“A medida que los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más ricos”

“La cualidad que hace único al capitalismo es que estructura los incentivos para que la forma de triunfar sea ofreciendo un servicio a las personas que nos rodean.
En todos los demás sistemas, mejoras solo sobornando o apoyando a los que están en el poder: comisarios, reyes o dictadores.
Pero bajo un sistema de libre mercado, se obtienen beneficios al ofrecerles a los consumidores algo que desean”.
Daniel Hannan, Prager University

En Lampadia somos tercos defensores de la economía de mercado y el libre comercio. Hemos insistido innumerables veces que el capitalismo nos ha traído muchísimos beneficios, ha integrado efectivamente los mercados globales y han producido inmensos beneficios para la humanidad en su conjunto, como una gran disminución de la pobreza global y de la desigualdad entre los países más ricos y los más pobres.

También hemos presentado los datos de Hans Rosling, que demuestran que en los últimos 40 años, en los que se ha duplicado la población mundial, se ha formado una clase media global de 3,000 millones de habitantes y, hoy los más pobres tienen mejores condiciones de vida que nunca antes, con mayor esperanza de vida, mejor alimentación y mejor salud. Se estima que en 20 años podamos superar del todo la pobreza. Xavier Sala-i-Martín, afirma que “El capitalismo no es un sistema económico perfecto. Pero cuando se trata de reducir la pobreza en el mundo, es el mejor sistema económico que jamás ha visto el hombre”. El mundo es hoy un mejor lugar para vivir que hace 50, 30 y 20 años. La pobreza ha disminuido a menos del 10% de la población, y se estima que en 20 años debe desaparecer.

‘El pensamiento de 7 optimistas informados’, demuestra que el mundo es un mejor lugar para vivir. Ver en Lampadia: 7 Ensayos sobre la Prosperidad, donde destacamos los mensajes de Steven Pinker, Jordan Peterson, Bill & Melinda Gates, Hans Rosling, Xavier Sala-i-Martín, Peter Diamandis y Niall Ferguson.

Ahora, queremos compartir con nuestros lectores un video de Daniel Hannan, un político británico nacido en el Perú (cerca a Lima donde su familia tenía una empresa algodonera), que además es miembro del Parlamento Europeo, representando South East England por el Partido Conservador, y secretario general de la Aliance de European Conservatives and Reformists.

Quizás por haber nacido en el Perú, Hannan describe con cercanía, cómo la globalización y el libre comercio han ayudado a países emergentes como el Perú y Colombia (que menciona en el video) a salir adelante y a emprender su desarrollo como naciones, creando más riqueza para todos, especialmente para los más pobres, quienes están saliendo de su situación de pobreza y entrando a la cada vez más creciente clase media.

Líneas abajo compartimos el video y su transcripción, que explican de una manera sencilla y clara cómo el capitalismo ha ayudado a los ricos a ser más ricos y también a los pobres a que salgan adelante, y por qué es el modelo económico que mejor funciona en el mundo y en nuestra sociedad:

VIDEO: “A medida que los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más ricos”

Daniel Hannan
Transcripción
Prager University
9 de abril de 2018
Traducido y glosado por Lampadia

“Los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están volviendo más pobres”.
“El 1 % de las personas en el planeta tiene la mitad de la riqueza”.
“Las corporaciones occidentales están saqueando a los países en desarrollo”.
“El capitalismo está en las últimas”.

¿De Verdad?

• La verdad es que la desigualdad global está cayendo.
• Sí, los ricos se están volviendo más ricos, pero los pobres se están volviendo más ricos más rápido.

¿Y qué está impulsando ese proceso?

El mercado.

Miremos los indicadores más básicos:

• Alfabetización
• Longevidad
• Mortalidad infantil
• Ingesta de calorías
• Estatura

Cada vez más personas salen de la pobreza

Pienso en los cambios que yo he pasado en mi vida.

• Cuando nací, en 1971, un trabajador estadounidense tenía que ahorrar un mes de salario para poder pagar un televisor. Ahora, solo toma dos días.
• En 1971, menos de la mitad de las niñas de todo el mundo completaban su educación primaria. Ahora, esta cifra es de más del 90 %.
• En 1971, un automóvil sin moverse emitía más contaminación que un automóvil en la actualidad que se mueve a toda velocidad.

Y, si vamos un poco más atrás…

• En el siglo XVII, el hombre más poderoso del mundo fue Luis XIV de Francia. Cada noche, le preparaban más de 40 platos para su cena y elegía el que le apeteciera.
• Pensémoslo: una recepcionista de hoy puede parar en una tienda de camino a casa y tener solo una opción que no solo es más amplia que la del rey, sino una más fresca y más sana.

Todos vivimos mejor que Louis XIV.

¿Qué ha causado ese milagro?

• No es un programa de desarrollo de las Naciones Unidas.
• No es ningún plan de ayuda gubernamental.

Lo que lo causó fue el mercado.

Las caídas más rápidas en las cifras de la pobreza están ocurriendo en países que se están uniendo al sistema de comercio global. Si comparamos las tasas de crecimiento:

• En Colombia, un país con libre comercio, y Venezuela, un país proteccionista;
• En Vietnam con libre comercio y el proteccionista Laos;
• Bangladesh con libre comercio y el proteccionista Pakistán.

Es la misma historia todo el tiempo.

China después de 1979, India después de 1991.

Eliminan las barreras al comercio:

• Los precios bajan
• Su gente ya no tiene que trabajar cada hora solo para comprar alimentos y productos básicos.
• Tienen tiempo para inventar, fabricar y comprar y vender otras cosas.
• Toda la economía es estimulada.
• La pobreza cae.

OK, podríamos decir, entonces que tal vez el capitalismo funciona; tal vez la gente está mejor.

Pero, ¿no hay un costo?

• ¿No nos hace más materialistas?
• ¿No nos vuelve más codiciosos?

Si por “avaricia” nos referimos a un deseo de riqueza material, eso es parte de la condición humana.

Está en nuestro ADN o, dicho de otra manera, está en nuestra naturaleza.

Bajo cualquier sistema: socialismo, comunismo, fascismo, monarquía absoluta, teocracia, la gente quiere más cosas.

La cualidad que hace único al capitalismo es que estructura los incentivos para que la forma de triunfar -la manera de ser “avaro”, si insistimos en usar ese término- sea ofreciendo un servicio a las personas que nos rodean.

En todos los demás sistemas, mejoras solo sobornando o apoyando a los que están en el poder: comisarios, reyes o dictadores.

Pero bajo un sistema de libre mercado, se obtienen beneficios al ofrecerles a los consumidores algo que desean.

Como dijo el economista Joseph Schumpeter, el logro del capitalismo no es proporcionar más medias de seda a las princesas, sino ponerlas al alcance de la vendedora de la tienda.

Entonces, ¿por qué no la vemos?

¿Por qué los jóvenes idealistas y bien intencionados se oponen al libre comercio y la liberalización del mercado, pensando que están defendiendo a las personas más pobres del planeta, cuando de hecho están haciendo lo contrario?

Una gran parte de la respuesta es estética.

Como escribió el novelista victoriano Anthony Trollope: “La pobreza, para ser escénica, debería ser rural”.

Crecí en Lima, Perú, que en aquellos días estaba rodeada de barrios marginales conocidos como las barriadas.

Los visitantes occidentales venían y visitaban Machu Picchu y luego preguntarban con desconcierto por qué la gente emigraría de los Andes a los barrios marginales.

¿Por qué cambiaron el aire limpio y el paisaje de montañas por alcantarillas y humos de tráfico?

Es una pregunta de primer mundo.

• Ningún peruano necesitó preguntar por qué dejarían un lugar sin electricidad, sin escuelas, sin clínicas y sin trabajos.
• Esos barrios, esas barriadas, para la mayoría de sus residentes, son transitorios.
• Son lugares concurridos, zumbando con empresas, y la gente en ellos, siente que están subiendo.

Si queremos ayudar a esas personas, lo mejor que podemos hacer es dejar que nos vendan sus cosas.

El capitalismo ha logrado cosas que antes se atribuían a dioses y magos.

• Está aboliendo el hambre y la enfermedad.
• Ha llevado a un enriquecimiento sin precedentes que es el hecho central de nuestras vidas.

El hecho de que estemos viendo este video es suficiente para saber eso.

Ahora, dejemos que funcione su magia en el resto del mundo.

Soy Daniel Hannan de la Universidad de Prager.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como ha señalado un reciente editorial de El Comercio, al no existir animosidad entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, porque éste no ha llegado al poder luego de una contienda que los haya enfrentado, pues existe la oportunidad ahora sí de acordar y poner en marcha un plan de trabajo conjunto basado en las coincidencias programáticas entre ambas agrupaciones, que sin duda son muchas.

Ese plan, a mi juicio, debería partir de una toma de conciencia del proceso de modernización y desarrollo en el que estamos embarcados desde que abrimos y liberalizamos la economía en 1990, los avances que hemos realizado, los retrocesos que en esa progresión hemos tenido y debemos enmendar, y las tareas pendientes para seguir avanzando hacia un país cada vez más moderno e institucionalizado capaz de crecer a las tasas necesarias para desaparecer la pobreza.

Retirar “intervencionismo de baja intensidad” y digitalizar

Los avances son conocidos. Los retrocesos también: si en los 90 se liberalizó la economía y se retiró el intervencionismo estatal en los distintos mercados, haciendo posible un crecimiento acelerado, lo que hemos tenido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, ha sido la restauración de lo que hemos llamado un ‘intervencionismo de baja intensidad’, consistente en la sobre regulación creciente de las distintas actividades económicas, frenando la iniciativa privada y ahogando la economía de las empresas.

El gobierno de PPK comenzó la tarea de simplificar los trámites y desregular algunas actividades. 290 procedimientos en varios ministerios han sido eliminados y 243 simplificados. Esto tiene que seguir. Además, 12 ministerios han iniciado ya el Análisis de Calidad Regulatoria de sus normas, que lleva también a eliminar o simplificar procedimientos. Es una tarea a la que debe dársele más impulso, a fin de restablecer la libertad económica que permita el florecimiento de los emprendimientos.

Hay un esfuerzo interesante de digitalización del Estado, que debe profundizarse. Hay ahora 94 servicios WEB en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. Se quiere ir a Cero Papel en el Estado a fines del 2019. Eso implica también, de por sí, simplificar procedimientos porque no se los puede digitalizar si no se simplifican. Por último, en la actualidad, 121 tasas (72%) se pueden pagar por internet (págalo.pe) en lugar de ir a BN. Hay que seguir avanzando en todo esto. 

Construcción institucional e islas de excelencia

Ahora bien, la gran tarea pendiente desde los 90 es la institucional, que requiere acuerdos porque en algunos casos puede afectar intereses. Hemos crecido, pero la institucionalidad general se ha quedado atrás. Tarde o temprano ese retraso afecta el propio crecimiento.

Es cierto que desarrollamos una institucionalidad de mercado, unas reglas de juego que funcionaron, hasta que han sido en algunos casos ahogadas, como decíamos, por una sobreregulación estéril que hay que desmontar. Esa institucionalidad de mercado tuvo su correspondencia en la modernización y profesionalización de ciertas entidades del Estado, que se convirtieron en islas de excelencia. Allí tenemos al Banco Central de Reserva, la Sunat, la Reniec, la ONPE, el Indecopi, los organismos reguladores, la Defensoría y, en alguna medida, algunos ministerios como el MEF, Energía y Minas y, recientemente, el MIDIS. 

Algunas de estas entidades tienen que actualizarse y re modernizarse. Se necesitaría una agenda para eso, quizá de la mano con las recomendaciones de la OCDE. Osiptel, por ejemplo, ha iniciado recientemente un proceso de adecuación en ese sentido.

Implantación de la meritocracia: ley de Servicio Civil

Pero la excelencia no debe limitarse a unas islas, sino a todo el Estado. Pues, como sabemos, esa modernización no alcanzó a casi todo el resto del Estado, donde prevalece, en mayor o menor medida, un patrón de gestión que podríamos llamar neo patrimonialista, donde se favorece en los puestos y contratos a familiares, amigos o correligionarios con poca o ninguna meritocracia. Esto también se aplica, por supuesto, al Poder Judicial y al Congreso en su parte administrativa.

