Por César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

Queda un asunto confuso en la historia de la demanda de los US$ 1,200 millones que requiere explicación.

La primera reacción del Fiscal Vela y del gobierno cuando apareció el anuncio de la demanda de Odebrecht fue sostener que el caso ante el CIADI era inviable porque Odebrecht había entregado a la fiscalía una carta sobre el gasoducto aceptando ser responsable al menos de los pagos indebidos efectuados a un representante de su competencia y a un abogado externo asesor de Proinversión durante el proceso previo a la firma del contrato. Odebrecht ha reconocido que la carta existe. Sin embargo ha declarado que esa carta no le impide proceder. Desde su narrativa el caso del gasoducto no ha sido afectado por prácticas de corrupción.

En realidad Odebrecht hizo más que sobornar a las dos personas a las que se refiere la carta. Filtró fondos a la campaña de los dos candidatos a la presidencia que pasaron a segunda vuelta en el período en que se debía resolver la viabilidad del proceso y ocultó su relación con Graña y Montero para no incomodar a la señora Heredia, cuando el señor Humala era ya presidente de la República. La Fiscalía tiene testimonios que indican que esa intención de “no incomodar” a la señora Heredia podía tener relación con la forma en que ella misma estaba promoviendo su propuesta. Según diversos testimonios que la fiscalía tendría ya en su poder la señora Heredia impulsó, dirigió o intervino activamente en reuniones oficiales en la que se discutía el proyecto. La fiscalía investiga ahora mismo el sentido exacto de su intervención en esas reuniones, en dirección a probar que quien recibió los US$ 3 millones que Odebrecht entregó entre los años 2010 y 2011 interpuso luego sus influencias a favor de su propuesta.

Entonces desde más de un punto de vista esta es también una historia sobre corrupción, aunque las reglas legales aplicables (parece específicamente un caso sobre tráfico de influencias) no sean las mismas que aplican a otros casos.

Pero cuando tomamos esta dirección seguimos admitiendo, de una forma u otra, que la llave para revisar si la demanda de los US$ 1,200 es o no viable depende del sentido que le demos a la construcción “corrupción”.

Pregunté esta semana a varios expertos en arbitrajes sobre esto. Uno de ellos me explicó muy claramente que las competencias de los tribunales arbitrales del CIADI no se organizan conforme a esta construcción, sino por una distinta: “inversiones protegidas”. Este experto me explicó, documentos a la mano, que puede demandarse ante el CIADI protección para una inversión realizada siempre que cumpla dos requisitos: Que el demandante haya respetado las leyes del lugar en que se hizo la inversión y que se haya procedido de buena fe. Filtrar fondos lavados a dos candidatos a la presidencia, ocultar en el proceso la verdadera conformación del consorcio con que se ejecutará las obras, sobornar a un representante de la competencia y a un asesor de la entidad pública a cargo del concurso y obtener la influencia de un personaje tan cercano al gobierno como la señora Heredia son eventos que están muy lejos de permitir que Odebrecht pueda pretender siquiera que su inversión inicial en el gasoducto pueda ser considerada como una de las “inversiones protegidas” bajo las reglas del CIADI. La discusión sobre si estos eventos forman o no un caso de corrupción en algún sentido, entonces, puede no ser siquiera necesaria para estos fines. Hay una construcción distinta, más amplia que la de corrupción, que forma la llave de acceso a estos procesos. Y Odebrecht no puede usarla a su favor.

Por eso uno de los dos expertos que consulté encontró más que sensata la reacción del Ministerio de Economía y de la Comisión Especial al intento de Odebrecht por obtener una prórroga al plazo de la demanda. No tiene sentido discutir una prórroga para un caso que ni siquiera constituye una inversión protegida.

Desde esta lectura Odebrecht no tiene un caso en forma. Tiene una falsa escena construida para ganar las ventajas que le concede el tiempo y el enorme nerviosismo con que se procesan estas cosas entre nosotros.

Y vaya si viene pretendiendo obtener estas ventajas. En medio de la crisis Odebrecht envió una comunicación al Ministerio de Economía anunciando que están dispuestos (¡gracias!) a sostener una reunión para buscar una solución amistosa a sus diferencias con el Estado.

Por supuesto la Comisión Especial les acaba de responder rechazando la reunión y dejando en claro que para ellos, que están encargados del mundo de los arbitrajes y no de los asuntos de política interna, la carta de responsabilidad que entregaron a la fiscalía es una llave maestra que permitirá, temprano o tarde, ganar esa demanda.

Entonces la demanda de Odebrecht podría no generar una situación que nos quite el sueño en el mundo de los arbitrajes internacionales. Pero en el escenario interno, el que se forma por el difícil equilibrio que resulta de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz firmado en el verano de 2019 (el de los S/ 610 millones más intereses) crea una enorme dificultad. Una dificultad parcial porque compete a los aspectos civiles del acuerdo (la reparación a pagar) no a los penales (las evidencias por recibir). Pero un enorme problema. El anuncio del acuerdo ha puesto en evidencia que Odebrecht negoció el acuerdo y negoció la liberación del saldo excedente de la venta de Chaglla ocultando que tenia en cartera una demanda de esta envergadura. Sea viable o no en el mundo arbitral, el anuncio de la demanda que se ocultó rompe el equilibrio de los aspectos civiles del acuerdo y obliga a hacer una revisión al menos del cronograma de pago, de sus garantías y de la cobertura de la reparación acordada para casos como San José de Sisa y las filtraciones a la política, que aún no han sido reparados.

