Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 1 de mayo de 2020

No pasó mucho tiempo para que la pandemia se convirtiera en apetitoso botín ideológico para algunos, que ya empezaron a repartir culpas para cosechar seguramente en las elecciones. Sinesio López (“La República”) acusa a la “derecha neoliberal” de haber “construido un Estado en el que sus aparatos económicos (MEF, BCR, SBS, etc), al servicio del capital, recibieron todo el apoyo, mientras los aparatos sociales… fueron abandonados a su suerte… Se hizo perversamente que la salud pública y educación pública fueran un desastre para convertirlas en un negocio privado”.

Pero quien llevó al Estado social a su mínima expresión fue el socialismo intervencionista y estatista de los años 70 y 80, al punto que hacia la segunda mitad de los 80 los hospitales públicos carecían hasta de jeringas y los médicos cobraban por atender en clínicas privadas al interior de los hospitales: una verdadera privatización “fáctica”.

Más bien fue la relativa liberalización y privatización a partir de los 90 la que permitió reconstruir paulatinamente el Estado, y de una manera notable considerando los escombros en los que quedó luego del experimento socialista.

En los últimos 20 años el presupuesto del sector Salud ¡se ha multiplicado por 7 en soles constantes!, es decir, en términos reales (IPE). Y se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI, y por 2 como porcentaje del presupuesto. Lo que significa que no solo ha tenido muchos más recursos, sino que ha recibido un tratamiento prioritario en el presupuesto nacional, a costa de otros sectores.

Entonces es un mito, una mentira escandalosa, lo de que la salud pública fue abandonada. La pregunta es qué se hizo en el sector con esos mucho mayores recursos que los tecnócratas “neoliberales” aprobaron y que los impuestos pagados por las empresas posibilitaron. La respuesta hay que pedírsela a un sistema de gestión patrimonialista dominado por la corrupción y los intereses particulares de sus distintos estamentos, donde los recursos se desvían a toda clase de beneficiarios menos a los pacientes.

No es falta de presupuesto, es exceso de corrupción, que sifonea medicamentos a farmacias privadas, malogra deliberadamente equipos para derivar pacientes a consultorios privados, e impide una gestión racional, meritocrática y por resultados.

Por eso, la iniciativa de Transparencia de convocar a un nuevo “Acuerdo Nacional”, no puede consistir, como el anterior, en ponerse de acuerdo en lo que todos estamos de acuerdo. Sino en plantear los problemas que tenemos que resolver y buscar acuerdos sobre qué hacer. Uno de ellos es la reforma del sistema de salud. En general, el gran tema es la incorporación de todos a la República, que tiene dos dimensiones: a la ley (formalización), y a servicios públicos de calidad (universalización). ¿Qué hacer para lograrlo? Esa debe ser la agenda.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

Covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

• Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:
• Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.
• Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.
• Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.
• Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

EDITORIAL DE LAMPADIA

Jaime de Althaus

En la carrera por las vacunas contra el COVID no estamos quedando atrasados por la desidia del MINSA.

Países grandes como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, etc. han colocado desde hace meses órdenes de fabricación y compra adelantada de vacunas a varios laboratorios para garantizar su entrega inmediata cuando estén disponibles. Salieron a comprar antes incluso de que las vacunas estuvieran aprobadas, a todos los laboratorios, para que las comenzarán a producir.

Eso no lo podemos hacer nosotros. Lo que sí podemos hacer es lo que hacen países como los nuestros: ofrecer participar en los ensayos clínicos de la fase 3 (que se realiza con decenas de miles de voluntarios) en institutos de investigación locales (que si los tenemos) con monitoreo permanente para medir seguridad, reacciones o efectos secundarios, etc., y obtener como contraprestación una cantidad interesante de dosis garantizadas tan pronto se autoricen.

Brasil por ejemplo está trabajando con Aztra/Zeneca (Oxford) y con Sinovac (China); Chile también con Sinovac; Argentina con Pfizer (USA) y Biontech (Alemania); Panamá y México con Sinovac y se comenta que Venezuela y Cuba lo estarían haciendo con Rusia.

El Perú es un país atractivo para postular por la cantidad de infectados y la variedad de climas. Pero no concretamos. ¿Qué pasa? La Cancillería y el grupo privado que integra el “comando vacuno” sí se han reunido con representantes de los principales laboratorios que producen la vacuna, y hay mucho interés. Pero quien se demora es el Minsa, específicamente el Instituto Nacional de Salud (INS), que debe dar una doble autorización: la primera es para que laboratorios peruanos (San Marcos, Cayetano y varios privados) hagan los ensayos clínicos de la fase tres, con voluntarios. Y, la segunda, para negociar con varios laboratorios extranjeros cuántas vacunas nos van a dar a cambio de los ensayos clínicos que hacemos.

Pues la negociación y los convenios tienen que hacerse con varios laboratorios porque será difícil que uno solo nos venda las 36 millones de vacunas que necesitaremos para vacunar dos veces a 18 millones de peruanos.

Pues bien, hasta el momento de escribir esta nota, el INS no había dado ni siquiera el primer paso, pese a que es un tema que la Cancillería viene gestionando en el exterior hace buenas semanas. Aparentemente el ex ministro Zamora o la alta dirección del Ministerio no le dieron importancia al tema confiando en usar el canal de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es sumamente lento y ofrecería vacunas para fines del 2021 en el mejor de los casos. El Perú podría tenerlas a fines de este año si hacemos sí experimentamos acá y negociamos directamente.

Hay que tener en cuenta que cuando el mundo esté vacunado y el Perú no lo esté, y sigamos sin poder controlar en número de infectados y fallecidos, el Perú no va a poder celebrar eventos internacionales ni se abrirán los vuelos internacionales y los turistas tampoco vendrían a nuestro país. Los peruanos tampoco serán bien recibidos en el exterior y probablemente serán impedidos de viajar sin un certificado de vacunación. Y, por supuesto., seguiremos muriendo.

¿Es hora que el Ministerio de salud se ponga las pilas! Una vez más. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de mayo de 2020
Para Lampadia

Tuvo que ocurrir una pandemia – como la que estamos viviendo – para tomar conciencia del nivel de corrupción enquistada en el sistema nacional de salud pública. La inoperancia del Estado en cuanto a compras de insumos y equipos para el diagnóstico de pacientes sintomáticos, las idas y venidas en las compras de respiradores mecánicos, y las compras de mascarillas sobrevaloradas – y de pésima calidad – fueron la gota que derramó el vaso. La gente – con razón – dice… “el sistema de salud es una porquería”. Y agrega… “hay que reformarlo todo”.

De acuerdo, pero ¿cuál es la propuesta? Existe el Instituto Nacional de Salud. Pero no… el INS es un organismo del Ministerio de Salud. ¡He ahí el problema! El Ministerio de Salud es una institución inoperante, inestable, recontra burocrática… y muy corrupta.

Por ello, no solo el INS, sino la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), y – por supuesto – los hospitales y otros organismos del MINSA, no funcionan. En buena cuenta… la politiquería ha malogrado la salud pública en el país.

