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El ataque a las empresas mineras no cesa

El ataque a las empresas mineras no cesa

Con la venia del gobierno
Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ataque a las empresas mineras no cesa. Al incendio de Apumayo y las paralizaciones de Breapampa, La Inmaculada y Antamina hace pocas semanas, se suman el bloqueo a Las Bambas que ya lleva 27 días, la interrupción de la vía de acceso a la mina Cerro Lindo en Ica que lleva ya más de una semana y que ha determinado la suspensión de sus operaciones, y el bloqueo a Minas Justa. Lo que está ocurriendo es que, ante la inacción del gobierno, las dirigencias y activistas locales perciben que tienen luz verde de parte de las autoridades nacionales para bloquear y extorsionar a las empresas, y que eventualmente van a recibir el apoyo de los funcionarios gubernamentales. 

Eso fue lo que ocurrió en Chumbivilcas, donde, como informamos la semana pasada, los delegados del ministerio de Energía y Minas se pusieron abiertamente del lado del Frente de Defensa contra la empresa. Es decir, convalidaron el bloqueo y se sumaron a la extorsión. Por ello la PCM los retiró del escenario y envió al viceministro de Gobernanza territorial, que, sin embargo, tampoco ha resuelto el problema. Antes bien, ante la propuesta de la mina de que las comunidades, que están fuera del área de influencia y están situadas a 100 y 200 km de la operación, participaran con 14 camiones y otros servicios, han respondido que no aceptan menos de 25 camiones y otros trabajos adicionales, reiterando el chantaje de que si no se acepta esas condiciones, mantienen el bloqueo. 

Mientras tanto, el día de hoy Las Bambas entrará ya en paralización total de actividades, con grave perjuicio para las municipalidades, la población, la región y la economía nacional. La imagen de un país en el que impera la ley de la selva es aun más dañina para el futuro de todos nosotros. 

Es sorprendente como se ha institucionalizado la extorsión a las empresas. Se ha vuelto un negocio en el que prosperan políticos, asesores y ONGs. En el corredor minero no hay una demanda ambiental ni social. No se pide el cierre de brechas sociales por ejemplo. Cuando Las Bambas ofreció, a inicios de este gobierno, luego de un bloqueo, un plan integral de desarrollo productivo y servicios de salud y educación al Frente de Defensa de Chumbivilcas, la oferta fue rechazada y lo único que se pide es dinero y contratos. Es la extorsión. 

En gobiernos anteriores se exigía el levantamiento de la medida de fuerza como condición para el diálogo, o se establecía el estado de emergencia. Se desplegaba la fuerza armada y los bloqueos, que son ejecutados por muy pocas personas, se disolvían automáticamente, sin violencia de ningún tipo. Pero, en realidad, ni siquiera es necesario decretar estado de emergencia, porque basta con aplicar el decreto supremo N° 106-2017-PCM que establece que las carreteras son activos críticos que deben ser protegidos. 

Pero ahora ni los fiscales actúan, ante delitos flagrantes. Por eso, si el gobierno no es capaz de imponer el principio de autoridad y restablecer orden público, el congreso o la sociedad civil deberían denunciar por infracción constitucional al Presidente y a los ministros responsables. 

El artículo 118 de la Constitución reza: 

Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

Es claro que el presidente y los ministros competentes, particularmente el de Interior y el de Energía y Minas, no están cumpliendo su primera función constitucional: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Al contrario, convalidan su violación. 

Para comenzar, están obligados a hacer cumplir el inciso 11 del artículo 2 de la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales de la persona:

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

Además, el presidente y los ministros están obligados a cumplir y hacer cumplir el código penal, que prohíbe y castiga los bloqueos de carreteras y, además, la extorsión. El artículo 200 del Código penal establece: 

Artículo 200. – Extorsión 

El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.

Esto es exactamente lo que ocurre en las situaciones que estamos comentando. Es hora entonces de denunciar por infracción constitucional y eventualmente por complicidad a los ministros que no cumplen con su función constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. Lampadia

 

 



Algunas Lecciones del Conflicto de Tía María

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María, el gobierno ha prácticamente anulado la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo (1 a 3 años) y ha hecho muy difícil que pueda hacerse en los próximos 5 años. Las pérdidas económicas para la población, para la economía del país, para los ingresos del estado (impuestos, canon y regalía) y para la empresa son muy grandes y el costo social de esa paralización en términos de pobreza no debe ser subestimado.

El propósito de este escrito es la visibilizar algunas lecciones que puedan ser útiles en los tiempos que se vienen, pero antes de entrar en el tema central quisiera hacer explícita una idea: las empresas mineras no son organizaciones políticas, ellas son entes económicos. Sin embargo, sus actividades son objeto de disputas sociales, políticas y hasta ideológicas. Mientras las empresas no entiendan esos conflictos en su integralidad, tendrán muchas dificultades para concebir formas efectivas de evitarlos o, por lo menos, reducirlos.

Esta es una historia que se repite. El proyecto Tía María ya fue bloqueado antes en el 2009, 2011 y 2015. Además, éste no es el primer proyecto minero a ser bloqueado en Perú. Antes fueron bloqueados Tambo Grande el 2003, Quilish el 2004, Río Blanco el 2009, Santa Ana el 2011, Conga el 2012 y Cañariaco el 2013. Para citar algunos. Y ahora, Tía María ha sido bloqueado por cuarta vez.

Existe un paquete de metodologías de conflicto que se aplica en Perú y América Latina hace dos décadas por lo menos. Los grupos y ONG hostiles a la minería las tienen documentadas y sistematizadas en un sinnúmero de talleres, encuentros internacionales, libros, videos y artículos académicos. Es lamentable, pero las empresas mineras con sus enfoques de gestión social no logran asimilarlas ni menos neutralizarlas. Las empresas tienen parte de la responsabilidad en los desenlaces negativos, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a ellas, pues hay varios otros actores en ese juego que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Sin embargo, las empresas mineras que estén interesadas en poner en marcha nuevos proyectos deberían evaluar sus teorías sobre la conflictividad social, y la experiencia Tía María debería servir de elemento de reflexión.

Como lo explicaba Sun Tzu 15 siglos atrás: el ejército victorioso gana la batalla antes de entrar en combate, mientras el ejército derrotado entra en combate con la esperanza de ganar la batalla. Es decir, una vez que se desencadenan los conflictos, las partes despliegan sus factores. En esos momentos se evidencia quienes han entendido bien la naturaleza del conflicto y han sabido prepararse para la nueva situación. Si las empresas no han construido las condiciones y los instrumentos necesarios para manejar las dinámicas del conflicto, lo que los analistas van a escribir después es una suerte de “crónica de una muerte anunciada”.

