Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En mayo de 2008 se creó en el Perú el Ministerio del Ambiente, para supervisar, desarrollar, dirigir y ejecutar la política ambiental nacional, en el ámbito de la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Para esto, el ministerio debe promover la participación ciudadana y contribuir a la competitividad del país, mediante un desempeño ambiental eficiente.

Ciertamente, la mejor forma de honrar esa misión, consiste en:

• Proteger nuestros bosques, flora y fauna, evitando el uso indebido e impactos negativos.
• Proteger los recursos hídricos, el uso adecuado y más eficiente, cuidando y controlando su calidad.
• Cuidar y proteger la limpieza del aire, regulando y controlando la emisión de gases de efecto invernadero, minimizando el uso de combustibles contaminantes, induciendo al uso de equipos de mínima emisión e impidiendo prácticas de ”la quema” en el campo.
• Control, manejo y disposición de residuos sólidos en todo el territorio nacional, particularmente en las ciudades.
• Planear y promover el desarrollo de ciudades saludables.
• Evitar la contaminación de los mares, para un aprovechamiento óptimo.
• Algunos dirán que se debe incorporar “los principios de desarrollo sostenible”.

Todo lo dicho, en realidad se resume en lo que se enseña a los niños en los colegios: Reducir, Reusar y Reciclar. Las famosas RRR.

Como siempre, a la burocracia le encanta llenarse de reglamentos, exigiendo a las empresas (no más de 30% de los actores, que son formales); permisos, estudios y evaluaciones previas al desarrollo de cualquier proyecto. Hacer inspecciones e iniciar procesos sancionadores por “quítame allá esta paja”. Por supuesto, es cierto que los estudios ambientales se deben hacer, que los planes de remediación se deben preparar y que el manejo cotidiano debe ser el fiel reflejo de lo comprometido y autorizado. Pero pareciera que hay fijación con algunas actividades y actores (los formales), mientras se aprecia una actitud laxa e indiferente con otras, que contaminan y destruyen como nadie.

Cuando vemos la extracción ilegal de minerales en los ríos de nuestra selva, actividad que se hace sin permisos, estudios, ni control y destruyendo no sólo los bosques y la fauna, sino, incluso áreas naturales protegidas, nadie hace nada, más allá de destruir algunos equipos.

Cuando los alcaldes de 1,870 distritos no recogen la basura y no establecen un manejo y disposición adecuada de residuos sólidos, ni hacen un tratamiento adecuado de las aguas servidas, ahí nadie dice nada.

Cuando tenemos un parque automotor destartalado, que usa el combustible más tóxico y circula campante y humeante por las ciudades, nadie dice nada.

Obviamente, cuando se producen invasiones, como la ocurrida recientemente en La Chira, de donde felizmente fueron retirados, pero donde dejaron toneladas de plásticos azules y maderas, entre otros residuos sólidos que han colmado desde la bahía de Chorrillos hasta el Callao, impactando nuestro mar, pesca y turismo, nadie dice ni hace nada.

Más aún, impresiona que, en todo el Perú, con la única excepción de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de La Enlozada en Arequipa, no tengamos plantas de tratamiento de agua residual, que permitan que las aguas residuales tratadas, sirvan para riego y uso agrícola. Las PTAR de La Chira y Taboada, no cumplen su función y son las fuentes principales de contaminación del mar. Ni qué decir de la forma como las EPS (empresas prestadoras de servicio de saneamiento) de todo el país manejan las aguas residuales y contaminan. Y digo manejan, por la mínima cobertura de tratamiento de las aguas residuales a lo largo y ancho del país.

Obviamente, son los ríos y quebradas las receptoras de todo ese volumen de aguas negras, llenas de “coliformes fecales”, cosa de la que nadie se ocupa.

La tala ilegal y deforestación, es otra actividad destructiva de la Amazonía, que se reporta eventualmente en artículos periodísticos, con fotografías aéreas que muestran el imparable avance de la destrucción de nuestra Amazonía, pero, que de ahí no pasa y por supuesto, nadie se ocupa de frenar y controlar.

¿Quién sanciona “la quema” de plantaciones y los grandes incendios producidos en los campos?

No pues, más “fashion” era organizar y “florear” en el COP 20, donde el Perú se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 40%, junto con países que sí habían hecho su tarea ambiental en términos de; tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, y que ya habían eliminado por décadas el uso de plomo en combustibles y reducido el contenido de azufre en los mismos. Pero se prefirió que, en el COP 21 en Paris, se pueda internacionalizar la imagen personal del ministro, sabiendo que el Perú “aportaba” sólo el 0.4% de GEI del mundo y postergando nuestro problema ambiental, que estaba centrado en las otras dimensiones del cuidado ambiental enumeradas. Pero evitan comprometerse a metas, tales como; tratamiento de aguas residuales, disposición de residuos sólidos y control de la deforestación, porque son metas muy visibles, mientras que las emisiones de GEI, son invisibles y “pasan piola”.

Hay pues mucho fariseo hablando de contaminación ambiental, pero sin atender el elefante que tenemos sobre la mesa; los residuos sólidos, las aguas residuales por incumplimiento municipal de su manejo, así como la permisividad para la extracción ilegal de minerales, tala ilegal y uso de las riveras de los ríos como botaderos.

¡Después nos quejamos! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de abril de 2019
Para Lampadia

Hace poco, la Contraloría General de la República reveló el fracaso municipal en materia de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos. En ese sentido, el hallazgo de la Contraloría no constituye ninguna novedad. La basura no sólo está “a la vista”, sino que también está “al olfato”. Efectivamente, aparte de ser fea, la basura apesta.

Calles y plazas inmundas. Ríos, lagos y mares atiborrados de plásticos. Y en vez de rellenos sanitarios, botaderos de basura donde pululan recicladores – hombres, mujeres y niños – en simbiosis con ratas, gallinazos, moscas, chanchos, perros, gusanos y todo tipo de microorganismos. Eso es lo que ha consignado la Contraloría en su reciente informe denominado “Por una Ciudad Limpia y Saludable”.

Los Gobiernos Locales son los responsables de este descalabro ambiental. Es decir, las municipalidades. Ahora bien – es verdad – hay distritos limpios en nuestro país. Por ello, mis respetos a los buenos alcaldes que han logrado dignificar la vida de sus vecinos y sus visitantes. Pero son los menos. Lamentablemente, a la gran mayoría de alcaldes de nuestro país, la basura les importa un bledo.

Pregunto: ¿para qué sirve el Ministerio del Ambiente? ¿Para qué sirven los órganos adscritos a dicho Ministerio? Me refiero al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAMP), al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), y todas las direcciones ambientales de los Gobiernos Regionales y Locales de todo el país.

Incluso ¿para qué sirve el Ministerio de Salud? ¿Acaso la contaminación ambiental no es dañina para la salud humana? ¿Y el Ministerio de Agricultura? ¿Y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Acaso la basura no atenta contra la sanidad agraria y el turismo receptivo?

No cabe duda. El Perú es un fracaso estrepitoso en materia ambiental. La pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Alguien cree que las Municipalidades del país van a recapacitar y – de buenas a primeras – empezarán a cumplir sus obligaciones respecto al recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos? ¿Del cielo aparecerán rellenos sanitarios aquí y allá, y desaparecerán los botaderos de basura municipales?

