En abril de este año se presentó el 16° Barómetro de la Confianza para la Inversión, un estudio bianual elaborado por EY Perú (Ernst & Young). Este informe presenta las perspectivas de altos ejecutivos de empresas de diversos sectores respecto a sus estrategias de crecimiento, de fusiones y adquisiciones, acceso a capital, así como de la situación macroeconómica.

El informe mostró noticias alentadoras con respecto al crecimiento del país y el comportamiento empresarial en el futuro próximo, mostrándose más optimista, con el 60% de encuestados proyectando mejoras económicas para el país, casi triplicando las expectativas de hace un año (21%) y el nivel más alto registrado para el Perú y la primera vez que supera los resultados globales. Este crecimiento en las proyecciones estaría dado principalmente por las mejoras en temas fiscales y la intención de destrabar una mayor cantidad de proyectos de inversión.

Además, el 92% de estas fusiones y adquisiciones se realizarán localmente por montos individuales menores a los US$ 250 millones, según detallaron los empresarios que participaron en la presente edición de la encuesta.

Pese a que empezamos el año sufriendo los desastres naturales asociados al fenómeno del Niño Costero, en marzo, existía una perspectiva económica de mejora de 60% sobre la base de sólidas políticas macroeconómicas y reformas estructurales en el Perú.

En su momento, Enrique Oliveros, socio líder de Transacciones y Finanzas Corporativas de EY Perú, indicó que “Existe una gran cantidad de oportunidades disponibles en el mercado para la consolidación, los ejecutivos se encuentran optimistas sobre el número y la calidad de las oportunidades de adquisición. Las carteras de proyectos se están fortaleciendo, y los ejecutivos están cautelosamente optimistas sobre la conclusión de transacciones”.

Según el informe, “los mayores riesgos económicos para los ejecutivos locales se encuentran concentrados en dos puntos: alta volatilidad y el aumento de la intervención gubernamental”. Naturalmente, la volatilidad de las divisas y materias primas son factores que afectan a las inversiones locales pero las trabas burocráticas, mediante leyes o regulaciones, un punto que ha tomado mayor relevancia para los ejecutivos, se está perfilando como un obstáculo para su crecimiento.

El optimismo se va apagando

Este 2017 comenzó con un anuncio del Banco Mundial que proyectaba un crecimiento del PBI del Perú de 4.2% para este año, con lo cual nuestro país se consagraría como la nación con la mayor expansión de la región, en un contexto de recuperación económica mundial y de la región latinoamericana. Sin embargo, esto ha venido de caída. Ahora, sería un “milagro” que lleguemos a un crecimiento de 3% según Thorne, que con PPK, culpan a los efectos de El Niño Costero y los casos de corrupción de Odebrecht. Luego vino una huelga de maestros de casi 60 días que terminó generando más retrasos en los colegios públicos y afectando la educación de nuestros jóvenes.

Fuente: pinterest.com

Más allá de la declinante proyección del crecimiento para el 2017, lo que más importa y más destruye valor es la proyección de crecimiento al mediano y largo plazo. Lamentablemente, el gobierno de PPK, perdió la oportunidad de recuperar y marcar la línea de un gobierno pro inversión y crecimiento; de hacer y comunicar el balance negativo de los cinco años del gobierno anterior; de renovar los cuadros de gobierno (mantuvo hasta un 39% de los viceministros del régimen anterior); y, tal vez lo más importante, perdió la oportunidad de comunicar a la población las relaciones causa-efecto de las políticas públicas que nos empobrecieron, que frenaron la inversión, y que ideologizaron la gestión del Estado, versus aquellas que nos ofrecen mayor crecimiento, menor pobreza, menor desigualdad, mejores servicios públicos y mayor cohesión social.

El gobierno está teniendo tremendas dificultades para poder destrabar proyectos, las APP (Asociaciones Público Privadas) están prácticamente paralizadas así como Iniciativas Privadas. Ni el gobierno anterior, ni este, aprovechó la sugerencia de Lampadia para armar equipos ad hoc que destrabar los proyectos. Ver: Destrabemos megaproyectos para recuperar el crecimiento.

Los peruanos necesitamos emprender un gobierno extraordinariamente bueno. Nuestras agendas pendientes son inmensas y difíciles de lograr. Para acercarnos al éxito se requiere un liderazgo muy claro y definido. Ver en Lampadia: En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!.

Como hemos comentado en múltiples ocasiones, hasta ahora no hemos logrado cerrar las múltiples brechas económicas, sociales, institucionales y de infraestructuras. Además de este gran reto, ahora se nos ha sumado el tener que enfrentar con éxito las oportunidades y amenazas de la ‘Cuarta Revolución Industrial’.

Fuente: shutterstock.com

No perdamos la visión del objetivo principal: nuestro crecimiento económico para generar un bienestar social para todos los peruanos. Solo de esta manera podremos llevar acabo la transformación del país, la reducción de la pobreza y la desigualdad: con inversión privada y un ecosistema pro-inversión y crecimiento. Lampadia

Se suponía que los peruanos habíamos entendido que era indispensable terminar con la tramitología y que para eso se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación que libere a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que obstaculiza el desarrollo del país. Como hemos comentado antes (Ver en Lampadia: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’), el Estado sufre de los mismos males, sin embargo, parece que el nuevo Contralor General de la República, Edgar Alarcón, considera necesario establecer más controles y procedimientos, que solo terminarían por paralizar la ya mediocre acción del Estado.

