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La corrupción diplomada

La corrupción diplomada

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 25 de febrero de 2022
Para Lampadia

El Estado peruano está atiborrado de funcionarios cuyos Currículums Vitae (CV) están embarrados con diplomas falsos. Para muestra, un botón. Los certificados académicos otorgados por el Instituto Librejur a favor de la Fiscal de la Nación, es tan sólo un ejemplo de ello. Aunque parezca mentira, la Doctora Zoraida Ávalos, la mismísima Fiscal de la Nación, es una de tantos usufructuarios de la corrupción diplomada de nuestro país. Imaginémonos, si la Número Uno del Ministerio Público es como es ¿cómo será todo el resto del escalafón burocrático del Estado?

Bueno pues, Librejur es también, tan sólo uno de miles de “institutos educativos” que hay en el país, para acreditar “conocimientos” en todas las competencias y especialidades habidas y por haber. (El entrecomillado es adrede.) Por ejemplo, hace poco se propalaron unos audios que revelaban la clásica venta de puestos de trabajo en el Hospital Regional de Ica, para lo cual se mencionó el nombre de un instituto que otorgaba certificados de “especialización” en el manejo del COVID… sin tener que demostrar ningún conocimiento al respecto. ¡Un crimen!

O sea, si quieres enaltecer tu CV, sólo tienes que encontrar el instituto de la especialidad deseada, y punto. Todas las ingenierías, todas las abogacías, todas las especialidades médicas, periodismo de investigación o farandulero, todas las especialidades magisteriales, policía de investigación o de seguridad… en nuestro país tenemos diplomas y certificados académicos para todo el mundo. Y repito, sin tener que demostrar conocimiento alguno. En el Estado peruanos – ya se sabe – lo que vale es el cartón, el conocimiento es lo de menos.

También tenemos títulos universitarios falsos. Para ello, el jirón Azángaro en Lima es la Meca de la corrupción diplomada. ¿Quieres ser ingeniero de la UNI? Azángaro te acredita como tal, con firma de rector incluida. ¿Quieres ser egresado de San Marcos, Cayetano Heredia, La Molina o La Católica? Azángaro es la voz. Incluso, ahí se emiten títulos de las más prestigiosas universidades del mundo… ¡en idiomas extranjeros!

Ahora bien, Azángaro es para los que pican alto. En realidad, no tiene sentido ir a Azángaro para títulos de universidades bamba, las cuales existen por montones, incluso algunas licenciadas por SUNEDU. Dicho sea de paso, varias universidades bamba son de propiedad de políticos en actividad. Todos, políticos que mueven cielo y tierra en el Congreso de la República para tirarse abajo la reforma universitaria. En fin…

Pero Azángaro también emite certificados de trabajo para acreditar experiencia laboral. Pero eso sí… falsos. Sin embargo, para el Estado, eso no importa. ¿Necesitas demostrar X años de experiencia profesional en tal institución? Azángaro te acredita como ex funcionario de dicha institución, por el tiempo requerido, con logo incluido, y firma “legalizada” del Director de Recursos Humanos correspondiente. Y por una módica suma adicional, hasta carta de recomendación y / o de buena conducta. ¡Descaro total!

Pues bien, la madre del cordero de todo esto es el propio Estado. Eso de equiparar títulos académicos por categoría – bachilleratos, maestrías y / o doctorados – independientemente de la institución que los otorga, lo dice todo. Efectivamente, para el Estado, una maestría de la Vallejo o la San Juan Bautista vale igual que una maestría de la UNI o La Católica. O sea… ¡un absurdo! Sólo al Estado se les pudo haber ocurrido que un título de una universidad bamba valga igual que el mismo título de una universidad de élite.

En realidad, semejante aberración proviene de aquellos políticos mafiosos, dueños de universidades bamba, verdaderos estafadores de la juventud peruana. Por ello – por la corrupción diplomada – tenemos tantos institutos y universidades de pésima calidad. ¡Una lástima!  

Propuesta de solución: ¿por qué, en vez de acreditar capacidades y conocimientos con diplomas, no implementamos un sistema de evaluación especializado independiente, diseñado para medir aprendizajes y capacidades en todas las disciplinas del conocimiento humano, tal como existe en los países más desarrollados del mundo? Así, si en vez de valorar los certificados falsos de la Doctora Zoraida Ávalos, el Jurado del caso la hubiera sometido a una prueba de conocimientos, ciertamente el resultado habría sido otro, y algún magistrado mucho más calificado que la Doctora Ávalos, sería el – o la – Fiscal de la Nación.

Y lo mismo se propone para todas las contrataciones del Estado. En vez de caer en la trampa de la corrupción diplomada ¿por qué no someter a pruebas de conocimientos – pero, de verdad – a todos los postulantes a puestos estatales? Así mataríamos dos pájaros de un tiro: (1) fuera el clientelismo político en el Estado, y (2) fuera las universidades e institutos bamba del mercado.

A eso se refiere – precisamente – la tan mentada meritocracia estatal. El que sabe, bienvenido al Estado. El que no, a su casa calabaza. Por eso – precisamente – la sola palabra “meritocracia” le produce arcadas al presidente Castillo y su pandilla. Porque de llevarse a la práctica, se acabaría con la corrupción diplomada en el Estado peruano. Lampadia




Para defender las ideas de la prosperidad

Para defender las ideas de la prosperidad

Desde hace siete años nos hemos mantenido tercos en nuestra Misión:

  • Defender la economía de mercado, la inversión privada, el desarrollo y la modernidad.
  • Promover el Estado de Derecho, un sistema judicial eficiente y la meritocracia para los funcionarios públicos.

Lamentablemente en los últimos diez años, el Perú viene retrocediendo en sus políticas de desarrollo y hemos descuidado el crecimiento de la economía y de la inversión, elementos fundamentales para la generación de empleo, solvencia fiscal y la mejora de los servicios públicos.

Además, se ha debilitado la imagen del sector privado y en especial del rol del empresario en la sociedad.

Hemos dejado que la incapacidad del Estado, responsable de la mala calidad de los servicios de salud y educación, se atribuyan al modelo económico, generando una perniciosa confusión en la opinión pública.

Por ello, además de nuestro esfuerzo editorial, hemos decidido proyectar nuestra misión a través de una campaña de comunicación que hemos denominado: DEFENSORES DE LA INVERSIÓN.

Ver todos los videos, informativos y testimoniales en el siguiente enlace: 

https://youtube.com/playlist?list=PLpTWOwJMwu3rFCzOpphyl5dMyo2W3A5UU

En los videos denunciamos como las malas políticas públicas desbarataron nuestro desarrollo. Mostrando, por ejemplo, el impacto de la hiperinflación en los ingresos de la clase media dependiente y de los servidores públicos, como con los maestros, enfermeras, médicos y policías entre otros, que tuvieron que buscar otros ingresos malogrando la calidad de los servicios públicos.

También explicamos cuales son los cambios que sí necesitamos y cuales no queremos. Ver en Lampadia: Apostemos por la prosperidad – El cambio que sí necesitamos.

Para desarrollar estos objetivos, estamos invitando a los ciudadanos que quieran acompañarnos en la gesta de poner las cosas en claro, de decir la verdad, de analizar la realidad con rigurosidad, de difundir análisis sin propósitos escondidos, y de invitar a los peruanos a pensar en grande, a suplir la debilidad de nuestros políticos, a explicarle a nuestros hijos que hemos nacido en un país maravilloso y que para convertirlo en realizaciones positivas y oportunidades para todos, solo tenemos que aprovechar lo que Dios y la Naturaleza nos dieron; a que nos brinden el aporte que esté en sus posibilidades.

Para efectivizar la relación con los Amigos de Lampadia, queremos recurrir a los símbolos de la magia de cuatro materiales que representan parte de nuestra riqueza nacional:

Oxígeno producido por nuestros ricos mares – Hasta US$ 1,000

Algodón con sus maravillosas fibras naturales – Hasta US$ 2,000

Madera con sus variedades, calidad y abundancia – Hasta US$ 3,000

Cobre por sus múltiples aplicaciones y su capacidad de crear riqueza para todos los peruanos – US$ 5,000 o más.

Para efectuar su aporte, sírvase abonarlo en el Banco de Crédito, a nombre de Lampadia:

RUC: 20549170154

Cta. Cte.US$ #: 194-2030166-1-36 (CCI N° 00219400203016613697)

Cta. Cte. S/.  #: 194-2027845-0-81 (CCI N° 00219400202784508190)

y enviar copia del voucher o documento del abono a:

lampadia@lampadia.com

Para que podamos hacerle llegar el recibo por el aporte:

‘Comprobante de Recepción de Donaciones’

(SUNAT-R.G. N° 0230050257679, de fecha 14 de setiembre de 2018), sírvase indicar el nombre completo y número de DNI de la persona a la que deberemos extenderlo, así como la dirección de envío.

