Tony Salas
Para Lampadia

El conocido “boom” de la agroexportación en la costa es hoy un ejemplo de orgullo para nuestro país, un polo de atracción para inversiones peruanas y extranjeras, así como motivo de sana envidia de países competidores que ven cómo sus puestos en los anaqueles del retail empiezan a ceder posiciones frente a las empresas de sabor nacional. Sin embargo, los pequeños agricultores son espectadores impotentes de esta feria de millones, participando solamente como mano de obra y muchos de ellos regresando el fin de semana a su parcela de arroz, maíz o caña con márgenes por hectárea que sólo dan para sobrevivir.

Esta agricultura dicotómica no nos ayuda como fuente de desarrollo inclusivo. Además, no es nada sana en tiempos como este, cuando los políticos aprovechan el vaivén de las encuestas y el sufrimiento humano para aumentar la percepción de las brechas socioeconómicas y generar rencores entre peruanos.

Desde hace 25 años he participado en casi 500 proyectos del sector en más de 30 países y siempre me he preguntado qué modelo se podría implementar para que el spill-over effect de los agroexportadores genere desarrollo más allá del “pleno empleo” (en su mayoría de migrantes). Después de probar y analizar un sinnúmero de fórmulas fallidas, ya lo había descartado todo al ver que los certificados orgánicos de café se utilizan para traficar café convencional, que las organizaciones de Fair Trade de banano imponen precios mínimos a la fruta que los mercados de retail no respetan, y que las cooperativas (incluso las más modernas) necesitan, en los países en vías de desarrollo, grandes espaldas financieras y un potente equipo de profesionales íntegros para su gestión competitiva. 

Todo empezaba por reconocer que la pobreza y los bajos niveles de competitividad se generan, en gran medida, como una consecuencia de la falta de acceso a los recursos (naturales, financieros, tecnológicos) y los mercados. Es decir, la pobreza del pequeño productor resulta ser consecuencia de la brecha en “el acceso” que el Estado no ha logrado reducir. Así pues, un MINAGRI sin ideas, sin peso político en las regiones y casi irrelevante en su accionar, el Agrobanco, las Agencias Agrarias responsables de la extensión, la innovación del INIA y proyectos bien intencionados como el Agroideas, están condenados a padecer de las mismas limitaciones que hoy la pandemia nos revela de los sistemas de salud pública.

Por ello la única manera de poder brindar estos servicios de acceso de forma efectiva y eficiente a los pequeños productores, es a través del sector privado y qué bueno que los agroexportadores actuales hayan sentado las bases para esta potencial trasformación.

Es así como surgió la idea y con un grupo de entusiastas bautizamos el nuevo modelo de negocio como Impact Farming. La base del modelo radica en que una empresa agroexportadora articule a un grupo de pequeños productores de su zona, para fortalecer las prácticas agronómicas en las parcelas o para reconvertir sus cultivos actuales en productos de mayor valor. El financiamiento, la transferencia tecnológica y el acompañamiento agronómico, será ofertado desde la empresa, generando mayor volumen para sus exportaciones, teniendo además una historia de impacto que contar a sus clientes globales. He tenido la suerte de probar el modelo en países de Latinoamérica y África. El impacto generado en varios indicadores ha sido significativo.

Para el Perú, propongo por ejemplo que el Fondo CRECER, que hoy amasa COFIDE sin soltar hasta hoy montos importantes, se ponga a disposición de los agroexportadores que tengan las capacidades de tener una división de Impact Farming en su empresa. Cabe recalcar que la empresa que quiera participar de este proyecto mantenga por lo menos ingresos equivalentes por la venta de lo producido en sus propios campos. Esto no está diseñado para otorgarles capital de trabajo a habilitadores ni intermediarios, sino para fondear agricultores exitosos que quieran financiar y compartir el éxito con peruanos con actitud ganadora, a los que se les dé la oportunidad de transformarse.

