Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace pocos días se dio un paso importante en los trabajos de simplificación administrativa en el Estado peruano: se publicó el Decreto Supremo Nº 045-2019-PCM que aprueba el TUPA estandarizado de la Licencia de Funcionamiento, de aplicación obligatoria en todas las municipalidades del país. En realidad, el DL 1271 ya había simplificado requisitos para esta licencia, pero las municipalidades solían incumplir la norma haciendo cada una su propio TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) en el que exigían más requisitos de los establecidos o no respetaban los plazos. Lo que este decreto hace es estandarizar los procedimientos, requisitos, actividades y plazos, de modo que ya es muy difícil apartarse de ellos. Es un TUPA único modelo de aplicación obligatoria. Incluso para muchas municipalidades pequeñas es una ayuda porque no tienen que contratar una consultoría para que les haga el Tupa: lo toman directamente de esta norma.

La discrecionalidad para fijar el derecho de tramitación también desaparece, porque la metodología “micosto”, aplicativo vigente desde el 2010, se aplica ahora a actividades y plazos perfectamente acotados.

Fernando Cillóniz, sin embargo, declaró a Semana Económica: “La unificación de los TUPA es un paso importante, pero desconfío de la integridad de los funcionarios públicos pues [la obtención] de muchas licencias está dominada por mafias en muchos distritos del país. Digitalizar estos procesos sería mucho más conveniente”.

Sara Arobes, Secretaria de Gestión Pública, responde que los funcionarios que incumplan esta norma pueden ser sancionados y multados por la Contraloría, por la Oficina de Control Interno de la municipalidad. Indecopi, de otro lado, tiene que supervisar su cumplimiento e intervenir a pedido de parte o de oficio por causal de barrera burocrática. Sería bueno difundir los derechos de los administrados y los plazos, por ejemplo, para que los usuarios los conozcan y sepan qué mecanismos activar si no se cumplen. Una campaña radial sería útil.

Algo que lamentablemente no se ha podido arreglar hasta ahora es el hecho de que el Congreso derogara hace dos años la disposición contenida en el Decreto Legislativo arriba mencionado que eliminaba la obligatoriedad de las inspecciones técnicas cada dos años, que era –y es- causa y ocasión de mucha corrupción. Debería verse la forma de reponer esa disposición, pasando a un sistema de fiscalización del cumplimiento de la norma. A falta de eso, cuando menos se ha logrado que en los negocios de bajo riesgo, la inspección técnica en seguridad pueda hacerse a posteriori, luego de otorgada la licencia. Pero de todas maneras dicha inspección debe renovarse cada dos años. Lo que podría hacerse por decreto supremo es que la renovación en este último caso sea automática, pero al parecer no hay decisión política para dar ese paso.

Lo que todavía se va a demorar en salir por lo menos hasta el segundo semestre de este año, es el TUPA estandarizado de la Licencia de Construcción, que contiene más de 100 procedimientos. Una vez que esto entre en vigencia, se habrá estandarizado alrededor del 70% de los trámites en las municipalidades.

Los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)

Los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) sirven para determinar si un trámite es realmente necesario o no. Hasta el momento han sido revisados un total de 1,041 trámites correspondientes a 10 sectores, y el resultado ha sido que un 38% de los trámites ha sido eliminado o declarado improcedente. Es decir, solo han quedado validados 647 procedimientos, equivalentes a un 62% del total. Sin duda una reducción importante.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/analisis-de-calidad-regulatoria/
(Elaboración propia)

Los sectores que ya pasaron el ACR son la PCM, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, Cultura, Relaciones Exteriores, Mujer, Agricultura, Trabajo, Producción, Justicia y Vivienda. El resto de sectores debe estar terminado a más tardar en junio de este año. 

Podemos ver algunos sectores con algún detalle.

Por ejemplo, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo hay 92 trámites o procedimientos administrativos. De ellos han sido eliminados un 41% de trámites en total (los declarados improcedentes se mantienen como una función interna de la entidad, pero dejan de exigirse al administrado, de modo que para efectos prácticos resultan eliminados también). Eso significa que muchas autorizaciones que había que obtener o informaciones que había que dar, ya no son necesarias. Y del 59% que resultaron validados, la tercera parte (21%) fueron simplificados.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-001-2018-CMCR-ST.pdf
(elaboración propia)

El sector Agricultura tiene una gran cantidad de trámites (341): 27% de ellos fueron eliminados. Del 73% que fue validado, algo menos de la mitad (31%) fue simplificado.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Informe-DS-130-2018-PCM-segundo-grupo-ACR-VF.pdf
(elaboración propia)

En el siguiente grafico podemos ver el sector agricultura desagregado en sus distintos organismos. En el caso del ministerio como tal, la reducción de trámites alcanzó casi a la mitad. Y en el caso del Senasa, una entidad clave para las exportaciones agrícolas no tradicionales, que tenía 124 trámites, la reducción llega al 30%. Además, de los 88 trámites validados en esa entidad, 63 deben ser simplificados. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), por su parte, que es importante también para la minería, resultó con 35 procedimientos validados (de los cuales 2 deben ser simplificados) y 12 improcedentes.

Fuente: Idem

En el sector Ambiente, incluyendo sus organismos públicos, hay solo 20 trámites, de los cuales el 45% resultó eliminado. En el caso del Senace, que ve los estudios de impacto ambiental detallados para la minería y otros sectores, de 9 procedimientos solo se eliminó 1 pero dos fueron simplificados. Y los 3 trámites que había que hacer ante la OEFA fueron declarados improcedentes.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-001-2018-CMCR-ST.pdf
(elaboración propia)

En el caso del Ministerio de la Producción, de los 150 trámites que tenía, un 30% ha sido eliminado. Además, hay 10 trámites que han sido fusionados.  

Se ha eliminado, por ejemplo, la inscripción o renovación en el registro de laboratorios acreditados para realizar análisis; la adecuación de licencia de operación de plantas de procesamiento industrial de macroalgas; la modificación de concesión para el desarrollo de la acuicultura de Mediana y Gran empresa; el permiso/certificado cites de importación o reexportación de especies hidrobiológicas, productos o subproductos provenientes de la acuicultura; la adecuación de permiso de pesca de menor escala para la extracción del recurso anchoveta; la renovación de inscripción de asociaciones de las MYPE y comités de MYPE en el registro nacional de asociaciones de la micro y pequeña empresa – RENAMYPE, la solicitud de actualización del estudio ambiental aprobado para proyectos de inversión del sector pesquero y acuícola, etc.

Además, según el informe de la Secretaría de Gestión Pública, el PRODUCE actualmente se encuentra en proceso de mejora de su marco regulatorio, lo que incidirá en 48 procedimientos o trámites que tendrán que adecuarse y pasar también por el ACR.[1]

El sector Trabajo es el que ha experimentado la mayor reducción  de trámites. En el siguiente gráfico podemos ver que sólo ha sobrevivido sin modificación un 15% de los 112 trámites del sector, y 78% ha sido eliminado o declarado improcedente:

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-003-2019-PCM-version-final.pdf
(Elaboración propia)

Quizá no sea casualidad que Trabajo sea de lejos el sector más burocratizado. Yendo al detalle, vemos que ninguno de los 6 trámites de Sunafil ha sido validado, y tampoco ninguno de los 15 trámites de Essalud. El grueso de trámites corresponde al ministerio como tal, donde el 72% ha sido eliminado.

Faltan

Hay tres sectores importantes para la actividad productiva y el bienestar de la población cuyos ACR aún no salen, que son Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Salud. En el segundo caso, Sara Arobes nos dijo que la Secretaría de Gestión Pública (SGP) hizo dos presentaciones hace algo más de un año en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pero que no habían recibido una propuesta de reducción de trámites por parte de dicho gremio. Consultado al respecto Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE, nos informó lo siguiente: “Tenemos 3 mesas ejecutivas una para cada sector en el MEF, en las que venimos discutiendo la simplificación con algunos avances. Allí participan todos los actores públicos.  Tienen todas nuestras propuestas. Muchas discusiones y algunos resultados, pero nada dramático ni significativo aún”. No obstante, ante la consulta nuestra señaló que presentarían sus propuestas a la SGP.

