Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 14 de junio de 2019
Para Lampadia

Ica está de fiesta. El santuario del Señor de Luren ha sido reconstruido. ¡Finalmente! El terremoto del 15 de agosto del 2007 lo destruyó. El santo patrono de los iqueños está de vuelta en su casa. El santuario está precioso. Y el bulevar circundante, igual. ¿Por qué tomo tanto reconstruir el emblemático templo iqueño? De eso me ocuparé en el presente artículo.

Con decir que la reconstrucción física tomó apenas dos años. Entonces ¿qué pasó? ¿Porqué se tardó 10 años para iniciar su reconstrucción? A pues… así es la nuez en el Estado. La burocracia estatal es el peor enemigo de los peruanos. Yo puedo dar fe de ello.

Cuando juramenté al cargo de Gobernador Regional de Ica el 1 de enero del 2015, lo hice en el frontis del templo del Señor de Luren – aún – en ruinas. Primera reflexión. Habían pasado 7 largos años desde el aciago terremoto del 2007 y el templo seguía en ruinas. ¡Qué pasó en esos 7 años! ¿Porqué no se había iniciado la reconstrucción del templo, si todas las demás obras de infraestructura – dañadas por el sismo – ya habían sido reconstruidas? 

Pues a eso quería llegar. El principal escollo para la reconstrucción del santuario era nada menos que el Gobierno Central. Concretamente, el Ministerio de Cultura. Es verdad. Aunque cueste trabajo creerlo. El Estado fue el principal obstáculo para la reconstrucción oportuna del santuario del Señor de Luren.

A ese respecto, es de justicia destacar la persistencia y paciencia jobiana del ex alcalde provincial de Ica – don Carlos Ramos Loayza – quien asumió funciones como alcalde el mismo día que yo.

Repito. El gran mérito del “vamos” de la reconstrucción del templo de Luren es de Calín Ramos. Yo me crucé con él varias veces en el Ministerio de Cultura. Yo iba para ver los temas de la formalización de los pequeños mineros de Nasca. Y él iba para ver el tema de la reconstrucción de Luren.

Y como el templo era “Patrimonio Monumental de Ica”, el Ministerio de Cultura tenía que meter su cuchara en todo lo concerniente a su reconstrucción. ¡He ahí el problema! ¿Cómo hacer para que unos burócratas – centralistas, distantes, desinteresados, insensibles, y todo lo demás – den luz verde para aprobar la reconstrucción? ¡Misión imposible!

Pues Calín Ramos lo logró, a punta de persistencia y paciencia. Luego – valgan verdades – la labor del ex alcalde Javier Cornejo fue también determinante en la continuación del legado de su predecesor. Terminando la posta la actual alcaldesa de Ica – doña Emma Mejía – quien le puso mucho empuje y compromiso al proyecto.

Pero hay más héroes detrás de esta hermosa reconstrucción. Monseñor Héctor Vera – Obispo de Ica – y el padre Grover Cáceres – Párroco de la Iglesia de Luren – quienes día a día ayudaron en todo lo que estuvo a su alcance para facilitar las cosas. Y por supuesto, los representantes de Shougang Hierro Perú – y sus contratistas – quienes hicieron la gran obra mediante el mecanismo de “Obras por Impuestos”.

OTROSÍ DIGO. A los criticones de siempre no les hagamos caso. Que se traguen sus críticas y sus amarguras. El Señor de Luren es el máximo emblema de la religiosidad del pueblo iqueños. Medio mundo está feliz. Y nada ni nadie nos podrá quitar la alegría de esta gran reconstrucción. Lampadia

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó en última y definitiva instancia la absolución de la comunera Máxima Acuña Atalaya del delito de usurpación agravada, al declarar infundado un recurso de casación presentado por la empresa minera Yanacocha S.R.L.

A diferencia de lo informado por el diario La República, este proceso penal no se refiere a los derechos de propiedad y posesión del terreno, que será resuelto en la vía civil. Dicho diario desinforma:

El fallo de la corte determina que no se dio el delito de usurpación pues no se logró individualizar a los miembros de la familia Chaupe como autores de actos de violencia durante la invasión del terreno.

Este fallo establece un precedente muy peligroso contra la protección legal de la propiedad privada en el Perú, pues implica que un invasor de alguna propiedad pueda  quedar impune, si la invasión se realiza sin violencia.

Es muy preocupante que un mito debidamente denunciado haya ido recibiendo el apoyo del Estado en distintos momentos y desde distintas instancias, como son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Esperamos que los ciudadanos tomemos nota de esta situación. Seguidamente incluimos líneas abajo las publicaciones de Lampadia sobre el tema:  

“En estos días estamos siendo testigos de la fabricación de un nuevo mito: “La Hija de la Laguna”. Un documental de Ernesto Cabello que será propalado en los cinemas peruanos con el apoyo del Ministerio de Cultura. La cultura implica la verdad, la rigurosidad y la transparencia. Pues este documental no sigue ninguno de estos preceptos.”

El negocio de la fabricación de mitos (07/08/2015)

“Este es claramente el caso del ‘documental’ de la Hija de la Laguna en que un documentalista pertinaz sigue consiguiendo apoyo financiero del Estado para falsear la realidad en la forma de un documental. Además, un jurado compuesto de extranjeros otorga el premio al ‘documental’ que considera inacabado pero “necesario y urgente” de [difundir], jurados a los que ya ha recurrido anteriormente el Ministerio de Cultura.”

Manipulación política de la cultura (8/09/2015)

“En el importante programa de cierre de semana de Canal 4, ‘Cuarto Poder’, se entrevistó a Máxima Acuña de Chaupe. En la entrevista se presentó a la señora Chaupe como una víctima de la abusiva minera. No se comunicó a los televidentes que habían razones objetivas para dudar de los reclamos de la señora, como que su caso fue presentado, difundido y defendido por la nada objetiva ONG Grufides, la plataforma del ex cura Arana, verdadero dueño de Tierra y Libertad, que sin embargo fue ampliamente derrotado en Cajamarca en las últimas elecciones por Gregorio Santos.”

¿Cuarto poder o ‘Poder de Cuarta’? (29/04/2016)

El caso Máxima es un caso interesante de construcción mediática de un agravio. Un análisis de la evidencia daría cuenta de las sistemáticas mentiras de la señora Chaupe y de quienes la enaltecen. Sin embargo, se ha convertido en consenso entre gran parte de los periodistas y líderes de opinión que Máxima es víctima de los constantes abusos de un “monstruo”.

No dejemos la mentira sobre la mesa (10/05/2016)

“Descrito de una manera sencilla, lo que Máxima Chaupe y sus asesores están intentando hacer, es ampliar el territorio que han ocupado a través de actividades agrícolas, fuera del área actualmente en disputa, para así poder reclamarlo frente a las autoridades en el juicio civil.  Estos esfuerzos se están realizando fuera del territorio que están disputando en el fuero civil con Yanacocha.  La empresa tiene 15 días para ejercer una defensa posesoria (es decir remover las actividades que extraños pueden hacer sobre su terreno).” 

Otra Máxima Mentira (Chaupe -Grufides- vs. Minería) (22/09/2016)

“La utilización del caso Máxima Acuña como mecanismo de hostilización a la gran inversión minera se mantiene con el beneplácito de gran parte de la prensa nacional que -en el mejor de los casos- ejercen el papel de tontos útiles de ONGs anti-mineras que han armado una farsa[i] alrededor de un caso fundamentado en mentiras fragantes y medias verdades. Ahora han dado rebote mediático a la campaña “Máxima No está Sola” desplegada por Amnistía Internacional [ii].”

“Por otro lado están quienes apoyan la campaña “Maxima no Está Sola” a sabiendas de que se trata de una gran mentira. (…)En su esquema ideológico consideran que el propagar el caso Máxima es un mecanismo de “visibilización” ante el gran público, de los “ejes de injusticia” que consideran intrínsecos al desarrollo capitalista. Ideas como: abusos del patriarcado, el extractivismo, el colonialismo eurocéntrico y el capitalismo transnacional pueden comunicarse al público en una manera simple entendible y emocionalmente efectiva a un amplio público, con la figura de una persona.”

La Máxima (mentira) no está sola (05/12/2016)

Marisol Pérez-Tello: ¿Ministra con agenda propia? (03/03/2017)

Lampadia

INEI estaría a punto de consagrar herramienta política en manos de indigenistas radicales, al incluir en el próximo censo las preguntas de auto identificación étnica, lo que sería la punta del iceberg de un sofisticado contrabando ideológico. 

