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La hoz y el martillazo

La hoz y el martillazo

Mario Ghibellini
El Comercio, 25 de abril de 2020

Al amparo de la emergencia, los socialistas quieren imponer lo que nunca lograron ganar en las urnas o el debate académico.

“El capitalismo, desde luego, no ha acabado con los problemas en el mundo. Y probablemente nunca lo hará. Pero ha producido más bienestar y
mejora de la calidad de vida de los habitantes del planeta que el socialismo y todas sus versiones embozadas”. (Ilustración: Rolando Pinillos Romero)

“El mundo nunca volverá a ser lo que era”, repiten los partidarios del intervencionismo económico y la ingeniería social, y se frotan las manos. Creen o sienten que, con la epidemia del COVID-19, una especie de castigo divino se ha abatido sobre una humanidad en la que el impulso por procurarse bienestar sobre la base del esfuerzo individual y la competencia había ganado misteriosamente la batalla ideológica, y que ahora, en medio de la necesidad y el miedo, les ha llegado la hora de imponer sobre el resto un modelo de sociedad que han acariciado durante décadas, ocultos bajo los ladrillos que les cayeron encima cuando se derrumbó el Muro de Berlín.

Porque con el desmoronamiento de la Cortina de Hierro no solo se vino abajo un sistema político –el de las tiranías estalinistas y el Estado policíaco–, sino, sobre todo, una concepción de la economía. Aquella en la que los burócratas iluminados podían supuestamente asignar recursos mejor que el mercado, dictar precios y programar qué es lo que hacía falta producir y en qué cantidad para que todos fueran felices. La dictadura, en realidad, era el régimen indispensable para que esa concepción de la economía, empobrecedora y más favorecedora de la corrupción que cualquier otra, continuara dominando esos países. Y de hecho lo sigue siendo en los lugares donde ese delirio sigue impidiéndole a la gente buscar un camino para salir de la miseria: Cuba, Venezuela, Corea del Norte.

Los representantes de esa forma de pensamiento en el Perú tratan de marcar distancias frente a esos deplorables fenómenos políticos, pero son los mismos que –si tienen edad suficiente– actuaron en su momento como si la Primavera de Praga hubiese sido el nombre de unos juegos florales en la antigua Checoslovaquia o la Revolución Cultural, el de una campaña de alfabetización en la China de Mao. Y si son muy jóvenes para ello, se ponen a tartamudear cuando les preguntan si el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura.

“Nosotros creemos en el mercado pero…”, dicen. Y si uno analiza todo lo que colocan después de ese ‘pero’, descubre que es exactamente aquello que socava sus bases. Existen también, por supuesto, los que, víctimas de un aturdimiento cognitivo, creen que creen en el mercado. Pero en última instancia, acaban acompañando el esfuerzo de los primeros por deslizar una hoz sobre la libertad económica después de cada martillazo al que la lucha contra el coronavirus obliga al gobierno.

–Afán de locro–

¡Impuesto a la riqueza! ¡Control de precios contra la especulación! ¡Regulación de las pensiones en la educación privada! ¡Topes a las tasas de interés bancarias y a los alquileres que cobran los rentistas! ¡Abajo la suspensión perfecta de labores! Esos y otros semejantes son sus gritos de guerra. Gritos de guerra que, como todos, están provocados por alguna furia ancestral, y no por un razonamiento lógico.

Si hicieran el cálculo de lo que se ganaría y se perdería para la economía en general –y en esa medida, para la sociedad en su conjunto– con esas iniciativas, llegarían a conclusiones que les arruinarían el fuego revolucionario en el que hoy sienten que se doran. Y entonces no se los puede perturbar sugiriéndoles que lo hagan.

No les interesa saber qué es lo que realmente se podría hacer con un impuesto adicional a los ingresos (el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, ha aclarado que esa sería la forma que adoptaría el presunto “impuesto a la riqueza”). Lo que en el fondo persiguen es ‘castigar’ la riqueza misma, que consideran pecaminosa porque siguen creyendo que se consigue a costa de la pobreza de otros.

Les parece que está bien juntar lo suficiente como para comer cada día, pero no acumular ganancias como para labrarse una situación de abundancia o lujo. Consienten, digamos, el afán de locro, pero no el de lucro. No han entendido todavía que en la búsqueda del propio bienestar se ocasiona –deliberadamente o no– el ajeno. “La riqueza de las naciones” 101.