No quiero ser aguafiestas, pero me temo que la basura seguirá tal cual, y los botaderos también. Nada va a cambiar en nuestras ciudades. El informe de la Contraloría – una vez más – quedará guardado en los archivos de las municipalidades involucradas en el operativo en cuestión. Los Gobiernos Locales jamás serán capaces de cumplir la ley, e imponer el orden en la materia.

El Ministerio de Vivienda – o alguna institución del Gobierno Central – debe asumir la función de la limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos en todo el país.

Seamos sinceros. La corrupción, la indolencia y la inoperancia municipal seguirán para largo. Así como están las cosas, los peruanos jamás viviremos en ciudades limpias y saludables. Por eso, bien vale la pena convocar a un concurso público para que empresas especializadas en la materia se encarguen de la recolección de la basura y tratamiento de los residuos sólidos en todas las ciudades del país. ¡No queda otra!

Total, no tenemos nada qué perder. En materia de limpieza pública, es imposible estar peor de lo que estamos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 13 de abril de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Para la costa desértica de Ica, el agua – per se – es una bendición. Sin embargo, el agua en exceso puede generar muchos estragos, tales como inundaciones, huaycos, roturas de puentes, etc.

Ahora bien, el término “exceso” es relativo. Para una región desértica como la nuestra, una lluvia o avenida inesperada puede devenir en un desastre. En cambio, para una región ubicada en una zona lluviosa – como es el caso de nuestros pueblos amazónicos – las lluvias torrenciales constituyen eventos rutinarios, que no causan ningún estrago a la población.

Entonces, de lo que se trata es de estar siempre preparados para afrontar con seguridad y eficiencia, fenómenos como El Niño – o temporadas muy lluviosas – que suelen traer mucha agua para nuestras costas.

El espacio de intervención preventiva debe ser la cuenca hidrográfica en su integridad; no sólo el centro poblado o camino que se pretende proteger. Hay que intervenir todo el territorio en cuestión. De arriba abajo. Todas las quebradas. Ambas márgenes del río. Todo.

A ese respecto, lo ideal es contar con la mayor capacidad de regulación posible en las partes altas; es decir, reservorios. Así, cuando se presentan lluvias extraordinarias, se puede almacenar dichas aguas – o parte de ellas – y evitar daños en las partes bajas.

Los huaycos que suelen presentarse en las quebradas ubicadas en las partes medias, deben prevenirse con bosques y diques de contención, o andenes. Lamentablemente, los peruanos hemos sido muy irresponsables al deforestar gran parte de nuestra cordillera. Y peor aún, al abandonar – y por ende, destruir – la prodigiosa andenería que nos legaron nuestros antepasados prehispánicos.

En las partes bajas – donde se abren los fértiles valles iqueños – la prevención consiste en la descolmatación recurrente de todos los cauces, y en el reforzamiento de los puntos críticos, por donde los ríos pueden desbordarse.

La idea es dispersar el agua a lo largo de todos los canales, acequias, ductos y parcelas por donde el agua pueda discurrir sin hacer daño. Inclusive, se deben identificar zonas inundables que permitan sacar la mayor cantidad de agua de los ríos, y así salvar a las ciudades de inundaciones.

Dicho esto, habría que aclarar que en la costa iqueña el agua vale más que en cualquier otra parte del mundo. Efectivamente, gracias al extraordinario clima y suelo de nuestra región, la producción agrícola – expresada en US Dólares por litro de agua – alcanza su máximo valor. Entonces, parafraseando al viejo Arquímedes – autor de la célebre expresión: “Dame un punto de apoyo y moveré el mundo” – en el caso de Ica se podría decir: “Dame un poco de agua y alimentaré al mundo”.

Por todo ello, Ica y Huancavelica estamos de acuerdo en la propuesta del Ministerio del Ambiente de establecer un pago por servicios eco-sistémicos. Un aporte a perpetuidad – a cargo de los usuarios rurales, urbanos, e industriales – exclusivamente para construir reservorios y plantar bosques en las partes altas y medias de nuestras cuencas. O sea, en Huancavelica.

Respeto, equidad, justicia, y sostenibilidad. He ahí las 4 armas secretas de la “Hermandad del Agua” que Ica y Huancavelica estamos construyendo con excelentes resultados. El pago por servicios eco-sistémicos es un elemento muy importante del hermanamiento “huancaveliqueño”.

¡Estamos haciendo historia! Lampadia

Hay quienes afirman que el Perú es una “Republica Empresarial” en la que las políticas públicas se dan en función de los intereses de los empresarios. Se han planteado edulcoradas teorías respecto de cómo los supuestos “Dueños del Perú”, son los grandes empresarios, que tendrían bajo su control las políticas públicas, que dirigirían según sus intereses. Esta hipótesis es utilizada para identificar a los grandes empresarios,como los culpables de los múltiples problemas del país, figurándolos alejados del mercado y de la democracia.

En realidad, este supuesto control empresarial es una influencia vaga, volátil, con muchas indefiniciones y niveles intermedios. En múltiples ocasiones los sectores hostiles a la inversión privada consiguen avanzar en políticas públicas sumamente nocivas para la actividad empresarial y para los supuestos “Dueños del Perú”. Estas políticas públicas no amenazan únicamente las fortunas personales de algunos individuos, sino también el dinamismo económico del que depende la reducción de la pobreza en el país. Por ello implican un riesgo para los intereses empresariales, y para el bienestar de la inmensa mayoría de peruanos.

Como ejemplo de la lejanía o incapacidad de la defensa de intereses empresariales, por parte de los supuestos dueños del país, podemos mencionar tres casos frente a los cuales los empresarios y sus gremios no han sido capaces de tomar medidas oportunas, relevantes y concertadas, acordes con los intereses del país ni con los suyos propios.Tres casos de prevalencia de las agendas de los anti-mineros, sobre las del país:

1. El mito de las cabeceras de cuenca
2. La “indigenización” de la población rural
3. La “Justicia Intercultural”

Veremos cómo en estos tres ámbitos los anti-mineros han mostrado un avance sostenido que no ha sido evitado, por quienes consideran que la minería puede ser un motor de desarrollo para el país. Esas tres líneas de incidencia van minando gradualmente el potencial minero del país y pueden hacer que el Perú sea, literalmente, “un mendigo sentado en banco de oro”.

El mito de las cabeceras de cuenca

El caso de las cabeceras de cuenca fue alertado desde Lampadia, una vez promulgada la ley de “Protección de las Cabeceras de Cuenca” que da a la ANA la potestad de declarar intangibles, áreas del territorio nacional. A esto se agrega que se brinda legitimidad pública a la anticientífica creencia, al mito de la existencia de “zonas generadoras de agua” que desconoce el ciclo del agua y los patrones de precipitación en los diversos pisos ecológicos del país. Esta falacia es uno de los pilares discursivos de los activistas anti-mineros. En Lampadia hemos tratado los múltiples aspectos negativos y tendenciosos de esta ley. Ver: Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’, Centrando el debate sobre las cabeceras de cuenca.