El Censo –a realizarse en septiembre de año- tiene una característica especial respecto a los anteriores.  Será el primero que incluirá preguntas de auto-identificación étnica. Los Censos son una herramienta que brinda información para las políticas públicas y la investigación académica; pero también pueden ser herramientas para ejercer una poderosa influencia sobre la agenda política.

La inclusión de estas preguntas ha sido celebrada por varias organizaciones que estuvieron realizando una fuerte presión para lograrlo.  Sin embargo –tal como está planteada la pregunta- el sector minero y de hidrocarburos debería sentir preocupación por las potenciales implicancias que tiene la introducción de estas preguntas –repetimos, tal como han sido formuladas- para la conflictividad social.

¿Quiénes están interesados en incluir esta pregunta?
Instituciones públicas como el INEI y el Ministerio de Cultura fundamentan el incluir estas preguntas en la necesidad de poder visibilizar estadísticamente a los diversos grupos étnicos con el fin de poder entender su problemática particular y de esta manera diseñar políticas públicas específicas a los mismos. Sin embargo, este Censo ha sido identificado por múltiples organizaciones como el componente de una estrategia ideológica antiminera.

Para las organizaciones radicales el censo es una inmensa oportunidad y ha sido una de sus principales líneas de incidencia. La Confederación Nacional Agraria, La Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Red Muqui, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Servicios de Comunicación Intercultural, entre otras han manifestado claramente que consideran este Censo como una importantísima herramienta para el avance de sus agendas políticas e ideológicas. Este avance, proclaman, estará en función a que el mayor número de personas posible se identifique como indígenas en el Censo.

Para ello han realizado eventos de incidencia con académicos, líderes de opinión y autoridades  en las principales ciudades del país, propagado en radios de provincias spots en español quechua y aymara promoviendo la auto-identificación indígena y las “ventajas” de responder positivamente, actividades culturales itinerantes, entrevistas en medios, contenidos para redes sociales, y trabajo de base con diversas comunidades, entre otras actividades. Varias de estas actividades han sido realizadas usando recursos provistos por el Ministerio de Cultura y el INEI.

El concepto de “Territorio” para esta causa política

Es importante entender cuál es la agenda común de estas organizaciones y como la misma se vería fortalecida por el Censo.

Las organizaciones mencionadas tienen en común una defensa del indigenismo radical y el pos-extractivismo. Dentro de esta visión, contraria al desarrollo, es crucial el concepto de “Territorialidad”, el mismo que engloba un grupo humano diferenciado de la población general del país al interior de un espacio geográfico determinado (El Territorio). Esta población diferenciada conforma un “sujeto colectivo de derechos” entre los cuales el más importante es el de la auto-determinación. 

Este entendimiento de la autodeterminación implica la creación de un sistema jurídico propio e independiente del sistema peruano, el poder de veto sobre cualquier política pública nacional que les pueda afectar y el poder desplegar un modelo de desarrollo diferenciado del resto del país, al estilo de Chiapas en México.

La Territorialidad es entendida como el ejercicio autónomo de estos derechos por parte de los sujetos colectivos en estas áreas geográficas. Para estas organizaciones son los pueblos indígenas el “sujeto histórico” de su ideología pos-extractivista. Gracias a su cosmovisión y valores diferenciados del occidente materialista, podrá servir de laboratorio para el ejercicio del Buen Vivir. Para estas organizaciones este derecho al Territorio se da para cualquier conjunto humano que sea descendiente total o parcial de poblaciones prehispánicas, que conserve en parte costumbres pre-coloniales y que se auto identifique como indígena. En un país como el Perú estos criterios de descendencia y culturales podrían aplicarse a la casi totalidad de la población.

Posibles implicancias políticas de la pregunta de auto-identificación étnica

El Censo del 2017 y la Territorialidad se encuentran relacionados.  El resultado que buscan en la pregunta de auto-identificación étnica del  Censo se encuentra en las líneas de incidencia en  las que estas organizaciones se hallan involucradas. En la encuesta nacional de hogares realizada el 2014 un 15.47% de la muestra respondió de manera afirmativa la pregunta: Usted pertenece o se considera parte de un pueblo indígena? Por otro lado al darse la siguiente pregunta: Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres. ¿Ud se considera: Quechua, aimara, blanco, nativo, afro-descendiente, etc.? Un 24% se consideraba quechua, aimara o nativo. Como se puede observar al hacer referencia a los antepasados y prescindir del término indígena el grado identificación originaria es más alta. Casi todos los peruanos tienen algún antecedente andino o africano.

La pregunta induce una fragmentación étnica de la población. Es esperable entonces que el diseño de la pregunta vaya dirigida a maximizar el porcentaje de la población a la que se le pueda calificar como “indígena”. De salir un porcentaje elevado de la población nacional como indígena estas organizaciones radicales podrán reclamar para sí la representatividad sobre todo este segmento poblacional, montar una agenda política en base a esa fragmentación étnica y simultáneamente incrementar su acceso a recursos por parte de los donantes internacionales al ser mayor la población que arguye defender.

Confederación Nacional Agraria CNA  – “Llamado a reconocernos como Indígenas u Originarios en Censo 2017”

Por ejemplo, organizaciones hostiles a la minería (no todas las que están interesadas en incluir esta pregunta) podrán desplegar las siguientes dinámicas socio-políticas:​

a- Uso de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú por razones utilitarias​

Si la auto-identificación por ciertas etnias es mayoritaria en zonas de influencia de proyectos mineros,  ciertos grupos de interés intentarán declarar esas zonas como pueblos indígenas, sobreponiéndose sobre la declarada por el Estado en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú[1] en el Viceministerio de Interculturalidad, que forma parte del Ministerio de Cultura.  Si este reconocimiento oficial se da, permitiría el reclamar un conjunto de herramientas anti-mineras como la consulta previa, justicia intercultural, la aplicación del convenio 169 de la OIT, etc. Estas herramientas facilitan la conflictividad y la extracción de rentas a las empresas mineras y legitiman socialmente el ejercicio de acciones directas y violentas al margen de la legalidad.

Hay una campaña en las zonas de influencia minera en la que se propaga que la identificación de una población como indígena implica que se puede aplicar un conjunto de herramientas que debilitan la posición de las empresas y facilitan la extracción de rentas de las mismas. Por ello es posible que en las zonas cercanas a las operaciones mineras ocurra, durante el censo, una alta auto-identificación indígena por causas utilitarias, encubiertas como una cuestión de identidad étnica.  Esto incita a estas comunidades a obtener resultados que encuentren convenientes desde el punto de vista de obtención de rentas, y una distorsión de la información que se obtendría en el Censo. 

b- Consulta Previa a proyectos ya establecidos

Los proyectos extractivos en zonas habitadas por pueblos indígenas, requieren por ley,  realizar procesos de Consulta Previa. Los indigenistas radicales plantean que esta Consulta Previa incluye el derecho al consentimiento previo, lo que implica darle a determinadas comunidades poder de veto respecto a la realización de proyectos extractivos. En aquellas zonas en las cuales haya mayorías autoproclamadas como indígenas habrá activistas proclamando que los acuerdos entre la minera y los actores locales son nulos puesto que no se han realizado dentro del marco de la consulta previa. Se puede movilizar a la población creando un grado de conflictividad social con el argumento de que en un proceso de renegociación será posible extraer mayores recursos a la minera. En muchas ocasiones al estar ya establecido el proyecto minero el costo económico de las acciones directas serán mayor y con propensión de las Empresas y el gobierno a ceder a la presión.

c- Pluralismo étnico y fragmentación Jurídica

En las zonas autoproclamadas como indígenas se propiciará la aplicación del derecho consuetudinario. Es decir que instituciones comunales tales como la rondas o las asambleas comunales sean las instancias legitimas de aplicación de justicia en su ámbito. Este derecho está pensado para zonas de comunidades no contactadas, en las cuales la presencia del Estado a través de comisarías, jueces, y demás es limitada.  Pero esto abre la puerta a la aplicación de justicia a cualquier organización que se desarrolle en estas comunidades, sin importar si están son tradicionales o no.  Por ejemplo en Cajamarca, las rondas campesinas han aparecido en la década de los 70 y las rondas urbanas en años todavía más recientes.