Entonces la mesa correcta para estabilizar este desorden no es la del MEF, sino la que aprobó el acuerdo del verano de 2019 y la liberación de los fondos de Chaglla. El anuncio de la demanda parece, de hecho, tener más efectos en el ambiente interno que rodea los aspectos civiles del acuerdo que en este otro en que se define la suerte de las demandas arbitrales. Lampadia

El primer semestre del 2019 no trajo consigo cifras auspiciosas para la economía peruana. Basta con revisar las cifras de crecimiento del primer trimestre (2.34%), las del segundo (1.08%) y las del primer semestre (1.72%). Tomando esto en cuenta, uno se pone a pensar en la última vez que se tuvo un escenario tan poco alentador: el año 2009.

En dicho año, la economía más grande del mundo, Estados Unidos, había caído y su mejor competidora, China, todavía no se volvía la figura hegemónica que es hoy en día. Sin embargo, el Perú no fue afectado en gran medida por tal evento, esto dado que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central iniciaron a tiempo las políticas fiscales contra-cíclicas y las políticas expansivas en cuanto al manejo de la tasa de referencia, respectivamente. Estas tuvieron como enfoque mantener el dinamismo en la economía, bajo el soporte del gasto privado y público.

El escenario que se vive hoy en día es sumamente diferente, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En este sentido, a continuación, se presentan algunos puntos interesantes de la situación actual:

• El nivel de ejecución de obras públicas es mínimo, alcanzando solo un 30% a finales de julio. En especial, se puede ver que el bloque de Gobiernos Regionales es el que menos marca en cuanto a porcentaje de ejecución. Esta situación, también, es la principal razón por la cual las políticas contra-cíclicas no pueden ostentar la misma efectividad que tenía en el 2009.
• En cuanto al nivel de adjudicaciones de APP’s de ProInvesión, también se tiene una caída considerable, en comparación al año pasado. En el 2018, este nivel marcaba US$2739 millones, durante todo el año; sin embargo, durante todo el primer semestre del 2019, tan solo se ha llegado a US$255 millones.
• El nivel de inversión privada redujo su crecimiento, marcando un 3.1%, en comparación con el 7.3% que se vio en los últimos periodos. Esto a causa del conflicto comercial entre Estados Unidos y China.
• Específicamente, las amenazas arancelarias de Estados Unidos hacia China no auguran un buen escenario para esta última. De tal manera, se estima que China pueda experimentar su peor desaceleración en los últimos 10 años.
• También se reportó una contracción del PBI de Alemania en el segundo trimestre del 2019.
• Estos últimos eventos se han traducido a una caída en algunos indicadores clave. Por ejemplo, durante el primer semestre del 2018, las exportaciones peruanas crecieron un 4.1%; mientras que, en el primer semestre del 2019, estas decrecieron un 1%. Asimismo, los precios de las exportaciones cayeron un 6.2% hacia junio del 2019; en comparación con el aumento del 15.2% en el mismo periodo durante 2018.

Estos factores son los que marcan la diferencia en comparación con el escenario del 2009. Y son estos mismos factores son los que hacen que la economía peruana demande un impulso que la haga más dinámica y asegure la creación del empleo a futuro. En este sentido, un buen primer paso sería concentrarse más en la inversión privada y, en base a ello, generar un impulso a corto plazo. Otra opción es establecer un programa de reformas estructurales que nos permita elevar la tasa de crecimiento del PBI potencial. En este sentido, lo que se debe buscar con más celeridad es una mayor productividad en el mercado laboral peruano, pues esta es la mejor manera de aprovechar los beneficios del crecimiento económico en distintos contextos del país.

Finalmente, es bueno recalcar que el Perú ostenta fundamentals sólidos para su crecimiento; sin embargo, el ruido político y el accidentado diálogo entre las instituciones y la población juegan en contra del crecimiento. Prueba de esto último es lo sucedido en Tía María. No obstante, las futuras inversiones en el Perú deben tener siempre como consigna asegurar un mejor aprovechamiento de los recursos que gana el Perú cuando su economía crece, tanto para las personas que habitamos este país como las empresas que se desarrollan en él. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La guerra entre el Ejecutivo y el Congreso está produciendo verdaderos desastres. Acaso como una forma de represalia, el Congreso, tal como hizo con la anulación de la cuestión previa que era un contrapeso del Ejecutivo frente al Congreso, ahora ha aprobado una ley de negociación colectiva en el sector estatal que es una verdadera bomba de tiempo fiscal. Decimos represalia porque la versión que se estaba trabajando meses atrás incluía el necesario visto bueno del Ministerio de Economía a los convenios colectivos alcanzados, para no comprometer la estabilidad fiscal, pero hace poco el proyecto fue modificado eliminado esa salvaguarda de modo que la ley salió como salió. Todas las bancadas menos la de PPK y el congresista Pedro Olaechea aprobaron la ley.