Lampadia




La meritocracia en el Estado

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre la meritocracia en el Estado ¿una quimera?

Participan como invitados Juan José Martínez, experto en gestión publica y Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad, junto con Jaime de Althaus y Daniella Delgado, asociados de IIG.

Las opiniones vertidas no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.




Crisis sin ningún provecho

Crisis sin ningún provecho

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de julio de 2020
Para Lampadia

El viejo Einstein decía: “Las crisis son la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progresos”. Y agregaba: “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”.

Bueno pues, al margen de expresar nuestra admiración por las expresiones del gran científico alemán – e inspirados en su manera positiva de ver las crisis – hay que formularnos las siguientes preguntas: ¿Cuándo pase la crisis de la pandemia… vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Nada va a cambiar en las instituciones de la salud pública? ¿Vamos a seguir con el Ministerio de Salud tal cual… y con los Gobiernos Regionales politizando la gestión de los hospitales del Estado?

  • ¿Acaso los municipios provinciales y distritales seguirán manejando las empresas de agua y saneamiento?
  • ¿Seguiremos pasivos frente a las mafias municipales que promueven las invasiones de tierras y las viviendas de esteras en todo el país?
  • ¿Seguirán los mercados de abastos en manos municipales, si ni siquiera cuentan con baños… ni las más elementales condiciones de higiene y seguridad?

Y yendo más allá de los temas sanitarios y urbanísticos ¿seguiremos con las numerosas instituciones estatales que – supuestamente – están para promover inversiones en infraestructura pública; pero que en la práctica no promueven nada? Llámense PROINVERSIÓN para inversiones en infraestructura en general, PRONIS para inversiones en infraestructura de salud, PRONIED para inversiones en infraestructura educativa, PROVÍAS NACIONAL y PROVÍAS DESCENTRALUZADO para inversiones en infraestructura vial. Y por si fuera poco ¿seguiremos con las numerosas Direcciones Regionales de Infraestructura que no fueron capaces de reconstruir la infraestructura dañada por El Niño Costero del 2017?

Ahora bien ¿cómo reacciona el Gobierno ante tamaña inoperancia? Pues recurriendo a otros Gobiernos – de otros países – para que se hagan cargo de nuestros fracasos.

Efectivamente, tal es el caso del reciente acuerdo de Gobierno a Gobierno – entre el Gobierno Peruano y el Gobierno Británico – para que éste último se haga cargo de la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero del 2017. Es decir, pasados más de tres años del desastre natural, el Gobierno Peruano – reconociendo su fracaso – [avance de solo 24% de lo programado], recurre al Gobierno Británico para que éste asuma la responsabilidad de la reconstrucción de las carreteras y puentes, hospitales y postas médicas, escuelas, e infraestructura hidráulica dañada por El Niño.

Pero hay más. Para terminar la construcción de los hospitales Antonio Lorena de Cusco y Sergio Bernales de Lima, el Gobierno Peruano acaba de suscribir otro convenio parecido con el Gobierno Francés, para que éste se encargue de terminar la construcción de ambos hospitales.

Ante todo ello cabe preguntarnos ¿vamos a seguir con las instituciones que fracasaron en la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero, y con las que debieron terminar la construcción de los hospitales de Cusco y Lima?

En mi opinión, para que las cosas no sigan como están – y mejoren en el futuro – hay que hacer cambios radicales en la estructura institucional del Estado. El Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales NO deben seguir manejando la salud pública en nuestro país. Los municipios NO deben seguir manejando las empresas de agua y saneamiento. Y menos… los procesos de desarrollo urbano. Incluso, PROINVERSIÓN y todas sus derivadas, NO deben seguir gastando la millonada que vienen gastando… por las puras. ¡Han fracasado! No pretendamos que las cosas mejoren, si seguimos haciendo lo mismo.

De allí la propuesta – contemplada en la Constitución – de crear Organismos Autónomos para la salvaguardia del Estado de Derecho y la mayor eficiencia de la salud pública, el desarrollo urbano, y la infraestructura pública en nuestro país. Y – lo más importante – que no dependan de ninguno de los poderes del Estado. Tipo BCR. Tipo Juegos Panamericanos Lima 2019. Cero clientelismos. Cero corrupciones. Cero politiquerías. Profesionalismo, carrera pública, meritocracia, gestión enfocada en resultados… y todo lo demás.

Pero no… parece que todo seguirá tal cual después de la crisis. ¡Lamentablemente! ¡Ojalá me equivoque! Pero de ser así – contrario a lo que decía el viejo Einstein – esta habría sido una crisis sin ningún provecho. Lampadia




Organismos Constitucionales Autónomos

Organismos Constitucionales Autónomos

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 3 de julio de 2020
Para Lampadia

Como les consta a muchos de mis lectores en Lampadia – y a mis seguidores en las redes sociales – estoy obsesionado con el fracaso del Estado peruano. Me refiero – por ejemplo – al fracaso de los servicios públicos de salud y educación. Al fracaso de la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. Nadie está seguro… ni siquiera en su casa. Y en el ámbito jurídico o judicial… peor. Poderoso caballero es don dinero. Pregúntenles – si no – a los litigantes y / o a los millones de microempresarios y vendedores ambulantes. ¿Cómo los tratan los inspectores municipales o la policía? O peor aún ¿cómo los tratan los jueces y fiscales?

¿Cómo no obsesionarse con el fracaso estrepitoso de las empresas municipales de agua y saneamiento, y de limpieza pública? ¿Y qué decir de los alcaldes – y regidores – mafiosos que promueven las invasiones y el tráfico de tierras, para lucrar luego con negocios tan soterrados como la venta de esteras y agua en cisternas… ciertamente no aptas para el consumo humano? ¿Y la lucha contra la corrupción? ¿Acaso no vamos de mal en peor en este asunto?

La pregunta es ¿por qué tantos fracasos estatales? ¿Por qué tanto maltrato a la población y tanta corrupción en el Estado? ¿Por qué? Pues bien – en mi opinión – el clientelismo político es la madre del cordero. Eso de que cada autoridad estatal – presidente, ministro, congresista, gobernador, alcalde, o magistrado – cambie a los funcionarios de sus instituciones cada vez que entra a trabajar para el Estado… ¡he ahí el problema! El nulo valor de la carrera pública en el sector público. La ausencia total de la meritocracia a la hora de contratar a servidores públicos. ¡Esa es la causa del fracaso del Estado!

Sin embargo, aparece la interrogante: ¿porqué el Banco Central de Reserva (BCR) es tan buena institución? ¿Acaso no es tan estatal como las demás instituciones públicas? Claro que sí. Entonces ¿qué diferencia al BCR de los hospitales del Ministerio de Salud, o de las empresas municipales de agua y saneamiento? ¿Por qué los Richard Swings no están en el BCR y sí – cual cardúmenes de gente corrupta e inoperante – atiborran a las demás instituciones estatales?

La respuesta a esta interrogante está en los denominados Organismos Constitucionales Autónomos. ¿Qué dice la plataforma digital del Estado a ese respecto? (https://www.gob.pe/estado/organismos-autonomos) Cito entre comillas: “La Constitución política, para la salvaguardia del estado de derecho y la mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores, ha constituido algunos organismos autónomos, que no dependen de ninguno de los poderes del Estado. ¡Bingo! ¡La Constitución lo dice! ¡Sí se puede!

Me refiero a que sí se podrían constituir Organismos Constitucionales Autónomos para mejorar – por ejemplo – la salud pública. Y la educación. Y lo mismo se podría aplicar para el agua potable… que es un fracaso estrepitoso a nivel nacional. Y para la infraestructura pública… que es un caos. Y para el deporte. Organismos especializados en diversas funciones que no dependan de ningún poder del Estado. Es decir, que no dependan de los caprichos de los políticos de turno. Y que rindan cuenta a la ciudadanía… tal como ocurre en el caso del BCR.

Por ahí va la solución al pernicioso clientelismo político en la mayoría de las instituciones estatales peruanas. Los peruanos deberíamos exigir una verdadera revolución institucional estatal, y replicar el modelo del BCR en las demás instituciones públicas. Despolitizar todas las instituciones estatales fracasadas… y autonomizarlas – si cabe el término – de acuerdo con lo que establece la Constitución. Imponer la meritocracia, el profesionalismo, la carrera pública, y la permanencia de los buenos funcionarios públicos… independientemente de la alternancia política en el Estado.

