Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Mucha gente no está familiarizada con la industria minera y ante la propuesta del MEM sobre el tema, creo que vale la pena compartir algunos conceptos.

Con cualquier emprendimiento minero, digamos, una exploración, la comunidad empieza a recibir beneficios que dinamizan su economía.

• Se conversa con los propietarios de los terrenos superficiales, explicando qué se quiere hacer y se establecen acuerdos económicos como compensación por su autorización del uso de espacios, la actividad y convenios para atender la alimentación de los trabajadores.
• A renglón seguido, se construye caminos de acceso a las áreas de exploración y se establece un pequeño campamento para el equipo técnico que ha de trabajar.
• Consecuentemente, se instalan facilidades para agua, generación de energía eléctrica e instalaciones médicas básicas.

Ya ese solo paso, implica una dinamización de la economía de una comunidad jamás visitada por las autoridades.

Evidentemente, si esas exploraciones resultan exitosas, la dinámica económica crecerá, pues se requerirá más mano de obra local para mejorar las instalaciones y luego construcciones de mayor envergadura, lo que conducirá a que técnicos especializados, enseñen y transfieran conocimientos teóricos y prácticos para las distintas actividades, que van desde la topografía, el muestreo, la identificación visual y clasificación manual de los minerales, manejo y operación de equipos de perforación diamantina, así como gestión del proceso geológico. Este proceso y los siguientes, significan una constante transferencia de conocimientos y tecnología, a partir de los cuales, se convierten en trabajadores mineros, con todas las formalidades e ingresos superiores al promedio, producto de su actividad especializada.

Cuando el proyecto madura y se opta por construirlo, arranca un flujo de capitales al territorio, que implica un esfuerzo económico privado de construcción de carreteras de otra dimensión, ampliación de facilidades de vivienda, instalaciones de agua y desagüe, redes de suministro eléctrico, telefonía e internet. Esto genera mayores oportunidades de trabajo de construcción, que moviliza a gente de comunidades cercanas, con el consecuente crecimiento de las oportunidades de negocios. A partir de esto, se convierten en emprendedores, aliados y proveedores del proyecto. Desde antaño, los técnicos y profesionales se instalaban en los campamentos mineros con sus familias, esto conducía a la construcción de un hospital o posta médica, un colegio y una mercantil, dándole a toda la comunidad alejada y altoandina, una nueva fisonomía e importancia social, económica y política. Es sólo años después, que el Estado pone sus ojos en esas poblaciones y se plantea obras de infraestructura pública.

Los técnicos y profesionales nacionales y extranjeros, se convierten en profesores permanentes de todo el equipo constructor y luego operador del proyecto, transfiriendo tecnología en todos los campos de acción. Ciertamente, terminada la etapa de construcción, se reduce el número de trabajadores para la mina, pero las empresas, en paralelo a la construcción, se ocupan de capacitar y entrenar en actividades afines a aquellas en las que la comunidades puedan tener ventaja; manejo de ganado lanar, desarrollos textiles o comercialización de lanas, productos lácteos y cárnicos, siembra mejorada de papa nativa, preparación de alimentos, permitiéndoles la posibilidad de brindar bienes y servicios a la mina, o bien ampliando sus horizontes a otras regiones del país y del mundo. Baste recordar el proyecto PRA (Programa de Reducción y Alivio a la Pobreza), mediante el cual se abren mercados sofisticados internacionales, estableciendo contactos y vínculos comerciales a estas pequeñas y micro empresas, apoyándolas en la gestión exportadora y administrativa.

Quién sabe, uno de los fenómenos más interesantes gestados a partir de la llegada de la actividad minera a muchas comunidades, es que muchos hijos de comuneros-trabajadores son incorporados a esta dinámica, educados inicialmente en los colegios de los campamentos mineros, han abrazado la vocación por esta actividad, han seguido estudios universitarios en las profesiones requeridas por la minería (geología, minas, metalurgia, medio ambiente, mecánica y electricidad) y posteriormente se han incorporado como profesionales a distintas empresas mineras, algunos recibiendo becas y apoyo para estudios de postgrado en el extranjero, alcanzando los más altos niveles de estas organizaciones, convirtiéndose en importantes promotores de la minería y en mentores de jóvenes estudiantes que aspiran seguir sus pasos.

Debemos reconocer que la industria minera peruana, ha generado un eficiente ecosistema, capaz de competir en “las grandes ligas” de la industria minera mundial, ha establecido encadenamientos productivos, dinamizado los requerimientos de ingeniería y, en su interacción y asociación con empresas de países líderes, han aprendido de sus experiencias y desafíos, adecuando y aplicando las soluciones más innovadoras en sus propios proyectos. Hemos propiciado una importante industria metal-mecánica y de fabricación de equipos para minería, industrias que, a partir de la experiencia nacional, se han convertido en importantes exportadoras.

Nuestro sector minero es de los más formales del país y por eso, significando el 9% del PBI, su aportación tributaria sobre la renta generada alcanza al 20% del total del Perú. Lo indicado significa que, gracias al portafolio de proyectos disponibles para su desarrollo, cercano a los US$60 mil millones, el pronto desarrollo de los 10 proyectos más maduros, resolvería no sólo las dificultades fiscales actuales, sino que impulsaría nuestro desarrollo y atraería capitales.

Quien no ha trabajado en minería, no conoce esta realidad y, en consecuencia, reclama lo que el sector minero ha hecho por décadas.

En fin, preocupa que el documento “La Rentabilidad Social” del MEM, denote tal nivel de desconocimiento de las bondades y aportes del sector minero peruano. Lampadia

No es cierto que la minería explote amplias extensiones para extraer minerales, afirma Henry Luna. Esta industria ha aportado por exportaciones mineras 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años, trabajando en espacios que apenas llegan al 1% del territorio.

Entrevista a Henry Luna Córdova, Presidente Ejecutivo (e) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)
REVISTA DESDE ADENTRO
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA
Por Piero Gálvez

¿Qué acciones se deben realizar por parte del Estado para reducir la tramitología en el sector minero?

Lo primero que se tiene que hacer es mejorar los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las instituciones públicas, reducir el número de trámites y, sobre todo, el tiempo que estos demoran. En el Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como en el Ingemmet, ya lo hicimos, pero esto no depende exclusivamente del sector minero, ya que la mayoría de trámites se realizan fuera del ámbito de competencias del Ministerio.

¿Cuáles de esos trámites ajenos al MEM complican este proceso burocrático?

Por ejemplo, los trámites respecto al uso del agua, que se deben hacer ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o lo referido a terrenos superficiales, que implica a privados, comunidades y los gobiernos locales, regionales y a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Finalmente, los estudios ambientales ahora se tramitan ante el Senace, que está bajo la tutela del Ministerio del Ambiente. Como Ingemmet, lo único que tramitamos son las concesiones mineras para exploración y explotación, cuyo proceso de titulación dura entre cuatro y cinco meses.

¿Considera, entonces, que se deberían reducir o centralizar los trámites?

Las dos cosas. Por ejemplo, la ventanilla única, que se está tratando de implementar a nivel de minería artesanal, también se debería aplicar en la mediana y gran minería, porque nos simplificaría procesos. Y, sobre todo, darle más valor al uso de las declaraciones juradas, teniendo en cuenta que muchos de estos documentos serán fiscalizados posteriormente por OEFA, OSINERGMIN y SUNAFIL. En ese sentido, no se debiera pedir tantos volúmenes de información porque, finalmente, si una empresa incumple la normativa al momento de ser fiscalizada no podrá desarrollar su proyecto.

Pese a estas dificultades, ¿el sector minero está dando señales positivas para el país?

Entre los meses de noviembre 2017 a noviembre 2018 se ha registrado una cifra récord en cuanto a las solicitudes de concesiones mineras en el Perú. En este último año ya hemos recibido unas 8,000 solicitudes de concesión minera, con lo cual estamos superando lo registrado en el 2012, cuando se llegó a 7,500 pedidos. Sin embargo, para los intereses de crecimiento y desarrollo del país, no basta solo con adquirir concesiones mineras, sino que es fundamental poder realizar exploraciones en estas y, posteriormente, explotarlas.

¿Hay diferencias entre concesión minera y proyecto minero?

No son lo mismo. A nivel nacional las concesiones mineras representan el 14.5% del territorio nacional. Sin embargo, solo el 0.31% está en etapa de exploración, es decir, 708 concesiones, y solo el 0.91% del territorio nacional se encuentra en etapa de explotación minera, es decir, 3,800 concesiones. Eso significa que en un 13.28% de las áreas concesionadas no se reporta actividad alguna. Así, solo en el 1.22% del territorio nacional se explora o se explota algún tipo de mineral. Recientemente realizamos un estudio que reveló que solo el 0.049% del territorio nacional concesionado es ocupado por las principales operaciones mineras, tales como Toquepala, Cuajone, Constancia o Las Bambas, entre otros, que son los que impulsan el crecimiento del país.