El problema es que la represalia termina siendo contra el país. ¡Que mueran Sansón y los filisteos!, parece querer decir el Congreso. El artículo 3 señala que uno de los principios que rigen la negociación colectiva es el “principio de previsión y provisión presupuestal”, en virtud del cual “todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria deberá considerar la disponibilidad presupuestaria”. Pero esa frase, que suena muy bien, es solo una declaración, porque el procedimiento de la negociación colectiva establecido en la ley no contiene límites efectivos a una posible expansión presupuestal sin control. El artículo 13 prescribe que “de no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de ley…”. Uno de esos mecanismos puede ser el arbitraje. Por lo tanto, un tribunal arbitral, integrado por terceros, ajenos al Estado, puede terminar comprometiendo al Estado a gastar un monto presupuestal inmanejable. Pues dicho artículo también señala lo siguiente:

“Los acuerdos alcanzados con incidencia económica son remitidos por la presidencia del consejo de ministros, dentro de los cinco días de su suscripción, para su inclusión en la Ley de Presupuesto Público”. Punto.

Considerando que los árbitros suelen ponerse alrededor del término medio entre las dos partes, lo que ocurrirá es que la central de trabajadores propondrá un monto sideralmente alto. Y en la medida en que el laudo arbitral resultante es inapelable, deberá incluirse en el presupuesto público del siguiente año.

Y si en lugar de un arbitraje la confederación de trabajadores optase, ante un desacuerdo, por ir a una huelga general, el resultado puede ser aun peor. Porque la negociación colectiva será para todo el Estado. En efecto, la ley establece dos niveles de negociaciones colectivas, el centralizado y el descentralizado. El centralizado incluye a todos los trabajadores del sector público. Es decir, una sola negociación para todo el Estado. Esta negociación tranquilamente puede desembocar en una huelga que lleve también a incrementos que rompan el equilibrio fiscal.

Interesante hubiera sido atar incrementos salariales al crecimiento del PBI, de la productividad o de los ingresos fiscales. Así todos estaríamos interesados en que haya más inversión privada de todo tipo, incluyendo por supuesto la minera. Todos, incluyendo los empleados públicos, remaríamos en la misma dirección, para que haya más recursos que permitan incrementar los sueldos de los estatales. Pero no. Es, al contrario. Una ley como esta abre una incertidumbre fiscal que antes no existía y que puede más bien disuadir la inversión privada en el largo plazo.

Porque, además, resulta que al mismo tiempo que se lleva a cabo esa negociación colectiva centralizada, se puede llevar a cabo negociaciones colectivas descentralizadas en cada entidad pública. No son excluyentes. El desorden potencial es enorme. Vamos a tener a todo el Estado en conjunto y a cada entidad por separado negociando meses de meses.

No solo eso. Resulta que a último minuto se agregó a mano la derogación de los decretos legislativos 1442 y 1450 promulgados hace poco.

Uno se pregunta cómo es posible que el Congreso haya derogado en 1442, que buscaba ordenar la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. Crea la Planilla Única de Pago del Sector Público, un aplicativo Informático de esa Planilla Única, el catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, etc. No es posible que se haya derogado un instrumento para ordenar la planilla del Estado y para generar información que sirva precisamente para diseñar mejores políticas públicas relacionadas al personal del Estado y a las remuneraciones, y que permite asegurar la disciplina fiscal necesaria en este campo. ¿En qué mente cabe derogar un instrumento como este?

Costó una dolorosa y destructiva hiperinflación alcanzar el consenso nacional en torno a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, que se convirtió en una verdadera conquista social que no podemos empezar torpedear.

El otro decreto legislativo derogado es el que introducía algunas mejoras en la ley del régimen del Servicio Civil (SERVIR). Los cambios han sido derogados, pero no han sido restituidos los artículos originales de esa ley, de modo que SERVIR puede tener problemas operativos serios.

¿La meritocracia?

Esto último puede ser sintomático de otro peligro potencial: que la negociación colectiva en estos dos niveles lleve a neutralizar o demorar la implantación del régimen de la ley del servicio civil, afectando la meritocracia y la gestión de rendimiento, es decir, el sistema de evaluaciones para el ascenso y premios por productividad o buen rendimiento. Como sabemos, los sindicatos suelen ser refractarios a la disciplina meritocrática. Si bien el tránsito a esos esquemas de gestión está establecido en la ley SERVIR, su aplicación es compleja y requiere de mucho empuje político. En ese sentido, negociaciones colectivas pueden afectar el proceso. 