No es una cuestión de recursos económicos, pues las empresas mineras son solventes. Es una cuestión de entendimiento, de conceptos y de marcos interpretativos. Es una deficiencia de carácter cognitivo. Lamentablemente, las teorías que muchas empresas mineras utilizan en su gestión social no responden a la realidad social y política de los conflictos en países de desarrollo medio como el Perú. Lo que predomina en muchas empresas mineras son simplificaciones o enfoques parciales que no iluminan algunas de las dinámicas críticas para evitar que los conflictos se transformen en una tragedia económica y social.

Un primer principio, que no deberían subestimar, es que los gobernantes valoran mucho su popularidad. Ello significa que su decisión a defender el desarrollo minero no es infinita. Si creen que un conflicto está afectando su popularidad o está poniendo en riesgo alguno de sus intereses políticos, ellos optan por relegar o por abandonar el proyecto y proteger sus intereses. El presidente Humala lo hizo con Conga el 2012 y ahora la historia se repite con Tía María. Claro que hay grandes diferencias entre los gobernantes, en sus niveles de compromiso con el desarrollo minero de su país. Algunos están dispuestos a defender el desarrollo minero y fracasan porque no saben como hacerlo, pero hay gobernantes que solo se preocupan por los números de las últimas encuestas. Sería bueno que las empresas mineras, cuando diseñen sus estrategias, tengan claridad sobre esta realidad política y aprendan como manejarla.

Hasta donde hemos logrado conocer, creemos que Southern hizo un buen trabajo de esclarecimiento en la población de Islay, pero las organizaciones sociales y las representaciones políticas locales han quedado bajo la influencia de grupos y políticos hostiles a la minería. Ello es importante porque los conflictos mineros no son solo sociales, son también políticos e ideológicos. Southern tampoco ha puesto suficiente preparación en la formación de voceros nacionales y locales que pudieran ofrecer a la opinión pública una narrativa clara sobre el proyecto y el desarrollo local, permitiendo que las narrativas hostiles a la minería ganaran espacio en el pensamiento de las personas.

A partir del momento en que el gobierno emitió la autorización de construcción, en julio, se desencadenó un conflicto político, liderado por los alcaldes distritales y provinciales, el gobernador, los congresistas y los grupos anti-sistema, contando para ello con el soporte de las organizaciones sociales que ellos controlaban. Los voceros favorables al proyecto fueron acallados (local y nacionalmente) mediante la coacción o la presión moral, posibilitando que la población fuera bombardeada por mensajes orientados a promover el temor al proyecto y a justificar el conflicto.

El gobierno ha retrocedido utilizando la figura del Consejo de Minería, un órgano técnico, dependiente del Ministro de Energía y Minas, encargándolo de resolver un conflicto eminentemente político. Es poco creíble que la decisión de dicho Consejo no sea parte de las decisiones políticas que el gobierno ya tomó previamente, especialmente después de los audios en que el presidente de la República comunica a los líderes del conflicto que ya tiene la decisión de bloquear el proyecto y pide que ellos le ayuden a generar los argumentos para justificarla.

En esta fase final del conflicto ya es posible visualizar algunas de sus consecuencias.

  1. El proyecto Tía María está prácticamente bloqueado por meses o tal vez por años.
  2. La imagen de la minería ha sido dañada en la opinión pública, especialmente en el sur del país, confundiendo a la población acerca de su rol como motor del crecimiento económico y del progreso social.
  3. Los grupos radicales y líderes populistas se han fortalecido y legitimado.
  4. La confianza de los grandes inversionistas en del Perú como país minero se ha deteriorado, perdiendo prioridad frente a otros destinos de inversión.
  5. La credibilidad del presidente de la república ha sido muy perjudicada por su involucramiento en negociaciones anormales en contra del proyecto, además de proyectar una imagen de incapacidad para resolver bien el conflicto social.

Es preocupante que el propio presidente de la República, atendiendo un pedido del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y de los otros gobernadores de la Macro Región Sur haya puesto el tema de la Nueva Ley de Minería en la agenda nacional, y lo haya hecho en un período prelectoral, poniendo en riesgo el marco normativo de la minería y creando condiciones favorables para que los discursos populistas se propaguen e influencien el debate sobre las futuras políticas públicas hacia dicho sector. Los grupos anti-mineros, y los populistas en general, tienen motivos para celebrar y agradecer esta decisión del presidente de la República.

Aunque el conflicto no ha terminado, es posible sacar algunas conclusiones:

