La responsabilidad de congresistas, Obispos, Fundaciones y dirigentes en el Baguazo

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en la entrega anterior que con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos promulgados el 2008 para adaptar la legislación nacional al TLC con Estados Unidos se convirtieron en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, un efecto letal.

Fuente: plazatomada.co

Pues lo que movilizó a decenas de miles de nativos durante meses, hasta culminar en un enfrentamiento que produjo la muerte de 34 personas, fue el mito de que esos decretos se habían dado para despojar a las comunidades de sus tierras y bosques. Eso era, efectivamente, lo que declaraban los indígenas cuando, con las caras pintadas en son de guerra, eran entrevistados por las cámaras de televisión. Ese mito expoliador fue eficientemente infundido por los dirigentes de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana), por congresistas del Partido Nacionalista, por intelectuales y antropólogos vinculados a temas amazónicos y hasta Obispos[1] y sacerdotes [2], en algunos casos de buena fe, sin duda, pero en otros probablemente con el interés de procurar el escalamiento que culminara en la renuncia del presidente de la República y la convocatoria a una asamblea constituyente, el proyecto insurreccional que la izquierda peruana intentó impulsar esos años.   

Congresistas nacionalistas

El Informe que produjo la Comisión Especial de Investigación y Análisis de los sucesos de Bagua del Congreso contiene algunos ejemplos de esto. Refiere que el 5 de marzo del 2009 los congresistas del partido Nacionalista Janeth Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez acudieron al poblado de Huampami, Cenepa, provincia de Condorcanqui, donde Cajahuanca dijo lo siguiente:

“el decreto 1089 le da facultad a COFOPRI para poder quitar sus tierras incluso a aquellos campesinos que tienen título de propiedad, incluso si lo tienen registrado en registros públicos. Si un campesino tiene 10 hectáreas y sólo tiene platita para producir tres hectáreas, el Estado mediante esta ley le da potestad para quitarle siete hectáreas, porque no tiene plata para producir. ¿Dónde se ha visto eso hermano? ¿Eso lo vamos a permitir?” Más adelante añade lo siguiente: “Y cuál es el interés del Presidente de la República? Su bolsillo, su bolsillo señores esa es la verdad…”. “El día de hoy tenemos una ley de agua. Resulta que no contentos con vender nuestras tierras y nuestros recursos forestales, ahora quieren privatizar nuestras aguas. Más adelante para consumir el agua hay que pagar a una empresa privada” (Manacés et al, 2009).

Está demás argumentar que en decreto legislativo 1089 no hay nada que tenga que ver con lo que señaló Cajahuanca, y menos aun en la ley de aguas, aprobada por el Congreso, se privatiza el agua.

Los Obispos de la Amazonía

El 5 de mayo de 2009, un mes antes del trágico enfrentamiento de Bagua, los Obispos de la Amazonía publicaron un pronunciamiento que en buena cuenta ponía a los decretos legislativos como parte de un modelo de desarrollo cruel que permite que las empresas transnacionales despojen a los pueblos indígenas de sus bosques y destruyan la Amazonía. Ante el conflicto suscitado, el comunicado pedía, en efecto, que “…no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida…”, pues, en ese sentido:

 “constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros”.

(…..)

 “Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la Amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos…”

(…..)

“Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales” (Mons. José Luis Astigarraga y otros, 2009)

     Por lo tanto, el comunicado de los Obispos de la Amazonía concluía en  la necesidad de:

     “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Loc.Cit).

Fundaciones europeas y norteamericanas

El pensamiento de los Obispos de la Amazonía en relación a la inversión extractiva reflejaba esa ideología antiglobalizadora que se había ido difundiendo los últimos años en el área andina y en la Amazonía en particular, en este último caso alentada por fundaciones europeas y norteamericanas[3] que profesan un radicalismo indigenista, ambientalista y eventualmente anti capitalista que considera la inversión extractiva y la propiedad privada como destructoras de la Amazonía y que postula la defensa de los ‘derechos colectivos indígenas’ no sólo como un fin en sí mismo sino como un medio para preservar los bosques. [4]

Por supuesto, nadie puede estar en contra de defender los derechos indígenas y la preservación de los bosques. Pero, como sabemos, la causa principal de la deforestación amazónica y el despojo de los pueblos indígenas no ha sido la acción de las empresas sino, de lejos, la colonización protagonizada por los campesinos andinos –es decir, la pobreza- y las actividades informales o ilegales como el narcotráfico (los cocales y las pozas), la minería aurífera informal y la tala ilegal. Más bien la única manera de contener esos fenómenos sería precisamente por medio de una alianza con la empresa minera, hidrocarburífera o forestal formal y capitalizada, que, si bien en el pasado afectó seriamente el ambiente, en las últimas dos décadas suele trabajar con técnicas limpias y sostenibles y puede ordenar el espacio. Pero para los Obispos y muchas ONGs eran esas empresas la principal causa de los males amazónicos.

