Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa
Para Lampadia

Como todos saben, la definición de la palabra ‘crisis’ en chino es “la oportunidad después del problema”. No es la oportunidad dentro del problema, sino después de él.

Desde febrero del año 2012 la pequeña minería peruana, especialmente la aurífera, ha sido considerada un problema, cosa que viene reflejada en los DL 1100 al 1107, con los efectos penales, administrativos y de otra índole que conlleva esa consideración. A lo largo de los siguientes años se han creado y llevado adelante una serie de procedimientos, que han tratado de darle alternativas a esta actividad, y que en realidad no parecen haber sido eficientes, a la luz de los resultados, casi nueve años después.

Lo primero que habría que preguntarse es si era necesario crear un cuerpo legal específico para la ahora llamada minería informal y/o minería ilegal. La verdad es que en un país con más de 70 % de economía informal, prácticamente todas las actividades económicas tendrán un gran componente informal. De esto no se salva la pesca, el agro, los transportes, la industria y por supuesto un inmenso sector de los servicios.

Lo que también es cierto es que lo informal es ilegal, dado que no tributa, no tiene planillas, no cumple la seguridad del sector, no emite facturas y, en general, está fuera de la legalidad formal. En el caso de la minería informal, ya existían por muchos años los dispositivos dentro del Código Penal que permitían y permiten la tipificación de los delitos que pudiera cometer.

Existen por lo menos tres notables tipos penales que existían previamente y que las autoridades podrían haber aplicado a la minería informal. El Título XIII del Código Penal contiene todos los casos en los que cualquier persona natural o jurídica puede ser sentenciada con penas de carcelería efectiva, en las formas agravadas, si contamina el medio ambiente. Y esto se aplica a cualquier actividad, pública o privada, independientemente que sea minería o cualquier otra. Por otro lado, el Título IV del mismo Código Penal contiene, entre otros delitos contra la libertad, los referidos a la trata de personas, con penas efectivas, incluyendo la cadena perpetua si la persona es menor de edad y muere como consecuencia de este delito. Y la evasión tributaria tiene, por supuesto, penalizadas todas las actividades económicas que incurran en estos hechos, la minería incluida.

Esto lleva a la conclusión que, si se debía actuar en la realidad minera informal, se tenían ya en ese momento todas las leyes necesarias para hacerlo, en cuanto impacto ambiental, social, tributario o cualquier otro hiciera falta.  A la fecha, en abundancia a lo anterior, se tienen leyes redundantes sobre la misma actividad, que a la vista de los resultados no han logrado el objetivo de formalizar este segmento.

Es importante anotar que la pequeña minería es ancestral en el Perú, y no solo la aurífera, como resulta obvio por las riquezas del Incanato, también argentífera y cuprífera, como lo demuestran los instrumentos necesarios para hacer cirugía craneana entre las culturas pre-incas. El Perú ha hecho minería pequeña por milenios, no es una actividad nueva, es una actividad realmente ancestral.

El Patriarca minero Don Alberto Benavides de La Quintana calculaba que había alrededor de 400,000 mineros informales en el Perú. Y Macroconsult también ha estimado entre 2 y 3 billones de dólares lo que produce por año la minería informal, particularmente la aurífera. Esto nos pone ante el dilema del problema de la minería informal, o la oportunidad que la misma significa para casi medio millón de familias que viven de ella, sin considerar los empleos indirectos que existen a su alrededor.

Hay que repensar la forma en la que el Estado Peruano ha venido tratando con la pequeña minería informal. Controlar la contaminación, la trata de personas, la evasión y otras lacras sociales, que ocurren no solo en la minería sino en varias otras actividades rentables del Perú, es un rol del Estado, y tiene desde hace muchos años las herramientas para hacerlo bien. No es entonces un tema que se soluciona con más leyes, sino con las que ya existían, y que siguen existiendo actualmente. Lampadia

El ejemplo de la Mancomunidad Regional de los Andes, que está llevando a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín e Ica, a una visión de desarrollo sobre la base de sumar esfuerzos, es algo que debemos destacar como el camino que puede dar viabilidad a los procesos de regionalización y descentralización en que estamos inmersos.

