Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 31 de mayo de 2019
Para Lampadia

¡Cómo cambian los tiempos! Hoy – para muchos cajamarquinos – “Goyo Santos” es una mala palabra. Y “Marco Arana” también. Así están las cosas con los líderes más emblemáticos de la anti-minería cajamarquina.

Acabo de estar por Cajamarca y me ha impresionado el sentimiento de repudio ciudadano hacia ambos personajes. Y pensar que llegaron a ser recontra populares… en su momento.

¿Qué pasó? Pues la economía regional está “chihuán”. No hay trabajo en Cajamarca. El comercio está parado. Los jóvenes migran en gran número a la Costa. El otrora cuantioso Canon Minero se ha reducido significativamente. El Gobierno Regional y los Gobiernos Municipales no tienen plata. Hay mucho desánimo – hoy – en Cajamarca.

Para los que conocimos Cajamarca antes y durante la bonanza minera, la explicación es muy sencilla. Allá en el 2012, Yanacocha – la gran mina de oro de Cajamarca – produjo 3´000,000 de onzas. Para que tengan una idea, el precio del oro bordea actualmente los US$ 1,300 / onza. Eso quiere decir que la producción de Yanacocha raspaba los US$ 4,000 millones por año.

El año pasado la producción cayó a 500,000 onzas. Es decir ¡seis veces menos! Y tal como van las cosas, la producción de oro caerá a 300,000 onzas al año. O sea ¡diez veces menos!

En el 2012 – y años siguientes – Cajamarca vivió la gran bonanza minera. El Canon Minero alcanzó su máxima expresión. Es decir, hubo plata para inversión en infraestructura para el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, y Universidades. Pero más importante aún. Hubo mucho trabajo para los cajamarquinos. Se crearon muchas empresas proveedoras de bienes y servicios. Los hoteles y restaurantes andaban boyantes. Se construyeron centros comerciales, urbanizaciones, recintos deportivos, escuelas, hospitales, carreteras, reservorios, plantas de tratamiento de agua, etc. En esos años Cajamarca vivió un auténtico boom inmobiliario.

Pero ahí no quedó todo. Se plantaron muchos bosques de pinos. La ganadería e industria lechera prosperaron mucho en aquel entonces. La agricultura y la piscicultura, igual. Se construyó el Centro de Innovación Tecnológico en Joyería de Oro y Plata. Realmente, Cajamarca progresó mucho de la mano de su minería aurífera.

Ahora – en cambio – se habla del “Legado de Yanacocha”. Lo cual me suena a “testamento”. Es decir, como si la minería cajamarquina estuviera agonizando. ¡Una lástima!

Pero ojo. No todo está perdido. El oro de Cajamarca sigue allí. El problema fue que Goyo Santos y Marco Arana engañaron a la población para impedir su explotación. Es cuestión de cambiar de actitud. En vez de chillar “agua sí, oro no”, habría que corear todos “agua sí, oro también”.

¡Qué daño tan grande causan los anti-mineros! Y no me refiero a los que se oponen a la contaminación ambiental, con quienes me identifico plenamente. Me refiero a los anti-mineros como Santos y Arana que se oponen a la minería… simplemente porque sí. Pareciera que su objetivo es perpetuar la pobreza de los cajamarquinos. Porque ¡vaya que lo han logrado!

Cajamarca ganadera, forestal, agrícola, piscícola, turística, industrial, artesanal, comercial… y minera. He ahí la imagen del futuro económico deseado para Cajamarca. ¡No a la anti-minería chantajista y politiquera! ¡Agua sí, oro también! Ese es el grito que deben corear los cajamarquinos. Todo lo demás vendrá por añadidura. Cajamarca merece recuperar su bienestar. Lampadia

Luis Vargas Barbieri, Director del Semanario Minas y Petróleo
Para Lampadia

El rotundo fracaso de las organizaciones políticas anti-mineras lideradas por Gregorio Santos, Marco Arana y Jorge Rimarachín, tanto en las elecciones para gobernador de la región como para las de alcaldes provinciales y distritales, fue el hecho de mayor trascendencia del proceso electoral del 7 de octubre último en la región Cajamarca. En consecuencia, como lo señaló un residente cajamarquino, experto en la agricultura de esa región, que prefiere el anonimato: la minería ha dejado de ser satanizada (en Cajamarca) y podrá trabajar en armonía con los nuevos alcaldes”.

Si bien Gregorio Santos no fue candidato a ningún cargo, él es el líder anti-minero más importante de la región Cajamarca. En consecuencia, al haber quedado su organización política el MAS en tercer lugar, con el 18.6% de los votos, es evidente que esa organización política y su líder máximo han perdido gran parte del capital político que demostraron tener en las elecciones regionales y municipales del 2014, en que con el 44.3% de los votos válidos, ganaron la elección para gobernador regional.

Por su parte, Ramiro Díaz el candidato del Frente Amplio (liderado por Marco Arana) y Jorge Rimarachín, tuvieron votaciones insignificantes del 3.6% y el 2.0 %, respectivamente.

Al no haber alcanzado ninguno de los candidatos a gobernador el 30% de los votos válidos, Walter Benavides de Alianza para el Progreso, que obtuvo el 23.4% y Mesías Guevara de Acción Popular con el 21.3% tendrán que ir a una segunda vuelta en diciembre. Ninguno de ellos rechaza la minería.

¿Cómo explicar esta evolución en el electorado? Nuestro informante cajamarquino nos dice que actualmente el 50% del electorado cajamarquino tiene menos de 30 años y de este total la mitad tiene menos de 21. Este electorado tiene mayor cultura, está ávido de que el progreso también llegue a Cajamarca y está consciente de que la minería puede ayudar para mejorar el abastecimiento de agua en la región.

De las ocho listas que participaron en las elecciones regionales de Cajamarca 7 pertenecen organizaciones políticas sin trayectoria anti-minera: Alianza para el Progreso, que tuvo como candidato a Walter Benavides (23.5% de los votos); Acción Popular con Mesías Guevara (21.3%); Podemos con Absalón Vásquez (11.9%). Cajamarca Siempre Verde, con Enrique Mosqueira (9.7%) y el Frente Regional de Cajamarca con Lilian Cruzado (9.4%).

En la otra orilla, tres listas representaron a organizaciones políticas y/o candidatos con una trayectoria anti-minera ampliamente conocida: El MAS, con Porfirio Medina gobernador interino de esa región (18.5%).  El Frente Amplio con el profesor Ramiro Díaz (3.6%) y Democracia Directa, con el ex congresista anti-minero Jorge Rimarachín (2.0%).  

Una importante consecuencia de esta catastrófica derrota de la izquierda anti-minera es que de los 19 consejeros que le corresponden a la región Cajamarca, solo uno pertenece a una organización política de la izquierda radical, el MAS.  Cabe señalar que ese único consejero ganado por la izquierda radical fue uno de los tres que le corresponden a la provincia de San Ignacio. La cual se haya en el extremo norte en el mapa de Cajamarca y en consecuencia muy alejada de las zonas que tienen riqueza minera.

ALCALDÍAS PROVINCIALES

De las 13 alcaldías provinciales, los partidos nacionales y los movimientos regionales de centro y centro izquierda ganaron 12 y los movimientos de la izquierda radical anti-minera solo una.

Alianza para el Progreso ganó las municipalidades provinciales de Cajabamba, Celendín, Contumazá, San Marcos y San Miguel; Cajamarca Siempre Verde las de Cutervo, San Pablo y Santa Cruz, Acción Popular las de Chota y Jaén; Restauración Nacional la de Hualgayoc y el Frente Regional de Cajamarca la de la provincia de Cajamarca.  

El MAS por su parte al ganar las elecciones de alcalde para la provincia de San Ignacio, fue la única organización política de la izquierda radical capaz de ganar una alcaldía provincial en la región Cajamarca.

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CAJAMARCA

En esta provincia se ubican las operaciones de Minera Yanacocha y los proyectos de Conga y Michiquillay y parte del de Galeno. De ahí la enorme importancia que tienen los resultados electorales para la elección de alcalde en esta provincia.

El alcalde electo de la provincia de Cajamarca, el abogado Andrés Villar del Frente Regional de Cajamarca, tiene una visión ecológica ambiental de cosecha de agua con reservorios grandes y medianos y micro reservorios familiares. Para lograr este propósito no hay otra opción que complementar la inversión pública con la privada y en Cajamarca inversión privada es sinónimo de financiamiento logrado con el apoyo de las empresas mineras. Cabe resaltar que la relación de la minería con los alcaldes, puede llegar a ser más importante que la de aquella con los gobiernos regionales, opina nuestro informante anónimo.

Los candidatos a la alcaldía provincial de Cajamarca, con ideologías de centro y centro izquierda concentraron el 91.2 % de la votación, los de la izquierda antiminera solo el 8.8% y por consiguiente sólo tendrán un concejal de los 13 de esa municipalidad. 