Miran para otro lado cuando alguien les hace notar que el problema no está en el ‘modelo económico’ –un chiste que merecería una columna aparte– que le permitió al Estado Peruano desarrollar las espaldas fiscales que hoy le sirven para paliar los estragos de la emergencia en tantas familias pobres, sino en la incompetencia de los responsables de que se echaran por la borda más de 4.000 millones de dólares en el supuesto reacondicionamiento de la refinería de Talara en lugar de destinarlos al sector Salud. O cuando se les señala que ese mismísimo sector dejó de ejecutar el año pasado el 42% de su presupuesto (1.500 millones de soles) para “adquisición de activos no financieros”.

Son, como dijo recientemente un filósofo contemporáneo, “inmunes a la data”. Los desvela únicamente la posibilidad de imponer, al amparo de la emergencia, lo que nunca pudieron ganar en las urnas o en el debate académico.

¿Quiénes son específicamente? No importa. Todos los podemos reconocer cuando chapan micro en los medios o en el Congreso. Además, ¿para qué individualizarlos si lo que los atolondra es el colectivismo?

–Pregunta para chapulines–

El capitalismo, desde luego, no ha acabado con los problemas en el mundo. Y probablemente nunca lo hará. Pero ha producido más bienestar y mejora de la calidad de vida de los habitantes del planeta que el socialismo y todas sus versiones embozadas. No conviene olvidarlo.

Cuando toda esta pesadilla haya pasado –y lo hará–, la pregunta esencial seguirá siendo: si levantamos la alambrada entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿para qué lado creen que correrá la gente?




‘Acuerdo de gobernabilidad’

‘Acuerdo de gobernabilidad’

Para superar el impasse del ‘adelanto-no adelanto’

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Mario Ghibellini, Patricia del Río y otros sostienen que un acuerdo Ejecutivo-Congreso sobre una agenda legislativa “no tendrá sentido mientras no se defina si este gobierno dura hasta el 2021 o se acaba en el 2020”. En realidad, es al revés, por lo menos en el mundo de la lógica. Si se logra un acuerdo entre Poderes, por definición ya no hay “crisis política”, que es la causa alegada por el presidente para solicitar el adelanto de elecciones. Si no hay crisis política, no tiene sentido pedir adelanto. De allí el temor a llegar a un acuerdo, que es lo fundamental.

En realidad, la crisis política ha sido gestada precisamente por el pedido de adelanto de elecciones, de modo que es una petición de principio. Lo reconoce el propio Ghibellini: “El afán del jefe de Estado por adelantar las elecciones para el próximo año y la negativa de una mayoría de parlamentarios a aprobar la modificación constitucional que lo permitiría es, en efecto, el corazón del conflicto entre los dos poderes”.

Evidentemente no hay salida si nos mantenemos dentro de la dicotomía ‘adelanto de elección’ – ‘no adelanto de elección’. La única manera de definir o resolver ese impasse, es emancipándonos de él por medio de un ‘acuerdo de gobernabilidad’ que:

  • Fije una agenda de reformas y leyes basada en:
    • Los 6 proyectos de ley de reforma política pendientes que no fueron materia de cuestión de confianza, y que sin duda son muy importantes precisamente para la gobernabilidad de los siguientes gobiernos.
    • Reformas fundamentales como la bicameralidad y la reelección de congresistas y autoridades sub-nacionales, tal como acertadamente propuso ayer El Comercio, algo que, dado el referéndum que las descartó, solo se podría lograr mediante acuerdo entre los dos poderes.
    • El Plan Nacional de Competitividad 
  • Eventualmente, de ser necesario, conforme un gabinete conversado o de consenso.

Si se alcanzara un ‘acuerdo de gobernabilidad’, por definición la llamada “crisis política”, pretexto para el adelanto de elecciones, desaparecería. Siempre habrá diferencias y fricciones, por supuesto –sólo en una dictadura deja de haberlas-, pero un acuerdo de esa naturaleza asegura que importantes reformas económicas y políticas se aprobarán, relanzando las perspectivas del país al mediano y largo plazo, y acabando con la incertidumbre que en el corto plazo ya paraliza todas las decisiones de inversión privada y pública.

