Ha llegado la hora de hacer un balance serio sobre la situación de Petroperú, su clamoroso descuido del Oleoducto Norperuano, el gigantesco proyecto de ‘modernización’ de la refinería de Talara y de su privilegiado estatus corporativo que le dio licencia para operar sin ningún control de parte del Estado, su accionista en nombre de todos los peruanos.

La semana pasada, el Oleoducto Norperuano sufrió su tercer derrame este año en Loreto por una nueva ruptura de la tubería. Más indignante aún es que Petroperú bombeó petróleo sin autorización, ya que su funcionamiento se suspendióhace más de cuatro meses para realizar las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repitiera el desastre de febrero pasado, cuando unas rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua y dañando el medio ambiente.

Este último derrame muestra el nivel de ineptitud de la estatal Petroperú. Tras 16 años de falta de mantenimiento y 73 fallas identificadas (hasta ahora), queda claro que se ha llevado al Oleoducto Norperuano a prácticamente terminar su ciclo de vida.

Hace más de tres meses, publicamos en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú, en donde explicamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya había agotado su ciclo de vida. Afirmamos que su nivel de corrosión debía ser altísimo y que por ello se habían multiplicado las fallas, cada vez, con más severidad. Para ilustrar la nota utilizamos el gráfico de líneas abajo que muestra que al inicio de operaciones de estas obras se generan fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse las instalaciones, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si no se hace el mantenimiento adecuado y no se reemplazan los materiales desgastados o corroídos, las instalaciones entran en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva se llama: ‘Tina’.

Es justamente por estas continuas irresponsabilidades de la empresa estatal que en Lampadia consideramos fundamental que el sector privado tenga un rol más activo en la empresa. Recordemos que esto se intentó a finales del 2013 con la Ley 30130, la cual autorizaba que las nuevas inversiones en la modernización de la refinería de Talara y otras operaciones de Petroperú deberían hacerse con participación privada, bajo el esquema Asociaciones Pública Privadas (APP).  La norma incluía un plan muy agresivo para introducir buenas prácticas de gestión y gobierno corporativo. Comprendía además, la intención de abrir el capital de la empresa a socios privados hasta por un 49% de sus acciones, que se cotizarían en la Bolsa de Valores.

Sin embargo, nada de eso se dio. Inocentes nosotros en no haber entendido que, detrás de esas palabras, solo había una estrategia para mantener el estatus de una empresa emancipada.Como señaló Iván Alonso, “vencido el plazo, lo que ha logrado la empresa para reorganizarse integralmente ha sido otro chiste de humor negro. En primer lugar, en materia financiera, pasó de ganar unos ínfimos 92 millones de soles en el 2013 a perder 95 millones en el 2014”.

Tras la aprobación de orientación populista, de la norma del Congreso para que Petroperú explote el Lote 192, lo que se ha logrado es deshacer uno de los fundamentos principales de la Ley 30130: no alentar la actividad empresarial por parte del Estado. Ya entonces se había exceptuado a Petroperú de la obligación de pasar sus compras, adquisiciones y contratos por el aro del Organismo Supervisor de Compras Estatales (OSCE), retirarla del ámbito de control de la Contraloría y del control del holding estatal de las empresas públicas, Foncodes; lo que le ha permitido a Petroperú actuar discrecionalmente. Primero con la intención de emular a Aramco de Arabia Saudita, bajo la presidencia de Humberto Campodónico, y luego, bajo la dirección del renunciante German Velásquez que manejo la empresa con una prepotencia de tufo velasquista. Y bueno, tras tanto secretismo sobre el proyecto de Talara y de la cadena de derrames, que ya no pueden llamarse accidentes ni movimientos del terreno (como declaró Arturo Melgarejo), se convierten más bien en actos de punibles irresponsabilidades. ¿Qué se debe hacer ahora? Está claro que la empresa estatal no está funcionando. Lo que se necesita es una reestructuración completa de Petroperú y ver de convocar al sector privado para abrir su capital, establecer el gobierno corporativo y desarrollar APPs para sus distintos proyectos.

Una reciente publicación del Cato Institute titulada ‘Opciones para la privatización Federal y Lecciones de Reformas del extranjero’ detalla que las mayores ventajas de una mayor participación privada en una empresa estatal es el incentivo de mayor eficiencia e innovación y una mejora en la inversión de capital.

Las empresas privadas en los mercados abiertos y competitivos, respondiendo a la naturaleza de la propiedad, tienen fuertes incentivos para incrementar la eficiencia, producir más y mejores productos a menores costos. En palabras del Cato Institute, “Las empresas buscan ganancias, que son una medida de creación de valor neto. Si una empresa no hace las cosas bien, perderá dinero y tendrá que cambiar de rumbo para evitar declararse en bancarrota.”

