin concurso de méritos y sin haberle disputado el puesto a nadie. Para él no existió la meritocracia que luego reclama para los demás en aras de la trasparencia, nacional e internacional.

Luego llegó el Jurado de Honor de la Magistratura para revisar la problemática fiscal y judicial, y algo se logró mejorar con ello, y San Martín fue baloteado por dicho jurado conformados por verdaderos notables. ¿La razón? La misma nota de inteligencia de antaño que les fue alcanzada según la cual, siendo juez penal, San Martin fue engañado y con un Hábeas Corpus con evidente equivocación dio la libertad al sacerdote Mondet, de nacionalidad francesa, que había sido detenido por la DIRCOTE, comprobándose luego en forma fehaciente que era directo colaborador de Sendero Luminoso.

Luego logra su nombramiento como Vocal Supremo ante el Consejo de la Magistratura ya en el periodo democrático de gobierno y llega a los predios de la Corte Suprema a sentar cátedra, ya que se presenta como experto en derecho procesal penal. Líder, amiguero, locuaz, amante de las palabras difíciles y de las expresiones rebuscadas, en una misma conversación cita a varios autores para demostrar su versación, se hizo de un coto dentro de la Suprema haciendo contrapunto con el entonces vocal Javier Villa Stein, su antagónico por naturaleza.

Así las cosas, llegó el caso de Alberto Fujimori a su “Sala Especial” la que conformó con su “amiguis” Víctor Prado, un tímido vocal recién llegado a la Corte Suprema, y con Hugo Príncipe, quien arrastra el karma de ser -hasta ahora- tan solo “vocal provisional” (no es titular y carece de nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura).

San Martín cobró notoriedad y protagonismo internacional con dicho juicio, y llevó de las narices a la defensa de AFF. Como el caso se televisaba en directo y era evidente su notoriedad (el primer presidente peruano juzgado por una corte de justicia) tuvo el prime rate diario por mucho tiempo. En el camino, y antes de escuchar a la defensa del acusado, con todo descaro se carteó electrónicamente con colegas españoles para construir mejor la condena del acusado. Es decir, no había acabado el juicio, no había escuchado a su defensa y ya estaba pergeñando como condenarlo mejor.

No solo logró la condena a 25 años, el máximo legal, sin considerar ni un solo día de atenuante por nada, sin hacer lugar ni un cachito a la fatigosa defensa del acusado, sino que además, en forma adrede y tramposamente, en el fallo le “agregó” un cintillo extra que el fiscal no había pedido: el que esos delitos por lo que estaba condenando a AFF, también, debían ser considerados delitos de lesa humanidad según el derecho penal internacional, violando groseramente  el principio acusatorio (el fiscal no había pedido eso) y aplicando a los hechos juzgados una normatividad claramente retroactiva. ¿Su objetivo? Bloquear desde entonces cualquier intento de indulto.

Pero, claro, como fue objeto de admiración y de aplausos exultantes por un sector de la platea, San Martín ya se veía posicionado a una silla de la Corte Penal Internacional La Haya, su más caro anhelo, pasando a ser uno de los modernos ídolos del Poder Judicial para un sector de la opinión pública y del foro.

Por eso se le ve al lado de Duberlí Rodríguez en sus horas agónicas, por eso le apunta lo que debe decir, por eso habla como bueno de la “reforma del Poder Judicial” y por eso impulsa la candidatura provisional de Víctor Prado (su “amiguis”) para que complete el mandado de Duberlí. ¿Cumplirá esa promesa o cambiaran las circunstancias y los acuerdos y se quedará un periodo más?

Pero he aquí, aquí hete, que San Martín también tenía su audio con el inefable presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao -verdadero shogún de un feudo independizado- para pedir, “hermanito”, un favorcito en causa propia, y solicitarle, “hermanito”, que presione a una jueza de familia por un trámite –“una cojudez, hermano” (sic)- que considera retrasado.

Sus explicaciones han sido patéticas, como falsas sus disculpas públicas, sometiéndose farisaicamente a su Sala Plena (el club de los “hermanitos” donde es uno de los lidercillos) para que esta “determine” las responsabilidades del caso a las que valientemente “se ha sometido”. Dice, faltando groseramente a la verdad, que se trataba de un procedimiento no contencioso, contrariando el propio Código Procesal Civil, dice que es un litigante más, pero llama como Vocal Supremo, con su secretaria de Vocal Supremo, haciendo uso de los bienes del Estado, y del tiempo que el Estado le paga para juzgar, para hacerla de avivado abogado en causa propia y pedir (lo que los comunes mortales no pueden pedir) que se presione a una juez de familia. Eso no solo es una falta ética, y también estética apuntaría una querida procesalista española, sino que además linda con lo delictivo como bien ha señalado Enrique Ghersi, ya que ingresaría en el supuesto de hecho normativo del Art. 400° del Código Penal que reprime nada menos que el tráfico de influencias y que tiene su agravante cuando “el agente es un funcionario o servidor público, …”.

Eso, cuando menos, merecería de una acusación constitucional por el Congreso de la República, tal como ha acontecido en otros casos, con su propio colega de la Corte Suprema y con los ex integrantes del Consejo de la Magistratura. Eso, en el derecho constitucional, se llama el principio de igualdad ante la ley.

Pero claro, en el Perú rige la ley -no promulgada pero plenamente vigente- del doble estándar, del doble rasero y de la escopeta de dos cañones. No es tan solo falta menor por estacionar mal, dicen algunos con candorosidad urticante, pues no ha robado un banco. Una metáfora suiza señala que quien de niño roba un caramelo, de joven robará un caballo y de grande asaltará un banco. Falta es falta y castigo es castigo. Más si se trata de un juez que dice administrar justicia por igual y que a diario decide sobre la vida, la libertad, el patrimonio y la honra de sus conciudadanos. Pero claro, si sus exsocios le quieren blindar, si un sector político le quiere proteger por haber hecho el papel de malulo-maloso en la condena a Alberto Fujimori, si -como su propio exsocio criticó en su día respecto de Luis Bedoya- se dice que son pecadillos y no delitos, entonces no habremos avanzado nada como sociedad civil y como proyecto de Estado democrático de derecho. San Martín, exjuez penal, exvocal superior, expresidente de la Corte Suprema y actual Juez Supremo presidente de una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia debe -como él se lo exige a diario a los ciudadanos a los que juzga con severidad- comparecer con su conciencia, con su responsabilidad y con su persona ante el juzgamiento de las autoridades competentes para que sus actos y hechos sean determinados en la responsabilidad que le corresponda en justicia y equidad, aquella a la que pretende parecerse la que el imparte a diario desde su Sala Suprema. No es posible admitir que los nuevos ídolos estén inmunizados a la responsabilidad funcional y/o penal que les pudiera corresponder.

Pero no cabe duda que su halo de héroe de la justicia y adalid del activismo judicial en clave progre ha quedado severamente mellado por sus propios actos y hechos que todos hemos apreciado en vivo y en directo. ¡Y esas no han sido cojudeces, hermanito! Lampadia