  1. Los conflictos ligados a la minería involucran intereses y actores políticos, más allá de las comunidades cercanas a las operaciones. Ellos son: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, ministros y hasta presidentes de la república. Todos esos actores son parte del conflicto y las empresas mineras tienen que saber que cada uno de ellos tiene sus intereses y puede influenciar para bien o para mal el futuro de sus proyectos y operaciones.
  2. Una vez iniciado el conflicto los grupos contrarios a los proyectos despliegan una intensa campaña propagandística generando desconcierto y temor en la población local y silenciando a quienes no estén de acuerdo con ellos. Las empresas mineras tienen que tener estrategias y mecanismos para lograr que sus mensajes lleguen al público en esos momentos y así tranquilizar a la población, y sostenerlo a lo largo de un proceso de tensión social y política.
  3. En vez de aclarar a la población sobre la confiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los roles de fiscalización que el Estado ejerce sobre la minería, algunos gobernantes se dedican a negociar sus intereses políticos y económicos en reuniones cerradas sin preocuparse por los costos que sus acuerdos tienen para la actividad minera, para la economía nacional, para el bienestar de la población y para los ingresos públicos (impuestos, canon, regalías, etc.). Cuando ello ocurre, como en el reciente caso de Tía María, la viabilidad de los proyectos mineros colapsa.
  4. El gobierno tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía, y en especial a la población local, la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados y el rigor de la fiscalización que ejercitará sobre la actividad minera, para evitar que ocurran daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional. Esta garantía del Estado es indispensable para que la población se sienta tranquila y no sea presa de los discursos manipuladores de los grupos ideologizados. Si el gobierno no brinda esas garantías, estará induciendo a la población a razonar con el discurso de esos grupos. El gobierno tiene que luchar por la legitimidad de estas instituciones de control de la actividad minera ante los ojos de la población.
  5. El gobierno también tiene la obligación de garantizar a todos los sectores de la población, y a los inversionistas, que hará valer el Estado de Derecho ante cualquier intento de uso de violencia y de intimidación por parte de quienes promueven los conflictos sociales. Los medios de comunicación deberían contribuir a un mayor equilibrio en el flujo de opiniones y evitar la parcialización y distorsión de la información que la población recibe.
  6. Southern necesita entender que sus antecedentes no ayudan a que la población pueda confiar en sus compromisos. Si quiere recuperar la confianza que su antecesor desgastó a lo largo de décadas de descuido ambiental, ella tendrá que explicar a la población local y nacional cómo va evitar ahora que los anteriores problemas ambientales se repitan en el Valle de Tambo.
  7. La población, de todos los sectores sociales, razona en base a sus creencias, y esas creencias cargan muchos mitos que carecen de cualquier sustento real. Por ejemplo: Una fracción importante de la población local, e incluso nacional, aún cree que Tía María va amenazar la disponibilidad de agua de los agricultores del Valle de Tambo, a pesar de que la mina va utilizar agua del mar, desalinizada. Sin entender los temores y razonamientos tácitos de la población en relación a la minería, es muy difícil que una empresa logre el clima de tranquilidad que un proyecto necesita para ser implementado.
  8. Sin confianza no hay proyecto. La tranquilidad de la población local, su confianza en que el proyecto no va destruir sus recursos naturales y que la empresa va respetar sus compromisos, es crítica. La Empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para informar a la población y responder a sus temores y creencias. Ello requiere ir más allá de los requisitos legales de aprobación de los EIA, se necesita crear mecanismos de información y transparencia con la población y con los líderes de opinión local para que la población vea que la empresa realmente se preocupa con el ambiente y con los compromisos que asume ante la población. 
  9. Si bien los gobernantes tienen que actuar como garantes, las empresas mineras no pueden confiar que ellos siempre van a defender las autorizaciones que emiten ni los proyectos que aprueban. Tía María es un ejemplo claro de cómo los gobernantes pueden dedicarse a la especulación política mientras un proyecto minero, legalmente aprobado, está siendo bloqueado. A estas alturas ya debería estar claro que el crecimiento económico no es una prioridad del actual gobierno. Así que la única garantía para que una empresa minera logre el ambiente necesario para implementar un proyecto es el buen manejo del entorno social, político y mediático.
  10. Las empresas mineras necesitan saber que ellas no son suficientes para lograr la confianza de la población en el entorno de sus proyectos. A pesar de su gran escala financiera y su alta calidad tecnológica, las empresas mineras tienen vulnerabilidades. Ellas necesitan tener aliados (instituciones, profesionales, organizaciones, líderes, etc.), que sean confiables para la población, y que puedan dar fe de la seriedad de los compromisos de la empresa y de las instituciones públicas, y clarificar el beneficio social que la minería puede traer. Solo una coalición de actores sociales de escala regional, por lo menos, puede legitimar a la minería como factor de progreso sostenible. Las empresas mineras necesitan aprender a construir coaliciones sociales que apuestan su futuro con la minería.



El gobierno no da luz verde a Tía María pese a cambios en el valle

El gobierno no da luz verde a Tía María pese a cambios en el valle

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El viernes 11 de enero el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, comunicó a los representantes de Southern Cooper Corporation (SPCC), que no les dará la licencia de construcción para el proyecto Tía María. No mientras el porcentaje de aceptación del proyecto en el valle del Tambo no sea considerablemente mayor al actual.

El ministro basó su decisión en una encuesta aplicada en el mes de setiembre que la propia Southern encargó a IPSOS y que revela que, si bien la aceptación ha mejorado en la provincia de Islay entre abril y setiembre, en el valle del Tambo mismo solo 2 de cada 5 encuestados manifiesta estar a favor del proyecto.

El temor del ministerio es que se produzca una resistencia similar a la que ya ocasionó muertos en el pasado. Pero, según la empresa, ese temor es infundado. Raúl Jacob, alto funcionario de Southern, señala que ese dato de septiembre se explica más como una anomalía estadística que como una tendencia, porque las anteriores encuestas (6 en total) han mostrado más bien una situación de empate. “En los últimos meses hemos iniciado varios programas comunitarios que han conectado bien con la población. Pensamos que el resultado de septiembre no es representativo de lo que ocurre en el valle. En general la aprobación a los proyectos mineros antes de iniciarse es baja. Las Bambas, por ejemplo, tenía sólo 22% de apoyo antes de su construcción, mucho menos que Tía María”.

En buena cuenta, si bien hay una la proporción apreciable de personas que responde estar en contra del proyecto, en la práctica esas personas ya no se movilizarían voluntariamente contra él, por varias razones. Primero porque la SPCC ha desarrollados varios programas de apoyo social y mejoramiento productivo que han tenido impacto y  han sido bien recibidos por la población, que ya no rechaza la presencia de representantes del proyecto ni hostiliza sus actividades y oficinas, y segundo porque esto se ha manifestado en la reciente elección municipal en la que ya no fueron elegidos alcaldes anti-mineros de modo que, adicionalmente, los dirigentes opositores al proyecto –desmoralizados, divididos y procesados la mayor parte- ya no contarían ahora con el apoyo financiero y logístico de las municipalidades que fue decisivo en el pasado para pagar y transportar a los manifestantes y activistas. Por lo demás, crecientemente sindicatos y asociaciones están enviando cartas al Presidente de la República solicitando la autorización al proyecto.

Programas sociales y productivos

Jacob nos informa que SPCC puso en marcha desde mediados del 2016 una política de “buen vecino”, que consistió en la ejecución diversos programas orientados a la mejora en la calidad de vida (salud, saneamiento, educación, etc.) y al apoyo a las actividades productivas (agricultura, ganadería, etc.).

En salud firmó un convenio con el gobierno regional para financiar la ampliación del horario de atención de las postas, que era solo de 8.00 am a 4.00 pm, a las 24 horas del día. También realizó diversas campañas médicas. En educación, se aplicó el programa “Matemáticas para Todos” que este año escalará a todas las instituciones educativas del valle. También se desarrollaron pasantías Pre-profesionales.

En lo productivo, se ejecutó un programa de acompañamiento al 90% de los ganaderos para que sus animales cuenten con un estricto control sanitario ganadero. También se difundió una técnica que permitió reducir en un 90% la mortalidad del ganado porcino y se capacitó en la producción de arroz con el método SICA, entre otras capacitaciones técnicas.