Los Gobiernos Regionales no debieran seguir al mando de los hospitales del MINSA. El tiempo lo ha demostrado… ¡no son capaces! Aunque lo mismo sucede en Lima. El MINSA tampoco ha sido capaz de administrar bien los hospitales de la capital.

Hay que crear una institución autónoma – de cero – que se encargue de la salud pública a nivel nacional. ¡No queda otra! Para ello habría que replicar el modelo del Banco Central de Reserva (BCR). Me refiero a su autonomía técnica y administrativa, y a su profesionalismo, meritocracia, independencia… y todo lo demás.

La idea sería blindar a la nueva institución de la politiquería. Hay que evitar que cuando cambien los Ministros de Salud – que dicho sea de paso, cambian a cada rato – los ministros entrantes pongan y saquen a su antojo a directores y funcionarios del ministerio… y de todos los organismos adscritos al MINSA. A eso se debe – en gran medida – el fracaso del sistema de salud en el país.

La institución a la que me refiero también debería de blindarse de la influencia de organismos como el Colegio Médico y la Federación Médica… entre otras.

A los hechos me remito. En Ica, el Colegio Médico y la Federación Médica eran parte de la mafia de la salud. Los médicos que abandonaban los hospitales en horarios de trabajo, y que derivaban a los pacientes a sus clínicas privadas, y que sustraían subrepticiamente medicamentos de las farmacias de los hospitales, eran – aunque usted no lo crea – directivos del Colegio Médico y de la Federación Médica.

Afortunadamente – como en todas las instituciones públicas – hay muy buena gente en el Estado. Hay excelentes profesionales de la salud… médicos, enfermeras, y técnicos. El problema es que están opacados por la corrupción enquistada en los cargos directivos de los hospitales públicos… y del MINSA.

Con ellos – con los excelentes médicos, enfermeras y técnicos – hay que rehacer el sistema nacional de salud. Pero – previamente – hay que salir de la podredumbre moral antes mencionada.

En Ica procedimos así y nos fue muy bien. Un excelente equipo de dirección en cada hospital hizo la diferencia entre el fracaso heredado y el éxito logrado. En nuestro caso, los equipos de dirección provinieron de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)… una excelente fuente de gerentes públicos – íntegros e idóneos – ampliamente capacitados para mejorar los servicios hospitalarios de todo el país.

Está clarísimo. La política peruana – incapaz de diferenciarse de la politiquería clientelista y corrupta – es la causa principal de los males en nuestro sistema de salud pública.

Ergo, una institución nacional de salud autónoma, altamente profesional y meritocrática – tipo BCR – podría ser la solución. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. Hay miedo, angustia y al mismo tiempo hay una conciencia colectiva y hasta global casi inédita, una ‘rara hermandad’ como decía Rolando Luque. Hay una acción nacional, a la que nos subordinamos. Pero la paralización general tendrá consecuencias en la economía que serán probablemente desastrosas si no encontramos la forma de paliarlas. ¿Se justifican las medidas extremas que el gobierno está adoptando, con el riesgo de estrangular la economía y retornar a niveles de pobreza que hace décadas no veíamos?

Según el doctor Moisés Rosas, ex jefe del SIS, médico y estadístico, si respondemos a medias permitiendo que funcione la economía, 125 mil peruanos podrían morir en un año aniquilados por el coronavirus. Y este sería un cálculo conservador: considera solo un 1% de los infectados, que llegarían a 12.5 millones en un año tomando en cuenta que un 50% de la población urbana puede ser contagiada en ese periodo de tiempo (los gobiernos de Alemania y Gran Bretaña están actuando en el supuesto de que el virus infectará entre el 60 y 70% de su población).    

Lo que le está faltando al gobierno es dar los números, para tomar conciencia. La siguiente es una proyección del número de infectados desde el día 1 hasta el 29 de marzo. Para esa fecha tendríamos 3,701 personas contagiadas identificadas, como podemos ver en el siguiente cuadro, enviado por una fuente del MINSA:

Constatamos que la proyección para el día de ayer coincidió con la realidad: 145 casos. En días anteriores el número de infectados era mayor que lo previsto. Se entiende que si en los próximos 7 días la realidad da números sostenidamente menores que la proyección, ello podría significar que las medidas están empezando a dar resultados. En realidad, si la incubación del virus dura 7 días, recién la cuarentena empezaría a tener efecto en la segunda semana. Se esperaría que a fines de mes la curva empiece a aplanarse. Es decir, que el número de nuevos casos sea menor cada día.

¿Por qué no se publican estas proyecciones? En Perú había hasta ayer 145 casos oficiales. Esto significa que tendríamos entre 725 y 1,450 casos reales, pues según la OMS por cada caso diagnosticado hay entre 5 y 10 no diagnosticados. Ahora bien, respecto de los identificados, la mortalidad oscila entre 0.5 y 2%. Si fuera 1%, por cada 100 infectados uno muere. En Perú no ha muerto nadie aún, aunque el primer caso sería inminente. El porcentaje de hospitalizados -respecto de los identificados- oscila entre 15% y 20%; teníamos ayer 19 hospitalizados. Y el porcentaje en UCI es alrededor del 5%; teníamos ayer 5 pacientes en UCI, tres graves.

La estrategia drástica de aislamiento social funcionó en la China, aunque al costo probable de una caída del 9% de su PBI en el primer trimestre según estimaciones de Goldman Sachs, algo insólito para ese país. En Corea se aplicó una estrategia más fina y algo menos destructiva que combinó un despliegue masivo de pruebas o kits de diagnóstico (que nosotros no tenemos) para identificar a los infectados y sus entornos, aislarlos y monitorearlos al milímetro, junto con cuarentenas por zonas. En esos países la cultura de responsabilidad colectiva o de conciencia comunitaria es mayor. 

El Reino Unido ensayó una estrategia distinta, para no afectar la economía, y ya dio marcha atrás. Partió de la premisa que se trata de una epidemia que no se puede frenar y entonces decidió no frenarla sino, por el contrario, permitir la vida normal de modo que toda la población se infecte para que cuando ya no haya nadie más a quien contagiar, la epidemia implosione sola. Es la llamada “inmunidad de grupo o de rebaño”. Mientras tanto, eso sí, debía aislarse por completo por cuatro meses a los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Pero ese aislamiento absoluto es imposible.

Finalmente el prestigiado Imperial College publicó un estudio[1] revelando que aún aplicando una combinación de estrategias de distanciamiento social habrían cientos de miles de muertes. El gobierno dio marcha atrás, pero probablemente ya es muy tarde. Como quizá lo sea también en Estados Unidos, donde el presidente Trump desoyó los consejos de los expertos hasta que ya no pudo negarlos.

