Phillip Butters
Expreso, 20 de Octubre del 2022
Escrito por: Wilber Torres

Un día después del mensaje beligerante del presidente Castillo contra la prensa, se produce arremetida a emisora.

Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, celebró ayer en sus redes que Ricardo Belmont Cassinelli haya intervenido, presuntamente de manera ilegal, las instalaciones de PBO Radio tomándolas por la fuerza y reteniendo contra su voluntad a los trabajadores que estaban en el interior.

«¡El día de hoy RBC le dio patada en el siqui a PBO!», publicó Cerrón, quien mantiene una relación cercana con el exacalde de Lima, según se puede inferir por su cuenta de Twitter y alianza en una pasada elección.

Usurpación agravada
Phillips Butters, fundador de PBO Radio, y quien arrienda el espacio al hijo del exburgomaestre de la capital, denunció el hecho ante los medios de comunicación y solicitó la presencia de la policía en el Morro Solar donde está instalada la antena.

Butters aseguró que Belmont Cassinelli, exdueño de la televisora RBC, cometió varios delitos al no contar con una orden judicial ni policial.

“En este momento, Ricardo Belmont Cassinelli está cometiendo muchos delitos. Primero, usurpación agravada por que ha ingresado con matones y armas, sin sustento judicial, sin orden legal. Ha querido ingresar a la fuerza pateando a la puerta, la ha roto, ha coaccionado a las personas que elaboran en este espacio. Ha interrumpido la señal de PBO”, aseguró.

EDITORIAL DE LAMPADIA
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Desde mediados de los años 60 hasta iniciados los 90, el Perú sufrió un empobrecimiento general.

• Más de 60% de la población estaba en situación de pobreza.
• La empresa más grande vendía menos del 50% que las ecuatorianas.
• El Estado tenía que manejarse con el 3.8% de un PBI diminuto.

Con las reformas de los 90, la pobreza bajó de 60 a 20%, las empresas peruanas crecieron, contrataron millones de trabajadores, pagando salarios más altos e impuestos, y el Estado incrementó sus ingresos hasta el 24% del PBI.

Mientras el Perú se recuperaba, Venezuela se casó con Cuba e inventó el ‘socialismo del siglo XXI’, con el que

• llevaron a la pobreza al 95% de su población,
• a la pobreza extrema al 79%,
• mayor mortalidad infantil y
• una caída de 3.5 años (2017) de la esperanza de vida.

Desató una crisis humanitaria difícil de imaginar, solo soportada por la represión política.

Desde el 2000, Venezuela hizo todo lo contrario que el Perú. Estableció controles de precios y control de cambios. Alejó la inversión privada local y extranjera. Estatizó empresas. Destrozó su empresa petrolera que bajó su producción al 25%. Y entronizó la corrupción y el narcotráfico, con el apoyo de sus fuerzas armadas y el manejo estratégico de los cubanos, que se adueñaron del país.

Ahora en el Perú, tenemos un grupo de candidatos de la izquierda radical, que admiran a los gobiernos de Venezuela y Cuba. Que plantean las mismas políticas con las que el chavismo destrozó Venezuela.

No les importan nuestras propias experiencias fallidas con la dictadura militar estatista y con la pobre democracia de los años 80; ni las experiencias de pobreza y falta de libertad de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua; o el desastre de Argentina, que con esas políticas perdió su alto sitial de bienestar.

El ejemplo de Argentina es el más claro sobre todo lo que no hay que hacer.

Todo esto es evidente. Entonces, ¿porqué nuestras izquierdas insisten en el error?

Brutos no son.

¿Están sinceramente imbuidos de visiones ideológicas [equivocadas]?
¿No les importa que sus políticas creen más pobreza?
¿O es que solo les interesa tomar el poder?

Habiendo tenido que renunciar a la violencia, parecería que esas políticas fracasadas son la única plataforma desde la que pueden tentar el poder, aprovechando de los naturales descontentos de la población de un país que está a medio camino del desarrollo.

Ese desarrollo inconcluso del Perú, abre el espacio para caer en la trampa de vaso medio lleno/vacío. Máxime, si en los últimos diez años hemos disminuido la inversión, bajado el crecimiento, paralizado la caída de la pobreza y perdido la sensación de confianza en el futuro que tuvimos hasta el 2011.

Para rematar esa mala década, nos llegó la pandemia del Coronavirus. Un proceso dramático per se, pero que el Perú lo manejó de la peor manera posible. Como consecuencia de los errores del gobierno de Vizcarra, advertidos oportunamente, nuestro país tiene los peores resultados en afectación sanitaria en el mundo, con la mayor cantidad de muertes en relación al promedio histórico y la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, según un último despacho del Financial Times.

Además, ese inefable gobierno destrozó la economía, con una de las peores caídas de PBI en el mundo y en la región.

Continuando con esta cadena de eventos negativos, el mismo gobierno de Vizcarra, con una negligencia criminal, nos dejó sin vacunas. Y ahora, el gobierno de Sagasti, después de haber comprado la peor vacuna, avanza a paso de tortuga con la vacunación, mientras nuestros vecinos nos llevan una larga delantera.

Estas son las condiciones en las que nos aproximamos al proceso electoral del Bicentenario. Una plataforma muy mala para que podamos elegir autoridades con tranquilidad de ánimo y perspectiva.

Por supuesto, la izquierda radical está aprovechando esta coyuntura al máximo, mintiendo y engañando, ofreciendo falsas soluciones mágicas, y pretendiendo tirar todo abajo para empezar de cero.

Ahora, estos radicales de nuestras izquierdas decimonónicas se dan el lujo de decir que van a hacer, o que van a imponer, cambios drásticos, a pesar de que tendrían un gobierno de minoría. Eso no les importa. Desde el poder se las ingeniarán para hacer lo que les de la gana.

• Ya sea organizar una constituyente manipulada con representantes de las ‘organizaciones populares’,
• desactivar el Tribunal Constitucional,
• hacer una nueva reforma agraria, o
• capturar las operaciones mineras.

Pensemos muy bien a la hora de votar, no nos dejemos llevar ni por la desazón de las múltiples crisis que atravesamos, ni por las ofertas engañosas y falsas de la izquierda radical.

El Perú tiene un gran potencial de desarrollo. Con un buen gobierno podemos recuperarnos muy rápido y reengancharnos en la gesta de desarrollo integral, económico, social e institucional. Pero para hacerlo posible, tenemos que involucrarnos en la cosa pública. No podemos dejar nuestro futuro en manos de malos políticos, medios de comunicación manipuladores y empresarios amedrentados.