Organismos Constitucionales Autónomos. Grabemos en nuestras memorias esas tres palabras. Organismos Constitucionales Autónomos. O como hacían nuestros maestros cuando nos portábamos mal, y – de paso – para que aprendamos machaconamente la lección. Escribamos 100 veces Organismos Constitucionales Autónomos. ¡Y sin ningún error ortográfico ni ninguna tachadura! Lampadia




La ministra de la Producción en su laberinto

La ministra de la Producción en su laberinto

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hemos visto con interés una campaña de spots televisivos de la ONG OANES (Foro Hispano Americano de Intercambio de Información sobre Temas de Mar) denunciando una crisis en la pesca peruana ocasionada por regulaciones sin sustento que vienen desde la época del gobierno de Ollanta Humala, tales como, entre otras, la eliminación del régimen especial de pesca en el sur -algo que Chile no hizo, favoreciéndose.

No es usual y es bueno que se reclame tan claramente contra la arbitrariedad regulatoria. Es algo que también ha ocurrido, pero en menor escala, en el caso de los institutos y colegios privados afectados por sendos decretos de urgencia, por ejemplo. 

Paralelamente, llamó la atención que la Ministra de la Producción, Rocío Barrios, ante la pregunta de la periodista Mávila Huertas de si la denuncia fiscal de que ha sido objeto respecto de un supuesto delito cometido cuando era jefa de administración de la PCM -denuncia que ella refutó-, no tendría que ver con lo acontecido con Imarpe (la supuesta colusión con la industria para presuntamente inflar la biomasa, y el DU que reorganiza esa institución de modo que su presidente ya no será un ex almirante de la Marina), respondió: “No creo en las casualidades. Creo en causalidades”. Y añadió que le llamaba la atención que la campaña de spots –que –dijo- tienen ‘alguna’ orientación- “salga justo ahora cuando hacemos el cambio de dedocracia a meritocracia en el IMARPE”.

Lo que su respuesta puso en evidencia es que ella no se encuentra en buenos términos con la industria pesquera. Insinúa que la industria (¿la Sociedad Nacional de Pesquería?) estaría detrás de los fiscales para perjudicarla. La verdad, es difícil imaginar algo así. 

También sugiere que la campaña de avisos es una reacción ante su intervención en IMARPE. Pero en realidad hace años que OANES defiende las causas expresadas en los avisos. Francisco Miranda, presidente de OANES, ni siquiera tiene intereses en la pesca. No es pesquero. Es un conocedor profundo de las pesquerías y del mar peruano. Explica que la campaña tiene “el objetivo de desterrar mitos sin fundamento en la pesquería”.

Es claro que los spots son una reacción –tardía quizá- ante la crisis que hay en el sector pesquero debido a agresiones regulatorias producidas desde la época del gobierno de Humala, que han deteriorado la situación financiera de las empresas y trabajadores de todo el sector. 

Efectivamente, durante el gobierno de Ollanta Humala se dio el Decreto Supremo 005-Produce-2012, que Lampadia criticó porque, entre otras disposiciones, arbitrariamente movió la zona prohibida para la pesca industrial hasta la milla 10. Ver:

Para el sector pesquero, ese decreto vino a llover sobre mojado, porque meses antes, mediante DS015-2011, el gobierno había anulado el régimen especial de la pesca en el sur, que permitía unas ventanas de penetración para la flota industrial hasta 1 milla del litoral, y esto debido a que en el sur el talud es vertical y profundo, de modo que la pesca industrial no ocasiona daño ni ambiental ni social. Francisco Miranda lo explica así:

“…la pesca industrial en el sur del Perú (Entre Tacna y Arequipa), tenga un régimen especial de pesca, que le permita ingresar dentro de las cinco millas, en determinados lugares del litoral (No en toda la costa), donde no existan fondos rocosos cavernosos o fondos rocosos planos con praderas de algas y desembocaduras de ríos, hasta los 80 metros de profundidad. Además de la creación de un fondo especial basado en aportaciones de las pesqueras…   (http://www.oannes.org.pe/editorial/vizcarra-avala-una-gestion-incompetente-en-la-pesca/ )

Chile, por supuesto, mantuvo ese régimen especial, y por eso es que sus empresas pescan lo que en el mar peruano dejamos de pescar, ocasionando la ruina de empresas y trabajadores peruanos. Francisco Miranda lo describe:   

“Mantener esta absurda posición les cuesta a las empresas pesqueras peruanas, el cierre de sus plantas en el sur del Perú, a los trabajadores la pérdida de sus trabajos y las consecuencias inherentes a la contribución indirecta que el sector pesca hace a la comunidad del sur cuando se pesca en la zona. Vale decir, no hay negocio para todos los demás incluidos en el cluster, porque no hay circulación de dinero. Macroconsult que hizo un estudio económico, manifiesta que se han perdido más de 3,000 empleos y más de 300 Millones de Dólares en la zona sur”.

Pues bien, ¿quién era viceministra de Pesquería cuando se anuló el régimen especial de pesca en el Sur? Pues nada menos que la actual ministra de la Producción, Rocío Barrios.

Eso puede explicar entonces mucho de lo que está pasando. Incluida la denuncia penal a funcionarios y científicos de IMARPE por supuestamente haber inflado apreciablemente el dato de la biomasa de anchoveta para beneficiar a la industria pesquera; colusión en buena cuenta. Pues la denuncia penal fue interpuesta por el procurador del Ministerio de Producción, Fernando Vidal Malca.

Según el Almirante® Héctor Soldi, ex viceministro de pesquería y ex Presidente del Consejo Directivo de IMARPE, esa denuncia no tiene lógica. Explicó en Canal N que cuando el IMARPE realiza la evaluación del recurso con un crucero, conjuga varias metodologías. Una es la “dinámica de poblaciones”, que en este caso dio 8.3 millones de toneladas. Esa magnitud entra a una “tabla de decisión” con opciones para que la ministra tome la toma decisión acerca de qué cuota dar. Y ministra escogió 2.8 millones de toneladas, el 35% de la biomasa, una decisión razonable, intermedia. Pero el informe de recomendación a la ministra contiene al final conclusiones, una de las cuales es que la posibilidad de que las condiciones existentes entre el momento en que se hace el crucero y el momento en que se otorga la cuota -que puede ser un mes y medio después- puedan cambiar. Y este informe advierte incluso que se presentaría una onda kelvin que podría afectar distribución del recurso:

Y resulta que, efectivamente, entre el 6 y el 30 de noviembre aguas tropicales de Ecuador incursionaron en el mar peruano casi hasta Chimbote. Ocurrió lo que IMARPE predijo que podía suceder. Entonces la anchoveta se dispersó, los adultos se profundizaron y los juveniles se quedaron arriba. Por eso las tres primeras semanas fueron de muy buena pesca, pero luego solo encontraron juveniles. Eso es –aclaró Soldi- lo que se escucha en los audios, no otra cosa.

La denuncia penal señala que uno de los ‘modelos’ había dado 3 millones de toneladas de biomasa y no 8.3 millones. Allí estaría la colusión. Se habría inflado enormemente el volumen de la biomasa para beneficiar a los pesqueros. Soldi refuta: “Es absurdo. Si hay una biomasa 3 millones e IMARPE da una cuota de 2.8 millones, estaría dando el 90% de todo lo que hay (algo criminal), y la industria nunca hubiera aceptado una cuota como esa porque después se quedaría sin pescado”.

El problema –agregó Soldi- es que con esta denuncia se está causando un problema muy grave al país, a la institución, a los científicos que esforzadamente trabajan allí, y a las empresas. Se ha desprestigiado a un instituto admirado y muy prestigiado a nivel internacional, tal como se demuestra en comunicado firmado por los más distinguidos miembros de la comunidad científica internacional que publicamos en el anexo. Y se ha desprestigiado a la propia industria pesquera, que aceptó la ley de cuotas que el 2008 ordenó el sector y se ha manejado de manera responsable, pues ni depreda ni contamina.

Por eso, gracias al IMARPE y a la conducta de la industria pesquera, el manejo de la pesquería de anchoveta en el Perú es un ejemplo de sostenibilidad a nivel mundial. El Perú es uno de los pocos países que no ha depredado su mar. La biomasa de anchoveta en el Perú se ha mantenido constante –con las variaciones propias de los cambios en las condiciones oceanográficas- en los últimos 20 años.

Por supuesto, las acusaciones deben investigarse, pero tal parece que el IMARPE, sus científicos y el país han terminado pagando los platos rotos de una mala relación entre la ministra y la industria pesquera originada en regulaciones mal concebidas que han ocasionado mucho daño económico y social. Lampadia

ANEXO

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL RECHAZANDO CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE)

Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad científica, deseamos referirnos a la desafortunada denuncia hecha contra el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y que, por las funciones que desempeñan, involucran directa o indirectamente a quince de sus funcionarios e investigadores con la sospecha, a nuestro parecer infundada, de que supuestamente se habrían inflado las estimaciones de la biomasa de la anchoveta acordando sus recomendaciones con respecto a la cuota de pesca dada el pasado mes de noviembre de 2019 a ciertos intereses empresariales.