¿Cuál ha sido el aporte del sector minero al crecimiento del Perú?

El aporte de la minería ha sido fundamental para el desarrollo económico del Perú. De los 474,654 millones de dólares recaudados entre 1950 y 2018 por exportaciones tradicionales, más del 75% correspondió a las exportaciones metálicas, es decir, 356,600 millones de dólares. Asimismo, en la última década, de los 312,080 millones de dólares de las exportaciones tradicionales, el 79% correspondió a minería metálica, aportando 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años.

¿Cómo se puede trabajar para superar las creencias que impiden el desarrollo de proyectos mineros en regiones como Cajamarca?

Existen muchos mitos respecto al desarrollo de la minería. Por ejemplo, se debe aclarar la naturaleza de las concesiones y de los proyectos mineros, del impacto económico de la minería a nivel local. Y también es necesario ayudar a los gobiernos regionales y locales para que administren mejor los recursos que obtienen gracias a la actividad del sector, como el canon, regalías y derecho de vigencia.

¿Qué otras acciones pueden generar conocimiento acerca de las actividades mineras?

Necesitamos difundir las actividades de la gestión de agua. Ahí el sector solo utiliza el 1% del recurso disponible en el país, según la ANA. También se necesita difundir los temas de responsabilidad social que ejecutan las empresas mineras. Tengo entendido que están realizando una campaña al respecto, pero se necesita involucrar a otros sectores para hacer comprender a la población que la minería genera desarrollo, como en Apurímac, que era una de las regiones más pobres del país y ahora es un nuevo polo de desarrollo gracias a la actividad minera. Lampadia

Todos hablan ahora de cómo podemos beneficiarnos por el aumento de los precios de los metales como el Cobre y el Zinc. Con ello se generan mayores ingresos por exportaciones, mayores recursos fiscales y disminuye el déficit fiscal.

Pero si no desarrollamos nuestros proyectos, y solo nos contentamos con los mejores precios de la producción actual, estamos perdiendo una gran oportunidad de generar riqueza. Este es el momento de iniciar inversiones. Pero para lograrlo, se requiere que el gobierno y el gremio minero, le expliquen a la población los grandes beneficios que podemos obtener y comprometer el apoyo de la población para contrarrestar las asonadas anti-mineras de quienes promueven las ideologías de la pobreza y viven del conflicto.

Como sabemos, los buenos precios no son eternos. No aprovechar estos momentos e impulsar las inversiones mineras es un acto de irresponsabilidad supina.

Veamos en qué estamos:

La mirada desde Chile

Las ilusiones oficialistas

Las inversiones mineras en el Perú se expandirían 20% este año y superarían los US$ 5,000 millones, afirmó el MEM recientemente, resaltando que este crecimiento se debe mayormente a los cambios normativos como la simplificación administrativa y la creación de condiciones sociales en los entornos mineros para que los proyectos puedan desarrollarse y seguir las operaciones.

Además, el Perú recientemente presentó una cartera de inversiones en minería proyectada para los próximos 10 años, tanto en exploración, explotación y ampliaciones, que supera los US$ 58,000 millones en la Feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2018. También promocionó los proyectos Colca y Jalaoca, cuya convocatoria a concurso se abrió el viernes pasado. Nótese que en la relación presentada no figura Tía María.

La cartera estimada de los proyectos mineros es descentralizada y se ubica en regiones como Cusco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Áncash, Huancavelica y Lambayeque.

Aterrizando

Según el Mercurio de Chile, el Banco Central de Reserva del Perú, en uno de sus últimos informes, calculó que la inversión minera llegaría a US$ 6.529 millones durante los años 2018 y 2019. Por su lado, según estimaciones que han realizado el Consejo Minero y la Sonami, la industria minera chilena invertirá US$ 7 mil millones en el 2018. El doble de inversión que el Perú.

Además, según el último estudio de 2017 del Instituto Fraser, el Perú fue desplazado del primer puesto de América Latina por Chile como “jurisdicción favorita para invertir en minería”. El estudio se basa en una encuesta que evalúa cómo las dotaciones mineras y los factores de política pública (impuestos e incertidumbre regulatoria) afectan la inversión en exploración minera.

Entre las razones del salto chileno, el Instituto Fraser destaca “una disminución en la preocupación por el sistema legal de Chile (-16 puntos), régimen impositivo (-14 puntos) y base de datos geológicos (-13 puntos).

A pesar de las bondades objetivas del proyecto minero que está más cerca de efectivizar inversiones, Tía María, y de una importante campaña de Southern Copper para generar el apoyo de la población del valle de Cocachacra, en Arequipa, que aclara todas las dudas y mitos sembrados alrededor del proyecto, los representantes del gobierno, tanto en su momento, Cayetana Aljovín como ministra de Energía y Minas, como la actual ministra, Ángela Grossheim, siguen omitiendo toda referencia al proyecto, dando la impresión de que estuviera vetado (por pura y llana cobardía).

¿Qué debemos hacer?

Recordemos que, al contrario de los mitos anti-mineros, el Perú ha mejorado a pasos agigantados gracias al crecimiento de este sector. La inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y la mortalidad infantil.

Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

Contamos con un sector que aporta un gran valor agregado a la economía (superior a 65%), generando miles de millones de dólares de exportaciones. Ver en Lampadia Conflictividad y debilidad política impiden desarrollo minero

Pongamos en valor los recursos mineros que tenemos el privilegio de tener y actuemos en pro del desarrollo integral, duradero y sostenible, sin que los mitos y las mentiras nos aparten del camino de la reducción de la pobreza. 

Para que estas palabras no sean una simple ficción, solo falta un liderazgo asertivo, valiente y consecuente con el reto de superar la pobreza, como primera prioridad de gobierno. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Acompañado de 200 funcionarios y empresarios nacionales, el ministro en Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, acudió a la convención minera de Toronto a persuadir a las empresas mineras del mundo a invertir en el Perú. Llevaba esta vez como argumento el índice de los países más atractivos para la inversión minera, en el que el Perú había mejorado 8 puestos pasando del puesto 36 al 28 entre 104 territorios, desplazando por primera vez a Chile al puesto 29. Por supuesto, se cuidó de no mencionar que en el otro índice, el de percepción de políticas,  que incluye la percepción de directivos y ejecutivos acerca de la interpretación y aplicación de regulaciones existentes, las regulaciones ambientales, impuestos, la incertidumbre acerca de reclamos de tierras en disputa y las áreas protegidas, infraestructura, acuerdos socioeconómicos, estabilidad política, asuntos laborales, seguridad entre otros, el Perú figuraba en el puesto 54, allí sí bastante detrás de Chile, por ejemplo. 

Y es que nuestro país no ha encontrado aun la fórmula institucional para convertir la ventaja geológica en ventaja económica y social. Es decir, para prevenir los conflictos sociales y establecer una relación armoniosa entre inversión extractiva y comunidades o poblaciones circundantes ni para contrarrestar la acción de buscadores de rentas políticas o económicas ni  menos aun para aprovechar la mina como una palanca para el desarrollo rural.[1] El hecho es que una parte importante de la cartera de proyectos mineros que el ministro presentó y que bordea los 46 mil millones de dólares, no tiene visos de realizarse dadas las condiciones políticas y sociales imperantes en algunos proyectos.

El ministro, sin embargo, explicó a los inversionistas que hay ahora una nueva estrategia que no solo busca la simplificación administrativa para facilitar la exploración y la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que son kafkianos, sino también crear un entorno social favorable a las inversiones. Esto último mediante la puesta en marcha del llamado Fondo de Adelanto Social, creado en el decreto legislativo 1334  y mediante la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fondo de Adelanto Social
La idea del Fondo de Adelanto Social es precisamente adelantar intervenciones en etapas tempranas de cada proyecto, pero es algo que todavía está en diseño y aun no se ha reglamentado. Al respecto, Cesar Delgado Sayán, de Cesel, ha propuesto hace ya un tiempo que dicho Fondo ejecute un plan de desarrollo que nazca de un Estudio de Desarrollo Integral que se realizaría de manera paralela al Estudio de Impacto Ambiental y ha propuesto una arquitectura institucional para ello. De esa manera no solo se ejecuta un plan bien concebido, sino que se ata el desarrollo local a la inversión minera de modo que la mina aparezca como parte de la solución y no del problema.