Hay toda una corriente impulsora del “pluralismo jurídico igualitario” que tiene entre sus promotores  al actual Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, a múltiples jueces, ONGs radicales y académicos. El brindarle a las rondas y comunidades las funciones del poder judicial implicaría para las empresas en general un nivel de incertidumbre bajo el cual sería muy difícil operar, en especial para las empresas mineras y de hidrocarburos. Basta imaginar cómo se resolverían cualquier potencial diferencia por tierras entre las empresas mineras y la población local.

d- Litigio Estratégico Emblemático

Existe un campo de activismo anti minero denominado “Litigio Estratégico” que consiste en la realización de un juicio cuyo resultado podría volver inviable un proyecto extractivo y ser utilizado en el futuro con otros proyectos. En los casos de Saramaka en Guyana y Pascua Lama en Chile enormes proyectos extractivos han sido paralizados por decisiones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia en la que en mayor medida los propulsores peruanos del Litigio Estratégico depositan sus esperanzas. Las ONGs antimineras peruanas en múltiples ocasiones han participado en audiencias en la CIDH y han llevado a las supuestas víctimas de las empresas mineras para que brinden su testimonio. La CIDH está especialmente interesada en intervenir en supuestos abusos de empresas extractivas contra población indígena. Los resultados del Censo facilitarán la intervención de la CIDH en los conflictos mineros y viabilizaran el determinar que un proyecto se hizo sin tomar en consideración los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto ya se dio en el caso de la Saramaka en la que  la CIDH dictaminó la no realización de un proyecto minero. Los resultados del Censo incrementarán la vulnerabilidad de los proyectos mineros al uso de Litigio Estratégico.

Conclusión

La información que se busca con esta pregunta, podría conseguirse por mecanismos que no impliquen una amenaza a las empresas mineras y de hidrocarburos, y que no propicien una segmentación de la sociedad en etnias. Preguntas que ayuden a brindar políticas públicas a comunidades con necesidades diferentes, como es el caso del idioma, son necesarias.  Es importante para el Estado identificar las zonas donde la presencia de un idioma es suficiente para brindar atención, materiales, documentos en dichos idiomas. Sin embargo, las preguntas no deben contribuir a la fragmentación social y jurídica de una sociedad que ya es muy fragmentada y que el Estado no logra aplicar la ley en todo su territorio.

Los grupos hostiles a la minería tienen suficiente presencia en las redes sociales de las comunidades para persuadirlos de obtener el resultado que están buscando.  En aquellas áreas en las que se han dado grandes conflictos sociales ligados a la minería las fuerzas políticas hostiles a la inversión minera han conseguido una hegemonía política. En las áreas como Conga, Tía Maria o las Bambas el agregado del voto de Verónica Mendoza y Gregorio Santos fluctúa entre un 60 y 80 por ciento. El conflicto social ha sido efectivo para deslegitimar, desmovilizar, amedrentar acallar a  los oponentes. Los radicales controlan las principales radios, organizaciones de la sociedad, civil e institucionalidad rural. Por ello se puede esperar que la campaña por la auto-identificación disponga de un apoyo mediático y político local bastante significativo en estas zonas.

Un porcentaje elevado, que se identifique como indígena generará condiciones favorables para la incidencia de los indigenistas radicales y hará que un sector importante de los líderes de opinión peruana estén dispuestos a impulsar la agenda de los radicales puestos que puede presentarse como el avance de los intereses de un sector amplio y marginado de la población. 

Los resultados del Censo servirán de insumo para múltiples estudios, análisis y artículos sobre la problemáticas “indígenas” que servirán como herramienta de incidencia ante la opinión pública y las políticas del Estado. Dada la naturaleza radical anti capitalista de gran parte de las organizaciones indigenistas estas verán fortalecida su capacidad para impulsar su agenda de “Territorialidad” y fragmentación jurídica.

Las preguntas de auto-identificación étnica en el Censo 2017 pueden desencadenar un dinámica política y social que incremente aún más la conflictividad social. Lamentablemente el Estado peruano está siendo instrumentalizado para brindar a organizaciones radicales un poderoso recurso para el avance de una agenda hostil al desarrollo y al mismo Estado. Alternativamente, los objetivos de mayor precisión y efectividad de políticas públicas para sectores sociales desfavorecidos puede conseguirse con preguntas respecto a lengua, costumbres y condiciones de vida, que permitan analizar problemáticas particulares sin que se brinde un activo estratégico para el  manejo político del indigenismo radical. Lampadia

[1] La siguiente lista presenta los 55 pueblos indígenas u originarios identificados a la fecha por el Viceministerio de Interculturalidad. http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas 

Para ojos de muchos, fuera del país, Machupicchu es el Perú y el Perú es Machupicchu. Esa lejana visión expresa la grandeza de Machupicchu, su impacto en la mente de los ciudadanos del mundo, sus múltiples atractivos y por supuesto su potencial. No debemos tomarla como un menosprecio de nuestro también maravilloso país, más allá del valor de una de las ‘Siete Maravillas del Mundo’.

Fuente:  www.machupicchuagencia.com

Sin embargo, la gestión de Machupicchu no escapa aún al empobrecimiento que nos atrapó hasta hace un par de décadas. Tiempos en que no podíamos soñar con grandezas ni desarrollar planes que permitieran aprovechar nuestros múltiples recursos, en este caso, culturales, ecológicos, históricos y vivenciales.

Gracias a la recuperación del Perú de los últimos 25 años, desde el abismo del estancamiento, hoy, nuestros peruanos más capaces pueden desarrollar proyectos y planes de desarrollo, como el que hoy compartimos con nuestros lectores, sobre el aprovechamiento del gran Machupicchu. 

Así define su visión del ‘Gran Machupicchu’ el documento preparado por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, que depende del Ministerio de Cultura. Ver su presentación y relación de autores:

El enfoque de esta nueva visión de la gestión del Gran Machupicchu, se basa en una mirada integral al territorio que conforma el espacio de desarrollo y aprovechamiento para el turismo de una zona única en el mundo por la riqueza de su oferta.

Este trabajo viabiliza la ampliación de la oferta de nuestro gran atractivo nacional, no solo en un mayor número de visitantes, sino también en la multiplicación del aprovechamiento de sus atractivos.

El detalle de este gran trabajo puede apreciarse en integridad en nuestra sección ‘Documentos’ en el siguiente enlace:

http://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/763c2-vision-machupicchu-2016-ddc-cusco.pdf

Curiosamente, desde la inauguración del Gobierno de PPK, el turismo cusqueño y concretamente, el de Machupicchu, ha sufrido una serie de ataques y paralizaciones que denotan que el turismo es el nuevo frente de batalla de los antipatriotas que ya paralizaron, en gran medida, la caja del país, el sector minero.

Ya hemos publicado varias advertencias sobre este proceso, ver en Lampadia: El “Perverso Arte” del Conflicto Social, El gran negocio de los conflictos sociales. Sin embargo, el gobierno parece no entender la gravedad del problema, lo que se expresa con claridad en las irresponsables declaraciones del Primer Vice-Presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre la última paralización del acceso a Machupicchu: “Sus demandas tienen sustento”.

Esperamos que el gobierno comunique al país las agendas ocultas que están detrás de esta nueva afrenta al desarrollo nacional y que tome las necesarias providencias para evitar la paralización del país y la suspensión de un proyecto tan importante como el que hemos presentado líneas arriba. Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

Comentario de Lampadia:

Como hemos comentado en Lampadia (ver: Ministerio de Cultura apoya falta de cultura – El negocio de la fabricación de mitos), nuestro Ministerio de Cultura propicia (dizque sin querer queriendo) la creación de mitos y la malformación política de los ciudadanos.

Este es claramente el caso del ‘documental’ de la Hija de la Laguna en que un documentalista pertinaz sigue consiguiendo apoyo financiero del Estado para falsear la realidad en la forma de un documental.

Además, como destacan los autores de la siguiente nota, un jurado compuesto de extranjeros otorga el premio al ‘documental’ que considera inacabado pero “necesario y urgente” de [difundir], jurados a los que ya ha recurrido anteriormente el Ministerio de Cultura.

Ver líneas abajo el excelente análisis de Camilo Ferreira y Franco Olcese:

¿Hija de la Laguna: Necesaria y urgente?

“Tomando en cuenta que es un ensamblaje preliminar y siendo evidente que al proyecto le falta considerable trabajo de edición para encontrar el hilo conductor que unifique sus diferentes subtramas, el jurado la premia por ser necesaria y urgente, no solo en un contexto peruano, sino global.

Jurado del  Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013 del Ministerio de Cultura justificando su decisión de continuar financiando Hija de la Laguna”.