Además, el sector privado  tiene incentivos para mantener sus instalaciones en buen estado y para invertir y satisfacer las demandas crecientesde sus clientes y de la sociedad. Para financiar expansiones, reinvierten sus ganancias y se financian en los mercados de deuda y capital. Por el contrario, las entidades  gubernamentales a menudo consumen su financiación en temas burocráticos, descuidando el importantísimo mantenimiento y mejoras.

Petroperú está muy lejos de siquiera soñar ser una empresa eficiente y rentable. Como hemos mencionado anteriormente en Lampadia, Petroperú es más bien una OPP, una ‘Organización Para-Política’. Un ente que está al servicio de los políticos que ostentan la administración del Estado y sus agencias, como hemos visto a lo largo de todos los últimos gobiernos.

Petroperú no tiene gobierno corporativo (dicen que está en desarrollo, como si acabara de ser fundada), no tiene directores independientes, no tiene acciones en la bolsa y por lo tanto no tiene los controles básicos para una ‘empresa’ de ese tamaño. Ver en Lampadia: Petroperú no es una empresa, es una OPP.

Si de verdad queremos tener una empresa viable y manejar eficientemente sus proyectos, es indispensable lograr una asociación con el sector privado. Eso requiere el desenvolvimiento de un gobierno con visión, capacidad de comunicación y liderazgo, capacidades que esperamos adornen al nuevo gobierno. 

Lampadia

El 16 de marzo pasado publicamos en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú. Entonces denunciamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya había cumplido con creces su ciclo de vida. Afirmamos que su nivel de corrosión debía ser altísimo y que por ello se habían multiplicado las fallas, cada vez, con más severidad. Para ilustrar la nota utilizamos el gráfico de líneas abajo que muestra que al inicio de operaciones de estas obras se generan fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse las instalaciones, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si no se hace el mantenimiento adecuado y no se reemplazan los materiales desgastados o corroídos, las instalaciones entran en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva se llama: ‘Tina’.

Como era de esperarse, Petroperú no se comunicó con Lampadia para explicar la situación y solo hizo lo posible por pasar inadvertido con el dinamismo mediático del país. Sin embargo, la realidad confirmó la situación calamitosa del oleoducto al punto de que este siga paralizado.

El lunes pasado (13 de junio, 2016), tres meses después de nuestro artículo, el diario El Comercio publicó una noticia titulada: “Oleoducto: 16 años de descuido”. Ver reproducción a continuación:

Según la nota, tras década y media sin mantenimiento apropiado, el Oleoducto Norperuano exhibe 73 fallas críticas. Repararlas tomará todo el año.

“Según Petro-Perú, el oleoducto no ha recibido mantenimiento en los últimos 16 años y, como consecuencia, se han generado 73 fallas (puntos con pérdidas de espesor superiores al 70%) en los tramos 1 y 2”.

“Tal es el resultado de la inspección con smart-pigs (sensores que detectan fallas) realizada por la estatal en el 2015. ¿Qué tan grave es este diagnóstico?”

“Según Víctor Sanz, ex gerente de Contratos de Petro-Perú, la figura es trágica, pues demuestra el descuido que la estatal ha tenido con el oleoducto por su afán de priorizar la modernización de la refinería de Talara. “Es un asunto gravísimo. Sabía de sabotajes que se deben denunciar, pero la falta de mantenimiento es un descuido atroz. Lamentablemente, no es solo un problema de Petro-Perú, lo es también de Osinergmin y el MEM. ¿Dónde estaban cuando esto sucedía?”

Ya han pasado cuatro meses desde que se suspendió el servicio de transporte de petróleo del Oleoducto Norperuano, debido a las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repita el desastre del febrero pasado, cuando unas rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua y dañando el medio ambiente.

Sin el debido mantenimiento, el oleoducto ya cumplió con creces su ciclo de vida. “Las recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca”, informó la OEFA en su momento.

Mientras tanto Petroperú y el gobierno peruano siguen en la fiesta de la ‘modernización’ de la refinería de petróleo de Talara. En ella se mueven inmensas cifras de inversión del nivel de unos US$ 3,500 millones, cantidad excesiva según varios expertos e innecesaria según otros, dada la estructura de la demanda y oferta de productos refinados en el Perú.

La gestión de Petroperú y los resultados obtenidos en inversiones, operaciones y en el desastroso mantenimiento de sus instalaciones, más la falta de controles con los que opera la administración (ni siquiera reporta a Fonafe, el holding estatal que representa al Estado en su rol de accionista de las empresas públicas), han determinado una situación alarmante que debe llevarnos a enfrentar con valentía las presiones políticas que pretenden mantener las cosa como están. Esperamos que el próximo gobierno tenga la entereza suficiente para informar al país esta realidad y plantear correcciones de fondo al actual esquema licencioso con el que opera Petroperú. 