La gran tarea de la reforma del Estado, entonces, consiste en avanzar hacia una burocracia profesional y meritocrática en todos los niveles e instituciones del Estado. Pues bien, para eso se dio, el 2013, la ley de Servicio Civil, para que todas las entidades revisaran y definieran bien sus procesos y los perfiles del personal que necesitaban y en función de eso convocaran a concursos dentro de la administración pública para llenar esos puestos y que luego hubiese evaluaciones de desempeño que regularan los ascensos y la salida del servicio en el caso el empleado no fuera competente.

Un bueno número de entidades, incluyendo ministerios, inició este proceso, pero solo la ONP ha llegado, hasta ahora, a la etapa de los concursos, debido a que el gobierno de PPK no le dio prioridad ni apoyo político a la implementación de esta ley clave. Al no dárselo, creó un vacío que fue aprovechado por las fuerzas del pasado para retroceder a prácticas clientelistas y parasitarias. Por ejemplo, el Congreso aprobó, hace algo más de un año, una ley que pasaba los CAS de Essalud a la 728 –estabilidad laboral absoluta sin meritocracia- en lugar de permitir que pasen al régimen la ley de Servicio Civil, precisamente, que da los mismos beneficios de la 728 pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, de la obligación de rendir en el puesto. Y luego aprobó hace poco la ley de carrera del trabajador judicial que excluye a dichos trabajadores de la ley de Servicio Civil y les regala una carrera en la que no hay tampoco evaluaciones ni meritocracia alguna. Un retroceso irreversible.

Con la 728 no hay manera de exigirle nada a un funcionario que no cumple ni rinde. Y eso es algo que los usuarios y los ciudadanos en general no podemos aceptar, porque pagamos aportes e impuestos para que el Estado nos sirva de manera eficiente.

Entonces la segunda definición clara del gobierno de Vizcarra debería ser la de darle prioridad y voluntad política a la implementación de la ley de Servicio Civil, que es la base de la gran reforma del Estado, de su transformación en un Estado moderno, eficiente, meritocrático y profesional.

Como consecuencia de esa definición, se debería acordar con el Congreso la reorientación del proyecto de ley que pasa todos los CAS del Estado a la 728 o a la 276, en el sentido de que pasen al régimen de la ley de Servicio Civil que, como decíamos, da los mismos beneficios y derechos que la 728, pero con meritocracia y resolviendo, por añadidura, el problema de los bajos sueldos de los segmentos altos, técnicos y profesionales del Estado, ahora muy mal pagados. En realidad, no habría que dar ley alguna, pues para eso se dio precisamente la ley de Servicio Civil. Es cuestión de aplicarla, aunque quizá se pueda aprovechar para hacerle las mejoras que requiera.

Reingeniería en entidades clave

Ahora bien, dentro del marco general de la meritocracia, hay entidades que necesitan una reingeniería profunda para reorientar su organización en función de metas y resultados dejando de lado vicios y corruptelas de naturaleza patrimonialista. El propio proceso de la ley de Servicio Civil ya es un paso hacia eso. Pero hay entidades como el Servicio Integral de Salud (SIS), por ejemplo, que requieren una reingeniería completa, sobre la base de un concepto diferente. Es lo que venía haciendo el Dr. Moisés Rosas en los últimos 10 meses en el SIS, hasta que fue cesado por el ex ministro Abel Salinas. El Premier Villanueva, felizmente, ha reconocido ese esfuerzo y ha avalado su continuidad. Significa que el SIS funcione como un seguro de riesgos, que contrate no con el establecimiento sino con la red para que los recursos se orienten a reforzar el nivel básico a fin de que haya menos gasto en el más complejo, y que se pague en la medida en que los pacientes no tengan que pagar por los medicamentos y haya menos derivaciones innecesarias a clínicas particulares. Por supuesto, concesionar la gerencia de los hospitales debería ser una reforma complementaria a la anterior, a fin de asegurar eficiencia en el servicio. 

Otro ejemplo es el reciente cambio del sistema de inversión pública. Hemos pasado al Invierte.pe. Esto debe perfeccionarse, y dar el salto al Plan Nacional de Infraestructura, para sacar los proyectos del tráfico político o colusorio. Al mismo tiempo debe avanzarse hacia una verdadera modernización y potenciación de Proinversión, que ha quedado a medias.  

También están marcha, con mayor o menos velocidad e intensidad, y con avances y retrocesos, procesos de reforma y modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Policía, en Educación, en Provías, la ONP, etc.

Pero hay áreas en las cuales estamos en cero: el proceso de descentralización, por ejemplo, iniciado el 2002, que ha tenido una serie de problemas y necesita una revisión profunda, no solo por los niveles clamorosos de ineficiencia estatal prevalecientes en muchos gobiernos sub-nacionales, sino porque parte importante del crimen organizado está vinculado a autoridades locales o regionales que aprovechan la cuasi feudalización del país para asaltar los recursos fiscales. 

Pues bien, necesitaríamos instancias de impulso y monitoreo de estos procesos. Sea en la PCM, sea en el MEF. Algunos presupuestos por resultados deberían incluir metas de reforma.

Por supuesto, la reforma política es fundamental para reconstruir la autoridad central y el carácter unitario del Estado, que requiere de un sistema de partidos y de representación funcional. Pero esta es una tarea del Congreso.

Imperio de la ley

Para empujar y monitorear la modernización del sistema judicial, indispensable para implantar el gobierno de la ley en nuestro país, tendríamos que retomar y fortalecer el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero incluyendo al Ministro del Interior entre sus miembros, y especializando una oficina en el ministerio de Justicia para ese fin. La gestión de los préstamos del Banco Mundial ($100 millones) y del BID ($100 millones) para implantar el expediente digital en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP, debería ser el centro neurálgico del impulso a la reforma del sistema judicial y al propio Acuerdo Nacional por la Justicia.   

Aquí sería bueno, además, conformar una comisión de expertos nacionales e internaciones que sugieran lineamientos para la reforma del sistema judicial, que alimenten al mencionado Acuerdo por la Justicia, pero también al Congreso. Quizá la reforma clave acá es la de la Corte Suprema, que debería reducirse a pocos miembros de muy alto nivel ocupados en un número reducido de casos paradigmáticos que permitan sentar jurisprudencia predictible para, de paso, prevenir la corrupción. Si mejoramos la cabeza, el cuerpo se arregla.

Una constatación es que en nuestro país la justicia penal no ha descendido aun a niveles locales. Funciona con deficiencias para el gran delito, pero no para el pequeño. Deberíamos ir avanzando en la descentralización distrital de la justicia penal de modo de juntar en un solo local a la Policía, el fiscal, el juez y una pequeña carceleta pera penas cortas –de días o semanas- para delitos menores, a fin de terminar con la impunidad, madre de la inseguridad y la delincuencia mayor. Y retomar de esta manera los abandonados juzgados de flagrancia. Es la atención primaria de la justicia penal.

Este proyecto podría tener la colaboración económica de las municipalidades distritales, las principales interesadas en proporcionar los locales respectivos. Es un asunto de gestión y coordinación.

La gran tarea pendiente en nuestro país es el imperio de la ley. La manera de comenzar es con la pequeña delincuencia, en los barrios, castigando con penas cortas y resocializando a los infractores. Y retomado estrategias preventivas complementarias como Barrio Seguro, que habría sido increíblemente abandonada.  

Informalidad y productividad 

Pero una manifestación clara de ausencia de ley, de la inexistencia del Estado como cuerpo legal, es la extendidísima informalidad, que significa que la mayor parte de los peruanos actúa fuera de las normas del Estado. Fuera de la ley. Para resolver eso se requiere un conjunto de reformas, sobre las que ya nos explayado en otros informes, tales como la reforma tributaria, avanzando a un sistema tributario único y digitalizado que le haga su liquidación al pequeño; las reformas laborales y, en general, el impulso a la inversión privada para incrementar la dotación de capital en nuestro país, lo que a su vez requiere de las reformas anteriores. 

Un sector importante en la informalidad es la minería informal. Allí tenemos que avanzar a una verdadera simplificación que permita la formalización. Lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido efectos muy limitados.

Los esfuerzos de relación comunitaria que han desarrollado las empresas mineras deberían sistematizarse en una doctrina, que incluya como herramienta fundamental la masificación del Sierra Productiva, ya no solo para facilitar la inversión minera, sino para sacar de la pobreza a la Sierra entera en un plazo de tres años. La alianza entre minería y agricultura debería ser el siguiente gran paso adelante. El ministerio de Agricultura debe revisar sus políticas de desarrollo rural, que no han sido efectivas, en esta línea.

El Perú saldrá adelante si toma conciencia del proceso de modernización en el que se encuentra desde los 90, de las reformas que requiere y de las grandes y pequeñas tareas pendientes para lograrlo. Si se comprende que hay un proceso y que hay avanzar. Que la mejora es continua y no puede detenerse.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Un acto más en la destrucción mutua. No sabemos si por venganza o por qué oscuras motivaciones, la comisión permanente del Congreso aprobó en primera votación la ley que prohíbe al Estado poner publicidad en los medios privados, exonerándola, además de la segunda votación.

Solo se exceptúa dicha limitación para el caso de desastres o emergencias nacionales y campañas de educación electoral. Y, aun en esos casos, se fija como tope máximo de la campaña el 10% de la facturación total del medio, y siempre y cuando no supere el 0.25% de la partida presupuestal de la entidad estatal anunciante.

En el contexto de una dinámica política y mediática que tiende a ser de por sí autodestructiva, campañas estatales motivadoras con mensajes constructivos, integradores y transformacionales son lo único que puede contrarrestar la tendencia natural al escándalo, a la pelea, a la mentira y a la disolución social.

Con una ley absurda como esta, el Estado no podrá llevar adelante campañas educativas orientadas a:

• Reducir la anemia y otros males de salud pública
• Motivar a las personas a denunciar los actos de abuso sexual y violencia familiar
• Desarrollar valores de solidaridad, respeto cívico y cambiar conductas en diversos frentes, desde la manera de conducir hasta la forma de recibir a los turistas pasando por hacer respetar los derechos del ciudadano ante policías e instancias gubernamentales
• Motivar una sana competencia entre los colegios y profesores por una mejora sustancial de la calidad educativa
• Impulsar una corriente masiva de denuncias de actos de corrupción en todas las instituciones por parte de los ciudadanos
• Promover reformas importantes que requieren respaldo social para luchar contra intereses creados tales como:

– El impulso a la meritocracia en todo el Estado con la difusión de la ley de servicio civil, mostrando ejemplos positivos de instituciones que ya han hecho el tránsito
– Una reforma laboral que permita la incorporación de las mayorías a la formalidad y rompa con la exclusión legal existente
– Una reforma del sistema judicial y policial que involucre a los ciudadanos y la sociedad civil

Parece que no hay conciencia de lo que está pasando. En circunstancias en las que, luego de las declaraciones de Barata, la clase política entera corre el riesgo de ser despedida y reemplazada por Dios sabe qué aventureros políticos, no se le ocurre mejor idea a esa clase política que eliminar una de los pocos instrumentos que puede tener el Estado para mantener niveles mínimos de credibilidad en las instituciones y en la acción colectiva.

¿Será que el hecho de que sean los periódicos y canales de televisión los que denuncian los actos de corrupción de los políticos, haya provocado, como reacción, una ley como esta? El tufillo a castigo es inocultable. Lo curioso es que el autor de la ley, Mauricio Mulder, es uno de los mayores beneficiarios de la transformación de los medios en escenarios del espectáculo de las denuncias y las confrontaciones.

Porque ese es el fenómeno que hay que entender. Aquí se da una relación simbiótica y perversa entre medios y políticos: ambos viven del rating, y entonces la tendencia en los medios es invitar a los políticos más grandilocuentes, agresivos o demagogos para levantar precisamente su audiencia y así captar más publicidad, lo que lleva a los políticos a acentuar las mencionadas características que garantizan el éxito mediático. Es un círculo vicioso que lleva no solo a la degradación de la política sino a la percepción por parte de la opinión pública de que hay mucha más corrupción, desorden e ineficiencia de la que realmente hay.     

