A diferencia de otros países que supieron fijar prioridades y cautelar sus intereses, luego de las revelaciones de corrupción de Odebrecht en el Perú, nuestro gobierno (PPK), hizo todo mal, a pesar de que, un mes antes del DU 003, se le recomendó cómo proceder y evitar riesgos.

Ya que la orientación del DU 003, ‘empoderaba’ al ministerio de Justicia, y tanto PPK como el primer ministro Zavala no dominaban el tema, tenemos que asumir que el decreto fue inspirado por quién entonces estaba a cargo de la cartera, Marisol Pérez, una ministra con agenda propia, que no supo servir los intereses nacionales.

El diseño del DU 003 fue fatal, paralizó obras esenciales, destruyó empleo y quebró empresas, dejando al país sin capacidad de enfrentar la reconstrucción de los impactos causados por el ‘niño costero’, ni de relanzar las inversiones esenciales para recuperar el crecimiento económico.

Peor aún, tuvimos muchas oportunidades para enmendar los errores, pero tanto el gobierno como la oposición de FP se mantuvieron en un juego político suicida. El gobierno de PPK no atinaba a nada, y en FP estaban obnubilados con el deseo de castigar al supuesto monstruo de José Graña MQ y su aludido manejo del (por su lado) absurdo anti-fujimorismo de El Comercio.

Finalmente, a la hora undécima, el MEF logró articular, la Ley 30737, que se conversó con tirios y troyanos, y a la cual no se plantearon mayores objeciones por parte de varios agentes económicos vinculados al problema de la parálisis generada por el DU 003, porque la nueva ley, con todos sus defectos, era mejor que el DU 003 y que el eventual vacío del vencimiento del DU, sin el imperio de una nueva norma.

Pero, como ‘el diablo está en los detalles’, la nueva ley no se ha podido reglamentar hasta ahora, manteniendo un espacio de incertidumbre que solo agrega más daño a todo lo acumulado hasta hoy.

A estas alturas, es mejor ir adelante con el reglamento, pero organizando un grupo de trabajo que incluya al Ejecutivo, Congreso, un par de gobiernos regionales, consultores y constructores, para, en paralelo, ir diseñando un nuevo mecanismo que recoja las observaciones planteadas y se oriente a conjugar los resultados de la norma en función de un arreglo sensato de prioridades.

Anoche el gabinete habría aprobado el reglamento de la ley. Veremos si recoge algunas propuestas de cambio. Mientras tanto, veamos nuestras observaciones:

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 30737

I. SU ORIENTACIÓN

La Ley 30737 parte de una base errónea, pues prioriza fundamentalmente mecanismos que tratan de asegurar el pago inmediato de las reparaciones civiles a favor del Estado, fijando un 10% del presupuesto de todas las obras públicas manejadas por las empresas sometidas a casos de investigación.

No recoge la importancia para el país, trabajadores, proveedores, de la economía en general, de la necesidad de que las obras públicas paralizadas por los efectos del DU 003, se reanuden y que las distintas entidades del Estado puedan llevar adelante nuevas obras.

Se mantienen bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, múltiples instancias de gestión vinculadas a los fideicomisos, algo para lo cual no está capacitado y será, sin lugar a dudas, una traba infranqueable para el manejo de las obra y proyectos.

Los otros objetivos declarados en la norma son puramente declarativos, pues el primer objetivo de la norma se opone a su consecución: no incentiva la colaboración eficaz, no evita la paralización de las obras públicas ni las de las asociaciones público privadas, y no evita la ruptura de la cadena de pagos.