Como sabemos, los procesos de descentralización y regionalización se iniciaron apuradamente, por un impulso político hasta irresponsable: sin fijar las estructuras y delimitaciones entre lo nacional y regional, sin crear capacidades regionales que permitan una gestión eficiente y efectiva, y sin establecer las salvaguardas necesarias para la protección de ciudadanos y empresas ante los nuevos poderes, que no se dotaron de garantías democráticas, como la doble instancia, el rendimiento de cuentas y el balance de poderes.

Se falló inclusive en la definición de los procesos, habiéndose generado una confusión entre términos como regionalización y descentralización. La regionalización es esencialmente un proceso político, y como tal, define la estructura de responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, nacional (gobierno central), regional (gobierno regional –la nueva instancia de gobierno) y local o municipal, en sus distintos niveles provincial, distrital y de centro poblado.

En cambio, la descentralización es esencialmente un proceso económico. Se debe orientar al potenciamiento de las capacidades productivas de las distintas regiones, y sus procesos de inversión, generación de empleo y provisión de recursos fiscales. Como los departamentos, convertidos absurdamente en regiones, no son iguales en capacidades de desarrollo y, la demarcación política no coincide con lo que podríamos llamar áreas de desarrollo económico, o corredores económicos, la regionalización debe ser complementada por procesos de integración entre regiones que pueden potenciar su desarrollo mediante mancomunidades. Tal como ofrece la de los Andes que hoy analizamos. 

Más al sur de la Mancomunidad de los Andes, tenemos a Cusco, Puno, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Arequipa, incapacitados políticamente por sus dirigencias políticas regionales, y muchas veces por sus clases dirigentes locales, que como en el caso de Arequipa, en vez de converger en un esfuerzo macro-regional, levantan las pasadistas banderas de nacionalismos regionales, sacrificando a sus pueblos, y muchas veces llevándolos enfrentarse con quienes podrían asociarse para multiplicar su riqueza.

En el norte, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes, han formado la “Mancomunidad Regional Macro Nororiente del Perú”. 

Fuente: rpp-noticias.io

Según RPP “Mediante la Ordenanza Regional Nº 005 – 2017, el Consejo Regional de Lambayeque, aprobó la constitución de la “Mancomunidad Regional Macro Nororiente del Perú”, integrada por las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes. Con esta ordenanza se ratificó la elección de Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, gobernador regional de Piura, en el cargo de presidente del Comité Ejecutivo de la nueva Mancomunidad”.

Además, RPP también afirmó que “La Ley 29768 de Mancomunidad Regional faculta a los gobiernos regionales a unir esfuerzos para la prestación conjunta de servicios públicos, cofinanciamiento o inversión en la ejecución de obras que promueven la integración, el desarrollo regional y la participación de la sociedad, fortaleciendo el proceso de regionalización”.

Entendemos que el proceso de integración entre Ancash, Huánuco, Pasco y Ucayali, está aún en veremos. Esperamos que pueda consolidarse pronto.

En el norte, la identidad de sus pueblos como el ‘Sólido Norte’, es muy propicia para que se consoliden procesos de integración. En cambio, el sur, está perdiendo la posibilidad de desarrollar lo que podría llamarse: ‘El Gran Sur’.

En el siguiente artículo, Alfonso Baella, destaca la vocación y capacidades de desarrollo de la Mancomunidad de los Andes.

Alfonso Baella Herrera
Para Lampadia

En el Perú los debates de coyuntura son, a veces, una enorme muralla que oculta tras de sí, temas estructurales de la mayor importancia. Peor aún, el conocido centralismo limeño relega a la provincia y olvida las potencialidades regionales. La minería formal, por ejemplo, alejada y distante de la capital es una de las actividades de mayor impacto económico y constituye, sin la menor duda, uno de los caminos más seguros de desarrollo y progreso para todos los peruanos. Pero debemos mirar más allá de Lima para reconocer las oportunidades y los casos de éxito que se están gestando, para destacarlos, para aprender de ellos y para multiplicarlos.