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CELENDÍN

En el caso de la provincia de Celendín, en cuyo distrito del mismo nombre se ubica el proyecto El Galeno y en los de Huasmín y Sorochuco, parte del proyecto Conga, triunfó con el 35.4% de los votos José Marín Rojas, ex alcalde de Huasmín, quien postuló por Alianza para el Progreso, quedando en segundo lugar el candidato de Somos Perú con el 32%; mientras que el único partido de la izquierda radical que participó fue el Frente Amplio, que apenas alcanzó el 2.7% de los votos. De este modo de los nueve concejales de la alcaldía provincial de Celendín, cinco pertenecerán a Alianza para el Progreso, 3 a Somos Perú y uno a Acción Popular. Mientras que la izquierda anti-minera no logró colocar ningún concejal.

De todos los alcaldes electos en Cajamarca, José Marín es probablemente el que tiene una mejor trayectoria en sus relaciones con la minería.  En el 2008, como alcalde del distrito de Huasmín, obtuvo financiamiento del Fondo de Solidaridad Cajamarca (FSC), que administra recursos voluntarios de la minera Yanacocha, para lograr que con una inversión de 250 mil nuevos soles se avanzara con la instalación del servicio de agua potable, para beneficiar a más de 600 habitantes de la comunidad de Santa Rosa, de ese distrito.

La popularidad, dentro de la población de Celendín de José Marín, fue la causa de que, en el 2014, en vísperas de las elecciones para alcalde de Celendín, en las que él participó, sus enemigos políticos le colocaran una bomba casera en la puerta de su vivienda. Los activistas del MAS fueron los principales sospechosos de la colocación de esa bomba.

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CHOTA

En esta provincia, en el distrito de Querocoto se ubica el importante yacimiento de La Granja. La mayor votación para la alcaldía provincial la obtuvo Acción Popular con el 34.4%, quedando segunda Alianza para el Progreso con el 27.2%, tercero el MAS con el 16.1% y cuarto Podemos con el 11%. En consecuencia, de los 11 concejales 6 le pertenecerán a Acción Popular, 3 a Alianza para el Progreso, uno al MAS y uno a Podemos.

ALCALDÍAS DISTRITALES

En el distrito de La Encañada, en el que se ubican varios de los depósitos de minera Yanacocha, incluyendo parte del de Conga y también el importante yacimiento de Michiquillay de Southern, el alcalde electo es el exalcalde Leoncio Vera, que participó como candidato de Alianza para el Progreso. En este distrito la derrota de los anti-mineros fue total, ya que, a pesar de haber participado con tres candidatos, solo pudieron do alcanzar en conjunto el 5.2% de los votos.

Otros distritos con importantes proyectos mineros, como se ha señalado anteriormente, son los de Huasmín y Sorochuco en Celendín. El Frente Amplio que fue la organización política de la izquierda radical más votada, solo alcanzó a tener el 6.6% de los votos válidos. Cifra con la cual no le alcanza ni siquiera para tener en concejal en el consejo municipal distrital de Huasmín.

En el caso de Sorochuco, la ONPE no reporta ninguna votación para las organizaciones políticas de ese sector ideológico. Lampadia

Días antes de Perumin33, en Lampadia recogimos y comentamos la carta de Raúl Benavides Ganoza sobre la Ley 30640 (PPK y FP legislan contra la minería),que pone en agenda la necesidad de reglamentar la Ley de Recursos Hídricos, para posibilitar se declaren“zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de Agua”, las “zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”. Una provisión de la ley, que estaba fuera del cuerpo de la misma.

Como era natural, se generó una cierta alarma, pero Cayetana Aljovín y Elsa Galarza, ministras de Energía y Minas y del Ambiente, respectivamente, se encargaron de echar agua fría sobre el tema, aduciendo su preexistencia y afirmando que mediante definiciones y trabajos técnicos se evitaría el daño a la minería y a otras actividades productivas (una vez se reglamente).

Como no podemos dudar de la sinceridad de las damas que conforman el gabinete ministerial, asumiremos que no conocen lo suficiente o han sido engañadas.No existe la posibilidad de definir qué es una cabecera de cuenca sin caer en eufemismos que sean aprovechados mañana por malos funcionarios o que originen levantamientos ‘populares’ exigiendo el ‘cumplimiento de una ley’. Ninguna de las ministras tiene como garantizar que mañana, no se haga mal uso de la norma, o que se explote políticamente, y por al menos un año, como advirtió Raúl Benavides: “Ningún proyecto de inversión en nuestra sierra peruana podrá ser desarrollado hasta no saber si será declarado cabecera de cuenca”.

El Perú merece algo mucho mejor del proceso de formación legislativa. Así mismo, necesitamos una sociedad civil, en este caso los gremios empresariales, sepan alertar oportunamente a la opinión pública sobre la ‘cocina’ legislativa, sobre todo cuando esta proviene de congresistas manifiestamente anti sistema, anti inversión privada, anti minería; y por último, propulsores del retardatario y empobrecedor ‘pos-extractivismo’, como son el ex cura Arana y otros de nuestros izquierdistas de ‘ideas muertas’.

En Lampadia nos resistimos a dejar las cosas como están. Líneas abajo les presentamos todos los elementos de juicio que permiten tomar una posición radical contra esta norma, que se ha colado entre las manos de personajes que ahora tienen que jugársela para derogarla.Veamos:

1.  El proyecto de Arana, congresista anti minero:

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/PueblosAndinosEcologia/files/ppt_predictamen_cabecera_eas.pdf

2. Opiniones sobre el proyecto:

3. Congreso y Ejecutivo oficializan la ley

(Ver en Lampadia: PPK y FP legislan contra la minería ).

4. Ministras niegan riesgos y naturaleza del proyecto

Cayetana Aljovín, Ministra de Energía y Minas:

“En la ley de recursos hídricos, que no es de ahora, sino de hace bastantes años, estaba ya señalado que las cabeceras de cuenca podrían ser definidas como intangibles, para lo cual el Ministerio del Ambiente lo tendría que definir, pero no ha habido una definición sobre qué es una cabecera de cuenca”. Señaló que esta situación no representa ningún riesgo para la cartera de proyectos mineros: “Consideramos que no, que corren riesgo si no definimos qué es cabecera de cuenca”.

Elsa Galarza, Ministra de Ambiente:

“Es más peligroso tener la norma como está hoy en día”, remarca.

– ¿Cuál ha sido la participación del Minam en la elaboración de la ley de cabeceras de cuenca (Ley 30640) que ha causado la aprehensión de la minería?
Esta es una ley presentada por el Frente Amplio en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, a la que se sumó otra de Fuerza Popular, y entre las dos dieron lugar a la ley promulgada. No fue una propuesta del Ejecutivo. Pero cuando se presentan estos casos, los sectores son llamados a trabajar para determinar la pertinencia de la norma. Nosotros como sector ambiente participamos, al igual que la Autoridad Nacional del Agua (ANA)”.

RPP:“¿Trabar? No, de ninguna manera. Hay que definir qué es cabecera de cuenca y zonificar”.

5. Pero la Ley de Recursos Hídricos no pedía ningún reglamento, y menos, establecía un plazo perentorio para su determinación

6. La PUCP y los contras estuvieron trabajando en creación de mitos

Red Internacional de Estudios Interculturales (blog.pucp.edu.pe):

“En las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, y es donde generalmente se encuentran las zonas de recarga hídrica. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales y humedales, que juntos contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica”.

7. La verdad: El agua viene de la lluvia y cae en zonas muy amplias

Frenando Cillóniz, Gobernador de Ica:
El mito de las cabeceras de cuencas.
“Muchos antimineros sostienen que el agua proviene de las cabeceras de las cuencas. Falso. El ciclo del agua es integral y continuo. Este elemento, que proviene de las lluvias, previamente se ha evaporado del mar, de las plantas y de todo lo que emite vapor hacia la atmósfera”.

“En consecuencia, el agua proviene de toda la cuenca, no solamente de la cabecera. Otros dicen que el agua no utilizada se pierde en el mar. Falso. La materia –y, por ende, el agua– ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo demostró Antoine Lavoisier en 1785. El agua es una en el planeta y está en el mar, en la atmósfera, en los lagos, en los ríos, en el subsuelo y en los seres vivos. Y, gracias a Dios, el ciclo del agua es integral y continuo. Por ello, la contaminación –aguas arriba o aguas abajo– es un hecho nocivo, sin lugar a dudas. En ese sentido, muchos estudios ya han demostrado que la mayor contaminación de las aguas se produce en las partes bajas de las cuencas, en los campos y en los pueblos donde viven los antimineros”.

Luis Marchese, Presidente de la SNMPE:
“La ‘cabecera de cuenca’ es una fantasía de la anti-minería”.
“La minería apoya el enfoque de cuenca. Eso es algo factible y ya se está haciendo […] Pero hablar de ‘cabecera de cuenca’ es un absurdo”.

8. ¿De qué cuencas hablamos?

Tenemos 159 cuencas que cubren todo el territorio nacional.
Todos estamos parados sobre parte de alguna cuenca.
¿Qué análisis técnico esperan las ministras de Energía y Minas y del Ambiente?

