Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable que los buenos esfuerzos no se continúen cuando se cambia de gobierno. Pero lo que es incomprensible es que una administración integrada por profesionales modernos y calificados como la presente, haya casi descontinuado una reforma fundamental para la instauración de la meritocracia en el Estado peruano: la contenida en la Ley de Servicio Civil (30057), promulgada en junio del 2013. 

Esa ley buscaba incorporar a los empleados públicos que están bajo el régimen CAS (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), que carece de beneficios, y a los que están en otros regímenes[1], a un nuevo sistema con beneficios sociales que establece una carrera universal en el Estado –es posible pasar de una institución a otra- basada en evaluaciones de desempeño (con salida a la tercera desaprobación) y que supone que cada institución realiza un mapeo de puestos y de procesos e identifica los perfiles profesionales que requiere en función a un análisis de los objetivos de la institución, luego de lo cual convoca a concursos a los cuales se puede presentar el personal de la entidad y de fuera. Uno de los efectos es que, en la nueva estructura de personal, las escalas medio-superiores tendrían una remuneración mayor que la actual con la finalidad de atraer talento que, como sabemos, se ha ido alejando del Estado luego de los límites absurdos que estableció el gobierno de García.

Se trata de una reforma de la máxima trascendencia, que permitiría redefinir y ajustar el número y calidad del personal de cada entidad a su naturaleza y objetivos, y establecer un régimen meritocrático que permita alcanzar un Estado profesional en el cual las entidades puedan establecer y cumplir metas fiscalizables. Es la reforma ‘weberiana’ por excelencia.

Pues bien, resulta que ni el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni -menos aun- el Congreso se percataron claramente de que esta reforma estaba en curso. A los pocos meses de iniciado el gobierno el Congreso debatió y finalmente aprobó una ley que pasaba los CAS de Essalud al régimen del DL 728, que da beneficios y estabilidad absoluta a cambio de nada. El régimen del Servicio Civil, en cambio, ofrece los mismos beneficios sociales que la 728, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones de desempeño y dentro de una estructura bien pensada y eficiente, orientada a metas. El gobierno no reaccionó y dejó pasar esa ley, que fue aprobada. Ahora los trabajadores administrativos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso han presentado proyectos de ley para exonerarse de la ley de servicio civil por temor, por supuesto, a la meritocracia.

Es inaceptable que la clase política no tenga convicción acerca de la necesidad de ir hacia un Estado profesional. Y que un gobierno tecnocrático no le dé prioridad a una reforma tan importante como esta. La decisión política de llevarla a cabo es indispensable, además, porque su aplicación no solo es difícil por compleja, sino que engendra todas las resistencias imaginables del statu quo, y por lo tanto requiere de la máxima voluntad y convicción políticas. Ojalá Mercedes Araoz la adopte.

Avances

Pese a todo, ha habido algunos avances. Es cuestión de darle impulso al proceso. En la actualidad son 334 las entidades del Estado que han iniciado el proceso de transición. Ellas implican a 100 mil servidores civiles, alos 19 Ministerios, a varios organismos públicos y a 39 de 47 universidades.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

Pero, como podemos ver en el siguiente gráfico, ninguna entidad ha llegado aún a la etapa de realizar concursos. De los 19 ministerios, 11 han realizado su mapeo de puestos, mapeo de procesos y han identificado, según eso, sus áreas de mejoras y han terminado, entonces, el informe respectivo. Pero ninguno tiene todavía aprobada su nueva dotación de personal –estructura de puestos- y los perfiles respectivos. Es algo que deben presentar y discutir con Servir, y es el paso inmediato a la realización de los concursos para llenar esos puestos.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

De las 334 entidades que han comenzado el proceso, hasta el momento solo 41 tienen “resolución de inicio”, que significa que ya completaron los mapeos. Estas comprenden a 31,700 servidores públicos de los cuales un 62% está en el régimen CAS, 16% son locadores de servicios, un 9% está en el régimen del DL 276, un 8% en el del DL 728 y 5% en otros.

Según Cortez, la ONP, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el gobierno regional de Piura y curiosamente el Despacho Presidencial, son las entidades más avanzadas. Como anécdota, el jefe del SENASA “encerró” a los responsables para que se dediquen solo a esa tarea hasta terminarla, y puso a sus segundos a cargo de sus funciones de línea mientras terminaban.  Y ya hicieron cambios que se desprendieron del análisis.

Estas 41 entidades son las que aparecen en el siguiente cuadro:

Sinceramiento institucional y resistencias

Lo interesante es que, en este proceso, las entidades descubren sus deficiencias y problemas. Descubren, al hacer su mapeo de procesos, que no están ordenadas precisamente por procesos o que estos no son lineales y simples sino complicados y confusos. Improductivos, en suma. Un proceso es la cadena de actos administrativos necesaria para entregar un servicio. Según el jefe de Servir, Juan Carlos Cortez, a algunas entidades les cuesta mucho el ordenamiento de sus procesos.  Lo común es que cada empleado se focaliza solo en su tarea y carece de una visión de conjunto y menos de una solidaridad con el resultado. Pero el mapeo de puestos y procesos es una mirada al espejo: le permite a la entidad saber a ciencia cierta cuánta gente tiene, qué hace cada uno, si se está duplicando funciones, si tiene sentido lo que se está haciendo. La institución, así, se sincera consigo misma y se ordena.