Según Moisés Rosas, la decisión clara del presidente Vizcarra en este tema obedezca a que, siendo ingeniero, lee la data. Y saca las conclusiones. Pero sería bueno que el Ministerio de Salud o la PCM difundan precisamente toda esa data, para que a la gente no le quede dudas que no hay más remedio que vivir lo que estamos viviendo. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Pueden carecer de eficacia terapéutica

Mediante resolución ministerial el ministerio de Salud aprobó un listado de 31 “medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional…  los cuales deberán mantenerse disponibles o demostrar su venta en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado”.

Está muy bien, pero hay un problema. Ninguno de los 31 medicamentos genéricos es intercambiable. Es decir, ninguno tiene estudios de bio equivalencia hechos en el Perú o en el extranjero y aceptados en el Perú, que garanticen que son similares al medicamento original y que tienen eficacia terapéutica.

De hecho, un estudio in vitro publicado en La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (2019;36 (1):74-80) del Instituto Nacional de Salud (INS), sobre la equivalencia terapéutica de tres genéricos: amoxicilina, doxiciclina y fluconazol, en Lima, concluye lo siguiente:

“Para doxiciclina los cuatro medicamentos fueron equivalentes in vitro al PR, para amoxicilina sólo dos medicamentos fueron equivalentes in vitro al PR y para fluconazol ninguno fue equivalente in vitro al PR. Se concluye que algunos medicamentos de amoxicilina y fluconazol que circulan en el mercado nacional no cumplen con la equivalencia terapéutica evaluada mediante estudios in vitro; es decir, no son intercambiables”.

Eso es muy grave. Resulta que la amoxicilina y el fluconazol están en la lista de 31 medicamentos, pero no son equivalentes. La doxicilina, en cambio, cuyos genéricos sí resultaron equivalentes, no figura en la lista de los 31.

No se ha hecho estudios para los otros 29. ¿Y qué pasa si la mayoría no son equivalentes y no tienen eficacia terapéutica? Estaríamos ante un engaño peligroso.

En este tema ha habido un retraso lamentable del sector y de la Digemid. La ley de intercambiabilidad se dio el 2009, y recién 10 años después, en marzo de este año, se reglamentó, pero solo se ha dispuesto que se haga estudios para 7 moléculas, algo claramente insuficiente. También sería posible adoptar los estudios de países de alta vigilancia sanitaria, pero la Digemid casi no da trámite a las solicitudes presentadas.

De no acelerar apreciablemente el ritmo de introducción de intercambiables, la disposición que obliga a tener los mencionados 31 genéricos no tendrá el impacto deseado, sea porque los medicamentos carecerán del efecto terapéutico buscado, sea porque los propios consumidores seguirán prefiriendo genéricos de marca. La norma, así, será una página más en la larga historia del populismo político. Lampadia

La ejecución presupuestal para medicamentos es uno de los indicadores clave en la medición de la eficiencia del sector salud, frente al objetivo de asegurarse el abastecimiento de fármacos y garantizar el acceso de estos a los asegurados.

Lamentablemente, la ejecución presupuestal de medicamentos está muy por debajo de los estándares necesarios para dar una cobertura adecuada.

Líneas abajo se muestran los niveles de ejecución presupuestal para medicamentos en el Perú durante los primeros meses del 2019, se busca ponerlos en contexto al hacer un recuento de la situación del abastecimiento de medicamentos en el país y brindar recomendaciones para mejorar la eficiencia en el gasto público en la adquisición de fármacos.

I. Cifras de la ejecución presupuestal

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Salud, la ejecución presupuestal hasta mayo del 2019 presenta el siguiente desempeño:

• En el acumulado al mes de mayo del 2019 hay un porcentaje promedio de ejecución nacional de 19%, superando al promedio del año anterior en el mismo periodo, cuando alcanzo el 15%.
• La ejecución presupuestal del 19% hasta mayo del 2019 representa un déficit de 33 puntos porcentuales, debido a que la ejecución debería ser de 42%.
• Las regiones de Amazonas y San Martín son las que presentan los menores niveles de ejecución con solo 12 % y 11% respectivamente.

Cuadro de gasto presupuestas por región

Cuadro de ejecución presupuestal según avance

II. Situación en el abastecimiento de medicamentos – Estudio de Videnza Consultores

• Existen problemas en el acceso de medicamentos. Una evaluación de la Digemid (2017) halló que el 70% de los establecimientos de salud evaluados tenía un nivel bajo o regular de disponibilidad. La situación fue particularmente grave en los centros de salud, más del 40% de los cuales presentó un bajo nivel de disponibilidad. También existen problemas de asequibilidad: un alto porcentaje de medicamentos se financia a través del gasto de bolsillo (Ensusalud, 2015).

• Existen problemas en la gestión para obtener la asignación presupuestal y definir el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Existe un doble proceso de programación en el caso de las Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (IESP) por el desfase en la estimación del Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y los programas presupuestales (PP). No se cuenta con recursos presupuestales definidos al inicio del año, en parte por la tardía incorporación de los recursos de donaciones y transferencias, y por problemas en el cálculo de los recursos directamente recaudados. 
• Hay demoras en la elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC). Además, se realizan constantes modificaciones durante el año.
• El Sismed establece tres tipos de adquisición: nacional, regional e institucional. La nacional puede darse a través del abastecimiento centralizado —financiado con recursos del Cenares y relacionada a las IESP— y de la CCFSS que convoca Cenares, pero que cada UE financia con sus propios recursos. Una restricción común a los procesos de compra es la poca oportunidad en su ejecución, provisión y coordinación. Se generan demoras, ineficiencias y pérdida de economía de escala.
• En la CCFSS, la subasta inversa viene profundizando una disminución de la competencia. Asimismo, la poca coordinación entre las UE y el Cenares genera discrecionalidad en los tiempos de firma de contrato con los proveedores. El Cenares demora en comunicar los casos desiertos a las UE, lo cual retrasa las convocatorias de procesos regionales o institucionales.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de abril de 2019
Para Lampadia

Hace poco, la Contraloría General de la República reveló el fracaso municipal en materia de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos. En ese sentido, el hallazgo de la Contraloría no constituye ninguna novedad. La basura no sólo está “a la vista”, sino que también está “al olfato”. Efectivamente, aparte de ser fea, la basura apesta.

Calles y plazas inmundas. Ríos, lagos y mares atiborrados de plásticos. Y en vez de rellenos sanitarios, botaderos de basura donde pululan recicladores – hombres, mujeres y niños – en simbiosis con ratas, gallinazos, moscas, chanchos, perros, gusanos y todo tipo de microorganismos. Eso es lo que ha consignado la Contraloría en su reciente informe denominado “Por una Ciudad Limpia y Saludable”.

Los Gobiernos Locales son los responsables de este descalabro ambiental. Es decir, las municipalidades. Ahora bien – es verdad – hay distritos limpios en nuestro país. Por ello, mis respetos a los buenos alcaldes que han logrado dignificar la vida de sus vecinos y sus visitantes. Pero son los menos. Lamentablemente, a la gran mayoría de alcaldes de nuestro país, la basura les importa un bledo.