Si esa es la tendencia natural en toda democracia en la que hay libertad irrestricta de prensa, ello en el Perú se agrava debido a que el Congreso está en manos distintas al Ejecutivo, de modo que lo que tenemos no es una relación de cooperación entre ambos Poderes, como ocurre en las democracias parlamentarias o en la mayor parte de las presidencialistas, sino una relación de confrontación sorda o abierta que no ofrece esperanzas para la construcción acordada de un destino común.

Si el sentido colectivo y la democracia misma son mellados permanentemente por las noticias de corrupción y de enfrentamientos políticos, la credibilidad de la población en la democracia y las instituciones –ya no solo en los políticos- se reduje a niveles que pueden volver insostenible el propio sistema democrático, incubando demandas por una propuesta autoritaria que ponga orden o cambie las cosas en el peor sentido posible.  

En medio de un escenario de descomposición social y política como ese, el único elemento que puede contrarrestar esa entropía negativa es el factor aglutinador que pueden significar campañas de comunicación en torno a los temas arriba señalados u otros similares. Y ese instrumento, que en realidad el gobierno ni siquiera explota en la medida en que debiera, queda impedido ahora con una ley insensata como esta.

Pero eso no se resuelve prohibiendo la publicidad estatal en los medios privados. Dichos gobiernos optarán entonces por contratar directamente a dichos periodistas o a dichos medios con otros disfraces. La regulación de la publicidad estatal está pendiente, pero debe hacerse bien, tomando en cuenta, entre otras cosas, el alcance del medio.    

Cooptación de periodistas y medios

Cierto es que hay entidades públicas y gobiernos regionales y locales que han mal utilizado presupuestos de publicidad sea para comprar el apoyo de determinados medios y de periodistas, sea para auto promocionarse encubriendo deficiencias de gestión. La cooptación de periodistas y medios que realizan los gobiernos sub-nacionales, en un mercado abierto de compra venta de apoyos, es escandalosa. Ver en Lampadia: Las relaciones del Estado con los medios de comunicación.

Pero eso no se resuelve prohibiendo la publicidad estatal en los medios privados. Dichos gobiernos optarán entonces por contratar directamente a dichos periodistas o a dichos medios con otros disfraces. La regulación de la publicidad estatal está pendiente, pero debe hacerse bien, tomando en cuenta, entre otras cosas, el alcance del medio.    

Las redes

La ley cree que las redes sociales pueden sustituir a los medios. Pero eso no es cierto, y lo ha explicado claramente Alfredo Torres (El Comercio, 25-2-18). No obstante, si dejamos de poner publicidad estatal en los medios y la colocamos en las redes, lo que sí vamos a lograr es acelerar el proceso por el que las redes, que son el escenario de la posverdad, de las verdades emocionales, de las noticias falsas, de los insultos anónimos y la difamación impune, van depredando la lectoría y la audiencia de los medios serios que sí verifican la información antes de publicarla. Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del grupo Prisa y ex director del diario El país de España, explicaba que en España en los últimos 10 años 15 mil periodistas se han quedado sin trabajo. En la medida en que los medios serios tienen menos ventas y menos publicidad, ya no pueden pagar a sus buenos periodistas y entonces decae la calidad informativa de los únicos informativos y periódicos que contrastan las informaciones y las analizan con seriedad.

Es increíble que el Congreso de la República se sume a ese proceso de depredación. La libertad de expresión supone también responsabilidad. No es libertad para difamar, mentir, insultar, lanzar rumores o inventar hechos que no son ciertos. Debemos escapar de ese destino con todas nuestras fuerzas si queremos preservar la salud de nuestra democracia. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La noche y el día. Al mismo tiempo que el Poder Judicial conseguía una ley que le permite a sus trabajadores excluirse de la ley de servicio civil, huyendo  vergonzantemente de toda meritocracia, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sorprendió, a quienes no perdemos las esperanzas en un Estado profesional y eficiente, con la noticia que es la primera entidad que podrá convocar concursos públicos para contratar personal bajo el Régimen de Servicio Civil, pues la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) le aprobó hace pocos días el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), que es la tercera de las cuatro etapas en el tránsito al nuevo régimen del sector público. Al parecer el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) también está muy avanzado en su proceso y podría estar listo para realizar concursos públicos en un futuro próximo.

La ONP optó por la ley de servicio civil, la meritocracia y una cultura de servicio

La transformación de la ONP podría ser un caso de estudio. En realidad, pudo llegar primero a la meta porque ya había comenzado un proceso interno de cambio tres años antes de iniciar su tránsito al régimen de la ley de servicio civil. Lo que ilustra claramente el hecho de que el paso a este régimen supone un cambio cultural y organizacional profundo, que no se puede dar si no hay compromiso y voluntad política clara. 

La ONP comenzó su proceso de cambio en el 2011. La situación era caótica. Había 126 mil solicitudes de pensión pendientes de solución. Es decir, ex trabajadores estatales que habían solicitado su pensión y que debían esperar años hasta que empezaran a recibirla, a veces hasta ¡15 años! En promedio, las solicitudes se resolvían en 262 días. Como podemos ver en el siguiente gráfico, ese tiempo llegó a reducirse a 18 días, aunque el 2017 volvió a subir debido a que la institución pasó a la digitalización total de los procesos –cero papel-, con problemas de ajustes de funcionamiento.

Por supuesto, no se conocía el historial de los aportes de los pensionistas, y el 11% del presupuesto se iba en pago de pensiones devengadas e intereses legales. La cultura institucional no era una de servicio al usuario ni de resolver problemas, sino de papeleos, pasividad e inercia burocrática.

Cambio cultural

Alejandro Arrieta, jefe de la ONP, y Carlos Puga, gerente general, decidieron entonces emprender un proceso de cambio cultural al mismo tiempo que se montaban una oficina de ingeniería de procesos. Ambas intervenciones jugarían en pared.  

Arrieta explica que la conversión hacia una cultura de servicio y eficiencia implicaba cambiar cinco paradigmas:

1. “No hacemos trámites, producimos servicios”: lo que importa no es el papeleo, los requisitos, los formularios, las constancias, sino servir al usuario. La ONP estaba llena de abogados que exigían gran cantidad de requisitos formales. La idea fue buscar resultados más allá de los formalismos.

2. El modelo de negocio estaba centrado en el otorgamiento de pensiones sin tener sistematizados los aportes, es decir, sin conocer el historial de aportes del pensionista. De allí las demoras. Se buscó centrar el modelo en la gestión de los aportes, para que cuando un trabajador se jubile, se le otorgue la pensión de manera inmediata. Para ello se reconstruyó la historia de los aportes de cada trabajador, para lo cual se tuvo que contratar a un ejército de verificadores. En la actualidad la mayor parte de los trabajadores tiene su cuenta individual de aportes. En teoría –señala Arrieta- la ONP podría convertirse ya en una AFP estatal, con un sistema de capitalización individual.

3. Derivado del anterior: salir de modelo de gestión del stock de pendientes para pasar a una operación en tiempo real.

4. Pasar de una visión analógica y a una digital. Se recibía papeles, formularios, pero ese material no se convertía en información porque no se procesaba. Ahora se imagina las cosas, lo que se pide, digitalmente.

5. Salir de un clima de sobrevivencia e inercia burocrática hacia uno de responsabilidad.

El cambio se logró. El personal tiene hoy otra actitud. Según Arrieta, fue más fácil de lo que inicialmente pensaron, lo que demuestra que con un liderazgo convencido todo es posible. De todos modos, demandó un gran esfuerzo de comunicación, por medio de charlas y talleres principalmente. El mismo dictó unas 50 charlas, y se apoyaron en facilitadores y en expertos en calidad de servicio. “También ayudó mucho la intranet, que la construimos como una red social”, explica.

Para manejar el cambio cultural se creó una oficina de relaciones institucionales de buen nivel. También se organizó una oficina de recursos humanos altamente especializada. 20 sicólogos capacitaban en habilidades blandas a empleados que atendían directamente a los jubilados. Antes de eso, ser enviado al front desk era percibido por el personal como una rebaja de nivel. Se estableció que quien quisiera atender en la recepción a los jubilados recibiría una capacitación. Y se presentaron ya no “20 resentidos sino 80 voluntarios”. Se hizo un gran esfuerzo motivador.

Los resultados se pueden apreciar el siguiente gráfico, suficientemente elocuente:

Reingeniería

Esos niveles de satisfacción se dieron también, por supuesto, gracias a la reingeniería de procesos que se hizo, para lo cual se montó una oficina ingeniería de procesos. Se descubrió, por ejemplo, que cada expediente circulaba por el sistema cinco veces antes de ser resuelto. Es decir, ¡daba la vuelta cinco veces! Al cortar la circulación a una sola vez, y al disminuir, además, los pasos, se ahorró una gran cantidad de dinero y de tiempo. Las pensiones de viudez ya no se deciden y entregan en tres meses sino en menos de una hora. En general, ya prácticamente no hay stock de solicitudes pendientes. Los casos se resuelven en el mes. Este año se introdujo el expediente electrónico, que significa que todo se mueve en digital, cero papeles. Y dado que eso todavía está en etapa de ajustes, se ha incrementado nuevamente el tiempo de respuesta, como vimos más arriba.

Pues bien, cuando el 2014 la ONP comenzó su proceso de tránsito a la ley del régimen de servicio civil, ya tenía algunas de las tareas avanzadas. Se había hecho un “análisis de perfomance” para saber cuáles eran los puntos débiles (tiempo en dar las pensiones, devengados), y qué había que mejorar, y se había avanzado en la mejora de procesos, tal como hemos visto. El tránsito al régimen de la ley servir exige un mapeo de puestos y también un mapeo de procesos, para luego proponer procesos más eficientes y un nuevo mapa de puestos y posiciones correspondiente, y se identifica los perfiles de esos puestos y posiciones. Finalmente se convoca a concurso para cubrirlos.  

Los concursos

Es esta última etapa, la de los concursos, a la que se apresta a ingresar la ONP. Estos concursos están abiertos a todo el sector público. De hecho, ya fue designado dentro del nuevo régimen el único cargo de confianza (no requiere concurso): el gerente general. Su sueldo era de 15 mil soles y en el nuevo régimen parará a percibir 25 mil. La idea del tránsito a este régimen es justamente subir las remuneraciones de los cargos directivos y profesionales -muy mal pagados en el sector público desde que Alan García decidió rebajar los sueldos de los altos directivos-, a fin de poder competir con el sector privado en la captación de talento. 

Luego, en marzo, se abrirá el concurso para los 12 gerentes, que también tendrán una remuneración mayor, ya aprobada por el MEF. Luego de eso se hará el concurso para los sub gerentes. El proceso durará en total tres años para llegar hasta incluir todos los cargos de la organización, tales como secretarias, asistentes o conserjes.

Definiciones y voluntad política

Arrieta, sin embargo, advierte un problema: no está claro que el tránsito a la nueva ley sea opcional para el trabajador. ¿Qué pasa con los que no concursan, o con los que, concursando, no alcanzan el puesto? Lo que no podría ocurrir es que permanezcan en la institución en un limbo, sin hacer nada, como excedentes, pero percibiendo una remuneración y restando recursos a la institución. Es algo que tiene que tener una respuesta.

Otro asunto es que el proceso, para llegar hasta la etapa de los concursos, le ha tomado a la ONP tres años, pese a que ya había hecho parte importante de la tarea antes de comenzar. Arrieta sostiene que fueron conejillo de indias de Servir y del MEF, pero que ayudaron a aclarar y mejorar los procedimientos de modo que para otras entidades el tiempo debería ser más corto. Pero para que funcione requiere el compromiso y el liderazgo del jefe de la entidad, lo que a su vez requiere de la máxima decisión política del gobierno, del presidente del Consejo de Ministros. Que es algo que no ha ocurrido, lamentablemente, en este gobierno. Y que tiene que ocurrir si queremos que esta reforma, tan importante para profesionalizar el Estado y hacerlo eficiente, se ejecute. Es la madre de la gran reforma del Estado. 