Para llevar adelante esto se forma una “Comisión de Tránsito”, integrada por el secretario general, el jefe de presupuesto, de recursos humanos y un representante del Ministro. Dicha comisión realiza el mapeo de puestos y de procesos e identifica mejoras en esos aspectos y cuanta gente se requiere para cada proceso. De allí sale la dotación de puestos y luego el perfil de cada puesto, para que el concurso sea transparente. 

Además, la dotación o estructura de puestos debe responder a los objetivos de la institución, lo cual supone una discusión acerca de estos objetivos. Se trata, en suma, de un proceso muy interesante y muy desafiante que, por eso mismo, encuentra resistencias en los sindicatos -por lo general opuestos a las evaluaciones meritocráticas y a definir procesos que impliquen mediciones claras de resultados y cumplimiento de metas-, pero no solo en los sindicatos. También frecuentemente en los propios jefes, que confían más en personas de su confianza que en aquellos que puedan ser escogidos meritocráticamente, y que no están acostumbrados a un trabajo orientado al cumplimiento de metas.

Por eso mismo es indispensable que el gabinete Araoz forme una voluntad política clara de llevar adelante la instauración del régimen de la ley de Servicio Civil, porque se trata de un esfuerzo complejo con resistencias de modo que sin empuje político no va a llegar a destino.

Sinergia con Análisis de Calidad Regulatoria

Por lo demás, una reforma como esta en las entidades estatales, hace sinergia perfecta con las reformas de simplificación administrativa dispuestas en los decretos legislativos del año pasado. Se viene simplificando y eliminando trámites en varios sectores y ya se inició el Análisis de Calidad Regulatoria sector por sector, que debe culminar en octubre del 2018. Este análisis, que lleva a simplificar o eliminar todo trámite o procedimiento inútil, costoso o innecesario, no se puede hacer si no se identifica el proceso del que forma parte, si no se hace el mapa del proceso. Entonces, si de simplificar esfuerzos se trata, lo lógico sería hacer las dos reformas a la vez, porque una supone parte de la otra.

La abusiva e interminable huelga de maestros evidencia el nivel de penetración del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en la movilización y representación del magisterio. Y es que durante los últimos años Patria Roja (Partido Comunista del Perú), ha ido perdiendo el control del SUTEP, el sindicato que usufructúa capacidades monopólicas, por los avances de organizaciones políticas como el CONARE del Movadef (fachada de Sendero Luminoso).

Fuente: www.ideeleradio.org.pe

Y es que el sindicato de maestros, por su tamaño, presencia nacional, su capacidad monopólica, el control de la Derrama Magisterial, y su vinculación con un tema tan sensible como la educación, es una suerte de ‘bocatto di cardenale’, es la base gremial más poderosa de la política nacional. Lamentablemente, como hemos explicado anteriormente (ver: xxx), el SUTEP fue capturado por dirigencias que están mucho más cerca de la política, que de la noble profesión del magisterio. Nuestro estancamiento económico iniciado en los años 60, condenó a la pobreza los servidores públicos, incluidos los maestros, algo que hizo natural la orientación reivindicativa del sindicato. Así fue que el gremio se presenta como víctima y suscribe la ‘lucha de clases’.

Fuente: larepublica.pe

Hoy se disputan el control del SUTEP, las dos ramas del comunismo local, dividido hace décadas. Patria Roja, el comunismo no senderista, y el Conare más Pukallacta, el comunismo senderista o filo senderista. Hasta hace pocos días el gobierno pensaba que su rol era defender a la dirigencia de Patria Roja, y evitar la captura del SUTEP por el Conare, pero el desliz del Presidente PPK en Moquegua la semana pasada, presumiblemente a instancias del vicepresidente Vizcarra, de invitar a los dirigentes de los comités de lucha a Palacio, empoderó al Conare y debilitó sustancialmente a Patria Roja.

Es interesante tomar nota de las declaraciones de ayer en RPP de la ex secretaria general del SUTEP y ex decana del colegio de profesores, Soledad Lozano, cuando se pregunta si alguien cree que durante los últimos 20 o 25 años, Sendero Luminoso (SL) estuvo sin hacer nada, o más bien estuvo desarrollando su nueva estrategia política de penetración de gremios laborales y todo tipo de instituciones nacionales. Lozano agregó que “el sindicato está hecho trizas”.

Fuente: larepublica.pe

Pues, el pasado 20 de agosto, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, preocupado con mostrar lo que hay detrás del ‘putsch’ magisterial, presentó el Informe Infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterioen la Comisión de Educación del Congreso, enfatizando los nexos de los dirigentes de la huelga con el Movadef. En su exposición, Basombrío confirmó la existencia del vínculo con el Movadef, específicamente en el caso de Pedro Castillo Terrones, presidente del comité de lucha que dirige la huelga de maestros en nombre de todos los comités de lucha, elegido por consenso de los grupos ligados a SL.