El debate público respecto a esta ley nos muestra que, al momento que la misma era materia de discusión en el Congreso, no hubo participación relevante del sector minero para contrapesar los esfuerzos de incidencia de los anti-mineros en los agentes decisores. Como se puede apreciar, las instituciones hostiles a la minería, tales como AIDESEP (Celebre promotor del “Baguazo”) fueron escuchados por los congresistas frente a la inacción del sector privado que no hizo llegar ningún parecer criticando los supuestos falsos de la ley, ni evidenciando a la opinión pública, los riesgos que su aprobación traería para la minería metálica en los pisos alto andinos. 

Finalmente, la ley fue aprobada por un Congreso con mayoría de Fuerza Popular y promulgada por un Ejecutivo de Peruanos Por el Kambio, firmada por Fernando Zavala y por el mismo Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de las opiniones previas, contrarias de la PCM y del Ministerio del Ambiente. Ambas fuerzas políticas (legislativo y ejecutivo) se asumen como defensoras del rol de la inversión privada, pero terminaron aprobando una ley concebida y promovida por instituciones y personas directamente involucradas en la promoción de conflictos sociales en contra de la minería.

Para nuestra sorpresa, hemos escuchado a algunas personas del sector público, defender una ley que ha sido considerada como un gran avance por los enemigos de la minería.  Esto nos señala los resultados del esfuerzo discursivo hegemónico de los anti-mineros frente a la inacción del empresariado y de sus gremios. ¿Cuántos eventos, estudios, apariciones en medios, o presentaciones frente al Congreso desplegó el sector privado para impedir que se promulgara semejante ley? La élite empresarial ha regalado a los anti-mineros un instrumento de política y de discurso de gran importancia para sus objetivos de impedir el desarrollo minero del Perú.

“Indigenización” de la población rural

Otra de las líneas de incidencia desplegadasha sido la “indigenización” de la población rural. ONGs y movimientos políticos hostiles a la minera han realizado esfuerzos sostenidos encaminados a que el mayor segmento posible de la población sea considerado por el Estado como parte de los “pueblos originarios”.

Por ello,diversas organizaciones hostiles a la minería, y del Ministerio de Cultura, realizaron un gran esfuerzo que para incluir una pregunta de auto-identificación étnica en el reciente Censo. Para los anti-mineros los “indígenas” constituyen un potencial “sujeto histórico” dado que, gracias a sus peculiaridades culturales, es menos sensible a los sentidos comunes del neoliberalismo.

Podemos estar seguros que los resultados de la pregunta de auto-identificación podrían desencadenar una dinámica política muy funcional a los grupos anti-mineros, pues en aquellas áreas en las cuales una mayoría de la población se haya identificado como indígena podría ser políticamente más viable el exigir que las mismas sean reconocidas oficialmente como territorios indígenas y jurídicamente especiales. Esto debería ser preocupante para el sector minero puesto que se puede deslegitimar los acuerdos entre las empresas y la población local. Se podría argüir, inclusive a posteriori, que dichos acuerdos no reúnen los estándares nacionales e internacionales de relacionamiento con pueblos indígenas, tales como la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT.

Tanto en el Censo como en el caso de la Ley de Cabeceras de Cuenca, los anti-mineros realizaron años de esfuerzos con el fin de impulsar en primer lugar la presencia de preguntas específicas en el formato y en segundo para que la formulación de la misma sea la más afín posible a sus intereses. Desde el año 2015, organizaciones como ONAMIAP -de clara vocación anti-minera- han participado en mesas de trabajo conjuntas con el INEI, y posteriormente desplegando una intensa campaña de promoción de la auto-identificación indígena. Por el lado del sector privado, se han empezado a visibilizar los graves defectos técnicos en el diseño de la pregunta; pero en menor medida los riesgos sociales que se derivan de la misma. Tampoco se dio incidencia directa con el INEI como la que fue realizada por las organizaciones anti-mineras.

Justicia Intercultural

La justicia intercultural es otra de las líneas de incidencia permanente por parte de los grupos anti-mineros. Este enfoque impulsa un separatismo jurídico en la población rural y urbana que tenga modalidades de organización paralelas al Estado. Considera que existe una justicia originaria que preexiste a aquella del Estado Peruano. Para quienes impulsan este enfoque las rondas campesinas, comunidades campesinas y pueblos nativos tienen derecho a administrar justicia en “sus territorios” sin interferencia del sistema judicial nacional excepto en caso de graves violaciones de derechos humanos.

Justicia ordinaria y justicia indígena, justicia alternativa, justicia comunal, justicia rondera
Fuente: SERVINDI – Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso

Este enfoque es defendido por una muy activa coalición en diversos estamentos. Por un lado, el presidente del Poder Judicial está plenamente comprometido con impulsar la justicia intercultural. Es especialmente relevante que se hayan creado múltiples cursos de “pluralismo jurídico” en las que se forma a los jueces. Desde la sociedad civil, el principal actor es el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que se dedica a dar la batalla de ideas, brinda apoyo legal a movimientos anti-mineros y divulga sus ideas entre los movimientos sociales. La justicia intercultural tuvo entre sus aliados a la ex ministra de justicia Marisol Pérez Tello, quien hizo lo posible por fortalecer esta corriente.

La justicia intercultural significa un grave riesgo para el sector extractivo. Brindaría a organizaciones sociales,que pueden ser fácilmente capturadas ideológicamente por los anti-mineros -como lo son las rondas campesinas-, prerrogativas semejantes a las del Poder Judicial. Es difícil pensar que un inversionista considere que tiene seguridad jurídica si sus operaciones dependen de los “fallos” que brinden organizaciones rurales, atomizadas, inestables y potencialmente ideologizadas.

Quienes han estudiado la conflictividad social ligada a la minería saben que los grupos promotores de conflictos se aprovechan de las debilidades del Estado en las provincias alejadas para crear zonas de impunidad para el uso de la violencia. La fragmentación jurídica del Estado incrementaría notablemente las zonas en donde grupos locales podrían volverse autónomos para ejercer la justicia al margen del sistema jurídico nacional.

Quienes impulsan la justicia intercultural realizan eventos académicos, enseñan diplomados, dictan capacitaciones a jueces, inciden sobre funcionarios públicos y coordinan con organizaciones sociales. Mientras tanto, la mayoría del sector privado ni siquiera es consciente de esta amenaza. En un campo de juego abandonado por una de las partes solo se puede esperar un resultado, la victoria de quien está en la cancha.

Como podemos ver los anti-mineros tienen líneas de acción en las que han logrado avances sistemáticos mientras que el sector minero no toma las medidas correspondientes. Es posible que, en algunos años, ya con los hechos consumados, esta sea una decisión de la que se arrepientan los empresarios, con profundas consecuencias para el país en su conjunto.

Los grupos anti-mineros avanzan en su agenda política conuna militancia activapara hacerla realidad en Perú.

¿Cuándo es que las élites empresariales y sus gremios van reaccionar y asumir una postura más activa en la formulación de las políticas públicas? La realización o frustración del potencial minero y la reducción de la pobreza en el Perú dependerá de ello. Lampadia

 

Comentado por Lampadia:

En la siguiente publicación, Henry Luna, especialista en los temas vinculados a los recursos naturales, nos presenta un análisis debidamente sustentado sobre las informaciones propaladas por las ONG anti-mineras.

Durante las últimas semanas hemos publicado una serie de artículos de Luna con el propósito de compartir todos los aspectos que determinan la verdadera situación del sector minero en el país. Ver en Lampadia: Minería al alcance de todos los peruanos – V.