El caso de la Mancomunidad Regional de los Andes es un ejemplo que debemos conocer y replicar. En el año 2011 tres gobiernos regionales –Apurímac, Ayacucho y Huancavelica- decidieron unir esfuerzos en función de una visión compartida, de obras de infraestructura integrales y de proyectos mineros, de agroexportadores, de energía y demás. En el 2014 se adhirieron Ica y Junín.

Hoy, los cinco departamentos forman esta mancomunidad que tiene personería jurídica de derecho público y partida presupuestal asignada. Los gobernadores regionales tomaron una decisión política y hoy son un bloque que viene trabajando de manera coordinada.

Aquí un breve resumen de la cartera de proyectos que tienen entre manos: 

En Minería suman US $ 14,259 millones de dólares donde destacan Haquira (2,800), Los Chancas (2,800), Cotabambas (1,963), la ampliación de Toromocho (1,300) y la Mina Justa (1,300).

En Agroexportación suman cerca de US $ 4,500 millones de dólares y están el proyecto Hidroenergético y de desarrollo agrícola Pampas Verdes (4,000) y el trasvase del Rio Pampas en Apurímac e Ica (415).

En Energía llegan a US $ 3,000 millones de dólares con el Complejo termoeléctrico en Pisco, Cuquipampa (420) y Viscatan (400).

Además, en otras obras hay casi US $ 10,000 millones de dólares y están la construcción del Túnel Trasandino Matucana-Lima / Pomacocha-La Oroya (4,000), el Ferrocarril Andahuaylas-Marcona (3,000), la interconexión del Ferrocarril Central Huancavelica-Ayacucho-Apurímac-Cusco (1,800).

Es decir, hay más de US $ 32 mil millones de dólares de proyectos de inversión para los siguientes años que, de llevarse a cabo, convertirán esta zona del Perú en un importante generador de puestos de trabajo.

Hay que reconocer el esfuerzo y el buen ejemplo de esta mancomunidad, y de sus cinco gobernadores regionales: Julio Sevilla Sifuentes, Gobernador de Ayacucho; Fernando Cillóniz, Gobernador de Ica; Wilber Venegas Torres, Gobernador de Apurímac; Glodoaldo Álvarez Oré, Gobernador de Huancavelica; y, Ángel Unchupaico Canchumani, Gobernador Regional de Junín.

Son cinco líderes que han apostado por el desarrollo encontrado intereses comunes, complementariedades estratégicas y un verdadero compromiso con sus pueblos. Que distancia con regiones como Cajamarca que perdieron el tren de la historia y que hoy viven pobreza y aislamiento. Hay que mirar las mancomunidades como el mejor camino para generar macro regiones y promover espacios sanos de prosperidad y oportunidades. Lampadia

En nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo hemos depositado múltiples informes, incidiendo de manera importante en los aspectos vinculados a la conflictividad social. Esta, aunada al débil liderazgo gubernamental, ha logrado parar varios proyectos mineros, operativos como la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish de Cajamarca y la mina Santa Ana de Bear Creek en Puno y; entre otros, dos proyectos que estaban a punto de caramelo como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Como hemos publicado en varias ocasiones, esto nos ha hecho perder hasta tres puntos de crecimiento del PBI en 2014 y 2015 según el IPE[1], nos llevó a desaprovechar la cola de los buenos precios para terminar inversiones que hoy estarían produciendo, con la consiguiente frenada de la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Después de las divagaciones sobre las propuestas de diversificación productiva, hoy ha quedado muy claro que nuestros principales motores de crecimiento son la minería, la agroexportación, el desarrollo forestal, la acuicultura y el turismo. De ellos, la minería es el más importante y el próximo gobierno tendrá que hacer aproximaciones inteligentes y serias para que nuestra población pueda tener una correcta apreciación de sus impactos positivos, así como de los requisitos sociales y ambientales que deben velarse. En este proceso habrá que evidenciar la naturaleza de los conflictos impulsados por los anti mineros, que muchas veces obedecen a objetivos subalternos a los de la creación del bienestar general.