Pregunto: ¿para qué sirve el Ministerio del Ambiente? ¿Para qué sirven los órganos adscritos a dicho Ministerio? Me refiero al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAMP), al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), y todas las direcciones ambientales de los Gobiernos Regionales y Locales de todo el país.

Incluso ¿para qué sirve el Ministerio de Salud? ¿Acaso la contaminación ambiental no es dañina para la salud humana? ¿Y el Ministerio de Agricultura? ¿Y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Acaso la basura no atenta contra la sanidad agraria y el turismo receptivo?

No cabe duda. El Perú es un fracaso estrepitoso en materia ambiental. La pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Alguien cree que las Municipalidades del país van a recapacitar y – de buenas a primeras – empezarán a cumplir sus obligaciones respecto al recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos? ¿Del cielo aparecerán rellenos sanitarios aquí y allá, y desaparecerán los botaderos de basura municipales?

No quiero ser aguafiestas, pero me temo que la basura seguirá tal cual, y los botaderos también. Nada va a cambiar en nuestras ciudades. El informe de la Contraloría – una vez más – quedará guardado en los archivos de las municipalidades involucradas en el operativo en cuestión. Los Gobiernos Locales jamás serán capaces de cumplir la ley, e imponer el orden en la materia.

El Ministerio de Vivienda – o alguna institución del Gobierno Central – debe asumir la función de la limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos en todo el país.

Seamos sinceros. La corrupción, la indolencia y la inoperancia municipal seguirán para largo. Así como están las cosas, los peruanos jamás viviremos en ciudades limpias y saludables. Por eso, bien vale la pena convocar a un concurso público para que empresas especializadas en la materia se encarguen de la recolección de la basura y tratamiento de los residuos sólidos en todas las ciudades del país. ¡No queda otra!

Total, no tenemos nada qué perder. En materia de limpieza pública, es imposible estar peor de lo que estamos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En los últimos días hemos visto arreciar una campaña contra el Seguro Integral de Salud (SIS) acusándolo de desfinanciar a los hospitales y centros de salud al no transferirles lo que se les adeuda y reducir las tarifas que paga por diversas prestaciones. La Federación Médica y voceros de diversos hospitales han señalado que el SIS adeuda 700 millones de soles (o incluso mucho más) a los hospitales y que por eso la calidad de la atención es cada vez más pobre.

Lo que está ocurriendo, en realidad, es un movimiento de resistencia a los cambios que buscan erradicar prácticas corruptas y gastos indebidos. 

Es cierto que la población asegurada en el SIS ha crecido a una velocidad mayor que los recursos financieros. Ha pasado de 5.8 millones de asegurados el 2002 a 18 millones en la actualidad. De estos, alrededor de 5 millones no serían pobres según el “Informe de la Comisión Interventora del SIS” (Enero 2017),[1] siendo condición para la  afiliación ser pobre o pobre extremo. Hay allí, para comenzar, un problema de mala gestión que ha generado una masiva] filtración. El presupuesto del SIS también ha sufrido una cierta reducción a partir del año 2015: bajó de 1,756`278,819 soles ese año a 1,558`689,609 el 2016 y a 1,400’996,418 este año.

No obstante, también es cierto que el gasto ha sido ineficiente, desviado a otros destinos y eventualmente presa de corruptelas prácticamente institucionalizadas. Es decir, podría ser más bajo  y más eficiente. Si el gasto se hubiese hecho bien, quizá la deuda no sería de 700 millones, sino mucho menor. Debe precisarse que los 700 millones se refieren a la deuda acumulada  de años anteriores. No es deuda de este año o de la gestión presente. Edmundo Beteta, jefe del SIS, informa que en los últimos 7 meses ha transferido 1,000 millones de soles a las entidades prestadoras. 

Los directores de los hospitales y la Federación Médica han reclamado el pago de esos 700 millones. Ante ello, el SIS decidió iniciar un trabajo de revisión y validación de esa deuda. Aplicó un software sencillo y descubrió un conjunto muy amplio de prácticas corruptas a las que denomina con el eufemismo de “Inconsistencias”.

En el siguiente cuadro, referido solo a partos y cesáreas, podemos ver la manera desvergonzada como se inventaban intervenciones quirúrgicas o atenciones imposibles. 194 hombres dieron a luz, 143 ancianas también pudieron alumbrar, y nada menos que 34,812 mujeres pudieron dar a luz dos veces en menos de dos o tres meses, entre otros maravillosos milagros.

La resurrección es también un milagro frecuente entre los asegurados del SIS, pues varias personas han cobrado por sepelio más de una vez, en conexión con funerarias. Allí no queda la cosa: una persona se operó 200 veces de cataratas.  En un colegio que recibía Kali Warma, el 80% de los niños respecto de los cuales se reportó que se les había hecho curaciones dentales, no se les había efectuado tales curaciones. Y así sucesivamente.

Podemos inferir, entonces, que cuando menos parte de las protestas actuales contra el SIS por supuesta falta de transferencia de fondos, obedecen al hecho de que se está empezando a descubrir prácticas corruptas y, naturalmente, se está empezando a introducir ajustes y controles. Pues, fuera de las prácticas fraudulentas reseñadas, también se desperdicia dinero en gastos que el SIS no debe pagar. Es decir, se destinan a fines que no corresponden. Los hospitales usan parte –se calcula que alrededor de la mitad- del dinero del SIS como “caja chica”, para otros fines (remuneraciones, equipos, refacciones), a costa del gasto en medicinas.

Tarifa solo costos variables 

Parte de ese fenómeno tenía que ver con un tarifario mal hecho, que reconocía indebidamente costos fijos, que no corresponden al SIS sino al Ministerio de Salud o a los gobiernos regionales. El tarifario, entonces, ha empezado a sincerarse. Como consecuencia, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Cesar Vásquez, ha “denunciado” que el SIS ha reducido tarifas “brutalmente”. Por ejemplo –dijo- “una tomografía ha bajado de 145 a 32 soles”. Pero  Edmundo Beteta lo explica: “Por una tomografía se pagaba 145 soles, de los cuales 116 soles correspondían al  conjunto de disparos de un tubo. Pero el  disparo del tubo es el uso del tubo, y el tubo es un equipo,  un costo fijo, y los equipos se pagan con recursos ordinarios, no con el SIS. Lo que el SIS sí paga en las tomografías es el material de aseo, las placas para impresión de imágenes, la sábana de camilla, es decir, los costos variables”. 

En efecto, según la norma, el SIS debe pagar solo por los medicamentos y análisis recetados por el médico y por los insumos usados en las intervenciones. No paga ni sueldos ni equipamiento ni infraestructura. Sólo paga los gastos variables. El presupuesto del SIS es solo el 9% del presupuesto total del Sector. En realidad, esta reforma del SIS debería venir acompañada de una reforma del presupuesto ordinario (el que viene del MINSA o los gobiernos regionales) de los establecimientos de salud, que introduzca también racionalidad por resultados y mejore la asignación donde realmente sea necesario. Para ello, la gerencia de los hospitales debería ser tercerizada.