Agrega que, fuera de eso, ha financiado con 22 millones de soles los estudios de agua potable y saneamiento para toda la provincia de Islay (ver imagen)

También está financiando los estudios de pre inversión e inversión para el Hospital de Mollendo (Alto Inclán) y el Centro de Salud de Cocachacra. Incluso ha formulado propuestas de inversión que no han merecido respuesta: en el 2017 propuso al MINAGRI financiar la construcción de 4 pozos tubulares de 120 litros por segundo a un costo unitario estimado en US$ 250,000, sin resultados.

Nuevos alcaldes ya no son anti-mineros

Ese conjunto de acciones de apoyo social y productivo, junto a una política de información en oficinas abiertas en las distintas ciudades del valle, probablemente influyeron en el resultado de las elecciones municipales, donde las candidaturas anti-mineras fracasaron todas y solamente en una de las seis alcaldías triunfó un candidato del Frente Amplio, que ni siquiera es en realidad un hombre militantemente opuesto a Tía María. De los anteriores 6 alcaldes, 4 eran abiertamente contrarios al proyecto minero.

Sindicatos piden el proyecto 

No solo ha cambiado el escenario político, también el sindical y gremial. Diversos sindicatos, como el de Construcción Civil de la provincia de Islay y los sindicatos de Toquepala, Cuajone e Ilo, y otras organizaciones, han enviado cartas al Presidente de la República o al ministro de Energía y Minas solicitando la autorización al proyecto Tía María (ver anexo). Esto no ocurría antes.

Capacidad de movilización se ha reducido

Como consecuencia de todo lo anterior, la ascendencia, influencia y capacidad de movilización de los dirigentes anti mineros ya no es ni remotamente la misma que pocos años atrás. Según la empresa están desmoralizados, divididos y muchos de ellos procesados. De hecho, ante una eventual movilización, ya no contarían con el apoyo financiero y logístico de las municipalidades, ahora en manos de alcaldes favorables a la inversión. Las eventuales convocatorias que realizan registran muy poca asistencia.

De la hostilización a la acogida

Lo que sí registró considerable asistencia y acogida, en cambio, fueron 7 talleres informativos sobre Tía María organizados por el ministerio de Energía y Minas en los meses de noviembre y diciembre en los distintos pueblos del valle, incluso en Deán Valdivia, el distrito “más problemático”. Normalmente hubieran sido hostilizados o impedidos. Ahora no hubo resistencia alguna sino más bien amplia participación, como puede verse en las fotos que se nos ha alcanzado:

Por eso, en la misma encuesta que reseñamos al comienzo, realizada en setiembre del año pasado, antes aun de los talleres mencionados, son más los que piensan que Tía María mejorará la situación del empleo en la zona:

De hecho, Tía María es una inversión de $1,400 millones de dólares cuya construcción durará dos años generando 9,000 empleos (3,600 directos + 5,400 indirectos), y durante sus 20 años de operación generará 600 empleos directos y 4,200 indirectos.

Por eso, la mayoría piensa que los jóvenes deberían aprovechar la oportunidad si Tía María les ofrece empleo:

Y cuando se les pregunta en qué se debería invertir el canon que produzca la mina, solo un 16% opina que en nada porque la mina no debe operar:

De hecho, la empresa nos informa que los ingresos de Arequipa por impuestos a la renta y regalías subirían por año en S/ 273.4 millones a los actuales precios del cobre.

Habrá protestas, pero…

Ya sabemos, sin embargo, que en esta clase de contextos, algunos participan voluntariamente en las movilizaciones pero muchas personas pueden ser obligadas a participar bajo distintas formas de coacción. Un pequeño grupo sin duda intentará activar alguna clase de resistencia. Pero dicho grupo carecería de los recursos económicos y logísticos que antes le brindaban las municipalidades del valle, y las relaciones de la empresa con grupos de productores que antes también apoyaban las movilizaciones, sin duda han mejorado. Y cualquier plan que entrañe niveles de violencia o coacción indebida debería poder ser anticipado por una buena estrategia de inteligencia policial preventiva, interviniendo si es necesario, de modo que las protestas, si las hay, transcurran dentro de los límites del Estado de Derecho.

El gobierno, por lo demás, debe salir a explicar las bondades y beneficios del proyecto, así como una propuesta de desarrollo integral de la provincia que se hará factible con los ingresos fiscales generados por Tía María. Los recursos mineros son estratégicos para el desarrollo del país y de las propias regiones mineras (aunque haya que reformar el manejo del canon, para que produzca desarrollo integral). Por lo tanto, es deber del Estado diseñar y aplicar estrategias que hagan posible estas inversiones defendiéndolas de las fuerzas destructivas que quieren impedirlas. 

Conclusión

En conclusión, dado el cambio producido en el valle tanto en lo político como en las relaciones de la empresa con la población, el gobierno no debería tener temor de dar la licencia de construcción a Tía María, si es que coordina una estrategia de comunicación efectiva basada, por ejemplo, en las oportunidades que brindará la mina, como empleo e infraestructura, y diseña una estrategia de seguridad que prevenga cualquier intento, improbable a estas alturas, de generar violencia ante la autorización del proyecto. 

ANEXO:

Lampadia




La Tía María tiene mucho que aportar

La Tía María tiene mucho que aportar

Durante el gobierno de Ollanta Humala, el país paró el desarrollo del sector minero y desquició nuestro crecimiento económico. El gobierno nacionalista se inició con la pérdida del proyecto de Conga en Cajamarca, y terminó con la parálisis del proyecto de Tía María en Arequipa, dos regiones con un inmenso potencial de desarrollo minero y de generación de recursos para dar un gran salto en el bienestar general.

Fuente: www.southernperu.com

Detrás de este proceso de pérdida estuvo el accionar de grupos de interés anti minero, la debilidad del gobierno, y la falta de apoyo gremial para ilustrar a la opinión pública. Se pretendió justificar la parálisis de la inversión minera, por la caída de los precios de los minerales y en la necesidad de diversificar la economía, cuando el Perú es, en gran medida, resiliente a la volatilidad de las cotizaciones por su eficiencia de costos de producción, de los más bajos del mundo, y por su canasta diversificada de productos mineros.

El gobierno de PPK está llamado a corregir los grandes errores del gobierno anti inversión privada del nacionalismo, para lo cual debe empezar por explicar a los ciudadanos las relaciones causa-efecto que le permitieron al Perú pasar en pocos años de ser un ‘Estado Fallido’, a ‘Estrella Internacional’ (1990-2011); y pasar de crecer 6% por año a 2 o 3% (2011-2016/7).