El hecho es que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, era claramente tributaria de aquella ideología. Muchas ONGs conseguían y consiguen fondos de las fundaciones arriba mencionadas desarrollando campañas de defensa de los referidos “derechos colectivos” de los pueblos indígenas y de preservación de la Amazonía (para la humanidad) de las actividades extractivas de las empresas capitalistas, y para esto último buscan como agentes a las comunidades nativas mismas.[5] Se planteó incluso

una estrategia orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no sólo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos (son alrededor de 1.400 comunidades y solo 42 grupos étnico-lingüísticos) e incluso de conjuntos de grupos étnicos. Es decir, a la determinación de ‘territorios étnicos’ que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros) y con Bolivia (la nación aimara), y en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos y otros recursos no se aplicarían, pues se trataría de territorios autónomos. Con la consecuente afectación a la soberanía nacional.[6] En esa línea, por ejemplo, los Achuar y otros pueblos indígenas de la selva norte acordaron esos años no aceptar la entrada de empresas petroleras, mineras o madereras.

Pizango, AIDESEP y el Movimiento Cumbre de los Pueblos

Es obvio, pues, que la actitud maximalista de los dirigentes y nativos en el conflicto de Bagua –derogatoria total de los decretos o nada- estuvo determinada por esta ideología radicalmente indigenista y anticapitalista, de un lado, pero también por la adhesión de los líderes de AIDESEP al llamado Movimiento Cumbre de los Pueblos que por entonces se desarrollaba y cuyo objetivo era derrocar al presidente García y convocar a una asamblea Constituyente. El 15 de mayo del 2009, poco menos de tres semanas antes de los sucesos de Bagua, Alberto Pizango, presidente de AIDESEP,  divulgó un pronunciamiento de su Comité Nacional de Lucha, llamando a los pueblos a prepararse para declararse “en insurgencia contra el gobierno del Sr. Alan García”. Al día siguiente, sin embargo, a instancias de la Defensora del Pueblo y luego de una larga reunión con ella, acordó dejar sin efecto el llamado a la insurgencia (Lombardi, 2010). Sin embargo, 15 días después Pizango participa en la IV Cumbre de los Pueblos en Puno que acuerda impulsar un juicio internacional contra Alan García “por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro TLC para privatizar los territorios indígenas…, y un inmediato Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados por el TLC con Estados Unidos”. [7]

A esa Cumbre el presidente boliviano Evo Morales remite una carta en la que ataca al capitalismo neoliberal que pretende destruir la tierra, y llama abiertamente a una “revolución”:

“Durante miles y miles de años hemos convivido con la naturaleza en constante equilibrio con ella y dentro de ella. Hoy en día, sentimos los efectos devastadores del sistema capitalista transnacional neoliberal que destruye aceleradamente nuestro planeta.

(…..)

Este es el momento para que los indígenas, campesinos, los obreros, los jóvenes, los trabajadores, los hombres y las mujeres asumamos nuestro destino como pueblos; que desde el campo, desde las comunidades, desde las fábricas, desde los barrios, construyamos con nuestras propias manos el mundo que queremos para nuestros hijos. Este es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Este es el momento de la segunda y definitiva independencia (Morales, 2009).

El fracaso de los canales democráticos

Por eso, no sorprende tampoco que los intentos del presidente del Congreso, Javier Velasquez Quesquén, por encontrar una salida modificando los decretos legislativos, fracasaran. En efecto, el 22 de abril del 2009 Velásquez Quesquén se reunió con los dirigentes de AIDESEP encabezados por Alberto Pizango para intentar no la derogatoria sino la modificación de los decretos en todo lo que fuese solicitado. Es decir, la solución lógica, sensata, el justo medio. Si la consulta a los pueblos indígenas no se había hecho en su momento –porque no estaba normada, además-, pues ella se estaba realizando en ese acto. Según el congresista José Vargas, quien asistió a la reunión, los dirigentes acordaron que harían llegar en los próximos días, a la comisión técnica que se formaría, sus propuestas de modificación. Por su parte, Velásquez Quesquén dio su palabra de que dichas propuestas serían recogidas en su integridad y apoyadas incondicionalmente por la célula parlamentaria aprista. La reunión había sido auspiciosa. La comisión técnica se formó y empezó a trabajar, pero los insumos de AIDESEP nunca llegaron. Pese a ello, la comisión redactó un borrador de informe con propuestas de modificaciones. El 27 de abril convocó a los representantes de AIDESEP para discutirlas, pero los dirigentes que asistieron a la reunión se negaron a considerar cualquier modificación a los decretos legislativos y advirtieron que solo aceptarían su derogatoria. Alberto Pizango, que inicialmente había aceptado la propuesta de modificar los decretos, terminó desconociéndola. Se había regresado a fojas cero, nuevamente.

El Ejecutivo, por su parte, hizo también todo lo posible. Creó mediante Decreto Supremo una  Comisión Multisectorial para resolver el impasse. Esta  se instaló el 20 de mayo sin que acudieran los representantes de AIDESEP. Los llamados formulados por el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y su ofrecimiento de allanarse a cualquier modificación solicitada por los nativos, no fueron acogidos. Las pocas reuniones que hubo, no llegaron a nada.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” (2011) de Jaime de Althaus