9. El Perú es uno de los países con más agua en el mundo

Lo que tenemos que hacer los peruanos es aprender a aprovechar nuestros recursos, como los minerales, la energía, el agua, etc., etc.

Nuestra conclusión y llamado a la acción

Como se puede apreciar, este entuerto no es otra cosa que la culminación de un proceso de creación de normas tramposas, que generan estructuras legales para evitar el desarrollo productivo del Perú. El andamiaje legal del traicionero pos-extractivismo, como denunciamos el 19 de setiembre pasado. El anti sistema en acción, en un país blanducho, desatendido e inerme; donde nuestra clase política y nuestra clase dirigente, están más dedicados al goce de sus posiciones de poder, que empeñadosen servir la construcción de una sociedad próspera.

Si el gobierno de PPK y la bancada de Fuerza Popular no reaccionan de forma inmediata para corregir su grave error, emplazaremos a la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo) a levantar firmas para que se derogue el mamarracho de la ley 30640.

Los ciudadanos libres y aspirantes del Perú no queremos ser esclavos de una sociedad empobrecida por la acción política de minorías que poco a poco nos van arrinconando en una esquina de leyes hechas a la medida de su maleficio. Lampadia

Solo en los últimos días, el país ha tomado nota de una ley de un mes atrás que, en esencia dificultará, si no evitará, toda la inversión minera, energética y hasta el desarrollo de vías de comunicación en la sierra peruana, arriba de 3,000 msnm.

Para compartir esta mala noticia con nuestros lectores y llamar a una inmediata reacción, líneas abajo publicamos el artículo ‘Ley de Aguas’ de Raúl Benavides Ganosa, experto en minería y heredero de la visión de desarrollo sostenible de los recursos naturales, del ínclito Alberto Benavides de la Quintana.

Esta ley es el producto final de un proyecto del congresista Marco Arana, ex radical anti minero, reconvertido en el Congreso, en un ‘elegante’ propulsor del pos-extractivismo, que plantea que los peruanos produzcamos solo lo indispensable para mantener nuestras vidas, mínimo de minería, madera, pescados, no exportar alimentos, etc. Una visión de desarrollo, o más bien, de sub-desarrollo, adoptada por todas las izquierdas desde agosto del 2012. Ver en Lampadia: El Pos-extractivismo y Sus Narrativas, Pensamiento pos-extractivista, Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento y Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’.

Lo más grave de esta estrambótica visión, es que una vez develada por Lampadia en mayo del 2015, ninguna institución gremial o académica, se ocupó de analizarla y combatirla. Una falla muy grave de la clase dirigente. Ni siquiera haber pensado que el pos-extractivismo era una broma puede disculparla.

Peor aún, la Ley de Aguas, que se describe líneas abajo como una norma destructiva de nuestro potencial productivo, ha pasado del proyecto del anti minero Arana, a ser aprobada por las comisiones pertinentes y a su sanción por el Congreso de la República, así como a su promulgación por parte de PPK, como Presidente de la República, con el refrendo de Fernando Zavala; sin que se haya promovido un debate público, ni que el gremio minero energético, la SNMPE, haya dicho, esta boca es mía.

Todo esto a pesar de que, el 7 de abril pasado, el diario El Comercio, lo advirtió en su Editorial: A calmar las aguas.

No es posible que un proyecto de esta naturaleza y gravedad se convierta en ley, sin que (previamente) pueda aquilatarse públicamente, por parte de las instituciones vinculadas al sector minero energético.

Ahora, solo queda plantear su derogatoria. ¡Manos a la Obra!

Ley de Aguas

Raúl Benavides Ganoza
Para Lampadia

Durante los últimos años,las personas que se oponen a la minería formal, desde muchos ángulos, emplearon muchos argumentos, pero el principal es el tema del agua. 

Inicialmente se criticaba a la minería formal por la presencia de metales disueltos en el agua, al ser un reclamo justo se establecieron los PAMAs que son el Programa de Adecuación al Medio Ambiente. Mediante ellos todas las minas tuvieron que adecuarse en 5 años a las nuevas normas ambientales con una inversión porcentual sobre las ventas. Entre las disposiciones del PAMA las minas tuvieron que limpiar las aguas (los efluentes) para que cumplan con los límites máximos permisibles de minerales en solución. Estos límites máximos para metales y sales disueltas inicialmente eran similares a otros países mineros, luego fueron más estrictos, hasta el punto de que hoy tenemos límites de contenidos de metales en los efluentes sumamente estrictos. En muchos casos más estrictos que lo propuesto por el Banco Mundial y que muchos países mineros, menos permisivos ambientalmente.

Luego se decidió imponer los ECAS que son límites máximos que puedan recibir ríos, lagos, y océanos, obligando a las empresas mineras a grandes inversiones para poder cumplir con estos nuevos límites, y las operaciones mineras se han adecuado.

Quedando sin argumentos por la calidad de las aguas, se buscó otro argumento; que las minas competían por el agua, con las poblaciones y con la agricultura. Gracias a estadísticas serias se demostró que las minas, si bien usan agua, consumen menos del 1% del agua de lluvia que alimenta nuestros ríos, lagos y océanos.

Lo concreto es que desperdiciamos mucha agua por un mal manejo de nuestras cuencas, algo en que todos los entendidos concuerdan, aún los más fervientes anti mineros. Los mineros hemos tratado de apoyar a un mejor manejo del agua construyendo represas en las partes altas de la cuenca y tratando los desagües urbanos como en el caso de Arequipa. 

De esta manera se ha logrado silenciar los argumentos que se usaban para atacar a la minería moderna, sin embargo, se ha dejado en la población la percepción que la minería moderna contamina las aguas y que compite por el agua con la agricultura y las poblaciones, aguas abajo de la cuenca.

Para poder continuar con el discurso anti minero se encontraron dos términos muy efectistas: el colchón acuífero y las cabeceras de cuenca. El primero hace consentir que los acuíferos son un “colchón” plano donde está el agua que alimenta los manantiales y el segundo sugiere que nacen las aguas de las partes altas de la cuenca. 

Estos términos son efectistas pero falaces. El primero porque los acuíferos no son planos y dependen de la permeabilidad de las formaciones rocosas debajo de los suelos y de los suelos que retienen la humedad y la infiltran lentamente en los acuíferos. El agua toda proviene de la lluvia (o la nieve en los niveles más altos) y depende del área de captación de la cuenca y la cantidad de lluvia que recibe. Las partes altas de nuestras cuencas andinas normalmente reciben más lluvia y sus suelos y acuíferos la retienen por un tiempo. Esta agua retenida en las partes altas fluye lentamente y permite que los manantiales tengan agua en época de estiaje. Podemos comprobarlo en muchos ríos de la costa que a pesar que no llueve aguas arriba siguen teniendo un caudal importante. Por ello es tan importante un correcto manejo de la cuenca y sobretodo de sus partes altas.

El término cabecera de cuenca es aún más efectista y sugiere que las aguas nacen en las partes altas de la cuenca y qué hay que protegerlas. Podría decidirse que las cabeceras de cuenca son todo territorio por encima de los 3,000metros de altura ya que podemos argumentar que desde esa cota hacia las cimas se originan los cursos de agua de una red hidrográfica. ¿Imaginan lo que sucedería si en el Perú se prohíbe la minería por encima de los 3,000 metros? El 90% de nuestras minas y recursos minerales se encuentran por encima de esta cota. ¿Que sería nuestra sierra sin minería? Es claro para todos los mineros que este término,‘cabecera de cuenca’, es una forma de oponerse a todo emprendimiento minero futuro ya que con una definición amplia de cabecera de cuenca se puede considerar cualquier localidad como parte alta de una cuenca y por ende cabecera de cuenca. Esto haría que los funcionarios del ANA sean constantemente hostilizados por elementos conservacionistas y anti sistema para que declaren inviables proyectos en cabecera de cuenca. Este mismo criterio se puede usar para oponerse a represamientos, hidroeléctricas y hasta incluso carreteras por ser cabecera de cuenca.

Por ello es necesario que el ejecutivo y el parlamento sean conscientes de las posibles implicaciones que tiene la ley que ha sido publicada el 16 de agosto último modificando la ley de recursos hídricos en lo que respecta a la cabecera de cuenca. (Ver líneas abajo: Ley 30640: “Ley que modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para la identificación de la Cabeceras de Cuenca”).

El objeto de la ley es “regular la conservación y protección de las cabeceras de cuenca”. Esto se pretende lograr “estableciendo los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, a fin de evaluar la implementación de medidas especiales para su protección y conservación de acuerdo a su vulnerabilidad”.

Además, modifica el artículo 75 en el tema de protección del agua.

“El estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan cursos de agua de una red hidrográfica. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua. Así mismo debe elaborar un Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”.

Luego otorga a la Autoridad Nacional del Agua 90 días para adecuar la norma reglamentaria y 365 días para elaborar el marco metodológico para implementarla.

¿Cuáles son las consecuencias de esta ley aprobada por el parlamento y el ejecutivo y publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto último?