Para que Tinajones riegue mucha uva en vez de arroz, y podamos llenar Andahuasi de cítricos, Pucalá y Tumán de palto y el valle del Tambo de olivos orgánicos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable que los buenos esfuerzos no se continúen cuando se cambia de gobierno. Pero lo que es incomprensible es que una administración integrada por profesionales modernos y calificados como la presente, haya casi descontinuado una reforma fundamental para la instauración de la meritocracia en el Estado peruano: la contenida en la Ley de Servicio Civil (30057), promulgada en junio del 2013. 

Esa ley buscaba incorporar a los empleados públicos que están bajo el régimen CAS (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), que carece de beneficios, y a los que están en otros regímenes[1], a un nuevo sistema con beneficios sociales que establece una carrera universal en el Estado –es posible pasar de una institución a otra- basada en evaluaciones de desempeño (con salida a la tercera desaprobación) y que supone que cada institución realiza un mapeo de puestos y de procesos e identifica los perfiles profesionales que requiere en función a un análisis de los objetivos de la institución, luego de lo cual convoca a concursos a los cuales se puede presentar el personal de la entidad y de fuera. Uno de los efectos es que, en la nueva estructura de personal, las escalas medio-superiores tendrían una remuneración mayor que la actual con la finalidad de atraer talento que, como sabemos, se ha ido alejando del Estado luego de los límites absurdos que estableció el gobierno de García.

Se trata de una reforma de la máxima trascendencia, que permitiría redefinir y ajustar el número y calidad del personal de cada entidad a su naturaleza y objetivos, y establecer un régimen meritocrático que permita alcanzar un Estado profesional en el cual las entidades puedan establecer y cumplir metas fiscalizables. Es la reforma ‘weberiana’ por excelencia.

Pues bien, resulta que ni el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni -menos aun- el Congreso se percataron claramente de que esta reforma estaba en curso. A los pocos meses de iniciado el gobierno el Congreso debatió y finalmente aprobó una ley que pasaba los CAS de Essalud al régimen del DL 728, que da beneficios y estabilidad absoluta a cambio de nada. El régimen del Servicio Civil, en cambio, ofrece los mismos beneficios sociales que la 728, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones de desempeño y dentro de una estructura bien pensada y eficiente, orientada a metas. El gobierno no reaccionó y dejó pasar esa ley, que fue aprobada. Ahora los trabajadores administrativos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso han presentado proyectos de ley para exonerarse de la ley de servicio civil por temor, por supuesto, a la meritocracia.

Es inaceptable que la clase política no tenga convicción acerca de la necesidad de ir hacia un Estado profesional. Y que un gobierno tecnocrático no le dé prioridad a una reforma tan importante como esta. La decisión política de llevarla a cabo es indispensable, además, porque su aplicación no solo es difícil por compleja, sino que engendra todas las resistencias imaginables del statu quo, y por lo tanto requiere de la máxima voluntad y convicción políticas. Ojalá Mercedes Araoz la adopte.

Avances

Pese a todo, ha habido algunos avances. Es cuestión de darle impulso al proceso. En la actualidad son 334 las entidades del Estado que han iniciado el proceso de transición. Ellas implican a 100 mil servidores civiles, alos 19 Ministerios, a varios organismos públicos y a 39 de 47 universidades.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

Pero, como podemos ver en el siguiente gráfico, ninguna entidad ha llegado aún a la etapa de realizar concursos. De los 19 ministerios, 11 han realizado su mapeo de puestos, mapeo de procesos y han identificado, según eso, sus áreas de mejoras y han terminado, entonces, el informe respectivo. Pero ninguno tiene todavía aprobada su nueva dotación de personal –estructura de puestos- y los perfiles respectivos. Es algo que deben presentar y discutir con Servir, y es el paso inmediato a la realización de los concursos para llenar esos puestos.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

De las 334 entidades que han comenzado el proceso, hasta el momento solo 41 tienen “resolución de inicio”, que significa que ya completaron los mapeos. Estas comprenden a 31,700 servidores públicos de los cuales un 62% está en el régimen CAS, 16% son locadores de servicios, un 9% está en el régimen del DL 276, un 8% en el del DL 728 y 5% en otros.