Del Acta Final del Jurado.

Miembros: Juan José Luzuriaga Franco (Ecuador), Javier Andrés Andrade Morales (Ecuador) y Micaela Sole Malcuori (Uruguay).

¿Hija de la Laguna: Necesaria y urgente?

Autores: Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro para el Diseño de Estrategias

Para justificar su ideología contraria al desarrollo, los seguidores locales de corrientes anti-extractivistas, especialmente Europeas, inventan ficciones que son presentadas a la sociedad como si fueran trabajos documentales. Lo que toman de la realidad son algunos fragmentos que, combinados con versiones distorsionadas de los hechos, son incrustados en una narrativa prefabricada. Lo que dejan de mostrar de la realidad son los elementos más importantes para entender los dilemas reales y las posibles rutas de progreso de la población rural Andina. Su amor por la ideología está por encima de su aprecio por los dramas reales de la población. Lamentablemente estas acciones llegan a ser financiadas por el Estado Peruano.

La narrativa de la película.

Una Empresa minera transnacional intenta realizar una mina de oro a tajo abierto en una zona de población indígena de Cajamarca. Dicha actividad devastará, de manera inevitable, las cabeceras de cuenca de las zonas circundantes. Estas caberas de cuencas son críticas por que de ellas surge el agua que alimentan los valles de una zona idílica y habitada por campesinos cuya alegría proviene de la conexión con la tierra y que no aspiran el “desarrollo” que la inversión podría traer para ellos y para sus hijos. Esos campesinos tienen una relación mística con el medio ambiente, están felices en su pobreza, y ante la amenaza de los cambios que pueden venir con la empresa minera piden a la Mama Yacu (Madre Agua) que les ayude (Para nada de esto hay evidencia empírica confiable, pero esto no preocupa a los autores de la obra).

La Empresa tiene a las instituciones del Estado (la PNP y la Presidencia de la República) sometidas y las manipulan para que actúen de acuerdo a sus intereses. Ante la resistencia de la población, la Empresa usa su poder malvado para reprimir abusiva y violentamente a los campesinos pobres locales y forzar su expulsión de las tierras ancestrales que legítimamente ocupan. Para satisfacer su avaricia la empresa deja a los campesinos sin agua pues sus operaciones “asesinan” las fuentes de este líquido (según esta idea los cerros son seres vivos que no deben ser tocados, y los conocimientos de geología e ingeniería no interesan).  Adicionalmente, la minería empeora los problemas sociales pues atrae el alcoholismo y la prostitución. Prueba de estos efectos se perciben en las inmediaciones  a las operaciones de minería (informal) presentes en Madre de Dios (para los autores de la película tampoco interesa que Madre de Dios sea selva baja y esté a dos mil kilómetros de Cajamarca, y que allá se aplique una tecnológica totalmente distinta).

Afortunadamente existen defensores del agua, como el padre Marco Arana y otros líderes, que con coraje y sin temor a perder su vida se enfrentan al extractivismo. Altruistamente, esos líderes impiden que se destruyan las fuentes de alimento de la población urbana y protegen el ecosistema en el que los campesinos pueden mantener su “estilo de vida” cualitativamente superior a la modernidad del occidente (índices de mortalidad infantil y esperanza de vida son indicadores poco relevantes, según ellos). Los problemas de la pobreza, de las enfermedades y del envejecimiento precoz son secundarios ante la belleza de sus tradiciones.

Aunque se percibe claramente la carga ideológica y la descripción fantasiosa de este relato, este es el mundo que nos retrata Hija de la Laguna el promocionado documental financiado por el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura.

No son antimineros pero siempre actúan en contra de la minería

La Hija de la Laguna es el más reciente de los documentales que ha producido Guarango Producciones. Desde su fundación en 1994 ha producido los siguientes largometrajes, todos documentales: De Ollas y Sueños, Tambogrande, Operación Diablo, Choropampa: El Precio del Oro e Hija de la Laguna.  El primer documental trata sobre la gastronomía peruana, todos los demás desarrollan una narrativa anti-minera consistente. Tanto es así que dichos documentales son utilizados en las acciones de adoctrinamiento (llamada concientización) de los grupos anti-extractivistas, y son exhibidos como herramientas de propaganda dirigida a la población a ser radicalizada.  El 80% de la producción de largometrajes de Guarango es hostil a la minería, y el 60% se enfoca en Minera Yanacocha específicamente. Guarango es un claro ejemplo los llamados “artistas comprometidos,” dispuestos a utilizar sus obras para avanzar su agenda ideológica para brindar información sesgada y dedicarse a la manipulación de la población campesina en función a sus objetivos.

El caso de Hija de la Laguna ha sido el más reciente y más visible caso de esta conducta hostil a las actividades mineras modernas. Este documental tuvo recientemente amplia cobertura mediática al informarse que su tráiler tuvo un número sorprendente de 5,7 millones de vistas a finales de agosto de este año.  Queda por entender por qué esta sorprendente aceptación en redes sociales no se traduce en público interesada por asistirla en las salas de cine. Comparando con otra película peruana reciente vemos que Asu Mare tuvo muchísimo menos visitas al tráiler y muchísimo más asistencia a los cines. Hija de la Laguna va por las 8,000 asistencias, en tres semanas y muy probablemente no supere las 10,000 mientras que Asu Mare, hacia su tercera semana, llegó a los 2.1 millones de espectadores, a pesar de que su tráiler tuvo 3,1 millones de vistas. Hija de la Laguna manifiesta un muy reducido ratio espectadores en cine y vistas al tráiler. Esto es sin dudas un fenómeno interesante, y genera la pregunta: Si una parte importante de las visitas al tráiler de Hija de la Laguna no fue obtenida artificialmente vía robots o contratada a empresas de promoción digital, como se explica una diferencia tan notable entre las dos películas?

En entrevista con el Diario Correo TV, Ernesto Cabello, director del documental, afirmó que la cinta “no es un documental anti(-minero), es un documental a favor del agua”.  Sin embargo, existen varios elementos que hacen pensar que este documental sí es principalmente hostil a la minería y que intenta sustentar una posición política anti-extractivista que el director no ha querido manifestar abiertamente. Su postura hostil al progreso es indefendible, así que él se presenta como defensor de un recurso natural. Nadie puede estar en contra del agua. El agua es un elemento mítico dentro de una narrativa anti-minera. Así su falta de perspectiva de futuro se oculta detrás del espejo de agua de las lagunas.

Para sustentar su posición, el director presenta como documento una historia que es una versión tergiversada e incompleta de la realidad, ocultando así los miles de otros casos de campesinos que con mucho esfuerzo e inteligencia están avanzando en sus aspiraciones. El documental no mapea ni documenta ninguna de las buenas prácticas que podrían servir de inspiración o de pistas de progreso para el campesinado Cajamarquino. Sin embargo, un trabajo así está más allá de las posibilidades de quienes quieren mantener a los campesinos en su estado de pobreza tradicional.

Aquí se comparten algunas apreciaciones, que ayudarán al lector a tener un retrato un poco más completode la realidad que el documental dice describir.

Medias Verdades y Mentiras Completas.

Cabello utiliza varias figuras de asociación para inducir las ideas que promueve en la audiencia.  Una de esas asociaciones es el grupo conceptual: indígena, tradición y quechua. Esta condición indígena tradicional es representada en la protagonista de la cinta, la señora Nélida Ayay. Si la misma protagonista de la película puede o no puede hablar Quechua no es importante. Lo que sí es importante es que, a pesar de ser mayoritariamente rural, el98% la población campesina Cajamarquina habla español, siendo el Quechua utilizado por menos del 2% de la población. Es bastante astuto de parte del director presentar el quechua como representativo de la población cajamarquina, a pesar de no serlo. Racialmente, más del 80% de la población peruana tiene trazos indígenas, así que en un escenario urbano casi cualquier campesina puede ser fácilmente vista como representante de culturas ancestrales. El propósito de esa tergiversación es incrementar el “exotismo indígena” de la historia ante las audiencias urbanas, especialmente internacionales, que asocian una lengua indígena con la condición social de grupo indígena marginal, remanente de una cultura ancestral, y ocultar así las características culturales modernas de la gran mayoría de la población peruana. La misma señora Nélida es una estudiante universitaria, de derecho.