Para ayudar a identificar cómo viabilizar el proyecto de Tía María, presentamos un conjunto de condiciones importantes, propuesto por Camilo Ferreira de Wiñaq.

¿Tía María Va?

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para 
Lampadia

Tía María es un proyecto minero cuprífero de Southern Peru que se encuentra en la provincia de Islay en Arequipa y que implica una inversión de 1,400 millones de dólares.  El proyecto ha enfrentado una resistencia social y política que lo ha llevado a su paralización. Recientemente se han dado declaraciones sobre el proyecto por parte de diversos actores, entre ellos Roque Benavides, presidente de la Confiep, Yamila Osorio, gobernadora de la Región Arequipa y del presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha.

La empresa ha manifestado que se han dado avances en respecto a la llamada licencia social, y que se encuentran a la espera de los permisos que deben emitir las autoridades correspondientes. Por otro lado, los actores sociales hostiles a la minería han reafirmado su oposición al proyecto y su voluntad de realizar movilizaciones en contra del mismo. Y la gobernadora de Arequipa, continua sin entender el impacto positivo que puede aportar el proyecto a la región que conduce. Esto abre la posibilidad de que se reactive la resistencia a Tía María.

Entendiendo que para impulsar el proyecto, se deben superar las causas que provocaron el conflicto y su paralización, es indispensable desarrollar y fortalecer ciertas condiciones que eviten la continuación del anterior conflicto. Veamos un conjunto de condiciones que sería conveniente se dieran para darle viabilidad social y política al importante proyecto Tía María.

Para enfatizar su importancia, queremos presentarlas, más que como deseos, como realizaciones. Veamos:

  • Establecimiento de la ley en la zona: El gobierno central ha identificado a los potenciales actores violentistas en el área del eventual conflicto y tiene la capacidad y los medios para tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar el imperio de la ley y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. El Estado está en la capacidad de sancionar a quienes participen y planifiquen actos violentos.
  • Voceros favorables relevantes en medios: La tradicional capacidad de los antimineros para aprovechar el espacio mediático y reducir el apoyo nacional al proyecto, ha sido neutralizada. Los sectores favorables a la minería tienen voceros competentes y con llegada mediática y son capaces de defender a Tía María frente a la opinión pública. Esto se da a nivel provincial, regional y nacional.
  • Generación de contenidos para información: Se han generado los contenidos y eventos necesarios para que cuando se dé el conflicto, la prensa disponga de una explicación alternativa a aquella propalada por los antimineros. Conscientes de que los ataques de los antimineros son preparados con anticipación, las fuerzas pro minería se han adelantado y han construido una narrativa positiva sustentada en la realidad local. Finalmente, las fuerzas pro minería generan estudios, documentales, cursos y seminarios que les permiten simultáneamente, desarrollar y validar una narrativa efectiva que les consolida como voceros calificados frente a líderes de opinión, la prensa y el público en general.
  • Control de la malversación de fondos públicos: El gobierno central está en condiciones de impedir la canalización de fondos públicos hacia el activismo antiminero. Ya no ocurre que algunos alcaldes canalicen fondos públicos en apoyo logístico de las movilizaciones, dándole salarios públicos a activistas a tiempo completo o sosteniendo financieramente el aparato de propaganda antiminera local. El alcalde del distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, elegido por el movimiento antiminero Tierra y Libertad, no tiene como financiar los conflictos.
  • Control del entorno político hostil: Los antimineros no controlan componentes críticos de la institucionalidad rural local tal como lo son las Juntas de Usuarios. Estas instituciones ya no pueden brindar legitimidad a los dirigentes antimineros ni facilitar que tomen represalias contra quienes se les opongan (cortes de agua, violencia física, amenazas, etc.).
  • Cambios y Evaluación de la opinión pública local: Se ha dado un cambio significativo en la opinión de la población local con respecto a los siguientes aspectos críticos: Temores respecto a los efectos del proyecto sobre la agricultura y la salud de la población, percepción del trato respetuoso por parte de la Empresa hacia la población local, y la credibilidad de Southern en cuanto al cumplimiento de sus compromisos.  Estos cambios han sido evaluados mediante encuestas y focus group.
  • Expreso apoyo político: Existe una relevante coalición social local y regional de actores  dispuestos a pronunciarse ante las eventuales agresiones de las fuerzas anti minería y a realizar acciones destinadas a incrementar la legitimidad social del proyecto.
  • Condiciones locales:Se tienen mecanismos de monitoreo detallado y periódico de las condiciones sociales en las áreas involucradas en el conflicto. Las fuerzas pro minería  disponen de un mapa de actores locales, y conocen el sistema de creencias locales, condiciones de seguridad, el accionar de los antimineros y las posturas de stakeholders críticos.

No basta la expresión de buena voluntad de la Empresa y/o la expresión de apoyo del Gobierno Central. La viabilidad de un proyecto minero es un fenómeno de enorme complejidad y va  incluso más allá del cumplimiento de las condiciones descritas. De no cumplirse ese conjunto de condiciones, el proyecto de Tía María sería muy vulnerable, y se correría  el riesgo de que el desarrollo del país, y la minería en particular, uno de sus motores de crecimiento más importantes,  vuelva sufrir otro importante revés. Lampadia




Gobierno distorsiona ‘Adelanto Social’

Gobierno distorsiona ‘Adelanto Social’

El gobierno de PPK, adscribiendo a la idea de desarrollar en paralelo la actividad minera y la situación socioeconómica de las zonas vinculadas al sector, ha adoptado el ‘Adelanto Social’. Un enfoque muy razonable. El financiamiento del programa socieconómico se haría ‘adelantando’ parte de los recursos financieros que generaría la operación minera.

Fuente: PPK.pe

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, como explica Rafael Valencia Dongo líneas abajo, eso no es suficiente para lograr la aceptación de los proyectos mineros, que son víctimas de acciones políticas e ideológicas anti minería (cómo el pos-extractivismo) o mecanismos de búsqueda de rentas o estrategias de desarrollo de carreras políticas. Ver en Lampadia: Recursos Naturales y Desarrollo

Además de la aceleración del desarrollo socioeconómico, las acciones anti inversión deben ser combatidas con instrumentos que respondan a la naturaleza de las mismas. Lamentablemente, el gobierno estaría enfocándose exclusivamente en el ‘Adelanto Social’ y distorsionándolo.

Peor aún, el gobierno esta distribuyendo recursos a ciertas comunidades, como en el reciente caso de Cajamarca, bajo el nombre de ‘Adelanto Social’, sin vincularlos al desarrollo de ningún proyecto minero. O sea, se están regalando recursos y malogrando la supuesta estrategia y agravando la posibilidad de resolver el entrampamiento de las inversiones. Este despropósito es lo único que ha puesto sobre la mesa el ministerio de Energía y Minas del gobierno de PPK.