El caso de Salud está resultando complejo sobre todo por la cantidad de trámites en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y la aparente resistencia a desmontarlos. Los gremios vinculados a medicamentos, equipos médicos y cosméticos se quejan de corrupción y de que se exige a productos que son de bajo riesgo los mismos trámites y requisitos que los que se pide para medicamentos de alto riesgo. El resultado es que obtener registros sanitarios es muy complicado o costoso y la población no tiene acceso suficiente a productos de calidad y a un costo razonable. Este sector, entonces, es crítico. Debería simplemente autorizarse automáticamente todo producto que cuente la licencia de la FDA norteamericana o del organismo equivalente de la Unión Europea.

Hay incluso una demanda ante el Indecopi para declarar barrera burocrática el TUPA de la DIGEMID. Esa demanda ha sido ganada pero la resolución aún no se publica.

Sara Arobes que nos informó que un problema en Salud es el cambio de ministros con excesiva frecuencia, lo que lleva a comenzar casi de cero cada vez. En todo caso, ese sector tiene un avance del 60%. Para el tema de la Digemid, la DGP está trabajando con la Cámara de Comercio de Lima.

Segunda revisión de los 100 más costosos

De todas maneras, se espera culminar con todos los ACR del Ejecutivo para junio de este año. Con todo ese trabajo se hará un Catálogo de Procedimientos, para entrar luego a una segunda revisión ajustando más los trámites. Para comenzar, se seleccionarán los 100 procedimientos más costosos para someterlos a un nuevo ACR, con información que brinden las empresas, a fin de reducir requisitos y tiempos en cada uno de ellos, es decir, reducir la carga administrativa que representan. Y se digitalizarán. Esto empezará en julio.

Gobiernos Regionales

Ahora bien, todo lo que hemos reseñado incluye solo a las entidades del gobierno central, del Poder Ejecutivo. Para los gobiernos regionales se elaborará 200 tupas estandarizados. Ese trabajo será licitado para que una empresa lo haga, y será financiado con cargo al proyecto BID. Se espera comenzar el tercer trimestre priorizando sectores productivos en los que los gobiernos regionales tienen incidencia, como pesca artesanal, turismo, minería artesanal, y forestal.

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA)

El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), como sabemos, se centra no en los trámites que se imponen al usuario, sino en las normas mismas que regulan las actividades productivas o de servicios. Sirve para determinar si una norma se justifica o no, si crea más perjuicios que beneficios. Se espera comenzar con esta tarea hacia fines de año. Lo primero es producir un reglamento con la metodología y luego capacitar a los funcionarios en su aplicación, porque luego de ello toda norma que salga del Ejecutivo tiene que venir con su RIA. Pero se comenzará con los sectores que incidan más en la competitividad. La elaboración del manual ya ha sido licitada.

Luego de ello, el próximo año se empezará a revisar el stock de normas en 8 sectores, también los más vinculados a la actividad productiva. Esto también se hará con el apoyo del Proyecto BID. No será fácil. Según Arobes, a México le tomo 18 años generalizar este proceso en su Estado.

Equipo precario

Vale la pena comentar que todo el trabajo de revisión de los ACR en la SGP está siendo ejecutado por un equipo de apenas 11 personas, que tiene otras tareas además de los ACR. Ese equipo, muy meritorio y esforzado, requiere ser fortalecido y estabilizado, pues, además, sufre de una alta rotación. Los 11 están allí con contratos CAS y con límites salariales. Aprenden y se van a otros organismos. Resulta sorprendente que estando SERVIR en la PCM, ésta y sus Secretarías no hayan avanzado suficientemente en el tránsito hacia la aplicación del régimen de la ley de Servicio Civil, para tener un cuerpo de funcionarios estable y meritocráticamente seleccionado y evaluado. El ejemplo debería comenzar por casa.

ANEXO

Como ya hemos destacado en anteriores ocasiones, el desarrollo maderero y la reforestación (diferente al cuidado de los bosques), son en nuestra opinión una gran oportunidad de desarrollo productivo y ambiental. Por ejemplo, solo en la sierra peruana tenemos 7 millones de hectáreas con capacidad de reforestación. Con sembríos industriales de árboles podemos compensar no solo nuestras propias emisiones actuales y futuras, sino también, seguramente, las de buena parte del resto del planeta. Los bosques jóvenes, a diferencia de los maduros, tienen un alto metabolismo, es decir una alta capacidad de absorber y de fijar el carbono de la atmósfera por muchos años. Ver en Lampadia: Madera: Fabulosa reserva productiva.

El Perú ha desaprovechado la riqueza de sus bosques. Basta ver el mapa del Perú con cierto detenimiento para descubrir que el 50% de nuestro territorio está cubierto de bosques naturales (68 millones de hectáreas). Somos el segundo país Latinoamericano con esta riqueza y décimo primero a nivel mundial. A pesar de ello, hemos despreciado este inmenso potencial como se ve expresado en que nuestras exportaciones no llegan ni al uno por ciento de la demanda global por recursos forestales. Como hemos señalado en Lampadia, este es un desperdicio sin nombre, que las regulaciones actuales no llegan a corregir y se ve agravado por la tala ilegal que sufre la selva amazónica al punto de poner en riesgo de extinción especies como la caoba.

Esta es la razón por la que queremos destacar el gran trabajo de la empresa nacional Reforesta Perú, la cual obtuvo el reconocimiento especial del año “Mérito a la Innovación: Innóvate 2017” en diciembre del año pasado, otorgado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través de Innóvate Perú, por promover la recuperación y puesta en valor de las tierras degradadas de la amazonia peruana, a través de una tecnología de mejoramiento genético de las plantaciones forestales clonales.

“Si nosotros reforestamos 3 millones de hectáreas de los 10 millones de hectáreas que ya están deforestadas en la Amazonía, seremos una potencia mundial en forestales. De manera que estamos muy vinculados a las políticas públicas del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de la Producción porque la cadena productiva empieza en la ciencia, a biotecnología y la genética, y termina en muebles, partes y piezas para exportar al mundo”, declaró Enrique Toledo, gerente general de Reforesta Perú.

Reforesta Perú recibió el cofinanciamiento de Innóvate Perú para desarrollar protocolos para la producción de plantones clonales de siete especies maderables nativas amazónicas, como la caoba, cedro, tornillo, capirona, marupa, estoraque, quinilla, en base a semilla vegetativa de árboles plus en la Región San Martín.

La innovación desarrollada por esta empresa tiene un alto impacto en el medio ambiente, genera mayores puestos de trabajo e impulsa el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas. Para saber mas sobre este gran proyecto, compartimos un video muy informativo:

Promovamos el sector forestal

Ya se ha demostrado que la rentabilidad de la producción maderera que proviene de plantaciones forestales es muy superior a la producción en bosques naturales. “Tanto es así que en una hectárea de bosques naturales la producción maderera genera una rentabilidad de entre 20 a 100 dólares, mientras que en una hectárea de plantaciones forestales se obtiene una rentabilidad de entre 1,500 a 1,800 dólares”, según publicó Gestion.

Nuestro país vecino, Chile, tiene instalado casi tres millones de hectáreas de plantaciones forestales y genera exportaciones en este rubro por más de US$ 8,000 millones mientras que el Perú no supera las 100 mil hectáreas a nivel nacional y sus exportaciones forestales anuales están por debajo de los US$ 400 millones.

Como hemos señalado en Lampadia, “el potencial de desarrollo del sector forestal en el Perú debería ser del orden de cinco veces el de Chile, y constituye un buen ejemplo de una magnífica oportunidad que se está desperdiciando para generar una producción forestal” de más de 40,000 millones anuales, dando empleo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la de la sierra.

Como afirma Gestion ¨Una de las tareas del presidente Vizcarra en materia agraria debería ser la de instalar un millón de hectáreas de plantaciones forestales al año 2021. Si se logra alcanzar esta meta, se estima un aumento de hasta US$ 1,800 millones en las exportaciones madereras permitiendo adicionar anualmente hasta 1.7 puntos porcentuales al crecimiento del PBI agrario y generar más de 500 mil nuevos puestos de trabajo.”