Lampadia

Un reciente estudio de EY “Las Asociaciones Público-Privadas y el desafío global en infraestructura”, brinda una visión de las APPs y los modelos más exitosos a nivel internacional. Grandes ejemplos de desarrollo e inversión en infraestructuras para el Perú. Las APP son una herramienta fundamental para superar las brechas de infraestructuras en todo el mundo y es la herramienta que están usando los países más desarrollados desde hace muchos años.

En el Perú tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión, entre ellos los de infraestructuras. Primero por las demoras entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En el estudio de EY, se afirma que “entre los años 2008 y 2014, se adjudicaron 60 proyectos de infraestructuras a través de APPs, por un importe de US$22.6 mil millones, los cuales crecieron a una tasa promedio anual de 51.5%, reflejando el gran interés del sector privado y público en establecer esta modalidad de proyectos, sobre todo en los sectores de transporte y energía (electricidad) que representaron el 34% y 29% de los proyectos adjudicados, respectivamente. (Ver gráfico inferior)

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras en el Perú quedaba en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas. Ver en Lampadia: Asociaciones Público Privadas: Una solución efectiva ‘HOY’.

Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes asegurados por plazos de hasta 30 años. Según Gonzalo Prialé, Presidente de AFIN, en una entrevista con Lampadia, afirmó que “esa es la gran diferencia entre una obra público-privada y una obra pública que no tiene mantenimiento asegurado y termina perdiéndose lo invertido. Es la historia del Perú: carreteras rotas, obras destrozadas o inútiles, y ese capital perdido se debe a la falta de mantenimiento. Las APP son el vehículo que le permitiría al país atacar este problema con la mayor celeridad.”

Sin embargo, gracias a la maraña burocrática, a la desidia del aparato público y a las angustias fiscales del MEF, en el 2015 se ha reducido extremadamente el monto de inversión (ver gráfico superior), más aún si se considera que el número de proyectos adjudicados es el mismo que en el 2014 (10 proyectos).

En el estudio de EY, se presentan 5 tendencias clave que todo gobierno debe considerar para mejorar su participación de APPs en el mercado:

1. Incentivos para desplegar el modelo APPs

Los mercados de APPs más dinámicos del mundo son aquellos en los que el gobierno apoya y desarrolla proyectos a través de incentivos, ya sea desde el acceso a recursos especializados y la supervisión del gobierno u otra ayuda financiera, como las garantías.

2. Estandarización de principios, procesos y documentos

Los mercados que adoptan posiciones y documentos estandarizados desarrollan una mayor participación del sector privado y portafolios de proyectos más sólidos. Además, la estandarización vuele más sencillas las negociaciones del contrato, conduce a plazos de contratación más cortos y menores costos de licitaciones tanto para los socios del sector público y privado.

En el cuadro inferior se puede observar un claro ejemplo de la estandarización y facilitación de inversiones de APPs en 4 principales economías:

3. Intervención proactiva en los mercados de capital

La crisis financiera mundial ha dañado a los mercados de financiamiento de proyectos; sin embargo, esta tendencia ya está cambiando. En muchos países, las APPs están recuperando su participación en los fondos de pensiones y aseguradoras. Este aumento de la participación no ha sido un fenómeno instigado puramente por el mercado, sino también por intervenciones del gobierno, tales como el pago de intereses subvencionados.

4. Evaluación del Valor por Dinero

La evaluación ex – ante del Valor por Dinero (VPD) del modelo APP con respecto a los enfoques de licitaciones tradicionales sigue siendo un tema de mucho debate. En la mayoría de los ámbitos de la contratación, el “costo de oportunidad” para el gobierno y el mayor impacto sobre la economía son, a menudo, pasados por alto.

5. Evaluación retrospectiva de los proyectos de APPs y la contratación

El escrutinio retrospectivo de los proyectos es un medio importante para monitorear el desempeño continuo, el VPD y garantizar la transparencia.

En Lampadia, hemos analizado un ejemplo muy exitoso de las APP que lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, tenemos los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD: Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno anterior). Ver: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia.

Esperamos que con estos consejos de EY y la contrastación de las mejores experiencias internacionales, el gobierno adopte de manera permanente y continua el uso de APPs para cerrar las brechas de infraestructuras económicas y sociales. Solo así, podremos ofrecer a nuestros ciudadanos y empresas, los espacios de desarrollo de sus necesidades y ambiciones. Lampadia

En estos días estamos indignados con los daños ambientales causados por los derrames de petróleo por la gran empresa pública peruana, Petroperú. Además, es importante subrayar que nuestra indignación debe ser doble, pues también tenemos que asumir la indignación que se habría producido por parte de las cúpulas de izquierda,  ambientalistas y comparsas mediáticas, de haberse producido los derrames en una empresa privada.