¡No se puede malograr así una buena idea, ni pensar que es lo único por hacer!

Fuente: Camiper

Conflictos Socio-ambientales

¿Solucionando muy bien el problema que no es?

Rafael Valencia-Dongo, Presidente del Grupo Estrategia
Para la Revista Stakeholders

La práctica en la prevención y solución de los conflictos socio ambientales pareciera señalar que  los negativos índices socioeconómicos –referidos a las necesidades básicas insatisfechas, población en situación de pobreza, falta de penetración de los servicios de agua y desagüe, desigualdades en la renta, entre otros- son el combustible directo para la generación de conflictos sociales en contra de la inversión en proyectos que explotan los recursos naturales, usualmente ubicados en las zonas rurales, alejadas de las grandes urbes y olvidadas por el Estado. En ese sentido, las autoridades y los propios promotores de los proyectos extractivos están empeñados en revertir en el más breve plazo estos malos índices para lograr la instalación y la convivencia armoniosa de los proyectos.

Pero, ¿realmente la mejora sustancial de los indicadores socioeconómicos es suficiente para reducir la resistencia a la inversión?

El 28 de febrero de este año en el Congreso de la República y ante el Grupo de Trabajo Gran Minería de la Comisión de Energía y Minas, el Ministro de este sector informaba respecto a la Unidad de Producción Minera Las Bambas (una de las más grandes del mundo), las extraordinarias mejoras en los indicadores socioeconómicos referidos precisamente a:

Adicionalmente, según el Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) calculado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el crecimiento notabilísimo del PBI de la región Apurímac en el segundo trimestre de 2016 fue de 266%. Es decir, el Perú creció a 3% aproximadamente en el 2016 y la región Apurímac al 266% solo en el segundo trimestre de ese mismo año. Nótese que se trata del crecimiento de toda la región y no solamente de la zona de influencia del proyecto minero, es decir de las provincias de Cotabambas y Grau.

Asimismo, el Ministro de Energía y Minas informó que solo en la etapa de construcción del proyecto se generaron 18 mil empleos directos  y que la puesta en marcha del proyecto al 100% crearía alrededor de 50 mil nuevos empleos directos e indirectos.

Además, el Ministerio de Energía y Minas había implementado múltiples mecanismos de diálogo con las comunidades, tales como mesas de trabajo, mesas de desarrollo, mesas de diálogo, desde el año 2012, así se logran implementar mejoras en educación, salud, ganadería, recursos naturales, desarrollo económico local, así como atención prioritaria del adulto mayor, madres, solteras, viudas, huérfanos y discapacitados; desarrollo de capacidades, saneamiento básico, agricultura, infraestructura económica, fortalecimiento organizacional y oportunidad de empleo en la mina.

Así se logran compromisos para la ejecución de S/ 302’132,813 en obras de transporte, educación, electricidad, agricultura, vivienda, construcción y saneamiento, en los territorios de las provincias de Cotabambas y Grau.

Posteriormente y dado que no era suficiente, se acuerda llevar adelante un programa para la ejecución de un programa social para Cotabambas por S/ 2,168’034,175 de inversión en infraestructura.

No hay duda alguna de las implicancias sociales para el desarrollo que ha significado y significará la explotación del yacimiento minero Las Bambas.  Similar caso de resultados alucinantes se dan casi en todos los proyectos mineros, energéticos, petroleros y gas.

Hasta aquí todo parece un cuento de hadas: poblaciones con escasos recursos para afrontar los cambios que la vida contemporánea exige, de pronto son “tocadas” por proyectos que ponen en valor algo que está enterrado.

Sin embargo, el cuento de hadas se desvanece cuando se aprecia que buena parte de proyectos de esta naturaleza han sufrido graves paralizaciones por cuanto la población no quiere tenerlos en su entorno o quiere obstaculizar los proyectos ya instalados, pese a que todos han sido certificados por las autoridades socio ambientales como ecológicamente amigables con el medioambiente.

Así tenemos que inversiones como Conga, Tía María, Río Blanco, Bear Creek, etc., que bien hubiesen servido para el desarrollo de sus zonas de influencia y que en general no cuentan con fuentes alternativas que jalen y empujen al desarrollo, son de alguna manera paralizados.

En el tema de Las Bambas, por ejemplo, es lacerante pero ya hay cinco fallecidos por los conflictos sociales durante los últimos dos años y actualmente se encuentran con suspensión de garantías constitucionales, pese a que el Vicepresidente de la República ha firmado un ofrecimiento de inversión de más de S/ 2,100 millones en carreteras, canales de regadío, vivienda, saneamiento, entre otros. Pareciera que mientras más obras de infraestructura se pretenden ejecutar, más conflicto se genera.

Diera la impresión que estamos frente a la reedición de esos versos de la famosa Divina Comedia, cuando el poeta caminaba por los círculos del infierno y ve un engendro espantoso que se comía uno tras otro a los hombres : “Qué engendro tan espantoso es este que cada vez que come tiene más hambre”.

Fuente: Ziotibia

Por ejemplo, si uno camina por la plaza de Armas de Cajamarca, se percatará que la pileta ha sido remozada por la empresa minera Yanacocha, si voltea encontrará dos iglesias renovadas por minera Yanacocha, si camina unas cuadras más encontrará un centro cívico donde se ubica un imponente Coliseo, la única escuela de joyería en plata del Perú, el local de la Municipalidad, entre otros, todos ellos producto de la articulación o a veces con aportes íntegros de minera Yanacocha.

Si va por la carretera hacia donde se encuentran los artesanos talladores en piedra, encontrará letreros de construcción de infraestructura nueva en agua, desagüe, energía eléctrica, canales de regadío, todos financiados bajo distintas modalidades por minera Yanacocha, obras que  mejoraron directamente los índices socioeconómicos de Cajamarca; sin embargo, la población no permitió que se llevase adelante el proyecto Conga y la explotación en el Cerro Quilish. Así tenemos múltiples repeticiones de la historia de muchos proyectos y el hostigamiento de unidades de producción social y ambientalmente amigables.

Entonces  pareciera que las obras de infraestructura  (canales de regadío, carreteras, saneamiento, etc.), serían necesarias pero no suficientes para la convivencia armoniosa entre la empresa y la comunidad. De hecho, las mismas parecieran que solo contribuirían a elevar las expectativas y su satisfacción no implicaría la eliminación e incluso la reducción de la presión sobre las empresas extractivas y su aceptación social.