Viceministerio de Gobernanza Territorial: el Estado en el territorio
La idea del viceministerio de gobernanza territorial, por su parte, es la de contar con una autoridad que pueda coordinar a los sectores y a los gobiernos regionales y locales en el territorio no sólo para acompañar y fortalecer la acción de los gobiernos sub nacionales, sino, en lo relativo a los conflictos, para identificar un pedido o un reclamo social en el momento en que nace a fin de atenderlo eficiente y rápidamente. Es decir, coordinar al Estado para que resuelva problemas, hacer efectiva su presencia en el territorio.

Para ese fin el nuevo viceministerio junta tres oficinas que estaban separadas: la Secretaría de Descentralización, la ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ahora llamada Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Por medio de la Secretaría de Descentralización se conseguiría la coordinación inter gubernamental e intersectorial.

La idea fue crear una instancia -el Viceministerio- que tuviera más peso político que la ex Oficina Nacional de Diálogo, precisamente para lograr las coordinaciones inter sectoriales e inter gubernamentales en el territorio, algo que aquella Oficina nunca pudo conseguir. El nuevo Viceministerio sería –repetimos- un gran órgano coordinador del Estado en el territorio para atender los pedidos o reclamos antes de que escalen y, en general, para manejar las situaciones que se presenten. Se trata de darle presencia y capacidad de gestión al Estado, algo que no tiene. No solo no la tiene. En ausencia de partidos políticos, con frecuencia ocurre que el Estado (gobiernos sub nacionales) es capturado por intereses mafiosos o disruptivos que forman parte del problema de la conflictividad, no de su solución.

Para recuperar presencia y capacidad de la autoridad central del Estado en el territorio, el Viceministerio tendrá oficinas en las zonas conflictivas y en las regiones, implementadas sobre la base de las que tenía y aun tiene la Oficina Nacional de Diálogo, pero potenciadas. Según Javier Fernández Concha, Vice ministro de Gobernanza Territorial, la idea es que los alcaldes, por ejemplo, ya no tengan que venir a Lima para hacer gestiones sino que las hagan en esas Oficinas, que tendrían capacidad de resolución y coordinación intersectorial.

Alerta temprana
Una tarea de esas Oficinas será tener un sistema de alerta temprana que emita reportes de información preventiva, incorporando para esa tarea a subprefectos y teniente gobernadores por ejemplo. Eso a fin de detectar un pedido social apenas se gesta, a fin de atenderlo en el acto. Para poder atenderlo es que las Oficinas desconcentradas tendrán poder de coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales.

En ese sentido, al Viceministro no se le escapa la necesidad de evaluar la conveniencia de que la estructura de subprefectos y tenientes gobernadores pase del ministerio del Interior a la PCM, o que, cuando menos, la PCM tenga la rectoría de ese sistema.

Dar solución al pedido social desde que nace es clave, pues un reclamo no atendido se convierte en un escenario atractivo para la aparición de actores externos que buscan obtener rentas económicas o políticas exacerbando las demandas, incluyendo nuevas y eventualmente alentando medidas de fuerza que terminan violentando el orden legal. Sebastiao Mendonca explica, en reciente libro publicado por Lampadia,[2] cómo buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan los sentimientos de agravio que una mina pudiera generar, la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, y una institucionalidad estatal débil o ausente, para difundir un relato anti minero y movilizar a poblaciones para las cuales termina siendo más fácil desarrollar una forma conflictiva de extraer rentas de la empresa minera que integrarse productivamente a la economía moderna.

¿Cómo desactivar la dinámica perversa?
Según Javier Fernández Concha, “cuando ingresan otros actores por lo general se empieza a desnaturalizar el pedido original y se incluyen otras demandas  más radicales hasta que llega un momento en el que se pierde el control y ya no se sabe bien por qué razones se está uno movilizando y adoptando medidas de fuerza. Es en esas circunstancias que se instalan las mesas de diálogo, pero en ese momento los funcionarios firman cualquier cosa con tal de resolver la crisis. Las mesas de diálogo se convierten, así, en mesas de capitulación, de rendición, y generan entonces un inventario de compromisos imposibles de cumplir, que luego se convierten en el germen de un nuevo conflicto porque alimentan la actividad de actores externos, en un círculo vicioso ya establecido”.   

El problema es que hay zonas del territorio nacional en las que esa dinámica perniciosa se encuentra ya instalada de manera regular. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el corredor minero del Sur. ¿Qué hacer entonces para desactivar  esa dinámica perversa allí donde ya está arraigada? Lo primero que se requiere, según Fernández Concha, es un buen diagnóstico de campo acerca de cuál es la causa del conflicto, que comienza por identificar el pedido social original que debe ser atendido y cuáles son los componentes e intereses que luego se han agregado, diferenciándolos del pedido originario. Esto implica identificar a su vez al conjunto de actores y micro poderes presentes y el papel que juega cada uno: la propia empresa, autoridades, rondas campesinas, comerciantes, acumuladores políticos, asesores económicos que buscan comisiones, ONGs, minería informal o ilegal, etc.[3]

La información será recogida directamente por los funcionarios de las Oficinas desconcentradas de la PCM antes mencionadas, pero también pidiéndosela a los sectores, gobiernos locales, sub prefecturas y comisarías. Sobre la base de ese diagnóstico se trazará una estrategia distinta para cada zona, porque cada zona es un sub mundo. El Viceministerio también se propone elaborar un análisis de las minerías informal e ilegal, a partir del mapa respectivo del INEI, a fin de elaborar estrategias caso por caso, sea para formalizar, para persuadir a los dueños de las concesiones, para hacer interdicción o para la reconversión en otra actividad.  

Cuando hablamos de conocer la dinámica de las relaciones entre los distintos actores y micro poderes locales para tratar de influir en ella, estamos hablando, en buena cuenta, de manejo político, acompañado de capacidad ejecutiva, para desactivar dinámicas viciosas. Estas Oficinas deberían tener promotores en el terreno que informen correctamente y deberían, asimismo, tal como recomienda Mendonca en su libro, formar a los líderes locales tales como presidentes o ex presidentes de las comunidades, profesores rurales, religiosos, empresarios rurales, etc., en temas tales como verificación del buen uso de los recursos provenientes de la mina, cómo verificar los impactos ambientales reales de la actividad minera, negociación y acuerdos con las empresas mineeras, institucionalidad de control de las empresas mineras. Y también deberían infundir tecnologías que aumenten la productividad de la economía campesina, como veremos. 

Aplicar la ley
Pero mientras no se logre desactivar las dinámicas viciosas y un conflicto degenere en acciones de cualquier naturaleza que violenten el marco legal, el Estado debe ser capaz de aplicar la ley y sancionar al infractor. Eso requiere un trabajo mucho más afiatado con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Significa fortalecer la inteligencia policial, la capacidad de fundamentar bien las denuncias por parte del Ministerio Público, y establecer una jurisdicción nacional para juzgar los casos de violencia. Es obvio que la impunidad es un aliciente para el desarrollo de estrategias violentas, de modo que sin duda una de las tareas de la PCM será coordinar con esas instituciones para establecer una política que permita desincentivar métodos de lucha delictivos.

Desarrollo rural e incorporación al mercado 

Pero no solo se trata de atender un pedido cuando se gesta, desactivar dinámicas conflictivas instaladas y sancionar las violaciones de la ley, sino, además, y sobre todo, procurar y facilitar el desarrollo rural y local para que las comunidades puedan incorporarse con todo su potencial a la economía de mercado.

Estamos hablando de que las familias puedan instalar en sus chacras las tecnologías de Sierra Productiva (mini reservorios, riego por aspersión, pastos cultivados, etc.) a fin de aumentar exponencialmente la productividad de sus labores e incrementar sus ingresos en la medida correspondiente. Uno de los efectos secundarios de esta transformación es que la mina ya no será vista como un blanco de reclamos para obtener recursos de todo tipo, o como un objeto de extorsión en última instancia, sino como un mercado para los productos de las unidades productivas familiares. Es decir, se pasaría de una dinámica de oposición a una de complementariedad. La diferenciación social, en lugar de agravarse, tendería a reducirse, restando bases sociales a los buscadores de rentas económicas y políticas, a los emprendedores destructivos.[4]

Javier Fernandez Concha no tiene en su radar todavía algo como Sierra Productiva, pero si ve la necesidad de elaborar planes de desarrollo concertados que partan desde abajo, desde los caseríos, y que tengan una visión compartida. Así como empoderar a líderes locales y fortalecer la capacidad de gestión de las propias comunidades y organizaciones sociales para manejar fondos sociales, por ejemplo.