 

 

Como hemos informado innumerables veces, en el Perú se ha desarrollado una campaña para llevarnos a rechazar el desarrollo del sector minero. A esta han contribuido, efectivamente, una serie de ONGs, pero también algunos académicos despistados y muchos políticos, incluyendo a representantes del gobierno de Ollanta Humala. 

A diferencia de lo que sucede en Canadá y Australia, seguimos hablado de primarización de la economía, de exportación de “piedras sin procesar” y de que la inversión minera no tiene futuro por las condiciones de los precios de los commodities (que siguen siendo buenos) y por la desaceleración de la China.

No se quiere entender que innecesariamente estamos tirando por la borda una riqueza que ha producido muchos beneficios económicos y sociales y que, aún hoy, con las condiciones de los mercados internacionales, puede crear mucha riqueza adicional. Esta es esencial para generar los recursos que nos permitan superar nuestras brechas sociales y económicas y, sobre todo, para que ante la revolución tecnológica en ciernes podamos nivelarnos con los países más desarrollados en el más corto plazo posible.

Ver en Lampadia los siguientes informes:

         1. La minería tiene un alto valor agregado

         2. Parar y retrasar los proyectos de cobre es inmoral

         3. La minería: generó un ciclo virtuoso de crecimiento

Esperamos que nuestra terquedad en difundir información rigurosa sobre este importantísimo sector, especialmente en cuanto a nuestra  obligación moral de superar la pobreza, pueda ayudar a que reflexionemos sobre el error histórico que se está cometiendo en el país. 

 

TRANSPARENCIA EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS , ESTADO Y  SOCIEDAD CIVIL EN EL PERÚ

Análisis de publicaciones que no informan adecuadamente a la población

 

 

Por: Henry Luna Córdova

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

Lima, 10 de Julio de 2015

 

 

 

PRESENTACION

En el Perú existen muchas organizaciones no gubernamentales que han asumido como agenda los derechos de comunidades y  temas ambientales relacionados con zonas de influencia de los principales centros mineros en el país como: COOPERACCION, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Asociación Civil Labor, Oxfam, CARE Perú, CEPES, CEAS, FEDEPAZ, GRUFIDES, Grupo Propuesta Ciu­dadana; Centro de Cultura Popular Labor (Pasco), entre otras.

Estas organizaciones no gubernamentales trabajan de manera integrada y conforman redes con presencia en zonas donde generalmente se ubican los campamentos y operaciones mineras y energéticas principalmente de gran impacto económico para el Perú.

Para sus campañas comparten los planos, informes, videos, entre otras publicaciones generadas por COOPERACCION con apoyo de cooperantes internacionales. También realizan informes de investigación que encargan a profesionales y organizaciones de otros países como: Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña para analizar los estudios presentados por los proyectos minero – energéticos con la finalidad de vincularlos con temas ambientales, agua, ordenamiento territorial, consulta previa, OIT,  derechos humanos, entre otros.

En la década pasada las movilizaciones fueron lideradas por la  Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) conformada en 1999, luego SERVINDI, Red Muqui  y recientemente una de las ONGs ha dado origen al partido político Tierra y Libertad con importante presencia en zonas mineras en Cajamarca y Arequipa.

Estas organizaciones también han creado un OBSERVATORIO DE CONFLICTOS en el que sustentan o promueven campañas contra las inversiones mineras y energéticas sobre las que enfocan sus críticas.

Felizmente, no todas las ONGs participan directa o indirectamente en campañas violentas. Una organización de la sociedad civil que mantiene una posición neutral es el GRUPO PROPUESTA CIUDADANA, que está promoviendo de manera civilizada la transparencia en las industrias extractivas en el Perú tanto de las empresas mineras y energéticas como del Estado, asimismo, está vigilando el proceso de descentralización en el Perú. Lo único que habría que corregir es diferenciar que un sistema de cuadrículas de derechos mineros no es lo mismo que un catastro de concesiones mineras que cuentan con autorización para ejercer la actividad de EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN y BENEFICIO DE MINERALES.

Las Industrias Extractivas Mineras y Energéticas no se realizan sobre solicitudes en trámite o concesiones que no cuentan con la autorización y permisos correspondientes para ejercer la actividad minera.  

 

 

Otra buena práctica que debe replicarse y extenderse en el Perú es MIM Perú (Mejorando la Inversión Municipal). Se trata de una iniciativa que reúne a instituciones de la sociedad civil para promover el Buen Gobierno Municipal en los gobiernos locales que reciben recursos significativos de canon y sobrecanon, los mismos que se espera se destinen a mejorar la calidad de vida de la población. La iniciativa promueve también el diálogo informado entre la ciudadanía y sus autoridades locales para contribuir a mejorar el impacto de la inversión pública en el desarrollo local.

MIM Perú se implementa en 31 municipalidades y cuenta con la participación de cerca de 50 instituciones de la sociedad civil de 8 regiones del país. Recibe el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y del Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.

 

 

Así como la ONG COOPERACCIÓN usa LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CATASTRAL MINERA DEL INGEMMET para elaborar los planos que se usan en las campañas contra la inversión minera y energética, también usan la información estadística del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS en su Revista ACTUALIDAD MINERA. De igual manera el OBSERVATORIO DE CONFLICTOS usa la información de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LOS PLANOS Y ESTADÍSTICAS GENERADOS POR LA ONG COOPERACCION para sustentar sus reclamos.

Es importante hacer un llamado de atención a las ONGs y REDES opuestas a la actividad minera y energética para que no tergiversen la información generada de manera transparente por el Estado y  colaboren en usar sus conocimientos en proyectos de desarrollo en los centros poblados y comunidades vecinas a los centros mineros y  energéticos de todo el país incluyendo las zonas donde actualmente predomina la minería informal e ilegal. El rol de las empresas formales es generar impacto económico y de las empresas informales e ilegales con la finalidad de mejorar el nivel de vida en todo el Perú.

ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

La minería es una actividad económica que se desarrolla en un pequeño porcentaje del territorio nacional que corresponde al área donde se ubican los tajos abiertos o las labores subterráneas conocidas comúnmente  como mina o unidad minera.

El título de una concesión minera no autoriza a los titulares mineros a ejercer la actividad de exploración o explotación si no se cuenta con los permisos y autorizaciones exigidos en la legislación minera y ambiental vigente.

LAS CONCESIONES MINERAS EN ETAPA DE OPERACIÓN OCUPAN SOLAMENTE EL 0.9% DEL TERRITORIO NACIONAL

El área ocupada por las unidades mineras en operación es muy pequeña a pesar de que el Perú es considerado  un país minero. El área de las concesiones en operación es inferior al 1% del territorio nacional (0.9 % del área de concesiones mineras tituladas que cuentan con las autorizaciones para el ejercicio de la actividad minera).

En el Perú existen regiones donde no hay actividad minera de  mediana o gran escala: Tumbes, Lambayeque, San Martín, Amazonas, entre otras regiones.

Existen regiones como Piura y Junín donde predominan las operaciones mineras por sustancias no metálicas. En el desierto de Sechura en Piura se ubica el yacimiento de fosfatos más importante del Perú.  En el caso de Junín también hay fosfatos pero se encuentran en etapa de investigación. Los fosfatos se usan para la agricultura. Piura y  Junín también tienen un gran potencial de minerales para la construcción y la industria petrolera (baritina y bentonita). Una  fortaleza de Junín es la presencia de rocas ornamentales (principalmente mármol).