II. ¿POR QUÉ NO FUNCIONARÁ EL REGLAMENTO?

• No se prioriza la obra pública y se queda únicamente en cálculos económicos de la reparación civil sin tomar en cuenta la realidad de las obras paralizadas, ni de los proveedores y trabajadores impagos de construcción civil.
• El monto a colocar en un fideicomiso del 10% del presupuesto de reparación civil es casi siempre superior a la utilidad de las obras contratadas investigadas. Es decir, el pago de la reparación es muy alto respecto del patrimonio, lo cual solo conduce a la quiebra de la empresa. Este monto no debería ser superior al 20% del patrimonio.
• Las empresas al incurrir en montos que exceden el patrimonio no son sujetas a crédito por carta fianza y crean problemas de caja que concluyen en la ruptura de la cadena de pagos y el abandono de las obras. Tengamos presente que si las obligaciones son 2/3 de su patrimonio son declaradas en quiebra formal ante el INDECOPI.
• Las empresas estarían propensas a pérdidas con efectos en el empleo y puestos de trabajo. No olvidemos en las reuniones de las comisiones de Economía y de Justicia que antecedieron a la aprobación de la Ley 30737 se pudo conocer de propia voz del sindicato de trabajadores obreros de construcción civil una pérdida de 100 mil puestos de trabajo debido a la paralización de obras y 60,000 trabajadores impagos, así como de la Asociación de Proveedores de Odebrecht que señaló que a esa fecha ya habían quebrado 169 empresas peruanas que habían dado servicio a la contratista brasileña.
• No se puede cumplir los objetivos de la norma por exagerar la reparación civil. Por esta razón, sigue creciendo el círculo vicioso de la incertidumbre ante los actores económicos, quienes no podrían definir el riesgo de una organización pues sería irrelevante saber si ejecutó un proyecto cuestionado o no, y tiraría por los suelos la posibilidad de recuperar la confianza de los decisores económicos para el sector construcción.

III. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE FUNCIONE?

Se necesita un régimen simple aplicable a las empresas investigadas que permita asegurar la separación de activos y los recursos a un fideicomiso que garanticen al Estado la reparación civil en caso resulten culpables, pero a su vez debe evitar que esas mismas empresas terminen estranguladas por la ley y quiebren. Porque una empresa quebrada no paga reparación civil, ni proveedores ni trabajadores, y mucho menos concluye los proyectos de infraestructura a su cargo.

El proyecto de reglamento debe incluir:

• El incentivo a la colaboración eficaz
• La estrategia para evitar la paralización de las obras
• El blindaje de la cadena de pagos

Las empresas investigadas deben sobrevivir, concluir sus proyectos, pagar sus deudas y destinar todo recurso que no se use para pagar la reparación civil. Solo así se logrará la meta integral de la ley. No al revés.

Con ese objetivo propusimos en Lampadia, en enero de 2017, la figura del interventor, recogida a medias en la ley, sin darle el peso adecuado como veedor, el interventor tendría que auditar la contabilidad de cada empresa y/o proyecto, y verificar el buen uso de los recursos. Que una empresa que está siendo investigada no pueda usar ni un centavo para repartir dividendos o utilidades. Que ningún accionista pueda recuperar los préstamos hechos. Y que año a año esos recursos remanentes sean destinados al fideicomiso que garantiza el pago de la reparación civil. Y no por 5 años como indica el reglamento, sino por todos los años que se requiera, hasta llegar a completar el 100% de la reparación civil calculada.

Solo así se logrará recuperar la confianza del sistema financiero, que hoy se encuentran a espaldas al sector construcción.

Ver en Lampadia:

A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

DU 003, fiducias, confusiones e irresponsabilidades

Del 003 a la Ley Frankenstein

Lampadia

La rotura de la cadena de pagos es un fenómeno creciente de paralización de la economía de un país, normalmente producido por problemas de liquidez del sector financiero, que genera un corte drástico del crédito y que impacta de sector en sector productivo, hasta abarcar toda la economía.

También puede romperse por agudos problemas financieros de un sector importante de la economía, que tenga importantes encadenamientos con el resto de la economía, especialmente si el fenómeno coincide con un período de debilidad económica.

La rotura de la cadena de pagos puede graficarse como el despliegue de un ‘hongo atómico’ que crece hacia abajo y va paralizando, uno a uno, los distintos componentes de la economía. La dificultad de manejo de este fenómeno es que, una vez que se gatilla, es prácticamente imposible de parar, pues el Estado no tiene la capacidad de dar crédito a todos los afectados; solo queda esperar que el hongo se consuma y reconstruir lo que quede. Su impacto genera un choque recesivo que eventualmente puede afectar hasta la capacidad del Estado de sostener los programas sociales. Ver ilustración:

Esto ya sucedió en el Perú entre 1998 y 2002 y tuvo tremendos impactos en la economía.