También llama la atención que, la “Granja Porcón,” cerca de la cual vive la protagonista, es la máxima representante de la campiña Cajamarquina y realiza una próspera actividad agropecuaria y de piscicultura con aguas que salen, previamente tratadas, de las actividades mineras. El documental oculta que los principales líderes de la Granja Porcón tienen una postura favorable a la presencia de la minería en Cajamarca, y que, con esa cooperación, han logrado cambios notables en la calidad de vida de sus miembros. Esos logros son tan positivos y tan visibles que la Granja Porcón se ha un vuelto destino turístico reconocido. Esta es una realidad que el documental ha buscado ocultar.

Cabello además, muestra al personaje de la señora Chaupe como el símbolo del cajamarquino de las zonas aledañas al proyecto Conga que, supuestamente, se opone al ingreso de la empresa minera. Lo que oculta Cabello es que señora Chaupe es una migrante reciente que viene de fuera de la zona (instaló su vivienda el 2011, según fotos de Google Earth) y no representa el sentir de las 32 comunidades que viven en los alrededores de Conga. La señora Chaupe es una excepción de oposición en un área geográfica con una postura social abrumadoramente favorable a la minería. Dichas comunidades, de las zonas circundantes, se han pronunciado repetidas veces a favor de la actividad minera y en contra de los grupos hostiles que cruzan sus terrenos para hacer manifestaciones, pero este hecho es silenciado en el documental.

En realidad, la gran mayoría de personas que participan en las manifestaciones exhibidas en el documental son de zonas alejadas al proyecto Conga. La misma zona de Porcón Bajo, donde vive la protagonista Nélida es cerca de las operaciones actuales de Yanacocha y de la ciudad de Cajamarca, donde las comunidades también apoyan a la minería, y está bastante alejada de las áreas de influencia económica o ecológica del proyecto Conga, al cual ella se opone. Es evidente la intención de Cabello de manipular al público que desconoce los detalles de la geografía humana local.

En Hija de la Laguna se omite también información relevante sobre los “defensores del agua”  a los que en muchas oportunidades se les presenta como altruistas luchadores sociales pronunciándose o participando en manifestaciones públicas hostiles a la minería. En varios momentos ellos son presentados como si fueran personas que sacrifican sus intereses personales para servir a la comunidad.  Para tener un “retrato más completo”, sería bueno mencionar que los líderes anti-mineros han ascendido económica y políticamente en base a la promoción de la conflictividad. El más notable es el señor Gregorio Santos preso por acusaciones de corrupción, quien pasó de ser un desconocido profesor para transformarse en Gobernador Regional y en referencia nacional de la lucha anti-minera. Otros ejemplos son: Milton Sánchez miembro de Tierra y Libertad quien vive de combatir a la minería y que ha justificado en múltiples oportunidades la represión violenta de cualquier voz disidente a su prédica anti-extractivista en Celendin (http://www.lampadia.com/politica/stalinismo-en-cajamarca) y Edy Benavides, ex-miembro del grupo violentista de Antauro Humala, quien gracias a la oposición a Conga ha logrado elegirse alcalde de Bambamarca.

Con el apoyo de anti-extractivistas Europeos y Americanos esos líderes han sido favorecidos con financiamientos voluminosos y/o con viajes internacionales. Sus ingresos económicos personales se han multiplicado varias veces gracias a la promoción de los conflictos. Nunca le interesó, ni les importa que esa conflictividad haya generado una crisis económica cuyos los costos de están siendo pagados por las empresas y por la población Cajamarquina. Mientras los ingresos de la población local caen, los suyos aumentan. Como explica Sir Paul Collier de Oxford: los conflictos violentos, a pesar de sus terribles costos sociales, pueden ser muy rentables para algunos líderes.

Es notable que el único anti-minero presentado con nombre y apellido es Marco Arana(hoy pre-candidato presidencial) a quien le viene muy bien aparecer en un documental retratado como un líder pacificador, parecido a Gandhi, justo a puertas de su próxima campaña electoral. Al señor Arana  se le sigue denominando  “Padre” en el documental a pesar de haber sido expulsado de la Iglesia Católica. Los padres de la Iglesia Católica son vistos como personas honradas y bien intencionadas. No era conveniente hacer explícita su expulsión. Además, para una persona con ambiciones presidenciales, es muy conveniente y oportuno ser presentado elogiosamente en un documental, y especialmente si el documental es financiado por el Ministerio de Cultura. 

El autor del documental no es Nazi ni está próximo a esa ideología, pero tu obra sí aplica varios de los principios de propaganda de Goebbels. El más destacable es el principio de simplificación. El propagandista Nazi recomendaba identificar a un único enemigo y articular la narrativa hacia ese enemigo. En el documental dicho enemigo es la minería.  En esa línea, se muestran a todos los tipos de minería como si fueran homogéneos: la destructiva minería ilegal en la selva peruana, la minería cooperativista sin estándares ambientales o laborales en Bolivia y a la minería moderna en Perú.  Con esta simplificación, un espectador poco informado puede creer que la falta de estándares de la minería ilegal (contaminación ambiental, precariedad técnica, abusos sociales, evasiones fiscales, etc.) son similares a los estándares de la minería moderna. Ocultando que las operaciones de la minería moderna son rigurosamente auditadas por organismos nacionales e internacionales. El documental oculta la enormidad de la brecha entre las prácticas ambientales y niveles tecnológicos entre las operaciones mineras presentadas. Semejante generalización es equivalente a decir que todas las personas críticas a la  minería son “terroristas anti-mineros.”

En una de las escenas finales, se caracteriza a las mineras como vengativas.  Supuestamente la empresa habría despedido al padre de Nélida, por la participación de su hija en manifestaciones contra Conga. No hay evidencias de ello, pero esto es secundario para el director. El documental oculta que los hijos de varios dirigentes anti-mineros trabajan permanentemente en las empresas mineras que operan en la región. ¿Por qué las mineras se habrían ensañado con un personaje menor como Nélida, que no representa amenaza, y no contra conocidos anti-mineros con capacidad de organización y de dirección política? La imagen de perseguida siempre genera solidaridad en el público. No es sorpresa que ello sea un componente del documental-fantasía.

La escena de la Sra. Máxima Chaupe ordeñando vacas a 4,300 metros de altitud es una distorsión adicional de la realidad. Es conocido que el ganado vacuno no puede sobrevivir largo tiempo a esa altitud, y que en varios de los otros terrenos de la Sra. Chaupe en pisos ecológicos más adecuados, estas vacas podrían estar mucho mejor que en la puna. Como era de esperarse, al finalizar la filmación esos animales fueron retirados para evitar su muerte. Cada vez que sea necesario hacer otra filmación, los pobres animales serán trasladados y obligados a sufrir de asfixia parcial. El reconocido periodista Ricardo Uceda puso en evidencia las habilidades de la Sra. Chaupe para ocupar 9 terrenos y lograr su adjudicación, evidenciando su conocimiento detallado del funcionamiento de los Registros Públicos. La astucia del director consiste en combinar dos distorsiones (las imágenes de Nélida y Chaupe) para generar una impresión de verdad.

El Rol del Estado.

En el ensayo “Poder político y gobierno minero,” escrito por Francisco Durand, se sostiene la tesis filo-marxista de la subordinación del Estado Peruano a los intereses de la minería trasnacional. Según esa concepción, la “todopoderosa” minería controlaría al Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en función a sus intereses. Lo interesante es que el Estado, supuestamente controlado por la mineras, haya premiado a Hija de la Laguna tanto en su etapa de preproducción, producción y distribución.  Será que las empresas mineras están manipulando el Estado para financiar “documentales” que distorsionan la realidad en contra de sus actividades productivas?

Hija de la Laguna es uno de múltiples casos en que los anti-extractivistas canalizan fondos públicos de manera exitosa para financiar su activismo anti-minero. Este caso, como muchos otros, evidencia la existencia de diversas corrientes de pensamiento al interior del Estado Peruano en relación a las industrias extractivas. Evidencia también que la hipótesis de una posición única del Estado en este respecto tiene por objetivo descalificar las acciones del Estado para hacer que se cumplan las leyes cuando los anti-mineros utilizan la violencia para lograr sus objetivos políticos. La realidad es que cualquier revisión de los documentos de los grupos anti-extractivistas muestra que la deslegitimación de las instituciones públicas constituye un componente fundamental de su narrativa anti-minera.

En Conclusión.