A nuestro juicio, el Viceministerio de Gobernanza Territorial debería tener como brazo ejecutor al programa Sierra Productiva, que allí donde se ha introducido ha tenido siempre un gran efecto pacificador y constructivo. La gente, concentrada en su negocio y en su propio progreso, se olvida del conflicto salvo cuando es realmente justo, y más bien busca oportunidades para ampliar su mercado. Esa es la solución.

Pero para esto sería interesante que las empresas mineras aprendan a relacionarse con su entorno comunal de una manera mucho más creativa y productiva, al estilo del modelo aplicado por Bear Creek en Corani, Puno, que basa su relación con las comunidades no en ofrecerles empleo en la mina sino en convertir sus ventajas comparativas en competitivas (ver en Lampadia:  El secreto de la minería peruana) Familias que vendían lana de alpaca en bruto, ahora venden hilados y ropa inteligente y antiséptica enhebrada con hilos de plata -obteniendo ingresos 25 veces superiores-, protectores solares sobre la base del ichu, una cerveza artesanal a partir de una fruta silvestre local, entre otros productos desarrollados a partir de los recursos locales. Los propios ingenieros de la mina trabajan, junto con jóvenes locales, en la investigación y desarrollo de esos productos. 

Sebastiao Mendonca, por su parte, formula en su libro un conjunto de prácticas que las empresas minerías deberían desarrollar para reducir la conflictividad: prevenir los sentimientos de agravio, dinamizar las cadenas locales de valor, manejo preventivo de la conflictividad, construir legitimidad, mecanismos de comunicación, fortalecer la institucionalidad local y mejorar las acciones de responsabilidad social.[5]

La Sociedad Nacional de Minería, a su vez, no ha sido capaz de difundir ni capitalizar en relato social eficaz los activos ambientales y las buenas prácticas de desarrollo comunal que han desarrollado algunas de sus asociadas. No las ha sistematizado. En general, aun hace falta construir el sentido común de la minería como palanca del desarrollo nacional y de la propia diversificación productiva. La minería debe ser vista como parte de la identidad nacional. La batalla tiene que darse también en el terreno ideológico si queremos que nuestro país aproveche sus recursos para conquistar el desarrollo para todos. Lampadia

[1] Sobre la manera como buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, una institucionalidad estatal débil o ausente y empresas y gremios poco inteligentes, leer el libro recientemente publicado por Lampadia “Para reducir la Conflictividad Minera”, de Sebastiao Mendonca Ferreira.

[2] Ver “Para Reducir la Conflictividad Minera”, Sebastiao Mendonca Ferreira, Publicación de Lampadia

[3] Según Mendonca, los actores o grupos conflictivos son de dos tipos: (a) organizaciones políticas y ONG que, por razones de ideología e intereses, no quieren que la minería dinamice el progreso del Perú, y (b) los emprendedores destructivos que, por intereses económicos buscar generar dinámicas de extracción de rentas con las cuales puedan beneficiarse (p. 23).

[4] Ver el mencionado libro de Sebastiao Mendonca.

[5] Ver “Para reducir la Conflictividad Minera”, capítulo V, Lampadia.

En una época de gran volatilidad de precios, debemos recordar las palabras de Larry Summers a inicios de año, cuando afirmó que “los mejores ejecutivos manejan sus compañías con un ojo en la rentabilidad de largo plazo, no en el precio diario de sus acciones. Y los hacedores de políticas públicas lo hacen mejor cuando se concentran en fortalecer sus fundamentales económicos, en vez de hacerlo en función de las fluctuaciones diarias de los mercados”.

El precio del cobre, el precio más importante para la economía peruana, cerró este lunes con un alza en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a los US$ 2.22578 la libra. El último impulso al precio de este material se dio después de que los datos de las manufacturas chinas indicaran un ligero crecimiento, lo que ha incentivado las esperanzas de nuevos estímulos económicos, a pesar que se preveía que la fortaleza del dólar contendría el alza.

Uno de los principales motivos para esta alza es que la demanda de China por cobre ha subido un 14% en lo que va del año, una grata sorpresa tras la caída en los últimos años por la desaceleración del crecimiento y de su gasto de inversión. Las compras de China representan casi el 50% de del consumo global, equivalente a aproximadamente 22 millones de toneladas en 2016.

Más allá de la caída de un 50% del precio del cobre desde su pico en 2011, China mantiene una gran demanda del metal. Por ejemplo, sus fundiciones de cobre no han reducido su ritmo de expansión, más bien se espera que la industria de fundición del metal continúe creciendo durante los próximos cuatro años (más del 70% de la fundición mundial de cobre durante los próximos cuatro años se llevará a cabo en China). 

Según un reciente estudio de CRUGROUP, expertos en la minería mundial, dan el ejemplo de los cátodos de cobre: A pesar de que China ha sido el mayor productor de cátodos de cobre en el mundo durante varios años, todavía tiene que importar entre el 30-40% de su consumo total cada año (cuya demanda sigue en aumento), lo que significa que con el apoyo gubernamental (en forma de préstamos a bajo costo, la aprobación ambiental y el acceso a la tierra, entre otros), fácilmente hay un mercado disponible para el cobre.

Por otro lado, en el Perú el Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicó recientemente que, durante el primer semestre del 2016, la producción nacional de cobre registró un crecimiento de 51% respecto al mismo periodo en 2015, alcanzando los 1.12 millones de toneladas métricas finas (TMF). El MEM precisó que, a nivel nacional, Arequipa lidera la producción cuprífera al obtener 23.19% del total, seguido por Áncash y Cuzco.

En cuanto a los otros commodities, el 2016 ha sido el año del zinc, el cual ha aumentado su precio en 51% en el primer semestre. Esto ha llevado a que la minera MMG de China, propietaria de Las Bambas, anunciara recientemente que buscará  nuevas minas de zinc en el Perú. “Estamos pensando en lugares como Perú, donde hay una gran cantidad de zinc”, afirmó el presidente ejecutivo Andrew Michelmore. Recordemos que el Perú tiene la tercera mayor reserva de zinc del mundo.

Además, según Bloomberg, “El zinc ha subido más de un 50% desde su mínimo de enero por recortes de producción en las minas y los cierres de Glencore PLC y Century de MMG y la disminución de las operaciones de Lisheen Vedanta Resources Plc. Goldman Sachs Group Inc. pronostica una escasez mundial cada vez mayor.”

En Lampadia estamos muy atentos a la evolución de los precios de los minerales básicos indicados, los del cobre y zinc, que configuran de manera muy importante el escenario económico global para el Perú. Además, la contribución del oro y de la plata, también ha tenido una evolución muy favorable al país. Todos estos metales forman parte de la minería peruana, la cual genera aproximadamente el 60% de las exportaciones y ha explicado una buena parte del crecimiento económico y de la inversión privada, muy importantes encadenamientos con otros sectores productivos al tiempo que ha beneficiado al fisco, incluyendo a los gobiernos locales y regionales con el canon minero.

Veamos la evolución de los precios más importantes para nuestra economía: 

Pero lo más importante es que este sector tiene un potencial para el crecimiento y la expansión muy importante. Nuestras oportunidades de inversión son amplias y variadas, pues aún no se ha explorado gran parte del territorio, dejando un inmenso potencial para el desarrollo futuro. Entre las exploraciones y operaciones mineras, se interviene menos del 2% del territorio nacional. Según un estudio de EY, se estima que sólo el 0.32% del territorio del país ha sido explorado al año 2013. Del mismo modo, sólo se ha explotado el 0.9% del territorio al mismo año.

Desde que empezaron a caer los precios de los commodities hace cuatro años, en Lampadia destacamos nuestra protección en mercados débiles dado nuestro nivel de costos competitivos, la oferta de diversos minerales y nuestro tamaño relativo al gran comprador de minerales, la China. Entonces afirmamos que los precios habían bajado, pero no la demanda por nuestros productos, máxime si el 7% de crecimiento de China equivale a 3.2 veces el PBI anual del Perú. Ver en Lampadia: China: Un Gigante cambia de Piel. 

En los últimos años hemos perdido magníficas oportunidades de inversión en importantes proyectos que ahora debieran estar en su fase productiva, generando los recursos que nos hacen tanta falta. Por ejemplo, según el IPE (ver el siguiente cuadro), el crecimiento de nuestra economía podría haberse mantenido en niveles del 6%, de no haberse suspendido los proyectos mineros.

Es momento de señalar y denunciar los daños originados por los anti mineros y aprovechar la autoridad moral del nuevo gobierno para, tal como ha planteado el Presidente Kuczynski en su primer mensaje a la nación, explicar a la población los beneficios de las industrias extractivas. 