Claro, una visión optimista diría que la negociación colectiva centralizada podría permitir hacer política remunerativa a través de ella, mejorando por ejemplo a las entidades que tienen sueldos más bajos. Pero parece difícil imaginar un compromiso de las cúpulas sindicales son la implantación de un régimen meritocrático relativamente exigente. Pues no se trata de dar incrementos indiscriminados e iguales para todos, sino que estos se otorguen en función de rendimientos y ascensos en una escala de méritos.  

No hay que olvidar que estamos hablando de servidores públicos. Lo que interesa acá es el mejor servicio público al ciudadano. Es el ciudadano el que debe estar en el centro de la preocupación congresal. Pero no ha sido así. Ha primado, como siempre, la propensión clientelista a beneficiar a un bolsón social delimitado en la esperanza de obtener sus votos. ¿Y el país?

El Ejecutivo debe observar esta ley. Y, de paso, debería servir para que el Presidente Vizcarra revise su decisión de votar por el NO a la bicameralidad. Si hubiésemos tenido un Senado, con seguridad esta ley no hubiese sido aprobado en los términos en que lo ha sido. Lampadia

Alonso Rey B.
Para Lampadia

Cuantas veces hemos escuchado hablar a los políticos y al Ministerio de Economía (MEF) que es necesario hacer una reforma tributaria para modificar ciertos aspectos donde los contribuyentes se evaden o eluden para no pagar impuestos; o por que las normas vigentes no son las adecuadas; y no se previó cuando se realizó la última reforma.  Cuando se apruebe la famosa reforma va a resultar inadecuada, por cuanto el informal es más rápido que cualquier burócrata.

Lo que nunca dicen es que los informales no pagan impuestos y los formales cada vez tiene que pagar mas impuestos para poder cubrir los gastos del Estado. Sin embargo, no resulta razonable pensar que más del 73% de la economía es informal y no paga impuestos y que el resto menos del 27% carga con la presión tributaria.

Si el objetivo de la reforma es cambiar todo el sistema tributario, ampliar la base tributaria, facilitar las normas para que sean fáciles de entender, aplicar y pagar impuestos, bienvenida la reforma. Sin embargo, que sea esa la estrella que sigan y para ello deben tener presente lo que dice una frase del autor del Principito (Antoine de Saint Exupery) “Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía”. Nuestros reformistas si pierden la estrella que los debe guiar que es ampliar la base y hacer un sistema fácil de aplicar y entender, volverá hacer una reforma inútil.

Varios temas que se deben evaluar antes de realizar una reforma tributaria:

1.- Debemos empezar a pensar, sino lo han hecho antes, que el sistema tributario peruano es obsoleto y viene desde el año 1968 con cambios cosméticos. Lo que necesitamos es modificar todo el sistema y hacer uno nuevo según nuestra realidad.

2.- De acuerdo con cifras de la Sunat, en los últimos 17 años, la recaudación por tributos internos (es el 74% del total de la recaudación) ha representado entre 10% y 14% del PBI. Sin embargo, por más que la economía peruana sigue creciendo, la recaudación por tributos internos como porcentaje del PBI, pasó de 14.1% en 2014, a 12.6% en 2015; y, posteriormente, pasó a 12.2% y 11.6% en 2016 y 2017, respectivamente. Nuestro sistema tributario ha colapsado y no es posible seguir parchándolo para ver si resulta mejorar la recaudación.

En efecto, en el año 2014, con un PBI de S/ 576,475 millones, se recaudó por tributos internos S/ 81,104 millones, en 2015, con un PBI de S/ 612,668 millones, se recaudó S/ 77,271 millones, es decir, como el cangrejo. A ello tenemos que sumarle la incapacidad del gobierno de turno, en esos años, que también es un factor que tenemos que restar.

Si revisamos las cifras sobre las mayores tasas de crecimiento de la recaudación tenemos que éstas se dieron en los años en que el crecimiento del PBI estuvo por encima del 6%. Por lo que, o sólo crecemos más del 6% o no hagamos ninguna reforma tributaria por que otra vez será inútil y obsoleta en un corto plazo.

3.- Un dato importante para realizar una reforma tributaria es determinar a quien va dirigida, es decir a que tipo de contribuyentes se les va aplicar y sobre todos que empresarios tienen capacidad para entender las normas tributarias, correctamente. Veamos la composición de la PEA en el nivel educativo de nuestro país, y eso que aquí contamos todo nivel educativo, inclusive a aquellas universidades sin clasificación por parte de la SUNEDU, es decir hasta la educación informal.

Como se puede apreciar del cuadro anterior, tenemos que el nivel de la PEA con educación superior universitaria es de sólo 2,764,000 de personas. Es decir, sólo el 16.7% de la PEA podría leer y entender correctamente las normas tributarias aplicables en Perú, es decir sólo legislamos para una minoría y si le restamos a la PEA las personas que viven y trabajan en Lima, Arequipa, Trujillo, tendremos que menos del 10% de la PEA se encuentra fuera de las ciudades mencionadas.

Conclusión, no podemos seguir pensando en hacer una reforma tributaria, lo que tenemos que crear es un nuevo sistema tributario aplicable sino será otra vez Andrés con la misma cojudez.