Por lo demás, repetimos, la crisis política actual es la que ha sido generada por el propio pedido de adelanto de elecciones. Al 28 de julio no había una crisis política insalvable. Ella ha sido hiperbolizada. Sí la había un año y medio atrás, cuando Fuerza Popular tenía 73 congresistas y funcionaba como un puño. Hoy tiene solo 54, está internamente dividida y su lideresa fue enviada a la cárcel (más bien ahora el pedido de adelanto de elecciones ha empoderado al ala dura de Fuerza Popular). Tampoco es cierto que el Congreso no respetara la esencia de los 6 proyectos de reforma política. La mantuvo –con algunos pequeños cambios sugeridos por el propio Salvador del Solar- en cinco de los proyectos; y en el de Inmunidad, si bien no aceptó que fuera levantada por la Corte Suprema, sí propuso una fórmula intermedia que resulta un avance (plazo perentorio, vencido el cual resuelve el TC, y eliminación de la inmunidad para los congresistas tuvieran procesos al momento de ser elegidos -95% de los casos-, algo que no estaba ni en el proyecto del Ejecutivo).

La agenda para un ‘acuerdo de gobernabilidad’ está ya dada, en parte, en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado y publicado el 28 de julio. Allí se plantean reformas formalizadoras e inclusivas tales como el régimen único tributario para las MIPYME, la modernización del Régimen MYPE laboral y una reforma del sistema de salud. El MEF está estudiando la posibilidad de la universalización del sistema de pensiones vía el aporte de las personas con una parte del IGV que pagan cuando compran algo, que sería revolucionario. En el Plan se propone, además, una Estrategia Nacional de Zonas Económicas Especiales y un nuevo modelo de contrataciones y gestión de la inversión pública, entre muchas otras propuestas. Además, hay proyectos pendientes como la ley general de hidrocarburos y la del régimen especial agrario, que no admiten dilaciones.

El presidente no puede lanzar dos planes tan importantes como el de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, y a renglón seguido desentenderse convocando a adelanto de elecciones. Si no se empiezan a ejecutar, quedarán como letra muerta.

Además, formarían parte de la agenda de un ‘acuerdo de gobernabilidad’, por supuesto, las reformas políticas pendientes, que son muy importantes porque permitirían asegurar que el próximo gobierno y los sucesivos tengan gobernabilidad. Allí figuran, por ejemplo, la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para aumentar la posibilidad de que el presidente tenga mayoría parlamentaria y no se repita lo que hemos vivido; y que la insistencia del Congreso en una ley observada por el presidente tenga que aprobarse con los 2/3 de los votos y no con la mitad como es ahora, para que el presidente tenga poder de veto ante leyes inconvenientes o populistas.

Si se adelanta la elección general esas reformas, que son constitucionales, ya no se podrían aprobar, de modo que el próximo gobierno podría caer en la misma trampa de gobernabilidad en la que cayó el presidente Kuczynski y en la que, antes que él, cayeron Billinghurst, José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaunde y el propio Alberto Fujimori. Con el agravante de que los congresistas, escogidos a las apuradas por los partidos, muy probablemente serán de un nivel muy pobre.

En suma, resulta vital que el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, avancen hacia un ‘acuerdo de gobernabilidad’ que suprima la incertidumbre y cambie las perspectivas futuras del país. Lampadia




Cuidado con los errores en la norma de la JNJ

La semana pasada, Mario Ghibellini entrevistó en Canal N a Natale Amprimo y a Diego García Sayán sobre la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según ambos juristas, el proyecto adolece de grave fallas.

Amprimo habla de errores garrafales:

  • No se ataca el problema judicial
  • La ratificación de los jueces cada 7 años y su evaluación cada 3.5 años, no permite que el juez haga una carrera y que desarrollen su gestión con independencia
  • Las ratificaciones generarán argollas y componendas
  • El proyecto tiene un mal manejo legislativo

García Sayán incide en:

  • La presencia de demasiadas incoherencias y omisiones graves
  • Su promulgación no permite decir que empezó la reforma
  • No existe participación ciudadana, como se anuncia
  • En el mundo lo principal es la estabilidad en el cargo, las ratificaciones lo impiden
  • Si no hay independencia judicial no puede haber democracia

Ver entrevista:

https://youtu.be/jzkcLtbzOoY

En resumen, el proyecto es atolondrado, inadecuado y debería ser observado o modificado, como ambos analistas afirman.

El tema de la ratificación de los jueces estuvo incluido en las bases del referendum, igualmente, por ser de crucial importancia, debiera atenderse urgentemente, así necesite una norma constitucional.

Tal vez, como dice García Sayán, se debe avanzar en la creación de la JNJ, mientras se corrigen los errores más llamativos, como el de la ratificación.

No hay derecho ni justificación alguna para que esta norma tan importante se haga de esta manera. ¡Corregir ahora! Lampadia