Lampadia  

El 16 de marzo pasado publicamos en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú. Entonces denunciamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya había cumplido con creces su ciclo de vida. Afirmamos que su nivel de corrosión debía ser altísimo y que por ello se habían multiplicado las fallas, cada vez, con más severidad. Para ilustrar la nota utilizamos el gráfico de líneas abajo que muestra que al inicio de operaciones de estas obras se generan fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse las instalaciones, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si no se hace el mantenimiento adecuado y no se reemplazan los materiales desgastados o corroídos, las instalaciones entran en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva se llama: ‘Tina’.

Como era de esperarse, Petroperú no se comunicó con Lampadia para explicar la situación y solo hizo lo posible por pasar inadvertido con el dinamismo mediático del país. Sin embargo, la realidad confirmó la situación calamitosa del oleoducto al punto de que este siga paralizado.

El lunes pasado (13 de junio, 2016), tres meses después de nuestro artículo, el diario El Comercio publicó una noticia titulada: “Oleoducto: 16 años de descuido”. Ver reproducción a continuación:

Según la nota, tras década y media sin mantenimiento apropiado, el Oleoducto Norperuano exhibe 73 fallas críticas. Repararlas tomará todo el año.

“Según Petro-Perú, el oleoducto no ha recibido mantenimiento en los últimos 16 años y, como consecuencia, se han generado 73 fallas (puntos con pérdidas de espesor superiores al 70%) en los tramos 1 y 2”.

“Tal es el resultado de la inspección con smart-pigs (sensores que detectan fallas) realizada por la estatal en el 2015. ¿Qué tan grave es este diagnóstico?”

“Según Víctor Sanz, ex gerente de Contratos de Petro-Perú, la figura es trágica, pues demuestra el descuido que la estatal ha tenido con el oleoducto por su afán de priorizar la modernización de la refinería de Talara. “Es un asunto gravísimo. Sabía de sabotajes que se deben denunciar, pero la falta de mantenimiento es un descuido atroz. Lamentablemente, no es solo un problema de Petro-Perú, lo es también de Osinergmin y el MEM. ¿Dónde estaban cuando esto sucedía?”

Ya han pasado cuatro meses desde que se suspendió el servicio de transporte de petróleo del Oleoducto Norperuano, debido a las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repita el desastre del febrero pasado, cuando unas rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua y dañando el medio ambiente.

Sin el debido mantenimiento, el oleoducto ya cumplió con creces su ciclo de vida. “Las recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca”, informó la OEFA en su momento.

Mientras tanto Petroperú y el gobierno peruano siguen en la fiesta de la ‘modernización’ de la refinería de petróleo de Talara. En ella se mueven inmensas cifras de inversión del nivel de unos US$ 3,500 millones, cantidad excesiva según varios expertos e innecesaria según otros, dada la estructura de la demanda y oferta de productos refinados en el Perú.

La gestión de Petroperú y los resultados obtenidos en inversiones, operaciones y en el desastroso mantenimiento de sus instalaciones, más la falta de controles con los que opera la administración (ni siquiera reporta a Fonafe, el holding estatal que representa al Estado en su rol de accionista de las empresas públicas), han determinado una situación alarmante que debe llevarnos a enfrentar con valentía las presiones políticas que pretenden mantener las cosa como están. Esperamos que el próximo gobierno tenga la entereza suficiente para informar al país esta realidad y plantear correcciones de fondo al actual esquema licencioso con el que opera Petroperú. 

Lampadia

La 32 Convención Minera dejó en claro que el sector es fundamental para la salud económica del país y para su crecimiento y desarrollo integral. A pesar de ello, muy lamentablemente, se pudo constatar que todavía subsiste la creencia de que el Perú puede prescindir de la minería para alcanzar el progreso. De una u otra manera, la poca atención que recibió este importante evento de las autoridades gubernamentales es una muestra de cómo esta errada concepción viene ganando adeptos. Es como si quisiera negarse todos los logros que se han obtenido en los últimos años, o como si se quisiera desconocer que el crecimiento económico es el que ha reducido la pobreza en el país.

No se entiende como los embajadores de casi todos nuestros socios comerciales asistieron al evento, que incluso la propia ministra de minas de Chile, Aurora Williams, haya estado presente, mientras que los ministros del gobierno de Ollanta Humala hayan brillando por su ausencia. Las severas críticas por la inasistencia de la ministra de energía y minas, Rosa María Ortiz, la obligó a tomar un avión a Arequipa para participar del evento casi a último minuto. Un desatino.

Semejante desinterés también fue compartido por la prensa nacional que le dio un despliegue muy pobre a una Convención que se producía en un momento en que la economía nacional se ha ralentizado. ¿No era el momento, justamente, de enfocar todos los reflectores en escuchar a un sector que ha contribuido al crecimiento del país? Realmente, llamativa la escasa cobertura de los llamados medios serios.

Lamentable, pero cierto. Como demostró durante su exposición el director de Lampadia, Pablo Bustamante, se viene desatando una campaña en contra de las actividades económicas del país. El Post extractivismo difundido por la izquierda peruana, quiere impedir que el Perú crezca, desea sumirlo en la pobreza impidiendo que se desarrollen sectores como la minería, la agroexportación y otros que son los que han generado el bienestar del que goza la gran mayoría de peruanos. Tal y como señaló en su ponencia estas ideas deben ser enfrentadas.

Importantes expositores como el ex ministro de Economía, Luis Carranza y el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde coincidieron en destacar la importancia de la minería en el crecimiento del Perú. Sin la minería no se explica el llamado milagro peruano. Y, aunque en Lampadia se ha señalado reiteradamente, no solo debe a los precios internacionales. Sino a que se hicieron las cosas bien. Como indicó Velarde, el Perú no es el país que más se benefició con el ciclo de los súper precios, sin embargo es el que más creció y uno de los pocos que obtuvo superávits fiscales. Es decir, hizo ahorros. Por otra parte, en esta coyuntura se efectuaron una serie de encadenamientos productivos que nos han permitido diversificar nuestra cartera exportadora y por ejemplo desarrollar un importante sector metalmecánico.

Basta decir que en los últimos 10 años, el PBI minero ha contribuido en promedio 13.5%  al PBI nacional y las exportaciones mineras representaron el 58´5% del total. Es además el principal contribuyente en Impuesto a la Rente (IR) y uno de los principales en recaudación fiscal.

Por cada dólar invertido en capital inicial, se puede esperar 4 dólares adicionales invertidos durante toda la vida de la mina. Lo que demuestra que el factor multiplicar es de 4 a 1.

Ha quedado en evidencia, una vez más, que son las regiones en las que existe mayor actividad minera la que más desarrollo social e integral se ha producido. Las regiones del sur: Arequipa, Moquegua y Tacna, lideran los índices de desarrollo humano y los que mejor calidad educativa muestran, con lo que empiezan a diferenciarse del resto del país y ha crear una reserva productiva de primer nivel.

Además, los importes por canon han contribuido a cerrar una serie de brechas, en especial las de infraestructura. En los últimos diez años se transfirieron 34,828 millones de nuevos soles en concepto de canon minero.

Mención especial merece los efectos positivos que ha tenido en Apurímac el desarrollo de las Bambas. Si en el 2010 la pobreza extrema ascendía a 24%, el 2014, cayó a 9%. Una disminución del 61%. Algo similar ha ocurrido con la desnutrición que el 2010 rondaba el 39%, en cuatro años bajó a 29%, menos 25%. Los índices de habilidad lectora y en matemática, también se han incrementado.

Otra conclusión importante ha sido la demostración que el Perú sigue siendo sumamente atractivo par la actividad minera. La actividad minera sigue siendo vital. Primero por la inmensa capacidad productiva del país. Actualmente existe una cartera de 60 mil millones de dólares. Por si fuera poco, nuestros costos están muy por debajo de países competidores. El Perú está en condiciones de duplicar su producción y con eso compensaría la caída de los precios, que dicho sea de paso, no es que el superciclo de la minería haya terminado como se demostró.

Lo cierto es que si el Perú desarrolla todos los proyectos mineros, sigue explorando y potenciando su capacidad en este sector, pronto podríamos llegar al desarrollo. Como señaló Luis Carranza, si el Perú consigue establecer un cluster minero en el Sur (teniendo como eje a Arequipa) y otro en el Norte, nuestro potencial económico se incrementaría enormemente. Tenemos todas las capacidades para hacerlo. Energía, capacidad y sobre todo una demanda de servicios mineros, debido a que geográficamente existen muchos proyectos mineros en las cercanías de Arequipa.