Nuestro destino está intacto, la prosperidad y el bienestar general, nos esperan. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de enero de 2021
Para Lampadia

La demonización es una técnica retórica e ideológica de desinformación o alteración de hechos y descripciones que consiste en presentar a personas o instituciones – incluso, a culturas o ideologías – como fundamentalmente malas y nocivas. La demonización también se usa para atribuir maldad a lo que – sencillamente – es distinto de lo que se cree o apoya. A ese respecto – generalmente – se recurre a sentimientos y pasiones para manipular a quienes se convencen más con éstos que con razones o pensamientos. (Para más detalles ver “demonización” en Wikipedia).

Bueno pues, los peruanos estamos enfrentando un artero y descarado plan de demonización en contra de nuestras empresas. La influencia pública del gobierno – y de muchos medios de comunicación – se ha puesto en juego para estimular una reacción de descrédito en detrimento de – prácticamente – todo el sistema empresarial del país. En efecto – para muchas autoridades, periodistas, políticos, y demás – las empresas mineras, petroleras, bancarias, AFP´s, de salud, de educación, de transporte, de telefonía, de energía, constructoras, comerciales, y – por supuesto – agroexportadoras… todas son abusivas, explotadoras, corruptas, y evasoras de impuestos. Ninguna se salva. Así se expresa la gente que está detrás de este siniestro plan de demonización empresarial.

La demonización de nuestras empresas ha llegado a tales extremos, que lo moral y lo legal han quedado relegados a los últimos planos. Con tal de desacreditar a las empresas, el Gobierno permite el bloqueo de carreteras y se rinde ante el más cobarde e incendiario vandalismo callejero. Se apedrean vehículos con niños adentro, se incendian ambulancias, se destruyen instalaciones empresariales… y no pasa nada. El Estado está pintado… no actúa. Incluso, ordena a la Policía a no hacer nada, exponiéndola a los más viles y humillantes ataques con piedras, bombardas, pintura… y hasta con bombas molotov. ¡Infame!

En este estado de caos social, el Estado de Derecho pierde valor, y millones de peruanos – y extranjeros – vemos truncados nuestros derechos constitucionales al libre tránsito, al trabajo, a la propiedad privada, a la integridad física… y hasta nuestro derecho a la libertad de expresión y opinión.

El problema es que detrás de esta demonización empresarial, subyace la destrucción de la economía nacional. Y con la destrucción económica vienen el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la violencia, la corrupción… la crisis moral.

¿Tan difícil resulta ver que las empresas – y no el Estado – son las grandes generadoras de empleo para los peruanos? ¿Acaso no ven la relación de interdependencia que existe entre las grandes y medianas empresas, con las micro y pequeñas? ¿Y que si caen las grandes empresas, caen también las pequeñas? ¿Acaso no ven que las empresas son las proveedoras de esa inmensa y variada gama de bienes y servicios que requiere la ciudadanía – y el Estado – para sobrevivir? ¿Acaso el Estado no vive de los tributos que pagan las empresas y sus trabajadores?

Frente a tales interrogantes cabe preguntarnos ¿quiénes están detrás de la demonización empresarial en nuestro país? Pues bien, aunque parezca mentira, hay gente que gana con la pobreza. El Narcotráfico y el terrorismo… por ejemplo. Efectivamente, tanto el narcotráfico como el terrorismo – ambos – se nutren de la pobreza.

Por otro lado, la politiquería también gana con la pobreza. Eso de ofrecer el oro y el moro a los electores pobres – desesperados – suele favorecer a los políticos demagogos y populistas en su afán por conseguir votos en las elecciones políticas.

Conclusión. Hay gente que gana con la demonización de las empresas en nuestro país: (1) los narcotraficantes, (2) los terroristas, y (3) los políticos demagogos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a caer en la trampa de la demonización empresarial?

La respuesta – obviamente – debe ser un NO rotundo. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Como están las cosas, podríamos afirmar que el Estado peruano es inversionista fantasma de los medios de comunicación. Sin tener propiamente acciones, se ha convertido en financiador de las pérdidas de diarios, canales de TV y radios, quienes desde hace años arrastran resultados de operación mediocres o negativos, que compensan en parte con ventas de inmuebles, marcas, ingresos de subsidiarias o simplemente faltando a los compromisos con sus trabajadores y/o el fisco. En los últimos 10 años, los ingresos de estos medios han caído o con las justas se han mantenido. Sin embargo, el gasto del Estado en publicidad se ha duplicado (al cierre del gobierno de García, se había gastado en total s/. 400 millones, Humala – Heredia cerró en s/. 850 millones y en lo que va del gobierno PPK – Vizcarra son s/. 800 millones) *. Así pareciera que el Estado se ha convertido en el “socio salvador” de dichos medios, generándoles los suficientes ingresos para poder llegar a esa utilidad, eso que les permite pasar de rojo a azul.

Esta afirmación también se sustenta en que no hay un intercambio visible de bienes y servicios por dinero. Si lo analizamos de manera contable, ese dinero que da el Estado aparece en el Balance General de dichas empresas como Caja y Bancos o como Cuentas x Cobrar (¡punto para el Activo Corriente!). Sin embargo, no tenemos certeza de que haya una salida real de “Bienes y Servicios” ni un beneficio claro para los peruanos. Y, suponiendo que sí hubiese un intercambio de bienes y servicios, ¿quién sabe cuáles son?, ¿cómo están valorizados y de qué sirven? La disminución de las ventas de estos medios refleja la cada vez menor efectividad de la publicidad tradicional –por eso las empresas están alejándose de ella-. Sin embargo, el Estado está incrementando este gasto. Por lo tanto, más que un gasto (¡de s/.180 millones al año!), pareciera una inversión. Una inversión a cambio de una larga tregua y silencio cómplice de los medios.

En resumen, nuestros impuestos, por demasiado tiempo, han ido a poner paños fríos a los resultados (y supervivencia) de diversos medios de comunicación, mejorando desde hace varios años sus desgastados patrimonios. Por lo tanto, si es que en la práctica o, como diría el presidente Vizcarra, “fácticamente”, somos los peruanos inversionistas de estos medios, ¿no deberíamos tener pleno acceso a qué porcentaje de sus ingresos [y de sus utilidades] corresponde a negocios con el gobierno? Muchos medios publican sus Estados Financieros genéricos, que viven en la maraña de las NIIC y NIIF, pero realmente no tenemos conocimiento del poder que tienen los gobiernos sobre los medios de comunicación y la magnitud del conflicto de interés que existe en esa relación tóxica gobierno – prensa.