Es que quizás se debiera tomar en cuenta que las obras de infraestructura son para el Estado un fin, mientras que para la empresa son solo un medio dado que su fin es la aceptación social o la convivencia armoniosa.

Convertir por generación espontánea a un medio (la infraestructura) en un fin pareciera ser parte del gran error que engorda las fauces del monstruo de la  Divina Comedia. Las obras para que sirvan parecieran que debieran cuantificarse socialmente de manera clara y contundente ¿Cuántos adherentes a la causa me han reportado?  ¿1,000 o 500 ciudadanos?  ¿Cómo pruebo que así ha sido? ¿Cuántos adherentes me permitirían obtener la obra alternativa?  El solo hecho de construir no genera de modo alguno adherentes.

Hay que recordar una y otra vez que lo que para el Estado es un fin, para el privado es solo un medio. ¿Cuántos ciudadanos concretamente requieren para sacar adelante su causa? Los oponentes a la inversión sí saben cuántos ciudadanos requieren para tumbarse la inversión. 

Entonces, podríamos inferir que la reducción de la pobreza y desigualdad vía obras de infraestructura, no sería la principal fuente reductora de conflictos sociales, si es que dichos instrumentos no se usan como plataforma o medio y no como fin.

Como lo manifiesta el experto en temas sociales, Dael Dávila, muchas empresas y gobiernos asumen que los ciudadanos actúan siempre de forma racional, como lo son los planes de desarrollo.

Aparentemente, los privados y el Estado podrían estar empeñados en solucionar muy bien el problema que no es. Lampadia




No podemos dejar que nuestra Tía María siga atascada

No podemos dejar que nuestra Tía María siga atascada

Las cosas están claras: La economía está en medio de un frenazo que hará patinar nuestras perspectivas de crecimiento. Las estimaciones de expansión del país se reducen mes a mes. Según el BCR, el PBI se apenas llegará a un modestísimo 3.1% en el 2014. Una cifra paupérrima que evidencia que la parálisis de la inversión privada y pública es aguda. La hora de los diagnósticos y lamentaciones ha pasado. Es el momento de actuar. Como hemos propuesto en Lampadia semanas atrás, “nuestra economía necesita que se viabilicen por lo menos siete (7) proyectos de envergadura que rompan la inercia y muestren que cuando los peruanos queremos hacer algo, lo hacemos; y que cuando tenemos problemas, todos podemos colaborar” (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Uno de sus proyectos que debiera agilizarse es el de Tía María. Ubicado en el distrito de Cocachacra, (Arequipa), Tía María representa una inversión de US$ 1,400 millones y en sus 18 años de vida espera explotar dos yacimientos a tajo abierto de cobre: La Tapada y Tía María, de los que se extraerán diariamente unas 100,000 toneladas métricas de óxidos de cobre para producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre anualmente.

La puesta en marcha de este proyecto es de enorme importancia. No solo por el tamaño y la inversión que representa (lo cual contribuirá decididamente al desarrollo de Arequipa y del sur del país), sino porque demostraría que cuando se quiere se puede. Como se recordará, el 2011 antimineros radicales, a los que se sumaron incomprensiblemente las autoridades regionales arequipeñas, se opusieron a que este proyecto se realice alegando falazmente que emplearían aguas destinadas a la agricultura, cuando está comprobado que el agua del río Tambo y de toda la cuenca se pierde en el mar año a año, gota a gota.

En abril del 2011, una absurda y apurada Resolución Directoral (Nº 105-2011-MEM-AAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, lo que significaba su paralización, pues obligaba a que se detuviera toda actividad en los yacimientos. La empresa, incluso, tuvo que retirar sus campamentos de la zona.  Una paciente labor de los funcionarios de Southern, el empleo de su imaginación para buscar soluciones alternativas aunque fueran más onerosas (como las de tomar agua de mar y construir una planta desalinizadora), lograron que el 5 de noviembre del 2013 se presente un nuevo EIA.

El MEM lo evaluó y tras las subsanaciones de rigor y realizar los talleres informativos y la audiencia pública, finalmente, el EIA de Tía María fue aprobado en agosto último (2014). Es decir, tres años de retraso. Si el proyecto se hubiera aprobado en el 2011, ya estaría en funcionamiento, aportando empleos directos e indirectos, impuestos y canon al país. Veamos algunos diagramas del proyecto en las siguientes láminas (es muy importante que los ciudadanos conozcamos nuestros proyectos):

Aún le falta mucho a este proyecto para que inicie su producción. Por lo pronto, debe hacer gestiones con el MEM, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección de Capitanía de Puertos (Dicapi) que depende del Ministerio de Defensa. Nuestra enrevesada burocracia obliga a que la empresa tenga que obtener casi en simultáneo la autorización de uso de agua para la construcción y la licencia de agua para las operaciones (extracción del mineral), así como el derecho de uso de área acuática (para construir el ducto para tomar agua de mar y la planta desalinizadora). 

Un proyecto que ya tiene su EIA aprobado con lupa, debe obtener luego la Concesión de Beneficio, la cual otorga el derecho a extraer mineral de un yacimiento mediante diferentes procesos físicos, químicos y/o físico – químicos, para ello Southern debe seguir actualmente los siguientes trámites:

  1. Obtener de la ANA la aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (4 a 8 meses).
  2. Obtener la certificación ambiental (a pesar de tener EIA aprobado) por el MEM (1 mes).
  3. Presentar solicitud de Concesión de Beneficio al MEM y publicación de avisos con un Resumen de la mencionada solicitud (1 a 2 meses).
  4. Aprobación de Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática ante Dicapi (6 a 8 meses).
  5. Con todos los procedimientos anteriores aprobados se debe solicitar a la ANA la Autorización de Ejecución de Obras con fines de Aprovechamiento Hídrico (3 a 6 meses).
  6. Una vez obtenido la Autorización anterior se solicita ante el MEM la Autorización de construcción de Planta de Beneficio (1 a 2 meses).
  7. El ANA debe otorgar Autorización de Uso de Agua para Construcción (3 a 6 meses).
  8. Es decir, en el mejor de los casos, en un año se empezarían las obras de infraestructuras necesarias para explotación de Tía María las cuáles durarían unos 24 meses.
  9. Terminada las obras se debe presentar al MEM el Informe Técnico de culminación de obras del proyecto minero metalúrgico. En simultáneo se presenta al ANA el Informe Técnico de culminación de obras de aprovechamiento hídrico.
  10. ANA otorga licencia de uso de agua con fines mineros (3 a 6 meses) y autorización de vertimientos de aguas residuales (3 a 6 meses).
  11. Finalmente, el MEM otorga la autorización de funcionamiento de la Planta de Beneficio (1 a 2 meses).