En ese sentido, rechazamos el intento de difamación sobre una entidad que, tras más de 50 años de activa labor científico-pesquera, cuenta con un bien ganado prestigio y amplio reconocimiento internacionales, pudiendo exhibir con orgullo una amplia lista de logros científicos, además de aportes efectivos para la sostenibilidad de las principales pesquerías peruanas. Tenemos, asimismo, el convencimiento de que quienes promueven el descrédito de IMARPE, incluidos ciertos medios de prensa y difusión, no poseen los conocimientos fundamentales para analizar objetivamente los procedimientos y las diferencias entre los diversos métodos de observación y evaluación de los que dispone IMARPE, pero aun así se permiten esbozar y difundir hipótesis de contubernio que dañan profundamente a las personas, al Instituto, al sector pesquero y al país en general.

El IMARPE, como toda entidad científica moderna, afronta el continuo reto de conocer e investigar, e informar, sobre la situación y fluctuaciones de los recursos pesqueros y su ambiente, tratando de captar y adaptarse a las mejoras constantes tanto en lo metodológico como en lo tecnológico; priorizando el fortalecimiento de sus recursos humanos, mientras hace esfuerzos para retenerlos en medio de las limitaciones financieras y los vaivenes de la política nacionales. Es asimismo un reto para la institución el ir logrando un grado mayor de transparencia, coordinación y cooperación con otras entidades académicas y organizaciones civiles del país y del exterior. En especial se están haciendo esfuerzos crecientes por atender la demanda de investigación de numerosas pesquerías artesanales, a fin de contribuir de modo efectivo con su sostenibilidad. Creemos que estos y otros esfuerzos que estén orientados a mantener y mejorar el nivel científico del IMARPE deben ser apoyados decididamente, y que todo atisbo de calumnia y todo intento para destruir su credibilidad con ataques sin fundamento científico deberían ser rechazados.

Por todo lo indicado queremos expresar nuestra solidaridad personal y profesional con el IMARPE y con los funcionarios e investigadores que están siendo directamente afectados, apoyamos su pedido de que se realice un Panel Internacional de Expertos que analice toda la información relacionada con este caso y, asimismo, hacemos votos por una pronta resolución respecto a este incidente, a fin de preservar el prestigio y la credibilidad de IMARPE, bien ganados a lo largo de sus más de cinco décadas de existencia, así como el de sus funcionarios e investigadores.

Lima, 2 de marzo de 2020

Dr. Jorge Csirke, ex-funcionario de IMARPE, Callao, Perú, y ex-Director de la División de Ordenación de la Pesca y la Acuicultura, Departamento de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Roma, Italia.

Dr. Francisco Chávez, Científico Senior del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey (MBARI), Moss Landing, California, Estados Unidos de América.

Dr. Francois Gerlotto, ex-Director de Investigaciones del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), Francia.

Dr. Pierre Fréon, ex-Director Emérito de Investigaciones, Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), Francia.

Prof. Ray Hilborn, Escuela de Pesquerías y Ciencias Acuáticas, Universidad de Washington, Seattle, Washington, Estados Unidos de América.

Dr. Arnaud Bertrand, Director de Investigaciones del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), Francia.

Dr. Sophie Bertrand, Director de Investigaciones del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), Francia.

Prof. Paul Fernándes, Escuela de Ciencias Biológicas, Cátedra en Ciencia Pesquera, Universidad de Aberdeen, Escocia, Reino Unido.

Dr. Anne Lebourges-Dhaussy, Director de Investigaciones en Ingeniería del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), Francia.

Dr. Lauro Madureira, Instituto de Oceanografía, Universidad Federal de Río Grande (FURG), Rio Grande, Brasil.

Dr. Renato Salvatecci, Instituto de Geociencias, Universidad de Kiel, Kiel, Alemania.

Dr. Mariano Gutiérrez, ex-funcionario de IMARPE, y Director Científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), Lima, Perú




Puro floro

Puro floro

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 27 de diciembre de 2019
Para Lampadia

Todo el mundo dice luchar contra la corrupción. Incluso, los propios corruptos. Así son de hipócritas. No hay persona más cínica que un corrupto. Pero ese no es el tema. El tema es que el gobierno NO está luchando – de verdad – contra la corrupción. Ese es el tema.

Veamos el caso del presidente Vizcarra. Aparte del estribillo “no me van a doblegar” – que tanto propalan Los Chistosos cuando remedan al presidente por la radio – preguntémonos ¿qué ha hecho el presidente – o el gobierno – para luchar contra la corrupción? Por ejemplo, en cuanto a los procesos de compras y contrataciones – donde las coimas van y vienen como Pedro en su casa – ¿acaso ha habido algún cambio de procedimiento o tecnología para contrarrestar la corrupción?

En cuanto a la meritocracia en el Estado ¿alguien sabe de alguna disposición que exija la contratación de Gerentes Públicos de SERVIR, para evitar el clientelismo político, la inoperancia del Estado, la venta de puestos, y el maltrato a la ciudadanía?

Una más. En cuanto a la burocratización del aparato estatal ¿acaso ha habido alguna disposición para frenar el incremento desmedido – e indebido – de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) en el Estado?

¡No nos vengan con cuentos! El gobierno NO está luchando contra la corrupción. El presidente, lo único que hace es repetir – y repetir – su famoso estribillo… y punto.

A los hechos me remito. Muchos médicos siguen abandonando los hospitales en horarios de trabajo. Las ventas de puestos en los gobiernos regionales y locales siguen como de costumbre. Las mafias de los brevetes siguen sueltas en plaza. Las coimas en las compras y contrataciones del Estado siguen tal cual. La planilla estatal sigue creciendo vertiginosamente.

Es innegable. En materia de corrupción vamos mal. Peor aún, vamos de mal en peor. Y la ciudadanía – como siempre – es la que paga los platos rotos.

La lucha contra la corrupción de los peces gordos no está mal. Aunque en muchos casos se trata de justicia mediática. Enjuiciar – y sancionar – a presidentes, ministros, gobernadores, congresistas, alcaldes, jueces y empresarios corruptos está bien. Pero falta la lucha contra la corrupción de los peces chicos. La de los policías coimeros. La de los soldados que protegen a los narcos. La de los jueces y fiscales que cobran por lo bajo para liberar a delincuentes. La de los médicos que cobran indebidamente a pacientes pobres. Esa corrupción – la brava – sigue intacta.

Una verdadera lucha contra la corrupción tendría que verse reflejada en acciones concretas. Como – por ejemplo – imponer la contratación de Gerentes Públicos de SERVIR en todas las instituciones del Estado. Sobre todo, en los gobiernos regionales y locales. Convertir a Perú Compras en la Central Única de Compras y Contrataciones del Estado… 100% digital, cero coimas. Implementar una radical simplificación y digitalización del Estado… cero papeles, cero colas. Fusionar instituciones públicas redundantes como Provías Nacional y Provías Descentralizado… y muchas más. Y – lo más importante de todo – destituir a funcionarios y servidores probadamente corruptos, tal como hicimos en el Gobierno Regional de Ica en el período 2015 – 2018… con muy buenos resultados.

No hay nada que discutir. Para luchar – de verdad – contra la corrupción, hay que tomar al toro por las astas. Todo lo demás es… puro floro. Lampadia




Los gobiernos de Alan García

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Alan García fue el culpable de que yo derivara en el periodismo a la edad de 37 años. Su mensaje electoral en la campaña del 85 había puesto énfasis en la necesidad de reivindicar la producción andina abatida desde Velasco por las importaciones doblemente subsidiadas de alimentos y por el dólar barato. Pero la política económica que puso en marcha el flamante presidente fue traicionando crecientemente ese mensaje, primero congelando los precios de varios alimentos con el pretexto de controlar la inflación, y luego, otorgando el tristemente célebre dólar MUC mucho más rebajado para importar precisamente alimentos baratos ilusamente en favor de la alimentación popular. Lejos de devolverle el mercado nacional a los campesinos andinos, como había prometido, les clavaba el puntillazo final de importaciones masivas y artificialmente baratas de trigo y productos lácteos que dejaban cada vez menos espacio a la papa, la leche y otros productos andinos que no podían competir. Fue entonces que decidí escribir un artículo –algo que nunca había hecho-, y enviárselo a Manuel Ulloa, dueño del diario Expreso y con quien yo había trabajado en la PCM en el gobierno de Belaunde. Fue publicado un domingo de febrero o marzo de 1987 y Manuel D’Ornellas me pidió que siguiera escribiendo todos los domingos. Al cabo de unos meses, Ulloa me ofreció la jefatura de editorial del periódico, y acepté.