Este informe muestra el “Plan de construcción del partido” (2008), un documento de la organización terrorista que dio origen a Movadef. También presentó actas del primer congreso del Movadef (27 y 28 de noviembre de 2010), su ideario, estatutos y acta de fundación (20 noviembre de 2009).

Asimismo, el informe incluye el expediente presentado por el Movadef en el que solicita al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) su inscripción como partido político, mostrando así la vinculación de algunos maestros con esta agrupación.

El ministro también detalló que de las 164,667 personas que firmaron el padrón electoral del Movadef, 4,679 de ellos fueron profesores, la mayoría residentes en Lima Metropolitana, Áncash, Ayacucho y Puno.

Además, el informe también publicó fotografías que muestran que, durante los últimos años, distintos activistas del Movadef se han infiltrado en distintas movilizaciones como la marcha contra el proyecto Conga (10 de febrero de 2012) o las protestas contra la “ley pulpín” y el peaje de Puente Piedra.

En dicha presentación, se aseguró que Pedro Castillo, principal dirigente de la facción de los huelguistas, fue elegido por el Sutep-Conare. Ricardo Valdés, viceministro de Gestión Institucional del Mininter afirmó previamente en RPP que “Se puede asegurar que Pedro Castillo es cercano a Movadef, y el Movadef es una organización que sirve de fachada de Sendero Luminoso. El ministro Carlos Basombrío lo presentará el lunes al Congreso (…) Ya han existido reuniones con Castillo y las demandas que tenía eran inviables. Él exige que el Minedu lo reconozca como sindicato único para poder negociar”.

En el Congreso, el ministro del Interior nombró a cuatro miembros del Movadef que son dirigentes del Conare-Sutep y que han sido procesados por el caso Perseo. De acuerdo al ministerio, los dirigentes del Movadef, Oswalso Esquivel Caicho, Carlos Arturo Albujar Ortiz, Juan Carlos Ríos Fernández y Juan Antonio Garro Palacios son fundadores y altos dirigentes del Conare-Sutep y están investigados en el marco del caso Perseo.

En Lampadia ya habíamos adelantado, hace 37 días, tal situación en ‘Putsch’ del Movadef (Sendero) en Cusco, afirmando: ante la debilidad mostrada por el gobierno para contrarrestar los levantamientos socio-políticos, los sindicatos y federaciones están llevando adelante una suerte de ‘putsch’ táctico para mejorar sus posiciones estratégicas.

Fuente: larepublica.pe

Además, en SUTEP: Llegó el momento de decir ‘BASTA’, recalcamos que el SUTEP dirigido por el Partido Comunista del Perú (Patria Roja), ha venido enseñoreándose a lo largo y ancho por todo el Perú, y que además capturó la Derrama Magisterial. Ambas hoy día, en disputa abierta con el Conare.

Por eso, queremos tomar esta oportunidad para recalcar nuestras Propuestas en Lampadia:

• Declarar en emergencia la educación escolar. Esta declaración tendrá que considerar los aspectos necesarios para privilegiar la educación de siete millones de estudiantes sobre los de dirigencias sindicales alejadas de un ejercicio gremial correcto.
• Descontar todos los días no trabajados.
• Quitar el reconocimiento del Estado al SUTEP, todas sus derivaciones, al CONARE y a todos sus sindicatos relacionados a la educación escolar.
• Suspender el reconocimiento de todos los sindicatos de maestros por un período de cinco años
• Afiliar a los maestros al ‘Pacto Social por la Educación’, ofreciendo buenos salarios, capacitación, tecnología e infraestructuras adecuadas, a cambio de la despolitización del magisterio y la aceptación de la meritocracia y su compromiso con la calidad educativa.
• Ofrecer un 10% de aumento adicional a los maestros que se afilien al Pacto y devolver los descuentos por la huelga.
• Despedir definitivamente a todos los líderes violentistas de los sindicatos, a los maestros que firmaron en apoyo al Movadef.
• Suspender definitivamente las retenciones de las remuneraciones de maestros a favor de la Derrama Magisterial por parte del ministerio y autoridades regionales. Si los maestros desean hacer aportes futuros, tendrán que hacerlos voluntaria e individualmente de sus remuneraciones netas.

No podemos dejar de recalcar que la inmensa mayoría de maestros, no son victimarios de la educación, sino víctimas de la dictadura sindical, ahora disputada por una facción aún más ajena de la educación. (Ver: Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio). Hace años que la politización de las dirigencias magisteriales, le hace daño a los maestros, pues imposibilita la modernización del magisterio y la recuperación del sitial de honor que le corresponde a los maestros en nuestra sociedad. Desde esa perspectiva, debemos evitar la captura del gremio magisterial por organizaciones filo senderistas. Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio de una vez, más adelante será más costoso y doloroso. Lampadia

Según el análisis de Jaime de Althaus, que presentamos líneas abajo, sobre los decretos legislativos dirigidos a facilitar la lucha contra la corrupción policial, se puede decir que el gobierno ‘ha puesto toda la carne en el asador’. Sin embargo, como sabemos en el Perú, del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’.