1.       Ningún proyecto de inversión en nuestra sierra peruana podrá ser desarrollado hasta no saber si será declarado “cabecera de cuenca”.

Los proyectos tendrán que esperar cuando menos un año para conocer el marco metodológico para definir los criterios para ser declarado “cabecera de cuenca”. Luego de esto tendremos que esperar a que el ANA determine qué áreas dentro del territorio nacional sean declaradas “cabeceras de cuenca” de acuerdo a este marco metodológico y los criterios que este genere.

2.       Esto implica que todo proyecto de reservorio de agua, hidroeléctrica, mina o de cualquier otro proyecto en lugares que puedan ser considerados “cabecera de cuenca” por el ANA tendrá que esperar saber si están o no en “cabecera de cuenca” antes de comprometer la inversión.

3.       Esta ley además de generar mayor permisología de la ya excesiva que tenemos, está yendo contra una de las políticas de estado proclamadas por el ejecutivo y el parlamento, que es la simplificación administrativa. Lo más grave es que está modificatoria de la ley de aguas estará paralizando toda inversión en la sierra peruana. Esto atenta contra la inversión en el país y sobretodo la inversión que más necesitamos en las regiones más pobres del país donde se encuentran los proyectos hidráulicos, mineros e hidro-energéticos más importantes.

4.       Proyectos declarados prioritarios como el desarrollo de la mina Michiquillay se verán postergados hasta que el ANA determine si es “cabecera de cuenca” o no.

5.       Esta modificatoria de la ley de aguas será, por los argumentos expuestos, una fuente más de conflictos para los proyectos de inversión en la sierra peruana, además de paralizarlos por más de un año.

Por ello creo que debemos llamar a reflexión a nuestros legisladores y al poder ejecutivo sobre la pertinencia de esta norma y solicitarles que se busque la mejor forma de evitar las consecuencias funestas de esta norma o modificarla para que no genere daño. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Es común escuchar a diversos voceros del pos-extractivismo afirmar que la caída en la inversión minera en Perú, se debe principalmente a causas externas en especial  la caída en los precios internacionales. Lampadia,  El Pos-extractivismo y sus narrativas (1 de 3). Estos argumentos son utilizados por disímiles actores hostiles a la minería, tales como Porfirio Medina, José de Echave y Marco Arana. Esta homogeneidad discursiva proviene de una necesidad política común, la de evitar ser increpados por los costos económicos y sociales causados por su oposición a los proyectos mineros frustrados, como Conga y Tía María. Llegan al punto de argüir que la idea de la conflictividad social como causal de la caída en la inversión minera es un “mito del extractivismo”.

Funte: planoinformativo.com

La menor reducción de la pobreza, la caída del canon yel mayor déficit fiscal, están entre las mayores consecuencias de la menor inversión minera. Quienes se oponen a la minería no desean que se les responsabilice por las consecuencias de su activismo. Esta es una posición intrínsecamente incoherente puesto que si los precios internacionales son el único factor determinante de la inversión minera entonces su lucha y activismo no ha sido relevante puesto que ningún proyecto habría sido detenido gracias a su accionar.

Otro de los supuestos “mitos del extractivismo” es el referente a la tramitología, en una reciente conferencia, José de Echave postuló que era un mito la idea de que los requisitos burocráticos como barreras a la inversión. Consideró que el discurso de la tramitología consistía en un recurso retorico de las empresas mineras para reducir sus responsabilidades sociales y ambientales. En una entrevista[i] De Echave afirmó:

“Se asume plenamente el discurso de la tramitología, están convencidos que en el Perú hay un exceso de trámites, un exceso de permisos, un exceso de burocracia que no digo que no exista, pero ellos señalan que es el factor fundamental por el cual en los últimos años la inversión en minería ha decrecido. Se olvidan aceptar que hay una tendencia global que muestra que se acabó el periodo de súperciclo de los precios. Lo que me preocupa es que ellos, a partir de esa identificación, pretendan insistir en debilitar la institucionalidad ambiental, las regulaciones ambientales, y como parte de esas regulaciones está el tema del agua”

Dentro de la lógica pos-extractivista,el activismo anti-minero pretende no tener responsabilidad sobre las consecuencias de la dinámica de inversión del sector minero, ni sobre la del país. Desde su óptica el negocio minero es tan rentable que los mayores costos y riesgos generados por la conflictividad y la regulación no retraen la inversión sino sirven para impulsar condiciones social y ambientalmente más justas para la actividad minera. Detrás de esta lógica esta la idea de que el sector minero tiene enormes ganancias por lo que reducir, aun severamente, la rentabilidad del sector, no lleva a una reducción de la inversión. En los últimos 14 años el margen neto promedio de las 40 mayores empresas globales del sector minero ha sido de 16.4%[ii], periodo que incluye una época de boom de precios.  Si se utiliza las cifras posteriores al fin del boom de precios, es decir desde el 2008, se observará que el margen neto promedio llego a 11.6% y en el caso específico del 2016 se llegó 4%. Estos márgenes son aún menores, al ajustarse por riesgo, si consideramos los altos niveles de incertidumbre que enfrenta el sector minero a causa de la variabilidad en el precio de las materias primas, las incertidumbres geológicas, políticas y por las incertidumbres creadas por los conflictos.Dados estos márgenes de ganancia el patrón de inversiones del sector minero es bastante sensible a las políticas públicas que pueden afectar la rentabilidad de un proyecto.

La conflictividad social

Para ver el impacto de la conflictividad social,es importante analizar las encuestas entre gerentes de empresas mineras peruanas realizada por el Banco Central de Reserva en los años 2015 y 2016. Esta encuesta encontró que los conflictos sociales son considerados por dichos gerentes como la principal causa de retraso en proyectos mineros. Los menores precios mostraron tener, según los encuestados, una menor influencia quela conflictividad.

En la misma encuesta se pregunta respecto a los cambios entre el 2015 y el 2016. El 66%, de los gerentes mineros, consideró que el riesgo de conflictos sociales se había incrementado respecto al año pasado. Es decir, los gerentes mineros consideran que la conflictividad social es una amenaza relevante y creciente a la viabilidad de los proyectos mineros. Estos conflictos fueron responsabilizados en un 81% de los casos por el accionar de los anti-mineros.

Más allá de las opiniones de estos gerentes, la magnitud de la conflictividad como barrera a la inversión minera puede percibirse al tomar en consideración aquellos proyectos que se encuentren amenazados en su viabilidad por la conflictividad social.

Una investigación presentada por McKinsey[iii] el 2013 es reveladora respecto a la magnitud de la conflictividad social ligada al sector minero. Este señala que un 42% de la cartera de inversiones mineras de aquel entonces (53,000 millones de dólares) se encontraba inmersa en conflictos sociales.Este nivel de conflictividad muestra divergencias respecto al estadio en el que se encuentra un proyecto. Se puede ver que cuando el proyecto minero se plantea en un área nueva de operaciones (Greenfield) el porcentaje de la cartera a ser involucrados en conflictos llego a un 31% en el caso de proyectos en exploración y a un 66% en caso de proyectos con el EIA aprobado. Esto nos muestra claramente que los EIA no tienen efectos de alivio de la propensión local a participar en oposición al proyecto.

En el caso de los proyectos en áreas con operaciones mineras ya establecidas (Brownfield) la conflictividad social es menor. Un 24% de la cartera de ampliaciones se encontraba afectada por conflictos sociales. Si la principal determinante de la conflictividad fuera la afectación ambiental, entonces los momentos de mayor escala de operaciones (Brownfield) tendrían una mayor conflictividad que aquellas con un menor nivel operativo (Greenfield).

La tramitología minera

La tramitología es también un supuesto mito del sector minero. Para los pos-extractivistas el sector minero estáaprovechando la desaceleración de la inversión minera para promover una agenda de desregulación. Desde la óptica de los pos-extractivistasen el Perú se da un “Gobierno Minero”[iv] en el que el poder económico de las empresas mineras se trasforma en una enorme influencia sobre el sector público. Esta influencia se manifestaría en condiciones extremadamente laxas para la actividad minera.

Sin embargo, la evidencia no se condice con la hipótesis del “Gobierno Minero” las supuestamente todopoderosas empresas mineras fueron incapaces de detener la proliferación de regulaciones mineras. El número de normas relativas al sector minero se multiplicó por once en el periodo entre el 2005 y el 2016.

Los procedimientos para poder obtener los permisos necesarios para operar un proyecto minero se encuentran muy alejados de los mejores estándares globales. Mientras que en Australiatoma entre 1 y 2 años obtener los permisos, en Perútoma de 4.5 a 6 años. Al contrario de la opinión de los pos-extractivistas, la regulación peruana se encuentra alejada de los mejores estándares globales, pero no por más laxa, sino por lo contrario, y con tendencia a la ser cada vez más compleja.

Conclusiones

Los pos-extractivistas quieren negar que sus campañas de generación de la conflictividad social y la mayor regulación del sector extractivo, han retraído la inversión minera. La evidencia contradice estas afirmaciones. Sus acciones han afectado de manera significativa la capacidad del Perú para mejorar las condiciones de vida de su población. Como afirmó el Director de Lampadia en un debate, “Pudiendo reducir la pobreza con la minería, no hacerlo, es inmoral”. Lampadia

[i] Entrevista disponible en: http://diariouno.pe/2016/11/21/el-peru-vive-una-crisis-ecologica/

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas.

Además, hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región, mientras Cajamarca hizo lo contrario,dió un salto atrás, un descalabro que le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ser la región más rica del Perú. Por arte y magia, aunque más por una suerte de brujería, Cajamarca, al ritmo de los anti-mineros Arana, Santos, et al, tiró por la borda cinco proyectos mineros que le hubieran cambiado la vida.

Ver en Lampadia:

• Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

• El Perú se la juega en Cajamarca

• Necesitamos más minería para una mayor competitividad 

• En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

En esta ocasión presentamos un importante análisis de Ciudadanos al Día (CAD), sobre: Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo – Caso Apurímac. (Ver la publicación en Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac).

El trabajo de CAD, muestra que, tanto a nivel del gobierno Regional, como de los gobiernos locales, la ejecución o uso de los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el período 2013-2016, ha sido muy baja, desperdiciando recursos valiosísimos para el desarrollo de la región.

“Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron los más destacados por la alta ejecución de su presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash (52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución presupuestal en dicho periodo”.

A pesar de ello, por la fuerza de la inversión privada en Las Bambas, que incluyó inversiones sociales del orden de US$ 300 millones, Apurímac dio su salto adelante. ¿Qué hubiera logrado Apurímac si sus autoridades hubieran tenido una efectividad parecida a la del sector privado, que terminó su inversión a tiempo y que logró alcanzar su capacidad de producción con gran rapidez?

Afortunadamente, en Apurímac, además de la ineficiencia de sus autoridades, no se habría presentado escándalos de corrupción, como se ha visto en otras regiones. Bien por ello. Pero no podemos dejar de insistir que la organización política del Perú, con su apurada descentralización, ‘coja y manca’ pero con delegación de ‘poderes absolutos’, debe ser corregida.

Esto es producto, fundamentalmente del gobierno de Toledo que empujó la descentralización a una piscina vacía, y de García II, que en vez de poner una escalera para salvar la situación, tiró arena y creó un pantano que tiene atrapados a muchos gobiernos regionales entre la ineficiencia y la corrupción. En Lampadia hemos analizado los defecto del arreglo institucional de las regiones, pero el país, parece no tener cabeza para entender la importancia y urgencia de hacer algunas reformas. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción? y Patente de corso para la corrupción.

Lo más escandaloso de la ineficiencia (falta de ejecución presupuestal y usos inadecuados) y la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos en los departamentos, es que se trata de regiones pobres, que nunca tuvieron los volúmenes de recursos que generó el Perú para sus pueblos desde el regreso de la inversión privada con la Constitución de 1993. No se debió desperdiciar ni un sol. Lo hecho es una suerte de crimen social que algún día tendrá que ser debidamente señalado.

Veamos algunos de los cuadros y tablas del trabajo de CAD:

Es increíble que el Perú no haya sabido aprovechar sus recursos y que ahora, encima de todo, sin que importe debilitar el reto de seguir creciendo y reduciendo la pobreza, se haya parado las inversiones mineras, la mayor fuente de recursos para los peruanos más pobres de las regiones. Peor aún, es escandaloso que nuestra clase dirigente, especialmente la política, no tenga claras estas cosas y no se aboque a su corrección. Lampadia  

El componente más efectivo de la izquierda, Tierra y Libertad, el partido del ex cura Arana decide ir a las últimas elecciones con los colores del novísimo intento de confluencia política de la izquierda peruana, el ‘Frente Amplio’ (FA).

Fuente: larepublica.pe

Arana, sin embargo, pierde las elecciones internas del FA ante Verónika Mendoza, la anterior socia de Nadine Heredia. Aparentemente, Arana habría perdido previamente su aureola de ‘santón’, después de la vapuleada que recibió en Perumin, unos meses antes. Finalmente, en unas muy cuestionadas elecciones parlamentarias por Cajamarca, Arana logra un curul por el FA y empieza a cercar su pequeño espacio de poder, entrando en el tradicional rito de la izquierda de subdividir cúpulas en más cúpulas.

Así pasa el FA de tener un bloque de 20 congresistas a 10 por un lado, cercanos a Verónika Mendoza, y otros 10, de los cuales el tiempo irá dando cuenta.

En consecuencia el llamado Frente Amplio devino en no ser ni frente, ni amplio.

Lastimosamente, el Presidente electo del Perú, don Pedro Pablo Kuczynski, optó el lunes 11 de abril, a las 8:30 de la mañana, ante la pregunta del periodista del diario Correo, en la puerta de su casa, por acercarse a las izquierdas, afirmando su deseo de visitar a Gregorio Santos en la cárcel (Santos se negó a recibirlo). Ver en Lampadia: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado

Esta opción habría sido producto de una decisión política de aparente inspiración en las artes de la política mexicana priista. Una suerte de traición al voto ciudadano que se refugió en PPK sin imaginar un giro de la ‘real politik’ del siglo XX.

Desde este posicionamiento, más allá de cualquier acción de FP, el partido PPK ha hecho todo lo posible por evitar un natural entendimiento entre las fuerzas pro mercado (PPK y FP), jugando a exacerbar las contradicciones pero cuidando que la pita no se rompa del todo. Esto ha restado gobernanza al país y, aunado a la frustración del estancamiento de la inversión y las magras perspectivas de crecimiento económico, ha debilitado sustancialmente la confianza en el gobierno de PPK.

El reto del gobierno de los últimos años del segundo centenario, no es cualquier cosa. Además de tener que ponernos al día en nuestro nivel de desarrollo (ver Desarrollo integral y oportunidades para todos), tenemos que superar unos próximos años en que los giros y curvas de la política y economía global conllevan altísimos niveles de incertidumbre y riesgos de discontinuidades que pueden restarnos capacidad de crecimiento, que solo pueden ser compensadas con mejores desarrollos internos.

Esperamos que si la conciencia sobre el reto de lograr un gobierno extraordinario, las dificultades externas, las duras pruebas de la realidad de un gobierno que en seis meses ha perdido popularidad y efectividad para hacer crecer la inversión y el crecimiento, enfrentar la conflictividad (política) social y la posibilidad de construir una convergencia política auspiciosa; no han sido suficientes para que el partido de PPK se acercara a un socio político más sólido con el que pueda enfrentar en mejores condiciones los elementos indicados.

Esperamos que la dilución del frente que no era ni frente ni amplio, el desvanecimiento de la pareja elegida para el baile el 11 de abril, sí puedan llevar a PPK y a Peruanos por el Kambio a girar estratégicamente hacia un gobierno de concertación, con agenda pública, con Fuerza Popular. Lampadia    

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

Los llamados conflictos sociales, que muchas veces tienen más de políticos que de sociales, han cobrado especial relevancia en el Perú durante los últimos tres gobiernos. Así hemos tenido los conflictos: del Arequipazo, Moqueguazo, Baguazo, Santa Ana, Cerro Quilish, Conga, Espinar, Tía María, Pichanaqui, Loreto, Cañariaco y muchos casos menos mediáticos a lo largo y ancho del país.

Durante el gobierno de Humala, los conflictos se han multiplicado y las estrategias detrás de ellos se han hecho más visibles, como las increíbles propuestas por el pos-extractivismo de parte de todas las izquierdas del país. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Luego de las últimas elecciones, sus líderes más representativos, como el ex cura Arana, han llegado al Parlamento, y por ahora, vienen ganado la batalla mediática, que ha creado el escenario de impunidad con el que se han movido.

La coyuntura internacional y las presiones sociales por remontar las brechas sociales y económicas que aún nos aquejan, más el impacto de la ‘cuarta revolución industrial’, nos obligan a reactivar la economía y a canalizar, con eficiencia, los mayores recursos fiscales que traería el crecimiento de la economía, hacia agendas de gobierno debidamente priorizadas y efectivas para afrontar nuestros retos.

En esa línea, hemos desarrollado el siguiente ensayo, que enfatiza la necesidad de contar una adecuada colaboración entre las dos más importantes instancias de gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo. Hasta la fecha, ambos siguen apartados y haciendo, cada día más difícil, un acercamiento constructivo. Sin embargo, la amenaza de la conflictividad social puede desbaratar completamente la posibilidad de alcanzar un gobierno exitoso. Esperamos, que la siguientes líneas, que se suman a nuestra biblioteca virtual de Recursos Naturales y Desarrollo, sirvan para una oportuna reflexión.     

Sobre Conflictividad Social y Colaboración Política

1. Sector Extractivo: El motor más fácil de encender

En el quinquenio que se inicia, el Perú enfrenta uno de sus principales retos: el regreso a una mayor tasa de crecimiento. De esto dependerá una rápida reducción de la pobreza, la expansión de las clases medias, el fortalecimiento de la democracia y el acceso a los recursos fiscales necesarios para cubrir las enormes brechas en educación, salud, seguridad e infraestructuras que aún se mantienen. Sin embargo, el Perú enfrenta un entorno mundial poco dinámico y un entorno regional de crisis en varios de sus vecinos. Por ello, el regreso a tasas de crecimiento superiores al 5% anual estará, en buena medida, en el éxito de las acciones internas que nos den más aciertos y menos errores políticos.

Muchos señalan que debemos enfocarnos en la diversificación productiva y en un crecimiento endógeno. Sin duda sería bueno tener varios motores internos de crecimiento, sin embargo, en el corto plazo esto no puede incidir de manera importante en el crecimiento económico. No existe margen fiscal para un reactivación por demanda que pueda ser duradera, y las mejoras en capital humano, instituciones e infraestructuras, necesarias para acelerar el crecimiento económico endógeno, aun si se iniciaran inmediatamente, tardarían años en trasladarse a una mejora notable en el crecimiento.

Sin embargo, existe un motor de crecimiento con impactos de corto plazo que no ha sido aprovechado en la medida de su gran potencial, el sector extractivo. Si se aprovechara mejor el potencial nacional para el despliegue de proyectos mineros y energéticos (el forestal está recién en proceso de desarrollo. Ver: Un sector forestal completamente renovado), podríamos, por un lado, acelerar el crecimiento en el corto plazo y obtener los recursos para financiar las reformas necesarias que además, permitirían fortalecer otros motores endógenos de crecimiento.

Una revisión de la cartera de proyectos mineros en el Perú nos señala que a misma llega a 57 mil millones de dólares, sin embargo, un 20% se ha visto asociado a conflictos sociales, que en algún momento han implicado una paralización temporal o permanente de su avance.

Esto implica no solo la paralización de proyectos emblemáticos como Tía María y Conga, sino también la generación de un “Riesgo Perú” para toda actividad extractiva del país, puesto que no se puede estar seguro respecto al nivel de resistencia social que podría enfrentar un proyecto extractivo. Esto afecta la disposición de las empresas a invertir en proyectos de este tipo en nuestro país.

Múltiples proyectos técnicamente posibles y financieramente rentables han sido dejados de lado por no presentar una tasa de retorno suficientemente alta que compense este “Riesgo Perú” , que representan miles de millones no contabilizados, pero que están en las consideraciones de los inversionistas importantes.

Si queremos reactivar la inversión extractiva en la presente coyuntura, es necesario reducir severamente la conflictividad social, gran parte de lo que se necesita hacer para cumplir este objetivo pasa por acuerdos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto en resumidas cuentas requiere de un acuerdo entre Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En nuestra opinión, este acuerdo sería conveniente tanto para el logro de objetivos nacionales como para los intereses políticos de ambas organizaciones.

2. Lo que ambos ganan o dejan de perder, con un acuerdo

En el caso de PPK, una menor conflictividad social permitiría un mayor ritmo de inversión, una aceleración de la economía, una mayor sensación de seguridad y con ello un mejor cumplimiento de uno de sus principales objetivos de gobierno.

La conflictividad social propicia circunstancias políticas sumamente costosas para un presidente. La existencia de conflictos facilita a los opositores radicales caracterizar al régimen como hostil a la población y prepotente, afectando su legitimidad democrática; si capitula, cediendo ante las presiones de los manifestantes, transmite la imagen de un gobierno políticamente débil e incapaz, y además la violencia y el caos propician la eventual censura o cambio de los ministros involucrados en los conflictos, en especial en las carteras de Interior y PCM, propiciando su desgaste institucional.

Los conflictos sociales fortalecen organizacionalmente a fuerzas radicales que se asignarán el capital político ganado con el conflicto, no solo al bloquear proyectos extractivos sino también a “otras luchas” tales como bloquear acuerdos comerciales, incrementar la rigidez laboral y socavar la meritocracia entre los empleados públicos. La posición de la totalidad de la izquierda frente al Acuerdo Transpacífico (TPP), la “Ley pulpín” y la Ley Servir muestra claramente de qué lado se encuentran.

En el caso del fujimorismo existe una complicación para llegar a acuerdos. El principal ganador político de los avances a los que se llegaría mediante acuerdos con PPK sería el mismo PPK. La política peruana es presidencialista y antropomórfica, el agradecimiento a un colectivo como lo es la bancada fujimorista no sería tan claro y directo como el que recibiría PPK.

Sin embargo, en un análisis más comprehensivo, se ven varias ventajas importantes para FP. El fujimorismo también ganaría políticamente con una reducción en la conflictividad social. En primer lugar la  imagen del fujimorismo que viabiliza el gobierno de PPK dificultaría el intento del anti-fujimorismo de retratar a Fuerza Popular como obstruccionista y antidemocrática.

La conflictividad social a gran escala fortalece a las fuerzas anti-fujimoristas. Las victorias aplastantes de PPK en Bambamarca o Islay se originan más del profundo anti-fujimorismo en la zona que de un particular aprecio por PPK. (Lampadia: Del voto al hecho hay un buen trecho). Los conflictos sociales generan en sus áreas de influencia, una dinámica social de control político y mediático por parte de los anti-mineros, los cuales son profundamente anti-fujimoristas. Durante el conflicto, las voces disidentes son política o coercitivamente presionadas para dejar de operar. Una vez construida esta hegemonía, ésta puede ser dedicada a otros fines políticos tal como se logró exitosamente en la segunda vuelta del 2016.  Si Cajamarca hubiera votado como lo hizo el resto de la sierra norte, Keiko Fujimori se estaría mudándose a Palacio el 28 de julio.

El fortalecimiento orgánico de las fuerzas radicales mencionado previamente debilita las perspectivas electorales del fujimorismo en el largo plazo. Estas fuerzas son el núcleo del movimiento social opositor a Keiko Fujimori que se manifiesta con regularidad en cada ciclo electoral. Son además, enemigas de la economía de mercado y de la democracia, valores fundamentales para el fujimorismo.

Los conflictos sociales empujan al fujimorismo a asumir posturas discursivas contrarias a la racionalidad económica, donde el caso de la votación en el caso del Lote 182 es un claro ejemplo. Cuando estas posturas son asumidas, el fujimorismo debilita su coherencia programática y pierde cara frente a las élites económicas y mediáticas de cuya postura depende en gran medida su fortuna hacia el 2021.

Finalmente la puesta en operación de proyectos extractivos implica una mayor base tributaria que facilite a un futuro gobierno fujimorista el cumplir con sus objetivos de gobierno y de consolidación política.

Por lo tanto, en balance, ambas fuerzas políticas tienen mucho que ganar, controlando los conflictos sociales.

3. La Agenda Común

Quedando clara, la naturaleza y magnitud de las ganancias programáticas y políticas de la colaboración entre PPK y FP, es necesario explicar algunos aspectos en los que la colaboración entre ambas fuerzas podría ser efectiva a la hora de reducir la conflictividad social. Estas ganancias apuntan a intereses de largo plazo de ambas fuerzas más que a la coyuntura política. Las medidas mencionadas a continuación requieren de la colaboración entre PPK y FP.

a. Recuperando el Monopolio en el Uso de la Fuerza para el Estado

Este es un aspecto crítico. El uso de la violencia contra las fuerzas del orden, la propiedad pública y privada es un componente básico de la praxis de los anti-mineros y en general de los anti-sistema. Los “espartambos” en Tía María y las Rondas Campesinas en Cajamarca se han involucrado en actos de violencia extremos. Sin embargo, ninguno de sus autores ha sido condenado a prisión a pesar de los evidentes delitos cometidos y la existencia de abundantes pruebas. En buena medida porque la legislación aplicable es, en este caso, pro-reo, el nivel de exigencias requeridas por los fiscales deviene en la práctica en que la Policía Nacional y el Poder Judicial no dispongan de los medios y herramientas legales necesarias para castigar a los culpables. Se debe facilitar el uso de la legislación de flagrancia a quienes realicen actos violentos, simplificar la presentación de pruebas a la fiscalía y reglamentar los criterios para las acusaciones por autoría mediata, en los casos del uso de violencia en manifestaciones públicas a los líderes de las mismas como corresponsables de la violencia que promueven. Además debe facilitarse que los acusados de estas acciones violentas sean juzgados lejos de sus localidades para evitar las presiones a jueces y fiscales.

b. Reduciendo la incidencia del “Enfoque Intercultural”

Desde hace algunos años se ha estado dado un paulatino avance del llamado “Enfoque Intercultural”. El mismo es un tema complejo, pero, en buena medida, busca brindar poderes propios del Estado a los grupos que se definan como “Pueblos Indígenas.”  Para los promotores de ese enfoque, la única condición para un grupo de personas sea catalogada como pueblo indígena es el auto-reconocimiento de un grupo humano como tal, puesto que las otras condiciones que mencionan se aplican a la totalidad el territorio nacional. Por ejemplo la descendencia total o parcial de poblaciones anteriores a la llegada de los españoles. ¿Qué comunidad, barrio o hasta familia no cumple con esta condición en el Perú? Solo un porcentaje muy reducido de la población peruana,  5% o menos, no atiende ese requisito. Con el Enfoque Intercultural, el Distrito de San Juan de Lurigancho puede declararse indígena y ponerse así al margen de las leyes que gobiernan al Perú. Lo mismo se aplicaría a cualquier grupo anti-sistema.

Este enfoque busca, entre otras licencias, la aplicación de la consulta previa para la mayoría de los proyectos extractivos en el país, poniéndola como procedimiento indispensable para la realización de los mismos. Obviamente, para ellos, basta con que un grupo humano que se sienta afectado y rechace un proyecto para que el mismo no se realice, independiente de la opinión favorable que pueda tener entre la mayoría de la población del entorno de un proyecto, en la región o en el país. Este peligrosísimo esquema, que puede ser aprovechado por grupos de interés político, propicia una autonomía radical de las poblaciones rurales y la fragmentación del sistema jurídico del país.

Para ello buscan fortalecer los privilegios jurisdiccionales de la justicia comunitaria, en especial el de las rondas campesinas. En el Perú ya se han dado acuerdos a nivel de la Corte Suprema, favorables a esta visión que tiene como mayores impulsores al Vocal Duberli Rodriguez (Ex congresista ligado al Partido Comunista del Perú, Patria Roja) y, en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, donde la Dra. Raquel Yrigoyen, una de sus promotoras, brinda apoyo jurídico a Gregorio Santos, da cursos de sobre litigios estratégicos para paralizar proyectos extractivos y hace actos de incidencia sobre el Congreso de la República con el mismo propósito. Algunos sectores extremos de esta corriente buscan la generación de “zonas liberadas” en la sierra peruana, semejantes a las “Caracolas Zapatistas” en México.

El Congreso puede hacer mucho para reducir el daño que este esquema para-legal puede hacer. En primer lugar, acotando claramente el rol de las Rondas Campesinas hacia una de lucha contra la criminalidad local en colaboración con la policía e impidiendo el deseo de que las mismas puedan atribuirse prerrogativas tales como multar o punir físicamente a quienes no participen en movilizaciones, impedir el libre tránsito, ejercer la violencia contra los disidentes y afectar los derechos de propiedad de actores privados. El facilitar la emisión de títulos individuales a nivel de las comunidades campesinas también disminuye la vulnerabilidad de estas poblaciones a ser un laboratorio social para políticos radicales. Un intento de reformar la el Código Penal en este sentido fue exitosamente bloqueado por los radicales quienes lograron presionar a la Comisión de Justicia del Congreso.

Todo esto discurre por debajo de la línea de mira de la sociedad, las instituciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Es hora de prestarle la máxima atención y organizar las acciones necesarias para eliminar sus impactos antinacionales.

c. Incrementando la Voluntad política del Gobierno

Las interpelaciones, mociones de censura y caída de ministros son eventos que socavan la voluntad política de un gobierno para sostener los proyectos extractivos y sirven de caja de resonancia del discurso anti-minero y aumenta la capacidad de estos para infligir costos políticos al gobierno de turno. Un acuerdo con Fuerza Popular incrementaría la solidez de los miembros del gabinete en caso de un conflicto social. Esta mayor fortaleza se derivaría en una menor conflictividad al percibirse que la convulsión tiene una menor probabilidad de éxito. No es necesario llegar a compromisos de respaldo incondicional a ministros involucrados en un conflicto social, pues ello haría al fujimorismo corresponsable de los errores del gobierno. Lo que es viable es que los congresistas de ambas fuerzas, contrasten con valentía el discurso anti-extractivista (conspirando contra sus intereses de largo plazo y sirviendo a los intereses de los anti-mineros). 

d. Evitar el financiamiento de actividades anti-extractivas

El Estado, por diversas razones, puede financiar directa o indirectamente iniciativas que atentan indirectamente contra sus intereses. El gobierno que está terminando lo ha hecho en innumerables veces. Un caso emblemático fue el financiamiento del documental “La Hija de la Laguna” por parte del Ministerio de Cultura, una clara herramienta de propaganda anti-minera audio visual con impacto fuera del Perú.  Este documental ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013, a pesar que los mismos jueces no lo consideraron un trabajo logrado. Este tipo de “coladeras” de financiamiento permiten a organizaciones hostiles a las actividades extractivas llevar a cabo acciones de propaganda que dañan severamente la imagen de la industria y son una ayuda para fomentar los conflictos sociales. Ambas fuerzas políticas podrían llegar a un acuerdo, bloqueando los esfuerzos de estas organizaciones para obtener recursos del Estado para promover la conflictividad social.

e. Debilitar los ‘cercos cognitivos’

Los anti-mineros construyen exitosamente cercos cognitivos en las zonas rurales próximas a los proyectos extractivos. Ellos dominan todas las fuentes creíbles de información en una comunidad (profesores, líderes de organizaciones locales, religiosos, etc.) y callan las voces que se oponen a ellos.  Este cerco permite formar y fortalecer creencias referentes a las industrias extractivas que pueden catalogarse como insólitas en algunos casos.  Las acusaciones, basadas en ‘relatos’ fabricados (que rehacen la historia) dañan la imagen de las empresas, de la industria y de la independencia del Estado. Ambas fuerzas podrían colaborar en incrementar la presencia del Estado en las zonas de conflicto, no sólo con inversiones sociales, sino con presencia activa (comisarías, antenas repetidoras, programas del Estado, etc.) que defiendan la pluralidad de opinión, y que permitan a la población estar mejor informada sobre la naturaleza real de la afectación que los proyectos provocarán.

Conclusión

El reducir la conflictividad social tendría fuertes efectos de bienestar sobre el país y ello debería ser más que suficiente para motivar tanto a PPK como los fujimoristas para actuar en ese sentido. Pero convencer a políticos que actúen únicamente en beneficio del país a costa de su propio beneficio político de corto plazo puede ser difícil. Por ello hemos brindado aquí argumentos en los que se muestran con claridad las ganancias políticas institucionales y de largo plazo para ambas fuerzas partidarias, de desarrollarse una conducta de cooperación en relación a los conflictos sociales. La agenda presentada es incompleta y ciertamente existen áreas de colaboración que han sido omitidas, sin embargo podrían servir para facilitar el entendimiento, por parte de la opinión pública, de los beneficios que mayores espacios de colaboración que tendrían para el Perú, así como la eventual reacción positiva de las fuerzas en disputa. 

Lampadia

Los halcones del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK), después de haber desplegado sus alas bajo las nubes negras de la anti política, en que, inclusive, llevaron al propio Pedro Pablo Kuczynski a proferir insultos que no parecían salir de su alma, se aprestarían ahora para emprender una nueva fase de anti política, la de una confrontación abierta entre el ejecutivo y el legislativo.

Veamos como se llega a esta lamentable situación:

• El 10 de abril la población electoral optó por que en el Perú siguiéramos construyendo sobre lo avanzado. Entre los votos de FP, PPK y algunos otros, registramos que aproximadamente un 80% de los ciudadanos rechazaron el cambio de modelo económico, una nueva Constitución y a los políticos anti sistema.
• El 11 de abril, PPK, desconociendo el mandato popular, opta por acercarse a la izquierda tradicional en vez de buscar la convergencia de las posiciones políticas afines, como pidió el electorado y, anuncia que buscaría a Gregorio Santos en la cárcel.
• Durante la segunda vuelta se va pronunciando paulatinamente, sin pausa y con un agravamiento continuo, una confrontación que llegó a insultos y acusaciones mutuas del más grueso calibre.
• Todo esto fue aderezado por un carga montón mediático en contra de Fuerza Popular que tuvo su epítome en la falsa imputación sobre una investigación de la DEA a Keiko Fujimori por lavado de activos que propaló Canal 4 en su programa ‘Poder de Cuarta’.
• Finalmente, alguien muy poderoso manipuló un audio enviado por José Chlimper al Canal 5 y pone la ‘banderilla de fuego’ a una campaña política vergonzosa.

Después de la victoria de PPK en la segunda vuelta, siguen y se profundizan los aprontes de los voceros de PPK tendiendo puentes de plata a la izquierda radical. Sheput declara “dialogante” al ex cura Arana y Bruce afirma que el plan de gobierno del Frente Amplio es mejor que el de PPK en temas de corrupción y medio ambiente. (Sic). Ver en Lampadia: ¿Qué le pasa a la gente de PPK?.

Luego vino el jueguito de si pido o no pido disculpas, o si las pido y las relativizo y finalmente las exigencias para que KF felicite a PPK y le ofrezca apoyo pleno en el Congreso, sin más ni más, ‘había que voltear la página y punto’.

Ahora se empieza a configurar otro escenario, el de una estrategia de gobierno que optaría por buscar la confrontación abierta del ejecutivo con el Congreso.

Esto lo anunció hace unos días Martín Vizcarra en una entrevista con Jaime de Althaus, pero nadie lo tomó en serio. Lamentablemente, parece que si era así.