Mientras tanto, la racionalización del SIS ha puesto a los hospitales en pié de guerra y están reclamando los 700 millones de deuda. El SIS está en proceso de negociar convenios nuevos con los hospitales que no solo suponen un tarifario más ajustado sino más controles y penalidades si se revela información falsa.  E indicadores de calidad en la atención y el servicio, pues la atención al asegurado es muy mala. Pero también incentivos. Algunos hospitales se resisten.   

El informe de la Comisión Interventora del SIS reveló que prácticamente no hubo control en el pasado porque “solo se auditó menos del 1% de las prestaciones de manera presencial”. Eso se va a incrementar con un número mayor de auditores, de manera muestral. También se pondrá énfasis en los análisis de consistencia de la información. 

Pese a todo, el INEN, que había hecho un plantón, ya firmó el nuevo convenio. Lo mismo el Hospital Loayza, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Casimiro Ulloa, el Hospital de Emergencias Pediátricas, el Hospital Nacional Docente Madre Niño – San Bartolomé, el Instituto Nacional del Niño San Borja y el Hospital de Emergencias Villa el Salvador. El Hospital María Auxiliadora y el Sergio Bernales. Y algunos Gobiernos Regionales.

Estos últimos manejan sus propios hospitales y también el primer nivel de atención, los centros de salud y las postas. Para este último efecto se eligieron indicadores de calidad en salud preventiva. Cada región se puso metas en reducción de desnutrición, anemia y embarazo adolescente, y se les da un bono de hasta 35% por el cumplimiento de esas metas. Dicho cumplimiento es verificado por el INEI, que mide el peso y la talla de los niños.

Desvíos a clínicas propias o de amigos

La resistencia de algunos hospitales obedece también a otras corruptelas que se han detectado y están siendo erradicadas. Una de ellas ha sido el incremento explosivo de las atenciones en emergencias de clínicas privadas. Un asegurado del SIS puede ir a la clínica privada más cercana si sufre una emergencia con riesgo vital, y el SIS paga la cuenta. Según el Informe de la Comisión Interventora del SIS, el 2014 se pagó por esa modalidad 1.7 millones de soles. El 2016, ¡114 millones! Había muchos casos que no eran de emergencia, y otros que comenzaron en emergencia, fueron estabilizados, y después en lugar de salir permanecieron en la clínica muchos días (28 casos de pacientes con estancias que se encuentran entre los ¡100 y 381 días!). 

Pero el factor principal de ese incremento fue que médicos de los propios hospitales aprovecharon para derivar pacientes a sus clínicas privadas o a las de médicos amigos. En efecto, el Informe revela muchos casos de emergencia que fueron atendidos por la oferta pública y posteriormente trasvasados hacia la oferta privada por el mismo responsable de la atención (ver cuadro). 

En el último CADE, la Ministro de Salud, Patricia García (MPH, PhD) hizo una vibrante presentación del sector salud que queremos destacar porque  a diferencia de las presentaciones de otros ministros, no hubo auto-bombo, fue transparente y descarnada, y mostró el desastre que hemos acumulado en un sector fundamental para la calidad de vida de los peruanos, del que conocíamos poco y se nos habían vendido muchas mentiras. No nos olvidemos cómo, hasta hace poco, se enseñoreaban los funcionarios del sector en los medios, blandiendo datos falsos (tanto del sector como de ESSALUD).

Pues bien, nuestros indicadores son de horror, veamos algunos datos:  

Lo peor es que esto se da en medio de la ‘cuarta revolución industrial’ un espacio de la historia en que la tecnología está permitiendo un salto cualitativo en las condiciones de salud de los seres humanos. Pero, para que los peruanos podamos beneficiarnos de estos desarrollos, necesitamos tener una mejor base de salud, tanto en cobertura como en nivel de servicios. Pues bien, en los últimos lustros, en que hemos tenido importantes recursos económicos, no solo hemos perdido la posibilidad de hacer mejoras, inclusive hemos retrocedido y hemos permitido que buena parte de esos recursos se los lleve la corrupción.

Se vienen nuevos tiempos para los que tenemos que estar a la altura por una exigencia moral con nuestra población. Este será un mundo donde la prevención será muy importante y la mejora en la calidad de vida marcará un antes y un después de la tecnologización de la salud, y los peruanos debemos ser parte de este gran salto.

Fuente:  dexon.org

Por otro lado, como mostró la ministro, el cambio de perfil etario de nuestra población, con el aumento de poblaciones mayores, nos pone más exigencias. Veamos:

La ministro García, propone una agenda de transformación del sector en las siguientes líneas:

Ver la presentación de Patricia García: PDF Salud para Todos, en nuestra sección Documentos de Lampadia.

Ver su presentación en el CADE:

Desde un punto de vista de estrategia de desarrollo y de responsabilidad moral, deberíamos declarar en emergencia todo el sector de salud, incluyendo ESSALUD.

No es admisible, por ejemplo, que la Federación Médica se de el lujo de hacer huelgas inhumanas. O que las mafias de médicos se opongan a las APP de ‘bata blanca’, para mantener sus privilegios. O que las enfermeras y técnicos sigan usufructuando medias jornadas de labores. O que los horarios de atención de la salud se acomoden a los trabajadores y  o a los pacientes. O que los peruanos tengan que esperar largos meses para atenciones médicas urgentes e importantes. O que la corrupción se pasee en uno de los servicios públicos más importantes.

Apoyemos a Patricia García, la flamante Ministro de Salud, a emprender una revolución en el sector de salud pública. En otra ocasión revisaremos la salud privada, donde se están produciendo algunos procesos delicados con los aumento de costos de la atención en clínicas, el consiguiente aumento de las primas de seguros médicos y la eventual pérdida de protección de los ciudadanos mayores. Lampadia

Con este informe continuamos nuestro análisis del sector salud, siguiendo con el seguimiento de los Servicios del Estado, en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.  

Los avances del Ministerio de Salud en el desarrollo de los mecanismos con los que ha recuperado su autoridad sobre las políticas sectoriales ante los gobiernos descentralizados, son muy importantes, y lo son aún más, la aplicación de mecanismos presupuestales y operativos que crean incentivos virtuosos para mayor eficiencia de los servicios. Veamos: 

Decíamos en el informe anterior que uno de los medios por los cuales el Ministerio de Salud ha recuperado el control y manejo en la aplicación de las políticas sectoriales en los gobiernos descentralizados, ha sido el Seguro Integral de Salud (SIS).

Referíamos que los 5,500 millones de soles que se entregan a las regiones mediante el Presupuesto por Resultados (PPR) no se están controlando bien. Es decir, el PPR no está funcionando adecuadamente. Si el gobierno regional no cumple las metas, no pasa nada, no se ajustan ni las metas ni los montos.