Con mucho sentido de importancia, el último debate electoral incluyó una sección sobre los recursos naturales y la conflictividad. Con el apoyo de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, hemos preparado el siguiente análisis de los comentarios de los candidatos.

La cobertura periodística respecto al reciente debate presidencial se ha focalizado en los ataques y críticas mutuas entre los candidatos. A pesar de ello, a través de las propuestas brindadas, ha servido para tener una buena impresión respecto a los consensos y disensos sobre cómo enfrentar varios de los más agudos problemas del país.

La viabilidad de las propuestas sobre el aprovechamiento de los Recursos Naturales  dependerá, en gran medida, de la efectividad con que se reduzca la Conflictividad Social. Por lo tanto, no podemos tratar estos dos temas de forma separada. En este artículo trataremos los consensos y discrepancias entre los candidatos en estos dos aspectos, y evaluaremos el impacto esperado de las medidas propuestas sobre la conflictividad social.

Los Consensos y sus Limitaciones.

Ambos candidatos se refirieron a la consulta previa como un mecanismo efectivo de reducción de la conflictividad social. A primera vista, esto es bastante obvio. Si las comunidades, tras un proceso de negociación e información aprueban un proyecto, el mismo podrá llevarse a cabo sin que exista un proceso de resistencia social.

El problema estriba en que no existe una definición inequívoca respecto a quienes son y quienes no son “la comunidad,” donde están sus límites geográficos  y en qué consiste la “consulta previa”. Si consideramos como “la comunidad” a la población del entorno directo de un proyecto minero, de haberse realizado la consulta previa sobre el proyecto Conga en Cajamarca o Santa Ana en Puno, se hubieran viabilizado. En ambos casos las comunidades del área de influencia directa de estos proyectos eran claramente favorables a los mismos. Fue la movilización de la resistencia de comunidades más alejadas, que no se beneficiaban tanto de su implementación, la que inviabilizó los proyectos.

Si se expande el ámbito de la consulta, se generaría un nuevo espacio de disputa que debe ser evaluado con cuidado. Tanto los grupos interesados en beneficiarse con la minería como los grupos interesados en promover la conflictividad van buscar estar incluidos en “la comunidad” que apruebe la consulta previa. Los criterios técnicos no son suficientes, pues todos los grupos de interés utilizarán criterios “técnicos” en su discurso, se requiere entender los intereses en purga detrás de los argumentos técnicos.

Los anti-mineros pretenderán dar representatividad a aquel grupo que se movilice contra algún proyecto y dirán que el mismo representa a las “comunidades afectadas” independientemente de su cercanía al proyecto y o del real involucramiento en las consecuencias del mismo. Lo único que les importará será que la movilización de los insatisfechos tenga relevancia política y mediática. Mientras existan condiciones para generar conflictividad social en alguna zona la aplicación de la consulta previa, su realización no será un mecanismo efectivo para evidenciar la aceptación social de los proyectos.

El otro punto de consenso de los candidatos fue el énfasis que se dio en que las actividades extractivas generen desarrollo local. Sea mediante un mayor grado de inversión pública (Keiko Fujimori) o mediante un “adelanto social” (PPK). Este desarrollo local es un fin loable desde el punto de vista humano, económico y político. Si bien la minería debe servir al desarrollo de todos los peruanos, y no solo a quienes estén cerca de una mina, debemos estar claros que la persistencia de la pobreza adyacente a la enorme riqueza de las actividades extractivas genera condiciones óptimas para la conflictividad social.