Anexo: el proceso de la ONP

El tránsito al nuevo régimen permitirá a la ONP sincerar su planilla en forma progresiva, incorporando a trabajadores CAP y CAS a una línea de carrera formal en condiciones de igualdad de derechos y equidad remunerativa.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable que los buenos esfuerzos no se continúen cuando se cambia de gobierno. Pero lo que es incomprensible es que una administración integrada por profesionales modernos y calificados como la presente, haya casi descontinuado una reforma fundamental para la instauración de la meritocracia en el Estado peruano: la contenida en la Ley de Servicio Civil (30057), promulgada en junio del 2013. 

Esa ley buscaba incorporar a los empleados públicos que están bajo el régimen CAS (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), que carece de beneficios, y a los que están en otros regímenes[1], a un nuevo sistema con beneficios sociales que establece una carrera universal en el Estado –es posible pasar de una institución a otra- basada en evaluaciones de desempeño (con salida a la tercera desaprobación) y que supone que cada institución realiza un mapeo de puestos y de procesos e identifica los perfiles profesionales que requiere en función a un análisis de los objetivos de la institución, luego de lo cual convoca a concursos a los cuales se puede presentar el personal de la entidad y de fuera. Uno de los efectos es que, en la nueva estructura de personal, las escalas medio-superiores tendrían una remuneración mayor que la actual con la finalidad de atraer talento que, como sabemos, se ha ido alejando del Estado luego de los límites absurdos que estableció el gobierno de García.

Se trata de una reforma de la máxima trascendencia, que permitiría redefinir y ajustar el número y calidad del personal de cada entidad a su naturaleza y objetivos, y establecer un régimen meritocrático que permita alcanzar un Estado profesional en el cual las entidades puedan establecer y cumplir metas fiscalizables. Es la reforma ‘weberiana’ por excelencia.

Pues bien, resulta que ni el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni -menos aun- el Congreso se percataron claramente de que esta reforma estaba en curso. A los pocos meses de iniciado el gobierno el Congreso debatió y finalmente aprobó una ley que pasaba los CAS de Essalud al régimen del DL 728, que da beneficios y estabilidad absoluta a cambio de nada. El régimen del Servicio Civil, en cambio, ofrece los mismos beneficios sociales que la 728, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones de desempeño y dentro de una estructura bien pensada y eficiente, orientada a metas. El gobierno no reaccionó y dejó pasar esa ley, que fue aprobada. Ahora los trabajadores administrativos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso han presentado proyectos de ley para exonerarse de la ley de servicio civil por temor, por supuesto, a la meritocracia.

Es inaceptable que la clase política no tenga convicción acerca de la necesidad de ir hacia un Estado profesional. Y que un gobierno tecnocrático no le dé prioridad a una reforma tan importante como esta. La decisión política de llevarla a cabo es indispensable, además, porque su aplicación no solo es difícil por compleja, sino que engendra todas las resistencias imaginables del statu quo, y por lo tanto requiere de la máxima voluntad y convicción políticas. Ojalá Mercedes Araoz la adopte.

Avances

Pese a todo, ha habido algunos avances. Es cuestión de darle impulso al proceso. En la actualidad son 334 las entidades del Estado que han iniciado el proceso de transición. Ellas implican a 100 mil servidores civiles, alos 19 Ministerios, a varios organismos públicos y a 39 de 47 universidades.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

Pero, como podemos ver en el siguiente gráfico, ninguna entidad ha llegado aún a la etapa de realizar concursos. De los 19 ministerios, 11 han realizado su mapeo de puestos, mapeo de procesos y han identificado, según eso, sus áreas de mejoras y han terminado, entonces, el informe respectivo. Pero ninguno tiene todavía aprobada su nueva dotación de personal –estructura de puestos- y los perfiles respectivos. Es algo que deben presentar y discutir con Servir, y es el paso inmediato a la realización de los concursos para llenar esos puestos.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

De las 334 entidades que han comenzado el proceso, hasta el momento solo 41 tienen “resolución de inicio”, que significa que ya completaron los mapeos. Estas comprenden a 31,700 servidores públicos de los cuales un 62% está en el régimen CAS, 16% son locadores de servicios, un 9% está en el régimen del DL 276, un 8% en el del DL 728 y 5% en otros.

Según Cortez, la ONP, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el gobierno regional de Piura y curiosamente el Despacho Presidencial, son las entidades más avanzadas. Como anécdota, el jefe del SENASA “encerró” a los responsables para que se dediquen solo a esa tarea hasta terminarla, y puso a sus segundos a cargo de sus funciones de línea mientras terminaban.  Y ya hicieron cambios que se desprendieron del análisis.

Estas 41 entidades son las que aparecen en el siguiente cuadro:

Sinceramiento institucional y resistencias

Lo interesante es que, en este proceso, las entidades descubren sus deficiencias y problemas. Descubren, al hacer su mapeo de procesos, que no están ordenadas precisamente por procesos o que estos no son lineales y simples sino complicados y confusos. Improductivos, en suma. Un proceso es la cadena de actos administrativos necesaria para entregar un servicio. Según el jefe de Servir, Juan Carlos Cortez, a algunas entidades les cuesta mucho el ordenamiento de sus procesos.  Lo común es que cada empleado se focaliza solo en su tarea y carece de una visión de conjunto y menos de una solidaridad con el resultado. Pero el mapeo de puestos y procesos es una mirada al espejo: le permite a la entidad saber a ciencia cierta cuánta gente tiene, qué hace cada uno, si se está duplicando funciones, si tiene sentido lo que se está haciendo. La institución, así, se sincera consigo misma y se ordena.

Para llevar adelante esto se forma una “Comisión de Tránsito”, integrada por el secretario general, el jefe de presupuesto, de recursos humanos y un representante del Ministro. Dicha comisión realiza el mapeo de puestos y de procesos e identifica mejoras en esos aspectos y cuanta gente se requiere para cada proceso. De allí sale la dotación de puestos y luego el perfil de cada puesto, para que el concurso sea transparente. 

Además, la dotación o estructura de puestos debe responder a los objetivos de la institución, lo cual supone una discusión acerca de estos objetivos. Se trata, en suma, de un proceso muy interesante y muy desafiante que, por eso mismo, encuentra resistencias en los sindicatos -por lo general opuestos a las evaluaciones meritocráticas y a definir procesos que impliquen mediciones claras de resultados y cumplimiento de metas-, pero no solo en los sindicatos. También frecuentemente en los propios jefes, que confían más en personas de su confianza que en aquellos que puedan ser escogidos meritocráticamente, y que no están acostumbrados a un trabajo orientado al cumplimiento de metas.

Por eso mismo es indispensable que el gabinete Araoz forme una voluntad política clara de llevar adelante la instauración del régimen de la ley de Servicio Civil, porque se trata de un esfuerzo complejo con resistencias de modo que sin empuje político no va a llegar a destino.

Sinergia con Análisis de Calidad Regulatoria

Por lo demás, una reforma como esta en las entidades estatales, hace sinergia perfecta con las reformas de simplificación administrativa dispuestas en los decretos legislativos del año pasado. Se viene simplificando y eliminando trámites en varios sectores y ya se inició el Análisis de Calidad Regulatoria sector por sector, que debe culminar en octubre del 2018. Este análisis, que lleva a simplificar o eliminar todo trámite o procedimiento inútil, costoso o innecesario, no se puede hacer si no se identifica el proceso del que forma parte, si no se hace el mapa del proceso. Entonces, si de simplificar esfuerzos se trata, lo lógico sería hacer las dos reformas a la vez, porque una supone parte de la otra.

Recientemente el Global Finance Magazine publicó la lista de los países más ricos del mundo, basada en información del Fondo Monetario Internacional. La lista de los 30 países más ricos está compuesta mayormente por naciones pequeñas.

¿Cómo se calcula la riqueza de un país? Mediante el PBI o Producto Bruto Interno, que a su vez, se calcula en base al valor de todos los bienes y servicios producidos por un  país, expresado en dólares internacionales, en función de la paridad del poder adquisitivo (PPA) per cápita.

Como ilustración, la cifra comparable del Perú es de $ 13,019 (al 2016).

Entre los resultados más interesantes tenemos que los países pequeños ocupan los 12 primeros lugares del ranking.

Singapur, en el puesto 4, un modelo de desarrollo que hemos presentado varias veces en Lampadia, una ciudad-estado que destaca en cuanto a meritocracia, Estado de Derecho, gobernanza y economía globalizada. Ver en Lampadia: 10 razones que explican el éxito de Singapur, Singapur piensa y planea su futuro y El verdadero modelo de Singapur.

Otro país interesante a analizar es Noruega. Como el principal productor de petróleo y gas de Europa Occidental. Un país que en el Perú, los profesores de economía de la PUCP calificarían como primario exportador, tiene uno de los mejores niveles de vida del planeta, pues supo maximizar su producción primaria para convertirla en desarrollo integral. Ver en Lampadia: Exitoso modelo que aprovecha sus RRNN.

Una de las relaciones más interesantes que se pueden observar es la del binomio de globalización y riqueza, la cual muestra la relación directa que existe entre el grado de apertura de los países al mundo con su crecimiento económico.

Como se puede ver en el gráfico superior, de los 10 países, 8 aparecen dentro de los más ricos del mundo, según el Índice de Globalización 2017 (IG), que desde hace muchos años realiza el think tank suizo KOF Swiss Economic Institute. En el tope está Holanda, con un indicador de globalización de 92.8. Lo siguen Irlanda (92.1), Bélgica (91.7), Austria (90.1), Suiza (88.8), Dinamarca (88.4), Suecia (88), Reino Unido (87.3), Francia (87.2) y Hungría (86.6).

El estudio calcula cuán “globalizado” es un país a partir de una combinación de datos estadísticos: económicos (grado de apertura comercial y de inversiones extranjeras), social (turismo internacional y proporción de inmigrantes) y político (participación en organismos internacionales y tratados con otros países).

Y es que el libre comercio, la más clara expresión de la globalización económica de las últimas décadas, produjo grandes avances de la humanidad en términos de reducción de la pobreza y de la desigualdad globales, la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida, la emergencia de una clase media global y el crecimiento de la población mundial al doble de lo que fue hace pocas décadas, con mejor calidad de vida, salud e ingresos. Ver en Lampadia: El libre comercio benefició a los países emergentes.

En palabras de Bjorn Lomborg (Director del Concenso de Copenhague), “Los beneficios del libre comercio, siendo muy importantes, no son tan obvios. Los consumidores obtienen una variedad mayor de bienes a menor precio: se estima que el estadounidense de clase media típico deriva del comercio internacional un 29% de su poder adquisitivo; es decir, puede comprar un 29% más con cada dólar que si no hubiera comercio internacional. El efecto es aún mayor (62%) para el decil más pobre de los consumidores estadounidenses. (…) La oposición al libre comercio ignora la interconexión del mundo en que vivimos. Según un informe de la ONU publicado en 2013, un 80% del comercio internacional se produce a lo largo de las cadenas de suministro de las empresas transnacionales.”

Este tema es especialmente relevante para el Perú, pues, para empezar, acá  algunos despistados políticos y economistas están en contra  con la apertura comercial. Ver en Lampadia: Porqué el populismo le está ganando a los liberales.

En América Latina y el Caribe, el más globalizado es Chile, que ocupa el puesto 40° a nivel mundial. Lo siguen Uruguay (55º), República Dominicana (59º), Perú (60º) y Panamá (62º).

Los resultados son claros: a medida que los países suben en el nivel de globalización, también crece su riqueza. Debemos prepararnos para defender el libre comercio y la globalización para proteger el crecimiento económico y la superación de la pobreza de los países emergentes como el Perú. Lampadia

Como no podía ser de otra manera, The Economist, la publicación liberal más importante del planeta, liberal porque cree en las economías y sociedades abiertas, donde se alienta el libre intercambio de bienes, capital, personas e ideas y donde las libertades universales están protegidas contra el abuso estatal por el estado de derecho, ideas y principios que marcan el pensamiento de Lampadia, ha hecho un análisis crítico del retroceso del liberalismo, planteando además, la mejor manera de reaccionar, para defender los logros económicos y sociales de las últimas décadas.