4.- De acuerdo con el INEI, hacia 2017, la informalidad en nuestro país supera el 73% de la economía, por lo que, cualquier política tributaria adoptada por el gobierno impacta sobre una pequeña porción de la economía. Es decir, casi a la misma proporción de la PEA con educación superior, por que si seguimos en el mismo camino vamos a llegar al mismo final, pocos pagan mucho para sostener a todos. El Estado no se reforma ni actualiza por lo que requiere más recursos.

5.- Tenemos que empezar de cero, con un sistema tributario donde sea sencillo de aplicar, todos paguemos, sea fácil de recaudar, sea más fácil entenderlo y pagar, no existan trámites engorrosos y el contribuyente no sea visto como un delincuente, sino como un socio. Deben tener presente que el Estado participa, actualmente en un 30% de los ingresos del contribuyente, es decir, es mi socio en 30% de la empresa, por que si mi socio gana más dinero el Estado va a recibir mayor participación por los ingresos de sus socios.

Si tu eres mi socio, como puede existir una medida sancionadora del Estado de cierre de establecimiento, es decir mi socio no vende no tiene ingresos y yo no cobro impuestos por esas ventas no realizadas. Tenemos que ser estúpidos para dispararnos no solo en el pie sino en la sien.

6.- La reforma tributaria no puede ser realizada por los mismos funcionarios que administran los impuestos, bien dice Einstein que “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, claro por eso la reforma no puede ser realizada por los mismos funcionarios y haciendo lo mismo, que es parchando las normas actuales sin ser creativos de como podemos mejorar la recaudación y paguen todos impuestos. No hay peor pregunta cuando vas a adquirir cualquier producto o pagar un servicio que te digan “boleta o factura”. Los contribuyentes deberían convertirse en fiscalizadores, pedir facturas y poder deducir todo el IGV que hayan adquirido del Impuesto a la Renta, cuantos fiscalizadores tendremos al día siguiente, 5 o 6 millones, mas que la PEA con educación primaria completa. En los últimos cambios del Impuesto a la Renta fueron muy tibios, luego entro la Sunat y ya no se puede deducir nada de los gastos, por que los trámites son tantos que es mejor no deducir. Es decir, objetivo logrado.

Si hacemos lo mismo, vamos a continuar en el mismo camino. Hoy 280 contribuyentes aportan el 42% de lo recaudado por todo concepto del Impuesto a la Renta. Asimismo, el 1% de los contribuyentes, que resultan ser los mas fiscalizados y son los principales, contribuyen con el 78% de lo recaudado por el Impuesto a la Renta. Ahora cuéntenme de que reforma tributaria hablamos y si el 99% del resto de contribuyentes solo contribuye con el 22%.

Si nosotros como contribuyentes no tenemos ningún incentivo para pedir boleta o factura. ¿Por que tengo que trabajar para el Estado como fiscalizador? que además me cobra impuestos. Cualquier cambio que no sea radical no va a generar ningún incremento en la recaudación, eso ya lo vivimos varias veces y siempre con el mismo resultado, un fracasó mas. La mejor reforma es todos los impuestos a la gasolina (como lo hizo el MEF hace poco), todas las empresas que paguen un 5% sobre los ingresos brutos sin deducciones, todos paguemos IGV a una menor tasa. El otro día leía en una revista (Harvard Business Review) que cuando no encuentras una solución a un problema y sigues buscando haciendo lo mismo, lo mejor es llamar a un músico para que te ayude, por cuanto no esta contaminado con el problema y las diferentes soluciones que pretendes encontrar; él te podrá ayudar a encontrar la solución. En el caso de la reforma tributaria, le diría al MEF que llame a la Sinfónica Nacional y a todos los cantantes folclóricos del país, para que los ayuden a encontrar la solución.

7.- La reforma tributaria tiene que incluir una mejor forma de solucionar los reclamos cuando se originen, no por que un auditor de Sunat realice una acotación implica que la acotación es irrefutable y a pesar que pueda ser una barbaridad ni el superior jerárquico la puede detener y quien paga la cuenta, como siempre es el contribuyente. Al contribuyente le tienen que reembolsar sus costas y costos en el proceso administrativo, en caso gane el proceso; y dichos montos deben salir de las remuneraciones de los fiscalizadores a efectos que tengan un incentivo en no realizar acotaciones absurdas e ilegales. La Sunat jamás debería tener la facultad de impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal, eso por principio, es como el Gerente de Operaciones impugne las decisiones del Directorio por que no esta de acuerdo con la decisión tomada, es impresionante que esto suceda en el Perú.

8.- Toda reforma debe modificar la elección de los miembros del Tribunal Fiscal, la forma de operación y funcionamiento del referido Tribunal y el plazo máximo que tiene el mismo para poder resolver. Conocemos un caso de Aduanas que subió 3 veces al Tribunal Fiscal y en vez de resolver en una sola oportunidad el fondo del asunto, solo declaraba nula la resolución y obligaba al funcionario de Aduanas a volver a pronunciarse. El funcionario no podía entrar en contradicción y volvía a resolver lo mismo con una demora de 2 y 3 años. El proceso se demoró 8 años y el contribuyente, que además era extranjero, no podía entender el problema del Tribunal y mucho menos el de Aduanas.