Como señaló en Lampadia, antes de su sensible fallecimiento, Antonio Brack Egg, uno de los mayores problemas que impiden el desarrollo de la industria forestal es que “el estado no garantiza los derechos de los inversionistas y eso empezó antes del 2006, cuando un grupo de personas, cerca de Atalaya, invadió un campamento forestal con una inversión española calculada en 36 millones de dólares, quemó el campamento, se robó todo lo que podía llevarse, y gente política del gobierno de aquel entonces los apoyó. Eso paralizó enormemente. Tenemos que ser conscientes: El sector forestal en el Perú puede ser un sector económicamente poderoso, fuerte, pujante, pero tenemos que dar el marco y el control para que eso se verifique, y dar confianza al inversionista”.

Por lo tanto, si queremos desarrollar este sector, es necesario que el gobierno promueva inversiones privadas rentables de largo plazo, además de reducir regulaciones engorrosas y disuasivas de su desarrollo.  

Es hora de que empecemos a desarrollar esta industria y que apuntemos a ser una potencia maderera. Como es el caso de la explotación de otros recursos naturales, este desarrollo permitiría múltiples encadenamientos con otros sectores, una gran demanda de empleo de calidad, mayores exportaciones y recursos fiscales. Lampadia

Hace pocos días, el Ministerio de la Producción consideró necesario retirar su conformidad al desarrollo de un centro comercial de propiedad de extranjeros en Tacna, dada la interpretación de una disposición constitucional que viene desde 1920.

Fuente: landscare.org

El eventual desarrollo de dicho centro comercial originó una serie de movilizaciones de grupos minoritarios de Tacna, dado que la mayoría de los tacneños, según encuestas reportadas por Ipsos, está a favor de su desarrollo. Además de las movilizaciones de tacneños, llama la atención el involucramiento en el tema de organizaciones académicas y de ciertos grupos de élite, como el llamado Grupo Basadre, que usurpando el espíritu peruanista de nuestro insigne historiador Jorge Basadre, se presentan como anti-chilenos radicales, cuando Jorge Basadre nunca lo fue.

Líneas abajo compartimos con nuestros lectores el lúcido artículo de Alfredo Torres sobre una prohibición inconveniente.

El veto constitucional que impide la inversión privada extranjera en zona de frontera

Una prohibición centenaria

Alfredo Torres
Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
El Comercio, 20 de agosto de 2017

“El Perú tiene nueve regiones que ven limitado su desarrollo por la interpretación vigente del artículo 71 de la Constitución”.

“Por Tumbes y Tacna ingresan en conjunto 1,2 millones de turistas al año. La cifra podría duplicarse para el 2021 si se abren esas economías a la inversión extranjera”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

La historia ha demostrado reiteradamente que los países que más progresan son los que abrazan la modernidad, mientras que los que se quedan rezagados son los que se aferran al pasado y se encierran en sus fronteras. El Perú ha venido haciendo en las últimas décadas valiosos esfuerzos por abrirse al mundo, logrando así reducir significativamente la pobreza, sin embargo, todavía conserva ideas y normas de otros tiempos. Uno de estos casos es el artículo 71 de la Constitución que establece que los extranjeros no pueden adquirir ni poseer ningún tipo de propiedad dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, salvo caso de necesidad pública y con aprobación del Consejo de Ministros.

Cuando se rastrea el origen de esa norma, se llega a la Constitución de 1920, nueve años antes de que el Tratado de Lima resolviese el retorno de Tacna al Perú. Era lógico que el Perú tomase precauciones entonces, para evitar que más chilenos se afincasen en Tacna y pudiesen votar en el esperado plebiscito del retorno a la patria. La desconfianza fronteriza continuó, con altibajos, hasta fines del siglo XX, con lo cual la disposición se mantuvo en las constituciones de 1933, 1979 y 1993. Felizmente, nuestras relaciones con los vecinos cambiaron radicalmente con el acuerdo de paz firmado entre el Perú y Ecuador en Brasilia en 1998 y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 2014 que cerró el diferendo marítimo entre el Perú y Chile. 

Sin embargo, la vieja disposición subsiste, frenando el desarrollo de las ciudades de Tacna y de Tumbes –que quedan dentro de los 50 kilómetros de frontera– y de innumerables poblaciones en esas regiones y en Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno. Al impedirse esta inversión no se pueden instalar, por ejemplo, hoteles de cadenas internacionales, que serían muy útiles para atraer un mayor flujo de turistas de los países vecinos. Tampoco se puede recibir inversión extranjera para construir un centro comercial o un cine si no puede demostrar su utilidad pública y previa aprobación del Consejo de Ministros.

Precisamente, en estos días el Gobierno ha frenado la construcción de un centro comercial en Tacna como reacción a la oposición cerrada de comerciantes –la mayoría informales– temerosos de enfrentar una competencia moderna, acompañados de algunos veteranos políticos, militares retirados e intelectuales nacionalistas. Unos y otros empezaron a organizar marchas, artículos y pronunciamientos para oponerse al proyecto en defensa de la patria, como si un centro comercial representase un riesgo para la seguridad nacional. 

En todas las encuestas efectuadas en Tacna –incluida una de Ipsos– se encuentra que la mayoría está de acuerdo con que se permita una inversión extranjera para construir un nuevo centro comercial. El apoyo popular es lógico: el centro comercial generaría 5 mil puestos de trabajo formales y una notable mejora en su calidad de vida. Lamentablemente, el apoyo de la mayoría no es suficiente. Como ocurrió con el aeropuerto de Chinchero, bastó con que políticos ansiosos de figuración acusaran al gobierno de ‘lobbista’, de querer favorecer a inversionistas privados, para que se desate una crisis que llevó a la caída de dos ministros y a que el proyecto se paralice. Los mismos políticos oportunistas y algunos más contrarios a la inversión privada tenían en el proyecto de Tacna –si el Consejo de Ministros lo aprobaba– la excusa perfecta para pedir la censura del Gabinete acusándolo no solo ya de ‘lobbista’ sino de antipatriota.

El gobierno se ha salvado de un riesgo político mayor, pero a costa de frenar el desarrollo de Tacna. Comprensiblemente, los tacneños están ofuscados. El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, ha declarado que no podemos quedarnos congelados en los años 20, que la norma es absurdamente restrictiva, que debemos buscar una solución integral y definitiva para el desarrollo de todas las fronteras, que los gobernadores pueden plantear al Congreso que se declare de necesidad pública la inversión extranjera en su región. La ruta es plausible, pero hay que actuar rápido.

Por Tumbes y Tacna ingresan en conjunto 1.2 millones de turistas al año. La cifra podría duplicarse para el 2021 si se abren esas economías a la inversión extranjera en turismo y comercio, con la consiguiente creación de miles de empleos formales y mejora de la calidad de vida de la población. El Perú tiene nueve regiones que ven limitado su desarrollo por la interpretación vigente del artículo 71 de la Constitución. Todas con oportunidades para progresar en diversos sectores sedientos de inversión.

 Esta semana se reúnen los gobernadores regionales con el Gobierno Central en el GORE Ejecutivo. Es una excelente oportunidad para revisar el tema. Los congresistas de las regiones de frontera deben también sumarse a esta causa. El desarrollo del siglo XXI no puede seguir frenado por una prohibición centenaria.

Veamos algunos párrafos de dos publicaciones que destacan lo absurdo de la disposición constitucional indicada:

• En el año 2009 el Tribunal Constitucional emitía una sentencia por la cual un ciudadano italiano quedaba impedido de registrar un inmueble a su nombre, predio que heredó de su madre, también italiana, debido a que el inmueble está ubicado en Tacna y como extranjero no puede ser propietario ni poseedor de tierras que están ubicadas a menos de 50 Km. de la frontera, salvo que sea necesidad pública (Artículo 71 de la Constitución).
• Hace días la compañía Sodimac, parte del grupo chileno Falabella, compró el 100% de las acciones de la empresa Maestro Perú por un valor total de S/. 1,404 millones, el paquete adquirido incluye las 30 tiendas de Maestro entre ellas la tienda de la ciudad de Tacna, ubicada en la Prolongación 2 de mayo a unos 31 Km. de la frontera, convirtiéndose así, quizás sin proponérselo, en la primera de su tipo en tener una tienda en una ciudad peruana fronteriza.