La libertad guiando al pueblo, de Eugéne Delacroix​

Nadie, aparte de los que se pongan vendas en los ojos, puede negar los grandes avances de la humanidad de las últimas décadas, sin embargo, es evidente que eso no ha sido suficiente para que nos curemos en salud y las sociedades se protejan de la perniciosa mezcla actual de nacionalismo, corporativismo y descontento popular, según lo plantea The Economist.

Además de haber descuidado políticas públicas que compensen a los que no se engancharon con el ritmo de avances de la globalización y el libre comercio, es claro que la complacencia, el volcarse al goce que permite la prosperidad, olvidándose de la permanente necesidad de ocuparse de las cosas públicas en todas las sociedades, ha permitido que en nombre de los relativamente perdedores, los aventureros de la política, tomen el liderazgo y encarnen los cambios que siempre se requieren.

Solo así puede explicarse el Brexit en Gran Bretaña y la elección de Trump en EEUU. Pero también que en Chile, Michelle Bachelet desarme décadas de avance social y, en nuestro país, que cuando estábamos en el mayor ritmo de crecimiento e inclusión de nuestra historia (2011), el nacionalismo de Ollanta Humala se hiciera del poder para generar un punto de inflexión que no nos dio ni crecimiento, ni inclusión.

En la vida de las sociedades, no hay un solo momento en que se pueda decir, lo logramos. Nos lo dice, por ejemplo, uno de los países más exitosos del planeta, Singapur. Las clases dirigentes están llamadas a un eterno compromiso con la acción, que en el mundo de hoy, solo puede basarse en la transparencia, comunicación abierta y con el propósito de traer a la prosperidad, a los más necesitados.       

Veamos el análisis de The Economist:

El futuro del liberalismo

Cómo darle sentido al 2016

Los liberales perdieron la mayoría de sus argumentos este año. No deberían sentirse derrotados, sino más bien revigorados

The Economist
24 de Diciembre de 2016 
Traducido y glosado por Lampadia​

Fuente: The Economist

Para una cierta clase de liberal, 2016 es un retroceso. Si crees, como lo hace The Economist, en las economías abiertas y las sociedades abiertas, donde se alienta el libre intercambio de bienes, capital, personas e ideas y donde las libertades universales están protegidas contra el abuso estatal por el estado de derecho este ha sido un año de retrocesos. No sólo sobre Brexit y la elección de Donald Trump, sino también por la tragedia de Siria, abandonada a su sufrimiento, y un amplio apoyo -en Hungría, Polonia y más allá- por “democracias iliberales”. A medida que la globalización se ha convertido en una tontería, el nacionalismo, e incluso el autoritarismo, han florecido. En Turquía, el alivio por el fracaso de un golpe fue superado por las represalias salvajes (y populares). En Filipinas, los votantes eligieron a un presidente que no sólo desplegó escuadrones de la muerte, sino que se jactó de presionar el gatillo. Mientras tanto, Rusia, que haqueó la democracia occidental, y China, que la semana pasada intentó burlarse de Estados Unidos capturando uno de sus drones marítimos, insisten en que el liberalismo es sólo una tapadera para la expansión occidental.

Frente a esta letanía, muchos liberales (del tipo del libre mercado) han perdido su nervio. Algunos han escrito epitafios para el orden liberal y han emitido advertencias sobre la amenaza a la democracia. Otros sostienen que, con un tímido ajuste a la ley de inmigración o una tarifa adicional, la vida simplemente volverá a la normalidad. Eso no es suficientemente bueno, ni cerca. La amarga cosecha de 2016 no ha destruido repentinamente la pretensión del liberalismo de ser la mejor manera de conferir dignidad y producir prosperidad y equidad. En lugar de esconderse del debate de ideas, los liberales deben deleitatse con él.

El molino nunca deja de girar

En el último cuarto de siglo, el liberalismo lo ha tenido demasiado fácil. Tras el colapso del comunismo soviético, su dominio se derivó en pereza y complacencia. En medio de la creciente desigualdad, los ganadores de la sociedad se dijeron a sí mismo que vivían en una meritocracia y que su éxito era por lo tanto, adecuado. Los expertos reclutados para ayudar a dirigir grandes partes de la economía se maravillaron de su propio resplandor. Pero la gente común a menudo veía la riqueza como una tapadera para el privilegio y la destreza como un egoísmo disimulado.

Después de tanto tiempo en el cargo, los liberales, entre todos, debieron haber visto venir la reacción. Como un conjunto de creencias que surgieron a principios del siglo XIX para oponerse tanto al despotismo de la monarquía absoluta como al terror de la revolución, el liberalismo advierte que el poder ininterrumpido corrompe. El privilegio se vuelve perpetua ad infinitum. El consenso ahoga la creatividad y la iniciativa. En un mundo siempre cambiante, la disputa y el argumento no son sólo inevitables; son bienvenidos porque conducen a la renovación.

Lo que, es más, los liberales tienen algo que ofrecer a las sociedades que luchan contra el cambio. En el siglo XIX, como en la actualidad, las maneras antiguas estaban siendo atacadas por incesantes fuerzas tecnológicas, económicas, sociales y políticas. La gente anhelaba el orden. La solución no liberal consistía en instalar a alguien con suficiente poder para dictar lo que era mejor, al frenar el cambio si eran conservadores o aplastar la autoridad si fueran revolucionarios. Se escuchan ecos de eso en llamadas a “retomar el control”, así como en las bocas de los autócratas que, convocando a un nacionalismo enojado, prometen contener la marea cosmopolita.

Los liberales tuvieron una idea diferente. Ellos pensaron que en lugar de concentrarse, el poder debe dispersarse, utilizando el imperio de la ley, los partidos políticos y los mercados competitivos. En vez de poner a los ciudadanos al servicio de un poderoso Estado protector, el liberalismo ve a los individuos como los únicos capaces de elegir lo que es mejor para ellos mismos. En lugar de dirigir el mundo a través de la guerra y las luchas, los países deben abrazar el comercio y los tratados.

Esas ideas se han impregnado en el Occidente -y, a pesar de la tendencia proteccionista de Trump, probablemente se mantendrán, solo si el liberalismo debe lidia con la pérdida de la fe en el progreso. Efectivamente, pueden señalar cómo la pobreza global, la esperanza de vida, la oportunidad y la paz están mejorando, incluso permitiendo la lucha en el Medio Oriente. De hecho, para la mayoría de la gente en la Tierra nunca ha habido un mejor momento para estar vivo.

Grandes partes de Occidente, sin embargo, no lo ven así. Para ellos, el progreso les sucede principalmente a otras personas. La riqueza no se propaga, las nuevas tecnologías destruyen empleos que nunca vuelven, una subclase está más allá de la ayuda o la redención, y otras culturas representan una amenaza, a veces violenta, los nuevos toman los empleos, imponen el idioma y te pueden hacer sentir extraño en tu propia tierra.

Si va a prosperar, el liberalismo debe también, tener respuestas para los pesimistas. Durante esas décadas en el poder, las soluciones de los liberales han sido abrumadoras. En el siglo XIX los reformadores liberales encontraron el cambio con la educación universal, un vasto programa de obras públicas y los primeros derechos laborales. Más tarde, los ciudadanos obtuvieron el voto, el cuidado de la salud y una red de seguridad. Después de la segunda guerra mundial, América construyó un orden liberal global, utilizando instituciones como la ONU y el FMI.

En el Occidente, hoy no se ve nada remotamente tan ambicioso. Eso debe cambiar. Los liberales deben explorar las oportunidades que vendrían con la tecnología y las necesidades sociales que se abrirían. El poder podría ser transferido del Estado a las ciudades, que actúan como laboratorios para nuevas políticas. La política puede escapar al partidismo estéril usando nuevas formas de democracia local. El laberinto de impuestos y regulación podría reconstruirse racionalmente. La sociedad podría transformar la educación y el trabajo de modo que la “universidad” sea un lugar donde se pueda regresar para explorar varias carreras en nuevas industrias. Las posibilidades son todavía inimaginables, pero es más probable que un sistema liberal, en el que la creatividad individual, las preferencias y la empresa tienen plena expresión, se aprovechen estas oportunidades más que en cualquier otro sistema.

El sueño de la razón

¿Después de 2016, es todavía posible ese sueño? Se debe tener alguna perspectiva. Este periódico cree que el Brexit y la presidencia de Trump probablemente resultarán costosas y dañinas. Nos preocupa la mezcla actual de nacionalismo, corporativismo y descontento popular. Sin embargo, 2016 también representó una demanda de cambio. Jamás se debe olvidar la capacidad de los liberales para reinventarse. No se debe subestimar el alcance de la gente, incluyendo incluso en una administración de Trump y post Brexit Gran Bretaña, para pensar e innovar una manera para salir del apuro. La tarea es promover ese impulso inagotable, mientras se defiende la tolerancia y la apertura de mente, que son las piedras angulares de un mundo decente y liberal.

Lampadia​

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso se ha confabulado contra la meritocracia. La semana pasada aprobó, casi por unanimidad, con la sola abstención –ni siquiera voto en contra- de la bancada de PPK, el proyecto de ley que faculta el traslado de los cerca de 12 mil empleados CAS de ESSALUD al régimen del Decreto Legislativo 728.

Fuente:  www.youtube.com

No es que defendamos la permanencia de los trabajadores en el precario régimen CAS. Por el contrario, de lo que se trata es que pasen a un régimen con más derechos pero también con más obligaciones, meritocrático, con evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas.

Y ese régimen existe. Fue creado en julio del 2013 mediante la ley N° 30057. Es la ley del Servicio Civil. Esa norma se aplica a ESSALUD, que debió haber iniciado ya su tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil de modo tal que  todos los servidores de ESSALUD, entre ellos los CAS, se incorporasen a él meritocráticamente, es decir, por concurso. Hubo charlas y avances, pero es probable que algunos sindicatos se opusiesen pese a que, cuando menos para los del CAS, las ventajas del nuevo régimen eran evidentes. 

La Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso sabían perfectamente que la ley de Servicio Civil está vigente y que ese es el régimen al que debía incorporarse el personal de ESSALUD. Pero puniblemente, y por razones políticas, atendiendo al pedido de sectores laborales interesados en liquidar la reforma del Servicio Civil, optó por regalar el nombramiento en la 728, perforando una ley fundamental para la modernización y profesionalización de nuestro Estado.

Una reforma tan importante como la del Servicio Civil no es fácil de ser ejecutada, no solo por su complejidad sino por las resistencias naturales que genera, pues establece un régimen promocional pero a la vez exigente. Por lo tanto, requiere del consenso y del apoyo de todas las fuerzas políticas y no el sabotaje deliberado de parte de ellas.

La ley de Servicio Civil establece varios pasos. El primero consiste en que la entidad defina bien sus objetivos y en función de eso establezca qué puestos requiere y qué perfiles laborales para cada puesto. Ese es un trabajo difícil de hacer pero indispensable si queremos entidades públicas que sirvan para algo   y no paquidermos inútiles. Acto seguido, convoca a un concurso público para llenar las plazas así definidas. Se presentan voluntariamente los trabajadores CAS y los de otros regímenes que deseen. El atractivo para los CAS es que pasan a un régimen con beneficios sociales: 15 sueldos (12 sueldos anuales, dos gratificaciones y CTS), vacaciones de 30 días pagadas, libertad para formación de sindicatos y negociación colectiva de condiciones de trabajo. Es decir, todo.

Pero, a cambio de eso, y como es lógico, se establecen obligaciones. Los servidores deberán pasar evaluaciones de desempeño anuales relacionadas a las funciones de su cargo, con metodologías previamente divulgadas. Los que aprueben, pueden ascender. Los que desaprueben se capacitan y vuelven a ser evaluados al año siguiente. Si desaprueban por segunda vez, incurren en causal de cese.

Esto es lo que necesitamos para construir un Estado eficiente que sirva realmente a la gente y no desperdicie ni se apropie sin utilidad alguna para la sociedad de los recursos que todos le damos vía nuestros impuestos.