El caso del oleoducto norperuano es una suerte de manual de errores y omisiones en el desarrollo y gestión de proyectos. Éste se construyó por orden de militares metidos en política, quienes asumieron que en la selva habría un mar de petróleo. Se sobredimensionó el tubo, pero nunca se llenó. Por ello, no se cumplió con la estipulación para la protección de la corrosión que se daría con el tubo lleno. Por esa razón  no se le dio protección galvánica al tubo, y por lo tanto su deterioro se habría acelerado.

Por el lado del financiamiento del oleoducto, los gobiernos de la dictadura militar, Belaunde II y García I, le hicieron ‘perro muerto’ al Japón. Hace pocos años se logró pagar la deuda a JAPECO mediante la emisión de bonos que terminaremos de pagar recién el 2026.

Una historia de novela. ¿Cómo serán los detalles?   

Después de los derrames resulta muy molesto tener que soportar las declaraciones del presidente de Petroperú, Germán Velásquez Salazar, con su actitud prepotente y de tono velasquista (se le movió el cerro, dice).

Toda obra de esta naturaleza tiene un ciclo de incidencias que debe ser debidamente cuidado y gestionado. El siguiente gráfico indica cómo el inicio de operaciones de estas obras genera fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse la instalación, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si el mantenimiento adecuado no se hace a tiempo o no se reemplazan los materiales agotados o corroídos, la instalación entra en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva, como se ve en el gráfico, se llama: ‘Tina’.  

Pues resulta que el oleoducto ya cumplió con creces su ciclo de vida. Su nivel de corrosión debe ser altísimo. Por ello se han multiplicado las fallas y cada vez son más severas. “Recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca”, informó la OEFA. Por ejemplo, una de las últimas fallas ha sido longitudinal, lo que confirmaría un daño masivo por corrosión.

Datos de interés

(Fuentes: Wikipedia, Andina, Perú21, La República, El País de España, Reuters)

En 1972 el Gobierno encargó los estudios para la construcción del Oleoducto. Se contrató el diseño con Bechtel en 1973. En 1976, la Estación 1 recibió petróleo y el crudo llegó a Bayóvar en 1977. El mismo año se  realizó el primer embarque a la Refinería de La Pampilla. Posteriormente se construyó el Ramal Norte, que entró en operación en febrero de 1978. 

En diciembre 2005 el gobierno peruano colocó bonos por un total de S/. 811 millones (US$ 238) para pagar la deuda con la firma japonesa JAPECO, por la construcción del oleoducto Norperuano. Los bonos fueron colocados a 14 años y medio, con una tasa de interés de 7.84%. El 2006 se colocaron  bonos adicionales por US$29 millones con vencimiento al 2026 a una tasa de un 8.15%, con el mismo propósito. Recién el 2026 saldaremos esta obligación. 

En julio del 2008, el entonces presidente de Petroperú, declaró que el mejoramiento y modernización del Oleoducto Norperuano demandaría una inversión de US$ 840 millones más 50 millones de dólares por pequeños ‘loops’.

Mientras tanto Petroperú, el dueño del oleoducto, fue eximido de todo tipo de control, en sus procesos de compras e inversiones se le alejó del control de la Contraloría y de la supervisión de Fonafe, que ejerce la representación del Estado en el accionariado de las empresas públicas. Así se consolidó la conversión de Petroperú en la ‘Caja-Chica (Grande)’ de los sucesivos gobiernos, desde el de Toledo hasta el de Humala.

En febrero del 2016, el diario Gestión reportó que: El Oleoducto Norperuano sufrió veinte derrames por roturas en los últimos cinco años. “Recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca, reportó informe del OEFA”.

“Los dos últimos derrames no son casos aislados. En anteriores oportunidades se han tenido emergencias similares como consecuencia de fallas en los tramos de dicho oleoducto”, subraya el OEFA.

“Tener veinte accidentes en cinco años, a razón de cuatro accidentes por año, no es una cuestión menor”, subrayó Aranda, presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).

Pues Petroperú habría caído en la trampa de la ‘Tina’, una situación que es consecuencia directa de la mala gestión típica del manejo de las empresas públicas. Los Petroperú ‘lovers’, como Humberto Campodónico, debieran analizar esta situación. Hasta hace poco, ellos flameaban los pendones de Petrobras como ejemplo de política petrolera. Luego de los acontecimientos de la ominosa corrupción de la petrolera brasileña se refugiaron destacando a la colombiana Ecopetrol, pues esta acaba de anunciar pérdidas de US$ 1,200 millones el 2015, que, por supuesto, achaca a las reglas de contabilidad internacionales (típico).

Ahora Petroperú está embarcado en construir una nueva refinería en Talara, ¿será ésta una nueva historia de novela? Lampadia