Ver: La compra de Maestro por Sodimac y el artículo 71 de la Constitución, por Félix Villanueva

• El artículo 71 no solo limita la propiedad, sino también el alquiler de inmuebles. Si uno revisa en detalle la norma, esta especifica que “los extranjeros no pueden adquirir ni poseer título alguno”. Jurídicamente hablando, poseer se interpreta como alquilar y esto agrava aún más la situación.

Ver: El desarrollo fronterizo y el artículo 71, por Aldo Fuster

Así es como los peruanos debilitamos nuestro desarrollo, especialmente el de las poblaciones emergentes de nuestras fronteras, causando un daño severo a aquellas menos integradas a la vida nacional, como son las de Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno, que no tienen la misma dinámica de Tumbes y Tacna. Esperamos que en los próximos días se pueda reflexionar adecuadamente sobre esta trampa constitucional.

Lampadia

La pesca es una actividad productiva muy significativa para el Perú y un sector importante de exportación. Por el momento, sin embargo, no explotamos todo nuestro potencial. Mientras que en el mundo el 50% de la pesca es extractiva y el resto acuícola, en el Perú tenemos 98% de pesca extractiva y sólo 2% acuícola.

El clima estable durante la mayor parte del año y la diversidad de cuerpos de agua continentales proveen condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad acuícola. Con cerca de 2,500 kilómetros de costa, la fría corriente de Humboldt es el hogar de una gran diversidad de especies de peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y algas. Además de las aguas saladas, tenemos otro frente con importante potencial productivo en los ríos de la selva y las cochas de la sierra.

El Grupo Hochschild ya exporta paiche al mercado europeo

Fuente: Diario Gestión

Los mares del mundo ya están muy estresados por los volúmenes de pesca extractiva y se espera que la acuicultura pueda seguir creciendo en proporción del total de la pesca para que la humanidad aproveche la excelente calidad de la proteínas ictiológicas.

Acuicultura de Huaura (Acuahuaura), empresa del Grupo Redondos, que se dedica al cultivo Super intensivo de Tilapia

La acuicultura, después de estar décadas como entenada del sector pesquero proyecta convertirse en uno de los nuevos motores de nuestro crecimiento económico. Según el Viceministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Requejo, “con la reciente (fines del 2015) aprobación de inversiones acuícolas por más de S/. 92 millones y la ampliación de la frontera acuícola para nuevas inversiones en casi 25,000 hectáreas, en los próximos cinco años podríamos tener un crecimiento lo suficientemente importante como para aportar el 15% del PBI”.

El Perú es el primer exportador de harina y aceite de pescado en el mundo. Se trata de productos que se distribuyen a más de 100 países en los cinco continentes, entre los que destacan China, Alemania, Japón y Chile. Uno de sus principales aplicaciones es justamente la base de alimentación en los desarrollos de acuicultura.

Entre los años 2003 y 2014 el valor de las exportaciones pesqueras se incrementó en 165%,  alcanzando los 2,724 millones de dólares; de los cuales el 62% correspondió a productos para el segmento de CHI (consumo humano indirecto) y el 38% restante al segmento de CHD (consumo humano directo). Ver en Lampadia: Sembrando peces para cultivar oportunidades.

El enfoque del gobierno actual para el manejo del sector pesquero no ha sido el más feliz. En Lampadia lo hemos criticado con mucha fuerza. Ver: Graves fallas del ordenamiento pesquero y Más sobre el ordenamiento pesquero.

Sin embargo, ahora, así como criticamos al Ministro de la Producción Piero Ghezzi por lo indicado líneas arriba, hoy debemos celebrar su compromiso con el desarrollo de la acuicultura. Con el fin de impulsarla, creó una Mesa Ejecutiva Sectorial Acuícola de la mano con el sector empresarial, la cual rápidamente identificó 24 barreras tales como el elevado riesgo sanitario, sistema de trazabilidad débil y poco confiable e informalidad, entre otros. Ver más información sobre las reformas y logros de esta mesa en la sección Documentos de Lampadia:  Mesa Ejecutiva Sectorial Acuícola.

Fuente: Ministerio de la Producción

Para abordar estas barreras, se organizaron reuniones descentralizadas y plenarias. Por ejemplo, en Piura, se ha conformado el grupo de trabajo de Sechura que viene abordando el ordenamiento, los problemas ambientales y sanitarios de la bahía, para temas de la concha de abanico.

Según Ghezzi, el SANIPES (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera), creado en este gobierno, permitirá la apertura de mercados al sector pesquero. Esto se debe a que este realizará un trabajo similar al del SENASA  con las  agroexportaciones, que apoya en el ingreso de nuestros productos a diversos mercados globales. Confirmando el incipiente desarrollo de la acuicultura en el Perú, Piero Ghezzi afirmó: “Mientras que en el mundo el 50% de la exportación pesquera es por la actividad acuícola, en el Perú solo llegamos a 1.5%, el resto es por la actividad extractiva”.

La multiplicación de los peces puede haber sido un milagro hace dos mil años, pero hoy día sabemos que está a nuestro alcance cotidiano, se llama acuicultura. Por fin estamos empezando a aprovechar esta gran oportunidad que representa una magnífica contribución a las necesidades de alimentación de calidad de la humanidad. Lampadia

El pasado viernes 15 de abril, el Diario Gestión, página 11, publicó la nota que reproducimos líneas abajo en la que afirmaron que el 70% de la industria peruana estaba ociosa. Peor aún, la nota de marras se basaba en una publicación de PRODUCE, el Ministerio de la Producción.

No es la primera vez que Gestión hace publicaciones muy cuestionables, como hemos indicado varias veces en Lampadia. En este caso, solo haría falta tener un mínimo criterio para comprender que si el sector industrial de un país está parado en un 70%, este sería un fenómeno que no podría pasar desapercibido para nadie. Es el colmo que algo así pase en el diario de negocios del país.

En esta ocasión, no llegamos a entender el error de PRODUCE. Tal vez se les coló un súper bug en su área de prensa, pero se les volvió a colar a todos los funcionarios que supuestamente leen los diarios nacionales. O, tal vez, ya no leen Gestión.

Ver el recorte de Gestión:

No es factible que el sector industrial opere al 30% de su capacidad. Produce reporta además, que el uso de la capacidad instalada para los siguientes sub-sectores es: fabricación de tableros electrónicos (0.2%), productos de madera (2.4%) y productos refractarios (8.9%). ¿Alguien pensaría que esto es correcto?

Siguen los datos:

• Caída de la producción:                                              6% (PRODUCE)
• Caída del empleo industrial:                                      3% (Ministerio de Trabajo)
• Caída de utilización de capacidad instalada:          20% (PRODUCE)

Evidentemente, nada cuadra.

Hasta diciembre del 2013, el BCRP producía un indicador de capacidad instalada, pero tomaba el cuidado de llamarlo ‘indicador indirecto’. Desde entonces, ha dejado de producirlo por su falta de representatividad. Sin embargo, como puede verse en el siguiente gráfico, PRODUCE continua publicándolo, sin reparar en su obvia falencia.

¿Cómo miden este indicador en otros países?

– Mediante encuestas a los productores, con las siguientes preguntas:

• Chile:                          ¿Cuál es el nivel de utilización de su capacidad instalada?
• Colombia:                  Determine el nivel de utilización de la capacidad instalada
• México:                      ¿Cuál es la capacidad de planta utilizada?
• Unión Europea:        ¿A qué capacidad está operando su empresa actualmente?

¿Cómo evolucionó el sector industrial en la región en los últimos años?

Ver el siguiente cuadro publicado por el Banco Mundial:

Como puede apreciarse en el gráfico, la performance del sector industrial peruano entre el año 2000 y 2014 ha sido superior a la de los países presentados e igual a la de Chile (país del que nos habíamos alejado) para luego alcanzar su ritmo de crecimiento nuevamente. Sin embargo, según los reportes de los gobiernos de los mismos países, el Perú estaría en medio de un colapso del sector industrial. Ver los reportes oficiales de utilización de capacidad instalada en el siguiente cuadro:

La pregunta cae por sí sola: ¿con ese ritmo de crecimiento del sector industrial, cómo puede ser que hoy tengamos en uso solo el 30% de nuestra capacidad instalada? La palabra adecuada para calificar esto es: ‘patético’.