Conceptualmente, un documental es una herramienta para hacer visible una realidad particular. Por ello, todo documental asume un compromiso ético con la fidelidad hacia los hechos y con la necesidad de mostrar las varias facetas de la realidad (principio del balance). Pero si información clave es omitida, si se mencionan las falsedades ya anteriormente desmentidas, el documental pierde su función como un recurso para entender la realidad y se transforma en una herramienta poco honesta de propaganda política.  Desde el punto de vista cinematográfico no era necesario esconder esa realidad, salvo que evidenciarlo hubiera puesto en riesgo el deseado financiamiento de un  Ministerio de Cultura que recompensa la simpatía a la ideología más que la cultura.

El Estado peruano ha premiado a Hija de la Laguna a pesar de las deficiencias técnicas y artísticas evidentes y reconocidas por el mismo jurado (cita el inicio de estas notas) . La pregunta que surge es: Porqué el jurado ha puesto a un lado los requerimientos de objetividad/fidelidad y perspectiva múltiple que debe tener toda obra que se presenta como un trabajo documental? La justificación del jurado para premiar una obra deficiente ha sido su opinión de lo “necesario y urgente” del documental. Es decir que lo premiado no ha sido no la calidad artística, su realismo o la riqueza de datos de Hija de la Laguna, ni menos su poder analítico, sino el criterio de que los argumentos desplegados durante el documental son de urgente difusión entre el público. Para qué y para quiénes es urgente y necesario promover argumentos que se sustentan en una versión distorsionada de la realidad de la población rural andina? Porqué es urgente y necesario promover una ideología contraria al desarrollo? Porque ocultan su pensamiento detrás de la defensa de los recursos naturales?

Con tantas distorsiones reconocidas, una afirmación de necesidad y urgencia solo puede ocurrir a un jurado ideológicamente alineado con el discurso anti-extractivista, a un jurado que está dispuesto a poner sus simpatías ideológicas por encima de la calidad artística de la obra y de su responsabilidad ética con el público nacional e internacional. El jurado que premió ese deficiente documental ha contraído una deuda con los públicos que esperan su buen criterio. Lampadia

En estos días estamos siendo testigos de la fabricación de un nuevo mito: “La Hija de la Laguna”. Un documental de Ernesto Cabello que será propalado en los cinemas peruanos con el apoyo del Ministerio de Cultura. La cultura implica la verdad, la rigurosidad y la transparencia. Pues este documental no sigue ninguno de estos preceptos. Su autor declara a La República (7/8/15): “Yo pienso que cada uno de estos documentales es como una fotito con la que estás contribuyendo al álbum familiar peruano”. Hace cuatro días publicamos en Lampadia: Comunidades de Cajamarca cercanas a Conga están a favor de la mina – Comuneros de Sorochuco y Huasmín: ¡CONGA VA!. En este artículo hemos recogido, a través de nuestros periodistas, testimonios que muestran que la opinión de los pobladores de la zona del proyecto de Conga es totalmente contraria a lo expresado por el documental.

En el artículo podemos ver que mediante tácticas de terror y uso indiscriminado de la violencia, los anti-mineros han amenazado, golpeado y hasta saqueado a los comuneros de Sorochuco y Huasmín por el solo hecho de apoyar las labores de Yanacocha. Así lo denuncia, el dirigente del Centro Poblado Santa Rosa de Huasmín, Faustino Rillo Huamán. “Nos han pegado, nos han dicho que somos mineros. Así nos amenazan. Esto no puede ser. Nosotros queremos trabajar”, asegura.

“La mina ha construido la carretera a Cajamarca, antes no teníamos. Nos demorábamos dos o tres días en nuestros caballos para llegar a Cajamarca y vender nuestra papa. Ahora, en dos o tres horas llegamos. Ya hay movilidad. Nos podemos trasladar sin problema”, manifiesta Rillo.

Más allá de la enorme importancia de la carretera, la obra que ha traído más beneficios es la de los reservorios de Chailhuagón (en el caserío de San Nicolás), construido en el 2013 sobre la laguna del mismo nombre. Actualmente almacena unos 2.6 millones de metros cúbicos y fue levantada por contratistas locales usando materiales de la zona. (La antigua laguna contenía un poco más de la mitad de lo que actualmente se almacena)

En el estío sus aguas benefician los cultivos y las zonas de pastoreo de las comunidades de San Nicolás, Quinuapampa, San Juan de Yerbateros, Yerbabuena Chica, Porvenir, el Valle Maraypata y Lagunas de Combayo.

El reservorio Chailhuagón, es además una demostración de que la minería y la agricultura no compiten por el agua, sino que por el contrario, el encausamiento de las fuentes de este recurso, permite un mejor y mayor aprovechamiento del mismo. Los beneficiados son los propios comuneros que continúan dedicados a la agricultura y ganadería.

Por eso, con justa razón, los comuneros de San Nicolás se preguntan: “Si tanto quieren agua ¿por qué se oponen a los reservorios?”

Los comuneros de la zona de influencia de Conga están a favor del proyecto porque entienden que ese es el camino para salir de la pobreza. Como indica Wilson Cotrina Palma: “Nosotros defendemos la oportunidad de desarrollo que nos abre el proyecto de la mina. Sabemos que va a mejorar la alimentación y la educación de nuestros hijos. Nuestros sembríos van a mejorar con abonos y fertilizantes… Por eso comunidades y empresa vamos a seguir de la mano para que el proyecto Conga salga adelante”.

La realización de obras como el reservorio Chailhuagón, pone en evidencia que los argumentos de los anti-mineros son falsos. Ahora vemos que a este proceso político, se suma la manipulación de la cultura y la mentira más ominosa.

Algo similar parece estar detrás del caso de Máxima Acuña de Chaupe y su familia, que  se encuentran enfrentados con la minera Yanacocha por un terreno.

“Por eso fue pasmosa la revelación que hizo el 9 de febrero, en TV Norte, el periodista cajamarquino Luis Mego. Los esposos Chaupe tenían título de propiedad de seis predios en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín: Chilin, Agenco I, Agenco II, La Tuna, Aluche. Además, poseían otros tres –Sigues, La Playa de Sigues y La Nueva Chica– en el distrito de Huasmín. No es que sean terratenientes ni mucho menos: las chacras, en conjunto, suman solo diez hectáreas. Lo llamativo es que les fueron entregadas en propiedad luego de que demostraran la posesión sobre las mismas”. Según informa Ricardo Uceda en La República.pe.

 Tal vez el mito más escandaloso, de una supuesta víctima pobre e indefensa, es el de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, según denunció el 2007 Xavier Sala i Martín en la Vanguardia de España.

Ver:      http://www.columbia.edu/~xs23/catala/articles/2007/Nobel_Paz/Nobel%20Paz.htm

“Enero de 1982: una joven guatemalteca de ascendencia maya llamada Rigoberta Menchú Tum, se reúne en Paris con la escritora francesa de origen venezolano, Elisabet Burgos. De las conversaciones que las dos mujeres mantienen durante dos semanas sale el libro Me llamo Rigoberta y así me nació la conciencia, que narra la trágica historia de la joven. El libro explica que Rigoberta era hija de campesinos pobres que cobraban salarios miserables trabajando en condiciones de esclavitud en las plantaciones de café propiedad de ladinos (blancos descendientes de colonos españoles). La pobreza impidió que Rigoberta fuera al colegio y sólo aprendió español unos meses antes de ir a París. Un día, los guardaespaldas del terrateniente apalizaron a su padre, Vicente Menchú, por defender a los campesinos mayas. A raíz de esa paliza, Vicente empezó un movimiento campesino de liberación. El gobierno capturó a su hijo, Petrocinio, que fue torturado y quemado vivo delante de todo el pueblo, con la pequeña Rigoberta como testigo principal. Luego el padre lideró una masiva manifestación de protesta que fue aplastada nada más llegar a la capital. Rigoberta se escapó a México desde donde lideró el movimiento revolucionario. La historia era tan trágica y tan conmovedora que en 1992, Rigoberta fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

En 1999, el antropólogo David Stoll investigó los hechos. Resulta que la familia Menchú era una familia relativamente rica, propietaria de 28 kilómetros cuadrados de tierra. Vicente, el padre, nunca tuvo que trabajar para los ladinos y quien le apalizó, no fueron los guardaespaldas del terrateniente sino los hermanos de la madre, los Tum, otra familia rica que se disputaba la tierra con los Menchú. Tampoco es cierto que la pequeña Rigoberta no tuviera estudios: fue a la escuela de las monjas blancas y allí aprendió español muchos años antes de ir a Paris. Y aquello de que Petrocinio fuera quemado vivo también era invención: nadie en el pueblo recuerda que la policía incendiara al hermano de Rigoberta. Lo que sí es cierto, es que un día éste desapareció y que nadie lo ha vuelto a ver, aunque testigos aseguran haberlo visto en Nueva York.