Estas inversiones en medios de comunicación nos cuestan caro, y el retorno, en su mayoría, es una prensa mediocre (sin ningún incentivo a modernizarse, ser más eficiente e invertir en capital humano) y eventualmente adicta al gobierno de turno, y con peligroso poder sobre los ciudadanos. Es momento de hacer valer nuestros derechos, y si vamos a ser inversionistas (por más que no queramos) y consumidores del contenido que publican los ahora poderosos medios, ¿no deberíamos exigirles transparencia? Se agradecen muestras de transparencia, como la vista en la columna de opinión del Director Periodístico del diario El Comercio del 20/09/2020**. Sin embargo, la transparencia de estos medios no debería ser una “dádiva” o “bondad” a criterio de cada medio, sino un derecho ciudadano.

Este tema tan importante requiere un análisis profundo y cambio rotundo, pero por el momento hago un llamado a los medios de comunicación – ya que del gobierno no espero nada- que reciben dinero del Estado y que piden y predican transparencia, a que sean ELLOS transparentes con los peruanos y nos permitan confiar en ellos nuevamente, sobretodo ad portas de las elecciones presidenciales del 2021. Lampadia

Links de referencias:
*Gasto en Publicidad Estatal: Diario Gestión y Diario La República, tomados de la Secretaría General de la PCM 
*Columna de Opinión Diario El Comercio Juan José Garrido Koechlin 20/09/2020

La semana pasada, José Pardo invitó a su programa de reflexiones a Alfredo Bullard y Pablo Bustamante para reflexionar sobre el impacto de la política en el desarrollo del país.

El mayor punto de concordancia de ambos expositores fue lamentable presencia en el Perú de la ‘mala política’, que no solo frustra nuestro potencial de desarrollo, también nos hace retroceder e involucionar.

El Perú, como lo dijo Antonio Raimondi hace 150 años: “Dad tregua a la política y consagraos a conocer vuestro país y los inmensos recursos que tiene”. Un inmenso potencial de desarrollo, pues tenemos todo lo necesario para lograrlo, gente trabajadora y creativa y todos los recursos naturales imaginables. Pero todo ello se desaprovecha por la incidencia de la mala política, la disfuncionalidad de los medios de comunicación y la anomia de la clase dirigente, que se ha desentendido con la gesta del desarrollo, para la cual no basta solo producir, también hay que educar y formar ciudadanos informados y con pensamiento crítico. Lampadia

Alfonso Bustamante Canny

Es necesario recordar el pasado para no cometer los mismos errores.  Hace pocos días mi padre me entregó una copia de un documento que en el año 1993 le sirvió para presentar ante el Club de parís las reformas en materia económica hechas por el Perú con el fin de reinsertarnos a la comunidad financiera internacional.

En dicho documento recordaba la situación del Perú al término del primer gobierno del Presidente García:

               – Inflación 1990:     7,650% (2´000,000% acumulada en 5 años)
               – PBI:                       -14% (Retroceso de 28 años)
               – Reservas:             – US$150 Millones. (Ojo negativo en 150 Millones)
               – Terrorismo:          25,000 muertos y daños materiales equivalentes a toda la deuda externa.

(*) Ver copia del documento al final de la publicación.

En suma, era un país aparentemente inviable, destrozado por medidas populistas que empobrecieron a millones de peruanos, trayendo desesperanza y desmoralización, sentimientos que permitieron el inicio de cambios profundos en la política económica del país.

Hoy tenemos la Inflación más baja de la región, Endeudamiento competitivo y Reservas por más de US$70,000 Millones. El PBI del 2019 superaba largamente los USD 200,000 Millones.

El Modelo Económico impuesto por la constitución que hoy se pretende abolir ha sido un éxito por que, a través de la atracción de la inversión privada, logró revertir la pobreza en el Perú de más del 50% a menos del 20%. Este nivel de pobreza es aún INACEPTABLE.

¿Qué pasó? ¿Por qué tanto descontento? ¿A quién hay que culpar?

Pasó que cuando ya no estuvimos al filo del precipicio sentimos que no era necesario continuar con las reformas.

• Nos olvidamos que los apagones no sólo eran productos de la torres derrumbadas por las bombas terroristas sino por el pésimo servicio prestado por las empresas estatales todopoderosas y auto reguladas y decidimos mantener empresas de prestación de servicios básicos en manos de la administración pública como SEDAPAL, ocasionando que el servicio de agua y saneamiento en Lima no le llegue a más de un millón de familias vulnerables quienes pagan por el cilindro de agua 100 veces más de lo que cuesta el servicio en los distritos mas privilegiados. 
• Por que nos dimos el lujo de decirle NO a la inversión minera responsable cumplidora de las obligaciones sociales y medioambientales, pero permitimos la explotación minera informal, quien no responde a regulador alguno ni contribuye con impuestos y mucho menos con el canon comunitario.

Puedo dar mil ejemplos mas.  Todos ellos coinciden en una cosa:  La eliminación de la pobreza no es la prioridad de nuestros gobernantes.

Para ahondar en la respuesta, el descontento viene por la indolencia de los consecutivos gobiernos frente a los precarios sistemas de Salud, Educación e Infraestructura Social.  ¡Para eso está la Plata!  Si, la plata administrada por el Gobierno y generada por LA EMPRESA PRIVADA FORMAL.  Esa, a la que le da con palo la prensa nacional y ha logrado colocar perversamente en el imaginario popular como el gran responsable de las enormes carencias de una parte de nuestros compatriotas a quienes el ESTADO ha privado de un sistema de salud eficiente y oportuno, de una educación de calidad que le dé a los peruanos igualdad de oportunidades de crecimiento y por supuesto de infraestructura social básica iniciando por agua y saneamiento y seguido por programas de vivienda social digna.

¿A quién hay que culpar?