Evidentemente esta información tan distorsionada e inconsistente puede generar mucho daño al sector y a la economía del Perú. Por ejemplo, puede afectar severamente la calificación de riesgo del sector, la disponibilidad de financiamiento, el costo del levantamiento de deuda y colocación de papeles y su atractivo como destino de inversión.

¿Qué podemos hacer?

• Desarrollar mediciones eficientes sin tener que inventar la pólvora, como le gusta al Ministro de la Producción.
• Cambiar de ministro – Pues falta poco.
• Reformar el Diario Gestión. – Ojalá esté en los planes de sus accionistas.

No es usual que en el país se rebatan con claridad, contundencia y sustentos los desaguisados de las autoridades y de los medios, pero creemos que los ciudadanos, que necesitamos buena información, debemos reclamarla con toda fuerza. Lampadia

Entrevista a Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía

Por José Carlos Reyes

(Gestión, 05 de febrero del 2015)

El flamante presidente de la SNMPE descarta división con las empresas eléctricas. Falta de liderazgo político evita reducir las trabas que retrasan las inversiones, subraya.

Se especula que hay malestar entre las empresas eléctricas, al no sentirse representadas en la sociedad. ¿Se podrían retirar del gremio?

Sinceramente no lo creo. Creo que al fragor de las elecciones siempre hay opiniones o palabras altisonantes, pero más allá de eso no hay nada importante.

Esto pasó en las empresas de hidrocarburos, que luego formaron su propio grupo.

No lo veo así. Lo de la Sociedad de Hidrocarburos fue como lo que ocurre en el sector minero, donde a la vez existen otras instituciones como la Cámara Minera, el Instituto de Ingenieros de Minas, entre otros, y eso no significa ningún disenso.

¿Cuál será el principal objetivo de su gestión para los próximos dos años?

Ser capaces de transmitir el mensaje de que el tiempo para el país es más importante que cualquier otra cosa. Convocar a los peruanos para hacer los mejores esfuerzos para que los proyectos no se detengan. No puede ser que vivamos pensando de que, al quedar año y medio para las elecciones, será un tiempo perdido.

¿En los últimos tres años hubo avances para resolver las trabas burocráticas para impulsar las inversiones?

No es el Ministerio de la Producción el que pone las dificultades. Son más bien en los otros ministerios donde vienen las trabas. Y también en los municipios. En un proyecto se pueden requerir hasta cuatro mil permisos. Cada municipio tiene un TUPA distinto, con trámites diferentes, es una locura.

Para este año se espera un repunte de la minería. Se estima que la producción de cobre crecería 10%, ¿coincide?

Mis expectativas son otras pero prefiero no fijar un número. La pregunta es ¿estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para que no se detengan las inversiones y el crecimiento del país? Los proyectos mineros energéticos tienen periodos de vida de 50 años en promedio. A quién le importa quién va a ser el próximo presidente del Perú. No tiene importancia para el sector. Acá ha habido gobiernos revolucionarios, terrorismo y hemos seguido invirtiendo igual.

¿Y si gana alguien con un perfil antiminero?

Será antinacional. Yo no creo que a estas alturas haya alguien así. Pero tiene que haber gente con liderazgo, que sea capaz de convocar a sus colaboradores y les diga nuestras fuerzas y debilidades como país, los objetivos para los que tenemos que trabajar, desde el sector ambiental, regulatorio, etc. Me preocupa que a un político le escuché decir que si creemos que vamos a vivir dentro de 50 años de la producción de minerales es una utopía. Ese pobre chico no ha hecho un análisis estratégico del país como lo hace cualquier corporación. Tenemos que ocuparnos de que lleguen a posiciones de gobierno gente que tenga ideas claras.

¿Lo dice por el presidente Humala? ¿Cree que no está valorando al sector?

Así lo he escuchado hace unas semanas. No le veo convicción sobre la importancia de la industria minero energética. Y la falta de liderazgo político está retrasando los proyectos.

¿No le ha faltado a las empresas no ponerse nerviosas por los precios bajos y mantener sus planes de inversión?

El 83% de la inversión es peruana y no se ha parado, es constante. Y si no se ha invertido más es porque nos han puesto trabas.

En Cajamarca volvieron a ganar autoridades en contra de Conga, ¿cree que ahora será más difícil que se concrete?

El Perú lo necesita y cuando haya alguien que tenga convicción lo permitirá. Ya con otras autoridades. Yo no lo veo (que se concrete) en el corto plazo, sinceramente.

¿Tía María saldrá antes de Conga?

Lo creo y lo espero. El departamento de Arequipa tiene una población educada que entiende los beneficios de las inversiones.

¿Sigue pensando que la consulta previa se va a aplicar a comunidades donde no corresponde?

Hay un caso emblemático. Quieren hacer consulta en el lote 1AB, pero es ¿previo a qué? pues ese lote tiene 40 años de explotación. La consulta se debió hacer hace 40 años.

Pero es un sistema que recién se implementa.

Pero ¿eso significa que todo lo que ocurrió no existe? No debe ser así.

Según lo que dice ¿dónde hay actividad no debería hacerse consulta?

Es que me remito al castellano, significa “previa”. Si ya hay actividad ¿qué cosa debo preguntar?

¿Aún no conocen la lista de comunidades donde se realizará la consulta?

No. El Estado debe identificar las comunidades. Y que se haga la consulta, no perdamos tiempo, pero sin ambigüedades.

¿La consulta previa es una traba burocrática?

Es una traba más y hay que tener cuidado pues se están generando falsas expectativas.

McKinsey & Company, en su publicación Insights & Publications (julio 2014), describe las últimas iniciativas para promover ecosistemas (ambientes) propicios al desarrollo de los emprendedores en start-ups.

En el Perú, el gobierno acaba de aprobar el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP). Allí se señala que se creará la ´Comisión Nacional de Diversificación Productiva´ en el Ministerio de la Producción. Esta comisión (contará con la participación del sector privado – una forma de corporativismo), identificará los sectores que tienen mayor potencial de desarrollo. Según,  el ministro del sector esta medida nos permitirá recuperar un crecimiento de 7 a 8% anual, agregándole nuevos motores productivos que sustituirían lo que nos dio la minería antes de la reducción de precios de los metales (ver publicaciones del martes 29 de julio último en El Comercio, La República, Correo, Expreso y otros).

En Lampadia hemos señalado varias veces que esto es un tremendo error puesto que el Perú tiene una ´Reserva Productiva´ inmensa, sustentada en recursos naturales abundantes y diversos aún no explotados. Estos recursos pueden compensar cualquier caída de precios y generar riqueza sin mayor demora para enfrentar los déficits sociales y económicos que cada día son más injustos, innecesarios y absurdos y, más aún, en un país que “tiene un Gigantesco Potencial de Desarrollo”, como ha indicado Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva.

A continuación, presentamos una traducción adaptación y compendio del artículo indicado realizado por Lampadia. En él se plantea criterios para realizar desarrollos productivos, que ojalá permitan una reflexión adecuada sobre la capacidad de los gobiernos, especialmente los centrales, para tener éxito en el intento:

Adaptación, compendio y traducción del artículo de McKinsey:

“Muchos gobiernos de países industrializados tratan de impulsar la actividad en emprendimientos y start-ups que creen trabajo y crecimiento económico. Hasta qué punto pueden hacerlo los gobiernos, es incierto. (…) “La innovación en la forma de start-ups tiende a ocurrir, mayormente, en grandes áreas metropolitanas.

“(…) Para florecer, la actividad emprendedora requiere una cierta concentración de: talento, infraestructuras, capital y redes, que son los factores de éxito de los ecosistemas para start-ups. (…) [El foco de los gobiernos municipales] puede estar en resolver los cuellos de botella y restricciones que inhiben un vibrante ecosistema de start-ups, en lugar de elegir a los ganadores apoyando investigación en sectores de negocios específicos.

“(…) Los tomadores de decisiones de los gobiernos municipales deben identificar y enfrentar los cuellos de botella de los ecosistemas de start-ups. (…) Un método usado recientemente por el alcalde y el gobierno municipal de Berlín.