Por lo tanto, toda la atención de la ciudadanía tiene que estar puesta en la implantación de las normas. Para que ellas sean efectivas, hay que insistir en las recomendaciones de Althaus:

• Una sólida campaña de comunicación para que el ciudadano esté claramente advertido sobre las penalidades
• Un acuerdo político con las fuerzas más importantes, para convertir estas normas en políticas de Estado 
• Compromiso público de la Fiscalía y el Poder Judicial con las nuevas normas, de modo que la opinión pública pueda vigilar su ejecución
• Simplificación de normas y procesos que propician la coima

Esperemos que el propulsor de estas normas, Carlos Basombrío, Ministro del Interior, no solo haya recogido las mejores prácticas de otros procesos anti corrupción policial, sino que haya preparado a las instituciones que dirige, el ministerio y la Policía Nacional, para empezar la ejecución de la mejor manera.

Nos preocupa, que en cuanto a la difusión de las normas, el ministro se haya limitado a declarar que el ciudadano está obligado a conocer las leyes. ¿Broma? O error que hace temer un enfoque teórico, poco realista, que generará mil complicaciones que pueden debilitar el resultado. Ojo, que la responsabilidad del ministro no termina con la dación de las normas. Lampadia

Fuente:  rpp.pe 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha decidido apostar fuerte en la lucha contra la corrupción en la Policía. Los decretos legislativos aprobados dibujan un conjunto de medidas, algunas de ellas drásticas, que requerirán del apoyo político, judicial y ciudadano para consolidarse y producir el cambio rápido y profundo que buscan. Porque sin duda afectan de raíz el modus operandi mismo de muchos policías.

Comencemos por la medida que ha empezado a ser puesta en práctica estos días: pena privativa de la libertad de entre 6 y 10 años para el policía “que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas”; y de entre 5 y 10 años para el “que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial…”. Además, “El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal” (Decreto Legislativo 1351).

No solo eso. El que ofrece o da la coima también será reprimido con pena privativa de la libertad de entre 4 y 8 años de cárcel. Para ello, se ha anunciado que los policías llevarán “camaritas” en sus uniformes, a fin de registrar los ofrecimientos de sobornos.

Son medidas sumamente drásticas que sin duda pueden llevar a minimizar la coima no solo en las infracciones de tránsito sino en otras actuaciones policiales. Pero deberían ser antecedidas de una campaña de medios que informe claramente acerca de las nuevas reglas de juego, pbustamante@lampadia.com para evitar que muchos terminen en la cárcel simplemente por desconocimiento de la nueva ley.

Y, además, deberían venir acompañadas de una reducción de las multas y sanciones asociadas a diversas infracciones, que son tan absurdamente altas para amplios sectores de un país como el nuestro, y que parecen diseñadas justamente para provocar la coima. Y eliminar ciertos trámites o requisitos. Así como ahora no es necesario revalidar cada dos años la licencia para lunas polarizadas y ésta es para el vehículo y no para el conductor, suprimiendo así un foco de corrupción, hace falta eliminar también las revalidaciones de brevetes, que es otro tinglado montado para imponer cobros y armar corruptelas.  Asimismo sería necesario suprimir el requisito de las revisiones técnicas, que son otro núcleo de corrupción incluso para pasarlas, y no previenen nada. Y sería necesario graduar las sanciones sobre consumo de alcohol, que son sumamente drásticas tanto para el que realmente conduce en estado de ebriedad como para el que apenas ha tomado dos o tres cervezas pequeñas.

De otro lado, se necesitaría desarrollar paralelamente una política efectiva de personal que brinde mejores servicios de salud, educación y vivienda a los agentes policiales, como una manera efectiva de complementar sus ingresos. De hecho, el ministro ha anunciado que estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, muy moderno y con equipamiento. Habría que conocer si su administración se concesionará, para asegurar un buen servicio.

Quizá en parte para contribuir al equilibrio financiero de los policías, aunque sobre todo debido a demandas reales de seguridad, el gobierno ha dado el decreto legislativo 1267 que establece que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”. Esto siempre mediante convenio con la entidad solicitante, sea una municipalidad, la asociación de bancos, una empresa minera o un concierto, por ejemplo. Y como resultado de ese servicio extraordinario, el policía recibirá una remuneración adicional, pero pagada por la institución policial. De ninguna manera los policías podrán brindar servicios a particulares de manera individual, lo que también es una manera de prevenir que policías trabajen para mafias de distinto tipo.

Ahora bien, las medidas dadas para erradicar la corrupción de la Policía van más allá. El decreto legislativo 1291 establece una serie de instrumentos. Uno de ellos es la “prueba de integridad”: consiste “en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función”, para “determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea”. La prueba la realiza un “comisionado de integridad”, que es una suerte de agente encubierto. Así se podrá detectar si un policía acepta una coima que se le ofrece, por ejemplo, aunque en estos casos el comisionado tendrá que actuar junto con un fiscal según explica Leonardo Caparrós, asesor del gabinete ministerial. Lo normal será que se haga para evaluar la medida en que el policía atiende bien a un ciudadano que acude por alguna razón.