Si bien el desarrollo local es condición necesaria, los estudios muestran que no suficiente para que las actividades extractivas sean viables. Una investigación del BID[2] respecto al impacto sobre el desarrollo local de las actividades mineras en el Perú encuentra que las zonas mineras manifiestan una reducción más rápida de la pobreza y de la desigualdad que zonas (comparables) sin actividad minera. Es decir, la minería en el Perú no solo reduce la pobreza en su entorno sino también la desigualdad, siendo estos hallazgos claramente opuestos a las creencias comunes brindadas respecto a las causas de la conflictividad en las zonas mineras. No hay que olvidar que las zonas mineras han recibido, vía canon, regalías y derechos de vigencia, más de 40 mil millones de soles, entre 2005 y 2014.[3]

Un problema objetivo es que los beneficios locales de los proyectos mineros, se dan con un importante desfase en el tiempo, pues estos se dan mayormente durante la etapa productiva de los mismos. El canon llega cuando las empresas producen utilidades y, eso ocurre algunos años después del inicio de operaciones, luego de absorber las pérdidas pre-operativas. En consecuencia, si el Estado no se las ingenia para acompañar el desarrollo de los proyectos (en su fase previa al canon) con inversiones sociales, productivas y de infraestructuras, la espera de los beneficios crea un espacio de vulnerabilidad hacia los conflictos.

A pesar de todos los beneficios generados por la operaciones mineras, los resultados electorales evidencian una fuerte presencia de la ideología de la conflictividad justo en las zonas más beneficiadas. Ello muestra que el beneficio económico no es suficiente para reducir la conflictividad. No hay que olvidar que algunos grupos promueven la conflictividad justamente porque es posible obtener rentas económicas y políticas por medio del conflicto.

Para ser efectivo, el desarrollo local debe aumentar la legitimidad del sector extractivo. La población necesita visualizar claramente que los beneficios obtenidos tienen su origen en la actividad minera. Es necesario que la población local atribuya el desarrollo traído por este sector a las operaciones extractivas y las empresas que las realizan. Sin ese entendimiento la narrativa anti-minera socava la legitimidad de la minería como motor del desarrollo, y vamos a escuchar consignas absurdas como “Canon sí, Mina no”.

Respecto a la minería informal ambos manifiestan una postura expectante a la misma, posiblemente dado el importante bolsón electoral que este sector representa. Sin embargo, hay que considerar que la fiscalización ambiental efectiva a miles de unidades económicas de pequeña minería resultara un esfuerzo mucho más complejo que la fiscalización a la gran inversión minera con procedimientos de control y reporte mucho más estandarizados. A su vez, la presión tributaria que se puede ejercer sobre la pequeña minería es claramente menor que la que se puede dar sobre las grandes empresas. En este aspecto hay que desarrollar nuevas estrategias para, por ejemplo, concentrar el procesamiento del mineral en instalaciones limpias y formales.

Las Diferencias.

Keiko Fujimori hizo hincapié en el rol de árbitro que debe jugar el Estado entre las comunidades y las empresas mineras. Por otro lado, considera que son las comunidades afectadas las que deben recibir las multas generadas por las infracciones ambientales. Ambas medidas tienen un potencial positivo en la medida que este rol de árbitro sea respetado y considerado como legitimo por parte de las poblaciones locales y supere la persistente campaña de desconfianza que promueven los anti mineros. Respecto a la entrega de las  multas a las comunidades afectadas, esto debe verse con mucho cuidado, esto puede responder a un principio de justicia, sin embargo el proceso de fiscalización ambiental tiene que obedecer a criterios puramente técnicos para evitar que las denuncias ambientales se vuelvan mecanismos de presión política de comunidades deseosas de fondos.

Pedro Pablo Kuczynski planteo un adelanto social como mecanismo de generación de confianza, esto permitirá mostrar realidades que faciliten socavar parte de la estrategia política anti-minera en los momentos previos a la implementación de un proyecto extractivo, el momento más vulnerable de un proyecto, tal como hemos planteado líneas arriba.