Según Cortez, la ONP, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el gobierno regional de Piura y curiosamente el Despacho Presidencial, son las entidades más avanzadas. Como anécdota, el jefe del SENASA “encerró” a los responsables para que se dediquen solo a esa tarea hasta terminarla, y puso a sus segundos a cargo de sus funciones de línea mientras terminaban.  Y ya hicieron cambios que se desprendieron del análisis.

Estas 41 entidades son las que aparecen en el siguiente cuadro:

Sinceramiento institucional y resistencias

Lo interesante es que, en este proceso, las entidades descubren sus deficiencias y problemas. Descubren, al hacer su mapeo de procesos, que no están ordenadas precisamente por procesos o que estos no son lineales y simples sino complicados y confusos. Improductivos, en suma. Un proceso es la cadena de actos administrativos necesaria para entregar un servicio. Según el jefe de Servir, Juan Carlos Cortez, a algunas entidades les cuesta mucho el ordenamiento de sus procesos.  Lo común es que cada empleado se focaliza solo en su tarea y carece de una visión de conjunto y menos de una solidaridad con el resultado. Pero el mapeo de puestos y procesos es una mirada al espejo: le permite a la entidad saber a ciencia cierta cuánta gente tiene, qué hace cada uno, si se está duplicando funciones, si tiene sentido lo que se está haciendo. La institución, así, se sincera consigo misma y se ordena.

Para llevar adelante esto se forma una “Comisión de Tránsito”, integrada por el secretario general, el jefe de presupuesto, de recursos humanos y un representante del Ministro. Dicha comisión realiza el mapeo de puestos y de procesos e identifica mejoras en esos aspectos y cuanta gente se requiere para cada proceso. De allí sale la dotación de puestos y luego el perfil de cada puesto, para que el concurso sea transparente. 

Además, la dotación o estructura de puestos debe responder a los objetivos de la institución, lo cual supone una discusión acerca de estos objetivos. Se trata, en suma, de un proceso muy interesante y muy desafiante que, por eso mismo, encuentra resistencias en los sindicatos -por lo general opuestos a las evaluaciones meritocráticas y a definir procesos que impliquen mediciones claras de resultados y cumplimiento de metas-, pero no solo en los sindicatos. También frecuentemente en los propios jefes, que confían más en personas de su confianza que en aquellos que puedan ser escogidos meritocráticamente, y que no están acostumbrados a un trabajo orientado al cumplimiento de metas.

Por eso mismo es indispensable que el gabinete Araoz forme una voluntad política clara de llevar adelante la instauración del régimen de la ley de Servicio Civil, porque se trata de un esfuerzo complejo con resistencias de modo que sin empuje político no va a llegar a destino.

Sinergia con Análisis de Calidad Regulatoria

Por lo demás, una reforma como esta en las entidades estatales, hace sinergia perfecta con las reformas de simplificación administrativa dispuestas en los decretos legislativos del año pasado. Se viene simplificando y eliminando trámites en varios sectores y ya se inició el Análisis de Calidad Regulatoria sector por sector, que debe culminar en octubre del 2018. Este análisis, que lleva a simplificar o eliminar todo trámite o procedimiento inútil, costoso o innecesario, no se puede hacer si no se identifica el proceso del que forma parte, si no se hace el mapa del proceso. Entonces, si de simplificar esfuerzos se trata, lo lógico sería hacer las dos reformas a la vez, porque una supone parte de la otra.