 

Si todo sale bien, el proyecto podría arrancar la construcción después de 18 a 24 meses. Luego, para iniciar la operación, podrían irse otros 14 meses. Y es que en nuestro país, no existe predictibilidad en los trámites que se tienen que realizar. Un ciudadano común y corriente, así como una persona jurídica debiera saber de antemano que requisitos y diligencias  debe cumplir para obtener de la autoridad correspondiente un permiso, licencia o derecho. Además, debe quedar perfectamente establecido hasta cuanto tiempo se puede tomar un funcionario para dar respuesta. Nada de eso existe. Hay una absoluta discrecionalidad, las autoridades cada día incrementan porque “se le ocurrió” nuevos trámites y requisitos sin que nadie ordene esta situación. Todo esto antes de lo que pueda suceder después de la COP20.

Es así, como la tramitología crece, se refuerza y complica. Ricardo Briceño, en el último Simposium del Oro y la Plata advertía : “En minería, hemos pasado del ´Texto Único Ordenado´ de los años 90 y dos instancias oficiales, que permitieron la gran inversión en la minería moderna y responsable, a 180 regulaciones en muchas instancias distintas y en diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local y “social”). ´Hemos pasado de un Gantt a un plato de espaguetis´” (ver en LEl Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general).  

Este plato de espaguetis debe ser ordenado. Una forma de hacerlo es uniformando y modernizando perfectamente los TUPAS de los distintas instituciones para que no se deje al libre albedrío de un funcionario trabar las inversiones. La nueva Ley 30230 (que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), no podrá cumplirse en mucho de sus términos (como denunciar a un funcionario por trabas burocráticas) si es que no hay un ordenamiento de los TUPAS. Y allí debiera jugar un rol vital la Presidencia del Consejo de Ministros.

Tal y como lo ha planteado Lampadia, un equipo (o varios) de expertos podrían dedicarse a establecer los problemas que enfrentan los grandes proyectos, públicos y privados, para viabilizarse. Asimismo, podría encontrar soluciones legales para agilizar las inversiones (Decretos de Urgencia, Declaraciones de Interés Nacional y otros). La idea es que todo esto se realice con la mayor transparencia y comunicando a la ciudadanía para que entienda los procesos y al Presidente de la República, para que pueda dirigir las acciones adecuadas. Así el Presidente podría apoyarse en la opinión pública para tomar decisiones difíciles pero necesarias para salvar al país de la parálisis final a la que nos dirigimos sin pausa y con mucho miedo.

De no salvarse esta situación podríamos terminar en alguno de los indeseables escenarios descritos en nuestro artículo citado líneas arriba: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos.   Lampadia   




Destrabemos megaproyectos para recuperar el crecimiento

Destrabemos megaproyectos para recuperar el crecimiento

Hasta el 2008 el Perú había mostrado un franco crecimiento. Hemos sido -y en cierta medida seguimos siendo- la estrella de la región. Dicho año crecimos 9.1%, luego estas tasas se fue reduciendo. Así, hemos pasado de 8.5% en el 2010 a apenas 4.2% en el 2014, si es que nos dejamos llevar por la última proyección anunciada por el ministro Luis Miguel Castilla.  Ver en Lampadia (L): Gobierno anuncia nuevo MMM y reduce la proyección de crecimiento.

Por el momento podemos prever que la estructura misma del PBI ha variado. En el 2008 la minería representaba el 14% del PBI y el 58,4% de las exportaciones. Para el 2013 la minería representó solo el 12% del PBI y el 55,1% de las exportaciones. O sea, la importancia de este sector se ha visto reducida en estos años. Esto no es difícil de explicar. Desde que entró el nuevo gobierno se han frenado las exploraciones mineras y se ha dificultado la inversión en los grandes proyectos. Asimismo, el discurso anti-minero oficializado por el Primer Ministro Lerner, que ofreció una nueva minería que nunca se formuló, espantó los capitales.

Todo esto no solamente tumba la producción del sector minero, sino además perjudica a las demás empresas pequeñas, medianas y grandes que son parte de la cadena de producción de este sector. Después de todo, el crecimiento del sector minero ha ayudado al surgimiento de un sector industrial que es el más grande, fuerte, competitivo, innovador y exportador de nuestra historia. Por otro lado, no olvidemos que por cada puesto de trabajo creado por la minería se crean 9 puestos en los demás sectores, entre directos, indirectos e inducidos.

Esta situación no se va a revertir con los proyectos que ya tenemos en marcha, su efecto será solo temporal, en la medida que vayan entrando en producción. Lo que necesitamos es que el gobierno tome la decisión política de destrabar algunos de los grandes proyectos mineros, petroleros y energéticos que se encuentran parados por diversas razones.

Según la información del Ministerio de Energía y Minas, algunos proyectos de gran envergadura podrían salir adelante en un periodo relativamente corto de contar con apoyo político. Por ejemplo, Conga en Cajamarca representa una inversión de US$4,800 millones que bien podrían ejecutarse si es que el Estado hiciera su parte. Otros proyectos, como Tía María, podrían ser bloqueados si es que no velamos por su desarrollo.

Mucho más conveniente que estar descubriendo nuevos motores de producción o apostar por proyectos de inversión en infraestructura que son muy de largo plazo, es jugar con lo que ya se conoce y ya ha generado puestos de trabajo y tantos otros beneficios para el país en los años pasados. Ver en (L): La minería tiene un alto valor agregado. El Gobierno podría comprometerse a sacar adelante apenas dos grandes proyectos en lo que le queda de tiempo y esto tendría un impacto reactivador bastante fuerte. Es más, incluso tendría un gran impacto positivo en la recaudación tributaria. Ver (L): El impacto macroeconómico de la minería.

El sector privado e incluso estudios internacionales tienen identificado lo que hace falta resolver para que la inversión fluya.  Ver en (L): A pesar de nuestro gran potencial minero, seguimos a media tabla.  Por ejemplo, Colombia está creciendo casi el doble que el Perú sobre la base de la desregulación de su economía y la promoción de la inversión en minería. Lo que faltaría, entonces, es que hagamos algo concreto al respecto o este gobierno nos dejará para el próximo periodo gubernamental en condiciones clamorosas y muy distintas a las que encontró. Lampadia