PPK propone un Banco de Fomento Minero con la idea de propiciar la formalización del pequeña minería, ello sin embargo implica poner en riesgo fondos públicos con fines que siempre terminan siendo sobrepasado por la política. Dada la nefasta experiencia del Estado con la banca de fomento sectorial, esta opción debe ser considerada como riesgosa.

En Conclusión.

Las propuestas evidencian intenciones positivas y avances sobre la situación actual, pero los planteamientos adelantados por ambos candidatos, evidencian una comprensión limitada respecto a la naturaleza de conflictividad social como fenómeno político. Las medidas en favor de minería informal parecen, por ahora, más impulsadas por criterios electorales que de formalización efectiva.

Ambos han presentado diversos mecanismos para amplificar los efectos de las actividades extractivas sobre el desarrollo en el entorno de los proyectos. Estas medidas, con un mejor entendimiento de las cuestiones políticas, tienen el potencial de reducir la conflictividad social y reabrir la puerta del desarrollo minero en Perú.

Algo que debió estar presente en el debate, es el inmenso impacto positivo de los grandes proyectos mineros, tanto los suspendidos, como los de desarrollo potencial, en el conjunto de la sociedad a través de sus encadenamientos productivos, la generación de empleo de calidad (directo e indirecto) y el aporte de divisas y recursos fiscales, que hacen posible una acción efectiva del Estado para derrotar la pobreza y superar las brechas sociales que nos aquejan. Lampadia

Editorial de Lampadia

El gobierno quiere terminar su faena anti-minera con una suerte de expropiación de parte de las acciones de las empresas mineras que operan en el Perú.

Así se desprende de la increíble carta de la Ministro de Energía y Minas, dirigida a los CEO de las empresas que operan en el Perú (15 cabezas de los grupos mineros en el exterior y tres en el país). La invitación se ha hecho con un mes de anticipación, para un taller en el que se elaboraría “una propuesta de política sobre la minería”. 

Según declaraciones que ha venido haciendo la Ministro en varios medios y que presenta el día de hoy Gestión: “La idea de convertir a las comunidades en socias de las empresas no es nueva. Hace dos semanas, la propia titular del MEM, Rosa María Ortiz, se suscribía al proyecto. (Gestión.pe 31.07.2015). ‘Este tipo de iniciativas se da en otros países y funciona’, apuntó aquella vez”.

Esta maniobra no contempla la compleja realidad de las inversiones mineras y sus estructuras accionarias en las que se destaca la presencia de inversionistas institucionales, sobre los cuales no pueden decidir ni los propios CEO de las empresas.

Más allá de las apariencias de esta iniciativa, debemos entender que detrás de ella habría una maniobra política muy sofisticada en la que el gobierno, recurriendo al más tradicional populismo latinoamericano, se prepararía para enfrentar a los ‘ricos mineros’ con las ‘pobres comunidades’. Así pretendería seguramente mejorar su capacidad política con miras a las próximas elecciones generales, dando un golpe de gracia al sector minero formal.

Como hemos explicado muchas veces, ‘el camino al… está empedrado con buenas intenciones’. Además no se debe hacer política con el dinero o propiedad ajena. El taller aludido en la invitación es una suerte de emboscada, que podría ser el inicio de una serie de maniobras políticas del gobierno; dirigidas, no a gobernar, sino a fortalecer el partido Nacionalista para las elecciones.

Más abajo reproducimos una copia de la carta que llegó a los jerarcas de la minería global sin conocimiento de sus representantes en el Perú y, menos aún, del gremio que agrupa a las empresas concernidas. En una segunda comunicación (que no adjuntamos), la ministra informa a los mineros la confirmación de la asistencia del Presidente de la República a la reunión planteada y abre la posibilidad de que las empresas puedan llevar tres representantes.