Lo que Arturo Granados y Edgardo Nepo sugieren es que el PPR debería adoptar el sistema del SIS, que transfiere 1,700 millones de soles mediante convenios a hospitales o a establecimientos del primer nivel. Pero el dinero se entrega por tramos cada cuatro meses, contra resultados. Con los hospitales se firma un convenio en el que se establece qué se va a producir y cuánto dinero requiere esa producción. Ese dinero se transfiere, como decíamos, por tramos, contra las pruebas de que el servicio ha sido dado. Es decir, el hospital envía el informe de producción y entonces se entrega el siguiente tramo.

Para los establecimientos de primer nivel, el SIS firma convenios de ‘pago capitado’ con los gobiernos regionales: es decir, una cantidad por persona, según el número de personas que cubre cada establecimiento. Ese pago incluye la promoción o prevención de la salud. Estos convenios definen productos y metas. La transferencia de dinero tiene una parte fija y una variable, que es del 20%. Si se cumplen las metas, se entrega el 20% variable. Los tramos sin trimestrales. 

Edgardo Nepo lo pone así: “…en el marco del Decreto Legislativo 1163, que dicta disposiciones para fortalecer el SIS, se introdujo el pago capitado para el primer nivel de atención de salud a partir del año 2013, para lo cual se estableció la población objetivo de cada establecimiento, se establecieron los servicios que deberían entregar, se calculó el costo de atención per cápita y mediante convenios de gestión se establecieron metas de producción que deberían ser alcanzados para realizar los desembolsos económicos”.

Con este mecanismo se asegura el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las metas establecidas. Granados explica que se ha desarrollado un sistema de monitoreo de todo lo que se produce, contrata y compra en medicamentos. Todas las atenciones a los usuarios entran al sistema mediante una ficha electrónica que registra quién ha sido atendido,  qué se le ha dado, etc. El gobierno regional sustenta sus pedidos con esas fichas y de esa manera el SIS es un financiador inteligente. Además, para verificar que la información que se pone en las fichas electrónicas es correcta, y hacer el seguimiento, hay equipos del SIS desconcentrados en cada región.

Pero, además, con este mecanismo ha sido posible priorizar la prevención, algo en lo que siempre se falló. Esto es importante, porque se supone que a mayor prevención menos atenciones curativas o recuperativas en el mediano plazo, menor necesidad de remitir al paciente a un centro de mayor complejidad para tratar un mal avanzado. Mejor salud para la población y menores costos para el Estado.

Pues bien, lo interesante es que eso es lo que está empezando a ocurrir. Según Edgardo Nepo, “este mecanismo de pago permitió revertir la relación entre atenciones preventivas (controles de crecimiento y desarrollo, chequeos, controles de embarazo etc.) y recuperativas (atención de enfermedades), de manera que el ratio entre ellas (Razón P/R) pasó de 0.69 el 2011 a 1.27 el 2015”. Eso se nota con claridad en el siguiente gráfico:

Evolución de la relación entre atenciones preventivas y recuperativas a los asegurados del Seguro Integral de Salud

Las atenciones recuperativas crecen menos, pero crecen. Esto se debe al mayor número de afiliados al SIS, que pasó de 12 a 16 millones en ese periodo.

La Nota de Política Pública del IEP, elaborada por un conjunto de instituciones y especialistas, confirma esta buena noticia: “…la inclusión del mecanismo de pago anticipado per cápita al primer nivel de atención asociado a indicadores de desempeño habría incrementado la utilización de servicios preventivos en forma significativa”.  

Además, el SIS contrata servicios privados de manera complementaria para el despistaje y detección temprana de los cánceres más frecuentes, la atención oftalmológica de escolares, la atención de urgencias y emergencias, etc.

Por eso, Granados sugiere que los 5,500 millones que están bajo presupuestos por resultados sean manejados por el SIS, que tiene ya una metodología avanzada que le permite entregar dinero por tramos contra resultados debidamente verificados. Es el verdadero presupuesto por resultados.

Pero, en lugar de eso, lo que está ocurriendo es lo contrario. El Ministerio de Economía incluyó un artículo en la ley de presupuesto para que a partir de agosto del 2016, es decir, del nuevo gobierno, el SIS no pueda contratar personal CAS para atender las necesidades del servicio en función de las metas establecidas, sino que cualquier contratación CAS deba ser autorizada mediante Decreto Supremo por el MEF. Sin esa facultad, el SIS pierde capacidad de gestión, que es la única gestión inteligente de los recursos en este momento. Su papel como asegurador público queda debilitado.

Por eso, la Nota de Política Pública antes mencionada recomienda “eliminar la prohibición del proyecto de Ley de Presupuesto 2016 de contratar a personal a través de la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) con financiamiento del SIS, particularmente en el primer nivel de atención”.

El temor del MEF es perder control sobre el número de contratados que luego suelen demandar su nombramiento. En tal sentido, la misma Nota antes citada recomienda que “…para un mayor control del ritmo de contratación de personal con fondos SIS, los hospitales y redes deberían justificar un plan de contrataciones CAS en función de criterios técnicos de necesidad del servicio. Los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de salud, deben sustentar, bajo responsabilidad, estos requerimientos frente al SIS”.

Lo que no toma en cuenta el MEF es que si el SIS administrara todos los presupuestos por resultados tal como lo está haciendo ahora con su parte, en el mediano plazo el gasto en atenciones curativas o recuperativas disminuiría en la medida en que el eje del servicio se traslade hacia la prevención. La mejor manera de prevenir la explosión del gasto, es prevenir la explosión de las enfermedades.

Nosotros pensamos que en el futuro el SIS debería contratar directamente con las “Redes Integradas de Servicios de Salud”, que es el modelo de atención al que deberá migrar el sector, donde el centro ya no es el establecimiento sino la red. En ella hay establecimientos de primer y de segundo nivel. Estos últimos pueden dar servicios itinerantes a los de primer nivel, que con frecuencia carecen de atención especializada, o directamente a las familias.

Podrían haber redes gestionadas por el sector privado, o establecimientos privados en una red. A la larga, el SIS, como seguro que es, debería poder contratar a la red o al establecimiento que mejores indicadores ofrezca, público o privado. Se trata de servir de la mejor manera posible a la población.

Este mismo tipo de resultados, han sido obtenidos por Essalud con los dos hospitales que se concesionaron en la modalidad de ‘bata blanca’. Ver en Lampadia: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. El esquema de asignar una población fija, convenir pagos preestablecidos por persona y fijar estándares operativos, es una innovación extraordinaria que debería ser fomentada en todos los sistemas de salud. Sin embargo, increíblemente, Essalud, está de retroceso con concesiones de ‘bata gris’, para dar gusto a sus médicos que pretender mantener su clamoroso nivel de servicio en todos los espacios posibles. 

Lampadia

¿Qué pasó?