Efectivamente, el 10 de octubre de 1998, 3pm, en las oficinas del BCR, el Ministro de Economía y Finanzas, Jorge Baca Campodónico, con Germán Suarez, el Presidente del BCR, a su costado, anunció que, desde ese día, el BCR decidiría cada día, si facilitaría crédito al sistema financiero.

Las inmediatas protestas fueron desoídas, y a los bancos no les quedó otra cosa que cortar drásticamente el crédito, pues ninguno podía correr el riesgo de liquidez. Como entonces, el 80% de los depósitos bancarios era a 90 días plazo, la cadena de pagos se empezó a cortar muy rápidamente, y una vez desatada, no fue posible evitar el daño en todos los sectores de la economía, hasta entrado el siglo XXI.

Por ejemplo, entonces:

• Una zapatería de la calle Shell, no pudo conseguir crédito para pagar al productor de zapatos de Trujillo
• Este a su vez, no pudo pagar al proveedor de cuero de Caquetá
• Y este no pudo pagar a sus trabajadores
• Que no pudieron pagar al bodeguero de la esquina por los tarros de leche fiados, unos, y otros por pasta y frejoles a granel

Ese corte de la cadena de pagos llegó hasta el último rincón de la economía, y malogró los resultados de la economía en los importantes años 90, pues la recesión con la que terminó la década figuró, punta a punta, una década de logros muy pobres, a pesar de los éxitos del 93 al 97, años en que crecimos 7.5% en promedio.

Hoy , después de muchos años, nuestra economía está muy débil. El crecimiento económico está muy por debajo de lo necesario para la buena salud de la sociedad; la inversión privada recién ha empezado a crecer después de haber caído por tres años seguidos; el crédito al sector privado lleva creciendo alrededor del 5% (cuando la economía demanda un crecimiento de dos dígitos) y la inversión pública recién vuelve a sacar la cabeza después de graves problemas de crecimiento.

Además, en estas circunstancias, como producto del escandaloso afán imperialista brasileño (ejecutado por sus brazos empresariales), tenemos que enfrentar la parálisis de una serie de proyectos vinculados a Lava Jato. Situación que ya ha puesto en situación muy difícil a muchas empresas y trabajadores peruanos.

Ahora, de manera inentendible y con especial saña, Fuerza Popular (FP) pretende extender la parálisis del escándalo de Lava Jato a las empresas peruanas que tuvieron asociaciones o consorcios con Odebrecht. Esto, sin tomar en cuenta si las empresas peruanas se desvincularon de Odebrecht o si las empresas cambiaron sus equipos directivos, como es precisamente el caso de Graña y Montero; que parece representar nominalmente la inquina de FP.

Como hemos dicho con anterioridad, los eventuales actos dolosos, serían responsabilidad de las personas que podrían haberlos cometido, no de las empresas que tenían bajo su control, y mucho menos de sus trabajadores, proveedores, contratistas, e incluso del país en su conjunto, dado el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos.

De promulgarse la ley que modifica el DU 003, que comprende a las empresas peruanas en las medidas intervencionistas, se haría un grave daño a muchos inocentes, y eventualmente, se podría generar un colapso de la economía, agravando el corte de la cadena de pagos. Un acto de irresponsabilidad extrema.

Es, pues, muy lamentable que por un mal diseño del gobierno (Marisol Pérez en el MINJUS) para enfrentar el escándalo de Lava Jato (ver en Lampadia: Y nosotros disparamos fuera del objetivo), por el que se dejó de poner interventores que cautelaran los intereses del Estado y se permitió un proceso desordenado de intervenciones descoordinadas y sin sentido práctico y equilibrado, por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, y la Sunat; que junto al afán sensacionalista de los medios, y de los políticos irresponsables, han creado un ambiente de linchamiento popular, que está haciendo daño a diestra y siniestra.

Ojalá podamos todavía recuperar la sensatez y lograr detener esta guerra mediática y política que puede hacer inmensos daños al país. Lampadia