El sur del Perú destaca como zona cuprífera (Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco), en esta zona se ubican las principales unidades mineras productoras de cobre a gran escala: Toquepala, Cuajone, Cerro Verde, Tintaya y las nuevas operaciones de Antapacay y Constancia. En el norte del Perú la principal productora de cobre es la unidad minera Antamina. En el centro del Perú destaca la nueva operación cuprífera de Toromocho. El Perú comparte el segundo lugar en la producción  mundial de cobre conjuntamente con China y Estados Unidos. El primer lugar es ocupado por Chile.

En el caso de Puno la principal unidad minera es MINSUR. Es la única productora de estaño en el Perú, sin embargo, gracias a esta operación el Perú es el tercer productor mundial de este metal. También tiene un importante potencial de oro desarrollado en minas subterráneas de pequeña escala y métodos aluviales.

Las principales productoras de oro a gran escala se ubican en el norte del Perú. Cajamarca, La Libertad y Ancash. En estas regiones se ubican las minas Pierina, Alto Chicama y Yanacocha. El Perú es el quinto productor mundial de oro.

La región Ica destaca por ser la principal productora de hierro en el Perú. La explotación está a cargo de Shougan Hierro Perú. También existen minas subterráneas de cobre y oro en pequeña y mediana escala.

El centro del Perú destaca por su producción minera polimetálica. La principal productora es la empresa minera Volcan ubicada en Pasco.

A nivel nacional existen muchas minas subterráneas del estrato de la mediana minería que extraen oro, plata, plomo, zinc, cobre, molibdeno, manganeso, tungsteno, entre otros metales. Estas operaciones se ubican principalmente en las regiones de Pasco, Lima, Huancavelica, Puno, Arequipa, Ica, Ancash, la Libertad, Cajamarca.

LAS CONCESIONES MINERAS EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN OCUPAN SOLAMENTE EL 0.3% DEL TERRITORIO NACIONAL

En el Perú actualmente también contamos con una importante cartera de inversiones que supera los US$ 60,000 millones de dólares que se encuentra en la etapa de exploración y un pequeño número de proyectos en etapa de construcción.

Entre los principales proyectos cupríferos de la gran minería en etapa de construcción destaca el proyecto “Las Bambas” en Apurímac y “Tía María” en Arequipa.

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

A pesar de la importancia es una actividad ancestral y es la principal actividad económica del Perú  se observa que los ciudadanos peruanos desconocen su importancia.

Se requiere que el Ministerio de educación mejore la curricular educativa, asimismo, que los gobiernos locales, regionales  y el gobierno central promuevan el conocimiento de la actividad minera en todos sus estratos a fin de lograr que se pongan en operación los proyectos mineros en etapa de exploración y construcción.

La mayoría de operaciones mineras en marcha superan el medio siglo de operación y algunas como el caso de “Tintaya” en el Cusco y “Pierina” en Ancash se encuentran en la etapa de cierre. Otras han tenido que iniciar trámites para ampliar sus operaciones como ha ocurrido con Cerro Verde y Toquepala por ejemplo.

Los gobiernos locales, regionales  y el gobierno central, así como, Comunidades Campesinas y Nativas, Universidades Nacionales e Institutos Tecnológicos Superiores ubicados en las regiones donde se desarrollan actividades mineras a mediana y gran escala gozan de los beneficios económicos que genera la minería principalmente de canon minero y de regalías mineras.

Existen muchos dirigentes de Comunidades Campesinas y Nativas que tienen mucho interés de que se pongan en marcha nuevas operaciones en sus jurisdicciones para implementar programas de desarrollo en sus  respectivas jurisdicciones, lamentablemente existen pocos yacimientos de valor económico en el Perú por haberse detenido muchos programas de investigación en etapa de exploración.

PROBLEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD MINERA

Las principales unidades mineras en marcha y proyectos en exploración actualmente vienen atravesando problemas económicos debido a la baja internacional del precio de los metales y sobre todo por los problemas sociales promovidos por organizaciones que promueven conflictos en lugar de promover el uso adecuado de los fondos mineros en programas de desarrollo en las comunidades campesinas y nativas y centros poblados en zonas muy alejadas del país donde muchas veces no llega o ha llegado el Estado.

La información catastral minera y estadística generada por el estado ha sido tergiversada por organizaciones no gubernamentales

Desde 1992 el Sector Energía y Minas han realizado una fuerte inversión con la finalidad de difundir de manera transparente los procedimientos para el otorgamiento de concesiones mineras, beneficio, labor general y transporte minero, asimismo, para generar estadísticas mineras, planos catastrales de carácter oficial y otras publicaciones divulgativas.

Paralelamente a la actividad del Sector Energía y Minas, la ONG COOPERACCION constituida en 1997, genera un Boletín informativo en el que incluye la INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL DE PRODUCCIÓN, INVERSIONES Y EXPORTACIONES MINERAS del Ministerio de Energía y Minas, adicionalmente, usa la INFORMACIÓN CATASTRAL Y ESTADÍSTICA DE CONCESIONES MINERAS a cargo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y generan informes anuales sobre concesiones mineras e informes de las regiones donde se ubican las principales operaciones mineras y proyectos en marcha y la  difunden a través de su página web: http://cooperaccion.org.pe/main/mapas

Entre los donantes que financian o han financiado proyectos de la ONG COOPERACCION destacan: ICCO, ICO-LOXANET, CHIRSTIAN AID, OXFAM GB, OXFAM AMERICA, IBIS DINAMARCA, ENTRE PUEBLOS, DIPUTACION DE BURGOS, DIAKONIA, 11.11.11., ACSUR-SEGOVIAS, CATAPA, entre otras organizaciones. Casi todas las organizaciones no gubernamentales financian sus actividades con donaciones.

La información generada por COOPERACCION es utilizada por ONGs como GRUFIDES y redes de ONGs como CONACAMI y RED MUQUI, asimismo, por movimientos políticos locales y regionales para iniciar campañas o críticas contra operaciones y proyectos minero energéticos principalmente de gran impacto económico.

En el caso de los planos usados para campañas contra las inversiones mineras grafican en un color rojo intenso áreas ocupadas por derechos mineros y adjuntan cuadros estadísticos en los que los porcentajes de manera exagerada superan el 100% de los linderos de los distritos o provincias lo cual es ilógico.

Lamentablemente muchos pobladores del interior del Perú han creído el mensaje de las ONGSs y repiten sus argumentos en  movilizaciones ecologistas radicales en contra de proyectos mineros que han logrado paralizar con acciones que incluyen violencia como destrucción de campamentos e incluso muertes de trabajadores mineros, policías y humildes campesinos que creyeron su mensaje: Tambogrande, Río Blanco, Cerro Quilish, Conga, Tía María, entre otros, que han malogrado la buena imagen del Perú.

Para afrontar este problema es necesario que los estudiantes, autoridades, parlamentarios y ciudadanos en general conozcan de manera transparente ¿en que consiste la actividad minera?, ¿cuál es su importancia?, ¿cuál es el área real que ocupan las operaciones mineras?, ¿cuál es la tecnología que se usa para extraer los minerales de valor económico?, ¿cuáles son los permisos y autorizaciones requeridos?, ¿en qué consisten los programas de gestión ambiental y de seguridad?, ¿quién fiscaliza las operaciones mineras y proyectos en marcha? y sobretodo que conozcan el impacto económico de la minería para la economía nacional.

