Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha perdido la batalla de Tía María sin siquiera combatir. Se rindió sin argumentar. Jamás el presidente, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni el Ministro de Energía y Minas, ni el viceministro de Gobernanza intentaron siquiera explicar la necesidad nacional y regional del proyecto ni asegurar que el gobierno garantizaba que efectivamente se iba a usar agua de mar y no del río y que se respetarían los estándares ambientales señalados en el Estudio de Impacto Ambiental. Nada.

Falta total de convicción que ha comprometido el futuro del Perú, porque el Estado se ha revelado impotente para asegurar las condiciones para la inversión minera, que es el recurso más potente que tiene nuestro país para alcanzar el desarrollo. Si se abría Tía María, se abrían por lo menos 10 proyectos más, hubiésemos recuperado velocidad de crecimiento y se hubiesen incrementado los ingresos del Estado para mejorar servicios, sueldos e infraestructura. Lo que ha ocurrido es un acto de traición al futuro del país y sorprende la falta de vergüenza de los ministros que debieron renunciar ante tamaña claudicación.

Su único discurso –y el del presidente- apuntaba más bien en el sentido contrario: asegurar que el proyecto no comenzaría a construirse mientras no hubiese consenso. Pero consenso con quién: ¿con Antauro?, ¿con los espartambos? ¿Con los anti-mineros y pos-extractivistas? ¿Con la FACA? ¿Con los destructores profesionales del futuro del país?

Se empezaba a ganar la batalla

Lo peor de todo es que la batalla, aunque iba a ser larga, se estaba empezando a ganar. En el Valle del Tambo, donde la empresa había hecho un buen trabajo en los últimos dos años y medio y donde la participación de la población en las movilizaciones fue desde el comienzo sustancialmente menor que en el 2011 y el 2015, el paro se estaba diluyendo, en parte también por falta de fondos. Y en Arequipa la protesta delincuencial de pequeñas organizaciones radicales, auto desprestigiada por sus propios actos violentos, ya había aflojado y la ciudad, salvo pequeños brotes, estaba recuperando su actividad normal. Además, luego de semanas de bloqueo del puerto de Matarani, que impidieron la exportación de 82,000 toneladas de cobre de varias minas del corredor minero, dicho puerto, aunque tardíamente, fue liberado por las fuerzas del orden.

Según una fuente vinculada al propio ministerio del Interior, la huelga que iniciada en Arequipa el lunes pasado tuvo su pico ese día, con serios desmanes que luego disminuyeron apreciablemente. Desde el martes se mantuvo un statu quo no agresivo que todavía afectaba algunas operaciones tanto de Arequipa como de Islay. El paro sin duda sufría un desgaste, sus voceros hablaban de tregua y la llegada de fiestas los presionaba. “Creo que, si aguantábamos un poco, la llegada de las fiestas los hubiera modulado. Por lo menos debimos llegar al domingo por la tarde, donde ellos debían tomar decisiones porque es el último fin de semana antes de fiestas. La presión debía forzarlos a tomar una decisión porque la ciudad se les venía encima a los activistas”.

El dirigente social Humberto Olaechea me decía el jueves pasado: “felizmente el paro, paró… Hoy salieron menos de 1,000 personas a marchar al Centro, núcleos duros. Los mercados y frentes distritales aflojaron. Sólo quedan inorgánicos bloqueos de carretera que ya es un tema policial…”.

No solo eso. Ya desde la semana anterior comenzaba a organizarse una reacción de algunos sectores de la población. “Arequipeños por Arequipa” efectuaba mítines nocturnos y emitía videos por televisión. Lo mismo hacía el alcalde Islay, llamando a cesar el paro.

Y aparecían memes como este:

Por eso, es inaudito que el presidente Vizcarra, en su reunión con las autoridades Arequipeñas el 24 de julio, cuando ni siquiera se había iniciado el paro en Arequipa, en lugar de intentar persuadirlos de la necesidad del proyecto para el futuro del país y de la propia Región y de buscar conjuntamente un camino para hacerlo viable, haya concertado con ellas la manera de cancelar o suspender el proyecto, tal como se evidencia en un audio publicado el sábado. En ese audio dice, en buena cuenta, que hay que preparar las razones para cancelar la licencia, “yo no soy el enemigo”, “nos ayuda que ustedes den el sustento”, “No puedo adelantarla públicamente”, “hay que buscar la forma…”. Su discurso en esa reunión no es de autoridad, sino de aquiescencia. En buena cuenta atendió los intereses particulares de los opositores a un proyecto de importancia nacional, antes que al interés nacional. Abdicó de su responsabilidad.