No se resaltó tampoco que la convención se efectuó en una universidad pública: La Universidad Nacional de San Agustín. Una demostración que las entidades públicas y privadas pueden trabajar por objetivos comunes. Se tuvo que superar muchos obstáculos para que la UNAS se convirtiera en la casa de Perumin 32. Desde la desconfianza hasta los retos tecnológicos. Todos se superaron y la Convención se desarrolló en un ambiente adecuado. Una lección, sin duda.

Finalmente, habría que decir que los argumentos de los antimineros fueron puestos al descubierto. No existe una alternativa realista para que el Perú crezca. Solo demagogia y una oposición absurda repleta de prejuicios ideológicos. Es pues el momento de darle a la minería la oportunidad de llevarnos al desarrollo. Tenemos todo para hacerlo. No desperdiciemos la oportunidad. Lampadia

“La población del valle del Tambo sí está informada sobre el proyecto Tía María”

CARLOS ARANDA, Biólogo y Gerente de Servicios Técnicos de Southern Perú

Entrevista del Semanario Minas y Petróleo (síntesis), 1 de junio 2015

Comentario de Lampadia:

Con las aguas más tranquilas, después de las trifulcas que se sucedieron en el Valle de Tambo y en la ciudad de Arequipa alrededor del proyecto indicado, consideramos oportuno difundir la entrevista al técnico peruano que estuvo más cerca de todo el proceso, Carlos Aranda, según lo recogido por Minas y Petróleo.

Es importante que la población tenga una apreciación correcta de los hechos y que podamos ir separando la paja del trigo.

“La población del valle del Tambo sí está informada sobre el proyecto Tía María”

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Tía María fue presentado en julio del 2009, habiendo cumplido con los tres talleres de información que establece el procedimiento minero.

Luego de ello, se convocó a la audiencia pública para la presentación del EIA.

En esa audiencia, cuando los representantes de la empresa comenzaron a efectuar las explicaciones del proyecto, “comenzaron a volar sillas”.  La audiencia se volvió violenta y la policía tuvo que  restablecer el orden, sin embargo, la audiencia fue declarada como no realizada. 

Durante los siguientes meses, Southern Perú envió al MEM sendas comunicaciones pidiendo se fije una nueva fecha para hacer la audiencia pública.

Mientras tanto, la empresa optó por salir a la televisión de la región para explicar el proyecto. Finalmente el MEM, después de un tiempo prolongado, señaló fecha.

Se le comunicó al alcalde de Cocachacra, quien primero estuvo de acuerdo con la realización de la audiencia pública, pero luego observó el local, indicando que se requería la aprobación de Defensa Civil. Sin embargo, el Comité de Defensa Civil del distrito, cuya cabeza era el propio alcalde, denegó la aprobación.

La Audiencia Pública es para informar, era evidente que las personas opuestas al proyecto no querían que informáramos, acota Carlos Aranda.

Como la norma dice que si no se puede realizar la Audiencia Pública el MEM puede buscar otros mecanismos de difusión, se acordó que Southern cumpliera con tres condiciones:

• Se realizaran tres presentaciones en auditorios distintos. Las que efectivamente se realizaron, una de ellas en Cocachacra.
• Generar en la televisión una presentación del EIA en vivo ante expertos. Se efectuaron varias de ellas, con la presencia de funcionarios del MEM, ante representantes de colegios profesionales y universidades. Quienes preguntaban como si fuera una Audiencia Pública. 
• Se repartiera folletería sobre el proyecto, lo que también se hizo.

Adicionalmente, varios funcionarios de la empresa fueron entrevistados en la radio por las emisoras locales.

Fue en esa época cuando el informe de UNOPS fue filtrado a los opositores al proyecto, quienes trataron de tomar la Carretera Panamericana y se produjeron tres muertes. Situación ante la cual el MEM resolvió en abril del 2011 declarar inadmisible el EIA.

Con el nuevo Gobierno se volvió a dialogar con el MEM que pidió cumplir con tres requisitos:

1. Una nueva línea de base socioeconómica de la zona
2. Que el EIA sea elaborado con participación de la población y así se ha hecho. Se les llevó para que participaran en las mediciones, asegura Aranda  
3. Que se utilice agua de mar.

Y, además, que se conteste a las 138 recomendaciones del UNOPS y todas las que adicionalmente presentaran los interesados.

Los jóvenes fueron los más interesados, que ven al proyecto como una fuente de trabajo. Por lo que no sólo apoyaron durante la elaboración del EIA, las presentaciones, los talleres y la Audiencia Pública, sino que ellos solicitaron la información para llevarla casa por casa.

LAS 138 RECOMENDACIONES DE UNOPS

Una de las mayores críticas que se hace al EIA del 2009 de Tía María es que mereció 138 observaciones de la UNOPS,  lo que probaría que éste habría sido muy deficiente.

La UNOPS (United Nations Office for Project Services), según informan las propias Naciones Unidas, “es una entidad de las Naciones Unidas que provee servicios de administración de proyectos, en cada área en la que la ONU tiene un mandato que cumplir – desde la prevención y toma de conciencia sobre el uso de minas explosivas hasta la reforma del sector público; desde soluciones informáticas hasta la erradicación de la pobreza.

Ante cada requerimiento, la UNOPS elabora proyectos de desarrollo o provee servicios especializados, según sea necesario. Estos servicios incluyen la selección y la contratación de personal para el proyecto del que se trate; la adquisición de bienes; la organización de la capacitación y el entrenamiento; la administración de recursos financieros y la administración de créditos.”

Es evidente, en consecuencia, por la propia información de la ONU sobre la UNOPS, que ésta  no es una entidad especializada en analizar EIAs, sino que se encarga de la contratación de expertos para llevar a cabo cualquier estudio que le encarguen los países.

Carlos Aranda puntualiza que las que se han dado en llamar 138 observaciones no fueron observaciones, sino recomendaciones y que el informe de UNOPS en ningún momento señala que el EIA del 2009  era deficiente y no debía aceptarse. A lo señalado cabe agregar que todos los EIAs tienen numerosas observaciones o cuestionamientos, casi siempre más de 100. Sin embargo, varias de ellas son de poca trascendencia.

Cabe recordar que como en el 2009 el MEM tenía un número elevado de EIAs y otros documentos por evaluar, fue que le pidió al UNOPS una opinión, del mismo modo que le pidió opinión a INRENA y al SERNARP. Es decir que no fue la única entidad que reviso el EIA, ya que el propio ministerio lo estaba revisando, señala Aranda.

Las 138 recomendaciones eran para mejorar el EIA, lo que no significaba que si no se tomaban en cuenta el proyecto no podía llevarse a cabo. Tampoco significaba que todas las recomendaciones debían aceptarse. Al respecto, Carlos Aranda sostiene que los expertos del UNOPS, que analizaron el proyecto sabían mucho de lo que es un EIA, pero sabían poco de minería, ya que por ejemplo una de sus recomendaciones era que se dijera qué se iba a hacer con el oro, ignorando que el ácido sulfúrico no sirve para recuperarlo y adicionalmente que, La Tapada y Tía María, las minas del proyecto solo tienen trazas de oro, cuyo costo de recuperación, por algún método adecuado a partir de los ripios, sería mayor que su valor de venta.

Otro ejemplo: el informe de UNOPS señalaba que en el EIA no se había tomado en cuenta una falla geológica que existe en el área, ignorando que las dos minas están sentadas sobre una formación geológica que se llama la Cordillera de la Costa, que tiene una antigüedad de 1,900 millones de años, tiempo durante el cual ha sufrido una compresión tan extrema que prácticamente ya no existe porosidad. En consecuencia esta compresión tan extrema ha sellado la falla de tal forma, que si bien están las dos placas de la falla no hay movimiento entre ellas.

Para el reciente EIA se ha utilizado marcadores radioisotópicos para analizar si hay algún tipo de vínculo entre acuíferos de la zona del proyecto y el valle, concluyéndose que no existe. Este tipo de pruebas es un sistema mucho más confiable que el de los piezómetros que recomendó UNOPS.

EL USO DEL AGUA DEL TAMBO

También se cuestiona que Southern Perú haya pretendido inicialmente utilizar las aguas del río Tambo, privando de parte de las mismas al valle del mismo nombre, que las requiere para la agricultura, en lugar de haber optado desde el inicio por la solución de utilizar agua de mar.     

Carlos Aranda nos explica que debajo del río Tambo existe una napa freática que contiene 171 millones de metros cúbicos de agua permanente, a la cual todos los años ingresa un promedio de 47 millones de metros cúbicos adicionales y de la cual se filtra al mar el mismo volumen de agua. La propuesta de Southern era tomar 7 millones de esos 47 millones y participar en la construcción de la represa Paltiture que  iba a retener alrededor de 20 millones de metros cúbicos anuales.