Hay que decir que ni siquiera el gobierno dio la batalla. Entregó el bastión sin lucha alguna, como si no hubiera sido consciente de lo que se estaba jugando. Lamentablemente el gobierno no parece haber priorizado el avance de la reforma del Servicio Civil. Una de las razones sería su costo: alrededor de 500 millones de soles anuales precisamente para financiar los beneficios sociales de quienes se pasaran al nuevo régimen. Pero ahora los 12 mil empleados de ESSALUD van a pasar a la 728 con un costo también alto para el presupuesto de esa entidad, y sin nada a cambio.

No es posible que el país no pueda mantener un esfuerzo de cambio estructural por más de dos años. Es imperdonable, por añadidura, que esta ley del Congreso se haya hecho con los CAS, que son los más proclives a postular al régimen del Servicio Civil. Debemos exigirle a nuestros partidos políticos un poco más de templanza frente a las tentaciones populistas. Esta ley debe ser observada por el Ejecutivo y el Congreso no debería insistir en ella. Por el bien del país.

Lampadia

Al igual que en el caso de la educación, uno de los graves efectos secundarios del gran apagón nacional con el que perdimos 30 años (60s, 70s y 80s), fue la destrucción de los ingresos de los servidores públicos de salud (médicos enfermeros y técnicos) por la erosión creada por la hiperinflación. Estos servidores sociales tenían ingresos fijos que fueron licuados por la inflación. Ante ello, se fueron produciendo una serie de comportamientos disfuncionales como, la disminución de las horas de servicio para que los trabajadores puedan tener ingresos adicionales fuera del Estado y; entre otros, las agremiaciones de corte sindical que tenían que asumir actitudes de fuerza para conseguir mejoras a costas de otros, pues vivíamos en un sistema de ‘suma cero’. Así fue que el Estado fue convalidando estas instituciones y en muchos casos dotándolas de privilegios inconvenientes, como franquicias para asociaciones monopólicas y obligatorias.

Pues hasta nuestros días, el enfoque de las dirigencias gremiales y sindicales sigue siendo reivindicativo y la acción del Estado concesiva. Hoy vivimos en un país diferente, lleno de oportunidades, en un sistema de ‘suma positiva’, pero lamentablemente, ante la falta de visión y liderazgo de nuestros gobernantes, no se puede avanzar con presteza ni claridad en las indispensables reformas. Veamos las resistencias en el sector salud: 

La resistencia a las reformas en Salud

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debería aprovechar su ascendiente con los médicos para sumarlos a la causa de la reforma. Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido una resistencia de los gremios médicos a los avances de la modernización en el sector, mezclada con entendibles demandas de incrementos de sueldos. No cabe duda que la remuneración de los médicos tiene que subir, pero eso tiene que darse el marco de un nuevo sistema que asegure mucho más productividad en los establecimientos y en el sistema. Porque lo que interesa es la salud de la gente.

No olvidemos que Cesar Palomino Colina, quien anteriormente fue el Presidente de la Federación Médica, desde la cual promovió y dirigió huelgas médicas inhumanas que deberían haber supuesto su expulsión del gremio médico, pasó luego a ser el Decano Nacional del Colegio Médico, para luego postular al Congreso en la lista de Alianza para el Progreso de Cesar Acuña. Con esos dirigentes en la profesión médica, solo queda emprender una reforma completa del sistema en la que se privilegie el compromiso humanitario de la profesión.

La modernización del sector supone varios cambios. En todos o casi todos ellos ha habido resistencia u oposición. Veamos.

Resistencia a la separación de roles

La reforma madre en el sector Salud se expresa en el concepto de separación de roles o funciones. En Essalud esto supone la separación entre el financiamiento y las prestaciones, es decir, entre el fondo (IAFAS) y los establecimientos (IPRESS). El Fondo contrata a los establecimientos o a redes de establecimientos con arreglo a determinadas metas. En el Sector, el Ministerio y las direcciones regionales de Salud desempeñan un rol rector, y los establecimientos ejecutan, brindan el servicio. Esta relación puede regularse mediante presupuestos por resultados, o, en el caso del Seguro Integral de Salud (SIS), mediante contratos de gestión con los establecimientos en los que se entrega el dinero por tramos según el cumplimiento de metas trimestrales. La idea sería que todo el presupuesto del sector salud sea gestionado por el SIS.

Pues bien, hay una resistencia ideológica este cambio. La explicación podría estar en el mayor nivel de exigencia que supone, pues en este marco los establecimientos tienen que cumplir metas de atención y resultados. Y, en la medida en que también se puede contratar establecimientos privados (aunque solo de manera complementaria, lo que sigue siendo una forma de proteccionismo), aparece el fantasma de una posible competencia.

Veamos el caso del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) de Lima. Este se creó para gestionar los hospitales de Lima, que dependen del Ministerio. Siempre dentro del concepto de separación de funciones, si el Ministerio asume el rol rector ya no puede gestionar directamente los hospitales. Entonces creó el IGSS para que maneje los establecimientos de salud de Lima. Hasta antes del IGSS los hospitales de Lima dependían directamente del MINSA, pero en la práctica se gobernaban solos. El MINSA designaba Directores y después cada hospital se manejaba por sí mismo porque no existía un área, oficina o Dirección en el MINSA que se encargara, por ejemplo, de organizar la oferta de servicios con una lógica de niveles de atención ni de complementariedad especializada ni de ahorro de recursos. Lo que se tenía eran feudos de gestión independiente en los que no se aprovechaba economías de escala para las compras, los servicios, etc. Y en los que era más fácil sucumbir a presiones de grupos internos de interés, como los de la Federación Médica y otros sindicatos, que eventualmente condicionaban al director del Hospital para mantener el statu quo: desvío de pacientes a la práctica privada, no cumplimiento de horarios, manejo patrimonialista de los servicios (hay médicos que tienen la llave de “sus” consultorios, por ejemplo).

La idea, entonces, era que el IGSS tomara el control de las compras de todos los hospitales y centros de salud, de la gestión de los servicios, dentro de una lógica de red y de sistema (como lo hacen los holding privados: San Pablo, por ejemplo, tiene cinco clínicas, pero una sola gerencia administrativa y médica). Pues bien, el IGSS se creó, pero no ha podido asumir sus funciones sencillamente porque la Federación Médica se ha resistido. No quiere depender de una gerencia de operaciones que tenga la capacidad de corregir el desorden, en el que medran intereses de todo tipo. Lo que hay allí, en el fondo, es la defensa de un statu quo patrimonialista e ineficiente al servicio, en última instancia, de la práctica privada de los médicos.

Resistencia a las Asociaciones Público Privadas

En teoría, la separación entre el fondo financiero y la prestación de los servicios implica que, en teoría, el fondo (sea el de Essalud, del SIS o del MINSA) pueda comprar servicios a quien mejor los provea, sean establecimientos públicos o privados. Precisamente la idea es establecer una competencia a favor de los usuarios, que son la razón de ser del servicio. Pero en nuestro país se concibe contratar redes o establecimientos privados solo de manera complementaria, en la medida en que el Estado no tenga la capacidad de brindar el servicio. Es decir, la subsidiariedad al revés. La Constitución al revés. Así, al limitarse la competencia, se limita la calidad del servicio.

Un consecuencia lógica del sistema sería convertir los hospitales públicos en APPs. De esa manera serían más eficientes. Pero todo lo que sean APPs es tildado por la Federación Médica como “privatización”. Cuando en realidad solo se trata de contratar la operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas fiscalizables. Es la manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente. De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada (que significa que la privatización ya existe; pero es la privatización de los pacientes).

Un avance muy importante han sido los Hospitales Kaelin y Barton, construidos y administrados por consorcios privados incluso en la llamada ‘bata blanca’ (gestión médica). Funcionan muy bien y tienen el incentivo correcto: reciben un pago capitado (por cada persona del área asignada al hospital), de modo que les conviene hacer prevención a fin de que la gente no se enferme y de esa manera incrementar las utilidades. Utilidades y salud se complementan, se refuerzan mutuamente. Pero los hospitales son del Estado y de lo que se trata es sólo de una concesión temporal. Sin embargo, la Federación Médica se opuso desde el principio a estos proyectos acusándolos de ser “privatizaciones”, y movilizaron a pacientes contra su operación.

El mayor aporte de los hospitales basados en APPs de ‘bata blanca’ para la calidad de la salud, es que al mismo costo por asegurado de la operación directa de Essalud, se logran estándares inmensamente mejores. Por ejemplo: solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria. No mencionamos los equivalentes de la operación directa de Essalud, para no deprimir a nuestros lectores y porque todos saben como es. 

Incluso la propia Essalud habría caído en esas presiones, pues Lampadia reveló que había empezado a cambiar la relación de las poblaciones asignadas a cada hospital debilitando así la labor de prevención ver: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. La presidente Ejecutiva de Essalud, Virginia Baffigo, asegura que no hay intencionalidad alguna en esos cambios de poblaciones sino que ello obedece a la volatilidad de la población asegurada. Según ella, “La adscripción de los asegurados se realiza de manera estricta mediante el Sistema de Acreditación de Derecho de los Asegurados. Este sistema registra Altas y Bajas y se alimenta de información que nos envía la SUNAT. Las personas que están afiliadas en los entes llamados conos de la ciudad son trabajadores con alta volatilidad, por ejemplo trabajadores de construcción civil u otras ramas muy sensibles a los vaivenes de la economía. Hemos asistido a fluctuaciones de hasta casi el 20 por ciento de altas y bajas. De los 250 mil afiliados, al inicio cada mes cambiaban 20 mil, personas que entraban  y salian del sistema. Al parecer en este momento existe más estabilidad. Esto es habitual en el régimen contributivo. Digamos que “así es el negocio”. Nadie les mueve la población de manera intencional”.

El hecho es que para las tres nuevas APP en proyecto (en Piura, Chimbote y el Instituto de Niños y Adolescentes en Lima), sólo se ha solicitado “bata gris”, no bata blanca. Esto significa que la APP brinda sólo equipamiento y servicios administrativos de soporte, pero no la gestión de los servicios médicos propiamente dichos. Según la presidenta Ejecutiva de Essalud, Virginia Baffigo, se pide bata gris y no bata blanca porque estos hospitales van a reemplazar a otros que ya existen (el hospital Cayetano Heredia de Piura y el Hospital de Nuevo Chimbote) y “por eso no podría ser bata blanca porque ya disponemos de personal que tiene estabilidad laboral”. Pero la verdadera razón es evitar el conflicto con los sindicatos, que se oponen a cualquier régimen que pudiera representar un cambio del statu quo que lleve a mayor eficiencia.  

Como hemos relatado en informe pasado, el caso más dramático e indignante fue el del convenio de Essalud con los hospitales de Solidaridad (SISOL), que fuera denunciado ante la Contraloría con acusaciones infundadas que hicieron que el Sindicato de Médicos del Seguro Social lo denunciara a la Comisión de Salud del Congreso, donde el congresista Tapia, vinculado a los médicos de Essalud, denunció a su vez fiscalmente a Midori De Habich, Susana Villarán y a Virginia Baffigo. Mientras tanto el convenio fue boicoteado por los médicos, que no enviaban pacientes a los hospitales de Solidaridad. Finalmente fue resuelto y la experiencia abortó. La Federación ganó la batalla, pero los pacientes perdieron.

Resistencia a SUSALUD

También hay resistencia a las supervisiones de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), institución creada en la reciente reforma para supervisar la calidad de la atención de los servicios públicos y privados, con capacidad sancionadora. También supervisa que las acreditaciones se hagan bien.

SUSALUD es la bestia negra para algunos médicos. Lo que argumentan es que no se puede supervisar y sancionar si primero no se cierran las brechas de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, la mayor parte de las quejas no tienen que ver con esas eventuales carencias, sino con deficiencias en la atención, demoras, poca información, cobros indebidos, desvío de pacientes a la práctica privada etc. Se entenderá la razón de la oposición del Colegio Médico y a la Federación Médica.

Pago por desempeño

Una de las reformas que introdujo la ministra Midori de Habich, fue el pago por desempeño. Dicho pago es anual y equivale a un sueldo. Lo reciben todos los trabajadores de una Unidad Productora de Servicios (puede ser un servicio dentro de un hospital o una red de primer nivel) si dicha Unidad alcanza el cumplimiento de un conjunto de indicadores (tiempo de espera, satisfacción, cobertura de controles, etc.). 