O sea que le debo a Alan García mi entrega al periodismo. Y también haber podido participar en los mejores años de debate ideológico que se hayan dado en el periodismo nacional, que fueron los que se desarrollaron entre 1987 y 1990 entre las posiciones liberales esgrimidas desde el diario Expreso y las socialistas defendidas desde el diario La República. Fue esa crítica liberal desde las editoriales y los artículos publicados por varios autores en el diario la que generó la base de opinión que permitió y acompañó la emergencia de Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa como los adalides de la conciencia liberal en el país, luego del intento de estatización de la banca.

Como era previsible, el intervencionismo económico denunciado en esos artículos produjo finalmente la tremenda hiperinflación que ocasionó el colapso total del Estado.

Fujimori, que había ganado la elección con un mensaje anti shock económico, pudo sin embargo aplicarlo y llevar adelante las reformas liberales y privatizadoras, porque cualquier cosa era mejor que la desesperada angustia económica sin futuro que vivíamos los peruanos. Paradójicamente, el abismo al que nos llevó el primer gobierno de García creó las condiciones que permitieron un cambio de modelo económico que ha generado estabilidad y crecimiento sostenido en las siguientes casi tres décadas, aunque un intervencionismo de baja intensidad restaurado a partir del 2011 nos haya frenado el crecimiento económico.

Reelegido el 2006 pese a su desastroso primero gobierno solo porque la alternativa de Ollanta Humala amenazaba con políticas aún peores, García había aprendido la lección económica y aplicó políticas exactamente contrarias a las de su primer gobierno. Mantuvo la libertad de los mercados heredada desde los 90 y se propuso atraer gran inversión para desarrollar el país. Logró tasas de crecimiento muy altas, ayudado en parte por los buenos precios de los minerales. Pero, interesado solo en los grandes proyectos, desdeñó, pese a habérselos explicado, los programas –como Sierra Productiva- que hubieran podido aumentar la productividad de los campesinos andinos convirtiéndolos en empresarios para dar un salto histórico en el paisaje rural andino. Más bien cometió el grave error político –incomprensible en un hombre de su inteligencia- de desarrollar en varios artículos la tesis del “perro del hortelano”, que en buena cuenta adjudicaba tal condición precisamente a las comunidades que eventualmente se oponían a la inversión minera o petrolera.  

No obstante, Alan García siempre tuvo un alto sentido de su misión histórica y de llevar al Perú a un destino superior. Por eso también el énfasis en los grandes proyectos. Canalizó acertadamente la animadversión a los chilenos transformándola en una competencia económica, retando a crecer más para alcanzarlos. Tenía una visión geopolítica del país y por eso fue él quien ideó y planteó la Alianza del Pacífico, que hoy es el área de integración regional que más avances ha logrado.

No impulsó reformas institucionales salvo una: la creación de SERVIR como herramienta para avanzar hacia un Estado profesional y meritocrático, acaso para remediar en alguna medida la demagógica reducción de sueldos de los altos funcionarios que adoptara al inicio de su segundo gobierno y que debilitó al Estado.

También llevó a cabo una reforma clave que ni Fujimori, en su gobierno autocrático, se había atrevido a ejecutar: la evaluación de los maestros. Dio la ley de carrera magisterial con un contenido claramente meritocrático, algo que parecía muy difícil en un gobierno democrático. Pero su liderazgo y los exámenes que mostraban los bajísimos rendimientos de los escolares y de los propios maestros, convencieron a la opinión pública, y la ley pudo aprobarse e implantarse pese a la oposición organizada del Sutep. No tuvo la misma suerte el globo de ensayo que lanzó para aprobar una reforma laboral que permitiera la inclusión de las mayorías informales. A la primera manifestación de oposición, abandonó la causa.

En el balance, su segundo gobierno fue bueno, el mejor de los últimos 20 años. Sin duda se reivindicó ante la historia. Pero en los últimos tiempos las acusaciones lo cercaron y él prefirió matarse antes que sufrir el vejamen de la prisión. Decisión dramática fundada en la defensa de dignidad del más alto cargo que representa y personifica a la Nación. Que, pese a todo, lo redime y enaltece. Lampadia




Meritocracia, meritocracia… ¿porqué no te quieren los políticos corruptos?

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de febrero de 2019
Para Lampadia

Todo parece indicar que el mayor mérito de los nuevos funcionarios del Gobierno Regional de Ica es haber aportado dinero a la campaña electoral de la “G” … la “G” de Gallegos.

A escasos minutos de iniciada la primera jornada laboral del 2019, ya habían sido designados todos los funcionarios de la nueva administración. De buenas a primeras, los hospitales del Gobierno Regional empezaron a atender al público con directores y administradores recién designados. Ninguna dependencia regional – por más técnica o especializada que pudiera ser – quedó sin ser renovada.

La purga fue total. ¡Hasta vigilantes que venían de la gestión anterior fueron removidos de sus cargos! Cientos de aportantes de la “G” tomaron posesión. La Primera Dama hizo de Gobernadora Regional… ella lo dispuso todo.

Pregunto:

  • ¿Por qué tanto apuro en cambiar a directores de hospitales que habían logrado eliminar colas y mejorado la atención de los pacientes?
  • ¿A santo de qué la prisa en cambiar a la Directora de Transportes que había doblegado a las mafias y agilizado la entrega de brevetes?
  • ¿Para qué cambiar – desde el saque – a la Directora de Educación que – a decir de mucha gente – había hecho una muy buena labor en su sector?
  • Y vamos con uno más… ¿para qué remover al Director de Agricultura que había logrado el sueño de hermanar a Ica con Huancavelica, a través del agua?

Bueno pues – como suele suceder – después de la borrachera de poder, sobrevino el vómito negro. Desorden total, improvisación, marchas y contramarchas… y varios etcéteras más.

Nadie niega que todo cambio político traiga consigo un cierto período de acomodo. Pero

  • ¿Para qué exacerbarlo más de la cuenta?
  • ¿Por qué no tomarse un tiempo prudencial para hacer los cambios – precisamente – para no afectar demasiado a la ciudadanía?

Pero no. La orden fue: “nadie de la gestión anterior se queda. Todos se van”. Y así fue. Todos se fueron… pero volvió el maltrato a la ciudadanía. Y la corrupción también. ¿Qué habrá detrás de la venta de puestos que tanto se comenta? Cuando el río suena… es porque piedras trae.

  • El hecho es que no han transcurrido ni dos meses de la nueva gestión y ya reaparecieron las colas en el Hospital Regional.
  • Las clínicas privadas están de plácemes. Médicos destituidos por falsear títulos académicos – y otras faltas graves – han sido repuestos en sus cargos.
  • Los tramitadores de brevetes también están de vuelta. La pista para exámenes de manejo – recientemente inaugurada con bombos y platillos – no tiene video cámaras. ¡No nos vengan con cuentos… eso es adrede! La diosa coima ha vuelto a reinar en Transportes.
  • Los Proyectos de Siembra y Cosecha de Agua han quedado a la deriva. Los mejores ingenieros y técnicos que trabajaban en la construcción de reservorios – y en la forestación de la Sierra de Ica – han sido cesados en sus cargos.

La Huacachina – el emblema máximo de Ica – volverá a manos de la burocracia corrupta e incompetente del Gobierno Regional. El amor a los chicharrones del peaje de los areneros es demasiado grande. El Gobernador – achorado – lo acaba de anunciar. La concesión que salvó a La Huacachina de su muerte inminente, tiene los días contados.

El coro SINFÓNICA está en silencio. Todos los años los niños solían reiniciar sus actividades musicales a partir de mediados de enero. Pero ya estamos por terminar febrero… y nada. ¡No se oye… Padre!

Oh meritocracia… ¿por qué no te quieren los políticos corruptos? Precisamente… porque son corruptos. Los políticos corruptos necesitan ayayeros para hacer de las suyas. Por eso – estimada meritocracia – los políticos corruptos no te quieren. Así es la nuez. Lampadia




La ley de negociaciones colectivas en el Estado es una bomba de tiempo

La ley de negociaciones colectivas en el Estado es una bomba de tiempo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La guerra entre el Ejecutivo y el Congreso está produciendo verdaderos desastres. Acaso como una forma de represalia, el Congreso, tal como hizo con la anulación de la cuestión previa que era un contrapeso del Ejecutivo frente al Congreso, ahora ha aprobado una ley de negociación colectiva en el sector estatal que es una verdadera bomba de tiempo fiscal. Decimos represalia porque la versión que se estaba trabajando meses atrás incluía el necesario visto bueno del Ministerio de Economía a los convenios colectivos alcanzados, para no comprometer la estabilidad fiscal, pero hace poco el proyecto fue modificado eliminado esa salvaguarda de modo que la ley salió como salió. Todas las bancadas menos la de PPK y el congresista Pedro Olaechea aprobaron la ley.