Jaime de Althaus

Indicadores publicados recientemente por el INEI revelan que al mismo tiempo que la desnutrición crónica en menores de cinco años bajó de 19% el 2011 a 14.4% el 2015 (y en el área rural de 37% a 27.7%), lo que sin duda es una buena noticia, el porcentaje de niños de 6 a 36 meses con anemia, en cambio, que había venido bajando de 56.8% en el 2007 a 41.6% el 2011, invirtió la tendencia para empezar a subir a partir de ese año hasta llegar al 46.8% el 2014. Luego, el 2015, empezó a bajar nuevamente hasta el 43.5% el 2015, cifra todavía superior a la del 2011, pero indicativa de que por lo menos el fenómeno habría empezado a ser controlado (Datos de de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, del INEI (http://proyectos.inei.gob.pe/endes/images/PPR_2015.pdf). 

En otras palabras, el gobierno de la inclusión social incrementó la proporción de niños con anemia. Es decir, niños con retraso en el crecimiento y con problemas de atención y concentración en la escuela, dificultad para pensar y razonar y por lo tanto, con serios problemas de aprendizaje. Es inaceptable. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién o quiénes son los responsables?

La anemia está asociada a la falta de hierro en la alimentación. A partir del año 2009 el Estado peruano decidió atacar este problema repartiendo unos sobrecitos con un polvillo que contiene micronutrientes, básicamente hierro, que la madre debe mezclar con la papilla que le empieza a dar al bebé a partir de los 6 meses, y debe hacerlo diariamente durante 6 meses para abatir la anemia. Los años 2009 y 2010 se repartió 60 millones de sobrecitos, cantidad que alcanzaba, según el Dr. Mario Tavera, asesor en nutrición del ministerio de Salud, sólo para el 20% del universo objetivo. Sin embargo, el 2012 hubo una compra efectuada por Pronaa, pero se encontró hongos y se distribuyó muy poco.  

El doctor Oscar Ugarte, que fuera ministro de Salud al final del Gobierno de García, da la siguiente explicación: “Todo indica que un problema de gestión el 2012 hizo que no se comprara este insumo, lo cual repercutió rápidamente en el incremento de la anemia en zonas críticas sobre todo rurales y también repercutió en el promedio nacional los años 2013-2014. Esto se corrigió luego, por eso el 2015 ha vuelto a retomarse la tendencia decreciente de la anemia, aunque todavía es muy alta”.

Y, en efecto, la situación empieza a remediarse a partir del 2014, cuando se compra 164 millones de sobrecitos. El 2015 se adquiere 238 millones, cantidad suficiente para abastecer el 100% de establecimientos de salud de manera continua. Y el 2016 se está comprando millones de sobres[1].

Ugarte agrega: “De acuerdo a la información existente, en el período del ministro Alberto Tejada (el primer ministro de Salud de Ollanta Humala) cambiaron a todos los directores y funcionarios claves y se descompaginaron muchas de las cosas que se venían haciendo. No se hicieron procesos de compra de los micronutrientes, así como tampoco de la vacuna contra el virus del papiloma humano que ya se había comenzado a inicios del 2011, y otros. Eso trajo un retraso que se empezó a superar posteriormente, con la ministra Midori de Habich”.

El Dr. Herberth Cuba, por su lado, considera que una de las causas del aumento de los niveles de anemia ha sido la decisión de administrar el tema de la anemia por medio del Seguro Integral de Salud (SIS), que ha introducido trabas y dificultades para quienes no pertenecen a ese seguro. En el ministerio aseguran que no se requiere estar asegurado en el SIS para recibir los suplementos de hierro, pero Cuba insiste en que en la práctica la cosa funciona de esa manera. Habría que verificar.

De otro lado, el aumento de los índices de anemia no es el único retroceso observado. También se redujo la proporción de menores de 12 meses con vacunas básicas completas, de 77.2% el 2011 a 69.4% el 2015, y la proporción de menores de 36 meses con todas sus vacunas básicas para su edad, de 27.8% a 22.7%.

La explicación que nos da Washington Toledo Hidalgo, Coordinador Nacional de la Estrategia de Inmunización del Ministerio de Salud, sin embargo, no tiene nada que ver con el cambio de gestión. Según él, la caída en la cobertura se debe a que el 2013 hubo un cambio en la vacunación contra la poliomielitis. Hasta el año anterior ésta se administraba sólo por vía oral, pero unos 5 o 6 casos de parálisis flácida post vacunal (que deja secuelas) llevaron a que “los medios y grupos de interés presionaran por el cambio a la vacuna intra muscular. Y así fue, pero en la medida en que varios países hicieron ese cambio al mismo tiempo, se produjo un problema de abastecimiento a nivel mundial. Por eso tuvimos una caída en la cobertura el 2013 y sobre todo el 2014, pero el 2015 empezamos a recuperarnos”. Bueno, pero de todos modos se puede observar que se hizo el cambio de tipo de vacuna sin averiguar si había oferta a nivel mundial.

En todo caso, el hecho de que la cobertura de otras vacunas y servicios sí se haya incrementado en alguna medida, indicaría que no hay un problema generalizado de gestión, sino que éste se habría limitado a la compra de micronutrientes y de la vacuna anti polio. Sólo que allí hay una contradicción, pues la propia ENDES, que  registra una subida en los niveles de anemia entre 2011 y 2015, registra también que subió significativamente el porcentaje de niños que recibió suplementos de hierro (los famosos micronutrientes), y aumentó asimismo el porcentaje de niños con Controles de Crecimiento de Desarrollo (CRED) y, en menor medida, con vacuna Rotavirus (antidiarreica). Lo que es acá directamente contradictorio es la subida de la anemia y del porcentaje de niños con suplementos de hierro a la vez. Y que aparezca este dato en la ENDES sabiendo que no hubo compras de tales suplementos durante dos años. Algo no está funcionado en la ENDES.

Lo que sí es congruente es la evolución descendente de los niveles de desnutrición y el incremento de la cobertura del CRED y, en menor medida, de la cobertura de la vacuna Rotavirus (antidiarrieca), que sin duda colaboran, junto con el propio crecimiento de los ingresos de la población, a reducir los niveles de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años.  

Un interesante apunte final respecto del tema de la anemia es el siguiente: esta se redujo de 46.8% a 43.5% entre 2014 y 2015 (luego de haber estado aumentando), pero hubo departamentos en los que disminuyó mucho más y otros en los que empeoró, como podemos ver en el siguiente cuadro: 

PORCENTAJE DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014 Y 2015

Si bien a nivel nacional la reducción fue de 3.3%, en Amazonas cayó -14.4%, en Cajamarca -13%, en Huancavelica -10.3%, en Junín -10.1%, para citar los primeros cinco. En Ica, para irnos al otro extremo, la anemia se incrementó en 7.9%. Según los funcionarios del ministerio de Salud entrevistados, esto refleja la eficiencia relativa de los gobiernos regionales respectivos en el manejo de este tema, y por eso los gobernadores regionales de estas cinco regiones fueron distinguidos por el ministro de Salud con un reconocimiento.

Según Arturo Granados, si todas las regiones tuvieran el rendimiento de Amazonas, en tres años quedaría abatida la anemia en el Perú. Sería bueno que el MEF instaure un ‘presupuesto por resultados’  específico para este tema, con incentivos para los que obtienen mejores logros.