Para seguir creciendo se requiere que el Estado, las empresas y las organizaciones no gubernamentales actúen de manera transparente.

Con la finalidad de sustentar las apreciaciones contenidas en este artículo es importante que accedamos a las páginas web de las ONGs y sus redes respectivas. A continuación se analiza el contenido de la información difundida por la ONG COOPERACCION en su página web:

 

 

En esta primera imagen se puede observar que las donaciones recaudadas de la cooperación internacional se invierte en elaborar: boletines, informes, videos y libros principalmente. Esta información se comparte electrónicamente a las redes  de organizaciones no gubernamentales afines. También se observa que la información que generan es usada en un “Observatorio  de Conflictos Mineros” que toma como referencia informes elaborados por la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM.

En la presentación de su informe cartográfico sobre concesiones mineras, muestran información estadística sobre la evolución de las concesiones al que consideran erróneamente como un indicador del crecimiento de la actividad de exploración minera en el país.

Decimos erróneamente porque las solicitudes de concesión minera definen áreas en forma de cuadrículas de las cuáles solamente el 0.3% A NIVEL NACIONAL CORRESPONDEN A PROYECTOS MINEROS EN ETAPA DE EXPLORACIÓN Y 0.9% EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN.

Si COOPERACCION realmente quiere hacer seguimiento a las EXPLORACIONES debería cruzar la información catastral del INGEMMET con la información del ESTAMIN del Ministerio de Energía y Minas que corresponde a las declaraciones de  titulares mineros que se encuentran en etapa de exploración, explotación, paralización o sin actividad minera.

También debería hacer un cruce de la información catastral minera con la información cartográfica de otros sectores o recursos naturales.

Además debe aclarar que el Catastro Minero muestra derechos mineros que forman parte de un Sistema de Cuadrículas Oficial exclusivo para el sector minero.

 

 

Finalmente debe diferenciar la diferencia entre un derecho minero y el terreno superficial que pertenece al Estado (SBN o Gobiernos Regionales), predios agrícolas, predios rurales o títulos comunales.

Segú informa la ONG COOPERACCIÓN esta información la distribuyen a la totalidad de gobiernos regionales y municipalidades provinciales, en especial aquellas zonas donde la actividad minera tiene una presencia importante.

COOPERACCION indica en la presentación de sus informes que la existencia de concesiones mineras no significa necesariamente que vaya a desarrollarse actividad de extracción, pero si es una evidencia de las distintas presiones que se comienzan a ejercer en determinados territorios y que pueden terminar por modificar el acceso y el control de determinados recursos naturales.

A partir de este mensaje final las organizaciones no gubernamentales y movimientos políticos opuestos a la actividad minera comienzan a tergiversar conceptos claramente establecidos en la legislación minera a los que tienen que adecuarse todas las personas naturales y jurídicas para el ejercicio formal de la actividad minera. De igual manera, confunden de manera mal intencionada el concepto de “Derecho minero” con el de “propiedad del terreno superficial”  que ya fue aclarado en los artículos anteriores.

En la siguiente publicación, por ejemplo, usan como título el siguiente nombre: “Concesiones proyectos y conflictos mineros”. En la explicación indican: “A continuación presentamos el mapa de superposición de concesiones mineras en territorio de comunidades campesinas, que presentan 48.6% de sus territorios bajo concesión, mientras que el 1.52% del territorio de comunidades nativas tiene concesiones mineras”. 

 

 

 

En otros casos, las ONGs opuestas a la actividad minera y energética se dan el trabajo de superponer en un solo plano la información catastral del INGEMMET con los lotes de gas y petróleo administrados por PERUPETRO para hacer creer a la población que en el Perú los mineros y los petroleros se han dividido el territorio nacional. Lo cual también es totalmente falso.

 

Las estadísticas y mapas catastrales muestran de manera transparente el número de derechos mineros clasificados según el tipo de sustancia: metálicos y no metálicos; ubicación; titular; estado (trámite, titulados, extinguidos); áreas restringidas a la actividad minera y evolución de la distribución de derecho de vigencia y penalidad a las municipalidades distritales donde se ubican que reciben el 75% de los fondos recaudados.

Es necesario que el Sector Energía y Minas haga realidad el “Sistema de Información Básica” he integre informáticamente la información que administra a fin de generar información oficial en el que se muestren las áreas efectivas en etapa de exploración, explotación y beneficio de recursos naturales minerales, de gas y de petróleo.,

Con la finalidad de prevenir conflictos contra los proyectos mineros y energéticos se debe difundir de manera transparente y sencilla  esta información a todas las entidades públicas, educativas, empresariales e integrantes de la sociedad civil.

Se debe apoyar los esfuerzos de programas de la Sociedad Civil como: MIM Perú, Propuesta Ciudadana, Ciudadanos al día, entre otros, que están promoviendo la TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN en el estado, Empresas y Sociedad Civil para mejorar la gestión del Estado.

Es necesario que la Presidencia del Consejo de Ministros, el Sector Energía y Minas y los gremios de este importante Sector de la economía nacional enfrenten esta situación e inicien una campaña a nivel nacional con la finalidad de aclarar a las comunidades campesinas y nativas y los titulares de predios agrícolas, rurales y urbanos de que el título de una concesión minera no autoriza al titular minero a iniciar una actividad de exploración o explotación, sin previamente, haber llegado a un acuerdo por el uso del terreno superficial.

También debemos enseñar que así como hay un catastro minero y un catastro de lotes petroleros y de gas existen otros tipos de catastro de propiedades o de recursos naturales y patrimonio cultural de la nación que están a cargo de diferentes sectores: bosques, concesiones forestales, áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional, zonas arqueológicas, zonas urbanas, etc. que se consideran en los programas de ordenamiento territorial y de zonificación ecológica y económica.

 

 

Se debería estudiar la posibilidad de convertir el “Ministerio del Ambiente” en un Ministerio de “Desarrollo Sostenible” que integre las tres variables del desarrollo (social, ambiental y económico) o en un “Ministerio de Recursos Naturales” como lo tienen países desarrollados como Canadá y Estados Unidos con resultados muy positivos.

El objetivo es lograr que la legislación ambiental y su fiscalización se haga de manera equitativa con todos los sectores productivos; de igual manera; que se difundan de manera integrada la importancia de todos los recursos naturales (suelo, biodiversidad, gas, petróleo, minerales, geotérmicos, etc.) y que se generen polos de desarrollo regionales que integren los recursos naturales.

En el aspecto estadístico y cartográfico permitir que se integre la información de todos los sectores productivos con la información cartográfica especializada generada por otras instituciones especializadas del Estado que tienen a su cargo programas de investigación científica (INIA, INGEMMET, SENAMI, IGP, etc.).

El Estado tiene que fortalecer e integrar el Instituto Geográfico Nacional con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con la finalidad de que el Perú cuente con cartografía básica a escala 1/25,000 o 1/10,000 y 1/1000 (para el catastro urbano, rural, bienes nacionales y de centros poblados)

Los ciudadanos tienen que diferenciar un catastro de recursos naturales con el de propiedades o terrenos superficiales para uso urbano o agrícola. Se requiere que el país encargue a una institución nacional la responsabilidad de hacer realidad el Catastro de Predios Integrado al Registro, un proyecto que actualmente lidera la SUNARP y COFOPRI y se conoce como “Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro – SNCP”.  