Agrega que lo que nadie señala es que el problema del valle del Tambo no es el volumen de agua, que la tiene en exceso, sino su mala calidad, por cuanto ésta contiene elevadas proporciones de sales, entre ellas boro y arsénico natural, lo que se explica porque los ríos tienen sus nacientes en una zona volcánica, con gran presencia de boro y arsénico natural.

 En consecuencia, en su opinión, era absurda la oposición a la utilización de las aguas de la napa freática, ya que carecía de todo sustento que Southern se iba a llevar toda el agua y el valle se iba a quedar sin agua y por lo tanto perder los cultivos.

Agrega que cuando hace algunos años Moquegua decidió construir el embalse de Pasto Grande, le restó a la cuenca del Tambo las aguas de mejor calidad, que son las que provienen de los deshielos y que por lo tanto ayudaban a diluir la proporción de boro y arsénico.

Aranda señala que un estudio encargado por el Ministerio de  Energía y Minas a la firma consultora SGS, para confirmar o no efectos sobre la agricultura de las emisiones de la fundición en el área del rio Tambo, determinó que el mayor problema en el valle era la mala calidad del agua la que afectaba a los cultivos del valle y no los humos de la fundición de Ilo.

¿Qué se ha hecho para mejorar la situación hídrica del valle? Se pregunta Carlos Aranda.

La respuesta es: ¡Poco o nada! No obstante que uno de los mayores opositores al proyecto de Tía María era el hoy presidente de la junta de usuarios. No se ha mejorado la forma como se hace agricultura, no se ha mejorado el mantenimiento de los canales de irrigación, peor aún con la protesta han destruido al menos uno de ellos, señala Aranda.

El valle del Tambo tiene más de 13 mil hectáreas cultivadas, recibe al año alrededor de mil millones de metros cúbicos de agua, de la cual más del 70% se va al mar sin ser aprovechada.

En consecuencia 1) No están haciendo un uso eficiente del agua y 2) Ellos tienen un problema por la calidad del agua, por cuya solución no se preocupan, remarca el funcionario de Southern.

LA CONTAMINACIÓN DE LA BAHÍA DE ITE

Una de las acusaciones que con mayor frecuencia hacen a Southern, los opositores a la inversión minera es la de haber contaminado la Bahía de Ite.

Al respecto Carlos Aranda nos informa que ITE es un acrónimo que significa “Irrigación de Tierras Eriazas” y nos relata la historia de esta bahía:

El valle de Locumba, llegando casi al mar, tiene una zona donde está encajonado, con la población de Locumba hacia la sierra, al Este y la carretera Panamericana hacia el Oeste. En consecuencia las laderas de esta zona son de grandes pendientes y no hay mucho espacio para hacer agricultura. La agricultura está hacia el Oeste de la Panamericana y en la parte más alta al Este donde se ubica la población de Locumba.

En los años 40 los agricultores resuelven a irrigar las terrazas que se ubicaban en las laderas en la boca del río, en mayor proporción hacia el norte que hacia el sur, para lo cual desvían el río Locumba. Sin embargo, como estas terrazas no eran suelos agrícolas sino desérticos, su característica física no le permitía retener el agua, más aún con un sistema de riego por inundación. En consecuencia, el agua percolaba y se generaba un régimen de aguas subterráneas, las cuales bajaban por el subsuelo y salían al mar.

En los años 60 Southern recibe autorización del Gobierno para disponer los relaves en el mar, más exactamente en la playa, lo cual en la época era práctica común, en todo el mundo. En consecuencia,  para depositar los relaves de la mina Toquepala (la única en operación de Southern en esa época), Southern utilizó los lechos secos de las quebradas para conducir los relaves hacia el mar , hasta llegar a una quebrada principal que llegaba al lecho seco del río.

A fin de poder usar el cauce seco del río en su última parte, Southern mejora la captación y desvío del río para los agricultores, construyendo una exclusa y entubando el agua, reemplazando las canaletas que la llevaban a las zonas irrigadas y que habían construido los agricultores de forma precaria y hace pasar el agua por encima del lecho vacío del río, el cual aprovecha para llevar los relaves al mar cerca de 20 kilómetros. En consecuencia, la única agua que recibía el cauce seco del río en sus últimos kilómetros eran los excedentes en el caso de que hubiera fuertes lluvias en la sierra.

De este modo en la playa de la bahía de Ite se estuvo acumulando arena de los relaves de Toquepala desde los años 60 y de Cuajone desde que esta otra mina entró en operación en 1976. Una consecuencia de esta disposición de los relaves en la playa fue que el mar estuvo siendo empujando hacia afuera y llenando una bahía abierta de cerca de 1,600 hectáreas que se conocía como Bahía Inglesa.

En este proceso los relaves fueron cubriendo la zona del mar por donde estaban los ojos de salida del agua dulce, que percolaba de la irrigación de las terrazas y comenzaron a formarse lagunitas creándose una especie de humedal donde comenzaron a crecer totorales, carrizos, verdolagas etc.  

Al comienzo las olas o las mareas altas cubrían estas lagunitas y como el mar tiene un pH alto de alrededor de 8, no se producía la oxidación. Con el tiempo las lagunas llegaron a ser bien grandes y a medida que el relave fue empujando el mar, hacia afuera, gran parte de los relaves no era cubierto por el agua de mar y eso originaba que este material comenzara a exponerse y en consecuencia a oxidarse, creándose una suerte de paraje exótico de múltiples colores y con olores desagradables de ácido sulfúrico.

En 1991, se firma un acuerdo de bases con el Gobierno y se inicia la remediación que se termina con el PAMA. El procedimiento consistió en construir unas exclusas para retener el agua dulce que salía al mar a fin de inundar completamente la zona. De este modo, aprovechando el principio de que para tener estable un relave hay que mantenerlo alejado del oxígeno, para que no haya oxidación, se logró teniendo al menos un metro de  agua encima del relave, convertir lo que era una suerte de “paraje lunar” en un hermoso humedal, lugar de descanso y alimentación para las aves migratorias, además de presencia de peces y camarones. 

Entrevista a Juan Incháustegui Vargas. Director del Grupo Hochschild

Glosado

Por Julio Lira y Vanessa Ochoa Fattorini

(Gestión, 08 de Enero de 2015)

(…)

De la mano de Hochschild

Su ingreso al grupo lo metió de lleno en la educación, desarrollando tres institutos y creando luego la UTEC, hasta llegar a ser presidente de la institución educativa.

Pero su relación no quedó ahí, en los años 90 ingresa como director en Cementos Pacasmayo, y hoy es el más antiguo en toda la compañía. Pero su labor se ha desarrollado además del área minera en la energética de la compañía, y la satisfacción que se lleva es haber acompañado a Luis Hoschschild en las decisiones importantes de la empresa (como la compra de cementera La Rioja) y en el caso de Tecsup él mismo tocó las puertas de muchos empresarios amigos para poder colocar a sus flamantes técnicos.

De cinco camiones viejos a millones de dólares

¿En ese paso por la actividad empresarial puede recordar a más de uno que dejó huella?

Hubieron relaciones crecientes y fructíferas, y tal vez olvide algunos, pero tengo presente un anécdota. Cuando comenzamos Southern no sabía lo que era Tecsup, pero a través del MEM hice amistad con Charles Preble, en ese entonces su CEO, y nos donó 5 camiones viejos; lo llamé y le dije que no se pasara, cómo nos iba a dar eso (teníamos amistad), le dije que los venda y nos done la plata…

Lo convenció…

Bueno, ese inicio dio lugar años más tarde a una donación de medio millón de dólares para el terreno de Tecsup Arequipa, y están también en UTEC con contribuciones de más de un millón. Es una demostración de que la educación hay que demostrarla y se recibirán técnicos de primera calidad.

Bajo su conocimiento del empresariado, ¿puede decirnos cómo ve que se ha transformado su mentalidad?

Especialmente en minería se ha desarrollado la responsabilidad social, todas las empresas están en programas de educación, obras por impuestos, etc. Son grandes hitos y algunos mineros hablan de valor compartido, que es valor para las comunidades, el empresariado y el país y es lo que hacen varias empresas.

¿Y cómo ve los siguientes años para la minería?

Sin duda complicado porque hay gobiernos regionales sin vocación prominera, pero soy optimista y creo que se van a realizar avances con un beneficio de valor compartido; y lo otro es que la educación se ha convertido en el leitmotiv del trabajo de las empresas, con capacitaciones a los maestros, creación de escuelas a lo largo y ancho del país.