El 21 y 22 de julio pasado, Alarcón, en sendas entrevistas del diario Gestión, declaró que piensa implementar nuevos procesos de control previo para los megaproyectos, para los que instalará una OCI (Oficina de Control Institucional) en cada proyecto y; requerimientos de nuevas exigencias de información para la Contraloría, sobre los funcionarios públicos que ganen más de una UIT (600,000 trabajadores), pero “se podría extender a los trabajadores que ganen menos de una UIT”.

Publicaciones de las propuestas de Edgar Alarcón en Gestión

Ambas propuestas muestran un grado de desenfoque que solo puede ser calificado de patético, pues ante la proverbial incapacidad de la Contraloría para evitar la corrupción vinculada a los recursos del Estado, se pretende crear más controles, con los cuales, típicamente, se malogra el trabajo de los buenos funcionarios, que son la gran mayoría, sin que se eviten las fechorías de los corruptos. Es cierto que si paraliza la inversión pública, no podría haber corrupción, pero eso no es control, es pura y llanamente, un disfraz populista y efectista que hace más daño del que pretende evitar.

La primera propuesta es nefasta para el desarrollo de las infraestructuras. En palabras del mismo contralor, “Nosotros tenemos en la estructura de la Contraloría oficinas de control institucional (OCI) que a nivel nacional son 800. De estas 300 son pagadas por la Contraloría y 500 no las paga la Contraloría. Pero hablando de las 800, tenemos órganos desconcentrados de la Contraloría en municipios que mueven al año S/25 o S/20 millones, pero hemos decidido que vamos a colocar una OCI especializada en [cada uno de] los grandes proyectos.”

La segunda propuesta pretende que todos los funcionarios públicos que ganen más de S/. 3,950 (una UIT) estén obligados a presentar una declaración de ingresos y rentas ante la Contraloría. Para simplificar la información, de aprobase esta norma, a los actuales 35,000 trabajadores del Estado que declaran sus ingresos se tendrían que sumar al menos 600,000 funcionarios públicos adicionales.

En otras palabras, una comisión permanente de auditoría que va a llevar adelante todo el proceso de fiscalización de cada uno de los megaproyectos, comenzando con Línea 2 del Metro, gasoducto sur, Línea Amarilla, aeropuerto de Chinchero y la refinería de Talara.

Justamente el principal obstáculo  para el crecimiento de la economía es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión en el país. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. A diferencia de lo propuesto por el contralor, se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrentan los proyectos de infraestructuras, así como la actividad minera. Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Además, estas medidas van completamente en contra de las metas propuestas por el anterior Contralor, el jefe de Alarcón, quién en febrero pasado anuncio su interés por simplificar la tramitología para impulsar las inversiones. Con este fin publicaron el informe, denominado “Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión”, el cual detecta nueve trámites claves que deben ser simplificados: las certificaciones ambientales, la consulta previa, las autorizaciones y permisos de uso del recurso hídrico, las servidumbres, las licencias y permisos municipales, las autorizaciones para el uso de combustibles y explosivos, las expropiaciones, las interferencias y la instalación de antenas.

Parece que Alarcón está cometiendo el mismo error que los nuevos congresistas, quienes también se olvidaron del ánimo desregulatorio y ya comenzaron a plantear propuestas de nuevas leyes para los próximos cinco años. ¿Qué deberían estar haciendo estos congresistas? Aprovechar el nuevo mandato político para avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología. Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes .

Dicho sea de paso, el nombramiento de Alarcón como Contralor se hizo de forma apurada en los últimos días de la legislatura de uno de los peores Congresos de nuestra historia. No solo eso, se nombró al segundo de la Contraloría (Alarcón) de un gobierno (saliente) acusado de eventos de corrupción mayores vinculados a las inversiones del Estado. Y por si eso fuera poco, Alarcón estaba cuestionado por una operación inmobiliaria que debía ser plenamente aclarada antes de ningún nombramiento. Pero el habilidoso Edgar Alarcón, se las ingenió para recibir la bendición de PPK, tras una corta visita a su domicilio.

Como dicen los proverbios, ‘no solo hay que ser, también hay que parecer’. Pero incluso más allá de pareceres, acá tenemos un caso claro de incapacidad para una función vital que debe ejercerse con las mejores técnicas de control, con criterios que van mucho más allá de la contabilidad tradicional.

¿Qué debemos hacer?

Entre otras cosas, un buen contralor debería preocuparse por que se establezcan procedimientos transparentes para las adquisiciones, contrataciones y asociaciones del Estado. Ese es el primer proceso de control previo que se necesita. 

Esta situación debe ser corregida a la brevedad posible. Para ello hay dos alternativas, que el Congreso revoque el nombramiento, o que el señor Alarcón renuncie en un acto de dignidad.

Lampadia