El 20 de febrero publicamos en Lampadia: Escandalosas irregularidades en el MINAGRI. Esto dio lugar, primero a una comunicación de la empresa ATA, separando sus responsabilidades de las de la persona del ministro, a quién iban dirigidas nuestras críticas. En su momento respondimos mediante nuestro post: Nuestra crítica al Ministro de Agricultura y Riego. 

Posteriormente, el ministerio de Agricultura, mediante carta notarial del 2 de marzo, firmada por el Director de Comunicaciones e Imagen Institucional, se quejo de las ‘falsedades’ de las afirmaciones de Lampadia. Ver carta del ministerio: Ministerio de Agricultura y Riego.

Con posteridad a nuestro artículo original, tuvimos acceso a la carta que AGAP (Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú) dirigió al Primer Ministro, Ministro de Economía y al propio Ministro de Agricultura, que se puede leer en el siguiente enlace: Carta AGAP.

Entre otras cosas, AGAP expresa:

Lo más sorprendente es que el Viceministro no quiso someter  a votación su propia  e irregular solicitud para  encargar  la Dirección Ejecutiva  del PNIA, porque  se dio  cuenta  que  no  iba  a ser  aprobada,  y manifestó que eso era, precisamente, lo que el Ministro no quería.

“Nuestro  representante, el Dr. Carlos Zamorano, insistió  en tres  oportunidades para que se someta  a votación el pedido  del Viceministro para la irregular encargatura  y que conste en actas el resultado, el Viceministro optó por pedir un cuarto intermedio aduciendo  que tenía que hacer las consultas políticas del caso con  el Ministro. Luego del cuarto  intermedio, en  que  el Viceministro se retiró de  la  sala acompañado de sus dos asesores, regresó para informar que la decisión era suspender la sesión porque se  había  llegado  a  un  entrampamiento. Ante  la  negativa  de  los  miembros del  Comité   Directivo insistieron en que  se someta  a votación la encargatura  de la Dirección  Ejecutiva  del PNIA para luego pasar a los demás puntos de la agenda, el Viceministro dijo que esa era la orden del Ministro, por lo que la sesión quedaba  suspendida  hasta una nueva  citación. La decisión  del Viceministro fue objetada por los miembros del Comité Directivo, no obstante, lo cual, el Viceministro dio por levantada  la sesión. Los votos en contra han quedado debidamente registrados”.

Cabe señalar que, al inicio de la sesión, y por expreso pedido  del representante de AGAP, se procedió  a dar  lectura  y aprobar el acta de  la sesión anterior, la cual tenía  como  único  acuerdo: “Postergar  la elección  del Dr. Erick Rubens Echegaray Wilson, como  Director Ejecutivo  del PNIA, para  la  siguiente sesión del Comité  Directivo, a efectos  de proceder a revisar mejor  el informe del Comité  Ad-Hoc y los antecedentes”. En un primer momento, el Viceministro se opuso a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, y pidió  que  se dejará  para la siguiente  sesión, a lo cual se opuso  el representante de AGAP y solicitó  que se votara. La votación mayoritaria obligó  a la lectura y posterior aprobación de la referida  acta”.

“El punto  siguiente  en la agenda, acuerdo del acta de la sesión anterior, cuya aprobación se acababa de dar, era  la elección del nuevo Director Ejecutivo  del PNIA, sobre la base de los resultados obtenidos en el proceso de selección llevado  a cabo por el Comité Ad-Hoc, especialmente designado para ese efecto por el Comité  Directivo  del PNIA. Este acuerdo también lo Impidió el Viceministro, toda vez que quería desestimar todo el proceso de selección para tomar control, también, de la selección y nombramiento del nuevo Director Ejecutivo del PNIA, a pesar de que su desarrollo había sido debida y regularmente informado al Comité Directivo del PNIA, y contaba con la NO OBJECIÓN de los bancos prestatarios. Esta aseveración  está fundamentada en la agenda presentada  por el Viceministro para la sesión del Comité Directivo  del  PNIA, cuyo punto  tercero era: “Nombramiento del nuevo  Comité  para la selección  del nuevo Director Ejecutivo del PNIA”.