Agreguemos también que una estrategia complementaria, y seguramente más efectiva para reducir la anemia, consistiría en la masificación de un programa estilo Sierra Productiva que lleve a incrementar la producción de cuyes y ganado a fin de que los niños ingieran algo de carne y sangrecita en la papilla, lo que supone también una campaña de educación nutricional al respecto. Porque la anemia es producto de la falta de proteínas, de  hierro, que vienen en la carne y la sangre animal. 

Por último, debe advertirse que tampoco la solución es tan sencilla como distribuir sobrecitos con micronutrientes. En la actualidad se promueve que las madres acudan a la posta o el centro de salud para el Control de Crecimiento de Desarrollo (CRED) una vez al mes desde que el niño tiene seis meses. Allí se les entrega una caja con 30 sobrecitos y se les hace consejería sobre cómo preparar la papilla con el polvillo. Pero nada asegura que la madre cumpla, que realmente los mezcle y se lo dé todos los días a su hijo durante seis meses.

El ministerio está empezando a contratar a enfermeras o técnicos de salud recién egresados para que visiten regularmente las casas de las madres con niños pequeños. Pero se necesitaría un pequeño ejército de ese tipo de personal para llegar a un porcentaje significativo de familias y ni siquiera eso es fácil, porque hay zonas peligrosas a las que las enfermeras no pueden ingresar y casas que no dejan entrar a nadie. Aquí el programa debería ir de la mano con el plan de seguridad ciudadana del distrito o el barrio.

Pues un dato importante es que la anemia no es privativa del medio rural, sino principalmente del medio urbano e incluso de los sectores medios o altos. El 2014, cuando el 46.8% de los niños tenía anemia, en el quintil superior esa proporción llegaba al 24%. El asunto, pues, es complejo.

Existe además el problema de que cuando los niños empiezan a comer papilla, a los 6 meses de edad, ya están con anemia. El 64% de ellos lo está, según el Dr. Mario Tavera. Se está planteando, entonces, un proyecto para que los niños ingieran unas gotas de sulfato ferroso desde los 4 meses.  Pero eso todavía no ha sido presupuestado.

En suma, el inexcusable incremento de los niveles de anemia se debió principalmente a la suspensión de las compras de micronutrientes durante los dos primeros años del gobierno de Ollanta Humala, aunque hace falta precisar exactamente cuánto y en qué medida se dejó de comprar. “Ese es uno de los riesgos en el próximo cambio de gobierno si no se garantiza continuidad a procesos que deben ser mantenidos. En salud eso se paga caro, se paga con vidas”, nos dijo Oscar Ugarte. Y tiene razón.

Anexo:

Lampadia

En el suplemento especial del Ministerio de Salud (MINSA), publicado en el diario La República el día viernes 21 de agosto, se habla sobre la prevención de la anemia con micronutrientes, un tema social muy importante para el país.

La anemia infantil condena a nuestros niños a limitaciones, algunas de ellas irreversibles. La anemia infantil tiene un grave efecto en el crecimiento de un niño, afecta su desarrollo mental, conduce a problemas de atención, retrasos en su capacidad de lectura y bajo rendimiento escolar.

Según el MINSA, en el 2007, de cada 10 niños, 5 tenían anemia. Sin embargo, gracias a su programa de distribución de micronutrientes, se logró “reducir los índices de anemia en poco tiempo”. Ellos aseguran que hubo una reducción de 28% de acurdo a los centros de salud. Luego pasan a explicar los beneficios de estos sobrecitos de micronutrientes que estarían repartiendo de manera gratuita en módulos de atención en todo el país.

Ahora veamos las cifras oficiales, en el gráfico inferior, que fueron publicadas hace poco por la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del INEI (y además por Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo).

Como se puede observar, es verdad que la anemia infantil tuvo una apreciable caída entre el 2007 y el 2011, pasando de 56.8% a 41.6%. Lo que oculta el MINSA en su suplemento de cuatro páginas, es que a partir del 2011 las cifras vuelven a elevarse de manera alarmante, llegando a 46.8% en el 2014. La deplorable tendencia de los últimos años se registra tanto en el medio urbano como en el rural: hay más niños con anemia hoy que en el 2011 en el campo y en la ciudad. Sin embargo, el porcentaje de anemia infantil rural, casi 58%, es en especial alarmante.

De acuerdo con las cifras, Puno ocupa el primer lugar de los departamentos con mayor índice de anemia infantil con un 63.5%, seguido por Loreto, Junín, Madre de Dios, Huancavelica y Cusco.

Vale la pena recalcar que la asignación para el Producto Presupuestal  “Niños con suplementación con hierro” en el 2011 era de 15.4 millones de soles y en el 2014 esta cifra alcanzó los S/. 67.1 millones.

Según el congresista Juan Carlos Eguren, “el presupuesto 2015, asignado al proyecto ‘Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil’  asciende a S/. 17.7 millones de soles y solo se ha ejecutado el 16.6%, al séptimo mes del año.”

Por lo tanto, ¿qué podemos rescatar de este suplemento? Es una gran mentira que cita información engañosa. No se puede afirmar que se está reduciendo la anemia infantil, porque simplemente no es cierto. Tal vez en ciertos lugares específicos (como los módulos de atención que mencionan), si se ha reducido. Pero a nivel nacional, estamos mucho peor que antes.

En el 2011 hemos tenido un punto de inflexión que está condenando a nuestros niños a una situación deplorable, ya que esto puede tener impactos irreparables en el futuro. Fue en este año que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) cortó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), el cual tenía como objetivo combatir el hambre en las zonas más pobres del país, garantizando la seguridad alimentaria de la población peruana, contribuyendo a prevenir la malnutrición en niños menores de 12 años de edad y priorizando la acción hacia niños menores de 3 años de edad en situación de vulnerabilidad nutricional y mejorando su calidad de vida.

Este programa fue reemplazarlo por el Qali Warma, un nuevo esquema que demoró dos años en implantarse. Ahora se pueden ver los resultados. En Lambayeque, varios niños se intoxicaron tras consumir pan con atún del programa de alimentación escolar Qali Warma. Lo mismo sucedió en Ucayali. En total se habrían intoxicado más de 900 niños por alimentos en mal estado, llevando a la población a cambiarle el nombre de Qali Warma a ‘Qali Mata’.

El ministerio solo ha atinado a echarle la culpa a los proveedores.

No solo se tuvo problemas de alimentos en mal estado. En el mes de mayo, el presidente de la Asociación de Apafas de Lima y Callao, Edgar Trejo Cuentas, denunció que más 260 mil niños de 850 escuelas de inicial y primaria no recibían sus desayunos desde el inicio del periodo escolar 2015.

Se tiene que ver la realidad. El programa no está funcionando. Hay que reaccionar de una vez, antes que sea demasiado tarde. Lampadia

Ver el facsimil del suplemento mentiroso más abajo: