Fausto Salinas Lóvon
Desde Cusco
Exclusivo de Lampadia

Pablo Casado, líder del Partido Popular español, le ha dicho a Pedro Sánchez, el líder socialista recientemente investido como Jefe de Gobierno de ese país, que primero pactó con independentistas, antimonárquicos y comunistas para censurar a Mariano Rajoy y que ahora, para conseguir la investidura y perpetuarse en el poder ha pactado con estos mismos para destruir o censurar al Estado español, poniéndolo a merced de los independentistas, los republicanos y los comunistas. Lo más grave es que Pablo Casado ha revelado que este pacto, que podría convertir a España en un archipiélago de regiones intrascendentes en el contexto europeo y mundial, no era la única alternativa con la cual contaba el socialista para llegar al gobierno, ya que el  Partido Popular y Ciudadanos (las dos formaciones de centro y centro derecha) le habían ofrecido un acuerdo de Gobierno sobre la base de 11 pactos de Estado para España que hubieran permitido mantener la unidad española y evitar convertir a comunistas e independentistas en los protagonistas de la destrucción del Reino Español.

Santiago Abascal, el líder de VOX, ha calificado nítidamente el gobierno de Sánchez, como un gobierno surgido de la mentira y el fraude.

Tanto Casado, como Abascal se encuentran a más de 9,000 km de distancia del Perú, sin embargo, ¿sus afirmaciones son ajenas a la realidad política latinoamericana?

Para nada.

Lo que está ocurriendo en España tiene que ver directamente con lo que sucede en América Latina o, mejor dicho, es consecuencia de lo que sucede en esta parte del mundo. El populismo es un producto de exportación latinoamericana que esta semana ha llegado por fin al poder en España, colocando a Pablo Iglesias, el líder de PODEMOS como vice presidente de ese país.  4 años atrás, habíamos dicho: “es posible afirmar que no estamos ante una propuesta novedosa para el electorado español, ya que se trata simplemente de un comunismo travestido y de la mera importación a España del populismo autoritario de izquierda que han impulsado Hugo Chávez en Venezuela y sus secuaces en Ecuador, Cuba, Argentina y Bolivia.” https://lampadia.com/opiniones/fausto-salinas-lovon/podemos-exportar-el-populismo/

Lo que ocurre en España está directamente vinculado a lo que sucede en Bolivia, donde diplomáticos españoles del gobierno de coalición PSOE – PODEMOS han pretendido extraer por la fuerza a ex miembros del gobierno de Evo Morales que se hallan asilados en la residencia de la embajada mejicana y conocen las relaciones, los recursos y los vínculos de Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Monedero y otros miembros de la cúpula de ese partido, con el dinero sucio de Venezuela y Bolivia.

El pacto contra el Estado en España que denuncia con mucha nitidez la derecha y centro derecha españolas tendrá consecuencias en la posición de ese país frente a Venezuela y no será de extrañar que muy pronto tenga que honrar sus deudas con el chavismo y entreguen a Leopoldo López, actualmente asilado en la embajada española de Caracas, para que vuelva a prisión en VENEZUELA.

Lo que sucede ahora en España lo estamos viendo también en los últimos años en el Perú. Vimos cómo se pactó para censurar primero al gobierno y a renglón seguido, como se pacta para destruir el Estado con tal de mantenerse en el poder. El pacto contra el gobierno parece ser solamente el primer paso en un propósito mayor, la destrucción del Estado y sus instituciones.

Martín Vizcarra, que parece ser también en medio de su indefinición política un émulo de Sánchez en nuestro país, primero pactó con fujimoristas y los del partido de la “plata como cancha” para traicionar a su mentor PPK y desembarcarlo del gobierno en marzo del 2018. Pactó en contra de su propio gobierno, al cual había llegado como vicepresidente y Jefe de Campaña. Luego pactó con la izquierda para traicionar el programa que había ganado las elecciones y pasó a gobernar con anti mineros, con gobernadores regionales ultras y con las calles, en contra de la ley y en contra de la inversión. 

Sin embargo, como ha sucedido en España, no le bastó pactar contra el gobierno. Para mantenerse en el poder y no llegar a un acuerdo político acorde al mandato electoral del 2016 que le implicaba compartir el poder (como no lo ha querido hacer Sánchez en Madrid), pactó con aquellos que buscan destruir las instituciones esenciales del Estado como la independencia de poderes, la separación de funciones, el respeto a la autonomía de los órganos constitucionales y contra la supremacía constitucional, para acabar finalmente con la Constitución y el Estado de Derecho. Destruyó la independencia de poderes con la grosera injerencia sobre la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Pactó para destruir la supremacía constitucional al impedir la elección del nuevo Tribunal Constitucional por parte del órgano llamado a hacerlo. Pactó para destruir la división de poderes al disolver el Congreso sin causal válida en alianza con sectores de la prensa, la izquierda radical y el aplauso de muchos.

Vizcarra, como Sánchez en España, una vez producida la elección parlamentaria que se avecina, no dudará en pactar con quienes estén en contra de la Constitución, a la cual están convirtiendo paulatinamente en la falaz enemiga con la cual confrontar. Pactará con aquellos que la quieran destruir con tal de mantenerse en el poder y seguramente forzar una reelección inconstitucional.

El reto está en impedirlo. En España, como sucede en el Perú, la complicidad de la prensa, la indiferencia de las clases medias y la actitud de los “políticamente correctos”, los ha llevado al borde del abismo. En el Perú (como en Bolivia y el resto de América Latina), donde vemos las consecuencias del populismo, estamos obligados a impedir pactos contra el Estado y la Constitución que se avecinan si los aliados de Vizcarra toman el control del Congreso este 26 de enero. De no impedirlo, nuestro destino podría ser el mismo que el de España. Lampadia

El gobierno socialista de Francia decide seguir el camino de Alemania y España en la búsqueda de superar el desempleo y alcanzar mayor competitividad. Después de décadas de regulaciones laborales populistas y pro cúpulas del sindicalismo, el reino del socialismo de viejo cuño, se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ que había llevado al país a altísimos niveles de desempleo y una creciente pérdida de competitividad de sus empresas y de la economía en su conjunto.

Es bueno recordar que Alemania, que adoptó políticas similares a las del proyecto del ejecutivo francés, antes de la última crisis financiera global de 2008/9, logró capear los graves problemas de desempleo que destruyeron el clima social en Francia y España. En ambos casos, además del de otros países de la comunidad europea, se tuvo que enfrentar niveles insoportables de desempleo, especialmente en el caso del empleo juvenil. Ambos llegaron a tener un desempleo general de alrededor de 25% y un desempleo juvenil de hasta 56%, en el caso de España y 26% en el de Francia.

España ya pasó por una reforma similar, que le permitió salir, en buena medida, de la crisis financiera, antes de lo que todos estimaban. Es de suponer que la actual crisis política de España es consecuencia directa del descontento social producido por la poca flexibilidad de su economía, hasta antes de su reforma.

Como todos conocemos, el primer país desarrollado en salir de la crisis fue EEUU, que siempre se caracterizó por su flexibilidad laboral y gran competitividad. En Europa, el que tuvo similar capacidad de reacción fue, justamente, Alemania, imitada primero por España y ahora por Francia.

El Perú es uno de los países de mayor rigidez laboral del mundo. Lo que es más, durante los últimos 15 años hemos transitado de regreso a la estabilidad laboral absoluta, uno de los grandes frenos a la creación de empleo formal y de calidad.

Sintomáticamente, ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República, está siquiera dispuesto a analizar y debatir el tema. Somos víctimas de una cobardía colectiva de la clase política, que lo que hace es ponerse de espaldas a las necesidades de trabajo de nuestra gente, especialmente, por supuesto, a las necesidades de nuestros jóvenes.