Tras la publicación del libro, Rigoberta acusó a Stoll de estar al servicio de la dictadura guatemalteca. Pero poco después confesó que mucho de lo que explicaba en su libro era una fabricación de la escritora Elisabet Burgos, que resultó ser militante de diferentes causas rebeldes en Sudamérica y que estaba casada con Régis Debray, un revolucionario francés amigo del Che. Una vez desenmascarada la farsa, se ha pedido que se le retire el premio Nobel a Rigoberta (como las medallas olímpicas a Marion Jones) pero eso no ha sucedido”.

Xavier Sala-i-Martín, economista, catedrático de Columbia University, La Vanguardia, España, 17-10-2007.

Así se fabrican los mitos. Parece que en el Perú queremos ponernos al día, de la mano del Ministerio de Cultura. Lampadia

Como explicamos en la Parte I y Parte II de esta sección, seguimos publicando una serie de artículos que nos permitan entender la minería peruana. En este caso será en el contexto de la importancia de los recursos naturales minerales en el Perú.

Se presenta el origen e importancia de los recursos naturales minerales y el marco legal vigente para el desarrollo de la actividad minera en el Perú.

Para lograr explicar claramente este largo y riguroso proceso, hemos recurrido a uno de los especialistas más conocedores del tema, que tiene una formación estrictamente técnica y una vocación muy loable, por difundir objetivamente sus conocimientos.

La información incluye ilustraciones fotográficas, diagramas y cuadros, que permiten un mejor entendimiento del tema.

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES MINERALES EN EL PERÚ

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

MARCO JURÍDICO DE LA CONCESIÓN MINERA

De acuerdo al artículo 66 de la Constitución Política del Perú los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos.

El otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales se encuentra regulado por la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley N° 26821, que en su artículo 3) considera a los minerales como recurso natural y en su artículo 19 prevé que los derechos para su aprovechamiento se otorgan mediante la modalidad que establece su ley especial.

De conformidad con los artículos I y II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, el Estado otorga derechos sobre los recursos minerales del suelo y subsuelo del territorio nacional mediante la concesión minera.

Definición de Concesión Minera:

La concesión minera otorga el derecho a explorar y explotar el “yacimiento mineral”, el cual es un bien “distinto” y “separado” del terreno donde se encuentra ubicado. 

El artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, señala que la concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentren en un área delimitada por coordenadas UTM. Dicho artículo declara expresamente que “La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada”.

La distinción entre la concesión minera y el terreno donde está ubicada es mencionada también en el artículo 39 del Texto citado, precisando por ello que el pago del derecho de vigencia a que está obligado el titular del derecho minero es independiente del pago de los tributos a que está obligado el titular del predio.

El artículo 127 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, precisa que: “Por el título de la concesión, el Estado reconoce al concesionario el derecho de ejercer exclusivamente, dentro de una superficie debidamente delimitada, las actividades inherentes a la concesión, así como los demás derechos que le reconoce esta Ley, sin perjuicio de las obligaciones que le correspondan”.

Al otorgarse una concesión minera no se concesiona ningún territorio (predio, terreno, tierras o cualquier denominación que se refiera a dicho bien). Tanto las tierras como las concesiones mineras son bienes inmuebles que coexisten en un mismo lugar, pueden tener titulares distintos y son inscribibles en los registros públicos.

De conformidad con los artículos 70 y 88 de la Constitución Política del Perú, el Estado garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, asimismo, el Artículo 885 del Código Civil establece que  “Son inmuebles: 1) El suelo, el subsuelo y el sobresuelo (…) 8) Las concesiones mineras obtenidas por particulares.

De acuerdo a los artículos 23 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y 10 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, las concesiones mineras son irrevocables, en tanto el titular cumpla con las obligaciones que la ley exige para mantener su vigencia.

REQUISITOS PARA OBTENER AUTORIZACIÓN PARA EJERCER ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

El título de concesión minera no autoriza al titular minero a iniciar actividades de Exploración ni de Explotación minera.

Todo titular minero debe tener presente que el título de concesión no autoriza por sí mismo a realizar las actividades mineras de exploración ni explotación, sino que para dicho fin se requiere de otras medidas administrativas y permisos, como:

a. La autorización del Ministerio de Cultura a través del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, CIRA.

b. Las certificaciones ambientales otorgadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, para mediana y gran minería, o por el Gobierno Regional para la minería artesanal y pequeña minería, con sujeción a las normas de participación ciudadana.

Los estudios ambientales tienen por finalidad prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de actividades extractivas, así como potenciar sus impactos positivos, comprendiendo medidas que aseguren el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos Permisibles y la legislación ambiental vigente.

Las certificaciones ambientales sustentadas en la evaluación de los estudios ambientales, constituyen el pronunciamiento de la autoridad competente sobre la viabilidad ambiental de proyectos de exploración o explotación.

Además, los estudios ambientales están orientados hacia un apropiado relacionamiento entre los titulares de actividades mineras y la población asentada en su ámbito de influencia, a fin de contribuir al desarrollo sostenible.

En cuanto a la participación ciudadana debe señalarse, que al ser una herramienta del relacionamiento entre el titular del proyecto minero y la población del área de influencia del proyecto, permite registrar los intereses de la población involucrada, los aportes, comentarios y observaciones para tomarlos en cuenta, tanto en la formulación, ejecución y al finalizar el proyecto minero, como para la toma de decisión de la autoridad competente.

De conformidad con los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2008-EM, los procesos de participación ciudadana deben desarrollarse “con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera”, “en los proyectos de exploración minera”, “en los proyectos de explotación y beneficio”, “durante la ejecución del proyecto minero” y “en la etapa del cierre de minas”, promoviéndose la participación de las autoridades regionales, locales o comunales involucradas.

c. El acuerdo con el propietario del predio para la utilización de su terreno o la culminación del procedimiento de servidumbre.

El artículo 7 de la Ley Nº 26505, Ley de promoción de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, sustituido por la Ley N° 26570, establece que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre.

De esa manera queda claro que sin el acuerdo con el propietario del terreno o sin el establecimiento de la servidumbre, el concesionario minero no podrá utilizar el terreno donde se ubica la concesión.

Esta regla difiere respecto a la servidumbre en el caso de las actividades mineras no metálicas en tierras de uso agrícola, toda vez que el artículo 6 del Reglamento del artículo 7 de la Ley Nº 26505, referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG, estipula que: “De conformidad con la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 653 y Artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, no procede el establecimiento de servidumbre sobre tierras de uso agrícola o ganadero para el desarrollo de actividades mineras no metálicas”.

En tal sentido, el procedimiento de servidumbre no procede sobre tierras de uso agrícola para la realización de actividades mineras no metálicas, no pudiéndose realizar las mismas si no se cuenta con el acuerdo con el propietario.

d. La autorización para el inicio de actividades de exploración en concesiones mineras y de inicio o reinicio actividades minero metalúrgicas, otorgada por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, para mediana y gran minería, o del Gobierno Regional para la minería artesanal y pequeña minería.

e. Las demás licencias, permisos y autorizaciones que son requeridos en la legislación vigente, de acuerdo con la naturaleza y localización de las actividades que va a desarrollar.  