Es problema es que el pago por desempeño desató una presión para que todos reciban el bono, para lo cual el sindicato demandó que se bajen las metas o se retiren algunos indicadores a fin de que todos puedan “cumplir”. Pero si todos reciben el bono, este pierde su capacidad estimulante del rendimiento. El Ministerio tuvo que ceder en algo para evitar una huelga, pero felizmente no en todo, aun.

Redes e intercambio prestacional

Un elemento fundamental de la reforma es la organización de los establecimientos y servicios en redes, de modo que los médicos especializados, por ejemplo, puedan salir del hospital y atender temporalmente en zonas o establecimientos periféricos que carecen de esos médicos. Supone la posibilidad de programar la demanda y que funcione bien el sistema de niveles de atención.

Aquí el problema es con los médicos nombrados, que argumentan que fueron nombrados en el establecimiento tal o cual y no tienen por qué visitar otros sitios. Hay, sin duda, un problema con las normas, que deben ser modificadas para que permitan la gestión de todos los recursos en Red. Hoy son de cada “establecimiento”.

Esto también se aplica al mejor uso de  la misma capacidad instalada. Hay, por ejemplo, hospitales cerrados en la tarde. Pese a que una norma ahora lo establece, en la práctica casi no hay intercambio prestacional. Un asegurado del SIS debería poder atenderse en un hospital de Essalud, por ejemplo, si es de más fácil acceso. De la misma manera, un cirujano de Essalud debería poder operar en un hospital del MINSA. En la práctica tales intercambios son muy engorrosos. La Contraloría obliga a procedimientos cada vez más complicados y los médicos terminan con procesos abiertos.  

Meritocracia en las Regiones

Otro problema es el nombramiento de los directores regionales y otros cargos regionales. Hay resistencia de los gobernadores regionales a contratarlos  por concurso. El Ministerio trabaja con SERVIR trabajamos en el desarrollo de Gerentes Públicos en Salud con la esperanza de que las regiones los pidan, pero prefieren trabajar con gente de confianza.

En suma, la nueva administración debe tener un panorama claro de los intereses creados que se oponen a las reformas, y de las razones por las cuales lo hacen, a fin de diseñar estrategias que permitan incorporar esos intereses de manera funcional a los cambios indispensables para dar un salto en los servicios de salud, en beneficio de todos los ciudadanos. 

Lampadia

¿Alcanzarán las reformas propuestas en los planes para superar las metas señaladas en el MMM?

Jaime de Althaus

Lampadia

Hay un cierto contraste entre el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) recientemente publicado por el MEF, y los planes de gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En términos generales, el MMM advierte más riesgos en la economía global que dichos planes y es más conservador. Considera una tasa de crecimiento de mediano plazo de 4% a partir del 2018, mientras que PPK la pone en 5%. Postula un déficit fiscal de 1.8% del PBI el 2017 y 1.3% el 2018, mientras que el plan de PPK proyecta una déficit fiscal de 3% del PBI hasta el 2019.

El MMM plantea reducir el déficit fiscal sin afectar la inversión pública, lo que supondría aumentar la recaudación y reducir gasto no prioritario a fin de no reducir el gasto corriente necesario, que más bien tendría la presión de aumento que vendrá del avance de la reforma magisterial y de la del Servicio Civil. De otro lado, el MMM no incluye un incremento del endeudamiento externo ni tampoco una mayor utilización del Fondo de Estabilización Fiscal, como sí lo plantea el Plan de Fuerza Popular. Menos aún aconseja reducir tasas impositivas (PPK) sino más bien incrementar la eficiencia de la fiscalización tributaria a fin de reducir los niveles de evasión que aún son altos “y combatir la evasión de corporaciones internacionales que transfieren recursos hacia países de baja fiscalización”.

La pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto ambos planes de gobierno están incluyendo las reformas y políticas necesarias para conseguir un crecimiento de mediano plazo superior al 4% así como una recaudación fiscal y una reducción de gasto no prioritario que permita financiar a la vez el desarrollo de la infraestructura y la consolidación de reformas que requieren aumento del gasto corriente (servicio civil, magisterial, Policía, Judicial). La necesidad de reformas profundas es tanto más necesaria cuanto existe el riesgo de que el entorno económico mundial se agrave si se desatan problemas financieros contenidos y la China crece menos aún de lo esperado, que ya es menor al 6%.

El examen de ambos planes permite encontrar coincidencias en torno a las siguientes reformas y políticas:

1. Eliminación drástica de trámites, requisitos y exigencias en todos los sectores, para impulsar inversión privada y destrabar proyectos de infraestructura.

2. Gobierno electrónico, digitalización del Estado, plataforma de interoperabilidad, integración de las bases de datos.

3. Profundizar la reforma del Servicio Civil y gestión por resultados en todos los niveles.

4. Afianzar la carrera magisterial meritocrática y mejorar los aprendizajes usando tecnologías de la información y pedagogía constructiva.

5. Reforma de la inversión pública:

• PPK: Nueva Proinversión que verá toda la obra pública y público-privada. Tendrá el banco de preproyectos de inversión y realizará los estudios de cada preproyecto. Tendrá un presupuesto quinquenal de preproyectos y priorizará los proyectos de inversión en base a una evaluación económica y social de los beneficios y contará con un sistema de monitoreo. Tendrá oficinas en todos los Gobiernos Regionales y locales.
• Fuerza Popular: Creación de un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas, que comprenderá funciones de planeación de la implementación de políticas y de inversión, así como de coordinación de dicha implementación entre niveles de gobierno. Tendrá Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que tendrán a su cargo la identificación de las prioridades del Estado relacionadas con los servicios así como con la adecuada operación de los procesos de inversión pública.
• Ambos plantean impulsar y simplificar las APPs.

6. Descentralización: Fortalecimiento del control y de la capacidad del gobierno central para reformar y monitorear  los servicios y entregar recursos a cambio de resultados.

• Ambos plantean la reforma de la Contraloría (todos los auditores pasan a la Contraloría; fiscalizar resultados y dolo antes que cumplimiento de normas).
• PPK: la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la  descentralización de Proinversión.
• FP:  Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) para acordar metas, reformar y garantizar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento y la inversión pública.
  • Transferencias a gobiernos sub nacionales condicionadas a la reducción de brechas.

Pero ninguno de los dos planes plantea que el gobierno central pueda intervenir o sustituirse temporalmente en casos de falencia de algún servicio, ni tampoco una redistribución de funciones y competencias ni un proceso de recertificación de capacidades.

7. Formalización:

• Régimen especial temporal con tasas menores para mypes:
  • PPK: 10% del Impuesto a la Renta por 10 años, o Impuesto 2,5% de las ventas, a empresas que facturen hasta 2,300 UIT.
  • FP: Tributación cero durante los dos primeros años para las nuevas MYPES, y luego tarifa  progresiva.
• IGV:
  • PPK: Reducción del IGV hasta el 15%.
  • FP: Pagar IGV cuando se reciban los ingresos, etc.
• Incentivos a empresas que contraten jóvenes.
• PPK: ¿Seguro  de desempleo en lugar de CTS (2.5% del sueldo) y reducir el sobrecosto de los beneficios laborales en 10 puntos (PPK)?
• Reforma de la SUNAT (reorganizar, facilitar)
• Titular comunidades campesinas y nativas
• Formalización de la minería informal:
  • PPK: Nuevo Banco de Fomento Minero que adquirirá producto de los mineros
  • FP: Legislación diferenciada por  costa, sierra y selva, valla más baja. Pero se acaba de anunciar un acuerdo que despenaliza la minería ilegal.

No obstante, ninguno de los dos planes plantea flexibilizar la legislación laboral, sino fortalecer Consejo Nacional de Trabajo para lograr consensos que permitan quizá flexibilizar. Tampoco queda claro cómo sería una reforma integral de sistema de pensiones luego de la aprobación de las ley que permite retirar el 95.5% del fondo acumulado en la AFP al momento de jubilarse. 

8. Coincidencias en políticas productivas:

• “Adelanto social” en minería.
• Masificación del gas, petroquímica y modernización de PetroPerú.
• Extender Sierra Productiva (FP) o Haku Wiñay (PPK) a toda la sierra rural.
• Profundizar la diversificación productiva.
• Impulsar la investigación, ciencia y tecnología.
• Multiplicar el turismo.
• Plantaciones forestales en sierra y selva: 1 millón de has.
• Ley fomento de acuicultura (solo FP).

9. Políticas de reactivación:

• Impulso fiscal: (déficit 3%, utilización del FEF). Estas propuestas no están contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual.
• Impulso tributario: (solo PPK). Propone reducir el IGV 3 puntos, incluir toda la inversión como gasto a fin de reducir el impuesto a la renta y mantener la reducción al impuesto a  la renta dictada por este gobierno. Fuerza Popular plantea derogar esa reducción.  

En conclusión, sea quien fuera que llegue a la presidencia, aplicará –si cumple su plan de gobierno- un conjunto de reformas que ayudarán a reanimar la inversión, mejorar la productividad de la economía y subir la tasa de crecimiento potencial. Sin embargo, hay dos temas clave en los que las propuestas son deficitarias: la reforma de la descentralización y la reforma laboral. Sin eso, será difícil mejorar apreciablemente la capacidad de gestión y calidad del gasto público y formalizar la economía y el trabajo a fin de multiplicar la inversión y aumentar la recaudación. Además, los planes entrañan un incremento significativo del gasto en nuevos programas propuestos, pero no se indica qué gastos o programas se reducirían para hacer eso posible, aunque sí se propone una nueva institucionalidad planificadora y priorizadora.

Lampadia

La iniciativa del Ejecutivo, refrendada por el Tribunal Constitucional, de instaurar un régimen general para todos los servidores del Estado, incluyendo a los trabajadores del Banco Central de Reserva (BCRP),  para que formen parte de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir) es (en palabras de Julio Velarde, Presidente del BCRP) “una barbaridad”.

La ley, dirigida supuestamente a promover la meritocracia en el Estado, pretende homogenizar los tres regímenes laborales generales: la Carrera Administrativa (D.L. 276), de la actividad privada (D.L. 728) y la Contratación Administrativa de Servicios (CAS, del D.L. 1057). Y también los otros 12 regímenes especiales (profesores, profesionales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares, policías, entre otros). Esta norma también incluiría a los congresistas, personal de la Sunat y la SBS. 

Una de las mayores críticas es que se generaría espacio para mayor intervención política de los gobiernos en el régimen laboral del Estado, contrariando el objetivo de meritocracia. El abogado laboralista, Alberto Hurtado Chancafe, explica esto diciendo que “la situación será inestable porque cualquier gobierno podrá imponer su propia evaluación a los trabajadores y así despedir a muchos de ellos”. Además, estos empleados perderían sus derechos adquiridos y otros beneficios importantes.

Sin embargo, la crítica más importante es que si el Ejecutivo pudiera entrar a evaluar al personal por mandato de esta ley (la cual pretende promover la meritocracia en ámbito laboral), destruiría la autonomía del BCRP, tema que ha sido crucial para la solidez macroeconómica del país. El BCRP es una de las pocas entidades verdaderamente meritocráticas. En realidad, es la base de su proceso de selección. Pablo Secada explica esto diciendo que “A los jóvenes se les contrata cuando salen de la universidad, se les brinda un curso y permanentemente hay evaluaciones promoviendo a los mejores. Toda la carrera en el (Banco) Central es en base a la meritocracia que [en teoría] promueve la ley Servir”.

Velarde agregó que un fallo de ese tipo “afecta la autonomía del Banco Central y desestabiliza el país”, pues entonces su presupuesto dependería completamente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, afirmó que “el BCR es una institución que se ha caracterizado por eso [la meritocracia], no ha habido una sola persona que ha estado entrando por una recomendación o alguno de estos factores. Quisiera ver cuántas instituciones públicas podrían decir lo mismo. Quisiera ver si Servir tiene éxito en 20 o 25 años, tendría una suerte si logra ser lo que es el Banco Central ahora.”