Hoy lunes Humberto Olaechea venía a Lima con un grupo de dirigentes de barrios populares para ver sus demandas sociales y de titulación en Vivienda y en el Congreso. Abortó. Y el problema es que la suspensión del proyecto fortalece a los grupos destructores del futuro porque volvieron a ganar una batalla y ahora se reagruparan para reanudar las acciones hasta ganar la guerra por la cancelación del proyecto.

Pato rengo y sin estrategia

Guerra que van a ganar porque el gobierno, sin convicción desde el comienzo, ha tirado la toalla como gobierno propiamente dicho, al plantear el adelanto de elecciones. Pato rengo, su autoridad es cada vez menor, peor aún con el enfrentamiento con el Congreso que ese planteamiento trae consigo.

Además, careció y carece de estrategia. Como ya se ha dicho, Tía María debió ser parte de un plan de desarrollo del valle del Tambo que incluyera, por supuesto, la represa de Palteture o la de Yanapuquio, conformando un fondo o fideicomiso financiado con un adelanto de parte del canon u otra fuente, en cuyo directorio estuvieran los alcaldes. Sabiendo la dificultad política, debió haber una persona o un equipo dedicado a tiempo completo a manejar una estrategia política de alianzas y acuerdos con grupos y autoridades, y a sacar adelante Palteture. Aquí se requiere, además, de un grupo o fuerza de tarea en el terreno capaz de dar la batalla diaria en todos los terrenos. No hay otra forma. Con indolencia no se sacará jamás adelante un proyecto como este.

El presidente anunció el 28 de julio la conformación de Agencias Regionales de Desarrollo en La Libertad, Piura, Ayacucho y San Martín, para articular al Estado en dichas regiones. ¿Cómo es posible que se haya escogido esas regiones y no las mineras como Arequipa, Apurímac, Cusco y Cajamarca, para empezar a crear condiciones para la inversión?

Pero, además, el presidente está enfrentado absurdamente al Congreso, al plantear el adelanto

36 policías heridos. ¿El Estado de derecho?

Tampoco hay imperio de la ley. En este conflicto, los policías han tenido 36 heridos, por ninguno de la población civil. Eso puede dar una idea de la agresividad criminal de los grupos organizados y del manejo extremadamente prudente de la Policía, que por lo menos ha servido para poner en evidencia la brutalidad radical. Pero esa evidencia no ha sido usada por el gobierno en la batalla política y ni siquiera hay, que se sepa, detenidos ni denunciados. Si la Policía tampoco percibe respaldo del presidente, no actúa. ¿Cómo es posible que los dirigentes de los espartambos y de otras organizaciones violentistas se paseen libremente?

Según el destacado penalista José Ugaz, el propio gobernador de Arequipa, que llamó traidor al presidente Vizcarra y lo amenazó con muertes de las que él sería culpable, podría ser denunciado por delito contra los medios de transporte (Matarani) y otros servicios públicos y por ataque y lesiones a miembros de las fuerzas policiales. ¿El procurador del ministerio del Interior lo ha hecho?

Ugaz opina que, si bien el gobernador podría ser acusado por delito contra la tranquilidad pública, incluso en su forma agravada, “siempre existe el margen para discutir la colisión entre el derecho a la protesta social versus la tranquilidad, lo que tradicionalmente ha hecho que muy pocas acciones penales prosperen cuando ocurren en el marco de reivindicaciones sociales. Pero –agrega Ugaz- al haber tomado carreteras y bloqueado el puerto de Matarani, es bastante más viable una acción penal por delito Contra los Medios de Comunicación y otros servicios públicos, previsto en el art. 280 del CP, incluso en su forma agravada, que eleva la pena hasta los 10 años. El tema de la protesta social en estos casos queda fuera de discusión porque prima la puesta en peligro (hecho cuasi objetivo), de los medios de comunicación (carreteras, medios de transporte y la seguridad portuaria)”

Ugaz agrega: “A eso se puede sumar el ataque y lesiones a miembros de las fuerzas policiales (fórmula agravada con una pena de hasta 12 años según el art. 121). En esos casos Cáceres Llica entraría en la figura del instigador que, para los efectos prácticos, es la misma que la de los autores materiales”.