Presentación

Carlos Milla Vidal, ex Presidente de Fedecam Sur

• Es sabido por todos que el turismo al Perú, tiene un motivador central: MACHUPICCHU.
• Machupicchu ocupa, sin embargo, un pequeño espacio de poco mas de 4 hectáreas.
• La congestión que se produce por la afluencia turística, ha empezado a ser crítica, y la administración ha definido un número tope de visitantes.
• Venir a Peru y no poder entrar a Machupicchu, porque “no hay sitio”, no sólo es frustrante para cualquier visitante, sino es contraproducente para el país, pues el Turismo empieza a retraerse.
• El circuito Sur del Peru, con Colca, Arequipa, Puno, Manu, Tambopata, etc. DEPENDE DE MACHUPICCHU, como quedó demostrado el 2010, año de las innundaciones que sacaron del mercado a Machupicchu por tres meses.
• El criterio de CONSERVACION DEL RECURSO debe ser y es nuestra principal obligación moral.
• Sin embargo se puede mejorar la conservación gestionando mejor.
• Peru, tierra de mil maravillas NO TIENE, un solo producto listo para ser una alternativa a Machupicchu, por consiguiente  el turismo empieza a retroceder en desmedro de todos los otros destinos.
• Esto se veía venir hace décadas. Ahora, desde el sector privado, ha nacido una visión que no  sólo puede duplicar el número de visitantes en el futuro inmediato, sino que nos va a poner en un escenario mucho más optimista, porque en la vecindad de nuestro primer monumento, existen casi una decena de “otros machupicchus”.
• El plan que está poniendo en marcha el ministerio de cultura tiene varios ejes:

o   Ampliación del territorio de visita hasta el rio.

o   Habilitación de nuevos caminos incas para el acceso

o   Gestión con el sistema de turnos

o   Construcción del centro de visitantes que albergará hasta 2,000 turistas
     simultaneamente

• Todo esto cambiara el protocolo de visita, mejorando la sostenibilidad y la experiencia turística.
• Sin embargo la visión a largo plazo incluye, además, integrar otros atractivos como Chokequirao, Vilcabamba, y varios cientos de caminos incas que interconectan un gran espacio, entre los ríos Urubamba y Apurimac.
• A continuación, Ricardo Ruiz Caro, Director de la Dirección desconcentrada de Cultura del Ministerio de Cultura, presenta las líneas matrices de esta nueva visión.

Para la mayoría de ciudadanos del mundo, llegar a Machupicchu es la “realización de un sueño”; un sueño provocado por esa imagen idílica alojada desde hace más de un siglo en el ideario colectivo global, como expresión excepcional de sabiduría y estética universal. Para los peruanos Machupicchu es todo eso y mucho más; es un soporte de autoestima nacional y una forma de iniciación simbólica a la peruanidad.

Los ciudadanos del Perú y el mundo “anhelamos llegar a Machupicchu”; y ese deseo se inflama más con cada nuevo reconocimiento mundial que esta ciudad sagrada acumula; haciéndose cada día más irresistible al Turismo, que por naturaleza implica intensas actividades, intercambios y desplazamientos que requieren un marco de operación sostenible en el largo plazo, para asegurar su conservación y la “viabilidad” territorial, social y económica de su operación.

Sin embargo, el turismo en Machupicchu se ha manejado con un “modelo” que ha cambiado muy poco en cuatro décadas, cuando el fenómeno era geométricamente menor y bajo modas imperantes distintas. Esta situación surgida de la ausencia estructural de herramientas de gestión, ha dificultado proyectar y controlar esta actividad en su dinámica de cambio continuo y evitar algunos impactos y efectos adversos, principalmente “puertas afuera” del espacio patrimonial.

Esta situación que se agudiza cada vez más, ha instalado en el ideario colectivo sugestiones y reduccionismos sobre Machupicchu, que afirman que, “superar cierta cifra establecida de visitantes lo condena inmediatamente a su deterioro” o que “No sobrepasarla asegura (en ausencia de todo lo demás) su conservación”.

La política que implantó desde el 2005 nuestra entidad cultural, que limita el número de visitantes, se contrapone a la permanente promoción que hace el mismo Estado para Machupicchu desde otro escritorio público; proyectando un discurso bipolar y un serio dilema hasta hoy irresuelto: ¿Es ético proponer con Machupicchu una imagen tan irresistible al mundo y luego cerrarle la puerta porque ya no admitimos más visitantes?

Machupicchu no es una “opción” que pueden tomar los visitantes que han llegado a nuestro país; es el motivador central de los viajes de turismo cultural hacia el Perú y el extermo Sur del Continente (la imagen destino); y por ello, la reducción de sus visitantes afecta decenas de miles de empleos e inversiones; contrayendo el desarrollo de los demás destinos turísticos del país y restringiendo el rol que juega este icono en la educación y afirmación identitaria de todos los peruanos.

Por todo lo anterior, resulta urgente avanzar hacia una forma nueva y más virtuosa de gestion integral de Machupicchu; en la cual la perspectiva patrimonial y la turística se puedan encontrar sinérgicamente (como ya lo hicieron muchas veces en el mundo); y que asegure su sostenibilidad en el tiempo, afirme su sentido sagrado y revele su legado civilizatorio. Y; que por extensión, provoque mayor bienestar y oportunidades a su población local, regional y nacional.

HACIA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN PARA MACHUPICCHU

En lugar de la única herramienta de manejo que se tiene hoy (una cifra máxima de admisión), la renovada visión que impulsa el Ministerio de Cultura, proyecta migrar hacia una forma más elaborada y científica de gestión patrimonial y turística; que, administrando la afluencia actual de visitantes, logre garantizar (en mejores condiciones que hoy) la perdurabilidad en el tiempo de Machupicchu, de su contexto y de sus soportes; reduciendo progresivamente la presión sobre el espacio patrimonial de mayor fragilidad y armonizando mejor su contexto social y territorial.

Este modelo tiene como pieza central el Nuevo Centro de Visitantes que será la nueva puerta de ingreso a la maravilla; y que se proyecta edificar en la zona ribereña a las faldas del propio cerro Machupicchu (actual Museo Chávez Ballón). Desde aquí se controlarán los boletos y se iniciara la experiencia turística con todas sus posibilidades diversificadas; refundando varios aximas de su gestión actual, bajo el concepto trasversal de la “interpretación”.

a. AMPLIACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO:

Machupicchu es conceptual y ancestralmente superior al bello monumento que vemos en fotos y revistas; es un exquisito y colosal despliegue territorial que articula sabiamente el medio natural con la obra humana, bajo precisos alineamientos cosmológicos. Se propone migrar de la idea de Machupicchu como una ciudad inca acotada en una cumbre a la idea de Machupicchu como una “Red Patrimonial” que se despliega en toda la montaña y se integra simbióticamente a ella; y por tanto, debe tener su ingreso hacia sus faldas. 

b. CAMBIO DEL EJE DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA:

Al tener como inicio de la experiencia un Centro de visitantes, que finaliza en un video de “mensaje, inducción y difusión” del conocimiento “oficial” del lugar; se migra del modelo actual sostenido en el “recorrido, la fricción y el despliegue físico”, hacia uno nuevo basado en la interpretación y transmisión de contenido; acorde a su naturaleza de Patrimonio Mundial.

c. TEMATIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN:

El modelo propone varias opciones tematizadas de experiencia turística en lugar de la única existente hoy. Estas alternativas se iniciarán a la salida del Centro de Visitantes, con el propio Museo Chávez Ballón (exactamente debajo) que recreará los elementos más icónicos de Machupicchu como el Intiwatana (con tecnología que reproduce fenómenos solares y arqueo-astrológicos). Otras opciones adicionales serán el orquidiario y los andenes ribereños en el entorno inmediato; y tres rutas de caminata (02 de ellas ancestrales) hacia la ciudad Inca, con un conjunto excepcional de sitios arqueológicos y paisajes asociados.

RUTAS ANCESTRALES EN EL NUEVO MACHUPICCHU

d. SISTEMA DE MANEJO DE VISITANTES:

El centro de visitantes se configurará también como un dosificador de flujos. Las concentraciones que hoy llegan (tren y buses) se administrarán en este centro, del cual saldrán grupos de 100 visitantes cada 10 minutos, hacia cualquiera de las opciones de visita posibles, con el apoyo de señalética interpretativa y los guías que complementarán el discurso científico oficial inicial.

e. GESTIÓN DE IMPACTOS:

Se basa en la construcción y monitoreo permanente de “líneas de base”, para cada uno de los factores que se puedan afectar por la visita turística, el clima y otras causas. Con el apoyo de un centro de investigación a ubicarse en el primer nivel del mismo edificio; se monitorearán en tiempo real todos los factores de riesgo, referidos a impactos físicos (estructuras y caminos), biológicos, estructurales, geológicos, simbólicos, sociales, de satisfacción turística, etc.

Pocas veces un solo proyecto es capaz de proponer tantos beneficios a la vez para toda la comunidad nacional. Bajo esa convicción, las intervenciones que viene impulsando el Ministerio de Cultura ya han logrado grandes consensos con varias instancias del Estado (nacional, regional y local), las cuales se están uniendo a la iniciativa privada para lograr materializar en los próximos dos años (a través de la modalidad de “obra por impuestos”) esta intervención, que permitirá operar un nuevo modelo de gestión para Machupicchu; el cual conciliará el interés nacional simultaneo de conservar mejor el lugar y permitir al mismo tiempo que el crecimiento natural del turismo al país No se siga contrayendo.