Es evidente pues que en el Ministerio de Agricultura si hay irregularidades que el ministro no ha levantado, y por la naturaleza de las instituciones que dependen del mismo, requieren la mayor atención por parte del gobierno.

La señora Claudia María Hernández, Gerente Comercial de ATA S.A., nos ha hecho llegar un mail muy alturado para observar algunos elementos que incluimos en nuestro artículo de hace pocos días, ¿En qué está el hombre de Martín Vizcarra? – Escandalosas irregularidades en el MINAGRI. Además, el asesor legal de la empresa, David Alejandro Maco Cano, nos ha hecho llegar un escrito que se puede leer en su integridad en el siguiente enlace: Comunicación de ATA.

La documentación de ATA demuestra que el ministro ya no tiene ninguna vinculación con la empresa y que sus contratos con el Estado han seguido los procedimientos adecuados.

Como corresponde cuando se comete un error, nuestro artículo hizo extensiva la denuncia al ministro, a la empresa en que trabajó hasta antes de asumir el ministerio. Esa no fue nuestra intención, nosotros no investigamos a la empresa, pero efectivamente, el texto de nuestro artículo terminó incluyéndola, involuntariamente, en la denuncia.

Las menciones que hicimos sobre las actividades empresariales del ministro, pretendían caracterizarlo como alguien muy cercano a servicios al Estado en diferentes momentos y circunstancias. En ningún momento afirmamos que los contratos de ATA eran irregulares.

ATA nos ha mostrado el detalle de sus operaciones con el Estado y nos parece que efectivamente no tiene porque sospecharse de malos manejos.

Uno de los puntos del reclamo de ATA se refiere al que recogimos de La República y, lamentablemente, tenemos que reconocer que, a pesar de haber buscado algún descargo, no lo encontramos.

Lo que sí tenemos que hacer es reafirmarnos en los daños que está haciendo el ministro a instituciones como el INIA y SENASA. Y por supuesto, como corresponde, disculparnos con ATA. Lampadia

En un programa reciente de La Hora N, Jaime de Althaus comentó que el Ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, estaría debilitando instituciones claves para el desarrollo del agro peruano, como son el INIA y SENASA.

Lo que estaría detrás de estas maniobras es que ambas instituciones cuentan con fondos importantes para el desarrollo de sus tareas, fondos que se estaría planeando usar en otras actividades. Algo inaceptable en las actuales circunstancias en que tenemos que terminar de fortalecer el pujante sector de las agro exportaciones, que necesitan capacidades de investigación local (INIA) y la aplicación de buenas regulaciones internacionales para un acceso predecible a los mercados internacionales (SENASA).

Pues, días después del programa periodístico mencionado, recibimos una serie de observaciones y críticas a la gestión del ministro, que compartimos con nuestros lectores.

1. En los últimos años, la empresa de José Manuel Hernández, actual Ministro de Agricultura y Riego, ganó más de 130 millones de soles en licitaciones con el Estado (según el SEACE), y solo en Moquegua con el vicepresidente en funciones de gobernador regional, Martín Vizcarra, ATA (Asesores Técnicos Asociados S.A.) ganó más de 12 millones de soles en contratos de supervisión. 

2. El ministro colocó a uno de los colaboradores de su empresa (Abelardo de la Torre Villanueva, ex gerente de Supervisión ATA S.A), como jefe del ANA, Autoridad Nacional del Agua, y suspendió las elecciones de las juntas de usuarios, prorrogando el mandato de los dirigentes anteriores. Mientras tanto, los productores agrícolas reclaman a gritos elecciones en las juntas de usuarios.

Decreto Supremo No 019-2016-MINAGRI, de fecha 20 de octubre,  que prorroga el mandato de dirigentes del agua hasta marzo 2017.