A todos nosotros.
A los líderes empresariales por no defender la grandeza de generar riqueza en la nación y sacar de la pobreza a millones de conciudadanos con empleos dignos y justos, premiando la productividad de sus colaboradores, arriesgando sus ahorros y reinvirtiendo sus utilidades para seguir generando bienestar y reducir la pobreza.  La gran mayoría de empresarios somos cumplidores de nuestras obligaciones laborales, financieras y tributarias. Somos responsables al no participar directamente en los Gremios empresariales, que es la forma institucional de comunicarse con el Gobierno.  Me rehúso a meter en el mismo saco a los Empresarios, con los criminales que disfrazados de empresarios saquearon al país en complicidad con los políticos.  Estos merecen nuestro mayor repudio, no sólo por sus actos criminales, sino por enlodar la noble actividad de emprender un negocio y generar con el bienestar para la nación. Es decir:  Hacer Empresa.

A los Políticos por traicionar a los electores y actuar consistentemente en contra del pueblo que los eligió. Priorizando los intereses personales o partidarios sobre el bienestar de la sociedad. La conflictividad entre los poderes del Estado corrobora que el Ciudadano no es su prioridad. Todos los presidentes cuestionados: Prófugos, presos o auto eliminados para evitar encarar a la justicia.  Justicia que se ha politizado a niveles insospechados generando una vulnerabilidad institucional aterradora, haciéndonos presas de una administración pública y de justicia corrupta que le ha costado al Perú cuando menos USD70,000 Millones, equivalente a todas nuestras reservas.  ¿Cuántos hospitales se pudieron hacer con ese dinero?; cuántos colegios?; cuántas viviendas?  TODAS LAS NECESARIAS.  Sí, la corrupción le ha robado a los más pobres su derecho a la salud, educación y vivienda digna.

A los Medios de comunicación.  Su incapacidad para adaptarse a un modelo digital atractivo evidencia un deterioro de la economía de los medios de comunicación tradicionales y en la búsqueda de soluciones fáciles, atestiguamos un deterioro intelectual y ético en su redacción.  El morbo, la intriga, el soporte a posiciones radicales y la falta de consistencia evidencia subordinación al Gobierno de turno quien paga tarifas hasta 5 veces mayores a los de los privados por el mismo bien o servicio.  Son los principales responsables por la desinformación a la población en lo económico, político y social.

Finalmente, a los ciudadanos, por la pésima elección política.  El voto poco informado y la tolerancia al STATU QUO. Lampadia

Documento original de 1993

(Fuente: El archivo de Alfonso Bustamante Bustamante, ex Primer Ministro)

Un pensamiento simplista, prevaleciente entre los miembros del gobierno y los medios de comunicación, plantea una falsa dicotomía entre la Salud y la Economía.

La realidad es que la disyuntiva se da entre Vidas y Vidas, vidas atacadas por el coronavirus y vidas afectadas por el hambre, la enfermedad y la depresión.

Los impactos de una recesión, o más aún, de una depresión económicas son incalculables y de largo plazo. No estamos diciendo que hay que darle más importancia al tema económico, que es más bien social, sino que hay que darle al mismo tanta atención como al del combate contra la pandemia.

Además, en Lampadia pensamos que esta lucha no puede ser el espacio de acción del gobierno, sino de toda la sociedad. El gobierno debe invitar a la clase productiva, al mundo empresarial, de las empresas grandes y pequeñas, a contribuir con el diseño y acciones conducentes a superar las múltiples crisis que nos afectan.

Veamos en las siguientes líneas el inteligente análisis de Pablo Paniagua, de la Fundación para el Progreso de Chile, sobre esa falsa dicotomía:

Falsa dicotomía: Salud vs Economía

Fundación para el Progreso
Pablo Paniagua
Publicado en El Dinamo, 06.05.2020

Dado que las políticas restrictivas de cierres y cuarentenas generalizadas para “aplanar la curva de contagio” parecieran exacerbar la recesión económica, ha surgido entonces el debate entre economía y salud. Debido al impacto negativo que tiene sobre la economía el cerrar todos los negocios “no esenciales”, cerrar el comercio y dejar a los trabajadores aislados en sus casas, se ha intuido de forma rápida de que existe una disyuntiva (o trade-off) entre las políticas de salud y la economía. Así, nos damos cuenta de que surge la llamada “paradoja de las curvas”: que el aplanar la curva de contagio —de forma súbita y tosca— insoslayablemente lleva a exacerbar la curva de recesión económica. Se reconoce entonces la realidad evidente de que toda decisión en la vida posee costos de oportunidad y elegir implica siempre lidiar con disyuntivas.

No obstante, y de forma simplista, se ha sólo argumentado de que existe una disyuntiva entre salvar vidas y crecimiento económico. Si bien es importante reconocer dicho trade-off estático o de corto plazo, enfocarse sólo en éste ha hecho que el debate se encrespe maniqueamente entre “los capitalistas sin alma” que quieren reabrir la economía a cualquier costo y aquellos “paladines de la santidad” que dicen defender vidas a cualquier costo. La discusión se ha empobrecido llevándola a una forma binaria de pensar estéril: “la bolsa o la vida”.

Esta falsa dicotomía no sólo nos impide avanzar hacia una elección racional y consensuada de salud pública, sino que pierde de vista una realidad llena de matices. No reconoce la presencia de una red de disyuntivas entrelazadas y temporales entre: distintas vidas a lo largo del tiempo, expectativas-calidad de vida afectadas, pobreza y economía, que se relacionan entre sí de forma no-lineal; haciendo dichas disyuntivas más complejas de lo que aparentan. La realidad nos exige hacer políticas no sólo mirando una foto parcial actual (como aplanar la curva de contagio hoy) y olvidarse del resto de la situación y del largo plazo. Hacer esto es dejar de lado, de forma irresponsable, las disyuntivas temporales y sus costos asociados.

De hecho, contemporáneamente a los efectos económicos de corto plazo, la evidencia sugiere que la recesión económica del COVID-19 golpeará de forma marcada y más profunda tanto a los jóvenes, como a los sectores económicos medios y bajos de la población. Evidencia del Reino Unido revela que las personas con ingresos más bajos tienen el doble de probabilidades de perder sus empleos que las personas con ingresos altos; mientras que el 12% de los menores de 30 años ya informan estar desempleados debido a esta crisis, en comparación al 6% de los que tienen entre 40 y 55 años.

La evidencia sugiere que es probable que esta recesión aumente la desigualdad en la distribución del ingreso entre jóvenes y personas mayores, y entre aquellos con contratos inseguros o precarios y aquellos con contrato fijo.