La elección de los miembros del Tribunal Fiscal debe tener por los menos 3 requisitos (i) que haya pagado impuestos tanto como persona natural o haber sido directivo en una empresa que haya pagado impuestos; (ii) que haya pagado planillas o haya tendido un cargo directivo en una empresa que haya pagado planillas; y, (iii) que sepa leer. Si desean y son muchos requisitos, podemos obviar el último. Los miembros del Tribunal Fiscal no pueden tener alguna relación con la Sunat y si la hubiesen tenido, debería existir un periodo no menor de 5 años en los que no deberían ejercer ningún cargo ante el Tribunal Fiscal. En ese tiempo pueden pagar impuestos y planillas para tener los requisitos esenciales.

Lamentablemente toda esta reforma tributaria sino viene acompañada de una reforma del Estado será inútil, porque el monstruo del Estado seguirá requiriendo más recursos para pagar las ineficiencias que ellos mismos crean para poder mantenerse en el cargo.

Como siempre, se hará la reforma y no se obtendrán los resultados buscados y una vez más se aplicará la frase “Donde termina la Razón, empieza el Perú.” Lampadia

La desaceleración de la economía peruana es cada vez más pronunciada. Como hemos señalado (ver en Lampadia (L): Hay que prender el motor de la inversión privada), esta se debe en gran medida por la caída de inversión privada y  pública que el año pasado tuvieron un ratio negativo de 1.6% y 3.6%, respectivamente. El freno de la inversión privada se debe en gran medida a que varios proyectos del clave sector minero y de infraestructura no salieron.

Una demostración de que la inversión privada ha caído es que, “las expectativas empresariales se han deteriorado dela mano de la fuerte desaceleración económica. La prueba más palpable de esta situación es que el número de empresas cerradas ha llegado a su mayor nivel desde que se tiene registro.El año pasado se cerraron 163,729 empresas, 6.7% más que en el 2013, en una coyuntura de menor demanda tanto interna como externa, según el boletín “Demografía Empresarial en el Perú”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Pero fue hacia el cuarto trimestre del año en que se llegó al punto más álgido,con hasta 46,370 empresas dadas de baja, lo que representó un 58.6% más que en el mismo periodo del 2013”, según Gestión.

Habría que hacer notar que los “sectores más vulnerables al cierre de empresas fueron el comercio al por menor (17% del total de bajas en el último trimestre), seguido de comercio al por mayor (16.6%), servicios prestados a empresas (14.7%) y otros servicios (12.5%)”. Este golpe se ha sentido mayormente en Lima que concentra el 44.3% del total de compañías desaparecidas. Las regiones parecen haber soportado mejor esta situación aunque las más golpeadas,entre ellas, son “Arequipa (5.3%), La Libertad (5.2%), Cusco (3.8%) y Junín (3.6%), zonas donde se registra un alto dinamismo empresarial”.

La situación económica, como no podía ser de otra manera “afectó el ritmo de creación de empresas.El año pasado se registraron 262,973 firmas nuevas en todo el país, un 8.2% menos que durante el 2013”. Esta situación está, indudablemente, afectando la creación de empleo.

Asimismo, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas, trata de dejar más dinero en  manos de los ciudadanos y empresas, la Sunat hace lo contrario, al crear mayor rigidez para los procesos de fraccionamiento de las deudas tributarias. Esto obliga, como hemos señalado, a que muchas empresas cierren, despidan trabajadores o terminen informalizándose. Además, la Sunat está restringiendo los gastos que se pueden imputar como descuentos fiscales, con lo cual, se retira, adicionalmente, más caja a las empresas.(Ver en Lampadia: El MEF y la Sunat tiran de la cuerda en distintas direcciones).

En el tema laboral, una primera reforma podría ser el evitar lo que Pedro Olaechea llama “el valle de la muerte”, que es el abismo en que cae una empresa que decide formalizarse. El problema es que una vez formalizada es posible de que una eventual inspección laboral termine acotando a la empresa multas y recargos por los incumplimientos laborales en que incurrió mientras era informal. Como es fácil de entender, las eventuales cargas pueden ser tan onerosas que ninguna empresa se arriesga a pasar por el proceso. Las más ingeniosas abandonan su RUC y empiezan a trabajar con uno nuevo. Pero eso crea otros problemas y costos. ¿Cómo hacer? Pues, mediante cierto compromiso de la empresa, se le debería eximir de los eventuales cargos, estableciendo un plazo límite para que estas se acojan a una promoción práctica de la formalidad.

En cuanto a la Sunat, esta debiera desandar sus recientes acciones para dificultar los fraccionamientos. Además, cómo cualquier acreedor bancario, no debiera limitar la posibilidad refinanciar las pérdidas de fraccionamientos, una y otra vez, cobrando algo de cuotas iniciales cada vez que el deudor tributario necesite refinanciar. De lo contrario, si los deudores no cuentan con recursos suficientes para pagar de una sola vez el íntegro de sus deudas, no les queda otra alternativa que volverse informales o quebrar.