EEUU, ni Alemania, ni España, han sido nunca nuestro modelo político. Nuestra clase política y buena parte de nuestros periodistas, han sido y son, admiradores y seguidores de las políticas del socialismo francés. Es de esperarse que la revolución que ha planteado el gobierno socialista de Francia, nos haga reaccionar para hacer análisis causa-efecto de nuestras políticas laborales que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores.

Veamos el planteamiento revolucionario del gobierno francés:   

La dura reforma laboral de Hollande agrava el cisma en la izquierda

Por Carlos Yárnoz

El País de España

29 de febrero de 2016

Glosado por Lampadia

 

La reforma laboral en Francia, exigida durante años por Bruselas o Berlín, está lanzada y ya ha originado un terremoto político y sindical antes de ser presentada oficialmente el 9 de marzo. El proyecto fulmina de facto principios sagrados de la izquierda, como el horario laboral legal de 35 horas semanales. Y admite los despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, por dificultades económicas de las empresas. El ala izquierda del gubernamental partido socialista la rechaza frontalmente y los grandes sindicatos anuncian movilizaciones.

Más horas de trabajo, despidos más baratos

35 horas. Ahora se pueden superar por acuerdo en cada empresa para mantener el empleo. Con la reforma, podrá hacerse en caso de reestructuración, apertura de nuevos mercados o causas excepcionales.

Despidos. Podrán producirse por descenso de pedidos, deterioro de cifra de negocios, cambios tecnológicos o reorganizaciones.

Indemnización. Registran una rebaja general. De cuatro a tres meses de salario si la antigüedad es inferior a 2 años. De 27 a 15 si supera los 20 años.

Horas extra. Podrán pagarse por debajo del acuerdo sectorial si empresa y comité sindical lo aceptan. También podrán pactarse bajadas salariales. Los sindicatos minoritarios podrán convocar referendos en las empresas contra acuerdos de los mayoritarios.

Tras cinco derrotas electorales consecutivas en los dos últimos años y a solo 14 meses de las presidenciales, la ya dividida izquierda francesa afronta otra brutal batalla interna a cuenta de esa dura reforma laboral. Está “inspirada” en la actual norma española del Gobierno de Mariano Rajoy, como admite el primer ministro, Manuel Valls.

Algunos de sus dirigentes (de la patronal) se han sorprendido de que un Gobierno socialista plantee medidas que ni el conservador Nicolas Sarkozy se atrevió a poner en marcha en la anterior legislatura.

Aunque no suprime la ley de 35 horas, el Gobierno da amplias posibilidades a las empresas para saltarse el límite por reestructuraciones, apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales”. O para bajadas salariales generalizadas para conquistar nuevos mercados. Las indemnizaciones máximas por despido injustificado pasan de 27 a 15 meses para trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

La izquierda radical se ha levantado en armas. Los socialistas críticos dirigen sus dardos especialmente contra el primer ministro, Manuel Valls, al que consideran responsable de la “deriva socioliberal” del Ejecutivo que, auguran, les lleva a una derrota sin paliativos en las presidenciales del año que viene. Para los sindicatos, es “una vuelta al siglo XIX”, en palabras del líder de la mayoritaria CGT (Confederación General del Trabajo), Philippe Martinez.

Populismo

Para Valls, son sus críticos, los que están “anclados en el siglo XIX”, mientras que él o Emmanuel Macron, el titular de Economía también tachado de “liberal”, viven en este siglo porque saben, dice, que “la economía y el progreso social van de la mano”. La reforma laboral, añade, está inspirada en lo que funciona en países, como Alemania, Suiza o España”.

El Gobierno argumenta que, ante el estancamiento de la economía, la reforma mejorará la competitividad de las empresas y disminuirá el desempleo, que alcanza el 10.5%. En una apuesta por la flexiseguridad nacida en Centroeuropa hace dos décadas, el presidente François Hollande afirma que la reforma flexibilizará la contratación y reforzará la seguridad de los empleados. Lampadia