Finalmente, recordar que el 0.9% de concesiones en explotación y el 0.3% de concesiones en exploración contribuyen con el Estado peruano mediante el impuesto a la renta (50% se convierte en canon minero), regalías mineras, impuesto especial y gravamen minero, adicionalmente, con el derecho de vigencia y penalidad que se distribuye a las municipalidades.

Estos aportes benefician a todos los peruanos y los distritos de las regiones y comunidades donde existen proyectos y operaciones minero energéticas de mediana y gran escala.

 

 

El Perú puede seguir creciendo, diversificándose  y mejorando el nivel de vida de su población si todos los ciudadanos actuamos de manera transparente y desarrollamos todas las potenciales o dones que nos ofrecen los recursos naturales que dios nos ha dado.

 

 

 

Ni en el sector público, ni en el sector privado se viene reflexionando en profundidad sobre cómo un país como el Perú, pleno de recursos naturales, desde minerales, petróleo y agua, debe diseñar las políticas públicas que permitan lograr el balance correcto entre la transformación de nuestros recursos en riqueza y eliminación de la pobreza, y el cuidado y preservación de un medio ambiente sano y sostenible.

 

Para poder hacer buenos balances hay ciertos requisitos que un país debe establecer. En el caso del Perú creemos que deben ser cuatro:

 

• Fijar prioridades
• Hacer las cosas bien (evitar daños o compensarlos)
• Ser realistas
• Adoptar las tecnologías adecuadas

Prioridades: En cuanto a las prioridades, no creemos que sea moralmente correcto, que pudiendo aprovechar nuestros recursos para eliminar la pobreza extrema en un plazo relativamente corto, no lo hagamos, sin haber extremado todas las opciones sanas, correctas o compensadas.

Hacer las cosas bien: Cada día mejor. Evitar todos los daños posibles o compensarlos. Por ejemplo, reforestando parte de las millones de hectáreas peladas, con bosques primarios de alto metabolismo en la fijación del CO2. Los bosque son los que limpian el ambienta captando el CO2, la flora marina, plancton y algas, produce hasta el 90% del oxígeno de nuestro planeta. Hace rato le hemos propuesto al Ministerio del Ambiente que plantee un lema que nos ayude a los ciudadanos a ubicarnos en el manejo de nuestras acciones ambientales: “El Ministerio de Ambiente existe para que las cosas se hagan bien, NO para que no se hagan”.

Ser realistas: Debemos evitar posiciones inocentes o románticas, especialmente en el sector privado, que es el que tiene que crear riqueza, y que tiene la obligación de hacer una evaluación correcta de la realidad. Por ejemplo: a pesar de todo lo invertido en producir energía limpias que sustituyan a los hidrocarburos, se ha logrado muy poco, no más de un 5%. Con el desarrollo del shale gas será inevitable que EEUU se abstenga de usarlo al máximo de su potencial, pues le puede permitir un proceso de reindustrialización que ayude a disminuir la desigualdad de ingresos interna que lo aqueja. De igual modo, será muy difícil que China deje de usar carbón para producir electricidad y especialmente, sería un crimen, evitar que el África use carbón, su única fuente abundante y económica para producir electricidad. No podemos condenar a los africanos a continuar en la Edad Media.

Por lo tanto, en vez de caer en el típico abstencionismo y desconfianza en el avance de la tecnología, debemos proponer en la COP20 que la humanidad invierta más dinero en producir energía limpia desde los hidrocarburos. Ver en L: ¡Cuidado que en el África hay mucho verde y mucha pobreza! Comentario editorial de Lampadia al artículo “Vitrina Verde” de Diego de La Torre, en el que proponía un Perú verde, con bajas huellas hídricas y de carbono.

Posteriormente hemos podido evaluar el documento producido por Confiep y otras instituciones con el liderazgo de de la Torre: “Rumbo a una economía sostenible en el Perú – Oportunidades de negocios bajos en emisiones de carbono”. Curiosamente, el documento empieza con las siguientes palabras de Diego de La Torre: “El objeto de este informe, el primero sobre este tema en el Perú, es demostrar que es totalmente falsa la oposición entre economía verde y desarrollo. (…)”.  Como cualquiera podrá comprobar, lamentablemente, en dicho documento se listan una serie de opciones que no crean PBI, que no crean riqueza. La propuesta ambiental del sector empresarial peruano está en cero.

Adoptar las tecnologías adecuadas: Así como a principios del siglo XX, Henry Ford ayudó a limpiar las invivibles ciudades de Nueva York y Londres de los desechos de los caballos y sus pestilencias con su Ford Modelo T, hoy debemos invertir en limpiar la producción de hidrocarburos, de otra manera, si no lo hacemos, no vamos a poder evitar una alteración grave de nuestro entorno de vida.

Veamos más abajo la simbiosis del ser humano con la tecnología y un impresionante ejemplo de mejora ambiental en las arenas bituminosas del Canadá. Lampadia

El hombre evoluciona a través de la tecnología

Fernando Savater nos dijo en una charla magistral en la UPC el 2005 “Antropología de la Libertad” que la evolución del animal y el hombre son diferentes: “Los animales evolucionan y llegan a su punto más alto de perfección, que consiste en su adaptación al medio. (…) Existe una correspondencia evidente, que la teoría evolutiva explica, entre los animales y su medio. Sin embargo, una vez llegados a ese punto (…) llega a su punto de perfección.

El ser humano, (…) ha evolucionado menos, (…). El ser humano es el animal dispuesto a hacer cosas distintas, diferentes, en el lugar donde se encuentre. Sin embargo también ha sufrido una evolución. ¿Cuál es la evolución del ser humano? La técnica, la evolución de los instrumentos, de las herramientas, de las moradas y, sobre todo, la evolución de su herramienta por excelencia, la sociedad. La técnica tiene muchas ventajas frente a la evolución natural. Primero, es mucho más rápida. (…)”.

Un excelente ejemplo

En el siguiente artículo de The Economist podemos ver como la producción más sucia y contaminante  del planeta, la que se saca de la arenas bituminosas de Canadá, están atravesando el impacto de la tecnología humana y transitando aceleradamente hacia procesos limpios.

Nuevas tecnologías más limpias para extraer el bitumen de las arenas petrolíferas

Publicado por The Economist como “The steam from bellow” el 6 de setiembre del 2014.

Traducido y glosado por Lampadia

Una de las escenas más tristes de la destrucción causada por el hombre es la minería a tajo abierto de las arenas con alquitrán en los bosques de Alberta, Canadá. La arena está impregnada de bitumen natural, un tipo de petróleo con consistencia de mantequilla de maní. Una vez extraída de la superficie, la arena se transporta a una planta de extracción donde se mezcla con una gran cantidad de agua caliente y productos químicos para liberar el aceite y lograr que fluya en oleoductos o ser tomado por los petroleros a las refinerías. No toda el agua se puede reciclar y lo que queda es un residuo tóxico pegajoso en unos 170 kilómetros cuadrados de estanques artificiales.