El Estado de Derecho tiene que ejercer su autoridad. Pero no existe. Construir el Estado de Derecho y establecer el imperio de la ley son tareas pendientes en nuestro país. La reforma del sistema judicial bien encaminada debería ayudar. Pero tampoco avanzará mucho si el Estado central no ejerce soberanía en el territorio, que es otra tarea pendiente: la construcción misma del Estado centralizado como tal. El proceso de descentralización, sumado a la descomposición del sistema de partidos, ha feudalizado el país. Se requiere efectivamente de una reforma política pero que incluya una reforma de la descentralización.

La experiencia de Tía María es la expresión del Estado fallido peruano. Debería servirnos para retomar la agenda de los temas fundamentales, pero también para que el gobierno reaccione y aplique una estrategia que avance lo posible dentro de las limitaciones estructurales señaladas. No se puede entregar el futuro del país sin dar la batalla. Lampadia

En las siguientes líneas presentamos una comparación entre Cajamarca y Apurímac, a la luz del desarrollo de la frustración de los proyectos mineros de la primera y del éxito de Las Bambas en Apurímac. El proyecto, propiedad la empresa china MMG y dirigido por  gerentes australianos, cobra especial importancia por su envergadura, impacto en la región y en la economía peruana y, por ser, lamentablemente, el último proyecto minero nuevo que logró evitar los conflictos socio-políticos de los anti mineros, que paralizaron los proyectos que seguían en el ‘pipeline’.  

Hasta hace pocos años, Cajamarca era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, la pudieron haber convertir en la región más rica del Perú.

Lamentablemente, la penetración anti minera paralizó primero la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish y luego en el proyecto de Conga, que contaba con el favor de las comunidades de su área de influencia. Luego se cayeron los demás proyectos y se diluyó la posibilidad de construir el ferrocarril a la costa.

En ese ambiente se enseñorearon los activistas anti mineros, llegando a establecer el terror como arma de presión política. Ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca (enero de 2013).  Este violento proceso pasó mayormente desapercibido en Lima, pues además de amedrentar a la prensa local, se amenazó a los corresponsales de la prensa nacional, que no pudo reportar la consolidación de las afrentas contra la inversión privada, que después se exportó a otras regiones del país. Para esto, el gobierno nacional había perdido autoridad moral con “el oro no se come” y las empresas mineras ni su gremio, fueron capaces de contrarrestar la ola que, sin el conocimiento de la ciudadanía, pretendía imponer las absurdas ideas del pos-extractivismo que Lampadia identificó más adelante. Ver: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento.

Mientras tanto, al sur del Perú se consolidaba la inversión minera más importante de la historia del país, el Proyecto de Las Bambas. Un proyecto que había dormido por 40 o más años y que en los 80s fue objeto de una oferta de inversión de un grupo minero internacional con operaciones en el Perú, por US$ 1,000 millones con un 20% libre para el Estado. Pero, al igual que una oferta similar por Antamina, hecha un año después, fue rechazada por el segundo gobierno de Belaunde.

Evidentemente, el desarrollo de Las Bambas, se benefició de las experiencias previas, se negoció un adelanto de canon, en línea con lo que el partido de PPK llama ahora ‘adelanto social’ y, los anti mineros llegaron cuando el proyecto ya estaba en las fases finales de desarrollo.

Aún así, pusieron en agenda su oposición al mineroducto que iba hasta la planta de molibdeno a construirse en Espinar (Cusco). Ver: Mineroducto Las Bambas.  

Lo curioso es que, aunque no debiera llamar la atención, el mismo Cooperaccion, que criticó el mineroducto, pretendió descalificar el proyecto, cuando se dejó de lado la planta en Espinar y el tubo para el mineral.

A pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación desde las nuevas facilidades de Tisur en Matarani en enero del presente. Medio año después, la producción de cobre de Las Bambas llegó a 86,000 TMF, alcanzó el 9.4% del total nacional y desplazó del cuarto puesto a Moquegua.

Este resultado se enmarca en una cierta recuperación de la economía, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En 2015, Apurímac fue la región de mayor crecimiento, exceptuando a Madre de Dios, que está muy influido por la producción ilegal de oro. Ver el ICAE 2015 del IPE:

Pero lo más importante para el entendimiento de las relaciones causa-efecto por parte de los ciudadanos, es comparar los resultados de la reducción de la pobreza en Apurímac y Cajamarca, como lo hizo con destreza, hace unos días, José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría. Veamos el cuadro resumen que presentó en el SAE de mayo pasado y su artículo de El Comercio, bajo el título: La historia de dos regiones.  

La historia de dos regiones: Apurímac versus Cajamarca

José Carlos Saavedra

Director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría

22 de mayo, 2016

El Comercio

Glosado por Lampadia

Entre el 2011 y el 2015 la pobreza en Apurímac disminuyó 18 puntos básicos, mientras que en Cajamarca se estancó.

¿Qué factores explican esta situación?

Hace unas semanas, el INEI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2015, la más valiosa y completa fuente de información pública para entender la evolución de los indicadores sociales en el Perú. Los resultados de este estudio muestran diferencias importantes en la reducción de la pobreza entre Apurímac y Cajamarca. La historia de estas dos regiones es útil para ilustrar la importancia del crecimiento económico en la mejora de las condiciones de vida de la población.

Apurímac ha sido una de las regiones del Perú con mayor reducción de la pobreza en los últimos cinco años. El porcentaje de pobres en esta región pasó de 57% de la población a 39% entre el 2011 y el 2015. En contraste, en Cajamarca la pobreza prácticamente se estancó durante el mismo periodo y se mantuvo por encima de 50%. Así, el año pasado, Cajamarca se consolidó como la región más pobre del país. Apurímac –que tiene un tercio de la población de Cajamarca– logró sacar a más personas de la pobreza que la región del norte.

¿Qué explica esta importante diferencia? Un primer candidato podría ser que el crecimiento de los programas sociales fue más fuerte en Apurímac. Sin embargo, en los últimos años, las transferencias de Juntos y Pensión 65 por habitante han crecido a tasas similares en ambas regiones. La explicación no viene por ahí.

En realidad, la principal explicación de las diferencias entre estas dos regiones es la dinámica de la inversión. En Apurímac, el flujo de inversión pública y privada creció 20% en promedio cada año entre el 2012 y el 2015, debido, principalmente, al inicio de construcción del megaproyecto minero Las Bambas. Este proyecto demandó una inversión total de US$ 7,000 millones, equivalente a nueve veces el PBI de Apurímac en el 2011. Además, producto de un acuerdo entre el gobierno nacional, regional y la empresa minera, se adelantaron las transferencias por canon minero, lo cual permitió financiar el crecimiento de las obras de infraestructura pública en la región. En contraste, en Cajamarca la inversión pública y privada cayó 20% en promedio cada año durante el mismo período, sobre todo por la paralización de grandes proyectos de inversión minera. Adicionalmente, la inversión pública se vio afectada por la caída del canon, producto de la menor producción de las minas existentes y del ajuste en los precios de los metales.

A su vez, el desempeño diferenciado de la inversión impactó en la creación de empleo y crecimiento de los ingresos en ambas regiones. El fuerte dinamismo de la inversión permitió que en Apurímac el empleo dependiente aumente en 50% y que los salarios crezcan 30% en términos reales entre el 2011 y el 2015. En Cajamarca, en cambio, el empleo dependiente se contrajo y los salarios reales se estancaron durante el mismo periodo.

La historia de estas dos regiones muestra claramente la importancia del crecimiento de la inversión y del empleo de calidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Esta es una lección para quienes suelen “ningunear” la importancia del crecimiento económico.

Lampadia