Peor aún, la literatura además sugiere que aquellos individuos que pierden el trabajo, durante una crisis económica, arrastran dichas pérdidas en los ingresos de forma casi permanente (o duraderas por décadas). Se estima que los despidos llevan a que los trabajadores desplazados no recuperen sus niveles de ingresos ni siquiera 20 años después de dichos despidos; obteniendo, en plazos largos, remuneraciones inferiores al 20% de aquellos trabajadores que no fueron desvinculados. Los “efectos temporales” macroeconómicos en los más necesitados —producto de la recesión autoinducida— se transformarían en casi-permanentes y profundamente regresivos socialmente. Debemos reconocer que los severos impactos económicos del COVID-19 no se distribuirán uniformemente entre la población. Lamentablemente, los jóvenes y los sectores de menores ingresos serán sin duda los más golpeados, aumentando la desigualdad, la falta de oportunidades y las precarias condiciones de vida de dichos sectores.

En el largo plazo entonces, como el Nobel de Economía Angus Deaton ha señalado, podría haber un aumento significativo de muertes entre los sectores jóvenes y adultos de la población producto de suicidios, problemas hepáticos y alcoholismo relacionados con la nueva creación de pobreza, desempleo y faltas de oportunidades. Un estudio incluso señala que la salud de aquellos trabajadores que pierden sus empleos durante una recesión se ve profundamente afectada, llevando a una reducción permanente de la esperanza de vida de estos de hasta un año y medio.

Dada esta evidencia —de cómo la falta de oportunidades y las crisis económicas afectan directamente la vida y las expectativas de vida de las personas— el trabajo de Anne Case y el Nobel Angus Deaton Deaths of Despair (muertes por desesperación) se hace más relevante que nunca. Los autores evidencian que en las últimas décadas ha surgido una nueva epidemia de muertes en Estados Unidos producto de la desesperación y la falta de oportunidades. Los sectores medios, pobres y menos educados de Estados Unidos —particularmente los hombres blancos en edad de trabajar sin estudios universitarios— han sido afectados por enfermedades que han llevado a cientos de miles de ellos (158.000 sólo en el 2017) a quitarse la vida cada año. Lo paradójico de esta epidemia de muertes —que antecedió y es mucho más profunda y permanente que el COVID-19— es que estas no fueron causadas por una infección virulenta, sino que por un daño autoimpuesto: sea rápidamente a través del uso letal de un arma o una sobredosis de drogas, o lentamente a través de daños hepáticos debido al consumo excesivo de alcohol. Case y Deaton capturaron esta pandemia de falta de oportunidades y desesperación como el fenómeno de las “muertes por desesperación”.

Estas muertes por desesperación han hecho que la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos haya caído de forma persistente durante tres años consecutivos (entre el 2014 y el 2017), algo nunca visto en ese país en al menos un siglo. Aquellos “desesperados”, argumenta Case y Deaton, “están desesperados por lo que les está sucediendo a sus propias vidas y a sus comunidades en las que viven, no porque el 1% más rico se haya enriquecido”. Las muertes por desesperación, “reflejan la pérdida de una forma de vida en el largo plazo, que se desarrolla lentamente”. De esta forma, dichas muertes están vinculadas a: las pérdidas de oportunidades, la destrucción de la calidad y del estilo de vida de las clases trabajadoras norteamericanas y la erosión del sentido de “comunidad local”. Es difícil no entrever que podría ser probable que las “muertes por desesperación” aumenten debido a la crisis económica autoinducida producto del COVID-19; en particular, cuando la evidencia sugiere que efectivamente son estos mismos grupos etarios y socioeconómicos, y estas mismas comunidades locales —que identificaron Casen y Deaton— las que serán profundamente afectadas económica y psicológicamente producto de las políticas de salud pública restrictivas y generalizadas para contener la pandemia.

Finalmente, pareciera ser entonces que, si consideramos nuestras elecciones de forma dinámica y temporal, no estaríamos cambiando “vida por plata”, al elegir las cuarentenas estrictas y los cierres totales de la económica, sino que lamentablemente estaríamos cambiando “vidas por vidas” a lo largo del tiempo. El reconocer que existen trade-offs complejos y temporales entre distintas vidas y grupos sociales, asociados a toda medida de salud pública, es una idea central de la política económica de las enfermedades que pareciera haber sido olvidada por muchas mentes binarias y “paladines de la justicia”. La diferencia entre el distanciamiento social, el sentido común y los cierres económicos completos es demasiado dramática para no ser tomada en serio. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La cuarentena ha obligado a familias, empresas, artistas, políticos, estudiantes, maestros, autoridades y funcionarios a interactuar de manera digital, mediante teléfonos móviles, computadoras y tabletas que permiten acceder a las ya utilizadas redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o Snapchat, Messenger, WhatsApp, Signal, Skype, Jitsi, ooVoo o Houseparty, así como a las plataformas de videoconferencia más amplias como Zoom meeting,  Google Hangouts Meet, Blackboard o GoToMeeting, entre otras, muchas de ellas con versiones libres de pago.

Muchas empresas, organizaciones, profesionales y familias globales con miembros en una y otra parte del mundo, ya estaban acostumbrados a estas formas de interacción y sólo han mantenido su forma de comunicación y trabajo. Las que no lo estaban, han migrado rápidamente y hoy día, obligados por las circunstancias, interactúan de esta manera. Para entender la importancia de esto, algunos datos relevantes del informe de Hootsuite, difundido por algunos medios de comunicación:

• 100% de incremento en video llamadas y mensajes de voz de WhatsApp y 70% en Facebook
• 43% de incremento en el consumo de noticias en directo.
• 42% de incremento en el consumo de películas y series.[i]

Este informe, también muestra un dato sumamente relevante: se estima que el tiempo dedicado a trabajar a disminuido en un 34%. Este último dato, puesto en nuestro contexto, donde hay menor acceso a internet, menor acceso a dispositivos electrónicos y menor experiencia como usuarios, que hace aún más difícil el teletrabajo, trabajo remoto o home office, es inevitablemente mayor y se convierte en una obvia señal de alarma que hay que oír y frente a la cual debemos actuar.

Tenemos entonces, que, mientras las familias, empresas, organizaciones, profesionales y autoridades interactúan de manera digital, el tiempo dedicado a trabajar ha disminuido ostensiblemente, sea porque hay actividades que no pueden efectuarse de manera remota o digital o sea porque no tenemos las condiciones de acceso (dispositivos, acceso a internet y experiencia de usuario) necesarias para seguir trabajando en forma remota.