El problema es que la represalia termina siendo contra el país. ¡Que mueran Sansón y los filisteos!, parece querer decir el Congreso. El artículo 3 señala que uno de los principios que rigen la negociación colectiva es el “principio de previsión y provisión presupuestal”, en virtud del cual “todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria deberá considerar la disponibilidad presupuestaria”. Pero esa frase, que suena muy bien, es solo una declaración, porque el procedimiento de la negociación colectiva establecido en la ley no contiene límites efectivos a una posible expansión presupuestal sin control. El artículo 13 prescribe que “de no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de ley…”. Uno de esos mecanismos puede ser el arbitraje. Por lo tanto, un tribunal arbitral, integrado por terceros, ajenos al Estado, puede terminar comprometiendo al Estado a gastar un monto presupuestal inmanejable. Pues dicho artículo también señala lo siguiente:

“Los acuerdos alcanzados con incidencia económica son remitidos por la presidencia del consejo de ministros, dentro de los cinco días de su suscripción, para su inclusión en la Ley de Presupuesto Público”. Punto.

Considerando que los árbitros suelen ponerse alrededor del término medio entre las dos partes, lo que ocurrirá es que la central de trabajadores propondrá un monto sideralmente alto. Y en la medida en que el laudo arbitral resultante es inapelable, deberá incluirse en el presupuesto público del siguiente año.

Y si en lugar de un arbitraje la confederación de trabajadores optase, ante un desacuerdo, por ir a una huelga general, el resultado puede ser aun peor. Porque la negociación colectiva será para todo el Estado. En efecto, la ley establece dos niveles de negociaciones colectivas, el centralizado y el descentralizado. El centralizado incluye a todos los trabajadores del sector público. Es decir, una sola negociación para todo el Estado. Esta negociación tranquilamente puede desembocar en una huelga que lleve también a incrementos que rompan el equilibrio fiscal.

Interesante hubiera sido atar incrementos salariales al crecimiento del PBI, de la productividad o de los ingresos fiscales. Así todos estaríamos interesados en que haya más inversión privada de todo tipo, incluyendo por supuesto la minera. Todos, incluyendo los empleados públicos, remaríamos en la misma dirección, para que haya más recursos que permitan incrementar los sueldos de los estatales. Pero no. Es, al contrario. Una ley como esta abre una incertidumbre fiscal que antes no existía y que puede más bien disuadir la inversión privada en el largo plazo.

Porque, además, resulta que al mismo tiempo que se lleva a cabo esa negociación colectiva centralizada, se puede llevar a cabo negociaciones colectivas descentralizadas en cada entidad pública. No son excluyentes. El desorden potencial es enorme. Vamos a tener a todo el Estado en conjunto y a cada entidad por separado negociando meses de meses.

No solo eso. Resulta que a último minuto se agregó a mano la derogación de los decretos legislativos 1442 y 1450 promulgados hace poco.

Uno se pregunta cómo es posible que el Congreso haya derogado en 1442, que buscaba ordenar la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. Crea la Planilla Única de Pago del Sector Público, un aplicativo Informático de esa Planilla Única, el catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, etc. No es posible que se haya derogado un instrumento para ordenar la planilla del Estado y para generar información que sirva precisamente para diseñar mejores políticas públicas relacionadas al personal del Estado y a las remuneraciones, y que permite asegurar la disciplina fiscal necesaria en este campo. ¿En qué mente cabe derogar un instrumento como este?

Costó una dolorosa y destructiva hiperinflación alcanzar el consenso nacional en torno a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, que se convirtió en una verdadera conquista social que no podemos empezar torpedear.

El otro decreto legislativo derogado es el que introducía algunas mejoras en la ley del régimen del Servicio Civil (SERVIR). Los cambios han sido derogados, pero no han sido restituidos los artículos originales de esa ley, de modo que SERVIR puede tener problemas operativos serios.

¿La meritocracia?

Esto último puede ser sintomático de otro peligro potencial: que la negociación colectiva en estos dos niveles lleve a neutralizar o demorar la implantación del régimen de la ley del servicio civil, afectando la meritocracia y la gestión de rendimiento, es decir, el sistema de evaluaciones para el ascenso y premios por productividad o buen rendimiento. Como sabemos, los sindicatos suelen ser refractarios a la disciplina meritocrática. Si bien el tránsito a esos esquemas de gestión está establecido en la ley SERVIR, su aplicación es compleja y requiere de mucho empuje político. En ese sentido, negociaciones colectivas pueden afectar el proceso. 

Claro, una visión optimista diría que la negociación colectiva centralizada podría permitir hacer política remunerativa a través de ella, mejorando por ejemplo a las entidades que tienen sueldos más bajos. Pero parece difícil imaginar un compromiso de las cúpulas sindicales son la implantación de un régimen meritocrático relativamente exigente. Pues no se trata de dar incrementos indiscriminados e iguales para todos, sino que estos se otorguen en función de rendimientos y ascensos en una escala de méritos.  

No hay que olvidar que estamos hablando de servidores públicos. Lo que interesa acá es el mejor servicio público al ciudadano. Es el ciudadano el que debe estar en el centro de la preocupación congresal. Pero no ha sido así. Ha primado, como siempre, la propensión clientelista a beneficiar a un bolsón social delimitado en la esperanza de obtener sus votos. ¿Y el país?

El Ejecutivo debe observar esta ley. Y, de paso, debería servir para que el Presidente Vizcarra revise su decisión de votar por el NO a la bicameralidad. Si hubiésemos tenido un Senado, con seguridad esta ley no hubiese sido aprobado en los términos en que lo ha sido. Lampadia




Para mejorar los proyectos de reforma del sistema judicial

Para mejorar los proyectos de reforma del sistema judicial

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La aprobación del proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la magistratura (CNM) y de los proyectos de leyes orgánicas enviados por el Ejecutivo al Congreso, deberá llevar a un cambio fundamental en el sistema de justicia. Pero para asegurar que eso se traduzca realmente en una limpieza y modernización general de dicho sistema, sugerimos introducir algunas modificaciones en varios puntos. Veamos.

1. SOBRE LA COMISION ESPECIAL QUE REALIZA EL CONCURSO PÚBLICO PARA EL CNM

El aspecto central de la reforma del CNM es la manera de elegir a los consejeros. En ese sentido, es muy bueno el planteamiento de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo.

Artículo 155.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por concurso público de méritos por una Comisión Especial conformada por el Presidente del Poder Judicial, quien la preside, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

La elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento regulado legalmente, con el apoyo técnico del órgano rector para los recursos humanos del Estado a cargo del servicio civil y la carrera pública. El procedimiento de selección brinda garantías de máxima publicidad y transparencia y promueve la vigilancia ciudadana.

Sin embargo, pensamos que no sería conveniente que ni el Presidente del Poder Judicial ni el Fiscal de la Nación integren la Comisión Especial encargada de realizar el concurso público. Del mismo modo, tampoco es conveniente que ambas autoridades integren la comisión de selección del jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esto en aplicación del principio general de que no se puede ser juez y parte.

2. NECESIDAD DE NOMBRAR A UNA NUEVA CORTE SUPREMA

El proyecto de reforma constitucional contiene la siguiente disposición complementaria:

Disposición Complementaria Transitoria

ÚNICA. – Revisión a cargo de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura, elegido bajo la presente reforma constitucional, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, se encuentra facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República conforme a la Resolución Legislativa Nº 016- 2017-2018-CR, en aquellos casos que existan indicios de graves irregularidades.

Esto nos parece muy bien. Pero hay que ir más allá. El nuevo CNM debería estar facultado para convocar, apenas se instale, a concurso público de méritos para seleccionar a toda la Corte Suprema. Algunos de los actuales Supremos podrían ser nombrados si es que alcanzan las calificaciones suficientes. Pero el espíritu debería ser el de buscar una nueva y renovada Corte Suprema de muy alto nivel.

3. REFORMA DE LA CORTE SUPREMA Y LIMPIEZA DE LAS CORTES SUPERIORES

Pero una medida como esa debe ir de la mano con la reforma estructural de la propia Corte Suprema -reforma cuya propuesta no ha sido hecha por el Ejecutivo-, apuntando a una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad a fin de reducir espacio a sentencias compradas. Pero, como ha señalado Javier de Belaunde, esto no se puede hacer sin una reestructuración de las Cortes Superiores, para apartar de ellas a los jueces superiores corruptos y atraer, a su vez, a magistrados de buen nivel, que ofrezcan las garantías necesarias para que estas Cortes puedan constituirse en últimas instancias confiables.  

De esa manera, el encargo inicial y por única vez al nuevo CNM debería incluir no solo concursar una nueva Corte Suprema, sino también a los presidentes de las Cortes Superiores. Y ratificar a la brevedad posible a todos los jueces superiores de la República.