“Las ciudades que más destacan por sus vibrantes ecosistemas para start-ups son Berlín, Londres, Nueva York y Tel Aviv. (…) Estas ciudades enfrentan retos similares (…). Las políticas exitosas tienen que cumplir dos requisitos:

· La habilidad de mantener el ritmo del ambiente de los start ups, que es muy volátil.

· La habilidad para tener éxito en un entorno de múltiples ´stakeholders´ o el involucramiento de varios estamentos e intereses.

“(…) Hemos encontrado [McKinsey], que las unidades que están ubicadas en las oficinas de los propios alcaldes  son una forma efectiva y práctica de lograr estos dos requerimientos.

“(…) Los gobiernos pueden identificar los obstáculos oportunamente, resolver los problemas y corregir el curso. (…) Los más exitosos comparten varias características importantes: un destacado líder con un probado récord de haber producido resultados, acceso directo a los niveles superiores de liderazgo, personal talentoso con excelentes capacidades de comunicación y de resolución de problemas, y la habilidad para usar poderes sutiles para influenciar en los ministerios.

Cómo formar una unidad para la formación de start-ups [según McKinsey]

– Contratando el talento correcto

– Conduciendo ´laboratorios de entrega´ [de start-ups]
que inyecten ideas y que traduzcan las estrategias de alto nivel en planes detallados de implementación.

– Enfocándose en la obtención de éxitos tempranos y corrigiendo sus acciones frecuentemente

La presión por resultados es muy fuerte, dado el volátil ambiente de los start-ups y la impaciencia de los involucrados [stakeholders]. (…)  Berlín realizó una competencia de start-ups entre los estudiantes universitarios para promover el espíritu emprendedor entre los graduados.
(…) Pero los encargados de fijar las políticas deben ser realistas. Los start-ups son un blanco móvil, por lo tanto, las ciudades no alcanzarán los resultados esperados al primer intento.

(…) Un buen ejemplo es la iniciativa de ´Open Data´ de la ciudad de Nueva York.

[McKinsey concluye que:] “mientras la competencia por inversiones y por  talento emprendedor alcanza proporciones globales, el apoyo municipal para los nacientes clusters de emprendedores se hace indispensable, especialmente, en las áreas metropolitanas más grandes (…).”

Los autores Julian Kirchherr y Gundbert Scherf, son consultores de la oficina de McKinsey en Berlín, dirigida por Katrin Suder.

En Lampadia publicamos la semana pasada “Graves fallas del ordenamiento pesquero”, artículo en el que cuestionamos la política pesquera de Produce. El énfasis lo pusimos en las distorsiones que viene generando el polémico DS-005-2012-PRODUCE, que el actual Ministro, Piero Ghezzi, ha decidido mantener. Posteriormente, Produce nos hizo llegar un correo electrónico objetando nuestra posición. A continuación presentamos nuestros comentarios a dicho mail, que además publicamos en su integridad líneas abajo.

El pasado 1 de abril, publicamos nuestro el artículo “Graves fallas del ordenamiento pesquero”, el cual se ocupó principalmente de los efectos del DS-005-2012-PRODUCE, que a pesar de sus múltiples cuestionamientos, ha sido mantenido por el flamante Ministro de la Producción, Piero Ghezzi.

También afirmamos que en el sur, la pesca formal estaría a punto de desaparecer. Explicamos que dicho decreto establecía dos franjas exclusivas: una para la pesca artesanal y otra para la de menor escala, relegando al sector industrial más allá de la milla 10. Enfatizamos que ante la debilidad de los controles en las primeras franjas, se había creado de facto una zona no regulada. Este diseño y sus fallas de control alientan la pesca ilegal desviando la pesca de Consumo Humano Directo (CHD) a la producción ilegal de harina.

Indicamos, también, que la producción de harina de pescado en el sur (2013), había caído en 37% y que las exportaciones del sector (aceite y harina) en 17%, lo que equivale aproximadamente a nuestro último déficit de balanza comercial (US$ 600 millones). Agregamos, que si quería evitar la pesca ilegal, debería instalarse GPS y monitoreo satelital al íntegro de la flota.

El 3 de abril, recibimos en Lampadia un mail de la asesora del despacho ministerial, Ximena Pinto, en el cual plantean algunas observaciones a nuestro artículo. Dicho mail que ha sido difundido profusamente y publicado en el Facebook del Ministerio sin esperar nuestra respuesta.

En dicho mail, la representante del ministerio indica:

A.       “Que el DS-005-2012-PRODUCE no se aplica al sur, donde está vigente el DS-001-2013-PRODUCE”.

Efectivamente en nuestro artículo “Graves fallas del ordenamiento pesquero” omitimos mencionar que el DS-005-2012-PRODUCE fue “modificado” por el DS-001-2013-PRODUCE. Sin embargo, éste último decreto no cambió la filosofía del manejo de las franjas, se fijó que la pesca industrial podía darse en el sur desde las  milla siete (7) en vez de la diez (10) y flexibilizó las capacidades de pesca de la flota artesanal y de menor escala más allá de sus franjas originales siempre y cuando lo hicieran para CHD.

B.       El Ministerio afirma que: “El D.S. 005-2012-PRODUCE y las normas complementarias del ordenamiento pesquero, se emitieron precisamente para regular y controlar mejor la actividad pesquera entre la milla 0 a la 10, donde históricamente predominó la pesca ilegal e informal y donde ya se producía el desvío de anchoveta para consumo humano hacía la harina de pescado desde mucho tiempo atrás. Es por ello que, al amparo del ordenamiento pesquero, por primera vez durante el 2013, el Ministerio de la Producción dispuso vedas focalizadas de pesca de anchoveta que incluyó tanto a la pesca industrial, artesanal y de menor escala. Por tanto, no es cierto que no se apliquen vedas ni controles ni que existan zonas no reguladas. Es más, producto del ordenamiento, se han multiplicado los controles y mejorado los niveles de supervisión de la milla 10 para abajo, sin que ello signifique que no se pueda avanzar más”.

Lamentablemente, esto no es del todo cierto. Las vedas no se han aplicado de igual forma en las primeras franjas. Ya han pasado 19 meses desde la dación del famoso decreto “005” y los controles de la pesca artesanal y de menor escala adolecen de graves fallas, como lo ha reconocido el propio ministro en el programa Agenda Política del Canal N dirigido por Enrique Castillo: “El problema del decreto no ha sido el decreto mismo, sino que al no cumplirse se vuelve menos bueno.” (…) [Castillo repregunta]: ¿Pero no se le da más espacio a los informales? (…) “En Japón donde se respeta las leyes, seguramente sería un buen decreto”, respondió Ghezzi. ¡Qué preocupante que en el Perú se legisle asumiendo que estamos en el Japón!

Si bien se han hecho 47% más de inspecciones que en el 2012, solo se han dado 200 permisos y el control satelital (SISESAT) alcanza solo a 130  embarcaciones de menor escala, siendo el universo alrededor de 1,000 naves, según el ministro. Queda claro que no se ha podido controlar a la gran mayoría de las embarcaciones de menor escala y, ni que decir, de las artesanales.

En noviembre del 2013, en el diario Correo, la presidenta de la Sociedad de Pesquería, Elena Conterno, estimó que la pesca ilegal extraía “1 millón de TM de anchoveta” anualmente. Una cifra gigantesca si calculamos que la pesca total de este producto es de 6 millones. Es claro, que los controles no funcionan.

Todo lo indicado líneas arriba sustenta la posición fundamental de nuestro artículo: se estableció, contra viento y marea, mediante un decreto una franja desregulada, pues no se aplicaron los controles requeridos  que debieron ser de un “estándar japonés”.

C.      En otra objeción que hizo el Ministerio a nuestro artículo se afirma que: “La caída de 37% de los desembarques en el sur, según informes de IMARPE, se debió a factores climatológicos y falta de esfuerzo pesquero de las embarcaciones industriales (no salieron a pescar)”.