 En Lampadia estamos completamente en contra de este  fallo del Tribunal Constitucional y de cualquier intromisión política en el BCRP y las otras pocas instituciones que han logrado estar a salvo de la proverbial mediocridad de los servidores del Estado. Líneas abajo compartimos un artículo de opinión del IPE que sustenta los daños que produciría esta Ley.

SI NO ESTÁ ROTO, NO LO ARREGLES

Publicado en IPEOpinión

03 de mayo de 2016

La independencia constitucional de la que goza hoy el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no es un simple capricho de los legisladores. La función del ente emisor es tan importante que debe ser blindada de las voluntades políticas de turno tanto como sea posible. Las consecuencias de menoscabar la independencia del banco las vivió ya el país en la década de los ochenta.

En este sentido, el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que incorpora al BCRP y a otras instituciones en el régimen laboral del Servicio Civil (Servir) resulta cuestionable a diferentes niveles. En el caso del banco, desde el punto de vista legal, no queda claro en qué medida la sentencia del TC es compatible con su autonomía, garantizada por su Ley Orgánica y por el artículo 84° de la Constitución Política del Perú. Las autoridades del BCRP han pedido ya una aclaración al respecto.

Desde el punto de vista práctico, resulta un sinsentido forzar a la institución pública que mejores estándares de meritocracia ha exhibido en las últimas décadas a sustituirlos por otros con resultados más inciertos. Las políticas de atracción y retención del mejor talento han sido tan efectivas en el BCRP que no sería descabellado pensar más bien en la fórmula inversa: que Servir busque adoptar algunas de las prácticas del banco.

La construcción de instituciones meritocráticas dentro del aparato estatal, qué duda cabe, es una necesidad urgente. En ese sentido, las políticas de Servir pueden ser un avance para fortalecer a las entidades públicas, sobre todo fuera de la ciudad capital. Ello no impide, sin embargo, reconocer que existen instituciones cuyo mandato constitucional les permite aplicar regímenes laborales ad hoc y que han venido operando con suma eficiencia gracias a ellos. Como dice la vieja frase, no arreglemos lo que no está roto. Lampadia

Construir una meritocracia

Con el siguiente ensayo terminamos el quinto componente de nuestro análisis de la Reforma Policial que incluyen nuestras propuestas de ajustes y mejoras a los avances actuales. Ver los despachos anteriores en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

Algo fundamental para la construcción de un Estado moderno y efectivo es instalar la meritocracia en el ADN de los procesos estatales. Como hemos informado en Lampadia, el país que incorporó la meritocracia con gran éxito fue Singapur, uno de los países más exitosos de la tierra. Esta fue implantada por su fundador, Lee Kuan Yew, que además fue una suerte de maestro de Deng Xiaoping, el gran reformador que sacó a la China del comunismo.

Curiosamente, el ex Presidente García, que en sus presentaciones internacionales alaba a ambos líderes, en su propio segundo gobierno,  cometió el error de ir contra la meritocracia bajando el sueldo a los funcionarios públicos. Peor aun, ahora, en medio de la campaña electoral, ha vuelvo a girar la tuerca en el sentido contrario de la historia proponiendo adherir nuevamente las recetas del populismo, absolutamente contrarias a la prédica y praxis de los líderes que no deja de exaltar.  

Resumen ejecutivo

Si bien la ley de Carrera Policial establece la evaluación de desempeño, esta no ha sido reglamentada aun y apenas tiene un coeficiente de 2 en un total de 10 puntos, para el ascenso. Los exámenes de rendimiento físico se acaban de instaurar pero no los hay de tiro al blanco porque no había balas ni pistolas. Y para el ascenso a general el peso de la amistad o el compadrazgo, cuando no la complicidad, sigue siendo muy elevado.

Introducción

Hemos visto, en el informe anterior, que la adopción del presupuesto por resultados en el sector Interior está permitiendo empezar a introducir racionalidad, planificación y metas en el gasto y la labor policial, particularmente en lo que se refiere a seguridad ciudadana. Pero, como es obvio,  quien aplica las políticas de seguridad contenidas en los presupuestos por resultados y en la matriz de compromisos, son los oficiales y subalternos de la policía. Se necesita, por lo tanto, que ese personal sea idóneo profesional y éticamente. En “La Reforma Policial (II)” hemos dado cuenta del proyecto de ley de depuración de la policía que tendría que ser aprobado por el próximo Congreso y ejecutado por el siguiente gobierno. Pero, mientras tanto, es indispensable avanzar en la organización de una carrera policial meritocrática, que aún no existe plenamente pese a la promulgación, en diciembre del 2012, del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la carrera y situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

No hay evaluación de desempeño

La mencionada ley de la carrera policial afirma el “principio de meritocracia”, en el sentido de que “el ingreso, la permanencia y los ascensos en la carrera, se fundamentan en los méritos y en las capacidades personales, profesionales y técnicas”. El artículo 36° de la ley establece  la “evaluación de desempeño” con la finalidad de “ubicar al personal en el nivel que le corresponda en las Listas de Rendimiento Profesional y Técnico”, “aportar indicadores objetivos para los procesos de ascensos, asignación de cargo, otorgamiento de incentivos y evaluación para la permanencia en la institución; y garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas, mediante indicadores de desempeño”.

Concluye el artículo 36° diciendo: “Las fases, juntas de evaluación y procedimientos para la evaluación del desempeño, se regulan en el reglamento respectivo”. Pues bien, ocurre que el reglamento todavía no había sido publicado en febrero del 2015, pese a que la ley se dio a finales del 2012. En suma, no hay evaluación de desempeño.  

Por lo demás, la propia ley le asigna a la evaluación de desempeño sólo un coeficiente de 2 de un total de 10, para los ascensos. Los otros criterios son “formación académica” (2 puntos), “experiencia para el servicio policial” (¿?) (2 puntos), “moral y disciplina” (3 puntos) y “antigüedad” (1 punto).

No hay exámenes de rendimiento físico ni de tiro al blanco

Los únicos exámenes que se ha venido tomando en la PNP para los ascensos son los médicos y de conocimientos (en este último caso, por lo general sobre temas que muchas veces no son útiles para la labor policial), aunque efectivos u oficiales que están en zonas alejadas o de emergencia son exonerados de dichos exámenes dándoles el puntaje máximo. Como nos explicó el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, en los últimos 30 años ni siquiera se ha tomado exámenes de rendimiento físico o de tiro al blanco a los suboficiales porque no había recursos, ni pistolas, ni balas. Recién, hace pocos meses, se reinstauró el examen físico y, en cuanto a las prácticas y exámenes de tiro, se ha comprado alrededor de 3 millones de balas, que ya están en la Policía Nacional, pero todavía falta adquirir las pistolas, un proceso que se dejaría encaminado para que el próximo gobierno compre 90 mil de ellas.

La distribución del personal no es una pirámide

El resultado es que los ascensos en la policía no obedecen a razones de rendimiento, desempeño o capacidad, sino a otros motivos. Y esa es la explicación de los siguientes gráficos de distribución del personal policial. El primero se refiere a los subalternos, a los suboficiales. Allí donde debería haber una pirámide, lo que tenemos es una figura cóncava, una suerte de reloj de arena, donde vemos en los grados superiores más suboficiales que en los niveles intermedios. Es decir, más jefes que subordinados. Esto obedece sencillamente a que el ascenso a los niveles superiores es un medio para subir la remuneración y nada más. No refleja ni las necesidades de la operación policial ni evaluación meritocrática alguna.

El cuadro de los oficiales es distinto, un rombo, pero refleja lo mismo: la necesidad de engrosar las categorías de mayor y comandante como un medio para subir los sueldos, con el resultado, también, de que tenemos, desde allí para abajo, muchos más jefes que subordinados.

Se supone que en el caso de los oficiales hay un grado algo mayor de meritocracia, pues, para ascender, los oficiales –salvo los exonerados, que no son pocos- sí pasan examen físico, examen médico y examen de conocimientos (incluyendo formación académica), aunque no hay una verdadera evaluación de desempeño. Pero en cuanto a la evaluación de la formación académica, por ejemplo, resulta que los criterios para su valoración  son cuestionables. Pérez Guadalupe observa lo siguiente: “…. no termino de ver claramente si esos criterios son objetivos. Un grado académico, por ejemplo, tiene un puntaje, está bien, pero debería tenerlo sólo si es sobre algo que tiene que ver con tu carrera policial. En segundo lugar, cómo llegaste a ese grado académico, de qué universidad es, si fue a distancia…”, porque las tesis, por ejemplo, se pueden eventualmente comprar en algunas universidades.

Por lo demás, como dijimos, no hay una evaluación de desempeño en regla, pues aun no ha salido el reglamento. En la actualidad, en “evaluación de desempeño” todos reciben la calificación de 100. Es algo insólito pero así es. Esa evaluación mide en teoría el rendimiento profesional, la disciplina y la aptitud para el trabajo, pero en la práctica, repetimos, todos reciben la  máxima nota. El incentivo es muy malo porque para qué se va a esforzar un oficial o un subalterno si va a recibir la misma calificación que el que no hizo nada. No hay, en suma, meritocracia. Esta evaluación, por lo demás, debería tener un coeficiente mayor que el de formación académica. En el caso de los comisarios, por ejemplo, el ministro Pérez Guadalupe, nos decía “¿cuál es la diferencia entre una comisaría y otra? No es el número de patrulleros, no es el número de efectivos, no. Es gestión y liderazgo del comisario. Debe evaluarse cuántas armas ha recuperado, cuántos delincuentes capturados, cuántos autos robados, etc.”. Y esto no existe.

Amistad y compadrazgo para el ascenso a general

Pero donde se advierte claramente la ausencia flagrante de meritocracia es en el ascenso de coronel a general. Apunta Pérez Guadalupe: “en el Ejército, por ejemplo, tu meritocracia, tu puntaje te vale el 97% de tu nota final y la entrevista es un 3% nada más. En cambio en la policía puede llegar a 50-60%. Y no la entrevista, porque no hay entrevista, sino la calificación subjetiva que te pone la reunión de generales que elabora el orden de méritos de los coroneles postulantes. Puede ocurrir, entonces, que el coronel más conocido, el más amiguero, sea el que obtenga más votos”.

La propia ley de carrera policial promulgada a fines del 2012 establece como requisito para ascender hasta el grado de coronel “tener un promedio no menor de sesenta y cinco (65) puntos en el factor rendimiento profesional o técnico, correspondiente al grado que ostenta” (el único problema, como hemos señalado, es que la evaluación de desempeño que sirve para determinar tal factor de rendimiento, no ha sido reglamentada y no se aplica), pero no establece tal requisito para el ascenso a general. Los generales gozan entonces del privilegio de escoger a sus segundos o sucesores con criterios no meritocráticos que eventualmente pueden ser de amistad o compadrazgo o incluso complicidad en actos indebidos o en formas de enriquecimiento ilícito. Esto, evidentemente, favorece la conformación de redes de corrupción. Habría que comenzar por modificar la ley en ese punto.

En resumen, aún falta mucho para implantar una verdadera meritocracia en los ascensos, pues la ley de carrera policial no ha sido reglamentada.  

Recomendaciones

1. Elaborar y publicar el reglamento de evaluación de desempeño y pasar a un sistema de ascensos claramente basado en los méritos y no en la amistad o la compadrería
2. Aumentar el coeficiente destinado a la evaluación de desempeño
3. Reducir sustancialmente el peso de la opinión del consejo de generales en los ascensos de coronel a general

Entrevistas

Perez Guadalupe, Jose Luis, Ministro del Interior, entrevista en la Hora N, 3 de diciembre 2015

Reyes, Jaime, Jefe de gabinete de asesores del Ministro del Interior, y Javier Llaque, asesor, 16 de octubre de 2015

Bibliografía

Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Supremo N°016-2013-IN, Reglamento de la Ley de Carrera y Situación del personal de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.

Lampadia, “La Reforma Policial (I)”, 14 de enero de 2018

Lampadia, “La Reforma Policial (II)”, 8 de febrero de 2016

Pérez Guadalupe, José Luis, Ministro del Interior: “Meritocracia en la Gestión Policial: al servicio del ciudadano”, Presentación en CADE 2015, Lima, 3 de diciembre 2015

Lampadia