Paralelamente, la implementación de la propuesta Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno, permitiría avanzar en la limpieza y renovación de las Cortes Superiores –muchas de ellas hoy imbricadas con el crimen organizado. Esta Autoridad, cuyos miembros serán elegidos también por concurso público, tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados y para detectar mafias de abogados que acuden a los estudios de abogados ofreciendo sacar sentencias favorables a cambio de pagos y sobornos. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

4. EMPODERAR A GERENCIA GENERAL PARA DESIGNAR JUECES SUPERNUMERARIOS Y MEJORAR GOBIERNO

Al mismo tiempo, debería revisarse la manera de designar a los jueces supernumerarios. Estos no deberían ser escogidos por los presidentes Cortes Superiores –para prevenir que se escoja a amigos funcionales a la venta de sentencias, como ocurrió en la Corte del Callao- sino por la gerencia general, debidamente reforzada y empoderada. Las plazas de supernumerarios deben ser fijadas por la gerencia de modo que se acceda a ellas por concurso público y no por medio de trueques con el Presidente de la Corte.

5. LA AUTORIDAD DE INTEGRIDAD Y CONTROL DEBE SER REALMENTE AUTONOMA

Aquí hay que llamar la atención sobre un hecho que hay que tener muy claro. Hoy la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es la última rueda del coche en el Poder Judicial: tiene computadoras viejas, muchas inservibles, servidores paralizados, y carece de recursos. Y la razón es clara: al Poder Judicial no le interesa una OCMA fuerte precisamente porque no está organizado para servir a la ciudadanía sino para que sus funcionarios obtengan, en muchos casos, beneficios personales a través de la venta de sentencias o de velocidad en el trámite. Es una entidad patrimonialista basada en redes de reciprocidad de favores.

Entonces el corolario de esto debería ser que el control disciplinario y funcional de los jueces y fiscales no debería hacerlo una oficina interna, sino externa. Una suerte de superintendencia autónoma. La propuesta del Ejecutivo, enviada como proyecto de ley orgánica, encuentra una fórmula intermedia:

“Artículo 102°.- Función de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La Autoridad Nacional de Integridad y Control es el órgano del Poder Judicial, con autonomía administrativa, funcional y económica de conformidad con la ley, que tiene como funciones la prevención, supervisión, investigación, sanción y control de los aspectos disciplinarios y funcionales de Jueces de todos los niveles, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial.

Es decir, es un órgano del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero tiene autonomía administrativa, funcional y económica. Habría que ver, sin embargo, qué significa o en qué se concreta eso cuando de todos modos se encuentra dentro del pliego presupuestal de ambas instituciones del sistema de justicia.

No obstante, algo que sí puede garantizar una cierta autonomía es la manera en que se nombra al jefe de la Autoridad:

Artículo l 03°. – Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La persona que ejerza el cargo de Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial es designada mediante concurso público de méritos,’ por un plazo de siete (7) años.

….

La Comisión de Selección del Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial está conformada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. La participación en la Comisión de Selección es indelegable.

La Comisión de Selección cuenta con una Secretaría Técnica a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

En la medida en que el jefe de esta Autoridad no es designado por el Poder Judicial (o el Ministerio Público en su caso) sino por esta Comisión de Selección (de la que habría que retirar al presidente del Poder Judicial y al Fiscal de la nación, como hemos dicho), y que su cargo dura 7 años de modo que no es removible por el Poder Judicial sino que solo por el Congreso “por falta grave debidamente acreditada mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”, su autonomía y estabilidad quedan garantizadas.

Sólo quedaría por asegurarle los recursos. Una manera de hacerlo sería señalar en la ley un porcentaje determinado del presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público para esta Autoridad. De otra manera, corremos el riesgo que tenga autonomía, pero sin capacidades efectivas. Podría morir de inanición. 

6. ELIMINAR BLINDAJE A JUECES Y FISCALES Y PREVENIR REPOSICION DE POLICIAS

En el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hace falta incluir un artículo orientado a modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. Al mismo tiempo, debe aprobarse una ley que permita la separación de policías por falta de idoneidad sin necesidad de adjuntar pruebas plenas y que estas decisiones administrativas no puedan ser objeto de revisión o revocación por parte del Poder Judicial. Debe verse la manera, entonces, de autorizar un cierto grado de discrecionalidad en las decisiones de pase al retiro por parte de la institución policial.

7. ELIMINAR MONOPOLIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Como parte de la reforma del Sistema Judicial, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para “incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. Contiene un conjunto de exhortaciones a los colegios de abogados a fin de que promuevan y aseguren el ejercicio ético y responsable de los abogados. Se establece la obligación, por parte de dichos Colegios, de evaluar de manera exhaustiva el conocimiento que tienen los profesionales que desean incorporarse al gremio sobre los valores, principios, normas y buenas prácticas del ejercicio responsable de la profesión del abogado, realizar campañas para promover la denuncia ciudadana de los actos que afecten dichos valores y buenas prácticas, promover la organización de mesas, talleres, seminarios u otras actividades y garantizar que las denuncias contra los abogados, tramitadas a solicitud de parte o de oficio, se resuelvan de manera expeditiva y especializada, para lo cual deben contar con el número necesario de comisiones, secretarías, tribunales u otros.

Pero esas disposiciones pueden quedar en letra muerta porque no hay sanción en caso no se cumplan. A nuestro juicio, la única manera de asegurar que los colegios de abogados cumplan su esencial misión de asegurar el comportamiento ético de los abogados, es, como propone Enrique Ghersi, eliminar el monopolio de los colegios de abogados existentes. Es decir, que puedan conformarse libremente asociaciones o colegios de abogados a los cuales los abogados puedan afiliarse. La colegiatura seguiría siendo obligatoria, pero no a un determinado colegio de abogados sino al que cada abogado escoja. Así, habrá algunos colegios más exigentes y prestigiosos que otros, que realmente ejercerán la función de control ético de la profesión. Habría que modificar, en ese sentido el Artículo 15 del proyecto de ley.

8. ORGANOS DE GOBIERNO Y GERENTES DE SERVIR

El sistema de gobierno en el Poder Judicial no es funcional, y favorece la corrupción. La Sala Plena de la Corte Suprema debería tener funciones solo jurisdiccionales, no administrativas. El presidente de la Corte Suprema –del Poder Judicial- sí debería tener una función vinculada a la reforma y desarrollo de la institución, al cumplimiento de los planes estratégicos. En ese sentido, su periodo debería durar 4 años en lugar de 2.

Al mismo tiempo, la gerencia general debería ser empoderada y desempeñada por un gerente público de SERVIR. Todos los gerentes deberían ser gerentes públicos de SERVIR, salvo que se consiga a administradores privados con muy altas calificaciones.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por su parte, no debería dedicarse a tomar decisiones administrativas menores que corresponden a la gerencia y tampoco debería seguir siendo la segunda instancia de la OCMA en los casos de los jueces y secretarios sancionados por ésta. Y debería aprovecharse para revisar su conformación, que no es funcional. Hoy está integrado por tercios –dos elegidos por los jueces de primera instancia, dos por los jueces superiores y dos supremos. Habría que preguntarse si no sería bueno que esté conformado por representantes designados por la Corte Suprema pero también por el Congreso y el Ejecutivo.   

9. MERITOCRACIA Y REINGENIERÍA

Para pasar de un sistema de redes de corrupción a uno meritocrático, resulta fundamental disponer la implantación de un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente, y que sirva asimismo de base a las ratificaciones del CNM, cuya frecuencia quizá debería acortarse.

De otro lado, debería aprobarse una ley que modifique la ley de carrera del trabajador judicial en el sentido de que dicha carrera tenga un carácter meritocrático, disponiendo al mismo tiempo racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez. El número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos crece a razón de mil por año, una inflación insostenible que favorece la corrupción y el descontrol.

En ese sentido, debería autorizarse a la Sala Plena o el Consejo Ejecutivo a contratar y empoderar a una empresa de reingeniería de procesos o de inteligencia de negocios para llevar a cabo la reingeniería y modernización interna completas del Poder Judicial. Esto, junto con la digitalización de los expedientes judiciales, es fundamental para multiplicar la eficiencia y productividad de los jueces (y fiscales) y reducir al mismo tiempo el espacio para la corrupción 

10. OTRAS MEDIDAS

Hay un conjunto de otras medidas complementarias que ya no formarían parte del paquete legislativo actual pero que deberían ser implementadas por el sistema de justicia. Ellas son:

  • Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
  • ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
  • Impulsar el arbitraje civil y penal
  • Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micro-políticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
  • Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
  • Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
  • Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia




¿Son suficientes las propuestas presidenciales?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algunas de las propuestas del presidente Martín Vizcarra en su discurso de 28 de julio tienen el potencial de lograr un verdadero cambio de era en el Perú, de pasar a una sociedad gobernada por la ley. Nos referimos a la reforma constitucional orientada a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por concurso público y aprobarla mediante referéndum, en la medida en que dicha reforma sea la punta de lanza de una serie de medidas que apunten a cambiar las características básicas -el neo patrimonialismo y el favoritismo- del Estado pre moderno que tenemos, por la meritocracia y la imparcialidad, elementos clave del Estado moderno. Significa pasar de organizaciones basadas en redes personales de intercambio de favores y, en ocasiones, de venta de decisiones, a organizaciones basadas en los méritos y en la evaluación de resultados. 