Algo realmente extraño. En la misma zona (sur del país), nuestros vecinos de Chile batieron records de pesca. Es pues ilógico lo que señala Produce, pues de acuerdo al IMARPE la zona sur del Perú y norte de Chile comparten la misma biomasa de anchoveta. Según la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno: “En el 2013, Chile ha pescado el triple que el Perú [en el norte]. Hablamos de una diferencia de 500,000 toneladas“. (Edición web de El Comercio 28 de enero 2014).

D.       El Ministerio, además, afirma: “a la fecha, no tenemos noticias de empresas que hayan quebrado como consecuencia del D.S. 005-2012-PRODUCE”.

Nuestro artículo se centra en los efectos del referido Decreto en la zona sur, justamente, porque allí se concentraban los principales problemas. Las empresas industriales no tuvieron  posibilidad de pescar en la franja de 7 millas. El impacto en las empresas del sector ha sido muy fuerte. Para muestra un botón: hace un año, el Diario Correo de Moquegua alertaba: “7 plantas de harina de pescado han dejado de producir. Las empresas han suspendido a 70 trabajadores y al menos 500 personas pueden quedar desempleadas” (Diario Correo-Moquegua, 11 de Febrero 2013). Y como está hay decenas de llamados de atención sobre los perniciosos efectos que estaba teniendo el 005 en la actividad pesquera del sur. Llama la atención que Produce no las tenga registradas o que las niegue tan categóricamente.

En Lampadia saludamos que los funcionarios públicos debatan y defiendan sus posturas, aunque no siempre estemos de acuerdo con las formas que empleen. Nos gustaría que Produce analice desapasionadamente si el DS 005-2012-PRODUCE es conveniente o no para el país. Quizá la manera más transparente de realizar esta tarea sea evaluar si se han cumplido o no los objetivos para los que fue creada esta norma. A saber, tres objetivos se buscan con la emisión de esta medida:

1. Conservación del recurso pesquero.
2. Incentivar el CHD de la anchoveta y creación de zonas de reserva.
3. Mejorar el control de la actividad pesquera.

Como demuestra nuestro análisis previo, así como abundante evidencia científica, económica e, incluso, periodística, la implementación de la polémica norma no ha cumplido con ninguno de los objetivos. Si la medida fue diseñada para incentivar el consumo de anchoveta, está claro que no ha servido para tal fin. Por el contrario la actividad ilegal se ha acrecentado en la zona dedicada la actividad artesanal. Las plantas residuales así como las fábricas clandestinas han estado operando a su máxima capacidad, porque simplemente no se ha cumplido o no se ha podido implementar los controles. Lo cierto es que esta norma en vez de proteger el recurso e incentivar el consumo ha causado un efecto nocivo. Se sigue esperando una explicación técnica que aclare porque se ha establecieron estas franjas. Se debe recordar que en una Resolución de la Corte Suprema de noviembre del 2013 se objetó esta norma justamente por carecer de sustento técnico. Esa fue una de las razones por la que se declaró al DS-005 parcialmente inconstitucional.

Con los precios internacionales de la harina de pescado altos y escaso interés de la población en consumir anchoveta, está claro que el incentivo de los pescadores está en vender la anchoveta que pescan para que sea procesada. Y en este hecho radica el problema de esta norma: querer cambiar la realidad por Decreto. El uso que se le da a la anchoveta no va cambiar porque un burócrata iluminado así lo ordene desde su cómodo escritorio. No, el mercado y la realidad, pronto les demostrarán su error.

Los funcionarios públicos debieran tomar un ejemplo muy cercano para entender cómo verdaderamente nace, crece y obtiene éxito y reconocimiento mundial un sector industrial. Nos referimos al boom de nuestra gastronomía. Como recientemente señalaba The Economist: “La industria de restaurantes de Lima es un ejemplo perfecto de un grupo de negocios de la clase que los gobiernos latinoamericanos y los burócratas internacionales anhelan crear por decreto. Sin embargo, como la mayoría de los ecosistemas empresariales exitosos, este ha surgido desde abajo, impulsado por las fuerzas del mercado”.

Dejen, pues que las fuerzas del mercado operen. La anchoveta puede servir bien para impulsar el crecimiento de una industria que es el futuro de la humanidad: la acuicultura para la producción de las proteínas del futuro. Así la emplean ya en Chile para su industria del salmón y así, también, la utilizan en China, el principal importador de nuestra harina de pescado y el mayor productor acuícola del mundo. Ese es el camino. Lampadia

Adjuntamos  el mail del Ministerio de la Producción a Lampadia

Estimado señor:

Pablo Bustamante

Director del Portal Lampadia

De mi mayor consideración.-

Queremos expresarle nuestro cordial saludo y, a su vez, manifestarle nuestra preocupación por el artículo “Graves fallas del ordenamiento pesquero” publicado en el portal de su dirección que contiene graves fallas, imprecisiones y errores de información. Nos sorprende que un artículo de crítica tan frontal, no haya verificado previamente muchas afirmaciones fácticas. Por ello, nos vemos obligados a aclarar lo siguiente:

1.- Se señala: Una de las primeras declaraciones del nuevo ministro Piero Ghezzi, fue que mantendría la vigencia el Decreto Supremo 005-Produce. La polémica norma transformó las reglas de la industria pesquera. Sus efectos, están llevando a la quiebra a la pesca formal en el sur, desbaratando el conjunto del sector.

La nueva administración del ministro Piero Ghezzi ha analizado de manera técnica y desapasionada el ordenamiento pesquero y ha reafirmado su vigencia pues considera que está en la línea correcta de introducir equidad, sostenibilidad y promover el consumo humano directo. Un primer gran error de su artículo es afirmar que el Decreto Supremo 005-2012-Produce se aplica en la zona sur del país. No es así. La región sur, por sus características especiales, tiene una regulación propia contenida en el Decreto Supremo-001-2013-Produce, que establece la pesca industrial a partir de la 7 milla. Tampoco es cierto que se esté llevando a la quiebra a la pesca formal. Todas las embarcaciones que pescan en la zona sur, pertenecen a las mismas empresas que pescan en la zona centro-norte y, a la fecha, no tenemos noticia de empresas que hayan quebrado como consecuencia del D.S.005-2012- Produce.

2.- Se afirma: “Tradicionalmente la pesca se regula mediante cuotas y vedas. Esta norma mantenía ambos procedimientos más allá de la milla 10, pero de facto, estableció una zona no regulada en las primeras 10 millas, sin cuotas, vedas, ni nuevos controles…”.

El D.S. 005-2012-PRODUCE y las normas complementarias del ordenamiento pesquero, se emitieron precisamente para regular y controlar mejor la actividad pesquera entre la milla 0 a la 10, donde históricamente predominó la pesca ilegal e informal y donde ya se producía el desvío de anchoveta para consumo humano hacía la harina de pescado desde mucho tiempo atrás. Es por ello que, al amparo del ordenamiento pesquero, por primera vez durante el 2013, el Ministerio de la Producción dispuso vedas focalizadas de pesca de anchoveta que incluyó tanto a la pesca industrial, artesanal y de menor escala. Por tanto, no es cierto que no se apliquen vedas ni controles ni que existan zonas no reguladas. Es más, producto del ordenamiento, se han multiplicado los controles y mejorado los niveles de supervisión de la milla 10 para abajo, sin que ello signifique que no se pueda avanzar más.

3. Se afirma: En el sur, por el perfil del zócalo marino, la anchoveta se pega a la costa, por lo que mover la pesca industrial hasta la milla 10 tiene efectos devastadores. Estos son los evidentes resultados del DS-005.

Nuevamente se incurre en un grave error. En el sur no se aplica el D.S. 005-2012-Produce, ni las embarcaciones pescan a partir de la milla 10. Eso sólo sucede en el centro-norte, que representa el 90% de la pesca nacional y donde las actividades se vienen realizando prácticamente de manera normal. El año 2013, la biomasa de anchoveta se recuperó a 10,3 millones de toneladas (venía de una caída a 5,3 millones de toneladas en la segunda temporada del 2012). Esta mayor biomasa originó una mayor cuota industrial y un crecimiento del PBI pesquero de 12% en el 2013, incluso más del doble del crecimiento del país que fue de 5%.