Aquí está entonces el reto. Debemos crear condiciones para que el boom de interacción digital no se quede en él entretenimiento, la comunicación familiar o en el ámbito empresarial más dinámico. Para empezar a encontrar luz al final de este oscuro y largo túnel del aislamiento social y la parálisis económica, sería necesario hacer que todo el aparato productivo que pueda hacerlo interactúe de manera digital y podamos cambiar la cifra de disminución de tiempo destinado al trabajo. Si los ciudadanos, las empresas y el Estado no trabajamos, la post cuarentena va a ser mucho peor que la crisis del Corona Virus.

Las empresas ya lo están haciendo, por costumbre previa o por necesidad de sobrevivencia. Muchos profesionales y organizaciones también. Muchas entidades públicas vinculadas a la emergencia también y de manera encomiable. ¿Sin embargo, qué sucede con el resto del Estado?

Allí está la parte más compleja pero necesaria de este reto. La digitalización del Estado y su interacción con los ciudadanos. Hay avances, pero la tarea debiera ser más agresiva en esta materia.

• Se han creado algunas mesas de partes virtuales. Deben extenderse, deben ampliarse, deben generalizarse. Ya no hay justificación para no hacerlo.
• Existen sistemas de respuesta digital: SUNAT a la casilla de cada contribuyente, Poder Judicial a la casilla electrónica de cada abogado, Ministerio de Trabajo a los solicitantes de la Suspensión Laboral Perfecta, entre otras entidades. Esto debe generalizarse, debe existir un sistema de notificaciones y respuesta electrónica en entidades públicas, regiones, municipalidades y toda entidad estatal. El estado debe responder de manera virtual, debe ahorrar tiempo en mensajería, en papel, en empleados que demoran los trámites y en gastos logísticos.
• Las audiencias judiciales virtuales eran posibles y ya se utilizaban en audiencias penales, en el sistema de control de la magistratura, en ciertas entidades del Estado. Debemos generalizarlas.  No solamente por la necesidad del Covid, sino por la disminución en costo de transporte, logística y horas hombre que pueden aportar a la productividad del país. El Tribunal Constitucional ha dado un paso importante en esta dirección, nada obsta para que todos los tribunales de justicia y administrativos sigan este camino.
• El expediente judicial funcionaba en ciertas partes del país y para cierto tipo de litigios. Tendrá que extenderse paulatinamente para que el sistema de administración de justicia vuelva a caminar.
• Los trámites de licencias, las peticiones de aprobación, las comunicaciones exigidas por el Estado en diversos sectores no pueden quedar en espera de que el Estado reabra. Tienen que seguir funcionando. Deben ser digitales, automáticos, simplificados, de respuesta inmediata o silencio positivo o, en caso que resulten innecesarios, ser suprimidos para que los ciudadanos y las empresas puedan trabajar de manera inmediata, con cargo a fiscalizaciones posteriores.
• El Sistema de Registros Públicos debe continuar atendiendo. La publicidad registral en primer lugar, pero también las inscripciones de poderes, juntas, directorios y contratos, con las seguridades digitales necesarias. No han reactivación sin publicidad registral y contratos inscritos.
• Las escuelas públicas. Se hace necesaria la tele educación masiva, en tanto sea posible que nuestros niños de escasos recursos puedan acceder a dispositivos que les permitan ingresar a clases virtuales por internet. Para ello, bien se podría destinar el espacio pagado a los medios a estos fines, en lugar de usarlo en dar cobertura innecesaria a la imagen presidencial.
• La telemedicina, es otra forma de digitalización de la labor del Estado que debiera ponerse en marcha, no solamente para atender la emergencia y sus síntomas, sino también para atender poblaciones remotas donde es más fácil llevar un teléfono móvil que un médico especialista. Experiencias en los andes ya existen.

El Estado no puede quedarse atrás en el boom de la interacción digital. Su parálisis afecta a todo el país. Grupos de acción inmediata en cada sector público, que no estén en las poblaciones de riesgo, debieran liderar este reto. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Cusco
Para Lampadia

En un país donde el Presidente provisional gobierna para las encuestas, donde su respaldo político son únicamente los índices de aprobación semanal que exhiben sus medios de comunicación aliados, donde sus partidarios son los ciudadanos supuestamente agrupados en encuestas por uno y otro tema y donde las iniciativas políticas del gobierno son previamente consultadas a manera de globos de ensayo a través de  encuestadoras o de institutos de investigación, como ya lo advierte Lampadia en ZAPATERO A TUS ZAPATOS, conviene saber si hay nexos entre encuestadoras, medios de comunicación y gobierno. Muchos creen que si y, por ende, llego a pensar que esta reflexión puede ser un pleonasmo. Pese a ello, creo que algunos datos y reflexiones pueden ayudar a comprender lo que está sucediendo.

Tomemos solamente un par de muestras.

• El sitio web de DATUM, una reconocida encuestadora internacional, con sede local. Allí se puede ver que tiene 7 grupos de clientes. Uno de ellos se denomina: Instituciones del Estado y figuran como clientes: Sunat, Essalud, Consucode, ONPE, Mincetur, Prom Perú, MTPE, RENIEC, ONP y Poder Judicial. En el rubro de clientes de Banca y Finanzas figura otra entidad estatal: el Banco de la Nación. En el rubro de clientes del sector Energía y Minas aparecen otras dos entidades estatales: Electro Perú y Petro Perú.  Dicho de otro modo, solo esta encuestadora, en el año 2019, tiene registrados como clientes destacados en su sitio de internet a 13 entidades estatales, 12 de ellas del Poder Ejecutivo. En otros rubros de clientes de esta encuestadora figuran CLARO, LATINA, PERU 21 Y GESTION. Datum Internacional, como resulta lógico, está acreditada como proveedora del estado en el SIAF.
• El IEP ha sido quien elaboró en abril pasado, la encuesta que consulta a la opinión pública ¿si estaría o no de acuerdo con que el presidente cierre el congreso? Esta encuesta, arroja un 70% de aprobación a esta medida y antecede a la cuestión de confianza. El IEP, conocido centro de investigación y publicación vinculado a la izquierda, ha incursionado en el rubro de los sondeos de opinión y, al igual que DATUM, también figura en el SIAF como entidad proveedora del Estado.