Pero eso no es todo. También se aplicará al personal la “prueba de control y confianza”, mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos. Tiene por finalidad “evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral…”. En este caso, sin embargo, “el sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma”. Según Caparrós, en el área de Inspectoría, por ejemplo, la aplicación del polígrafo es parte del procedimiento para postular, aunque no se puede obligar a nadie a pasar la prueba. Rehusarse a pasarla, sin embargo, sería visto como un indicativo no favorable. 

Otra medida preventiva establecida en el decreto legislativo 1291 es la obligación de todos, oficiales y suboficiales, de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y se le encarga a la Oficina General de Integridad Institucional verificar la información contenida en dichas declaraciones.

Pero aún hay más: el decreto legislativo 1242 establece que “La Inspectoría General, la Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, coordinadamente revisan y evalúan en forma anual las referencias disciplinarias del personal, con el fin de determinar su idoneidad para desempeñarse en los diferentes cargos, informado de manera sustentada al alto mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permitan una adecuada asignación del personal. Una copia de este informe deberá ser remitida a la Inspectoría General del Ministerio del Interior, que ahora es la Oficina General de Integridad Institucional.

Es probable que es ese informe, que de alguna manera condensa el resultado de la aplicación de todos los instrumentos anteriores, más el de las evaluaciones de desempeño –cuyo reglamento, sin embargo, no ha sido aprobado aún-, arroje regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberán ser retiradas de la Institución. Para ese fin el decreto legislativo 1242 regula la llamada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que se podrá producir no solo cuando se designa a un nuevo Director General, sino en cualquier momento y una vez al año, precisándose que dicha renovación de cuadros no constituye sanción administrativa.

Esta última precisión es importante porque implica que las resoluciones de pase al retiro por tal renovación  excepcional de cuadros, no tienen que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. De hecho, el personal que pase al retiro por este expediente, lo hará percibiendo la pensión y otros beneficios.

Es importante que haya acuerdo político en torno a estas medidas y que ese acuerdo incluya una convicción al respecto de parte del Poder Judicial. El Ministro Basombrío ha hablado de este tema con el Presidente del Poder Judicial, pero la prueba de fuego la tendremos dentro de poco, si es que algunos de los 790 oficiales que fueron pasados al retiro en noviembre por razones de reestructuración de la pirámide policial, acuden al Poder Judicial para conseguir su reposición. Hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio sólo había recibido una notificación de un oficial que había demandado en Arequipa, pero habría grupos que se estarían organizando para esos efectos. Según el Ministerio, tal reclamo judicial carece de fundamento legal, de modo que no debe prosperar, aunque nunca se sabe con los jueces “creativos”. Ya se ha presentado una acusación constitucional contra el Ministro en el Congreso. Esto no va a ser fácil.

Ahora bien, todo este conjunto de instrumentos depende, para su ejercicio eficiente, de que haya una inspectoría policial y un sistema disciplinario íntegros y que cumplan bien su función. Para conseguir ese resultado, se ha añadido una especialidad a las ya señaladas en la Ley de la Policía Nacional (Orden y Seguridad, Investigación Criminal e Inteligencia): la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, dentro de la carrera policial. Se establece que el personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera, recibirá una bonificación especial, gozará de vacantes exclusivas en los procesos de ascenso, capacitación permanente en el país y en extranjero y no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. Es este personal el que integra la Inspectoría General de la PNP. La idea es que pase por el polígrafo a la hora de postular, tal como se ha dicho.

A su vez, la Inspectoría General del Ministerio del Interior –no de la PNP- ha sido reemplazada, de una parte, por la Oficina General de Integridad Institucional, que descansa en la Oficina de Asuntos Internos para las investigaciones sobre las infracciones graves o muy graves cometidas por el personal policial, sobre todo por los oficiales generales. Y, de otra, por el Tribunal Policial, que depende directamente del Ministro. La idea es que quien hace las investigaciones no debe ser quien juzgue y sancione. Antes ambas funciones dependían de la Inspectoría General.

Por su parte, la Oficina General de Integridad Institucional tiene no solo la función de investigar hechos cometidos, sino de prevenir, manejando los instrumentos de control y confianza como los polígrafos y los otros instrumentos que hemos reseñado líneas arriba. Con lo que el círculo se cierra.