No toda estructura tradicional es mafiosa. Es normal y correcto que en una familia o en una comunidad campesina o en un grupo de amigos prevalezcan los lazos de lealtad y reciprocidad mutuas. El problema se presenta cuando trasladamos los valores familiares, comunales o amicales al manejo de la institucionalidad estatal. Esa es la realidad de muchas entidades públicas en el Perú, desde gobiernos locales y regionales hasta el Poder Judicial, pasando por algunos ministerios. Las “islas de modernidad”, que funcionan sobre la base del mérito, la evaluación del cumplimento de metas y la aplicación de la “razón técnica” a la solución de los problemas, son escasas.

No solo eso. En la medida en que, desde los 2000, lanzamos un proceso de descentralización sin amarrar bien los controles centrales y transferimos ingentes recursos a los gobiernos sub-nacionales, lo que ocurrió fue que mafias se organizaron para extorsionar las obras, proveer bienes y servicios y eventualmente tomar los propios gobiernos locales o regionales para apropiarse de recursos públicos. En ese momento las tradicionales redes familiares, amicales o de compadrazgo se transformaron en redes para el delito. Se intersectaron, por ejemplo, con organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, que cooptaron redes de policías, fiscales y jueces en varias Cortes Superiores del país.  

Este proceso se vio agravado por la fragmentación política derivada de la disgregación del sistema de partidos. En cada nueva elección una proporción cada vez menor de alcaldes pertenecía a partidos nacionales, de modo que ni siquiera dichos alcaldes estaban sujetos algún tipo de control derivado de la pertenencia a un grupo nacional. El país se feudalizó. Incluso a nivel del sistema de justicia, la influencia que entes tenían los partidos políticos en él pasó a ser ejercitada por organizaciones criminales.   

Por eso, la introducción del principio meritocrático en el sistema de justicia sería un avance gigantesco, un cambio fundamental. La elección del CNM por concurso público de méritos, en ese sentido, es clave. Pero tiene que estar bien hecha, para que logre atraer a los mejores. Un nuevo CNM que reclute jueces también de manera realmente meritocrática, rompería, a su vez, el sistema de selección de fiscales y jueces por redes amicales, familiares o políticas. Por supuesto, como hemos reclamado, esto tiene que venir acompañado de otros elementos:

  • Un sistema serio de evaluación del desempeño de policías, fiscales y jueces, que no existe
  • La digitalización y oralización de los procesos
  • Una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad –para reducir espacio a sentencias compradas
  • Un proceso de depuración de la Policía Nacional, que requiere una ley que cuyo proyecto ser elaborado y presentado al Congreso
  • También supone una reforma radical de las escuelas de la Policía, que no solo padecen una muy baja calidad académica, sino que son la puerta de entrada de delincuentes al cuerpo policial.

Liderazgo presidencial y del ministro de Justicia

El presidente Vizcarra no entró en estos temas, pero si anunció un proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia presidido por él mismo e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Si el presidente mantiene el liderazgo en esta reforma integral –que incluye la de la Policía- podremos esperar resultados. Pero en la medida en que la secretaría técnica de ese Consejo estará en el ministerio de Justicia, se requiere que el ministro de esta cartera tenga el peso y la capacidad para liderar también la gran reforma. Esto es crucial y sin duda en este momento es una incógnita, por decir lo menos.

Limpiar las Cortes Superiores

Por supuesto, como bien ha señalado Javier de Belaunde, no se puede reformar la Corte Suprema como queremos si no se limpia las Cortes Superiores, pues, como decíamos, hay distritos judiciales tomados por la mafia. En ese tema podemos ser optimistas, porque el presidente anunció además un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno. Sus miembros serán elegidos también por concurso público, y tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados. Esto es fundamental. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales.

Distritalizar la justicia penal

Y es claro también que aún no se coloca en la agenda gubernamental la necesidad de distritalizar la justicia penal, integrando en un solo local municipal o en la comisaría a un fiscal, un juez y una carceleta, a fin de acabar con la impunidad y reducir la altísima victimización por delincuencia común. Si esto va de la mano con Barrio Seguro y Vecindario Seguro, tendremos grandes avances en seguridad ciudadana. El presidente podría liderar una cruzada llamando a los alcaldes y comisarios a reunirse en los comités de seguridad ciudadana para elaborar y ejecutar estos planes. 

Reforma del servicio civil

Ahora bien, la modernización y la limpieza no son solo las del sistema de justicia. Es la del Estado en su conjunto. Para ello, un elemento central es la instauración del nuevo régimen de la ley de servicio civil en todas las entidades públicas. Es decir, la implantación, acá también, de la meritocracia. Este proceso clave perdió apoyo político durante la etapa del presidente Kuczynski, pero el Premier Villanueva, en su discurso al Congreso, le devolvió la prioridad perdida. El presidente, sin embargo, no lo mencionó en su discurso. Esperemos que esto no signifique que no lo considere fundamental, porque este es el típico cambio complejo y difícil de hacer que requiere de mucha tracción política. El presidente debe exigirlo a los ministros y a los gobernadores regionales.  

Reforma de la descentralización

Esto es particularmente importante para los gobiernos sub-nacionales pues, como decíamos, el proceso de descentralización que hemos tenido ha llevado a que el Estado central haya perdido autoridad y control sobre el territorio, que ha sido ganado en medidas diversas por mafias de distinto tipo. Entonces se requiere una reforma de la descentralización que reconstruya la autoridad central. 

Al respecto, el presidente anunció que el presupuesto total para los gobiernos regionales y locales pasará del 30% aproximadamente al 40% en el 2019 (lo que no se dice es que, en realidad, el presupuesto de inversiones es alrededor del 65% del total de la obra pública). Pero no precisó con qué medidas de control y monitoreo del gasto vendrá acompañada esta mayor transferencia, a fin de que no sirva solo para incrementar las arcas de la corrupción. Sí explicó que “nos proponemos delimitar con mayor claridad las competencias y las responsabilidades”. Esto es fundamental, sobre todo en la medida en que implique un fortalecimiento de la capacidad rectora y de control del gobierno central.

Pero habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo minero, forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

No solo eso. Debe autorizarse al gobierno central a intervenir en la gestión de los gobiernos sub-nacionales en casos de extrema deficiencia o necesidad, y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales.

Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

Un elemento importante es tener un Plan Nacional de Infraestructura, para que los proyectos respondan a una priorización técnica y no política o una tan discrecional que favorezca la corrupción. Al respecto, el presidente anunció que se pondrá en marcha el Plan Integral Multianual de Infraestructura a nivel regional y Programas Integrales de Mantenimiento de Infraestructura a nivel provincial.

Por supuesto, la reforma política es clave para reconstruir la unidad del Estado nacional y mejorar las estructuras de gobernabilidad.

Informalidad

Reducir los espacios para la corrupción implica también simplificar los trámites para obtener cualquier licencia o autorización y reducir sustancialmente la carga regulatoria. El presidente no habló de esto, pero sabemos que en la PCM se está avanzando en estos campos.

Esto incluye también las cargas sobre la empresa y el trabajo, a fin de reducir la informalidad. Pues la frontera entre la informalidad y la ilegalidad es difusa. Si la mayor parte de los peruanos y de las empresas desarrollan sus actividades fuera de la ley, significa que no hay imperio de la ley. Esto se debe, en parte, a que la ley es muy onerosa, impone cargas insoportables, exige obligaciones incumplibles.  Necesitamos, entonces, una ley atractiva, inclusiva. Una reforma de la regulación. De eso habló muy poco el presidente. Dijo que se estaba trabajando en la “formalización de las empresas y nuestro mercado de trabajo”, pero no dijo cómo, salvo el anuncio de que “se masificará el uso de comprobantes de pago y libros electrónicos” y “se implementarán medidas que creen incentivos a las personas naturales para demandar comprobantes de modo que se conviertan en socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas”. La reforma laboral sigue siendo el gran tema pendiente.

En resumen, para dar el salto histórico a la implantación del imperio de la ley en todo el territorio y ahogar a la corrupción, es necesario atacar las redes ilícitas en todos sus frentes para no dejar resquicio a la reagrupación del mal, implantar la meritocracia en todo el Estado y reformar la descentralización, la política y la legalidad. Lampadia