A partir de estos pequeños y aislados datos, convendría saber ¿cuales son las razones de oportunidad, conveniencia o necesidad que lleven a SUNAT, por ejemplo, a contratar encuestas? ¿Cuales son las razones por las cuales un centro de investigación social es proveedor del Estado? Debe haber muchas razones, lo que convendría es saberlas en aras de la trasparencia para no pensar que esta es la forma a través de la cual el Poder Ejecutivo financia su aprobación ciudadana. De igual forma la ONP podría explicar como las encuestas le ayudan a cumplir más oportunamente con las pensiones de miles de jubilados que hacen largos procesos judiciales para cobrar reintegros ínfimos. Deben existir muchas razones de necesidad y oportunidad que justifican estos gastos. El propio Poder Judicial. ¿Será acaso que evalúa sus decisiones judiciales a la luz de las encuestas de opinión y no de su validez lógica intrínseca y de la validez material de sus razonamientos a la luz de las leyes, la Constitución y los instrumentos internacionales que nos vinculan? Sería necesario saberlo.

Sin embargo, las encuestadoras y los institutos de investigación que hacen sondeos de opinión no tendrían relevancia si no tuvieran cajas de resonancia mediática que adquieran sus resultados, los encargan previamente y por supuesto, los difunden. En tiempos electorales, medios y encuestadoras captan la mayor parte de los recursos de los partidos para las campañas. En tiempos sin elecciones la cosa no parece ser muy diferente, a juzgar por los gastos de publicidad estatal. Al respecto, es muy relevante la tendencia creciente de este gasto en nuestro país.  En el 2013, se estimaron en 151 millones de soles. En el 2014 en 169 millones de soles 2014 y en el gobierno de PPK, entre agosto de 2016 y diciembre de 2017 (dos meses antes de que lo echen) se gastaron 571 millones de soles, según datos publicados en el Diario Expreso. El dato, luego de la inconstitucionalización de la Ley Mulder debe ser interesante y seguramente solo confirme esta tendencia.

¿Se puede afirmar entonces que no existe conexión entre gasto público, medios y encuestas? Obviamente no. Los datos muestran que hay líneas de conexión. Hay recursos públicos en los medios. Hay recursos de los medios en las encuestadoras y hay encuestadoras como proveedoras del Estado.

¿Es esto malo per se?

No.

Pero hay que saber por qué razón existen estas líneas de conexión y cuales son las razones de oportunidad, conveniencia y necesidad que justifican la publicidad estatal y las encuestas. De lo contrario, sería válido opinar y pensar que este es un mecanismo indirecto de financiamiento de su aprobación ciudadana.

El susto de los congresistas luego de la arremetida de los medios por la Ley Mulder los llevó a ignorar el mensaje del Tribunal Constitucional: Prohibir es inconstitucional. Regular no. La regulación bien podría poner topes y, sobre todo, exigir que haya razones de oportunidad, conveniencia y necesidad justificadas y válidas para que haya recursos públicos en los medios y a través de ellos en las encuestas. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Durante los últimos días, el conflicto en las Bambas ha venido ocupando un importante espacio en la agenda nacional y en los medios de comunicación. Los periódicos y noticieros difícilmente dejan pasar un día sin cubrir en mayor o menor medida los eventos ligado a este conflicto.

La cobertura que realiza la prensa respecto a un conflicto social es un poderoso determinante para su desenlace. Ello es así porque los actores políticos partícipes en el conflicto actúan en función a un sistema de incentivos frente al que se condicionan sus acciones. Sistema que, en buena medida, se ve determinado por la conducta que adopten los medios de comunicación.

En el caso del conflicto en las Bambas es necesario entender qué hay detrás de la incapacidad del gobierno para desbloquear las vías de acceso a la mina. Desbloquear la carretera se encuentra dentro de las capacidades reales y operativas de las fuerzas del orden peruanas; sin embargo, la acción no se ejecuta a pesar de los claros costos económicos y políticos que el conflicto actualmente genera. Esto es así porque el acto de desalojar a los manifestantes y aplicar el imperio de la ley a quienes bloquean la carretera implica un costo político para el gobierno; costo que el gobierno estima le perjudicaría más que los efectos de la carretera bloqueada.

Es importante entonces considerar como se construye este costo político. Se origina en función a la interpretación que la opinión pública podría generarse respecto al desalojo de la vía a las Bambas. Si el publico en general interpreta como una acción legitima justa y proporcional el desalojo, entonces aquella no significará un costo político para el Gobierno Central. Sin embargo, si la acción se considera como injusta, ilegitima y desproporcionada, entonces la misma implicará un alto costo político para el gobierno. Conforme más justa considere la población la causa de las posiciones anti-mineras mayor será el costo político para el Gobierno de aplicar el imperio de la ley y mayores incentivos tendrá este de impulsar un acuerdo que sea costoso para las empresas mineras. La cobertura que haga la prensa de la conflictividad social es decisiva entonces puesto que esta cobertura será determinante sobre la opinión publica.

Con el fin de poder analizar con mayor detalle el conflicto en “Las Bambas” hicimos un conteo de las notas surgidas en la prensa nacional respecto al Proyecto Las Bambas a partir del 18 de marzo cuando ya el conflicto se encontraba posicionado en la agenda nacional. En la grafica se muestra del numero de menciones que daban una cobertura positiva al proyecto minero las Bambas y aquellas que daban una cobertura negativa.

Se puede observar que en un inicio la prensa dio una cobertura favorable a “Las Bambas” y que paulatinamente fue girando hacia una cobertura cada vez mas hostil. Entre las razones que damos para que esto se de se encuentra la superioridad académica discursiva de los anti-mineros y en especial de la ONG Cooperacción. Esta es una ONG con un claro perfil pos-extractivista que ha conseguido con éxito posicionarse como una voz experta respecto al conflicto en “Las Bambas”. Este posicionamiento les ha permitido a sus voceros ser presentados por la prensa como expertos respecto a las Bambas y la conflictividad social. Pero no solo eso, gran parte de los expertos y analistas en conflictividad con exposición en medios terminan difundiendo parte del mensaje anti-minero debido a que casi la totalidad de los materiales académicos respecto a Las Bambas han sido realizados por anti-mineros. Ello hace que este material se convierta en un insumo casi inevitable de cualquier esfuerzo por estudiar el tema.

El mensaje anti-minero respecto a las Bambas, en buena medida desarrollado por Cooperaccion, va penetrando el discurso social respecto a este conflicto de manera paulatina. Ello se da vía dos caminos, el primero es el espacio mediático ganado por sus voceros y el segundo por la forma como convierten a los lideres de opinión en estaciones repetidoras de sus mensajes respecto a Las Bambas.