Hubo, por último, un intento de reforma adicional que debía redundar no sólo en menores opciones de corrupción para los policías sino en una mejor gestión institucional: la disposición según la cual la Secretaría Ejecutiva de la PNP, encargada de los temas administrativos, estará a cargo de un general o de un profesional civil altamente calificado. La redacción original de decreto legislativo 1267 agregaba a continuación: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. La reacción de generales en retiro fue tal que se tuvo que modificar ese párrafo de la siguiente manera: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal policial o civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. Un retroceso que habla a las claras de la presión de los oficiales por manejar los recursos, una tarea extrínseca a la función policial que debería estar, efectivamente, en manos de civiles especializados. Lampadia

La lamentable  muerte de un comunero por una herida de bala en la cabeza disparada probablemente como una acción defensiva por un policía atacado por una turba en Las Bambas,  así como las heridas sufridas por 20 policías, uno de ellos con daños considerables, son una pésima noticia en todos los sentidos posibles, tanto por la tragedia familiar que involucra el deceso de Quintino Cereceda, que nos duele a todos, como por la exacerbación del enfrentamiento desatado que ya ha paralizado los envíos de cobre, que era sin duda lo que algunos buscaban.

Pero la tragedia hay que medirla también en términos de los recursos que el país dejaría de percibir si una operación como esta y muchos otros proyectos se vuelven inviables. Es decir, en términos de la cantidad de niños que no sacaremos de la desnutrición y la anemia, de la cantidad de jóvenes que no recibirán una buena educación, del número de personas que no serán atendidas en los servicios de salud.

Por eso, la tragedia más grave es la incapacidad del Estado, de la empresa y de la sociedad civil para desarrollar una conversación y una estrategia que permita el crecimiento de todos en un mínimo de armonía, la lenidad con la que se cede terreno a los interesados en anular la inversión minera o sencillamente en medrar con las oportunidades de extorsión creadas por una inversión minera gigantesca que tiene muchos impactos positivos y algunos negativos, que podrían remediarse, en medio de comunidades pobres y atrasadas.

La explicación del ministro del Interior Carlos Basombrío es que esto se originó en una decisión inconsulta del mando local que se tomó sin “orden de operaciones” y sin plan de inteligencia. Una acción precipitada, en suma, que no previó la reacción de las comunidades, e innecesaria en ese momento porque había un diálogo en marcha y la mina estaba sacando el mineral por una ruta alterna.

Falta de previsión y estrategia

Por supuesto, es inexcusable que una operación policial de este tipo se pueda dar de esa manera. Pero la pregunta entonces es cómo es posible que, conociendo la situación explosiva de la zona, el ministerio y el comando de la Policía Nacional no se hayan preocupado de poner al mando de la policía de Apurímac y del contingente mismo de Las Bambas, a oficiales de primer nivel y permanentemente comunicados con Lima, y no se haya montado un equipo especial de inteligencia y diálogo para manejar el tema. Esto configura, por lo menos, una responsabilidad, por omisión, del ministro. 

Hace tiempo que sabemos que Las Bambas es un polvorín por problemas  vinculados a la evolución del proyecto a pesar de los notorios esfuerzos de la empresa por acercarse a la población y por errores que no supieron evitar, mal previstos por la empresa y los que fueron bien aprovechados por terceros para montar una industria de extorsión, aprovechando los incumplimientos clamorosos del Estado y la falta de una estrategia clara de desarrollo rural, y por haberse convertido en un blanco para las fuerzas radicales de todo tipo, alimentadas por una ideología pos-extractivista que hemos denunciado en Lampadia innumerables veces.

El objetivo de esas fuerzas es paralizar Las Bambas, impedirla. Y, por lo menos desde el lunes 17, con la ayuda de la torpeza policial, lo han logrado. El primer aviso, mortal, fue el ataque a la mina que terminó en tres campesinos fallecidos el 15 de setiembre del año pasado. Y se sabía que, desde entonces, la situación era muy complicada. Las mesas de diálogo que se establecieron tuvieron dificultades para instalarse. Cuando lo hicieron se firmaron compromisos que el Estado no se han cumplido, que se suman a compromisos anteriores que tampoco se habían cumplido. Obviamente la gente se siente burlada. 

Circunstancias complejas aprovechas por terceros

Pero era complicada por otras dos circunstancias. La primera, el fin de la etapa de construcción de la mina, alrededor de noviembre del año pasado, que dejó de contratar a alrededor de 16 mil personas de la zona y de fuera de la zona. Lo que a su vez repercutió en los negocios de comida, alojamiento y otros servicios de Chalhuahuacho, cuya población se había multiplicado varias veces los últimos años y había invertido en establecimientos. Se produjo súbitamente un vacío, que sin duda ha sido aprovechado por los buscadores de rentas económicas y políticas.

Esa situación se vio potenciada por otra circunstancia: la mina tuvo que trasladar toda una población a Fuerabamba, una ciudad construida íntegramente desde cero con diseño urbanístico y casas modelo. Pero los campesinos trasladados no solo recibieron una casa como nunca la habían tenido (con ocho habitaciones), sino además una compensación cuantiosa. Pues ocurre que las comunidades que se movilizan ahora son las que no se beneficiaron con ese traslado, que encuentran en la decisión de sacar el mineral ya no por un minero-ducto sino por la carretera, sin previo estudio de impacto ambiental sino solo con un informe técnico, que cumple con la legislación pertinente, y con consecuencias como el polvo que se levanta y afectaría los campos, el motivo para exigir compensaciones elevadas. A lo que se suman demandas maximalistas tales como la recompra de tierras a precios mucho mayores, la participación en el 50% del accionariado de la empresa y en el 8% de las utilidades, que el 50% de los servicios que usa la empresa sean contratados con las comunidades, etc.