En las actuales circunstancias, es necesario que se haga una estrecha coordinación del objetivo de las normas del MEF, el Ministerio de Trabajo y la Sunat para establecer un período de facilitación de la formalización laboral y tributaria. Lampadia

Por Alonso Segura. Ministro de Economía y Finanzas

(El Comercio, 21 de Septiembre del 2014)

Comentado por Lampadia: Ya es hora de que el gobierno reconozca las verdaderas medidas del Perú: 90-90-90. 90% del empleo, 90% de los recursos fiscales y, 90% de la inversión (Incluida parte de la pública, que sale de la recaudación fiscal). Ver otras notas más abajo.

¡Suerte Ministro!

El Perú es una de las economías con mayor potencial de crecimiento de la región y se ha distinguido por el manejo responsable de sus finanzas públicas y el buen desempeño de sus cifras macroeconómicas.  Como pocas veces en nuestra historia, el sueño de tener un país moderno que brinde igualdad de oportunidades a sus ciudadanos parece cada vez más cerca, pero es un camino que no está exento de dificultades. 

Al igual que lo ocurrido en la gran mayoría de países de la región, este ha sido un año de debilitamiento en el crecimiento de la economía. Es indudable que factores externos han contribuido de manera determinante en este resultado, si bien también se han sumado otros de fuente doméstica, tanto de oferta como de demanda.

Sin embargo, indicadores adelantados de actividad económica, que se utilizan como señalizadores de lo que se viene, ya empiezan a mostrar un mayor dinamismo, lo cual sugiere una recuperación gradual del crecimiento en los próximos meses. En este sentido, lo peor de la desaceleración ya habría pasado y los factores adversos se irán disipando gradualmente durante el resto del año, aun cuando en el tercer trimestre podamos ser testigos de un crecimiento todavía errático. 

En este contexto, los objetivos del gobierno del presidente Ollanta Humala apuntan a continuar reduciendo la pobreza y generando mayor inclusión social.  Para ello, es necesario consolidar la recuperación de la economía, generar las condiciones para sostener altas tasas de crecimiento en el mediano plazo, persistir y profundizar en la implementación de reformas e iniciativas ya en marcha, así como adoptar algunas medidas adicionales prontamente.

Es fundamental continuar con la implementación de las grandes reformas que este gobierno ha venido trabajando en los siguientes campos: el servicio civil, el magisterio, el sector salud, entre otros. Estas reformas reflejan la apuesta del gobierno por fortalecer el capital humano y la meritocracia en la administración pública que permitan a su vez la provisión de mejores servicios a los ciudadanos. Una muestra clara de cuán prioritarias son estas reformas es el incremento sustancial de casi 1% del PBI en la asignación para los sectores de Educación y Salud en la propuesta de Presupuesto General de la República remitida al Congreso para el año 2015, así como el compromiso de recursos incrementales para el 2016.

De igual modo, es necesario garantizar la ejecución oportuna del gasto público, y en particular, de la inversión pública, en línea con los objetivos y asignaciones plasmados en el presupuesto; así como continuar con el despliegue del presupuesto por resultados. En esa línea, se ha venido trabajando en mecanismos para modernizar y hacer más ágiles los procesos de compras y contrataciones del Estado. Este no es un reto menor debido a la complejidad de los procesos y la multiplicidad de entidades involucradas, pero hay que seguir haciendo más predecible, eficiente y equitativa la asignación y ejecución del gasto público en todos los niveles de gobierno. Recordemos, además, que el gasto público es la principal herramienta de política fiscal, más aun en situaciones como la actual, que ameritan un sesgo contracíclico como mitigante al debilitamiento temporal de la actividad privada. [Lamentablemente paralizada por el propio Estado, que no llega a creer en la potencia del sector privado peruano] Iniciativas como la extensión de obras por impuestos al gobierno nacional en sectores priorizados, propuesta del Ejecutivo que se encuentra hace unas semanas en el Congreso de la República, son fundamentales en este esfuerzo.

Estamos abocados en profundizar y hacer aun más comprensivos los esfuerzos en la eliminación de la ‘tramitología’ pública que se traduce en sobrecostos y demoras a la conducción de actividades por parte de los ciudadanos y de las empresas. A este efecto, y en línea con los esfuerzos de seguimiento y destrabe de inversiones, así como del segundo eje del Plan Nacional de Diversificación Productiva, se está trabajando una propuesta normativa que gatille en las entidades públicas la obligación de diseñar, proponer y remitir iniciativas de simplificación de sus procesos, en un breve plazo.