El proceso que describimos es sumamente informativo respecto a cómo es la superioridad en desarrollo académico y de discurso de los anti-mineros, producto de un esfuerzo sostenido a lo largo de años de producción académica y posicionamiento de voceros. Aquello facilita que los mismos puedan ir imponiendo su versión del conflicto frente a las empresas mineras. El sector minero no debería sorprenderse de cómo una y otra vez la prensa da espacio a voceros y expertos que le son hostiles y no presentan una contraparte afín a la minería o al menos objetiva del conflicto. Si el gobierno y el sector minero en general no han realizado esfuerzos anticipados para la elaboración de un discurso permeable hacia la población, así como una narrativa comparable a la de sus adversarios, entonces tampoco les debería sorprender porqué es que conflictos como las Bambas degeneran rápidamente en situaciones críticas y en desenlaces poco favorecedores para todos. Lampadia

Norma anti elusiva
Con motivo del tema de la norma anti-elusiva, podemos apreciar mucha ignorancia de los medios de comunicación, y sobre todo prejuicios anti empresa que se muestran en los canales de televisión.

Por ejemplo, en Canal N, en el programa de Mávila Huertas de hace unos días, ella afirmó que debería mantenerse la responsabilidad de los directores, pues sino las empresas podían transferir sus activos y no habría a quién cobrar. Una generalización absurda y abusiva.

Otro caso, en RPP, hace pocos días, el periodista Omar Mariluz entrevistó sobre el mismo tema al doctor Walther Belaunde a quién le planteó el tema de la siguiente forma: acá tenemos a una empresa pequeña que paga todos sus impuestos y al costado a empresas grandes que pretenden eludir sus obligaciones. Otra generalización absurda y falseante, pues, en todo caso, la figura general sería al revés. Lo más común es que las empresas más pequeñas no tributen en su integridad y que las grandes sí lo hagan.  

Las grandes empresas son fiscalizadas muy de cerca por la Sunat, y difícilmente pueden dejar de tributar. Lo que es más, muchas de la grandes empresas terminan pagando impuesto a la renta en tasas efectivas mayores que la tasa nominal máxima, pues ante las intervenciones de los inspectores de Sunat se ven precisados a no poder descontar de sus declaraciones tributarias una serie de gastos que la Sunat no reconoce como tales.

Veamos la clasificación de la recaudación tributaria entre principales contribuyentes y el resto:

Fuente: SUNAT

Dicho esto, esperamos que el Congreso realice en los próximos días las siguientes modificaciones a la norma anti-elusiva, a propósito del debate que tendrá lugar en sus instalaciones el día de hoy 21/03 en torno a esta normativa:

• Que su aplicación no sea retroactiva.
• Que los directores no tengan responsabilidad directa por actos no contemplados en la Ley General de Sociedades.
• Que se elimine la presunción de dolo de los representantes de la empresa cuando la autoridad tributaria detecte posibles actos de elusión.

Las Bambas

Por otra parte, y en la misma línea de deficiencias mediáticas, está la ausencia de temas de mucho interés nacional en las primeras líneas de periódicos y espacios televisivos de análisis. En el caso de la minera Las Bambas, tenemos ya 45 días en que una vía nacional está tomada ilegalmente por una comunidad, sin que, por lo menos la opinión pública tenga claras las cosas.

La realidad es como sigue, según explicación muy clara de Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) al programa Peru21-TV. Veamos:

Periodista: ¿Cuál es la génesis de este problema?

Como sabemos en el Perú para desarrollar un proyecto primero se tiene una concesión y la concesión la otorga el Estado sobre el subsuelo, sin embargo en la superficie hay propietarios, en este caso la comunidad de Fuerabamba, propietaria de la superficie del lugar donde estaba la concesión tenía el derecho de vender esa propiedad. Siguiendo las mejores prácticas universales en lugar de pagar con dinero, que es algo altamente criticado en el mundo, se buscó una permuta de terreno, la compañía previamente había comprado en el área, pero a menor altitud, una zona de 38 hectáreas que era una propiedad privada adecuada para la actividad agrícola

Periodista: ¿Donde estaba la comunidad antes no era una zona agrícola?

Era un terreno agreste en la zona altoandina y de gran altitud, entonces en una zona más adecuada de menor altitud donde se podía llevar a cabo esta actividad agrícola, en ese terreno, propiedad privada, adquirida en su momento por la empresa minera existía una carretera, una carretera municipal.

Periodista: ¿Una vía municipal sin asfaltar?

Una vía municipal sin asfaltar afirmada y al hacer la permuta se entrega este terreno con la carretera, haciendo inscripción en registros públicos de un derecho de paso sobre esa vía, hago hincapié en esto, porque lo que se vende en el imaginario colectivo es que la empresa ha construido una carretera sobre una propiedad comunal sin pedir autorización y sin compensar.

Periodista: ¿La vía existía cuando se hace la permuta en el 2011?

Absolutamente, la vía existía cuando se hace la permuta y se inscribe en registros públicos, la existencia y el derecho de vía, el derecho de paso sobre esta vía. Pasa el tiempo y entre los años 2014 donde se ha hecho mejoras de esta carretera por manejo municipal se ha ido avanzando en el tiempo y luego ha adquirido mayor importancia para la región y entonces el gobierno regional ha hecho mejoramiento de esta y finalmente se ha llevado al nivel como ocurre normalmente al nivel de vía nacional.

Ver toda la entrevista en: “El bloqueo que afecta Las Bambas es ilegal”.

Clarísimo, ¿no? La vía por la que ahora se pretende una compensación millonaria, nunca fue propiedad de la comunidad. Solo aparece por una permuta de terrenos, favorable a la comunidad, pero con derecho de uso por parte de la empresa minera. Y no es que la empresa ha construido la carretera luego de que la comunidad adquiriera el fundo, y sin el consentimiento de ella, sino que esa vía ya existía antes de que el fundo fuera de propiedad de la comunidad.

Sin embargo, los abogados, hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, convencen a los dirigentes de la comunidad de hacer un reclamo económico a cambio de un honorario expectaticio del orden de 30% de lo que se consiga.

Pero lo importante viene por el lado de los medios. ¿Cómo es posible que 45 días después de una toma ilegal basada en falsedades flagrantes, esto no esté muy claro para la opinión pública? ¿Cómo es posible que el gobierno no explique cómo son las cosas? Lampadia