Los pedidos sobre la carretera

En el caso concreto de las cuatro comunidades que abrieron zanjas profundas para evitar el paso de los camiones, ellas exigían el pago de peajes de 5 mil soles por camión y 6 millones de dólares por daños y perjuicios y servidumbre (ver documentación líneas abajo).

El ministro argumenta que estaba en marcha un proceso de diálogo con esas comunidades, y que el despeje de la vía no era urgente porque la mina estaba sacando el mineral por una ruta alterna. Pasa por alto el hecho de que el bloqueo de una carretera y más aun por medio de la excavación de zanjas es un delito frente al cual debe actuarse, más aun cuando ese viernes 14 en que la Policía intervino ya habían pasado 6 días desde que las zanjas fueron cavadas. El ministro responde que se iba a actuar de todas maneras el día lunes 17, fecha para la cual se tenía previsto un diálogo.

El ministro sugirió implícitamente que las comunidades podían tener hasta cierto punto razón porque la mencionada carretera fue construida por ellos y luego ampliada por la mina, y por eso se sentirían con derecho a recibir una contraprestación. Es más, dijo que sorpresivamente el 27 de julio, último día del gobierno anterior, su publicó un decreto supremo clasificando esta vía cono “nacional”, dando a entender que esa sería una manera de descalificar el reclamo comunal. Pero esto no es cierto. El anexo del Decreto Supremo 011-2016-MTC clasifica la Ruta Nº AP -954 como vecinal (pag. 594682). De modo que no hay ninguna conspiración en ese sentido. Incluso en el acta de la mesa de diálogo sobre medio ambiente realizada el 6 de octubre se consigna, como pedido de parte, lo siguiente: “El Gobierno Regional de Apurímac y las organizaciones sociales, solicitan la reclasificación de la vía que sale del proyecto minero Las Bambas desde Huancuire hasta el puente Sayhua, como vía nacional”. Es decir, al revés de lo que dice el Ministro: la ruta es vecinal y quieren que sea nacional, precisamente para que el MTC se encargue de pavimentarla. Algo que la empresa va a hacer en 83 km., un kilómetro antes y después de cada centro poblado, para evitar la generación de polvo. 

Ahora bien, el hecho es que, aun siendo vecinal, se trata de una vía pública, y nadie que no sea el Estado tiene derecho a cobrar peaje y menos aun a interrumpirla. Según la empresa, la ampliación de la trocha original fue un pedido hecho por las propias comunidades el año 2010. Luego, el 2011 la empresa presenta el expediente técnico a la municipalidad de Chalhuahuacho. El 2014 la municipalidad provincial de Tambobamba incorpora la carretera como ruta vecinal, y solicita al Ministerio de Transportes que se incorpore al clasificador de rutas, cosa que ocurre el 27 de julio reciente. Como vecinal. 

Al ampliarse la trocha, la empresa pagó indemnizaciones por daños y perjuicios a los campesinos cuyos terrenos o pircas se hubiesen visto afectados. Para ello celebró convenios con las comunidades. Lo que tenemos ahora es una segunda ronda de demandas de indemnizaciones, por 6 millones de dólares como hemos visto, y establecimiento de peajes, asesorada por personajes externos como los que vemos en la foto. Pero es una ruta que transita a 4,100 metros sobre el nivel del mar. El polvo que pudiera levantarse, luego de que las propias comunidades riegan la carretera con camiones cisternas propios contratados por la mina, no afecta cultivos, que prácticamente no los hay. No sabemos si los pastizales quedan afectados.

El uso legítimo de las armas

Fue efectivamente una temeridad que la policía hubiera actuado sin “orden de operaciones”, sin un trabajo de inteligencia previo y sin consulta al nivel correspondiente. Pero el hecho de que no hubiese inteligencia habla del descuido general del gobierno respecto de lo que está ocurriendo en la zona. Por lo demás, una vez producido el ataque de los comuneros a los policías que estaban rellenando las zanjas con ayuda de las máquinas de la empresa, algo que pudo efectivamente preverse, no es de extrañar que algún policía haya hecho uso de su arma de fuego. Los comuneros atacaron con piedras y huaracas dejando 20 policías heridos y uno de ellos de gravedad. El decreto legislativo 1186,  que regula uso de la fuerza por parte de la PNP, define en su artículo 7 el uso de “fuerza letal” de la siguiente manera: “Es el uso de armas de fuego por el personal de la policía nacional, contra quién realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas. Y el decreto supremo Nº 012-2016-IN, que reglamentó el D. Leg. 1186, establece en su artículo 11, que se hace uso excepcional de la fuerza letal, “cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta. El uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato, generado por quien empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o muerte”. Y este parece ser claramente el caso en cuestión, como implica el ministro. Por lo tanto, sería grave que se acusara al policía que disparó. No sería aceptable.