3. El ministro nombra como su asesor principal a Carlos Azurín, que también trabajó en ATA y se desempeñó como director del proyecto Tumbes en el gobierno pasado, donde tiene varios cuestionamientos. 

Ver en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=w7mO-s5M-Pc

4. El ministro de agricultura tendría actualmente contratos de supervisión de obras de la empresa Odebrecht, por ejemplo Chavimochic y Olmos.

5. El diario La República denunció que el ministro de agricultura formó parte de un consorcio con Edwin Luyo, el oscuro personaje involucrado en las coimas de Odebrecht. Evidentemente, como en otros casos, esto no implica necesariamente que haya participado en actos irregulares con Luyo. Ver enlace:

http://larepublica.pe/impresa/politica/844303-ministro-hernandez-integro-consorcio-con-edwin-luyo

Ver el siguiente cuadro del diario La República:

6. Según nuestros informes, el ministro no elige a sus funcionarios, sino que recibiría órdenes de un nivel superior a él. En seis meses en el cargo ha cambiado a sus dos Viceministros tres veces; una al jefe del INIA; tres veces al director de PROVRAEM y al director de AGRORURAL, tres veces.

7. El ministro contrató a más de 1,000 jóvenes para su programa Agro-Joven y miente a los productores diciendo que van a tener asistencia técnica, cuando esos jóvenes estarían en Lima, en locales como los del ANA, Agrorural, Serfor, etc., y ninguno habría visitado el campo ni una sola vez.

“Queremos llevar las nuevas tecnologías y conocimientos al campo mediante los universitarios. Y que estos (últimos) también, consoliden sus conocimientos en el campo para que luego realicen emprendimientos y ejecuten inversiones”, manifestó el ministro.

8. Se creó el programa Serviagro para brindar capacidades a pequeños productores a nivel nacional y hasta ahora no se sabe quien está a cargo. ¿Cuántos productores han sido capacitados?  ¿En dónde funciona Serviagro? ¿El ministro vuelve a mentir al agro peruano?

“Serviagro es una plataforma más importante para apoyar a los pequeños productores. Serviagro y Sierra Azul constituyen los dos programas líderes del Minagri porque aspiramos a reducir la brecha tecnológica entre el agro más desarrollado al menos desarrollado. La gran masa de agricultores necesitan apoyo para dar el salto tecnológico”
http://elcomercio.pe/economia/negocios/minagri-lanzo-plataforma-servicios- serviagro-noticia-1962735

9. Las grandes obras de irrigación están paralizadas y el ministro no hace nada, ¿hasta cuándo seguiremos esperando por Majes 2? Olmos tiene el 20% de su área sembrada, Chavimochic esta paralizada, Alto Piura no avanza. Y cuando hablamos de la sierra el ministro no ha ejecutado ni una sola obra para los productores de dicha zona.

10. El ministro, a través de su empresa (ATA) estaría participando de elaboración del expediente de la Represa Chonta en Cajamarca, que tendría serias deficiencias en su elaboración y por ello,  ProInversion no ejecutaría la obra. 

En agosto pasado cuestionamos algunas declaraciones del nuevo Ministro de Agricultura en las que, por ejemplo, caía en los mitos de concentración de la tierra. Ver en Lampadia, Las cosas claras para no seguir empedrando el camino con mitos – No malogremos nuestro potencial agrícola. El gobierno tiene que apoyar sin complejos el desarrollo de la agricultura moderna, máxime si ésta ya ha jalado a la agricultura tradicional a niveles de productividad extraordinarios. Ver: Richard Webb nos muestra el Perú – La Revolución de la Agricultura.

Necesitamos un ministro que mire hacia delante para que desarrollemos el gran potencial agrícola del Perú, con el que podemos traer a los pobres a la economía de mercado, impulsando, entre otros programas, Sierra Productiva, y no alguien de un pesado pasado, sin visión de futuro. Lampadia