La estrategia que se estaría armando consiste en acercarse a los gobiernos regionales y locales para hacer una alianza de gobierno que permita acorralar a la mayoría parlamentaria de FP, como si esta fuera contraria a las necesidades del pueblo. Ver el siguiente esquema gráfico que muestra cómo hemos ido alejándonos de los escenarios de convergencia y se estaría yendo directamente a los de confrontación.

No hace falta ser mago para prever que esto podría devenir en un gran fracaso político que solo jugaría a favor de los perdedores del mandato popular, las izquierdas radicales anti sistema, anti modernidad y anti globalización.

Lo curioso de esta estrategia tan infantil, es que los agentes de PPK siguen pensando, que así como en la segunda vuelta, lograron movilizar al establishment del país en contra de FP, acercándose a las cúpulas partidarias de la izquierda y a los dirigentes regionales, podrán ahora pasar por encima de las clases populares que le dieron a FP mayoría parlamentaria y que, ha pesar de la contra campaña, votaron en un 50% por ellos.

Por otro lado, buena parte de los medios nacionales vienen presentando a Verónika Mendoza en un rol que no le corresponde, para que ella se de el lujo de cuadrarlos como le da la gana. Ver titular del diario Exitosa:

Lastimosa situación para un país que tuvo la opción de desarrollar escenarios mucho más positivos. 

Lampadia 

Líneas abajo presentamos las declaraciones de dos voceros importantes del Partido PPK sobre la debilidad de su propio plan de gobierno y sobre las supuestas ‘capacidades’ que para ellos tendría el ex cura Arana. Estas declaraciones llaman poderosamente la atención, no solo son absurdamente críticas de los planteamientos de PPK, también, otorgan calificativos no realistas ni políticamente incorrectos sobre un dirigente radical anti minero, que podrían llevar a que la ciudadanía piense que se está gestando una traición al voto popular del 10 de abril pasado (primera vuelta) con el cual los ciudadanos le encomendaron a Fuerza Popular (FP) y a Peruanos Por el Kambio, construir sobre lo avanzado y rechazar las propuestas de discontinuidad y cambio de la Constitución del Frente Amplio (FA) y otros, especialmente las del FA, para lo cual incluso, algunos simpatizantes de FP prestaron sus votos a PPK con el propósito de evitar la presencia del FA en la segunda vuelta.  

Para no creerlo, uno de los representantes más activos de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, dijo el 14 de junio en RPP televisión: “Hay gente muy valiosa como Marco Arana, un hombre dialogante”. (Ver imagen superior).

Fuera del contexto de la campaña donde, aparentemente, se permite cualquier cosa. Esta declaración es verdaderamente alarmante y descalificadora. La realidad es que el ex cura Arana ha dado testimonios claros de no ser valioso ni dialogante.

Durante los últimos años ha sembrado la ideología del pos-extractivismo que pretende convertirnos en un país de pobres eternos. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Ver también: Agroexportación: Una industria de clase mundial:

Por ejemplo, en cuanto a las agroexportaciones, que se vinculan al sector agrícola, donde todavía tenemos la mayor cantidad de pobres, plantean solo produzcamos lo que necesitamos para consumir nosotros y ‘tal vez’ nuestros países vecinos. O sea, los izquierdistas tradicionales, quieren condenar a la pobreza eterna a nuestros campesinos. ¡Habrase visto semejante barbaridad!.

El sector agrícola solo puede crecer, sostenidamente, llegando a más estómagos. Como un agricultor peruano decía hace algunos años: una persona solo puede comer un kilo de comida por día. ¿Cómo puede entonces mejorar sus ingresos un agricultor peruano? Si 3 millones de agricultores tendrían que abastecer solo a 27 millones de habitantes? Sus ingresos estarían limitados a un promedio de 9 consumidores o 9 kilos. Pero si exportamos a mercados de 2,700 millones de personas, en teoría, cada agricultor podría abastecer a 900 consumidores, 100 veces más. Ese es el potencial de este sector, y la única manera de enriquecer a nuestros campesinos, que, además, son dueños de la mayor parte de las tierras y predios agrícolas del Perú.

Además, en el tema minero, Arana con la gente de Tierra y Libertad, han instigado los peores conflictos sociales y después han escondido la mano. Veamos:

Cuando el ex cura Arana fue interrogado por Gestión en mayo del 2015 por su silencio sobre los desastres ecológicos y sociales en Madre de Dios, dijo: “yo vivo en Cajamarca, ¿cuál es nuestro principal problema?, la gran minería. Lo mío en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuentes de agua natural en mi región, ¿quién lo provoca?, la gran minería”. 

“Es una cuestión geográfica entonces”, pregunta el periodista. Y dice, “si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa, no puedo estar en todos los problemas que hay en el país”.

Esto se le reclamó a Arana en setiembre del año pasado en Perumin en los siguientes términos: “Yo quiero pedirle algo de coherencia. Entonces, ¿qué hacía usted y su gente en Tía María?, ¿qué hacían en Espinar?, ¿qué hacen en Apurímac? (…) Yo lamento mucho lo que ha pasado en Cajamarca, usted con su amigo, y enemigo, Santos, han destruido esa región maravillosa, y no queremos, por lo menos los arequipeños, que pase lo mismo en esta tierra”.

En las últimas elecciones en que participó Arana, hubieron escandalosas acusaciones de fraude. Primero pretendió arrebatarle el triunfo en las elecciones internas del Frente Amplio a Verónika Mendoza, acusando fraude. Luego llegó al Congreso, acusado de haber manipulado la votación en contra de Juan César Regalado, ex candidato congresal de su propio partido.

Otra declaración alarmante, de la misma naturaleza de la de Sheput, es la de Carlos Bruce, otro multiplicado vocero de PPK. Ver imagen: 

El electo legislador de de Peruanos Por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, señaló que el plan de gobierno del Frente Amplio, que postuló a Verónika Mendoza, es mejor que el de Pedro Pablo Kuczynski.

“Está mejor que el nuestro”. “He visto el plan de gobierno del Frente Amplio. Yo lo suscribiría. Es más, me parece que es mejor que el nuestro. Está mejor que el nuestro, así que hay muchos temas que se pueden trabajar. Hay otros temas en los cuales no estamos de acuerdo, el tema del modelo económico, por ejemplo”, sostuvo en entrevista con Canal N.

En Lampadia hemos explicado las debilidades de un eventual gabinete multipartidario. Ver: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario. Pero además, debemos preguntarnos ¿qué puede salir de mezclar agua y aceite? ¿Son compatibles las ideas del partido PPK con las del Frente Amplio, que postula como la base de sus políticas el cambio de Constitución y el pos-extractivismo?

En nuestra opinión la gente del partido PPK está en el juego equivocado. Debería respetarse el voto popular de la primera vuelta, que es el que marca el direccionamiento político que ha dado la ciudadanía. Por otro lado es de presumir que el peso de la responsabilidad que tendrán durante los próximos años, PPK y KF, hará que con un poco más de tiempo y paciencia, vaya determinando sus enfoques políticos. Por ahora hay que evitar más errores políticos y dejar que las aguas lleguen a su nivel. 

Lampadia

En Lampadia acabamos de recibir información que confirma la conveniencia de PPK para los políticos más radicales del país. Los acólitos del ex cura Arana, en un inusual acto de transparencia, han abierto sus cartas electorales en Cajamarca.

Efectivamente, en Celendín, los anti-mineros y anti-hidroeléctricas, quienes se autodenominan PIC (Plataforma Interinstitucional Celendina) que lidera  Milton Sánchez Cubas, con el auspicio de GRUFIDES de Arana,  se pronunciaron sobre las elecciones presidenciales el día de hoy, 2 de junio 2016 (12:45p.m.), en la radio local, Estudio Antena Uno, en su Noticiero Central denominado  Prensa Veraz .

Los enemigos de la inversión y el desarrollo a través de Ramón Abanto Bernal, miembro de la PIC y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, tuvo el siguiente diálogo con el periodista Javán Vásquez Huancacuri:

• Vásquez: “¿Por qué  estarían apoyando decididamente a PPK, sabiendo que son de izquierda?
• Abanto: “Es el candidato más flexible, con quien se pueden lograr los objetivos que tenemos programados  para  nuestra  región y en especial para Celendín. No es que comulguemos con sus principios, pues representa a los intereses de las  transnacionales, sin embargo debemos aprovechar para  arrancarle las justas reivindicaciones de los pueblos”.

Es lamentable comprobar el escenario que anticipamos en Lampadia, cuando afirmamos que si PPK optaban por mantener sus aprontes hacia las izquierdas, lo que podía ser una táctica electoral políticamente entendible, sería también, al mismo tiempo, una traición al mandato popular que rechazó el tener en la segunda vuelta una alternativa anti-mercado. Ver: Cuidado con el abrazo del oso – PPK puede ser el Presidente más Débil de la Historia  (04/05/2016).

Parece que el Perú tiene una sempiterna vocación de perder oportunidades. El 11 de abril pasado, un día después de la primera vuelta planteamos la necesidad de que ambos candidatos jueguen la segunda vuelta en el marco del mandato electoral. Ver: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado.

Casi no queda tiempo para ‘enmendar entuertos’, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Lampadia