Un mecanismo sostenible para acelerar el cierre de la brecha de infraestructura y provisión de servicios de calidad a los ciudadanos proviene de darle un impulso aun mayor a las asociaciones público-privadas. A este efecto, no solo se vienen formulando proyectos bajo iniciativa estatal, sino que se está trabajando en impulsar decididamente las iniciativas privadas cofinanciadas (IPC). [Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones]. En este sentido, se encuentran actualmente en evaluación una cantidad importante de IPC, incluyendo sectores sociales como salud y educación; varias de las cuales consideramos estratégicas para el Estado Peruano y sobre las que haremos anuncios próximamente.

Asimismo, estamos evaluando medidas adicionales, incluyendo los ámbitos tributario y laboral, que  brinden un soporte adicional a la actividad económica, impulsando así las expectativas en el corto plazo y permitiendo generar mayor competitividad y ganancias de productividad en la economía hacia el mediano plazo. Estas medidas deben tener como denominador común el coadyuvar a facilitar la generación de empleo formal. Somos conscientes de que vivimos en un mundo cada vez más competitivo, y por ello, tenemos que trabajar para generar las condiciones que nos permitan integrarnos exitosamente con nuestros pares de la Alianza del Pacífico, así como avanzar decididamente en el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). [Lamentablemente el Presidente de la República, en su último mensaje al Congreso Nacional, dijo que llevaría este tema al acuerdo nacional, que aprueba sus decisiones por consenso absoluto. Por lo cual, bastaría que el cura Bambarén se oponga para que no podamos postular a la OECD]. 

Estos son algunos de los principales retos que tenemos por delante. Es mi compromiso con todos los peruanos mantener el desarrollo de políticas económicas equilibradas así como promover inversiones de calidad, que contribuyan al crecimiento con inclusión social. Para ello, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, buscaremos, a través del diálogo y el intercambio de propuestas, lograr los consensos que una agenda tan ambiciosa, y tan necesaria, requiere.

El 2014, no es un año cualquiera. El gobierno que preside Ollanta Humala se encuentra a la mitad de su mandato constitucional. Es el último año en que puede emprender las reformas trascendentales que no solo mantengan en ascenso nuestro crecimiento económico, sino que nos permitan dar un salto cualitativo al desarrollo integral. 

Semejante tarea no es responsabilidad exclusiva del gobierno. Es un compromiso que debiera asumir la clase política en su conjunto y claro está, las fuerzas vivas de la sociedad como el empresariado, la intelectualidad, los gremios. No hay más tiempo que perder, el tren del desarrollo no espera.

La responsabilidad del liderazgo nacional, como se ha señalado en Lampadia, debe propiciar la construcción de un Estado que funcione y una economía más competitiva. Se ha citado aquí, la publicación “The World in 2050” (“El mundo en el 2050”) elaborada por el HSBC considera al Perú  como uno de los países de mayor progresión a nivel global. Sostiene, incluso, que si mantiene una tasa de crecimiento de 5,5% podría ubicarse en el puesto 26 de las economías más grandes del planeta.

Una enorme oportunidad que no se puede desaprovechar y que depende de dos factores estructurales y cuatro de coyuntura. Los estructurales escapan a nuestro manejo (el bono demográfico y la demanda de commodities, ambos favorables), y los coyunturales precisan que tomemos medidas adecuadas: la mejora de la educación, el fortalecimiento de nuestras instituciones, el desarrollo de las infraestructuras y generar un buen clima de inversión. Estos cuatro aspectos tienen que estar en la agenda nacional de manera prioritaria para transformar la potencialidad, que nos asigna el HSBC, en bienestar para todos los peruanos. Hace tiempo debimos haber adoptado estos objetivos como una ´Hoja de Ruta´ efectiva y medible de nuestra gesta por el desarrollo.

En Lampadia asumimos el reto de propiciar la discusión y difusión de ideas y políticas que permitan realizar reformas en estos campos cruciales para asegurar el crecimiento del país. (Agenda Pendiente).

Otro tema al que estaremos atentos es a las medidas que desde el Ministerio de Economía se tomen para evitar que la economía siga enfriándose. Los síntomas comienzan a aparecer y hasta el momento no hay esfuerzos importantes y efectivos para  recuperar un clima de inversión positivo. La inacción, la falta de liderazgo, o peor aún, la aplicación de políticas inadecuadas, pueden agravar este problema.

En ese sentido, coincidimos con la preocupación expresada por Confiep en su comunicado del 12 de enero. El Presidente de la República tiene temas más importantes en su agenda, que la de inmiscuirse en la controversia surgida por la supuesta ´concentración´ de medios. En esa misma línea, consideramos inaceptable que se nos pretenda imponer una ley universitaria al caballazo y se mantengan políticas erradas para la regulación del sector pesquero. También coincidimos en la necesidad de lograr mayor efectividad en la culminación de los proyectos de inversión, para lo cual se requiere valentía política y eficacia en el Estado.

Por otra parte, analizaremos las condiciones en las que se encuentran las regiones. Seguiremos con especial detenimiento las campañas electorales tanto municipales como regionales y advertiremos sobre los peligros de posturas o propuestas que afecten el clima de inversión, en especial en las provincias en la que ya se manifiestan los beneficios del modelo económico. Lampadia.