No hay desarrollo compartido

Pero jamás debió llegarse a esta situación. Puede haber responsabilidad de las jefaturas policiales de Abancay, como señalan el Ministro y el alto comando de la Policía. Pero hay responsabilidad mayor en el gobierno por haber descuidado la estrategia frente a las situaciones creadas y cantadas en un proyecto tan importante para el país. Y, más allá de esto, hay responsabilidad compartida entre el Estado y la empresa no solo por no haber cumplido compromisos (sobre todo en el caso del Estado) sino principalmente por no haber puesto en práctica un plan de desarrollo rural integral en toda la zona de influencia y más allá de ella, que convirtiera a los campesinos en verdaderos empresarios auto dependientes a tiempo completo de modo que no se conviertan en presa fácil de los traficantes de pedidos a la empresa. La única manera en que la mina no sea vista como un botín al que hay que pedirle compensaciones de todo tipo, es que ella ayude a introducir los cambios tecnológicos necesarios en las actividades agropecuarias a fin de incrementar la productividad y los ingresos autogenerados de los campesinos. Es lo que un programa como Sierra Productiva, que llenaría el espacio rural de micro reservorios y riego por aspersión, podría lograr. 

Lampadia

Acta de Quehuira demandando indemnización por 6 millones de dólares

Bloqueo de carretera – ruta N° AP-954

  Los señores Frank y Jorge Chávez Sotelo son dos hermanos de la ciudad de Abancay, que asesoran a la comunidad de Quehuira, siendo ambos abogados de profesión.

  Ambos hermanos han estado buscando intervenir en la zona, asesorando a distintas comunidades.

  Existe un acta de fecha 22 de marzo de 2016, a través de la cual, la comunidad de Quehuira, asesorada por los hermanos Chávez, solicita a Las Bambas 6 millones de dólares por concepto de uso de una vía pública.

  Debido a que la empresa no accedió a dicho pago por no corresponder, la comunidad decide bloquear la carretera. El bloqueo de la misma es considerado un delito.

EDITORIAL DE LAMPADIA

Como puede apreciarse en los documentos que forman parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, los anti-mineros vienen agudizando las contradicciones alrededor del proyecto de Las Bambas, propiciando una crisis que lamentablemente pasa por la muerte de Quintino Cereceda y las graves lesiones de 20 policías, de los cuales uno de ellos corre el riesgo de perder la vista.

Como en política no hay casualidades, tenemos que pensar que los anti-mineros han aprovechado un momento de debilidad del gobierno para dar su suerte de golpe estratégico. En efecto, a través de la acción directa de algunos comuneros, organizaron la ocupación de una carretera haciendo zanjas profundas, como puede verse en la siguiente foto.

Esto es un delito que no debería haberse permitido. Sin embargo, luego de un par de días, la policía dispone la reparación de la carretera, ocasión aprovechada por los violentistas para atacarlos agresivamente. Otro delito.

Increíblemente, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, acusa a los mandos policiales de haber efectuado una acción inconsulta y no asume ninguna responsabilidad. En nuestra opinión, el Ministro tiene, por lo menos, una importante responsabilidad por omisión. Él sabía perfectamente que el estallido de una crisis era inminente y no tomó las precauciones necesarias. Igualmente, el Presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, no aprovechó su período de gracia para explicarle a la población los beneficios de la inversión minera y, su ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se limitó a hablar de las cotizaciones y decir que la inversión minera se recuperaría paulatinamente desde mediados del 2018. Peor aún, el recientemente nombrado, Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, dice que “en el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”, tal como  reportamos hoy en: ¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

Estos conflictos tienen una cuidadosa preparación. Un colaborador de la casa nos hacía notar, que como en algún otro caso, hasta podría ser que la policía haya actuado en combinación con los anti-mineros para propiciar la crisis. Evidentemente, a estas alturas no sabemos exactamente como se dieron los distintos elementos, pero sí sabemos que el libreto o el manual anti-minero ha sido seguido al pie de la letra.

Lamentablemente, el país se ha dejado estar y los relatos que presentan estos disturbios en papel celofán han percolado por calles y plazas.

Todos los temas planteados para justificar el conflicto y su exacerbación son perfectamente capaces de ser analizados con transparencia y sensatez. Pero no parece haber buena voluntad para que el diálogo se dé entre gente que debe ver cómo hacer de estos valiosos proyectos lo mejor para todos. Algo que, insistimos, con buena voluntad, está al alcance de nuestras manos.

Invocamos al gobierno que explique al país la importancia del proyecto de Las Bambas, lo que significa para la economía y la reducción de la pobreza, la inversión minera y que exija la inmediata paralización de todas las acciones de fuerza para hacer una agenda de diálogo consecuente con la realidad y el bienestar de los peruanos, empezando, por supuesto, por los pobladores de Apurímac para quienes hay que continuar la senda de progreso que han tenido desde el inicio del proyecto. Ver: La minería impulsa el crecimiento de las regiones del Perú y La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú.

Sr. Presidente de la República, ya enfrentó adecuadamente la crisis de moralidad. Esperamos lo mismo en el caso de las Bambas.  Lampadia