3. Se afirma: Las razones declaradas para establecer una franja de 10 millas para el uso exclusivo de la pesca artesanal y de mediana escala, no se acompañaron nunca de nuevos mecanismos de control, que evitaran que se hayan producido todo tipo de efectos disfuncionales, que contradicen la propia existencia de la norma.

Es exactamente lo contrario. Producto del ordenamiento se han establecido nuevos mecanismos de control no existentes anteriormente a lo largo litoral y la nueva gestión fortalecerá aún más a la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, dotándolo de las herramientas tecnológicas y la fuerza de un organismo regulador. En el 2013, se realizaron 133,077 visitas de inspección, 47% más que en el 2012. También se ha avanzado en la formalización de las embarcaciones de menor escala. Después de un largo proceso de evaluación, se han otorgado 200 permisos, de las cuales 130 ya cuentan con SISESAT (control satelital). Toda esta información es totalmente pública.

Este nuevo sistema es obligatorio, al punto que hoy en día, la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, no autoriza el zarpe de las embarcaciones de menor escala, si no cuentan con el SISESAT a bordo. Además, de 831 titulares de embarcaciones que presentaron su solicitud para ser evaluados inicialmente, el Ministerio de la Producción declaró improcedentes 551 solicitudes de empresas que ya no podrán pescar en esa franja.

4. Se afirma: “En 2013, el desembarque de anchoveta para harina de pescado cayó 32% en el sur; en contraste en el resto del país creció 37%”.

A nivel global, en el 2013 el desembarque de anchoveta para harina y aceite de pescado creció 27,2% en comparación con el 2012, alcanzando un total de 4699.8 millones de toneladas (incluye todo el litoral). La caída de 37% de los desembarques en el sur, según los informes de IMARPE, se debió a factores climatológicos y a la falta de esfuerzo pesquero de las embarcaciones industriales (no salieron a pescar). Adicionalmente, las empresas optan por realizar sus faenas de pesca en la zona norte-centro, porque históricamente, ésta concentra el 90% de la pesquería de anchoveta en comparación con el 9.7% que tiene la zona sur. Es decir, se trata de una decisión económica que el sector industrial adopta libremente.

5. Se afirma: “Un dato interesante es que la menor exportación de productos pesqueros del año 2013, de US$ 600 millones, coincide exactamente con nuestro déficit de balanza comercial”.

La contracción de las exportaciones de harina y aceite de pescado durante el 2013 reflejó principalmente la menor cuota fijada en 810 mil toneladas para la segunda temporada de pesca de anchoveta en el 2012. Esta menor cuota se debió a la caída de la biomasa de anchoveta a 5,3 millones de toneladas, que reportó IMARPE. Esta caída no es atribuible al D.S. 005-2012, que se implementó recién a partir de la primera temporada de pesca del 2013. En su momento, IMARPE explicó que la caída se debió a factores climáticos (Ondas Kelvin) y al excesivo descarte de juveniles en altamar.

6. Se afirma: “Para detener la pesca ilegal, todas las embarcaciones pesqueras deberían contar con GPS y ser monitoreadas mediante control satelital, actualmente solo se controla a la flota industrial”.

Tampoco es cierto. Como se ha señalado en las respuestas anteriores el Ministerio de la Producción, ha intensificado el control de las actividades pesqueras a lo largo litoral. Y esto se aplica tanto en las zonas de desembarque para consumo humano indirecto como para consumo humano directo. También se aplica en las plantas de procesamiento y todo el transporte. Es decir, a toda la actividad pesquera industrial y no industrial. De las 200 embarcaciones de menor escala ya autorizadas a pescar, más del 60% ya tiene instalado el Sistema de Seguimiento Satelital, SISESAT, es decir, está sujeto a control y supervisión. Con el incremento de los derechos de pesca los controles a la pesca ilegal se profundizarán.

Finalmente, señor Director, queremos indicarle que no estamos señalando que el actual ordenamiento pesquero es totalmente perfecto, pero claramente representa un avance en las políticas públicas pesqueras y permite un control más estricto de las actividades ilegales en un sector que históricamente ha tenido -al lado del sector formal- un número importante de actividades ilegales que estamos dispuestos a combatir en la nueva administración, perfeccionando las normas y trabajando de la mano con el sector privado.

Agradecemos que esta aclaración sea publicada en su portal, en aras de una mejor información al público.

Atentamente,

Ximena Pinto La Fuente
Asesora del despacho ministerial
Directora Oficina de Prensa e Imagen Institucional
Ministerio de la Producción

Una de las primeras declaraciones del nuevo ministro de producción, Piero Ghezzi, fue que mantendría la vigencia el Decreto Supremo 005-Produce. La polémica normatransformó las reglas de la industria pesquera.Sus efectos, están llevando a la quiebra a la pesca formal en el sur, desbaratando el conjunto del sector. El resultado ha sido, entre otros problemas,  el desvío de la pesca destinada alconsumo humanohacia la producción de harina de pescado, fomentando así la pesca ilegal.

En agosto de 2012, el Ministerio de la Producción publicó el D.S. 005 Produce, que modificó el ordenamiento pesquero de la anchoveta. El  objetivo declarado, fue crear una zona de pesca exclusiva para la pesca artesanal y de mediana escala (de hasta 10 y  32.5 m³ de capacidad de bodega, respectivamente) y para “garantizar el abastecimiento sostenible” de recursos hidrobiológicos para el Consumo Humano Directo (CHD). Así, desde la milla 0 a la 5 sería exclusivamente para la pesca artesanal, mientras que desde la 5 a la 10 se destinaría a la de menor escala, preferentemente para el consumo humano. Esta norma fue ampliamente criticada y los resultados no han sido los esperados.

Tradicionalmente la pesca se regula mediante cuotas y vedas. Esta norma mantenía ambos procedimientos más allá de la milla 10, pero de facto, estableció una zona no regulada en las primeras 10 millas, sin cuotas, vedas, ni nuevos controles, más allá de anuncios sin contenido.

Producción industrial

En 2013, el desembarque de anchoveta para harina de pescado cayó 32% en el sur; en contraste en el resto del paíscreció 37%. En el sur, por el perfil del zócalo marino, la anchoveta se pega a la costa, por lo que mover la pesca industrial hasta la milla 10 tiene efectos devastadores.Estos son los evidentes resultados del DS-005.

Un dato interesante es que la menor exportación de productos pesqueros del año 2013, de US$ 600 millones, coincide exactamente con nuestro déficit de balanza comercial. Qué ironía.

Las razones declaradas, para establecer una franja de 10 millas para el uso exclusivo de la pesca artesanal y de mediana escala, no se acompañaron nunca de nuevos mecanismos de control, que evitaran que se hayan producido todo tipo de efectos disfuncionales, que contradicen la propia existencia de la norma.

Supervisión y pesca ilegal

Existen deficiencias en el control de desembarque, lo que alienta la proliferación de la pesca ilegal que desvía la pesca destina al (CHD) hacia la producción de harina de pescado, en plantas a su vez, ilegales, sin que PRODUCE haya hecho nada.

Elmer Cuba, socio- director de Macroconsult, señala que principal problema de la pesca de anchoveta es el desvío del CHD a la producción de harina, en otras palabras, pesca ilegal. La prueba objetiva es que las exportaciones de harina de pescado entre 2010 y 2012 fueron 18% superiores a la cifra de desembarques oficiales. 

No existe una adecuada supervisión de las embarcaciones de menor escaladentro de la zona de pesca entre la milla 0 y 10 lo cual pone en riesgo la sostenibilidad del recurso pesquero, pues es ahí es donde se da la reproducción de las especies.

Para detener la pesca ilegal, todas las embarcaciones pesqueras deberían contar con GPS y ser monitoreadas mediante control satelital, actualmente solo se controla a la flota industrial. Además, por supuesto, debieran fijarse cuotas para todas las embarcaciones y hacer un manejo inteligente de las vedas, aplicables a todos los operadores.

La menor producción pesquera significa, menores puestos de trabajo, exportaciones e impuestos. Esperemos que estos problemas se enfrenten a la brevedad. El recurso pesquero debe ser cuidadosamente regulado, por un lado, para lograr su aprovechamiento económico y de empleo, y por otro, algo muy importante, su preservación para el muy largo plazo, por no decir para siempre. Lampadia