Peña Nieto intenta devolver a México a las grandes ligas energéticas del mundo
CIUDAD DE MÉXICO – México dio el lunes un paso para acabar con su monopolio de 75 años en la producción de petróleo y gas, abriendo potencialmente las mayores reservas sin explotar de crudo en el mundo a las compañías privadas y sentando las bases para un nuevo boom energético
El gobierno presentó el lunes un muy anticipado plan de reforma a la Constitución para permitir alianzas conjuntas entre el gobierno y empresas privadas de energía en un país que es el tercer proveedor de crudo para Estados Unidos y cuenta con las cuartas mayores reservas de gas de esquisto del mundo.
En la actualidad, la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, produce todo el crudo y gas en México, y contrata a empresas extranjeras para perforar pozos y proveer otros servicios. Este modelo ha llevado a que la producción se desplome en años recientes.
El proyecto de ley permitiría que pesos pesados del sector, que buscan impulsar sus alicaídas reservas, como BP BP.LN +0.76% PLC, Chevron Corp., CVX +0.80% Exxon-Mobil corp. XOM -0.42% y Royal Dutch Shell RDSB.LN +0.76% PLC, exploten recursos en México.
El proyecto de reforma, que parece estar bien posicionado para recibir la aprobación del Congreso pero podría provocar una tormenta entre algunos políticos nacionalistas, representa un punto de inflexión para un país que fue el primer gran productor en nacionalizar su industria petrolera en 1938, una decisión que en las décadas siguientes imitaron otras naciones en desarrollo. México cuenta con las leyes más restrictivas en energía, comparables a Kuwait. Incluso Cuba tiene leyes energéticas más liberales.
“Si México aprueba esta reforma y tenemos paz en las calles, entonces el país dará un importante paso adelante”, dijo Enrique Krauze, un prominente historiador mexicano.
Las autoridades mexicanas esperan que esta iniciativa, la mayor reforma de la economía desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) en 1994, impulse el crecimiento económico al atraer inversiones de miles de millones de dólares, mejore la competitividad al bajar los precios de la energía para el sector industrial y perfile a México como una potencia en ascenso en un momento en que otros grandes mercados emergentes sufren una desaceleración.
“Esta iniciativa de reforma constitucional es el primer paso para contar con un sector energético acorde al siglo XXI”, dijo Peña Nieto durante la presentación del proyecto de ley.
A pesar de ser un cambio significativo, la iniciativa presentada el lunes podría decepcionar a algunas petroleras y seguiría quedándose corta en comparación con lo que ofrecen la mayoría de países productores de petróleo. Por ejemplo, no otorga propiedad directa de los campos petroleros a las empresas privadas vía concesiones. El gobierno de Peña Nieto también señaló que no cederá una participación del crudo, sino el equivalente en efectivo del petróleo que encuentren y produzcan.
Ese tipo de acuerdo es similar al que se ofrece en lugares como Ecuador e Irán, señalan autoridades mexicanas. Otros países, como Brasil y Noruega, ofrecen la propiedad del yacimiento.
Los analistas están de acuerdo en que el futuro de la reforma dependerá en gran medida de detalles clave que serán determinados en leyes secundarias en los próximos meses, como cuántos impuestos y otras tarifas querrá cobrar el gobierno mexicano.
“¿Podría ser esto muy atractivo? Necesitaremos más detalles y hasta que los sepamos, los inversionistas harán preguntas”, dijo Gray Newman, economista jefe para América Latina en Morgan Stanley MS +1.00% .
Un vocero de Chevron, Kent Robertson, dijo que la compañía daba la bienvenida a cualquier decisión de los mexicanos que proporcionan nuevas oportunidades de inversión.
México se juega mucho, dado que su producción petrolera ha caído durante la última década bajo el monopolio estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, desde 3,4 millones de barriles al día a 2,5 millones, y los nuevos recursos son más caros y difíciles de desarrollar. El declive, que podría convertir a México en un importador neto en cuestión de seis o siete años, se produce en un momento en que Pemex ha incrementado el gasto anual a aproximadamente US$20.000 millones al año, frente a los US$4.000 millones de hace 10 años.
México ya importa gasolina y gas natural: gasta la mitad de cada dólar que gana con el crudo, calcula el gobierno. Se estima que México podría albergar las cuartas mayores reservas de gas de esquisto del mundo, pero Pemex sólo ha perforado tres pozos de gas de esquisto, señaló Peña Nieto. En 2012, EE.UU. repartió más de 9.100 licencias para perforar pozos entre 170 compañías.
El proyecto de ley ahora pasará al Congreso, que lo evaluará en septiembre, aseguran las autoridades. La oposición conservadora, el Partido de Acción Nacional que gobernó México desde 2000 a 2012, ha dicho que apoyará las propuestas, lo que le concedería al Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto la mayoría de dos tercios que necesita para aprobar las enmiendas constitucionales.
Si la ley es aprobada, marcará una importante victoria para Peña Nieto, que ganó la presidencia el año pasado con la promesa de volver a colocar a México en las grandes ligas de los mercados emergentes, una posición que perdió en la última década con el ascenso de China y Brasil.
La verdadera oposición a las propuestas podría venir de las calles. El líder nacionalista Andrés Manuel López Obrador, que perdió las últimas dos elecciones presidenciales, ha llamado la iniciativa una “traición” y se comprometió a movilizar a sus seguidores para bloquear el proyecto.
Los historiadores aseguran que el nacionalismo petrolero tiene raíces profundas en México, ya que ha sido elogiado como el mayor logro en décadas en los libros de historia, una medida que vindicaba al país tras sufrir dolorosas derrotas, particularmente en la guerra contra EE.UU. en 1848, que resultó en la pérdida de más de la mitad de su territorio, incluyendo lo que hoy son los estados de California, Nuevo México, Arizona y Nevada.
De hecho, Peña Nieto no dudó en invocar al ex presidente Lázaro Cárdenas, que expropió la industria, enfatizando que los cambios eran muy similares a las leyes cuando Cárdenas dejó el poder en 1940, que bloqueaban las concesiones pero abrían la puerta a los contratos de riesgo compartido. No fue sino hasta 1960 que México prohibió a las firmas privadas compartir utilidades y riesgos.
Limitar las modificaciones a una estructura para compartir las ganancias en lugar del petróleo podría suavizar la reacción de la izquierda. Es improbable que el principal grupo político izquierdista, el Partido de la Revolución Democrática, respalde la iniciativa, pero tampoco es probable que se una a las protestas convocadas por López Obrador.
Una reforma más limitada también podría asegurar que el Pacto de México, el acuerdo de los principales partidos que ha contribuido a la aprobación de varias iniciativas importantes este año, continúe vigente.
“Es más conservador de lo que a la gente le habría gustado, pero tal vez eso sea bueno”, dijo John Padilla, director gerente de la consultora energética IPD Latin America. Una iniciativa que hubiese presionado más el sentimiento nacionalista pero que no habría conseguido la aprobación del Congreso habría sido una peor alternativa.
“Asumiendo que sea aprobada, el trabajo duro empieza con los detalles”, añadió Padilla.
Publicado por The Wall Street Journal Americas, El Comercio, 13 de agosto, 2013
Ver también INCENTIVOS PERVERSOS DE LA BUROCRACIA (Economista y político mexicano Luis Pazos)