Hay un vivo interés de hacer que la generación de valor vaya en buena parte con la educación y es un componente que falta en la política.

Pasó por la empresa pública y la privada. Con esa trayectoria ¿qué conclusiones puede sacar?

Que la empresa pública es sumamente difícil de manejar, no tiene uno la capacidad de aplicar las decisiones de manera concentrada porque hay resistencia, cuando no, la intromisión política. Por eso yo sostengo el principio de subsidiariedad famoso, debe haber lo menos posible de empresas estatales, tanto Estado como sea necesario pero tan poco como sea posible.

¿El concepto de empresa estratégica en el sector energía es válido aún?

Creo que ya no, me parece que eso tuvo validez en el tiempo que hubo bloques pero hoy el mercado está globalización; sin embargo, hay intereses que pueden generar dominio de mercado y puede ser válido bajo ese esquema lo mínimo posible alguna empresa como factor de regulación. Pero empresa estratégica en el concepto antiguo ya está pasado de moda.

Las cosas están claras: La economía está en medio de un frenazo que hará patinar nuestras perspectivas de crecimiento. Las estimaciones de expansión del país se reducen mes a mes. Según el BCR, el PBI se apenas llegará a un modestísimo 3.1% en el 2014. Una cifra paupérrima que evidencia que la parálisis de la inversión privada y pública es aguda. La hora de los diagnósticos y lamentaciones ha pasado. Es el momento de actuar. Como hemos propuesto en Lampadia semanas atrás, “nuestra economía necesita que se viabilicen por lo menos siete (7) proyectos de envergadura que rompan la inercia y muestren que cuando los peruanos queremos hacer algo, lo hacemos; y que cuando tenemos problemas, todos podemos colaborar” (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Uno de sus proyectos que debiera agilizarse es el de Tía María. Ubicado en el distrito de Cocachacra, (Arequipa), Tía María representa una inversión de US$ 1,400 millones y en sus 18 años de vida espera explotar dos yacimientos a tajo abierto de cobre: La Tapada y Tía María, de los que se extraerán diariamente unas 100,000 toneladas métricas de óxidos de cobre para producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre anualmente.

La puesta en marcha de este proyecto es de enorme importancia. No solo por el tamaño y la inversión que representa (lo cual contribuirá decididamente al desarrollo de Arequipa y del sur del país), sino porque demostraría que cuando se quiere se puede. Como se recordará, el 2011 antimineros radicales, a los que se sumaron incomprensiblemente las autoridades regionales arequipeñas, se opusieron a que este proyecto se realice alegando falazmente que emplearían aguas destinadas a la agricultura, cuando está comprobado que el agua del río Tambo y de toda la cuenca se pierde en el mar año a año, gota a gota.

En abril del 2011, una absurda y apurada Resolución Directoral (Nº 105-2011-MEM-AAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, lo que significaba su paralización, pues obligaba a que se detuviera toda actividad en los yacimientos. La empresa, incluso, tuvo que retirar sus campamentos de la zona.  Una paciente labor de los funcionarios de Southern, el empleo de su imaginación para buscar soluciones alternativas aunque fueran más onerosas (como las de tomar agua de mar y construir una planta desalinizadora), lograron que el 5 de noviembre del 2013 se presente un nuevo EIA.

El MEM lo evaluó y tras las subsanaciones de rigor y realizar los talleres informativos y la audiencia pública, finalmente, el EIA de Tía María fue aprobado en agosto último (2014). Es decir, tres años de retraso. Si el proyecto se hubiera aprobado en el 2011, ya estaría en funcionamiento, aportando empleos directos e indirectos, impuestos y canon al país. Veamos algunos diagramas del proyecto en las siguientes láminas (es muy importante que los ciudadanos conozcamos nuestros proyectos):

Aún le falta mucho a este proyecto para que inicie su producción. Por lo pronto, debe hacer gestiones con el MEM, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección de Capitanía de Puertos (Dicapi) que depende del Ministerio de Defensa. Nuestra enrevesada burocracia obliga a que la empresa tenga que obtener casi en simultáneo la autorización de uso de agua para la construcción y la licencia de agua para las operaciones (extracción del mineral), así como el derecho de uso de área acuática (para construir el ducto para tomar agua de mar y la planta desalinizadora). 

Un proyecto que ya tiene su EIA aprobado con lupa, debe obtener luego la Concesión de Beneficio, la cual otorga el derecho a extraer mineral de un yacimiento mediante diferentes procesos físicos, químicos y/o físico – químicos, para ello Southern debe seguir actualmente los siguientes trámites:

1. Obtener de la ANA la aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (4 a 8 meses).
2. Obtener la certificación ambiental (a pesar de tener EIA aprobado) por el MEM (1 mes).
3. Presentar solicitud de Concesión de Beneficio al MEM y publicación de avisos con un Resumen de la mencionada solicitud (1 a 2 meses).
4. Aprobación de Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática ante Dicapi (6 a 8 meses).
5. Con todos los procedimientos anteriores aprobados se debe solicitar a la ANA la Autorización de Ejecución de Obras con fines de Aprovechamiento Hídrico (3 a 6 meses).
6. Una vez obtenido la Autorización anterior se solicita ante el MEM la Autorización de construcción de Planta de Beneficio (1 a 2 meses).
7. El ANA debe otorgar Autorización de Uso de Agua para Construcción (3 a 6 meses).
8. Es decir, en el mejor de los casos, en un año se empezarían las obras de infraestructuras necesarias para explotación de Tía María las cuáles durarían unos 24 meses.
9. Terminada las obras se debe presentar al MEM el Informe Técnico de culminación de obras del proyecto minero metalúrgico. En simultáneo se presenta al ANA el Informe Técnico de culminación de obras de aprovechamiento hídrico.
10. ANA otorga licencia de uso de agua con fines mineros (3 a 6 meses) y autorización de vertimientos de aguas residuales (3 a 6 meses).
11. Finalmente, el MEM otorga la autorización de funcionamiento de la Planta de Beneficio (1 a 2 meses).

Si todo sale bien, el proyecto podría arrancar la construcción después de 18 a 24 meses. Luego, para iniciar la operación, podrían irse otros 14 meses. Y es que en nuestro país, no existe predictibilidad en los trámites que se tienen que realizar. Un ciudadano común y corriente, así como una persona jurídica debiera saber de antemano que requisitos y diligencias  debe cumplir para obtener de la autoridad correspondiente un permiso, licencia o derecho. Además, debe quedar perfectamente establecido hasta cuanto tiempo se puede tomar un funcionario para dar respuesta. Nada de eso existe. Hay una absoluta discrecionalidad, las autoridades cada día incrementan porque “se le ocurrió” nuevos trámites y requisitos sin que nadie ordene esta situación. Todo esto antes de lo que pueda suceder después de la COP20.

Es así, como la tramitología crece, se refuerza y complica. Ricardo Briceño, en el último Simposium del Oro y la Plata advertía : “En minería, hemos pasado del ´Texto Único Ordenado´ de los años 90 y dos instancias oficiales, que permitieron la gran inversión en la minería moderna y responsable, a 180 regulaciones en muchas instancias distintas y en diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local y “social”). ´Hemos pasado de un Gantt a un plato de espaguetis´” (ver en L: El Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general).  

Este plato de espaguetis debe ser ordenado. Una forma de hacerlo es uniformando y modernizando perfectamente los TUPAS de los distintas instituciones para que no se deje al libre albedrío de un funcionario trabar las inversiones. La nueva Ley 30230 (que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), no podrá cumplirse en mucho de sus términos (como denunciar a un funcionario por trabas burocráticas) si es que no hay un ordenamiento de los TUPAS. Y allí debiera jugar un rol vital la Presidencia del Consejo de Ministros.

Tal y como lo ha planteado Lampadia, un equipo (o varios) de expertos podrían dedicarse a establecer los problemas que enfrentan los grandes proyectos, públicos y privados, para viabilizarse. Asimismo, podría encontrar soluciones legales para agilizar las inversiones (Decretos de Urgencia, Declaraciones de Interés Nacional y otros). La idea es que todo esto se realice con la mayor transparencia y comunicando a la ciudadanía para que entienda los procesos y al Presidente de la República, para que pueda dirigir las acciones adecuadas. Así el Presidente podría apoyarse en la opinión pública para tomar decisiones difíciles pero necesarias para salvar al país de la parálisis final a la que nos dirigimos sin pausa y con mucho miedo.

De no salvarse esta situación podríamos terminar en alguno de los indeseables escenarios descritos en nuestro artículo citado líneas arriba: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos.   Lampadia