No es extraño que los ambientalistas quieran restringir o eliminar la creciente industria de “arenas bituminosas” (…). Sólo Arabia Saudita y Venezuela tienen mayores reservas de petróleo que Canadá, pero el 97% de los 174 mil millones de barriles de Canadá se encuentran en las arenas bituminosas, principalmente en Alberta.

En la última década, los altos precios del petróleo han hecho que la explotación de las arenas petrolíferas sea muy rentable. Pero la industria del petróleo, cuya reputación de proteger el medio ambiente ya es pobre, ha estado bajo mayor presión para encontrar formas más eficientes y menos contaminantes de extraer el aceite. Los resultados de esa innovación están empezando a desarrollarse.

Muchos operadores extraen ahora el bitumen sin tajos abiertos. La producción “in situ”, como se le llama, consiste en inyectar vapor de alta presión, se calienta a más de 300 °C, en pozos profundos. El vapor (…) liquidifica el bitumen y permite que éste sea bombeado a la superficie.

[Esto] implica que nueve décimas partes de la tierra que había que remover, se puede ser dejada intacta. No hay necesidad de estanques de desecho, porque la arena se deja bajo tierra y la mayor parte del agua recuperada a partir del bitumen puede ser limpiada mediante la destilación para su reutilización.

Actualmente, la proporción de bitumen producido con vapor es de 53% y seguirá aumentando, (…). Uno de los métodos más novedosos, drenaje de gravedad asistido por vapor, ha demostrado ser particularmente eficaz. Implica la perforación de dos pozos horizontales a través de un yacimiento de petróleo, uno a cinco metros por debajo del otro. Entonces el vapor se libera del pozo superior y en pocas semanas puede derretir bitumen hasta a 50 metros por encima y a los lados de la perforación. A continuación, el bitumen se filtra hacia abajo, hacia el pozo inferior, del cual se bombea a la superficie.

La generación de vapor, sin embargo, requiere de la quema de una gran cantidad de gas natural, y esto crea emisiones. Otra innovación promete reducir la energía y las emisiones. Suncor comenzará su producción comercial dentro de un año utilizando disolventes que incluyen butano, propano y una sustancia patentada que debilita la tensión superficial entre líquidos y sólidos. Otra firma de Alberta, Laricina Energy, reconoce que puede reducir la cantidad de agua que necesita ser calentada en un 25% o más. Tales reducciones prometen bajar los costos.

Los costos y las emisiones podrían reducirse aún más en una prueba de 100 millones de dólares iniciada este año cerca de Cold Lake. Imperial Oil, con sede en Calgary, ha reemplazado el vapor por completo mediante la inyección de disolventes con alta presión, pero a temperaturas mucho más bajas.

Más procesos radicales están en el camino. Este año Suncor comenzó a construir instalaciones en Alberta para intentar derretir el bitumen con microondas. (…) Las pruebas de laboratorio sugieren que esto podría reducir los costos de energía en un 80%.

La empresa alemana Siemens está desarrollando un sistema que inunda un cable de cobre espeso con una corriente eléctrica para crear un campo magnético alterno para derretir bitumen. (…).

El uso de las nuevas tecnologías se está extendiendo rápidamente, (…) gracias en parte a un órgano llamado el Oil Sands Innovation Alliance canadiense, en el que las empresas que lo componen comparten información sobre sus avances.

El Perú no es cualquier país que puede albergar una reunión internacional, tan importante como una vinculada al cambio climático, sin hacer un excelente análisis estratégico y bien fundamentado de sus objetivos nacionales. Asimismo, en nuestra casa, nos corresponde hacer una propuesta inteligente al resto de la humanidad. Lampadia

Días atrás, como ha contado en su columna, Enrique Pasquel que entrevistó en Rumbo Económico (Canal N) a Alejandra Alayza, coordinadora de políticas y campañas de la ONG ambientalista Oxfam (ver en Lampadia: Oxfam y el “paquetazo ambiental”). Dicha organización está liderando la oposición contra las modificaciones de regulaciones ambientales que promulgó recientemente el Gobierno para promover la inversión.

Pasquel señala: “Cuando le pregunté sobre las normas concretas, sin embargo, descubrí algo sorprendente: no conocía el contenido de la ley a la que se opone. Justificó su desconocimiento en que no era una experta en el asunto –cosa que la habría excusado de intervenir en el tema, mas no de intervenir sin conocimiento de causa–. Es preocupante que quienes lideran una organización que actúa con tanta indignación y activismo no se tomen la molestia de informarse con detalle sobre aquello que [supuestamente] los indigna. Parece que no tienen reparo en socavar sin fundamento una reforma que podría hacerle bien a los peruanos”.

Es inaceptableque el representante de una organización internacional lidere una campaña de oposición a la legislación de un Gobierno democrático sin conocer las normas a las que se opone. Alejandra Alayza y Oxfam carecen de toda autoridad moral para seguir interviniendo en asuntos de los peruanos.

Antes incluso que se aprueben estas Leyes, Oxfam y otras instituciones ambientalistas hicieron circular una carta, supuestamente firmada por 107 organizaciones ambientalistas dirigida al Presidente Ollanta Humala. La misiva solicitó que no se promulgara este paquete legislativo, porque supuestamente “dichas medidas constituyen un grave retroceso para el Perú en el campo ambiental, e instamos al Gobierno Peruano a reconsiderar y retirar esta iniciativa.  (…) esta propuesta constituye una muy mala señal, que es aún más grave considerando el rol de la Presidencia Peruana de la COP20”.

¿Cómo puede ser un atentado contra el ambiente, que ciertas normas de nivel ministerial, pasen a la instancia del gabinete de ministros? Una degradación de capacidades, hubiera sido, quién sabe, que se transfieran a la municipalidad de Lima.

Lo cierto es que estas normas no ponen en peligro el medio ambiente, ni reducen los estándares ambientales. Están en sintonía con lo que se viene haciendo en países como India, México y Colombia que buscan atraer inversiones responsables para impulsar su desarrollo integral sin descuidar estándares ambientales y sociales, los cuales son factores de higiene (ver en Lampadia: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

¿No es acaso razonable fijar un plazo de 45 días para que los funcionarios emitan las opiniones necesarias para los EIA? Y de esta manera, evitar que se alarguen los procesos de inversión.

Es, además, absolutamente coherente que se exija que los estándares de calidad ambiental se sustenten técnicamente y que consideren todos los criterios necesarios. Y, no como ocurrió cuando se fijaron y mantuvieron los límites de emisiones (ver en Lampadia:Radicalismo ambiental en el Ministerio). Además, parece increíble que se reclame porque las zonas reservadas ahora serán demarcadas por el Consejo de Ministros.

Ha quedado, pues claramente demostrado que Oxfam y sus aliados ambientalistas, no actúan por principios o bajo criterios técnicos. Lo hacen movidos por mera y pura ideología y como asalariados de estas cadres internacionales. Están en contra de nuestro modelo de desarrollo, de las actividades extractivas y del crecimiento, sin conocer el Perú y nuestras particularidades y necesidades.

Algunos quisieran que sigamos siendo pobres y dependientes de su supuesta “preocupación”. Estas posturasson inmorales y no debemos tolerarlas.

El Perú tiene todo lo necesario para salir de la pobreza y ser un líder internacional sin que nadie venga a mentir, cooptar, ni manipular a los peruanos, dificultando nuestros procesos de convergencia interna. Lampadia